Este documento presenta un análisis de la evolución del proyecto de infraestructura más importante de la provincia de Córdoba y la relación con la constructora brasileña Odebrecht, con un foco en la transparencia del proyecto.
En el presente documento se presentan los aspectos más relevantes relativos a la reciente recepción normativa del régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP) en la República Argentina, así como también los riesgos y oportunidades que las APP pueden traer aparejadas. El propósito general del trabajo es destacar algunas características generales de las Asociaciones Público-Privadas, y luego analizar algunos aspectos destacados de la Ley 27.328, que recepta normativamente dicho régimen en la República Argentina.
Como cada año, durante el mes de noviembre se lleva a cabo en Ginebra el Foro de Naciones Unidas Sobre Derechos Humanos y Empresas. Toda vez que tiene lugar este evento, se designa una temática en particular que será la protagonista. Este año, dicha temática tiene que ver con: ‘acceso a mecanismos de reparación’.
El paraguas que ampara esta reunión de alto nivel, está sujeto a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Estos Principios se constituyen como la herramienta existente en la actualidad para regular el accionar de las empresas nacionales y transnacionales respecto de los DDHH. Nacieron de la mano del académico John Ruggie y fueron adoptados por las Naciones Unidas en el año 2011, por el Consejo de Derechos Humanos, a través de la resolución 17/4. Los objetivos del Consejo en ese momento fueron: identificar y clarificar los estándares de responsabilidad corporativa; y clarificar el rol de los estados. Para ello, las guías establecidas se dividieron en 3 pilares fundamentales: el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y el acceso a mecanismos de reparación.
El mandato de estos principios guía es el de “reducir lo más posible los impactos negativos de empresas sobre los derechos humanos en un lapso corto”. Asimismo, poseen características generales: (a) abarcan a todos los Estados. (b) abarcan a todas las empresas, de todos los tamaños, en todos los sectores y en todos los países. (c) identifican responsabilidades diferentes, pero complementarias entre Estados y empresas. (d) no crean nuevas obligaciones legales, elaboran en base a obligaciones y mejores prácticas existentes para Estados y empresas. (e) se basan en la idea de que no se puede compensar: los impactos positivos no compensan impactos negativos sobre los derechos humanos en otro lugar. (f) son una mezcla de enfoques reglamentarios y voluntarios.
El contexto que vio nacer a estos principios no es diferente al de la actualidad. El accionar de las empresas (aún luego de la adopción de los principios) y sus consecuencias, sigue evidenciando que los marcos normativos nacionales e internacionales no han cubierto el objetivo de proteger los DDHH. Durante el año 2016 hemos asistido a la matanza más grande de defensores y defensoras de DDHH. Alrededor del mundo, comunidades vulnerables han visto violentados sus derechos (a la vivienda, a la salud, a la vida, a un medioambiente sano, entre otros) a causa del accionar de empresas y corporaciones.
Esta situación ha puesto de manifiesto que los principios rectores aún no han logrado convertirse en un marco efectivo de prevención respecto de las violaciones a los derechos humanos por el accionar corporativo. En este sentido, se comprende por qué en la sesión del Foro de este año 2017 ha puesto su atención en el acceso a la reparación. Este tercer pilar, hace referencia a la existencia de recursos efectivos para víctimas de violaciones de derechos humanos. A nivel estatal se espera que los Estados tomen medidas adecuadas para investigar, castigar y reparar. Por parte de las corporaciones, los principios incentivan la existencia de alertas tempranas que identifiquen impactos negativos y permitan resolver quejas antes que la situación escale a escenarios de mayor daño.
Siendo que actualmente los DD.HH. se encuentran a merced de la actividad empresarial, el rol de los Estados se vuelve fundamental. Específicamente en lo que refiere al fortalecimiento de los marcos normativos a nivel doméstico. Para esto, una parte esencial de las obligaciones de los Estados tiene que ver con: asegurar el acceso a mecanismos judiciales y no-judiciales; y reducir los obstáculos al acceso a la justicia. A este respecto, es necesario remarcar que los mecanismos no-judiciales juegan un rol complementario muy importante. Algunos de ellos incluyen: mecanismos Estatales, instituciones nacionales de derechos humanos, defensores del pueblo, oficinas de quejas, Puntos Nacionales de Contacto (OCDE), entre otros.
La aplicación de los principios rectores por parte de los Estados se ha dado mediante la forma de Planes Nacionales de Acción. Se espera que dichos planes se constituyan como instrumentos que:
- – Promuevan una mayor coordinación entre las agencias gubernamentales con involucramiento directo en la temática de empresas y derechos humanos.
- – Promuevan la protección de los derechos humanos mediante la debida diligencia en las empresas.
- – Identifiquen las prioridades nacionales respecto de esta temática y las traduzcan en políticas públicas concretas
- – Garanticen un monitoreo y evaluación de la implementación del plan, de manera continua.
- – Se basen en una plataforma de diálogo continuo con todos los actores involucrados (gobierno, empresas y sociedad civil)
- – Posean un formato flexible a la cooperación, coordinación e intercambio internacional de buenas prácticas y lecciones aprendidas.
- – Fortalezcan la normativa a nivel doméstico.
- El resultado del desarrollo de estos planes en todo el mundo deja mucho que desear. Aún quedan muchos Estados que no se han embarcado en este proceso y aquellos que lo han hecho, no han logrado que sus planes promuevan un marco lo suficientemente fuerte para respetar, proteger y/o remediar.
La situación de vulnerabilidad generalizada frente a esta problemática ha traído dudas respecto de la efectividad de los principios rectores, y paralelamente se ha desarrollado un proceso para crear un instrumento jurídicamente vinculante. Durante el Foro, se espera debatir acerca de los roles que ocuparían los principios y el tratado vinculante. A pesar que las opiniones estén divididas (entre aquellos que apoyan a una u otra iniciativa) es necesario aclarar que los principios y el tratado son complementarios. Un instrumento vinculante supone un paso más adelante respecto de las guías rectoras. Para lograr este avance es necesario que se proteja la autonomía del proceso de construcción del tratado ya que en definitiva, ésta iniciativa otorgaría un mayor empuje a los principios rectores, y daría mayor y mejor contenido a los planes de acción.
Más información
– Avanzando hacia tratado vinculante de empresas transnacionales y derechos humanos
– Discusiones en Argentina respecto de un tratado de empresas y derechos humanos
– Participamos de la segunda consulta regional de la CEPAL sobre derechos humanos y empresas
Autora
Agustina Palencia, agustinapalencia@fundeps.org
Contacto
Juan Carballo, juanmcarballo@fundeps.org
El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia informa que mañana miércoles 29 de noviembre se llevará a cabo la Jornada de Género y Tecnología.
Algunos de los temas a debatir serán: Oportunidades laborales para mujeres en el mundo de la tecnología; Mujer y tecnología en la arena política y Desafíos de las mujeres en el mundo laboral.
La dependencia gubernamental provincial estará representada por la participación de la secretaria de Gestión en Ciencia y Tecnología, Esther Galina, quien integrará el panel sobre “Brecha digital, género y tecnología”, junto a Mica Mantegna, (Geeky Legal); Belén Bonello (Fundación Sadosky); Lila Pagola, (Universidad de Villa María) y Celeste Torresi (Santex).
La brecha digital de género es la que se refiere usualmente a la desigualdad en el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) por parte de niñas y mujeres.
Según estudios de 2016 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), está brecha se viene agrandando a nivel global. Aunque no se trata sólo de inequidades en el acceso a las TICs, se conoce que hay 200 millones menos de mujeres conectadas que hombres.
La actividad se desarrollará de 9 a 16 en el aula 17 de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (Av. Medina Allende s/n , Ciudad Universitaria, Córdoba).
La Jornada es organizada por Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), WIDE (Women in the DIgital Ecosystem) y el Proyecto Mucho con Poco de Asuntos del Sur.
Los cupos son limitados, el almuerzo es incluido y las inscripciones se realizan en https://goo.gl/KvtqkK
Fuente: La Radio 102.9
‘La luna de miel del gobierno abierto ya terminó’. Con esa frase, Nathaniel Heller, vicepresidente ejecutivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés); dio apertura a las jornadas que tuvieron lugar en el Centro Cultural Kirchner y que buscaron llamar a la reflexión acerca de los avances en materia de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas.
Fundada en 2011 a partir de la iniciativa de los Estados Unidos y Brasil en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la OGP ha logrado nuclear a más de 70 naciones. Hasta ahora, la alianza se ha convertido en un repositorio de planes de acción y compromisos de los diversos países que la integran. Las metas propuestas por los Estados parte de esta iniciativa se han orientado a mejorar los estándares de transparencia, rendición de cuentas y colaboración.
Estos principios propuestos por la OGP, no son más que los pilares originarios de la democracia. El gobierno abierto es el ‘nuevo’ paradigma que busca reformular el papel del Estado respecto de la ciudadanía. Busca que las instituciones entablen una ‘conversación’ con las poblaciones, para hacerlas partícipes de los procesos de creación, ejecución y control de las políticas públicas.
Hasta el año 2017, la mayor parte de los compromisos de los planes de acción se correspondieron con acciones de liberación de datos y acceso a la información pública sin la necesidad de poner énfasis en muchas temáticas que pudieran considerarse como controvertidas (medio ambiente, salud, género, industrias extractivas, recursos naturales, financiamiento de partidos políticos, entre otros). No obstante, este Encuentro Regional tuvo como objeto poner en evidencia buenas prácticas respecto de la participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia aplicadas precisamente a estos ámbitos que últimamente han estado en el ojo de la tormenta de la política internacional. La frase inaugural de este evento (citada más arriba) tuvo por objetivo remarcar la necesidad de que la OGP de un paso más adelante y sea capaz de evidenciar de manera palpable cómo sus principios pueden mejorar efectivamente la vida de las personas.
Hasta ahora, los esfuerzos de los Estados de OGP han endulzado los oídos de quienes compartimos sus principios. Pero es necesario que existan acciones específicas orientadas moldear un nuevo tipo de Estado. El problema con la AGA ha sido que hasta ahora ha puesto demasiado énfasis en los Poderes Ejecutivos Nacionales (PEN) y poco en los demás poderes e incluso en los gobiernos subnacionales. La estructura de OGP hasta el año 2016 solo lograba amparar iniciativas del PEN.
Luego del lanzamiento del programa piloto para gobiernos subnacionales en 2016 y de la incorporación de un mayor número de compromisos de parte de los poderes legislativo y judicial en varios países; se puede decir que OGP está ampliando su espectro. Empero, aún queda bastante por hacer para lograr una verdadera institucionalización de esta nueva cultura de apertura. El segundo problema con la alianza, es que en la mayor parte de los países miembros, la entidad a nivel institucional encargada de llevar adelante la relación con OGP, no forma parte de la estructura orgánica nacional y carece de un presupuesto propio. Esta situación nos lleva a pensar en que OGP se trata de una iniciativa que hoy por hoy está supeditada a los vaivenes políticos y las prioridades de gestión. No se trata de una cultura que se plasme de manera transversal en la planificación de todas las políticas públicas de los Estados.
A lo largo de todo el evento se remarcó la urgencia de pasar de un paradigma de ‘gobierno abierto’ al de un ‘Estado abierto’ que expanda las políticas de transparencia y rendición de cuentas. Esto, de manera vertical hacia los gobiernos subnacionales y locales; y de manera horizontal hacia los poderes legislativo y judicial. Asimismo, se destacó la necesidad de lograr de manera eficiente y eficaz el involucramiento de la sociedad civil en los procesos de co-creación y co-implementación. Tanto en los planes de acción nacional, como en las políticas públicas en general.
El paradigma de gobierno abierto pareciese implementarse a diferentes velocidades en todo el mundo, y al interior de cada Estado también. Argentina, es un caso testigo de esta situación. A lo largo y a lo ancho del país se pueden recopilar numerosas iniciativas de gobierno abierto; empero, esto se desarrolla de manera muy disímil. Mientras provincias como Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe han constituido agencias gubernamentales específicas para avanzar sobre políticas de gobierno abierto; provincias como Santa Cruz y Río Negro, no cuentan con este tipo de institucionalización del paradigma. Lo mismo ocurre a nivel municipal.
Esta situación dificulta la articulación entre los diferentes niveles gubernamentales, y por ende la aplicación de los principios de gobierno abierto resulta deficiente. Los gobiernos locales se han convertido en una pieza fundamental para la concreción efectiva de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación. La cercanía de las administraciones locales con la ciudadanía es la clave que les otorga a estos gobiernos esta importancia para la implementación de esta cultura de apertura. El Encuentro Regional, remarcó este rol tan relevante y brindó el espacio para que se conociesen buenas prácticas ya implementadas en el nivel local.
Por otra parte, la participación de FUNDEPS estuvo signada a la presentación en un panel sobre proyectos de infraestructura y obra pública. El objetivo fue resaltar algunos casos de grandes proyectos de infraestructura en la Provincia de Córdoba, en los que no se aplicaron los estándares de transparencia, rendición de cuentas y participación. Durante la exposición, trajimos a colación los casos de la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales (EDAR), la construcción de los gasoductos troncales y el desarrollo del Centro Ambiental Carlos Paz. El panel asimismo contó con la presencia de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), un representante del sector de compras públicas de Chile y una representante de la Iniciativa para la Transparencia en la Construcción (CoST). La sesión tuvo por objeto reflexionar sobre la importancia de definir mejores estándares de transparencia y participación ciudadana en este tipo de proyectos.
Este panel particularmente, fue uno de los tantos que buscaron evidenciar la necesidad de aplicar los estándares de gobierno abierto en temáticas específicas. Específicamente, en aquellas cuestiones que hoy por hoy resultan de especial sensibilidad para algunos Estados (cambio climático, recursos naturales, presupuesto, industrias extractivas, entre otros). La OGP nace para lograr una modificación en las instituciones, de tal forma que se pueda recobrar la confianza de los ciudadanos. Para ello, es fundamental que la ciudadanía pueda ver que su vida se modifica de manera positiva a partir de la aplicación de estos principios. A este respecto, se vuelve más que necesario que el paradigma de gobierno abierto pueda expandirse a todas las ramas y niveles de gobierno. Se trata de pasar de un gobierno abierto a un Estado abierto.
Contacto
En nuestro país, el sobrepeso y la obesidad infantil constituyen un problema de salud pública de gran magnitud. Así lo corroboró la Encuesta Mundial de Salud Escolar que demostró que en Argentina el sobrepeso en adolescentes de 13 a 15 años aumentó del 24,5% al 28,6% entre 2007 y 2012. Asimismo, los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud señalaron una prevalencia de obesidad del 10,4% en niños y niñas de 6 meses a 6 años de edad.
En este contexto, FUNDEPS participó de una investigación junto a la Federación Interamericana del Corazón Argentina (FIC) y la Universidad Católica de Santa Fe en el cual se analizó el rotulado de los alimentos, claims y estrategias de marketing en diversos productos de nuestro país.
Examinados 301 productos, la investigación reflejó que el 87% de los cereales de desayuno, los postres y las galletitas dulces contienen una cantidad excesiva de uno o más nutrientes críticos como sodio, azúcares libres o grasas. Asimismo, 4 de cada 10 envases de cereales, postres y galletitas de baja calidad nutricional utilizan mensajes de nutrición tales como «Fuente de vitaminas y minerales» o «50% de calcio diario recomendado».
Por otro lado, se determinó que la normativa actual vinculada al etiquetado de alimentos y técnicas de marketing en nuestro país resulta ineficaz para regular adecuadamente esta materia, lo que deja un margen importante para que las empresas aprovechen esos vacíos legales, confunda al consumidor y lo limiten en sus elecciones. De esta forma, el Estado incumple con su obligación de proteger el derecho humano a la salud, que exige evitar que el accionar de terceras personas afecte la posibilidad de que un grupo de personas pueda ejercer efectivamente su derecho a la salud.
Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer la regulación existente y la implementación de mecanismos eficaces dirigidos a restringir estas prácticas de mercadotecnia engañosas y a elaborar un etiquetado nutricional que aporte la información necesaria para asegurar el derecho de los consumidores a información clara y veraz, contribuyendo a la elección de opciones más saludables. De esta forma, además, el Estado cumplirá adecuadamente con sus obligaciones en relación con los derechos humanos a la salud y a la alimentación adecuada.
Más información
– Descripción y análisis del marco normativo argentino y estándares internacionales
Contacto
Slavenska Zec – slavenska.zec@fundeps.org
BUENOS AIRES. El viernes 24 de noviembre tiene lugar una jornada para la presentación de la Coalición Nacional para la Prevención de la Obesidad Infantil; lo que se busca a partir de esta iniciativa es disminuir los índices cada más altos de esta epidemia, a partir del trabajo mutuo y colaborativo.
En la actualidad, existen alrededor de 41 millones de niños y niñas menores de 5 años con sobrepeso u obesidad, de los cuales más del 80% vive en países en desarrollo. Los datos disponibles en la región de América Latina indican que, en términos generales, de 20% a 25% de los menores de 19 años de edad se ven afectados por el sobrepeso y la obesidad. En Argentina, la Encuesta Mundial de Salud Escolar realizada en 2012, arrojó como resultado que el sobrepeso entre los y las estudiantes era del 28,6% en 2012 siendo mayor entre varones (35,9% vs. 21,8% mujeres) y con mayor prevalencia a menor edad.
El evento contiene instancias para el diálogo intersectorial a los fines de debatir la situación de la problemática en Argentina, definir líneas de acción y próximos pasos. De la misma, participan representantes de organismos internacionales como OPS Argentina, representantes del sector gubernamental, y miembros del ámbito académico y de la sociedad civil.
Además, se presenta el primer documento consensuado de la Coalición, que versa sobre estándares de política para entornos escolares saludables en Argentina. El mismo se estuvo trabajando de manera coordinada entre los miembros y se pretende su conclusión definitiva, a partir de esta jornada.
Nuestra decisión de participar de esta red surge con la intención de abordar de manera más efectiva un importante problema de salud pública. Además, creemos que es necesario que estos espacios cuenten con datos locales a los fines de diseñar políticas adecuadas a las realidades locales en materia de alimentación saludable.
Contacto
Juan Carballo – juanmcarballo@fundeps.org
Agustina Mozzoni – agustinamozzoni@fundeps.org
Te invitamos a participar de la Jornada Género y Tecnología en Córdoba, el próximo 29 de noviembre. La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa.
Fecha: 29 de noviembre
Hora: 9 a 16 hs
Lugar: FAMAF (UNC), Medina Allende s/n, Ciudad Universitaria.
Ingresá tus datos en el formulario para asegurar tu participación. Se entregarán certificados de asistencia.
9.00 a 9.30: Bienvenida + Introducción al proyecto
9.30 a 10.30: Panel – Brecha digital, género y tecnología
La brecha digital de género es la que se refiere usualmente a la desigualdad en el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) por parte de niñas y mujeres. Según estudios de 2016 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), está brecha se viene agrandando a nivel global. Pero no se trata solo de inequidades en el acceso a las TICs – aunque hay 200 millones menos de mujeres conectadas que hombres
La brecha digital de género hoy también hace referencia a la desigualdad en la participación plena de las mujeres en la economía digital. Hay menos mujeres trabajando en industrias TIC, estudiando carreras de programación o ingeniería, o tomando decisiones sobre políticas públicas de ciencia y tecnología. Este panel buscará discutir las implicancias de esta problemática en la Argentina, donde la revolución digital ya está trastocando las políticas de empleo, participación y desarrollo de los ciudadanos.
Moderadora: WiDE: Tamar Colodenco, WIDE
Belén Bonello (Fundación Sadosky)
Lila Pagola, Universidad de Villa Maria
Celeste Torresi, Santex
Ministerio de Ciencia y Tecnología
10.30 A 11.00 Coffee
11 a 12: Panel – ¿Oportunidades laborales para mujeres en el mundo de la tecnología?
Son muchos los desafíos que enfrentan las mujeres para la participación plena en el ecosistema digital, pero también son muchas las oportunidades. Este panel tiene como objetivo explorar y difundir oportunidades para que niñas y mujeres se inserten en el mundo de la tecnología. Distintas panelistas explorarán, desde su experiencia, distintos recorridos y recursos que resultan de utilidad para iniciar o afianzar un camino profesional en el mundo de la tecnología.
Moderadora: ADS: Melisa Gorondy Novak, Asuntos del Sur
Ana Laura Almada, FLISOL Córdoba
Luciana Benotti, FAMAF
Carolina Antón, Espacio Abasto
María Helena Provenzal, Incutex
Consejo Provincial de las Mujeres
Ana Figueroa (Moblar)
12.30 a 13.30: Almuerzo
13.30 a 15:30: Taller
Propuestas (dependiendo la cantidad de asistentes inscritas se realizarán posiblemente los talleres en simultáneo)
Taller sobre herramientas de desarrollo profesional para mujeres. Con uno o dos facilitadores, se proponen actividades para ayudar a las participantes a pensar en sus objetivos de carrera y a desarrollar herramientas y recursos para alcanzar esas metas. En grupos pequeños pueden reflexionar sobre su trayectoria, sus intereses y sus fortalezas y debilidades a la hora de buscar trabajo. Además podemos hacer un breve ejercicio para mejorar los CVs, afilar las búsquedas, etc. La idea es que se lleven herramientas concretas y un buen panorama de qué habilidades se demandan en el mundo de la tecnología y que oportunidades de capacitación existen.
Reflexión sobre género y trabajo. Sería un espacio más teórico y menos práctico para charlar sobre los desafíos que tienen las mujeres en el laboral, se puede trabajar también con legislación local, derechos humanos y género, etc.
Taller “Feeling para incidir políticamente en agendas de género e internet”: Feeling es una Metodología para innovar centrada en los sentimientos y experiencias de las personas.
Coordinado por:
Daniela Pardo,Women in the Digital Ecosystem – WiDE
Melisa Gorondy Novak, Asuntos del Sur
Virginia Pedraza, FUNDEPS
15.30 a 16.00: Palabras finales | Construcción de un mural
Acerca de WiDE
Women in the Digital Ecosystem (WiDE) tiene como objetivo fomentar la igualdad de género en la industria de la tecnología con un enfoque en las carreras tecnológicas no tradicionales.
Necesitamos igualdad de género en todos los sectores del ecosistema digital, y eso incluye roles no técnicos tales como analistas de políticas públicas digitales, periodistas especializadas en tecnología, investigadoras en temas de Internet y TICs, especialistas en derecho informático y más. Para cumplir con su misión, WiDE ofrece talleres de desarrollo de carrera para mujeres jóvenes que quieren explorar la amplia gama de trabajos no técnicos demandados por la economía digital así como las oportunidades disponibles para acceder a ellos. En esta primera etapa, WiDE está dirigido a mujeres que están estudiando o se han graduado recientemente de carreras sociales, humanísticas o afines como ciencias políticas, comunicación, economía, derecho, periodismo, sociología, letras, etc.
Acerca de Asuntos del Sur (ADS)
Asuntos del Sur es un centro de pensamiento independiente, sin fines de lucro que desde 2007, se dedica al análisis, debate y realización de propuestas de políticas públicas para América Latina. ADS tiene el objetivo central de constituirse en una plataforma de deliberaciones de los principales problemas y preocupaciones que aquejan a nuestra región. Como resultado, ADS produce información rigurosa y de calidad que busca influenciar políticas regionales y nacionales.
Acerca de Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS)
FUNDEPS es una organización sin fines de lucro que trabaja en la incidencia en políticas públicas para que se respeten los derechos humanos, tanto a nivel local, nacional como internacional. Realiza actividades de investigación, construcción de capacidades, incidencia, litigio estratégico y cooperación en general. Para esto trabaja junto a todos los grupos que intervienen en el proceso de desarrollo: diferentes niveles de gobierno, comunidades concretas, la ciudadanía en general y otros/as integrantes de la sociedad civil. El objetivo es impulsar un desarrollo sustentable inclusivo, participativo y guiado por derechos humanos.
En septiembre del presente año, luego de un año del llamado a convocatoria, se anunciaron las organizaciones que formarían parte del CCAH de la sociedad civil que tiene como principal función la de asesorar y recomendar cursos de acción para abordar la problemática de la violencia de género. Este Consejo, creado en virtud del artículo 9 de la ley de protección integral 26.485, está compuesto por dos organizaciones por provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo un total de 48.
El 27 de octubre se llevó a cabo la primera reunión de dicho Consejo, en la que además de presentarse las organizaciones, se informó sobre el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019) y sobre los planes del INAM en materia de diseño e implementación de políticas. Asimismo, se discutió sobre las funciones y el reglamento que debe dictarse el CCAH. Entre las funciones de las organizaciones, están las de participar de las reuniones anuales y monitorear la aplicación de la ley 26.485 en sus respectivas provincias, para luego presentar informes que sirvan de insumo al INAM para promover la aplicación de la ley a nivel federal.
Uno de los principales puntos de la agenda fue el cambio que sufrió este organismo, que pasó de ser el Consejo Nacional de la Mujer, a ser el INAM. Las autoridades que expusieron, mencionaron que la decisión respecto de esta modificación atiende a la necesidad de darle mayor jerarquía a las políticas públicas de prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres al tener rango de Secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social, a la vez que se le otorga mayor autonomía al organismo.
Por otro lado, se señaló que a futuro se planea establecer delegaciones provinciales, para territorializar las políticas del INAM y facilitar el acceso a los trámites en las distintas provincias argentinas. No obstante, no se hicieron referencias a cómo se va a transversalizar las políticas públicas en esta materia hacia las otras áreas del Estado, más allá del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social.
Celebramos la iniciativa del INAM para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley y por consolidar un espacio institucionalizado para que la sociedad civil participe de manera federal en materia de violencia de género. La construcción y monitoreo de las políticas públicas para una problemática tan extendida como la desigualdad de género requiere de la participación de la sociedad civil de toda Argentina, por lo que esperamos que se continúe avanzando en pos de la promoción de los derechos de las mujeres, también asegurando presupuesto y la infraestructura necesaria para que funcionen en todo el territorio nacional.
No podemos dejar de mencionar que debería reforzarse la participación de las organizaciones, además de la existencia del CCAH. Es necesaria la implementación de mecanismos para que puedan acceder a la participación otras organizaciones referentes de los derechos de las mujeres en todas las provincias, que no cumplen con los requisitos formales para pertenecer al CCAH, pero que por su experiencia y trayectoria deben considerarse a los fines del diseño e implementación de políticas públicas de género en nuestro país.
Más información
– Resolución creación del INAM y del CCAH
– Anexo de organizaciones integrantes del CCAH
Contacto
Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org
Durante el mes de noviembre, desde la Dirección de Gobierno Abierto de la provincia de Córdoba invitó a testear el portal de estadística, a las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la mesa provincial para el seguimiento de la meta de OGP. Posteriormente, se hizo el lanzamiento oficial de la nueva plataforma. Esto efectivamente evidencia la nueva impronta que se está adoptando de parte de la Secretaría General de la Gobernación. El hecho de hacer partícipes a las organizaciones de la sociedad civil, demuestra que el gobierno provincial ha comenzado a construir una comunidad de datos activa.
El portal ahora disponible cuenta con la información de la antigua página de la Dirección de Estadísticas y Censos. La nueva interfaz, no obstante, resulta mucho más amigable para el usuario y cuenta con nuevas secciones. Se trata de un avance en materia de gobierno abierto de parte de la Provincia. El nuevo portal cuenta con una sección de ‘Datos Abiertos’, una de ‘Visualizaciones’ y una de ‘Publicaciones’.
Al navegar por la página se podrá encontrar con información detallada socioeconómica de la Provincia y de cada departamento y municipio. En la sección ‘Conocé Córdoba’ se puede acceder a la mayor cantidad de información estadística social. En la sección de ‘Datos Abiertos’ hay más de 600 datasets y varios de ellos están en formatos abiertos y reutilizables.
La innovación se encuentra en las secciones de ‘Visualizaciones’ y ‘Publicaciones’. Si bien la mayoría de los portales de datos no incluyen este tipo de secciones, éstas con fundamentales a la hora de acerca los datos a la ciudadanía. Usualmente, los datos en formatos abiertos resultan dificultosos de leer y comprender. Para ello, las visualizaciones organizan la información y la presentan de una manera dinámica y fluida. Particularmente, estas visualizaciones que contiene el nuevo portal son interactivas y el usuario puede modificar y filtrar la información de tal forma que se pueden armar visualizaciones personalizadas.
Un paso más adelante es la sección de ‘Publicaciones’. Se trata de un espacio en el que se explican algunos datasets. Este tipo de recurso acerca aún más la información al ciudadano y permite ya una comprensión total de los datos.
Consideramos positiva la iniciativa para modernizar la plataforma y reconocemos como fundamentales los recursos que se incorporaron y que en definitiva permiten un mejor acceso a la información pública de parte de la ciudadanía. De igual manera, celebramos que se haya tratado de un proceso inclusivo en el que se hizo partícipe a las organizaciones de la sociedad civil.
Contacto
«A través de su financiamiento y apoyo técnico, una compleja gama de instituciones públicas y privadas continúan implicadas en ataques contra defensores«, cita el informe del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los/as defensores/as de los derechos humanos, Michel Forst.
Según Forst, «hay una profunda crisis vinculada a la imposición de modelos de desarrollo que parecen favorecer los beneficios a corto plazo y la mercantilización sobre las necesidades y aspiraciones de las poblaciones locales«. El informe encontró que en muchos casos, las violaciones de los derechos y el conflicto se derivan de la exclusión de las comunidades potencialmente afectadas de las decisiones sobre sus tierras y recursos naturales.»Solo al garantizar el derecho de dichas comunidades a otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado, como se prevé en los acuerdos internacionales, se pueden evitar estos orígenes del conflicto«.
El análisis del Relator Especial se hace eco de algunas de las tendencias y desafíos críticos destacados en un escritopresentado por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo en respuesta a la convocatoria del Relator Especial para el informe. Estos incluyen el creciente papel del sector privado en el desarrollo, la falta de debida diligencia en materia de derechos humanos por parte de los bancos de desarrollo, el creciente uso de intermediarios financieros y la mala ejecución de los procesos de consulta y consentimiento.
El informe del Relator Especial destaca la «urgencia» para que los bancos de desarrollo y otros inversionistas utilicen la debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar posibles riesgos para los defensores e identificar medidas de mitigación antes de tomar decisiones de inversión. Teniendo en cuenta los compromisos de los Estados en materia de desarrollo sostenible, el Relator subrayó que «ahora es el momento de ‘predicar con el ejemplo’ y garantizar que nadie pueda ser asesinado o amenazado por el mero hecho de defender los derechos humanos».
El informe recomienda varias políticas y prácticas concretas que los bancos de desarrollo y otros inversores deberían adoptar para salvaguardar a los defensores:
- Llevar a cabo evaluaciones de impacto ex ante sobre el entorno propicio para los derechos humanos y las libertades fundamentales en los países de acogida, así como sobre los riesgos de los proyectos para defensores/as de los derechos humanos.
- Llevar a cabo un monitoreo in situ con experiencia en derechos humanos para todos los proyectos;
- Utilizar provisiones contractuales para exigir a los clientes que se aseguren de que los/as defensores/as puedan difundir públicamente y de forma segura sus reclamos;
- Exigir mecanismos de denuncia accesibles e independientes con experiencia en derechos humanos;
- Monitorear los proyectos de manera cercana en busca de represalias y, en caso de que ocurran, responder pronta y públicamente, incluso ejerciendo influencia sobre los gobiernos para investigar y responsabilizar a aquellos que usan la fuerza contra manifestantes o amenazan a quienes critican los proyectos;
- Divulgar todos usuarios/as finales de los préstamos de intermediarios financieros y garantizar el cumplimiento de las salvaguardas y los derechos humanos;
- Retener las inversiones donde las evaluaciones de impacto revelan serias amenazas para las libertades cívicas y para defensores/as.
Los hallazgos del Relator Especial se hacen eco de muchas de las prioridades y recomendaciones de la campaña Defensores/as en el Desarrollo liderada por la Coalición junto con grupos de la sociedad civil de todo el mundo. La campaña está trabajando para garantizar que las actividades de desarrollo respeten los derechos humanos, que los financiadores del desarrollo promuevan un entorno propicio para la participación pública, y que los/as defensores/as puedan defender sus derechos y responsabilizar a los actores del desarrollo sin temor.
Fuente: Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo
Fuente de imágen: Accountability Counsel