La mayor obra de infraestructura de la provincia de Córdoba tiene financiamiento chino. Dos bancos chinos: el ICBC y el Bank of China financiarán el 80% de los 8.400 millones de pesos de la obra de gasoductos troncales en la provincia.

El mapa de los diez sistemas de ductos troncales había sido repartido en tres grupos. El primero asignado a  la constructora brasilera Odebrecht. El segundo a la constructora China Communications Construction Company y a la constructora argentina Iecsa S.A. Y el tercero a la constructora China Petroleum Pipeline Bureau y a la empresa argentina Electroingeniería S.A.

Una de las formalidades que debía cumplir la provincia era contar con los avales del Gobierno nacional para acceder a financiamiento externo y, a la vez, garantizar esa deuda con fondos de la coparticipación federal.

Las obras comenzaron el 14 de agosto de este año a cargo de la constructora brasileña Odebrecht. Esta fue la única empresa adjudicada que presentó financiamiento propio para la obra y no depende de préstamos de bancos chinos.

En el mes de octubre, la provincia colocó una deuda por 150 millones de dólares a 10 años de plazo.

Y ahora en diciembre se confirmaron las inversiones chinas. Los tramos de los gasoductos en el interior provincial que se financiarán con créditos de los dos bancos chinos fueron adjudicados a la unión transitoria de empresas (UTE) que conformaron la cordobesa Electroingeniería, la China Petroleum Pipeline Bureau y la porteña Iecsa, en sociedad con la asiática China Communications Construction Company (CCCC). A cargo de la negociación con los bancos chinos está el ministro de Inversión y Financiamiento Ricardo Sosa.

Desde FUNDEPS estamos monitoreando este proyecto, nos hemos reunido con funcionarios de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), y hemos presentado pedidos de información a ministerios provinciales y nacionales. Ya vencieron los plazos de la legislación que regula el acceso al conocimiento de los actos del Estado y se sigue sin recibir respuestas de las dependencias correspondientes.

Los interrogantes que genera una obra de esta magnitud son varios. No se han brindado detalles de los acuerdos establecidos con los bancos chinos, no se ha establecido la forma en que este proyecto tendrá llegada efectiva a cada uno de los municipios involucrados, y tampoco se conocen los informes de impacto ambiental. Desde FUNDEPS se buscará que estos proyectos de infraestructura no impacten negativamente en las condiciones de vida de las comunidades ni en el ambiente.

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Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

En el sitio Infobae, se publicó con una nota titulada “Roles invertidos: ¿la mujer se volvió más masculina en las relaciones?”, en la que se incurre repetidas veces en comentarios estereotipadores y discriminatorios, y se ejerce violencia simbólica hacia la mujer. A partir de esto, se hizo una consulta con INADI, que no tuvo resultado concreto.

La noticia en cuestión se desarrolla a partir de una entrevista realizada a una psicóloga, que si bien destaca los avances de las mujeres en el campo profesional, entiende que esos son espacios reservados a los varones, usurpados por las mujeres, ubicándolas en las tareas relacionadas al hogar y al cuidado. Esto queda en evidencia en sus dichos: «Según la psicóloga y escritora Beatriz Goldberg, la mujer de hoy está descolocando al hombre de su lugar. Le cuesta ubicarse en el rol correcto. ‘La mujer puede y debe tener actividades en todas las áreas, pero desde el rol de mujer. Si se ‘masculiniza’, pierde su capacidad intuitiva e intelectual’

Resulta preocupante que se continúe pensando que el campo laboral y profesional, así como las tareas de provisión de recursos económicos en el hogar, son exclusivamente masculinas, y a las mujeres «masculinizadas«, cuando forman parte de esos espacios o se apropian de dichas tareas.

Asimismo, se hacen repetidas referencias a la importancia de no perder las características típicamente «femeninas«, como la sensibilidad o la intuición. Asimismo, se realizan comentarios denigrantes, como la referencia  a las mujeres como electrodomésticos: “Es multiprocesadora, hace de todo, es múltiple”.

Este tipo de opiniones y comentarios reproducen los patrones socioculturales de conducta que estereotipan, discriminan y subordinan a las mujeres, exigiendo que se reserven a determinados espacios y cumplan ciertas características para ser consideradas como tales. Además, al ser una persona posicionada en un espacio de autoridad por sus calificaciones profesionales, se entiende que la psicóloga es referente en temas de género y por ende, sus dichos tienen más influencia en el/la lector/a.

Los actos descriptos tienen su raíz en condiciones sociales de desigualdad sufridas por las mujeres, arraigadas en la sociedad, con un fuerte contenido simbólico que refuerza tales condiciones.

Frases enunciadas por la entrevistada como «el rol de la mujer en la sociedad es ser mujer«, promueve la idea de que varones y mujeres tienen roles determinados sólo por el hecho de ser el uno o el otro. Además, es preocupante la falta de reflexión sobre las luchas de los movimientos de mujeres, que lograron luego de décadas de activismo una progresiva igualdad ante la ley entre varones y mujeres, visibilizando las barreras que ellas tienen para acceder a puestos de trabajo o participación en la vida profesional.

El proceso de denuncia

A partir de los hechos, se decidió realizar una presentación frente a INADI, ya que este es un hecho de discriminación hacia las mujeres, ocurrido en un medio digital. Utilizamos el proceso de consulta por discriminación, el más accesible en la página web del organismo. A partir de comunicaciones telefónicas, hicimos el seguimiento de nuestro reclamo, que fue derivado a la Plataforma por una Internet libre de discriminación. Posteriormente, fue presentado frente al medio productor del contenido discriminatorio, como una inquietud pero sin ninguna obligación, por lo que no se modificó la nota ni se la retiró del sitio web. Frente a esto, INADI no tomó cartas en el asunto y el caso quedó en mera consulta. El mecanismo virtual, entonces, prueba no ser efectivo, ya que los reclamos no adquieren carácter de denuncia.

A fin de que el INADI realice su efectivo pronunciamiento, los reclamos deben presentarse como denuncias, las cuales deben realizarse personalmente frente a una delegación del INADI. Cabe recordar, en este punto que el Estado argentino está obligado a llevar adelante medidas contra la discriminación hacia las mujeres, no sólo por la legislación local, sino también por los tratados de derechos humanos ratificados por nuestro país y con jerarquía constitucional, como la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belem do Pará.

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Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

Presentó hoy el documento en Tribunales I. Diversas organizaciones se expidieron sobre el tema en la semana.

 

Ayer, el CeProDH acompañado por estudiantes de derecho y la legisladora del PTS-FIT, Laura Vilches, presentaron el documento en la causa «Portal de Belén c. Superior Gobierno de la provincia de Córdoba», que mantiene frenada la aplicación del protocolo no punible en Córdoba desde hace 4 años. Esto sucede a pesar de la adhesión de la provincia y la resolución favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al mismo (fallo F.A.L).

La presentación efectuada, además, lleva la firma de la diputada nacional por el PTS-FIT Myriam Bregman. Los argumentos que presentó el Ce.Pro.D.H apuntan a que se aplique de manera inmediata el protocolo de aborto no punible en los hospitales públicos de la provincia de Córdoba. Señalan que ilegalmente el mismo no se está aplicando, cuando si bien existe un fallo de la Cámara III que le hizo lugar al planteo del Portal de Belén, ese fallo está recurrido en casación hace más de dos años. Por ello, legalmente deberían encontrarse suspendidos los efectos hasta tanto no resuelva el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y por ende el protocolo debe aplicarse.

En tal sentido, Leticia Celli, abogada del Ce.Pro.D.H., quien fuera abogada del resonante caso de Elizabet Díaz en la provincia explicó que “planteamos los argumentos para que no se le haga lugar al planteo del Portal de Belén, pues se están violando derechos humanos fundamentales de las mujeres, como lo han expuesto incluso organismos internacionales, además, exigimos que urgentemente la provincia cese con la violación de las leyes, pues le están adjudicando efectos al fallo que no tiene -porque se encuentra recurrido- para no aplicar el protocolo en los hospitales, mientras cientos de mujeres siguen muriendo por las consecuencias de abortos clandestinos o debiendo asumir un embarazo no deseado.

Entendemos que es imprescindible que una mujer violada o con riesgo en su salud pueda acudir a un hospital público a hacerse un aborto. La única forma de terminar con el maltrato de las mujeres por parte de las instituciones del Estado es que el aborto sea legal, seguro y gratuito». El Frente de Izquierda (PTS), a través de la legisladora Laura Vilches ha solicitado en numerosas oportunidades una respuesta clara sobre la suspensión de la aplicación del protocolo de aborto no punible.

El Ministerio de Salud, a cargo de Fortuna, no respondió con suficiencia, lo que llevó a un intenso debate en el recinto de la Unicameral en el mes de abril cuando la suspensión de la guía cumplió 4 años. Vilches, luego de la presentación, declaró a los medios “que es inaceptable que la provincia se haga la desentendida con su actuar ilegal, mientras instituciones retrógradas utilizan embrollos judiciales para negarle derechos elementales a las mujeres. Esta pelea es parte de la exigencia que junto a mi compañera, la diputada Myriam Bregman venimos haciendo por la libertad de Belén -una joven tucumana condenada a 8 años de cárcel en una causa armada, para disciplinarnos a todas, por un aborto espontáneo-, a la par que seguimos reclamando que se legalice el derecho al aborto para evitar la clandestinidad que atenta contra la vida, la salud y la libertad de las mujeres”. Luego agregó que “estas demandas, serán parte de la lucha contra la violencia machista que llevaremos otra vez a las calles el próximo 3 de Junio bajo el grito de #NiUnaMenos».

Amplia concurrencia en defensa del aborto no punible El pasado jueves organizaciones de la sociedad civil y personas expertas brindaron en conferencia de prensa testimonio de las presentaciones judiciales (realizadas bajo la figura de Amicus Curiae) ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba. Cabe remarcar que la presentación del Amicus Curiae también ha recibido el apoyo de organizaciones y personalidades a nivel nacional e internacional. Durante el transcurso del intercambio, estuvieron presentes, el Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Diego Tatián; referentes de los Colegios de Profesionales de Servicio Social (María Angélica Paviolo) y del Colegio de Psicólogos (Héctor Valenzuela); Oscar Atienza, médico y docente de la Facultad de Medicina de la UNC; Cecilia Merchán de La Colectiva; Mayca Balaguer por FUNDEPS; el Cuerpo de Abogadas Feministas (CAF); la Asociación Pensamiento Penal; Rafael Ortiz, Asesor letrado penal del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba; representantes de los profesionales de la salud comprometidos con esta causa, Ana Morillo y Mariela Lario; la Fundación ECOS; Luciana Echevarría, MST – Juntas y a la izquierda; representantes de la Red PAR Córdoba y el Centro Mozé. También, los legisladores Liliana Montero y Martín Fresneda. En el caso de Filosofía y Humanidades, el proyecto fue impulsado y presentado por Tesis XI (PTS e independientes) en el consejo directivo de la facultad donde fue aprobado por unanimidad.

En el marco de la conferencia, se destacó la importancia del trabajo coordinado que han supuesto estas presentaciones y la mirada diversa que aportan sobre la temática los diferentes espacios y sectores. Asimismo, se intercambiaron perspectivas acerca de posibles estrategias para la remoción de las trabas que impiden el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos. A su vez, la organización Católicas por el Derecho a Decidir Argentina comentó algunos resultados del monitoreo social efectuado en centros de salud de la Provincia, que dan cuenta de la heterogeneidad existente en el acceso a la información y el desconocimiento en términos de los marcos normativos en torno al aborto, tanto de profesionales de la salud como de usuarias de los servicios.

Fuente: La Izquierda Diario

Los manifestantes advirtieron que los cambios propuestos responden “a intereses económicos por sobre la preservación del medio ambiente”.

Integrantes de diversas organizaciones ambientalistas, sociales, científicas y políticas realizaron ayer una masiva movilización por las calles de nuestra ciudad para plantear su rechazo al proyecto del oficialismo que impulsa modificaciones en la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo. Como se sabe, el tratamiento legislativo de la iniciativa de la coalición de Unión por Córdoba fue postergado para febrero de 2017 con el objetivo de buscar mayores consensos. La marcha de la víspera se inició en la intersección de Cañada y Colón y luego se dirigió a la Plazoleta del Fundador, en cercanías de la Legislatura, donde se concretó un festival musical “Por la vida y en defensa del monte nativo”.

Uno de los artistas que encabezó dicha actividad fue el actor José Luis Serrano, creador del personaje Doña Jovita, quien desde hace algunas semanas se puso al frente de los cuestionamientos al proyecto. En tanto, la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo denunció que los cambios promovidos por la Provincia responden “a intereses económicos por sobre la preservación del medio ambiente”. Además, alertó que “actualmente sólo queda el 3 por ciento del bosque nativo, lo cual pone en riesgo la vida de las personas que se ven afectadas por inundaciones provocadas por las alteraciones que el desmonte provoca”. Por su parte, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) elaboró un documento con objeciones al proyecto de ley de Bosque Nativo, al entender que no se adapta “normativamente a los presupuestos mínimos de protección ambiental consagrados en nuestra Constitución Nacional y en las leyes ambientales que se refieren a esta materia, tanto en aspectos procedimentales como substantivos”.

Desde Fundeps criticaron que en la propuesta oficialista:

…no se garantiza la conservación del bosque nativo existente en la provincia acorde al mapa de la ley 9.814; no se tienen en cuenta fundamentos técnicos y científicos; no se observan parámetros mínimos legales, lo que debilita los mecanismos de protección del bosque nativo; y no se asegura un real y efectivo acceso al derecho a la participación ciudadana en el proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.

Asimismo, se indicó que:

…la definición restrictiva de bosques nativos dada por el proyecto excluye a fachinales, arbustales y matorrales; se permite la actividad minera, el desmonte químico y a través del uso de fuego, y el rolado, en categorías de alta conservación de bosques; y no se incorpora la totalidad de las capas de infracciones en el mapa de OTBN.

 

Fuente: Hoy Día Córdoba

Presentamos ante la Legislatura observaciones críticas al proyecto de ley de bosque nativo de la provincia de Córdoba, atento irregularidades en el proceso de participación y diversos puntos cuestionables en la redacción de su texto, lo que implicaría un retroceso en la protección de los bosques nativos.

En el año 2007 el Estado Nacional sancionó la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, como legislación base, con iguales condiciones de protección para todos los habitantes del país. Conforme al mandato constitucional, a las provincias les corresponde legislar ya sea igualando o maximizando la protección e incluir asuntos que hagan a las materias específicas o particulares de cada una de ellas. Asimismo establece la legislación nacional y su Decreto Reglamentario N° 91/2009, cada provincia debe realizar su Ordenamiento de Bosques Nativos y actualizarlo cada cinco años, a través de un proceso participativo y de acuerdo a criterios de sustentabilidad ambiental establecidos en su articulado y anexo.

La provincia de Córdoba sancionó la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos N° 9814 el 5 de agosto de 2010, en un proceso en el que no se respetó la instancia participativa que garantizaba la ley nacional. Esa normativa establecía un plazo para la actualización de la misma que venció el pasado 5 de agosto de 2015.

En aparente cumplimiento a dicha normativa, a fines de septiembre de 2016, el gobierno provincial decidió abrir una “mesa de diálogo” a los fines de cumplimentar con la correspondiente actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos de Córdoba, buscando superar las irregularidades del proceso realizado cinco años atrás. Sin embargo, se advirtió la vulneración de las condiciones necesarias para el desarrollo de un proceso participativo sustentable. Estas deficiencias incumplen con las “Pautas metodológicas para las actualizaciones de los ordenamientos territoriales de los bosques nativos” aprobadas por Resolución N 236 del COFEMA.

Recientemente, en el mes de diciembre de 2016 se presentó ante la Legislatura el proyecto de ley sobre ordenamiento territorial de bosques nativos. Esta propuesta no ha sido el resultado de un proceso participativo de acuerdo a la normativa ambiental de nuestro país.

Desde FUNDEPS hemos elaborado un documento realizando “Comentarios al Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y Regulación de Bosques Exóticos de la Provincia de Córdoba”, al no adecuarse normativamente a los presupuestos mínimos de protección ambiental consagrados en nuestra Constitución Nacional y en las leyes ambientales que se refieren a esta materia, tanto en aspectos procedimentales como en aspectos substantivos.;

Sintetizamos las principales observaciones críticas al proyecto de ley:
– No se garantiza la conservación del bosque nativo existente en la provincia de Córdoba acorde al mapa de la ley 9814.
– No se tienen en cuenta fundamentos técnicos y científicos.
– No se observan  parámetros mínimos legales, lo que debilita los mecanismos de protección del bosque nativo.
– No se asegura un real y efectivo acceso al derecho a la participación ciudadana en el proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
– La definición restrictiva de bosques nativos dada por el proyecto, excluye del objeto de protección a fachinales, arbustales y matorrales.
– Se permite la actividad minera, el desmonte químico y a través del uso de fuego, y el rolado, en categorías de alta conservación de bosques.
– No se incorpora la totalidad de las capas de infracciones en el mapa  de OTBN.
– Se elimina la figura de las reservas forestales intangibles.
– Se disminuye el monto de las multas y se elimina la pena de arresto.
– No hay suficientes pautas de transparencia y acceso a la información pública en todas las solicitudes vinculadas a las categorías altas de conservación de bosques nativos de la Provincia, en formatos que posibiliten el monitoreo y la participación pública, en línea con el paradigma de gobierno abierto.
– Posibilita la restauración de bosques nativos dañados con especies exóticas que no garantizan el mantenimiento y regeneración de los bosques nativos.

Por estas razones instamos a generar un proceso abierto y participativo para la discusión sobre la actualización de la ley de bosques de la provincia de Córdoba y sugerimos adecuar el proyecto con la normativa ambiental de mayor jerarquía y asegurar mínimamente el mismo nivel de protección ambiental a nuestros bosques nativos.

 

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Coordinadora de eje ambiental, Male Martínez, malemartinez@fundeps.org

El día miércoles 21 de diciembre, se aprobó en la legislatura de Córdoba un proyecto de ley presentado por el ejecutivo que busca la implementación del voto electrónico. Es importante remarcar los peligros que supone un sistema de estas características para nuestra democracia.

Durante el día 21 de diciembre, la legislatura cordobesa aprobó un controvertido proyecto de ley que aboga por una reforma el sistema de votación provincial. A pesar que a nivel nacional esta iniciativa pareciera estar descartada, el ejecutivo provincial presentó un proyecto que fue aprobado sin dificultades.

Mucho se ha debatido en las últimas semanas, y creemos muy importante sumarnos a las voces que expresan los peligros que supone un sistema de voto electrónico en. Hoy por hoy, este sistema está en retroceso en todo el mundo debido a las falencias que implica en materia de control. El proceso de votación es un elemento demasiado central a nuestra forma de vida como para basarlo en mecanismos no controlables.

El proyecto aprobado no especifica cuestiones técnicas acerca del sistema más allá de la implementación de la boleta única electrónica; y reconoce las limitaciones de este sistema al prohibir la utilización de dispositivos electrónicos en un radio de 300 metros a la fiscalización. Sumado a esto, expertos en el área informática han expresado reiteradamente los peligros y carencias del voto electrónico: nadie puede saber a ciencia cierta qué hace esa computadora, es inseguro, no garantiza el secreto del voto, es más caro, erosiona la confianza en el sistema electoral, limita el derecho a controlar las elecciones y limita la capacidad para ser fiscal (no cualquier ciudadano puede hacerlo).

Cabe destacar que en la provincia ya contamos con un sistema de boleta única en papel que se ha reconocido por ser una de las mejores alternativas para el sistema electoral; además, es usado en el mundo, en países como Corea del Sur, Japón, Alemania, Australia y Holanda entre muchos otros. Este sistema evita el robo de boletas y es transparente para el elector. El cambio a un sistema electrónico entonces, implica un claro retroceso.

En este contexto, preocupa la celeridad y la falta de discusión en el tratamiento de un tema de importancia clave, así como la ausencia de respuestas a las objeciones técnicas y legales que se han presentado a esta propuesta.

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Agustina Palencia, agustinapalencia@fundeps.org

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer es un órgano de expertos independientes de Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Todos los Estados partes deben presentar al Comité informes periódicos para dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas con la firma de la CEDAW. Las organizaciones de cada país, según su experiencia y trabajo que realicen, pueden presentar un “informe sombra”, para dar cuenta de la realidad de las mujeres en el Estado, a fin de que el Comité tengas las herramientas necesarias para la elaboración de las recomendaciones finales que deba realizar.

Tras finalizar el proceso de revisión de Argentina, en su 65ª sesión el Comité de la CEDAW dictó sus “Observaciones Finales”, en las que se refleja el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil manifestado a través de los informes sombra presentados ante el Comité. FUNDEPS participó en tres informes, cuyos aportes fueron considerados a fin de lograr un avance en la efectiva garantía para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres argentinas.

Violencia mediática y simbólica

En conjunto con la Asociación Civil Comunicar Igualdad, desarrollamos un documento especial para el Comité con base en nuestro informe “Violencia de género y políticas públicas de comunicación”. En consideración de nuestras observaciones, el Comité de la CEDAW recomendó a nuestro país, en sus apartados 18 y 19, sobre “Estereotipos y prácticas nocivas”:

A) Intensificar sus esfuerzos encaminados a disipar las actitudes sexistas y estereotipos de las autoridades públicas estatales en los tres poderes;

B) Adoptar una estrategia global dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar la cultura del machismo y los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad. Asegurar que esta estrategia también se ocupe de las formas intersectoriales de discriminación contra la mujer, definidas en la Recomendación general Nº 28 (2010) del Comité sobre «Obligaciones fundamentales de los Estados Partes en virtud del artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer «, Apartado 18;

C) Fortalecer la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra los estereotipos discriminatorios a través de campañas de sensibilización como la campaña «#Ni Una Menos»; y

D) Enmendar la Ley Nº 26.522 (2009) relativa a los servicios de comunicación audiovisual, a fin de proporcionar al Defensor del Público la facultad de sancionar las violaciones de las disposiciones para regular los estereotipos de género y el sexismo en los medios de comunicación

Salud de las mujeres: consumo de tabaco

Asimismo, nuestros equipos de trabajo participaron y apoyaron la elaboración del informe presentado por la Fundación Interamericana del Corazón, FEIM y otras organizaciones, sobre las políticas públicas sobre control de tabaco que actualmente permiten el desarrollo de estrategias de la industria dirigidas especialmente a mujeres. Con relación a lo solicitado en dicho “informe sombra”, el Comité manifestó su preocupación por el “alto consumo de tabaco entre las niñas en comparación con los niño”. En virtud de ello, recomendó a Argentina en su apartado 35:

“G) Ratificar el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, reducir el alto consumo de tabaco entre los adolescentes, en particular las niñas, y abordar las consecuencias para la salud”.

Mujeres rurales e indígenas

En relación al informe realizado por la Fundación Plurales, en coalición con Fundapaz, Redes Chaco y otras, sobre el acceso a los recursos naturales por las mujeres rurales y campesinas del Gran Chaco Americano, que fue avalado por FUNDEPS, el Comité tomó varios puntos de lo solicitado, y realizó varias recomendaciones a Argentina en sus apartados 38 a 41 sobre mujeres rurales e indígenas, de las que pueden destacarse:

“A) Diseñar programas específicos dirigidos a asegurar el desarrollo sostenible y luchar contra las situaciones de pobreza a que se enfrentan las mujeres rurales, mediante la asignación de recursos específicos, oportunidades de empleo, medidas de protección social y programas específicos de educación para las mujeres rurales (…)

C) Adopte políticas para prevenir el desalojo forzoso y prevenir la violencia, la estigmatización y los ataques contra la mujer rural en el contexto de proyectos de desarrollo económico a gran escala; y

D) Asegurar que las mujeres de las zonas rurales estén representadas en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles del sector agrícola, incluidas las relativas a la reducción de los riesgos de desastre, la gestión después de los desastres y el cambio climático (…)

A) Adoptar medidas para reconocer formalmente la tenencia y la propiedad de las tierras de las mujeres indígenas y promover el diálogo a nivel comunitario para eliminar las normas y costumbres discriminatorias que limitan los derechos de propiedad de las mujeres indígenas sobre la tierra;

C) Asegurar que las mujeres indígenas tengan acceso adecuado a agua potable y asequible para usos personales y domésticos, así como para el riego;

D) Examinar el actual manejo negligente de las denuncias sobre plaguicidas nocivos, fertilizantes y uso de productos agroquímicos presentados por las mujeres indígenas ante el Ministerio de Salud, y velar por que esos casos se resuelvan de manera oportuna y apropiada de conformidad con las recomendaciones generales del Comité. Recomendación Nº 34 (2015) sobre los derechos de la mujer rural; y

E) Establecer un mecanismo obligatorio y eficaz de consulta y distribución de beneficios para obtener el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres indígenas en relación con el uso de sus recursos naturales y tierras” (La traducción es nuestra). De las recomendaciones dictadas por el Comité, sólo queda esperar que el Estado argentino tome las medidas correspondientes para garantizar los derechos humanos de las mujeres y su efectivo cumplimiento, algo en lo que estaremos trabajando en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil.»

Aclaración: La traducción de los fragmentos de las «Observaciones Finales» es de autoría propia. 

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Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

En la última década se avanzó a paso firme en la regulación e implementación de políticas públicas sobre género y comunicación. Sin embargo, en el último año lejos de continuar avanzando estas medidas se encuentran en un grave estado de incertidumbre, con claros debilitamientos.

El pasado 31 de octubre se celebró en Ginebra la 65ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), un espacio en el que Argentina debe rendir cuentas del cumplimiento de sus obligaciones bajo la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer.

Desde el informe sombra presentado por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad se expusieron las acciones implementadas para luchar en contra de la violencia hacia las mujeres en los medios, a partir de la obligación que asumió Argentina de modificar los patrones socioculturales que perpetúan la discriminación a las mujeres.

Tras un largo andar, a partir del año 2009, entró en vigencia un nuevo marco normativo que protege a las mujeres de las violencias mediática y simbólica en los medios de comunicación. A ello, se sumaron las políticas públicas generadas desde la Defensoría del Público y la AFSCA, entre otros espacios, para combatir estas formas de desigualdad. Esto significó un claro avance, en la función del Estado de garantizar los derechos, aunque aún era perfectible tanto en la norma como en la implementación.

Sin embargo, en diciembre del 2015, como una de las primeras medidas del gobierno nacional en gestión, se modificó mediante decretos del Poder Ejecutivo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y su autoridad de aplicación, pilares del marco normativo en comunicación y género. Aún más, las perspectivas que dan los 17 Principios para una Comunicación Convergente anunciados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM y ex AFSCA) con vistas a la redacción de un nuevo proyecto que regule las comunicaciones y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019, son poco esperanzadoras.

A ello, se suma la incertidumbre que existe sobre la continuidad de la Defensoría del Público, órgano creado para la protección de las audiencias por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y recientemente reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que no se prevé otro similar en las proyecciones de la nueva legislación anunciada. Además, el período de la actual defensora Cynthia Ottaviano concluyó el 14 de noviembre y no ha sido anuncia su renovación o nueva designación alguna.

Para alcanzar una sociedad más justa y equitativa, es fundamental lograr que los contenidos y la programación de los medios dejen de fomentar la cultura de la discriminación y la violencia.

* Coordinadora del Área de Derechos Humanos-Eje de Género y Diversidad Sexual de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS).

 

Fuente: «Retroceso en políticas de género», Página 12

Parte del equipo del área de Gobernabilidad Global de FUNDEPS viajó los primeros días de diciembre a la ciudad de Rurrenabaque en Bolivia. Se realizaron reuniones y recorridos por la zona donde se desarrollan proyectos de infraestructura del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial en la zona.

El municipio de Rurrenabaque (ubicado en el Departamento de Beni, en Bolivia) constituye un importante centro turístico y zona de producción agrícola a pequeña escala, cuya población, por la necesidad de exportar sus productos, se ha visto obligada a generar presión sobre los bosques naturales. Rurrenabaque es colindante con el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi y la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, donde habitan diversas comunidades indígenas.

Esta región se caracteriza  por su abundante riqueza y diversidad cultural y biológica que ha llevado a establecer reservas y parques nacionales, pero que también es considerado por muchos actores como una oportunidad económica sin explotar. Esto ha llevado a que en los últimos tiempos se hayan promovido una serie de obras de infraestructura (principalmente la construcción de importantes carreteras) en las inmediaciones de las áreas protegidas de Madidi y Pilón Lajas, lo que representa un riesgo de impactos ambientales y sociales negativos tanto para la biodiversidad y los ecosistemas como para las comunidades indígenas involucradas. Entre estos proyectos, se encuentra el financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo consiste en el mejoramiento de la carretera Santa Bárbara-Rurrenabaque.

Por otra parte, el proyecto financiado por el Banco Mundial consiste en la carretera Ixiamas – San Buenaventura se encuentra dentro del área de influencia del Corredor Norte y hace parte de la Ruta Alternativa para llegar a Cobija desde el norte de La Paz.

La carretera Ixiamas–San Buenaventura dentro del contexto regional del megaproyecto vial Corredor Norte representa una de las obras más grandes en la región Noroeste de Bolivia. El Corredor Norte es un proyecto carretero de 1664 km de longitud vinculando en sus puntos extremos a las ciudades de La Paz, Guayaramerin y Cobija. Su área de influencia que se extiende sobre 234,000 km², aproximadamente el 26% del territorio de Bolivia, abarcando 3 departamentos y 39 jurisdicciones municipales.

Los impactos y amenazas ambientales y sociales para las comunidades que habitan la zona son cada vez más graves. La situación es compleja y estas carreteras coexisten con otros proyectos (financiados principalmente por fondos chinos) que representan aún mayores problemas y desafíos para las comunidades indígenas. Desde FUNDEPS, estaremos colaborando para evaluar opciones de reclamar ante mecanismos de rendición de cuentas de instituciones financieras internacionales. Se buscará que estos proyectos no impacten negativamente en el ambiente y en las condiciones de vida de las comunidades.

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

En el marco de la audiencia pública sobre el ordenamiento de la Ley de Bosques, realizada este martes en la legislatura provincial, el Partido Solidario de Córdoba emitió un comunicado rechazando el ante proyecto de Unión Por Córdoba (UPC) y exigiendo “la posibilidad de discutir un proyecto de Ley de Bosques participativo, en foros abiertos que garanticen que todas las voces sean escuchadas”.

Comunicado: Desde el Partido Solidario Córdoba venimos recogiendo la preocupación de los vecinos y vecinas de toda la provincia ante este intento del Gobierno de la Provincia de aprobar una Nueva Ley de Bosques, entre gallos y medianoche, a espaldas de la sociedad. Nuestro partido no avala la voraz mercantilización de los bosques y sus ecosistemas que el ante proyecto oficialista intenta habilitar.

Vivimos en una provincia que ya se devoró el 96% de sus bosques. No podemos permitirnos comprometer aún más el futuro de generaciones venideras de cordobeses a cambio del lucro de unos muy pocos, que curiosamente son los mentores y facilitadores de este proyecto. No se puede compensar una suba del impuesto inmobiliario rural con leyes que permitan la explotación de zonas antes restringidas. Le pedimos a nuestro gobierno que no pague acuerdos políticos con nuestros bosques y la biodiversidad que en ellos habita.

Nos oponemos a la supresión de las penas de arresto por desmote. Reducir las multas a los saqueadores del bosque un 33% tampoco nos parece una opción, cuando las penas actuales ya son en muchos casos asumidas por los especuladores que eligen delinquir y cargar la multa como un costo más a su proyecto de negocio.

Le advertimos a los legisladores que nuestra provincia ya ha evidenciado síntomas del desastre ambiental hacia el que avanzamos a caballo de políticas públicas que sólo contemplan las utilidades de los grandes productores agropecuarios y la especulación inmobiliaria: la desertificación y sus tormentas de tierra (deberíamos decir de suelo), la crisis hídrica en algunas regiones o las terribles inundaciones que se han cobrado vidas en otras. Todos estos fenómenos que además del impacto ambiental, han tenido un profundo efecto social que golpea, sobre todo, a los más desprotegidos.

Exigimos por tanto, se abra la posibilidad de discutir un proyecto de Ley de Bosques participativo, en foros abiertos que garanticen que todas las voces sean escuchadas. Acompañamos las demandas del Movimiento Campesino de Córdoba al respecto. Suscribimos a las críticas realizadas al proyecto de CARTEZ por el Foro Ambiental Córdoba, Núcleo DiverSus de Investigaciones en Diversidad y Sustentabilidad, el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-UNC), la Asociación Civil IDEA, el Instituto de Diversidad y Ecología Animal (CONICET-UNC) y el Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (FCEFyN, UNC) y la Fundación para el desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS).

20Fuente: Diario Tortuga

El pasado 5 de diciembre se realizó, en Bogotá, el Taller sobre Mecanismos de Rendición de Cuentas y Sociedad Civil. El taller fue organizado conjuntamente por los Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas (IAMs) del Banco Interamericano de Desarrollo (Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación / MICI) y del Grupo del Banco Mundial (Panel de Inspección y la Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO), en colaboración con las organizaciones de sociedad civil (OSCs), Asociación Ambiente y Sociedad, y el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI).

Los mecanismos independientes de rendición de cuentas se establecieron para atender las quejas de las personas afectadas por impactos ambientales y sociales de proyectos de desarrollo financiados por instituciones multilaterales. Dado que el trabajo de las OSC algunas veces consiste en apoyar a comunidades afectadas mediante esfuerzos de fortalecimiento de capacidades y acompañamiento en recursos de acceso, los IAMs llevan a cabo labores de divulgación pública proactiva en colaboración con las OSC en toda Latinoamérica para dar a conocer sus servicios con las redes de sociedad civil y que ambas partes puedan ampliar sus perspectivas.

En este sentido, los tres objetivos principales del evento fueron:

– Permitir que las OSCs colombianas se familiaricen más con los IAMs  y los servicios de resolución de conflicto y observancia que proporcionan;

– Permitir que los IAMs amplíen su relación con las OSC en Colombia, en especial con las organizaciones locales y comunidades que se encuentran en poblaciones potencialmente afectadas por proyectos; y

– Brindar un espacio de diálogo entre los IAMs y las OSC, a fin de intercambiar experiencias, reflexiones y puntos de vista en temas de rendición de cuentas relacionados con los proyectos de desarrollo de los sectores público y privado en Colombia.

El taller de un día incluyó presentaciones de los diferentes IAMs sobre sus servicios y ejemplos de su trabajo; presentaciones de las OSC sobre sus experiencias con la activación de los mecanismos, así como herramientas para acceder a información de proyectos; pequeños grupos de discusión relacionados con el acceso y el trabajo de las IAMs y una discusión más amplia sobre las tendencias de rendición de cuentas en Colombia.

Fuente: Asociación Ambiente y Sociedad

Contacto

Juan Carballo, <juanmcarballo@fundeps.org>