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Día Internacional por el Derecho al Aborto: Carta Abierta al Tribunal Superior de Justicia

En el Día Internacional por el Derecho al Aborto y desde la Campaña Nacional, diversas organizaciones de Córdoba hemos firmado una Carta Abierta exigiendo al Tribunal Superior de Justicia que se pronuncie en la causa en la ha sido suspendida la “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”, que fuere redactada de conformidad a los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo «F.A.L. s/ medidas autosatisfactivas».

Carta Abierta al Tribunal Superior de Justicia

Las organizaciones que adhieren a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, comprometidas con el respeto integro a los derechos humanos de las personas, y en particular con los derechos de las mujeres cordobesas, expresamos nuestra profunda preocupación frente a la demora excesiva en la que incurre el  Poder Judicial al no expedirse, manteniendo suspendida la “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”.

Es de público conocimiento que dicha Guía, dictada por la Provincia de Córdoba, se realizó de acuerdo al fallo F.A.L, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2012, a través del cual el máximo tribunal exhortó a las autoridades provinciales a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles, a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos y asegurar los derechos de las víctimas de violencia sexual.

Sin embargo, en nuestra Provincia, a raíz del amparo interpuesto por una asociación civil conservadora, el protocolo está paralizado desde el 13 de abril de 2012, es decir hace ya tres años y medio, por decisión del Juez en lo Civil y Comercial de 30ª Nominación, Federico Ossola. Siendo luego dicha medida ratificada por la Cámara Tercera de Apelaciones en lo Civil, compuesta por Guillermo Barrera Buteler, Julio Fontaine y Beatriz Mansilla de Mosquera. Lo que diera  lugar a la apelación de ésta última y que la causa fuera elevada al Tribunal Superior de Justicia, para que resolviera sobre la constitucionalidad de la guía. Los derechos a los que alcanza la medida de suspensión tienen alcance general e indeterminado, que se extiende a todas las mujeres cuyo embarazo ponga en peligro su salud o su vida y/o sea producto de un abuso sexual. El retardo en arribar a una resolución viola abiertamente los principios del debido proceso y acceso a la justicia.

El derecho a acceder a abortos en los casos permitidos por la ley es un derecho vigente en nuestra provincia que el Estado debe garantizar bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad internacional por incumplimiento de los Tratados de Derechos Humanos. Si bien la judicialización de la guía no puede ser utilizado por el Estado como una excusa para no garantizar el  derecho humano al aborto (pues se trata de una mera guía de procedimientos médicos), esta situación genera una confusión jurídica que se traduce en el acceso restringido a una política pública que compromete el derecho a la salud de las mujeres. Esta confusión jurídica afecta tanto a los profesionales de la salud, que deben brindarlo, como a las mujeres, que se ven obligadas a recurrir al circuito clandestino para la realización de los abortos no punibles, pese a ser el Estado quien debe garantizar los abortos seguros, en el ámbito de la salud pública y sin dilaciones.  Esta omisión afecta a todas, y principalmente a las mujeres que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, poniendo en riesgo su salud física y psíquica, y su vida.

El retardo en fallar no sólo degenera los deberes del Estado respecto de las ciudadanas, sino que además se afectan sus derechos humanos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Resulta evidente la vulneración al derecho a la salud sexual y reproductiva, el acceso a la justicia, la información, la libertad, la seguridad e integridad personal, la privacidad y a la igualdad,  constituyendo la demora en resolver esta causa, un acto de profunda violencia institucional contra todas las mujeres que, actual o potencialmente, necesiten acceder a un Aborto no Punible en la Provincia Córdoba.

Es por ello que exigimos  que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie de modo inmediato y urgente confirmando la constitucionalidad de la guía de abortos no punibles para frenar esta absurda espera que genera una inseguridad jurídica que compromete gravemente y de manera directa, la continuidad y normal prestación del acceso al derecho al aborto, cuya afectación se traduce en una clara violación de los derechos humanos de las mujeres de la Provincia de Córdoba.

 

 

Contacto: 

Virginia Pedraza / Co-coordinadora del área de Derechos Humanos

vir.pedraza@fundeps.org

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Consulta sobre derechos humanos e instituciones financieras internacionales

FUNDEPS, como parte de la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo (CCDH), abre una consulta sobre una metodología para la incorporación de derechos humanos dentro de los marcos de estándares sociales y ambientales de las instituciones financieras de desarrollo.

Las actividades para el desarrollo pueden tener un profundo impacto en la efectiva vigencia de los derechos humanos. Desafortunadamente, las herramientas estándares de planificación del desarrollo, selección, evaluación y monitoreo no están diseñados para captar plenamente su impacto en los derechos humanos. Por lo tanto, la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo (CCDH), una alianza global de la que FUNDEPS forma parte, ha venido llevando adelante un proyecto para desarrollar una metodología para la incorporación de derechos humanos dentro de los marcos de estándares sociales y ambientales de las instituciones financieras de desarrollo. Para mayor detalle, haga click aquí.

 

¿Qué es esta herramienta?

Un componente clave de esta metodología ha sido la elaboración de una Herramienta de Análisis de Oportunidades y Riesgos (AOR). La AOR ha sido diseñada para ser utilizada por Instituciones financieras y gobiernos, que planifiquen e implementen proyectos y actividades de desarrollo. La AOR llevará al usuario a través de un proceso que identifique y evalúe riesgos y oportunidades asociadas para  los derechos humanos, permita ajustar el diseño de una actividad para responder a los mismos y desarrolle indicadores  y un plan de monitoreo.

AOR está basado en un Registro de Estándares, organizado en 12 Áreas temáticas y acompañadas por un set de preguntas de indicadores de riesgo y de evaluación de impacto. Haga click aquí para acceder los estándares e indicadores. Haga click aquí para mayor información.

Este es un proyecto ambicioso, que busca contribuir a la protección de los derechos humanos en el desarrollo. En este contexto, abrimos una consulta para poder crear una herramienta innovadora que demuestre tanto a gobiernos como instituciones financieras qué significa identificar y responder a riesgos e impactos en derechos humanos.

 

Cómo participar de la consulta

  • Documentos en borrador: Es posible acceder al Registro de Estándares e Indicadores directamente aquí. Los hemos organizado por área temática así pueden verse directamente los aspectos que más se vinculan con la experiencia de cada particiapnte.
  • Encuesta online: Hemos desarrollado un cuestionario online que se puede completar haciendo click aquí
  • Comentarios en documentos: Es posible enviar comentarios usando directamente los archivos de las tablas, con control de cambios, a esta dirección: hr_consultation@fundeps.org
  • Entrrevistas personales: Hemos dispuesto un equipo de trabajo para organizar reuniones virtuales para recibir comentarios y observaciones. Para hacerlo, comunicarse con el correo hr_consultation@fundeps.org.

– Fecha límite: 31 de Octubre.

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Fundeps participa de la Conferencia Trinacional de Mujeres en el Gran Chaco

El día sábado 26 de septiembre Fundeps formará parte de un encuentro en el que participarán mas de 150 mujeres que representarán organizaciones de Paraguay, Bolivia y Argentina. El encuentro se propone generar espacios de diálogo y participación que permitan afrontar los problemas socio-ambientales a los que se ven enfrenta la región.

Los días 25, 26 y 27 de septiembre 2015 se desarrollará en la Universidad Provincial de Córdoba, el Encuentro Trinacional del Colectivo de Mujeres del Chaco Americano.
Este evento, en el que participarán más de  150 mujeres de organizaciones de Bolivia, Paraguay y Argentina, se realiza en el marco del Proyecto Fortaleciendo a las  Defensoras de Derechos Ambientales en el Chaco Americano coordinado por el Fondo de Mujeres del Sur (Argentina y Paraguay), Plurales (Argentina) y el Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija (CCCIMCAt, Bolivia), con el apoyo financiero de la Unión Europea.
Esta iniciativa -que cuenta con la participación de numerosas organizaciones e instituciones de mujeres, ambientales y sociales- se propone como un espacio que promoverá el diálogo e impulsará el intercambio en torno a las principales oportunidades  que tienen los grupos o que necesitan consolidar para afrontar los problemas socio-ambientales a los que se ven enfrentadas en la región.
Su finalidad es la de generar un tiempo y un espacio de participación ciudadana activa de las mujeres representantes de sus organizaciones, en la que podrán conocerse, compartir experiencias y aprendizajes, construir nuevos caminos  y puentes entre ellas y sus organizaciones y espacios locales.

 

Contacto

Virgina Pedraza / Co – Coordinadora del área de Derechos Humanos

vir.pedraza@gmail.com

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Fundeps participa de un encuentro de tecnologías para detectar y prevenir la deforestación

El 16 y 18 de septiembre Fundeps participó del evento «Perimeter defense: innovative technologies for detecting and preventing illegal logging» organizado por World Resources Institute, que tenía por objetivo la interrelación e intercambio entre activistas y ONG’s dedicados a la problemática de los bosques.

Llevado a cabo en la Academia de Ciencias de California, en San Francisco, las jornadas estaban orientadas a conectar las experiencias de activistas y ONGs dedicados a la protección de bosques. El evento contó con la presencia de expertos en tecnologías y empresas dedicadas al desarrollo de las mismas.
Fuimos invitados como participantes en el marco de nuestro trabajo en el proyecto de “Advocacy for the decrease of deforestation in the «Gran Chaco Argentino» forest, with a special focus on Córdoba” apoyado por Global Forest Watch. Nuestro proyecto tiene como fin último incidir en la reducción de la deforestación en el bosque del Gran Chaco, con especial foco en Córdoba.
El primer día consistió en un conferencia de cuatro sesiones. La apertura fue llevada a cabo por un panel que trató el tema referido a las dificultades para prevenir, detectar y sancionar el desmonte ilegal. La charla incluyó temas como las barreras políticas, sociales, culturales y tecnológicas. Luego se avanzó sobre distintos tipos de tecnologías, y también sobre la detección de actividades que afectan al medio ambiente, incluyendo a la fauna, vía satelital, visual y sonora, entre otras.
Hacia el final del día, se analizó el caso de la Biosfera Maya de Guatemala, para discutir potenciales usos de las tecnologías explicadas previamente. Además, el último panel compartió experiencias positivas sobre uso de algunas tecnologías en la protección de bosques y especies en peligro.
La segunda jornada del encuentro consistió en un taller para construir propuestas para la acción en distintos temas. Entre los diferentes tópicos estaban la prevención del desmonte, cómo trabajar en la construcción de capacidades con comunidades indígenas, o en contextos con escasos recursos tecnológicos, la utilización de drones para el monitoreo de bosques y el procesamiento de los datos recopilados con medios tecnológicos.

 

Contacto:

Carolina Tamagnini / carotamagnini@fundeps.org

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El show de la violencia

El programa “El Show del Caos”, que se emite por el Canal 12 de Córdoba, abordó –en una edición de fines de agosto- varios estereotipos nocivos desde un punto de vista de género: las mujeres como responsables de la crianza, su no injerencia en todos los ámbitos de la vida, una actitud manipuladora ,y el desprecio por las personas homosexuales. A continuación el análisis de la emisión, que contraría la Ley de Protección Integral de la Violencia y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Otra vez, en el marco de la presentación de candidatxs políticxs, la televisión es propulsora de actos de violencia mediática hacia la mujer y de discriminación hacia las personas homosexuales. Tenemos tan interiorizados algunos esquemas culturales, que dejamos que actos abusivos se trasformen en naturales. Esta vez ocurrió, en el programa Nº 102 del “Show del Caos”, que se emite por el Canal 12 de Córdoba, que tuvo como invitado especial a Tomás Méndez, candidato a intendente para la ciudad de Córdoba.

El primer tema abordado en el programa apenas presentado el invitado fue “¿Quién toma las decisiones en la casa?”. A partir de esta pregunta se sucedieron opiniones tanto del candidato como de las y los panelistas y el conductor, y chicanas del estilo “¿Te tiene cortito?”.

El estereotipo que se intentó poner en evidencia es el de la mujer controladora en el ámbito privado, un espacio en el que el varón no tendría opiniones para expresar, y así lo confirmaron tanto panelistas como invitado. Mientras el candidato confirmó que en su matrimonio el cuidado y la crianza de las hijas está totalmente delegado en su esposa –argumento que a ningunx de lxs presentes le pareció inadecuado o cuestionable-, uno de los panelistas afirmó que su propia estrategia era decirle siempre a su esposa “si querida” y la panelista mujer afirmó en tono seductor: “Hay maneras de que el hombre decida lo que una realmente quiere”, confirmando que las decisiones en su pareja no se toman en un ámbito de igualdad sino que hay que hacer creer a los varones que poseen el dominio de la situación para, en verdad, lograr los propios objetivos. Aquí el estereotipo puesto en juego fue de la mujer engatusadora o manipuladora (mujer-serpiente), que tampoco fue cuestionado por ningún presente, sino que, por el contrario, se le preguntó a ella cuáles eran esas estrategias evidenciando que una de ellas era la sexualidad.

Luego, el conductor le preguntó al candidato si le hacía favores a su esposa, como por ejemplo pasar por una farmacia a comprarle tampones de regreso al hogar. “Porque vos sos una persona pública…” argumentó el conductor, como si por serlo no pudiera trascender que su mujer menstrua. En este comentario se pone en juego otro estereotipo: el de la “suciedad” que rodea a la menstruación femenina, que debe ser siempre ocultada (recordemos que la sangre menstrual en las publicidades de toallas íntimas nunca es roja) de la mirada pública, y quedar en el ámbito de lo privado, como la mujer misma.

También hubo comentarios despectivos hacia las personas homosexuales. En un momento que el conductor le dijo a la panelista “¡Ay, por favor, contalo!” refiriéndose a un comentario sobre el que ella no quería explayarse, uno de los panelistas dijo “Paren, paren, te salió muy afeminado y después la gente por la calle me para y pregunta…” como si una supuesta opción homosexual del conductor fuera algo que le restara popularidad entre su audiencia.  Como respuesta a este comentario, el conductor expresó en tono grave, muy alto y con violencia: “Dale, contalo, hablá, hablá!” imitando supuestamente un tono masculino de expresión. Todo entre risas y burlas.

También uno de los panelistas fue categórico en relación a que “la mujer siempre quiere opinar, y hay cosas en las que no tiene que opinar”. Con el auto y el asado la mujer no se tiene que meter, fue uno de los argumentos. Todas estas formas de expresión y argumentos lejos están de promover la protección e igualdad de género previstas en nuestra normativa, y son en cambio reproducciones manifiestas de los estereotipos que tanto la Ley 26485 de Protección Integral de la Violencia, como la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, pretenden erradicar.

Luego, a lo largo de todo el programa se llevó a cabo un debate acerca de la posición del hombre y la mujer en diferentes ámbitos de la vida: en relación a lxs hijxs, las parejas, la vida sexual, las tareas del hogar, remarcando los “deberes de una buena mujer” en el medio de burlas y risotadas.

Como sociedad somos cómplices de la construcción de patrones culturales que se alejan de la igualdad de género y la protección de los derechos humanos. Seamos conscientes de nuestra responsabilidad en la reproducción de estereotipos reproductores de violencia, y procuremos promover un trato igualitario que erradique las conductas agresivas hacia las personas en todos los ámbitos en las que se desempeñen.

 

Fuente

Monitoreo de medios de comunicación acorde al cumplimiento de las políticas públicas de comunicación y género existentes en Argentina, realizado por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS).

 

Contacto

Virginia Pedraza / Co-coordinadora del área de Derechos Humanos

vir.pedraza@fundeps.org

Índice de democracia ambiental: nueva herramienta para el fortalecimiento de la democracia ambiental

Frente al problema de la carencia de destrezas para participar en decisiones que afectan el medio ambiente, en la actualidad se ha creado una herramienta de fuente creíble e independiente, para medir y mapear las brechas que existen en los derechos de acceso en materia ambiental. 

El Índice de Democracia Ambiental (EDI por sus siglas en inglés) fue desarrollado por The Access Initiative (TAI) y el World Resources Institute (WRI), con el propósito de identificar el cumplimiento de los países en cuanto a los derechos de acceso a la información, participación y justicia en las decisiones ambientales; estos principios que son la base de la democracia ambiental, estan reconocidos en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992. EDI ha sido diseñado para abordar varias problemáticas ambientales, entre ellas: la contaminación del aire y el agua, la desforestación, los impactos de la industria extractiva y el manejo de áreas protegidas.  Además, se caracteriza por ser una plataforma única ya que evalúa y categoriza las leyes y las prácticas relacionadas con el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia. Contrasta los derechos frente estándares internacionales establecidos por Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y sus resultados aseguran datos relevantes, útiles y comparables, ya que serán actualizados cada dos años.

EDI está compuesto por 75 indicadores legales (letra de la ley, constitución, interpretaciones, leyes sobre participación pública y de acceso a la justicia, legislación ambiental y políticas ambientales), que miden la eficacia de las leyes y permiten comparar con los estándares de referencia el progreso legislativo en el nivel nacional. Adicionalmente, 24 indicadores de práctica (realidad, investigación “de escritorio”, implementación de leyes) que miden el desempeño y permiten observar la materialización de estas leyes. En una escala de cero a tres se calificó el desempeño de los gobiernos al dar seguimiento y registrar problemas que involucran los derechos referidos. En las evaluaciones se incluyen resúmenes de las áreas que presentan fortalezas y aquellas en las que es necesario realizar mejoras; así como información de contexto que ayudará a los usuarios a entender de mejor manera la situación económica y demográfica del país; comparaciones y clasificación de los países de acuerdo a sus avances en materia de democracia ambiental. Además permitirá la retroalimentación de los gobiernos promocionando un diálogo colaborativo, en donde el gobierno podrá responder y reaccionar a sus resultados.

Como resultado del análisis, se ubicaron en los primeros sitios: Lituania con un puntaje global de 2.42 y Latvia de 2.31, mientras que Namibia con 0.59, Malasia con 0.58 y Haití con 0.51, se colocaron en las últimas posiciones. Las opciones del ranking permiten modificar los criterios de comparación y facilitan encontrar países con normativas fuertes que pueden servir de modelos.

Argentina  ocupó la posición 25 dentro de los 70 países en los cuales se realizó el EDI, con un puntaje de 1,63 puntos de 3, los cuales se dividen: 1,25 en participación pública, 1,44 en acceso a la información y 2,19 a la justicia, lo que nos ubica por debajo de países latinoamericanos como Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, El Salvador, República Dominicana, México y Chile. No obstante, nos encontramos por encima de Nicaragua, Trinidad y Tobago, Venezuela, Bolivia y Paraguay. (Ver documento con resultados de Argentina)

Las conclusiones principales del índice son las siguientes: 

  • El nivel de desarrollo económico es importante pero no es el único factor. Varios países de bajos ingresos tienen buen puntaje. Algunos ejemplos de países de bajos ingresos que se encuentran en la primera mitad de la clasificación son: Indonesia (17), El Salvador (18), Camerún (22), India (24), Nicaragua (28), Ucrania (29), Mongolia (30) y Zimbabwe (33). 
  • Su función es medir el nivel de implementación de derechos procesales de acceso a la información en materia ambiental, de la participación pública y el acceso a la justicia en sus leyes nacionales. Un país puede tener un buen nivel de implementación de esos derechos, y sin embargo no cumplir con los derechos humanos. 
  • Es importante formar parte de un convenio vinculante sobre democracia ambiental, ya que cinco de los primeros 10 países firmaron el convenio Aarhus. 
  • La mayoría de los países (93%) han establecido el derecho de acceso a la información ambiental. Sin embargo, casi la mitad de estos países (45%) no cuentan con las medidas necesarias para garantizar el acceso a la información oportuno y accesible. 
  • Las leyes de participación pública están rezagadas: la mayoría de los países evaluados (79%) tienen clasificación regular o deficiente. 
  • – Sin embargo, en varios países siguen faltando garantías de acceso a información ambiental básica. Casi la mitad (46%) de los países evaluados no proporcionan información vía internet sobre la calidad del aire en las ciudades capitales. 
  • En la mayoría de los países evaluados (73%), las cortes reciben demandas sobre temas ambientales. Sin embargo muy pocos de los países evaluados brindan asistencia a grupos marginalizados. Por ejemplo, algunos de los países evaluados (14%) tienen mecanismos legales para agilizar el acceso a las justicia a las mujeres para obtener compensación cuando sus derechos ambientales han sido violados. 

Con el fin de impulsar un desarrollo sustentable inclusivo, participativo y guiado por los derechos humanos, desde FUNDEPS, como parte de la red de trabajo de TAI, buscamos promover y fomentar aún más la aplicación de la democracia ambiental a través de la erradicación de las brechas de los derechos de acceso y el fortalecimiento de la implementación de los mismos.

Consideramos que el EDI será una herramienta útil tanto para los gobiernos como para las personas interesadas. A los gobiernos les permitirá  tener la posibilidad de comparar sus avances frente a estándares internacionales, mientras aprenden acerca de las leyes modelo y la práctica en todo el mundo; mientras que las personas interesadas podrán descargar información, realizar comparaciones y categorizar el desempeño de los países.

 

Más información

Argentina: resumen de resultados de EDI

Presentación institucional de EDI

 

Contacto

María Elena Martinez – Área de Derechos Humanos

malemartinez@fundeps.org

Justine Scemama – Área de Derechos Humanos

justine.scemama@fundeps.org

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Pasantía en el Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown

FUNDEPS, en colaboración con el O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, presenta nueva convocatoria de pasantías.

Pasantía rentada en los meses de enero, febrero y marzo de 2016 en el O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University

Instituciones convocantes:

  • O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University Law Center.
  • Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
  • FUNDEPS – Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables.

Requisitos para la presentación:

  • Estar inscripto como estudiante regular de la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
  • Haber aprobado o estar cursando Derecho Internacional Público.
  • Tener un promedio general, con aplazos, de 7 o más puntos.
  • Tener un excelente manejo del idioma inglés escrito y oral.

Mecanismo de selección:

  • Plazo límite para la presentación de las candidaturas: 25 de septiembre de 2015.
  • Un Comité de Selección, coordinado por Juan Carballo, Director Ejecutivo de FUNDEPS, elegirá una lista de entre cinco y siete personas pre-seleccionadas, quienes serán convocadas a una entrevista a desarrollarse en inglés el día 29 de septiembre de 2015 en la Facultad de Derecho de la UNC, en lugar a confirmar.
  • El 29 de Septiembre de 2015 el Comité de Selección de la UNC enviará un listado de entre tres y cinco personas al O’Neill Institute for National, cuyo equipo decidirá la persona seleccionada para realizar la pasantía.
  • La persona seleccionada deberá participar, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, en actividades de preparación vinculadas al derecho humano a la salud en FUNDEPS.

Documentación a presentar:

  • Carta de motivación en inglés justificando la aplicación al programa de pasantías del Instituto O’Neill.
  • Curriculum vitae detallado en inglés, en no más de 3 páginas.
  • Versión electrónica y actualizada del análitico.

* Los materiales se deberán enviar en formato digital en un único archivo en formato Acrobat Reader (.pdf) a la dirección: info@fundeps.org, indicando en el asunto: Convocatoria O’Neill – “Nombre del candidato”.

Criterios de selección:

  • Promedio.
  • Interés en área de derecho a la salud o derechos humanos.
  • Experiencia de investigación académica.
  • Experiencia de trabajo en organizaciones de la sociedad civil.
  • Nivel de inglés.

Consultas: info@fundeps.org

Charla informativa: Martes 22 de septiembre de 2015, 18:00, Sala 3 dela Facultad de Derecho de la UNC

Más información sobre el Instituto O’Neill: http://www.law.georgetown.edu/oneillinstitute

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Banco Mundial: peligroso retroceso en protecciones ambientales y sociales

El Banco Mundial publicó el segundo borrador de sus políticas de salvaguardas, el cual implica una clara dilución de las medidas de protección ambiental y social existentes actualmente. Esto ha generado que diversos grupos de la sociedad civil manifestaran su disconformidad con la nueva propuesta. Por su parte, el Director Ejecutivo José Alejandro Rojas Ramírez, realizó una declaración pública sobre el nuevo borrador recomendando la incorporación de los derechos humanos en el mismo.

El pasado 4 de agosto, el Banco Mundial hizo público el nuevo borrador de sus políticas de salvaguarda, que según manifestaron numerosas organizaciones involucradas, debilita significativamente las protecciones para las comunidades afectadas y el medio ambiente, al mismo tiempo que refleja la intención del banco de financiar más proyectos de alto riesgo. La nueva propuesta de Salvaguardias Ambientales y Sociales contradice enfáticamente el compromiso del Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, de asegurar que las nuevas reglas no debiliten o «diluyan» las medidas de protección ambiental y social obligatorias existentes; y al mismo tiempo pone en tela de juicio la medida en que el banco ha respondido a los diferentes insumos presentados por el público en general. Además, el nuevo marco propuesto no cubrirá inversiones sustanciales de la cartera del Banco Mundial, incluyendo el desembolso rápido de préstamos basados en políticas para sectores ambiental y socialmente sensibles. A pesar de las reiteradas peticiones de la sociedad civil, el banco también ha fallado en hacer público un presupuesto detallado para la ejecución de su plan propuesto.

En julio de 2014, el banco hizo público un primer borrador de salvaguardias que proponía una dilución masiva de las protecciones existentes para temas ambientales y sociales en las políticas del momento. Ante esto, Vicepresidentes del banco, académicos, expertos de las Naciones Unidas, la sociedad civil y organizaciones comunitarias expresaron su fuerte oposición a dicho documento.

Ante esta publicación, representantes de diversos grupos independientes de derechos humanos y ambientales, manifestaron que el nuevo marco propuesto carece de requisitos claros y obligatorios, de incentivos, de estructuras de rendición de cuentas y de un presupuesto detallado. A su vez desmantela los requisitos de debida diligencia del banco, remueve tiempos obligatorios y requisitos de procedimiento que el prestatario debe cumplir, derrumbando en forma efectiva treinta años de protecciones ambientales y sociales para las comunidades afectadas. Además, sostuvieron que el banco propone sustituir sus propias salvaguardas obligatorias y mecanismos de rendición de cuentas con normas aspiracionales y un exceso de confianza en los sistemas nacionales de los prestatarios, sumado a que el nuevo borrador de política no requiere que las actividades apoyadas por el banco respeten los derechos humanos y no contravengan las obligaciones internacionales legales de los países prestatarios con relación a derechos humanos.

A pesar del compromiso ampliamente divulgado por el Banco Mundial de “reducir el calentamiento” y cerrar la brecha de u$s70 mil millones de financiamiento climático, la nueva propuesta no solo elimina las protecciones existentes para los bosques, la biodiversidad y los pueblos dependientes de los bosques, sino que también carece de un componente crucial de salvaguardas contra el cambio climático.

El segundo borrador incluye algunas mejoras con relación al borrador del 2014. Por ejemplo, un nuevo lenguaje en relación a protección laboral, a pueblos indígenas y al análisis diferencial de las necesidades particulares de determinados grupos en situación vulnerable; aclarando que las evaluaciones deben examinar los impactos diferenciados de proyectos en grupos específicos, en lugar de agrupar a diferentes grupos vulnerables o en desventaja en un solo conjunto. Sin embargo, el borrador no asegura en forma consistente, a lo largo de todos los estándares, que los impactos de los proyectos particulares en cada grupo vulnerable o en desventaja sean diferenciados para evitar daños a estos grupos; a la vez que deja al margen algunos grupos clave, incluyendo las personas discriminadas sobre la base de políticas o de diferente opinión e idioma.

Por su parte, José Alejandro Rojas Ramírez, Director Ejecutivo del banco por Venezuela, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y España, realizó una declaración pública en relación al segundo borrador de las Salvaguardias presentado por el Banco Mundial. En dicha declaración, recomendó la incorporación de los Derechos Humanos en el borrador como un principio rector para las Salvaguardias Ambientales y Sociales, afirmando que de acuerdo al Convenio Constitutivo del Banco Mundial, es su mandato apoyar la implementación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, en materia de no discriminación, llamó a la incorporación de una lista de los grupos vulnerables que se pretenden proteger. Por otro lado, remarcó la necesidad de que se provea de mayor información acerca de los parámetros que considerará la autoridad del Banco Mundial a la hora de utilizar los marcos de protección nacionales, para lograr así brindar mayor seguridad a todas las partes involucradas en la operación. Al mismo tiempo, destacó el hecho de que deba ser realizado un reporte periódico al Directorio Ejecutivo, como así también que se deban realizar revisiones cada cinco años. Para concluir, manifestó “Nuestro desafío será, a partir de ahora, asegurar que cuando se implementen las nuevas salvaguardias, el Banco Mundial sea riguroso y garantice que los prestatarios cuenten con los medios necesarios para cumplir con ellas”.

Hacia las Reuniones Anuales 2015

En este contexto, el pasado 13 de agosto, Fundeps participó de un encuentro de Organizaciones de la Sociedad Civil y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la iniciativa Road to Lima 2015. La misma pretende ser una iniciativa de diálogo y debate entre autoridades económicas, académicas, representantes de la sociedad civil y el sector privado, a fin de discutir temas de relevancia y actualidad respecto de la economía mundial, la estabilidad financiera y el desarrollo económico. Todos esto en preparación para las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI, que se desarrollarán en octubre de este mismo año en la ciudad de Lima (Perú), y en donde la actual Revisión de Salvaguardias constituirá un tema central de debate. Este evento fue organizado por el FMI y contó con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil que debatieron temas tales como el rol actual del FMI en la comunidad global, y en particular en relación a América Latina; cuestiones de inequidad y género, transparencia fiscal e industrias extractivas, y el rol de la sociedad civil en miras a las Reuniones Anuales del Banco Mundial-FMI.

Cabe destacar que Fundeps estará participando el próximo mes de octubre en estas reuniones donde estará involucrado, junto al Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), en la realización de diversos eventos, como un Evento Alternativo a las Reuniones Anuales organizado desde la sociedad civil; un taller sobre Mecanismos de Rendición de Cuentas de IFIs y diversos paneles y eventos en materias diversas como la Revisión de Salvaguardas del Banco Mundial o las inversiones en Infraestructura.

Más información:

 – Press Release: Dangerous Rollback in Environmental and Social Protections World Bank’s New Framework Undermines President Kim’s Commitment to “No Dilution” – Bank Information Center, August 4th, 2015.

–  Segundo Borrador del Marco Social y Ambiental del Banco Mundial

–  Análisis preliminar del Nuevo Borrador del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial (elaborado por Bank Information Center)

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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Fundeps participa de una consulta regional para fortalecer el acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales

Fundeps, como organización miembro de la Iniciativa de Acceso (TAI), envió comentarios y sugerencias a un documento elaborado por la CEPAL, que es la base para mejorar la implementación del Principio 10 de la Declaración de Rio.

La Iniciativa de Acceso (TAI) es la red mundial más grande de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para que los ciudadanos tengan el derecho y capacidad de influir en las decisiones sobre los recursos naturales que sostienen a sus comunidades.

Como parte de la coalición global de organizaciones de la sociedad civil TAI, Fundeps envió comentarios y observaciones al Documento preliminar del Instrumento Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, elaborado por CEPAL. Este es el documento base de las negociaciones internacionales que se están llevando adelante para mejorar la cabal implementación del Principio 10 de la Declaración de Rio, a través de la cual se consagran los derechos de acceso.

El equipo de trabajo de FUNDEPS, coordinó parte del trabajó sobre el documento y marcó la importancia de reformular el objetivo del acuerdo, proponiendo la siguiente redacción: “El objetivo último del presente acuerdo es garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y sostenible mediante la efectiva aplicación en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso, consagrados en el principio 10 de la Declaración de Rio”. Entre otros aportes enviados a modo de sugerencia, cabe destacar que al texto propuesto se incorporaron conceptos como el de Justicia Ambiental,  principio de educación y congruencia, entre otras sugerencias que esperamos sean atendidas por los gobiernos partes.

Para mayor información: http://www.cepal.org/es/principio-10 

Para ver el documento preliminar del Acuerdo regional sobre el Acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe con las sugerencias realizadas por Fundeps, hacé click acá.

 

Contacto:

Juan Carballo – Directo Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org.

Yamile Najle – Coordinadora del área de Derechos Humanos

yamilenajle@fundeps.org.

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Indice de Democracia Ambiental – Resultados de Argentina – Septiembre 2015

Traducción de Fundeps del documento sobre los resultados EDI en Argentina.

Descargar Documento / Download File
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La OEA aprobó la Convención que protege los derechos de las personas mayores

El pasado 15 de junio, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; con la firma de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. La Convención fue propuesta e impulsada por Argentina y quedó abierta a la firma, ratificación y adhesión por parte de todos los Estados miembros de la OEA. Para su entrada en vigor se requiere de la ratificación o adhesión de, por lo menos, dos estados.

 

El objeto de la Convención, consagrado en el artículo N° 1, es: «promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad». A tales efectos, los estados partes se comprometen a adoptar las medidas tendientes a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores. Es importante destacar que la propia Convención define a la persona mayor como aquélla de 60 años o más.

Dentro de los derechos protegidos se encuentran: la igualdad y la no discriminación por razones de edad, el derecho a la vida y la dignidad en la vejez, el derecho a la independencia y la autonomía, el derecho a la participación y la integración comunitaria; el derecho a la seguridad y a una vida sin violencia, el derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, a la libertad personal y a la libertad de expresión; el derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación, el derecho a la privacidad y a la intimidad, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la cultura y a la recreación, a la propiedad y a la vivienda.

A su vez, la Convención cuenta con un mecanismo de seguimiento integrado por una Conferencia de Estados Parte y un Comité de Expertos; cuyo fin es dar seguimiento a los compromisos adquiridos y promover la efectiva implementación. También recepta expresamente un Sistema de Peticiones Individuales.

Desde Fundeps creemos que la adopción de una Convención constituye una herramienta fundamental en el avance por los Derechos de las Personas Mayores y en definitiva, un avance en la protección de los Derechos Humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; ya que compromete a los gobiernos de los estados parte a adoptar un paquete de medidas que los respalden. La Organización Mundial de la Salud sostiene que: “entre el 2000 y el 2050, la proporción de la población mundial con más de 60 años de edad se duplicará, ya que pasará de aproximadamente el 11% al 22%. Se espera que el número de personas de 60 años o más aumente de 605 millones a 2000 millones en ese mismo periodo.” Pero el escenario está cambiando no sólo por el incremento en la expectativa de vida, sino también porque asistimos cada vez más a un proceso de “envejecimiento activo”, cada vez son más quienes se dedican a la cultura, las relaciones sociales, la actividad física, la salud, el estudio, los viajes, etc. Es decir, aumenta el número de personas mayores, pero también cambian sus necesidades. Esto acarrea grandes beneficios y a su vez presenta nuevos desafíos; es necesario que se promuevan políticas que recepten los nuevos intereses de este  sector de la sociedad, que se mejoren y amplíen los servicios destinados a ellos, siempre desde un enfoque de derechos humanos. Es necesario revalorizar la vejez, y adoptar las medidas que permitan vivirla plenamente.

 

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Contacto:

Agustina Mozzoni – Área de Derechos Humanos

agustinamozzoni@fundeps.org

Boletín informativo – Septiembre 2015