Estuvimos presentes en la 65ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en la que se presentó el resultado del trabajo realizado sobre violencia de género y políticas públicas de comunicación. Este informe fue realizao por FUNDEPS, junto con la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, enfocándose en el grado de cumplimiento de Argentina del artículo 5 de la Convención, que compromete a los Estados a la eliminación de los patrones socioculturales que perpetúen la inferioridad de la mujer en comparación al hombre.

Control del tabaco en Argentina: tareas pendientes para proteger la salud de las mujeres. Participamos y apoyamos la elaboración de un informe realizado por la Fundación Interamericana del Corazón, FEIM, ALIAR y el Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown, sobre las políticas públicas sobre control de tabaco que actualmente permiten el desarrollo de estrategias de la industria dirigidas especialmente a mujeres. El mismo fue presentado en la 65ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, con el propósito de destacar las obligaciones del Estado en la protección de la salud de las mujeres. El reporte aborda las falencias del Estado Argentino en la protección de las mujeres y niñas de las consecuencias de la epidemia del tabaquismo.

Como parte del Foro Ambiental Córdoba, participamos junto a otras instituciones de reconocida solvencia técnica, en la elaboración de una propuesta de actualización de bosques nativos de Córdoba que busca superar los débiles argumentos de la propuesta de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona.

Conforme la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y su Decreto Reglamentario N° 91/2009, cada provincia debe realizar su Ordenamiento de Bosques Nativos y actualizarlo cada cinco años, a través de un proceso participativo y de acuerdo a criterios de sustentabilidad ambiental establecidos en su articulado y anexo.

La provincia de Córdoba sancionó la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos N° 9814 el 5 de agosto de 2010, en un proceso en el que no se respetó la instancia participativa que garantizaba la ley nacional. El vencimiento de esa normativa se produjo el pasado 5 de agosto de 2015. Nuestra provincia afronta el deber de actualizar su normativa, aprovechar el momento para ajustarse a los parámetros mínimos establecidos por la ley nacional; y garantizar una amplia participación de los diferentes actores sociales en este nuevo proceso de construcción del ordenamiento territorial de los bosques nativos.

Este proceso consiste estrictamente en la actualización del mapa vectorial aprobado por ley 9814, el cual reconocerá la cantidad de superficie de bosque nativo remanente en el territorio provincial, estableciendo las diferentes categorías de conservación (Categoría I (rojo), Categoría II (amarillo) y Categoría III (verde)). Esta categorización se hará en función del valor ambiental de las distintas unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos prestan, tales como evitar inundaciones, desertificación de suelos, elevación de las napas freáticas, sequías, los efectos e impactos del cambio climático, extinción de flora y fauna nativa, etc.

La propuesta realizada junto con Foro Ambiental Córdoba, Núcleo DiverSus de Investigaciones en Diversidad y Sustentabilidad, el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-UNC), la Asociación Civil IDEA, el Instituto de Diversidad y Ecología Animal (CONICET-UNC) y el  Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (FCEFyN, UNC) se titula «¿Por qué es necesario mantener la superficie de bosques nativos con Categoría I (Rojo) en la provincia de Córdoba según el mapa vectorial de la ley 9814? Análisis crítico de la Propuesta de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos para el arco Noroeste de Córdoba “Producir conservando y Conservar produciendo” elaborada por CARTEZ». Lo que se pretende en el documento es refutar con fundamentos ambientales, jurídicos y sociales la propuesta de CARTEZ que irrazonablemente sostiene que la Categoría II (amarilla) es mejor que la Categoría I (roja) para proteger y conservar el bosque nativo, partiendo tal propuesta de una interpretación conceptual que resulta a todas luces errónea y contraria a los objetivos y presupuestos de la Ley Nacional 26.331 y la Ley Provincial 9814.

Desde FUNDEPS, esperamos que este proceso involucre a la mayor cantidad de actores de la sociedad por la relevancia que implica la protección y conservación de bosques nativos. Asimismo, esperamos que el proceso de actualización garantice el principio de no regresividad ambiental, así como el respeto de los derechos de la democracia ambiental, en especial el acceso a la información y participación ciudadana proclamados en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992.

Más información:

– Documento de trabajo:¿Por qué es necesario mantener la superficie de bosques nativos con Categoría I (Rojo) en la provincia de Córdoba según el mapa vectorial de la ley 9814?

– La Voz del Interior: «Otra vez se endurece el debate sobre cuánto se puede desmontar» (28/10/2016)

Contacto:

María Elena Martínez Espeche, Coordinadora del Eje Ambiente.

malemartinez@fundeps.org

El pasado miércoles 19 de octubre, se debatió y aprobó en diputados el destino del proyecto de ley que atiende a una reforma electoral. El controvertido proyecto presenta tanto ventajas como desventajas para nuestro sistema político.

La cámara de diputados de la Nación Argentina dio media sanción al proyecto de reforma electoral presentado por el Poder Ejecutivo. El presidente Mauricio Macri presentó en el mes de junio un proyecto de Ley que prevé modificaciones en el sistema electoral nacional a los fines de transparentar el proceso en todas sus etapas. Al inaugurar el período de sesiones legislativas en marzo, el Presidente de la Nación anunció su voluntad de impulsar “una ambiciosa reforma política” para “terminar con la boleta papel, hacer independiente el control del comicio y unificar el calendario electoral”. Los cambios que se incorporaron en su momento, significaban tanto ventajas y desventajas para los partidos políticos y los candidatos en sus estrategias electorales; como así también grandes desafíos para la ciudadanía al momento de realizar la votación.

En 2015 tuvo lugar uno de los procesos electorales más largo, complejo y conflictivo del período democrático comenzado en 1983. A raíz de los sucesos ocurridos en Tucumán y las demoras en la comunicación del escrutinio de la elección presidencial, se plantearon nuevamente los cuestionamientos al sistema de votación mediante boletas partidarias, la precisión de los escrutinios y la relación de la Dirección Nacional Electoral con el poder político.

Entre las medidas más polémicas de la nueva ley (en caso de lograr ser sancionada) incorpora la Boleta Única Electrónica (BUE) a través de un sistema informático propio, que busca poner fin a las irregularidades que supone el actual sistema de boletas múltiples por partido. En referencia a esto, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio recalcó:

…la incorporación de tecnología significa que ese sistema tiene que ser muy confiable, muy seguro y muy auditado. Por eso está previsto un mecanismo de auditorías y homologación con la Cámara Electoral. Además, hay un sistema de auditoría al momento de la elección.

Durante la sesión, desde el oficialismo de enfatizó que esta reforma acabaría con la privatización de una obligación estatal. Según «Cambiemos», el voto electrónico garantizaría la existencia de una oferta completa para los votantes. La ley regula los comicios nacionales, pero insta a las provincias a adherir a la misma. En el caso de Córdoba, el sistema de boleta única es implementado para la elección de autoridades provinciales desde el año 2011.

Varias opiniones concuerdan con que el sistema de votación mediante boletas partidarias la presencia de la oferta electoral en cada lugar de votación depende de la capacidad de despliegue territorial que tenga cada partido. Esto produce ventajas en favor de los partidos con más recursos y genera el riesgo de que los electores no encuentren todas las opciones en el cuarto oscuro. Asimismo, este sistema facilita la proliferación de las listas colectoras, los acoples, las listas espejo o las sumatorias de votos. Por eso consideramos que es importante poder adoptar un nuevo instrumento de voto mediante el cual el Estado asuma la responsabilidad de proveer la oferta y que facilite una presentación más ordenada de las opciones electorales. Este objetivo puede llegar a lograrse mediante la boleta única. No obstante, es el sistema de voto electrónico es aún controversial y aparentemente se encuentra en retroceso en el resto del mundo. Ventajas declaradas como la transparencia, la economía, la rapidez del conteo de votos, entre otras, aún son cuestionadas.

En democracias delegativas como en Argentina, el mecanismo de accountability vertical es el único que funciona verdaderamente. Esto se relaciona directamente con el hecho que el acto electoral es hoy por hoy el mecanismo por excelencia que posee la ciudadanía para hacer rendir cuentas a sus gobernantes. El cambio en el sistema de voto y las posibles implicancias negativas de la implementación de la boleta única electrónica, pone en riesgo la rendición de cuentas de todo el sistema y profundiza la crisis de representatividad que actualmente vivencia el sistema democrático.

Por otra parte, el debate también se tensó al tocar el tema de la financiación de los partidos. Cuestión que el proyecto pretendía modificar, legalizando y ampliando las posibilidades de recibir fondos de partes privadas. El bloque de izquierda analizó este cambio como antidemocrático y tendencioso. Dentro del resto de medidas incluídas, pueden destacarse como ventajosas la supresión de las listas colectoras y la paridad de género en el acceso a cargos legislativos y partidarios.

Quedará por ver qué sucede una vez que este proyecto se debata en el Senado.

Más Información:

Reforma Electoral y la experiencia del uso de nuevas tecnologías de información (FUNDEPS)

Voto Electrónico: Los riesgos de una ilusión (Vía Libre ONG)

Contacto: 

Agustina Palencia, Coordinadora del Área de Fortalecimiento Democrático y Calidad Institucional

agustinapalencia@fundeps.org

Nuestro equipo estuvo presente en la 65ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en la que se presentó el resultado del trabajo realizado sobre violencia de género y políticas públicas de comunicación. El evento se realizó en Ginebra los días 30 y 31 de octubre.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer es un órgano de expertos independientes de Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). Todos los Estados partes deben presentar al Comité informes periódicos para dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas con la firma de la CEDAW.

Las organizaciones de cada país, según su experiencia y trabajo que realicen, pueden presentar un “informe sombra”, para dar cuenta de la realidad de las mujeres en el Estado, a fin de que el Comité tengas las herramientas necesarias para la elaboración de las recomendaciones finales que realiza.

El informe presentado por FUNDEPS, junto con la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, se enfoca en el grado de cumplimiento de Argentina del artículo 5 de la Convención, que compromete a los Estados a

modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.

Los datos ofrecidos en el presente “reporte sombra” son el resultado de un monitoreo de las políticas públicas de comunicación y género, vigentes en Argentina, que fue realizado empleando pedidos de acceso a la información, encuestas y entrevistas a integrantes de organizaciones, y monitoreo de medios realizado por las organizaciones firmantes. Este monitoreo fue plasmado en la publicación titulada “Violencia de género y políticas públicas de comunicación”.

Asimismo, nuestros equipos de trabajo participaron y apoyaron la elaboración de dos informes: uno presentado por la Fundación Interamericana del Corazón, FEIM y otras organizaciones, sobre las políticas públicas sobre control de tabaco que actualmente permiten el desarrollo de estrategias de la industria dirigidas especialmente a mujeres; y otro realizado por la Fundación Plurales, en coalición con Fundapaz, Redes Chaco y otras, sobre el acceso a los recursos naturales por las mujeres rurales y campesinas del Gran Chaco Americano.

Más información:

Contacto:

Virginia Pedraza – Coordinadora del Área de Derechos Humanos – Eje de género y diversidad sexual

vir.pedraza@fundeps.org

El 11 de junio de 2015, el Directorio del Banco Mundial aprobó un proyecto para Argentina por un total de 350 millones de dólares en el área de salud. Este proyecto, centrado en la Protección de la Población Vulnerables contra las Enfermedades Crónicas no Transmisibles, apoyó la estrategia del Ministerio de Salud para dichas enfermedades, en busca de una mejora en el acceso a los servicios de control y prevención para 3,2 millones de adultos entre 40 y 60 años quienes enfrentan mayores riesgos. Ante la falta de información oficial del proyecto y la ausencia de respuesta del Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia de Córdoba presentamos un pedido de información al Banco Mundial.

Las enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas son responsables del 81% de las muertes en Argentina. Sin embargo, una considerable parte de estas enfermedades, se puede prevenir o controlar, reduciendo los factores de riesgo, entre los que podemos encontrar: una dieta con exceso de azúcares, harinas refinadas, grasas y sal, y bajo consumo de fibra; el sobrepeso y obesidad; el consumo de tabaco; la hipertensión; y un elevado nivel de glucosa en sangre.

El proyecto pretende trabajar para mejorar las capacidades de centros de atención primaria para brindar servicios de calidad en la detección temprana y el control continuo de la obesidad, la hipertensión, la diabetes y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sumado a ello, a nivel provincial y municipal se esperan realizar intervenciones orientadas a la promoción de dietas saludables, el fomento de la actividad física y el control del consumo de tabaco.

No obstante la importancia del proyecto, desde el Ministerio de Salud de la Nación, sólo se ha producido un temprano informe, pero el mismo no ha sido actualizado, ni se han incorporado referencias a la manera en que se viene ejecutando el mismo.

En este contexto, desde FUNDEPS –en conjunto con FIC Argentina- presentamos solicitudes de información pública ante las dependencias del Ministerio de Salud de la Nación, para poder conocer sobre el progreso del proyecto. Así mismo, consultamos sobre la existencia de instancias de participación ciudadana y si se prevén mecanismos de monitoreo del proyecto por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Además, se solicitó información particularmente referida al aporte de fondos por parte de YPF, tal como se expresó en el portal del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.

Finalmente, ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud de la Nación, pedimos la información correspondiente por los medios previstos para solicitarla de manera directa ante el Banco Mundial, financiador de este proyecto.

La falta de información debilita los objetivos del mismo y dificulta la adecuada coordinación con autoridades provinciales. De fuentes periodísticas se sabe que algunos gobiernos tienen fondos depositados más no están habilitados para ejecutarlos.

Desde FUNDEPS como integrantes de la Coalición Argentina para la Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles junto a otras organizaciones que comparten la misión de trabajar en la prevención de estas enfermedades desde distintas perspectivas (médicas, de consumidores, de derechos humanos, de incidencia política, académicas) estamos haciendo un seguimiento a este proyecto.

Más información:

El Ministro de Salud de la Nación recibió a la Gobernadora de Tierra del Fuego (Prensa Tierra del Fuego – 19/05)

Ricardo Cardozo gestiona ante la Nación recursos para la Provincia (Diario La Republica 13/09)

Invertirán U$S 437 millones en protección contra enfermedades crónicas no transmisibles (Telam 08/10)

Contacto:

Franco De Grandis, francodegrandis@fundeps.org

María Victoria Gerbaldo, victoriagerbaldo@fundeps.org

Los días 8, 9 y 10 de octubre se reunieron más de 70.000 mujeres, en Rosario para debatir, compartir experiencias, marchar y visibilizar su protesta.

En el Encuentro Nacional de Mujeres más numeroso de su historia, se reunieron en Rosario mujeres de todo el país, organizaciones de la sociedad civil, movimientos social y políticos para compartir y dialogar en 70 talleres que versaron sobre todas las problemáticas que necesitan una estrategia colectiva de acción.

Hablaron sobre acceso a la justicia,  derechos sexuales y reproductivos, medio ambiente, derecho a una vida libre de violencia, sobre cultura, deporte, entre otros tantos temas. Estas dinámicas permiten año tras año, que mujeres de todas las provincias lleven a sus espacios nuevas ideas, y una contención colectiva que genera empoderamiento, y da lugar a la promoción de agendas políticas esenciales para una sociedad justa y equitativa.

No puede dejar de mencionarse a la multitudinaria marcha que se magnifica año tras año, y que visibiliza la necesidad de un real cambio para todas las ciudadanas del país. Esta movilización invita a continuar y avanzar con la promoción de la igualdad y de los derechos de las mujeres, más aún cuando tremendos hechos de violencia y femicidios no dejan de suceder en nuestra cotidianeidad.

Lamentablemente, y repitiendo la tragedia del año anterior, muchas mujeres y periodistas fueron reprimidxs frente a la Catedral, manchando el imponente evento y dejando atrás a personas heridas a causa de la intolerancia y la injusticia.

Sin embargo, otra vez este Encuentro vuelve a ser una inspiración que energiza la lucha activa de miles de mujeres que levantan sus voces ante las atrocidades que sufren día a día a causa del sexismo, la discriminación y la igualdad.

Contacto:

Virginia Pedraza – Coordinadora del Eje Género

vir.pedraza@fundeps.org

Dentro de la larga lista de inversiones chinas en Argentina, el caso de los acueductos en la provincia de Entre Ríos ha sido uno de los más controvertidos. Irregularidades en el proceso de licitación, aprobación y ejecución del proyecto han despertado el recelo y los reclamos de varios sectores de la sociedad civil.

En un contexto internacional cambiante, en el que los actores de habitual importancia han ido mutando, Argentina se ha encontrado con dificultades para el acceso a fuentes tradicionales de financiamiento. A lo largo de los últimos años, especialmente desde la gestión Kirchner, el escenario de las inversiones extranjeras en Argentina ha estado signado por la preponderancia de la República Popular China. Varios de los grandes proyectos de infraestructura que se están llevando a cabo tienen por detrás el respaldo de empresas del país asiático.

Hay dos proyectos que se han trabajado entre la Nación y la provincia de Entre Ríos desde hace algunos años y tuvieron que ver con la posibilidad de construir dos acueductos para riego en el norte entrerriano. Para la construcción de estos, el gobierno de la provincia y la “China State Construction Engineering Corporation” (CSCEC) suscribieron una carta compromiso para el aprovisionamiento de agua dulce, incorporando 200.000 hectáreas de riego.

A mediados de junio de 2013 la CSCEC expresó su interés en invertir en obras de infraestructura en la provincia de Entre Ríos. Durante un encuentro con representantes de la empresa, desarrollado en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, el gobernador Sergio Urribarri “propuso tres líneas básicas de acción: obras de riego, enlace metropolitano Paraná-Santa Fe y desarrollo portuario”. Según el gobernador, el desarrollo de las obras estaría ligado en gran medida a aumentar la capacidad productiva de la provincia.

El Acuerdo con China para la construcción de los dos acueductos se firmó el 18 de julio de 2014. En el marco de los acuerdos estratégicos para obras de infraestructura, firmados en la Casa Rosada entre Xi Jinping y Cristina Fernadez de Kirchner, encuentro en el que participó Urribarri.

Los acueductos tendrán una longitud total de 546 kilómetros entre ramal principal y ramales secundarios. Son dos obras, la primera en la cuenca del Arroyo Mandisoví en el departamento Federación para implementar un sistema colectivo de riego, a partir del río Uruguay, para la producción arrocera, citrícola y fruti–hortícola. El segundo en el departamento La Paz para realizar un acueducto del Norte entrerriano, con el aporte de aguas del río Paraná y dotar a un área marginal del acceso al agua para riego.

Los costos de las obras totalizan un monto cercano a los USD 98.000.000, según los datos presentados por el “Programa de Servicios Agrícolas Provinciales” en sus informes de factibilidad de los cuales la provincia debería aportar el 20%. Sin embargo, el presupuesto de la CSCEC fue de USD 430.387.552 adjudicada sin licitación no concurso de precios. El financiamiento provendría del banco ICBC, con un crédito de USD 366 millones a 15 años (con un período de gracia de 5) con una tasa libor más 4,5%. Asimismo, el contrato de crédito prevé como legislación aplicable la misma que la de Inglaterra.

El proyecto provocó rechazos en algunos sectores, como las organizaciones nucleadas dentro de la Multisectorial en Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos, que impulsaron la nulidad de la ley que, entre otros puntos, habilitó el otorgamiento directo, sin licitación pública, de la obra a una empresa de capitales chinos, como así también un endeudamiento que supera los 430 millones de dólares. La Fundación M’biguá y Justicia Ambiental también alertaron sobre la falta de transparencia e información sobre el proyecto.

El caso de los acueductos es el primero en llegar a la justicia. Como se expuso más arriba la Multisectorial por la Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos presentó una acción de inconstitucionalidad respecto de la ley N° 10.352 que autorizó al Poder Ejecutivo Provincial a endeudarse con la institución financiera de China. Esta acción se basa en que esta ley no ha cumplimentado los requisitos formales que la constitución provincial insta para su aprobación, por ejemplo: no se realizó Evaluación de Impacto Ambiental, no existe ningún dictamen de las comisiones de Hacienda y Economía, ni de la fiscalía de Estado, entre otras irregularidades. La falta total de controles en el proceso legislativo, el tratamiento sobre tablas de la norma, la ausencia de debate sobre el tema y, especialmente, el secretismo con que se manejó el gobierno para no dar a conocer el proyecto, es otro de los aspectos fundamentales de la demanda.

Entre los puntos principales de la demanda completa se encuentran:

– Ineficacia de la Ley 10.352 por irregularidades en su tramitación.

– Inobservancia del Principio de Razonabilidad.

Autorización al Gobernador a convenir y mantener en secreto el contrato celebrado con el Banco Chino.

– Autorización al Gobernador a contratar con el Banco Chino ICBC un préstamo en el que Entre Ríos acepta regirse por la legislación inglesa.

– Violación del deber constitucional de publicidad de los actos de gobierno.

– Privación de información como derecho humano.

– Se omitió la realización previa y precautoria de Estudios de impacto Ambientales y sus procesos evaluatorios con las debidas Audiencias Públicas y el dictado de los Actos Administrativos previos a la autorización de contratación de la obra y a la autorización de la celebración de acuerdos de inversión y/o endeudamiento.

– Violación de la Ley de Contabilidad Pública. (Arrogándose así el P.E. inconstitucionalmente facultades propias del Poder Legislativo).

– Violación de la Ley de Obras Públicas.

– Se ignoraron las garantías constitucionales contenidas en la Sección II – Régimen Económico, del Trabajo y Desarrollo sustentable de la Constitución Provincial.

De acuerdo a medios locales: “Desde una comisión de cinco millones de dólares que debe pagar el estado provincial por la operatoria, hasta los costos no calculados de intereses, la expropiación de tierras para la obra y demás costas, contemplando también la implementación de aumentos tributarios para cubrir el pago del crédito, los cuestionamientos económicos a la norma son numerosos. El primero de ellos, en todo caso, es el monto del crédito: nadie entiende muy bien aún como llegó el gobierno entrerriano a calcular ambas obras por más de 430 millones de dólares cuando Prosap había presupuestado, algunos meses antes, menos de 100 millones”.

De acuerdo con Jorge Daneri miembro de la Fundación M’biguá, se está conformando un paquete de potenciales mega inversiones en la región que además de los acueductos se incluiría un proyecto de represa hidroeléctrica entre las provincias de Corrientes y Santa Fe, en el límite norte de Entre Ríos. De acuerdo con el Dr. Daneri, el mecanismo es el mismo en todos los proyectos: inexistencia de debate parlamentario de los proyectos, menos aún en las provincias involucradas, por lo tanto, enmudecimiento del federalismo de concertación social y consultas ciudadanas.

Desde FUNDEPS hemos estado trabajando en el seguimiento del caso de los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba, que también cuentan con financiamiento chino. Parte del proceso de aprobación y ejecución de este proyecto, puede identificarse con lo sucedido en Entre Ríos. La falta de transparencia en ciertas cuestiones como la presentación y publicación del estudio de impacto ambiental, hacen sonar una alarma en lo que respecta a los estándares ambientales y de DD.HH.

Asimismo, consideramos de especial relevancia resaltar que la importancia recientemente adquirida por la República Popular China en materia de inversiones en proyectos de infraestructura, se traduce en una necesidad para que la sociedad civil monitoree los procesos de diseño, aprobación y ejecución de estos proyectos. Las irregularidades más arriba mencionadas son consecuencia de políticas que aún carecen de transparencia y que no se enmarcan en un paradigma de rendición de cuentas.

Más información

Un Acuerdo Chino

Entre Ríos: “con el pretexto de construir dos acueductos se está por consumar una estafa muy grande”

Ley de acueductos: presentaron demanda contra la “estafa” de Urribarri

Ley de acueductos: la Multisectorial recogerá firmas para derogar el texto

Represa Paraná Medio, acueductos y China, la primavera de la esperanza

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

En septiembre de 2016 se presentaron los 17 principios para una comunicación convergente, anunciados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) con vistas a la redacción de un nuevo proyecto que regule el sector de las comunicaciones; y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019, presentado por el Consejo Nacional de las Mujeres. Tanto los 17 principios para una comunicación convergente como el Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres, son medidas que colaboran en el diseño de un nuevo mapa vinculado a las políticas públicas de comunicación y género, con características diversas al vigente hasta diciembre del 2015. Junto a la Asociación Comunicación para la Igualdad hacemos una lectura crítica de las disposiciones en el presente documento

Durante el mes de agosto comenzaron las obras para la construcción de los gasoductos troncales de Córdoba, en algunos de los ramales. El proyecto ha sido resultado de largas negociaciones y aún quedan interrogantes por resolver: ¿Cuáles serán los impactos ambientales?, ¿Cuáles han sido los términos de negociación con los bancos y empresas chinas?

El pasado 15 de agosto comenzó la obra destinada a la construcción de los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba. La constructora brasileña Odebrecht es la encargada de realizar los trabajos en dos tramos: el anillo del Gran Córdoba y el de la Ruta 2.

El proyecto incluye financiamiento chino para otros ramales y estas dos obras que involucran unos 855 millones de pesos. El ministro de Inversión y Financiamiento, Ricardo Sosa, quien hace un mes regresó de China, aseguró:

Están construyendo los obradores para comenzar con los trabajos en los sistemas del Gran Córdoba y el de la ruta 2, en Noetinger. En el mes de agosto, la construcción de esos dos tramos estará en marcha. Tienen un plazo de ejecución de 18 meses, por lo cual para diciembre de 2017 deberían estar terminados.

Durante su viaje el ministro encabezó varias rondas de negocios en las que se expusieron varios proyectos – energéticos y de saneamiento – para la adquisición de mayores financiamientos. Es el funcionario provincial más involucrado en la negociación entre las empresas constructoras y los bancos chinos que financiarán la megaobra. La misma tiene un presupuesto global de 8.700 millones de pesos para los 10 sistemas de gasoductos que se construirán en toda la provincia. Particularmente, para el tramo adjudicado a la empresa brasileña, se aprobó la emisión de títulos públicos para el financiamiento de la obra; de acuerdo con el decreto del poder ejecutivo n° 759, del 21 de junio de 2016.

Odebrecht es la única empresa adjudicada que presentó financiamiento propio para la obra y no depende de préstamos de bancos chinos, como sí ocurre con las otras empresas contratistas.

En las últimas semanas, la empresa brasileña aportó cinco millones de dólares por su cuenta (unos 75 millones de pesos) y otros 200 millones de pesos que le prestó la empresa Puente Hermanos, una de las principales operadoras de la Bolsa de Buenos Aires.

Desde FUNDEPS se ha estado trabajando en el monitoreo de este proyecto y para ello ya se han presentado solicitudes de información a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Esto, con la finalidad de relevar información importante respecto al detalle de los acuerdos establecidos con los bancos chinos y otras entidades extranjeras y sobre los posibles impactos sociales y ambientales que esta megaobra podría acarrear.

Si bien estas solicitudes de información fueron presentadas hace más de cinco meses, aún no se ha recibido respuesta alguna por parte de las dependencias correspondientes y por esa razón quedan varios interrogantes para responder respecto de esta gigante obra de infraestructura en la cual se ha embarcado la provincia de Córdoba. De la misma forma, tampoco se ha esclarecido la forma en que este proyecto tendrá llegada efectiva a cada uno de los municipios involucrados. Desde el gobierno no se ha informado el verdadero impacto de la construcción de los gasoductos con respecto a la mejora y alcance en la provisión del servicio de gas.

Más información:

– La Voz del Interior: “Los gasoductos en Córdoba se repartirán en tres grupos” (Consultado el 29/09/2016)

– La Voz del Interior: “Gasoductos: ofrecen más fondos en China para iniciar las obras” (Consultado el 29/09/2016)

– La Voz del Interior: “Larga Odebrecht, con caños Techint” (Consultado el 29/09/2016)

Contacto:

Gonzalo Roza, Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org