Desde Fundeps, con el apoyo de UNICEF Argentina, llevamos adelante un análisis de las medidas que cada provincia argentina adoptó para adecuar el funcionamiento de sus comedores escolares durante la pandemia. Los datos recopilados permitieron elaborar un conjunto de recomendaciones para mejorar la calidad nutricional de los alimentos provistos y salvaguardarla transparencia de los procesos de gasto público y gestión de la política.
El día viernes 21 de agosto se llevó adelante junto con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, de manera virtual, el primer conversatorio sobre Interrupción Legal del Embarazo, Pandemia y Telemedicina. Este encuentro tuvo como objetivo repasar la normativa vigente, socializar los diferentes desafíos que se presentan a la hora de implementar la ILE durante la pandemia, las limitaciones que enfrentan profesionales de salud y las ventajas de la Telemedicina.
En el contexto actual de pandemia, la OMS se ha pronunciado considerando que son “servicios esenciales” distintas prácticas sanitarias, tales como la vacunación sistemática, el tratamiento de enfermedades crónicas, y los servicios de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, entre los que incluye la atención durante el embarazo, el parto y la Interrupción Legal del Embarazo. De igual manera lo hicieron las autoridades de salud nacionales y diversas instituciones especializadas en salud. Sin embargo, la falta de información y de medidas por parte de las autoridades competentes, junto a la ausencia de un marco legal claro, dificultan a profesionales de la salud poder cumplir de manera efectiva con las prácticas de la ILE, y a las personas gestantes ejercer derechos que, en la situación sanitaria actual, requieren especial atención a los fines de evitar su avasallamiento.
En el encuentro, del que participaron un total de 40 profesionales de la salud, se habló sobre el marco legal bajo el que se rige la práctica de Telemedicina en Córdoba y Argentina en general, en el contexto particular de la pandemia e independiente de él, se dieron ejemplos prácticos y paralelismos con normativas internacionales. La instancia sirvió también para poner en común distintas experiencias vivenciadas por profesionales, quienes destacaron la importancia y necesidad de espacios para el intercambio de herramientas, información y actualización de conocimientos normativos para el ejercicio de las prácticas de manera segura, tanto para pacientes como para profesionales de la salud intervinientes.
Presentación de la cartilla “Abortar con derechos durante la pandemia: Interrupción Legal del Embarazo como servicio esencial”
Fundeps presentó en el encuentro un documento que desarrolla los aspectos técnicos y jurídicos que se deben contemplar a la hora de garantizar la Interrupción Legal del Embarazo durante la crisis generada por el coronavirus, con referencias a protocolos y recomendaciones elaborados por la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones sanitarias. Contiene además un apartado sobre el uso de la teleasistencia para la atención de estas prácticas, considerando las modificaciones impulsadas recientemente por la pandemia. El documento es una síntesis de la información actualizada para la atención de la ILE, siguiendo los principios de reducción de riesgos y optimización de recursos.
El intercambio de conocimiento como herramienta fundamental
Celebramos estas instancias de formación e intercambio con diferentes actores que intervienen en la realización de los derechos humanos, como en este caso, los y las profesionales de la salud. Encuentros como este son fundamentales para que estas prácticas sanitarias se lleven adelante sin riesgos ni temores y de manera completa, informada y segura.
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Autoras
Irene Aguirre
Luz Baretta
Contacto
Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org
Por medio de un pronunciamiento dirigido a los Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, organizaciones de la sociedad civil, comunidades campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes y personas con discapacidad de América Latina y el Caribe expresamos nuestra preocupación frente a las elecciones presidenciales de la Institución. En particular, planteamos nuestro rechazo frente a la decisión del gobierno de Estados Unidos de presentar un candidato norteamericano para para presidir el Banco, y frente al mismo proceso de elección, que no da lugar a la participación de las organizaciones sociales y las comunidades.
El 12 y 13 de septiembre el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- elegirá un nuevo presidente que reemplazará a Luis Alberto Moreno, tras 15 años ininterrumpidos de gestión. Las elecciones tendrán lugar a través de una reunión extraordinaria de la Asamblea de Gobernadores que se realizará de manera virtual. Distintos países de la región han postulado candidatos, como Argentina que nominó a Gustavo Béliz y Costa Rica a Laura Chinchilla. Sin embargo, lo que genera preocupación en el actual proceso de selección presidencial del BID, es la postulación por parte de EEUU del candidato Mauricio Claver Carone. Esto, además de ir en contra de la regla no escrita del BID de que la Institución debe ser dirigida por un representante latinoamericano, amenaza la capacidad de toma de decisiones de los países prestatarios del Banco, habida cuenta de que Estados Unidos posee el mayor porcentaje de capital y votos dentro de la Institución.
En un contexto signado por la crisis del multilateralismo que atraviesa el mundo; la crisis socio ecológica y climática que tiene un impacto particularmente grave en Latinoamérica; los históricos problemas de inequidad, desigualdad y pobreza de la región; y los impactos y repercusiones económicas, sociales y en materia de salud que está generando la pandemia del Covid-19, la transición en la presidencia del BID resulta clave para el futuro de la región.
Por ello, hoy más que nunca el BID requiere de un líder calificado que sea capaz de posicionarse críticamente respecto al rol que le toca jugar a la Institución frente al complejo panorama que vivencia la región, y que esté predispuesto y sea capaz de promover un modelo diferente de desarrollo. En ese sentido, la persona designada para la presidencia del BID debería cumplir necesariamente una serie de requisitos que incluyen, entre otros, los siguientes:
- Un claro y expreso compromiso por el multilateralismo, en un momento en donde la legitimidad de las instituciones internacionales está siendo cuestionada y atacada;
- Una amplia experiencia y conocimiento de la realidad de los países de la región y los retos a los que se enfrentan en el contexto actual;
- Un claro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de las comunidades, los pueblos indígenas y la sociedad civil en el accionar de la Institución;
- Conocimiento y experiencia en agendas de desarrollo que reflejen un compromiso por el interés público, la protección y promoción de los derechos humanos, la igualdad de género, la necesidad de hacer frente de manera inmediata a los efectos del cambio climático y de apostar por un modelo de desarrollo realmente sostenible y centrado en las comunidades y los pueblos indígenas.
A su vez, el pronunciamiento, al que adhirieron más de 50 organizaciones, enfatiza que la elección debe ir más allá de la votación y abrir espacios de diálogo de los candidatos y candidatas con la sociedad civil y las comunidades. Tras 15 años ininterrumpidos bajo el liderazgo de una presidencia que le impregnó características particulares, y en muchos casos cuestionables, a la gestión y accionar del Banco, se presenta una oportunidad única para conocer más a fondo las posiciones y propuestas de los diferentes candidatos y candidatas frente a las preocupaciones y demandas de las comunidades y la sociedad civil; y en relación al contexto imperante en la región.
Esperamos que el BID esté a la altura de las circunstancias actuales y aproveche esta oportunidad para asegurar que quien acceda a la presidencia del Banco, sea realmente la persona más calificada y adecuada para dirigirlo ante el complejo momento que atraviesa la región.
Más información
- Pronunciamiento de organizaciones de la Sociedad Civil, Comunidades campesinas, Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y personas con discapacidad frente a la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- ¿El fin de una tradición histórica en la presidencia del BID? – Fundeps
Contacto
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
Por medio de un pronunciamiento dirigido a los Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, organizaciones de la sociedad civil, comunidades campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes y personas con discapacidad de América Latina y el Caribe expresamos nuestra preocupación frente a las elecciones presidenciales de la Institución. En particular, planteamos nuestro rechazo frente a la decisión del gobierno de Estados Unidos de presentar un candidato norteamericano para para presidir el Banco, y frente al mismo proceso de elección, que no da lugar a la participación de las organizaciones sociales y las comunidades.
La siguiente cartilla desarrolla los aspectos técnicos y jurídicos que se deben contemplar a la hora de garantizar la Interrupción Legal del Embarazo durante la crisis generada por el coronavirus, con referencias a protocolos y recomendaciones elaborados por la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones sanitarias. Contiene además un apartado sobre el uso de la telemedicina para la atención de estas prácticas.
El martes 5 de agosto enviamos al BID un nuevo documento con observaciones y comentarios sobre el segundo borrador del Marco de Política Ambiental y Social desde una perspectiva de género.
En diciembre de 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- publicó el borrador del Marco de Política Ambiental y Social -MPAS- para modernizar sus políticas ambientales y sociales. En enero de este año, iniciaron las consultas públicas presenciales y virtuales, donde Fundeps estuvo presente. En abril, enviamos un documento con comentarios y observaciones al borrador del MPAS desde una perspectiva de género,que contó con el aporte de otras organizaciones de la sociedad civil. En este documento señalamos, sobre todo, la falta de transversalización de la perspectiva de género en todas las normas de desempeño del borrador MPAS.
A principios de julio, el Banco publicó el segundo borrador del MPAS en el cual incorporó algunas de las recomendaciones enviadas por las partes interesadas (sociedad civil, comunidades indígenas, comunidad afrodescendientes) y dio inicio a la segunda fase del proceso de envío de comentarios que finalizó el martes 5 de agosto. Desde Fundeps, analizamos este segundo borrador del MPAS y enviamos un nuevo documento con observaciones y comentarios desde una perspectiva de género, con el objetivo de que se incorporen cuestiones que consideramos fundamentales al contemplar los derechos humanos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas LGTTTBIQ+ en el nuevo marco social y ambiental del BID.
Entre los principales puntos identificados, encontramos aspectos positivos que han sido incorporados como la referencia a la Norma de Desempeño -ND- 9 sobre igualdad de género en las ND 1 (Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales), ND 2 (Trabajo y Condiciones Laborales), ND 5 (Adquisición de Tierra y Reasentamiento Involuntario) y ND 10 (Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de la Información). Otro aspecto a destacar es la incorporación de la Convención 190 de la OIT en contra de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo y el Convenio 100 sobre Igualdad de Remuneración.
Sin embargo, aún restan muchos aspectos por incorporar que creemos son fundamentales para garantizar la igualdad de género y la transversalización de la perspectiva de género en los proyectos que financia el Banco. Entre las cuestiones necesarias que se deben añadir al nuevo MPAS se encuentra el deber del Banco de incorporar explícita y transversalmente los Tratados, Acuerdos y Convenciones internacionales vigentes y futuros que contemplen los derechos de niñas, adolescentes, mujeres y personas LGTTTBIQ+. Además, el Banco como principal responsable debe transversalizar la perspectiva de género en todo el Marco para evitar la ceguera de género.
Una cuestión preocupante es el reemplazo de la Política sobre la Igualdad de Género en el Desarrollo por la ND 9. Aquí el Banco debería mantener la vigencia de la Política como complemento de la ND 9 sobre Igualdad de Género. Por último, recalcamos la necesidad de que el BID incorpore la gran diversidad de identidades sexo-genéricas ya que en el MPAS no se mencionan a las personas LGTTTBIQ+ sino que se las identifica como minorías sexuales y de género. Por ello, insistimos en que se enuncia de manera específica a las personas LGTTTBIQ+ para garantizar la visibilización y reconocimiento de su existencia y derechos.
Más información
- Género y Diversidad – BID
Autora
Sofía Brocanelli
Contacto
Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
A principios de julio, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- publicó el segundo borrador del Marco de Política Ambiental y Social -MPAS- y dio inicio a la segunda fase del proceso de consultas que duró 30 días. El presente documento fue realizado en este marco y contiene observaciones y comentarios sobre el segundo borrador del MPAS desde una perspectiva de género.
El pasado 11 de agosto, a través de una Resolución del Boletín Oficial, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería definió su nuevo organigrama y oficializó la creación de la Dirección Nacional de Agroecología, la cual estará presidida por el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá quien es el presidente de Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (Renama). Esta dirección actuará bajo la órbita de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional.
La dirección tendrá como objetivo principal “intervenir en el diseño e instrumentación de políticas, programas y proyectos que promuevan la producción primaria intensiva y extensiva de base agroecológica en todas sus escalas, articulando con productores, organizaciones agrarias y gobiernos municipales y provinciales”. Para cumplir con ello se prevé, entre otras acciones, la creación de un Plan Estratégico de Transición Productiva que contenga los objetivos, metodología y destinatarios para la implementación agroecológica; y el otorgamiento de asistencia técnica, crediticia y tributaria para promover dicha actividad.
Esta decisión gubernamental es histórica para nuestro país, y se enmarca dentro de la creciente crisis ambiental y la necesidad de establecer políticas públicas acordes, tales como el diseño de alternativas al modelo de producción agrícola que rige en la actualidad. Se trata de una decisión que reconoce el enfoque que han venido desarrollando desde hace años diversas organizaciones de agricultores quienes han creado alternativas para enfrentar el sistema hegemónico. Se suma a esto que el actual Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, ha señalado en reiteradas oportunidades el riesgo que conlleva la utilización de pesticidas y fitosanitarios en la salud de la población y el ambiente, clasificando a los mismos como “venenos”.
En este sentido, la agroecología plantea otra forma de producir alimentos, la cual en palabras de Eduardo Cerdá “implica tener en cuenta y poner en juego todos los procesos ecológicos al hora de producir agropecuariamente. No es una mirada empresarial, es una mirada de sistema, de entender los procesos naturales que funcionan en un campo. Al tener en cuenta todos los procesos, es más fácil cuidarlos”.
Por estos motivos vemos con buenos ojos la puesta en marcha de esta dirección a nivel nacional, ya que supone un cambio de visión en la forma de producir alimentos en nuestro país e implica un avance en la tan prometida soberanía alimentaria. Creemos que esta medida brinda el impulso inicial adecuado para darle lugar y espacio a esta alternativa de producción que tiene como base la sustentabilidad y el cuidado de la salud de las personas y el ambiente. Se logra de esta manera incorporar una perspectiva social y ambiental al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca sumamente necesario en estos tiempos.
Autoras
Maria Laura Carrizo Morales
Ananda María Lavayén
Contacto
Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org
Mientras que la cooperación como vínculo interestatal se ha visto resentida entre la mayoría de los países, en el marco de la pandemia de Covid-19 China y Argentina han optado por cooperar en materia sanitaria.
Durante la pandemia Covid-19 y la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), se llevaron a cabo diversas acciones de cooperación en materia sanitaria entre la República Popular de China y la República Argentina. Con el propósito de mitigar los efectos adversos causados por la pandemia, China ha cooperado con la Argentina tanto en el ámbito público como en el privado para fortalecer el sistema sanitario nacional.
En lo que respecta al ámbito público, la cooperación hizo hincapié en donaciones y compras de elementos sanitarios, a nivel nacional y subnacional. En este sentido, la provincia de Buenos Aires importó desde China, por un valor de 54 millones de dólares, 5,5 millones de barbijos descartables, 300 mil barbijos N90, 83 mil antiparras, 700 mil máscaras faciales y 12 millones de pares de guantes descartables. Para ello, Aerolíneas Argentinas llevó a cabo 32 vuelos a la ciudad de Shangai con un costo de 500 mil dólares cada uno. En el acto en el cual se anunció el endurecimiento de la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el 26 de junio último, el gobernador Axel Kicillof afirmó que “28 aviones con insumos sanitarios para su provincia habían arribado al país provenientes desde China”.
A nivel subnacional, la provincia china de Guizhou donó insumos médicos a la provincia de Jujuy, entre ellos un total de 9 mil mascarillas médicas donadas por el Hospital popular de dicha provincia de China. Desde 2017 ambas provincias mantienen una relación fraternal en el marco del acuerdo de intención de hermanamiento para mejorar la comprensión, fomentar la amistad, consolidar y desarrollar la cooperación amistosa.
Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas de Toda China donó a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires 200 mil barbijos tapa-boca para ser entregados a los afiliados y afiliadas del sindicato. En este sentido, la Secretaria General Lidia Fagale expresó que una de las premisas centrales en el ámbito internacional de la entidad de prensa china es el “profundo sentido de la cooperación”. Además agradeció “la actitud solidaria de las y los colegas y sus reiteradas muestras de compromiso en el fortalecimiento del vínculo bilateral”.
Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó a Fundeps, en respuesta a una solicitud de información realizada el pasado 30 de junio, que la República Argentina y la República Popular de China han mantenido contacto fluido en el marco de la lucha contra la pandemia de Covid-19 a través de videoconferencias; y que el presidente chino Xi Jinping expresó su firme apoyo a las medidas tomadas por la Argentina en relación a la pandemia.
La Cancillería detalló que se llevaron a cabo las siguientes medidas: en primer lugar, se realizaron gestiones a través de la Embajada de Argentina en China y el Consulado General y Centro de Promoción en Shanghai de los permisos pertinentes para el sobrevuelo y aterrizaje de aviones de Aerolíneas Argentinas a Shangai en la búsqueda de insumos médicos, como también el desplazamiento de personas. En segundo lugar, la Comisión Cascos Blancos asesoró en los trámites documentales referentes a la donación de bienes desde el exterior para que se ajusten a las normativas aduaneras vigentes en nuestro país.
Por otro lado, la Cancillería hizo saber que la cooperación entre ambos países es multinivel ya que se incluyen entidades subnacionales, empresas, instituciones y otras entidades, las cuales han realizado donaciones y envío de insumos a diversos actores de nuestro país. Dentro de las donaciones y envío de insumos se detallan: barbijos, trajes de protección, gafas de protección, tests de detección, guantes, protección para el calzado, entre otros. Éstos fueron destinados al Ministerio de Salud, de Defensa, de Seguridad, ministerios provinciales y municipios.
De esta forma, la cooperación bilateral en materia sanitaria entre Argentina y China refleja la creciente interacción y vinculación entre ambos países, en áreas que no solo se limitan al comercio y las inversiones sino que incluyen una amplia gama de ámbitos, como el académico, cultural, tecnológico, sanitario o científico, entre otros.
La mencionada solicitud realizada a la Cancillería argentina forma parte de un conjunto de solicitudes enviadas recientemente por Fundeps a diferentes dependencias del gobierno nacional requiriendo información respecto a diversos aspectos de las relaciones sino-argentinas y a proyectos de infraestructura y energía que cuentan con financiamiento chino. Cabe destacar en este sentido que el efectivo y oportuno acceso a información de carácter público resulta fundamental incluso en un contexto como el actual, signado por la pandemia.
Más información
- ¿Los hermanos sean unidos? Perfilamiento de la relación Sino-Argentina en el gobierno de Alberto Fernández – Fundeps
- “Operación Shanghai”: qué insumos médicos se compraron a China desde el comienzo de la pandemia» – Chequeado
- Dona provincia china de Guizhou insumos médicos a Argentina – Xinhuanet
- Barbijos para prensa – Dangdai
Autores
Florencia Harmitton
Mariano Camoletto
Contacto
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
El día 21 de julio en el noticiero central del mediodía de Canal 12 de Córdoba, la periodista Fabiana Dal Prá entrevistó a una víctima de violación. Denunciamos ante la Defensoría del Público, su abordaje que fue un ejemplo de violencia mediática y simbólica, mostrando cuánto falta aún de formación en perspectiva de género en los medios de comunicación.
“¿Te echás la culpa de algo?” pregunta Dal Prá luego de que una mujer de espaldas narrara su dolorosa experiencia, visiblemente conmovida. Dahyana, la joven cordobesa que fue atacada sexualmente en Barrio Ampliación Las Palmas responde de forma contundente que ella no es culpable de nada, que ha sido víctima de un crimen sexual.
No es la primera vez que la periodista incurre en violencia mediática y simbólica. En 2019, ante el caso de Lautaro Teruel, acusado de abuso sexual a una niña de diez años, calificó el hecho al aire como un “error”. Lo mismo ocurrió en el 2018, al entrevistar a una joven que había sido abusada en inmediaciones del Estadio Kempes, a quien le preguntó, luego del relato de los hechos: “¿Estás arrepentida de cómo reaccionaste?”.
Este abordaje de los casos de abuso sexual, enfocándose en la culpabilidad de la víctima y cuestionando su accionar, solo logra minimizar el hecho de violencia física y sexual al cuál estuvieron sometidas a través de la revictimización y estigmatización. Este tratamiento es un ejercicio de violencia mediática, no sólo hacia la víctima que se ve expuesta y cuestionada, sino también hacia otras mujeres y feminidades que forman parte de las audiencias y pueden haber vivido situaciones del mismo tipo. El impacto de un accionar periodístico de estas características se ve potenciado por la amplitud en el alcance que tiene el canal y el horario central del programa.
Tampoco es la primera vez que Canal 12 comete estas formas de violencia de género ni la primera vez que recibe condena pública. Esta reincidencia no hace más que dejar en evidencia la falta de compromiso del medio con la visibilización, prevención y la lucha por la erradicación de los distintos tipos y modalidades de violencia de género.
Ante esta situación, denunciamos los hechos ante la Defensoría del Público, el organismo administrativo que protege los derechos de las audiencias, para que analice la entrevista e intervenga, haciendo recomendaciones al medio.
Violencia mediática y simbólica en los medios de comunicación
Los medios de comunicación son actores clave en la construcción y reproducción de sentidos y valores que pueden legitimar o transformar prácticas, conductas y formas violentas de entender el mundo. Son actores que tienen la posibilidad de construir una sociedad más justa y equitativa a través de la deconstrucción de roles y estereotipos de género que violentan a las mujeres y personas LGBTIQ+.
Lamentablemente no es este el caso, a pesar de estar reconocido por la ley. Estamos, otra vez, ante un medio que sistemáticamente ejerce violencia mediática y simbólica de acuerdo con las definiciones la Ley 26.485 de Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y que también están contemplados en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La violencia mediática es aquella que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
La violencia simbólica es cualquier publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.
Para evitar estos tipos de violencia a la hora de abordar casos de abuso sexual, la Defensoría del Público cuenta con una Guía para el tratamiento responsable de casos de violencia contra las mujeres, en donde indica que se debe “prescindir de abordajes que estigmaticen, culpabilicen, descrean y/o sexualicen a las mujeres en situación de violencia”, así como “privilegiar los enfoques centrados en la prevención y en la concientización de la problemática social de la violencia contra las mujeres, prescindiendo de la espectacularización y ficcionalización de los casos.”
Es urgente que los medios de comunicación y los y las periodistas se formen y se sensibilicen para desarrollar una comunicación con perspectiva de géneros, igualitaria y no sexista, pero fundamentalmente, que dejen de lado estas prácticas violentas.
La única forma adecuada y responsable de abordar mediáticamente la violencia contra las mujeres es partiendo desde una perspectiva respetuosa de los derechos humanos y comprometida con la prevención y la erradicación de las violencias.
Más información
- Comunicado de Prensa CISPREN: Medios con Perspectiva de Género
- El show de la violencia | Fundeps – septiembre, 2015
- ¿Disponibles?: Denuncia a Arriba Córdoba en Canal 12 por violencia mediática | Fundeps – septiembre, 2018
- El Show de la Mañana otra vez incurrió en violencia mediática | Fundeps – enero, 2019
Contacto
Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org
Durante diciembre del año pasado el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Sin embargo, gran parte de sus disposiciones deben de ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo Nacional para garantizar su operatividad.
La flamante Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático N° 27.520 fue sancionada en diciembre de 2019, mes en el que también fue promulgada de hecho, encontrándose plenamente vigente en la actualidad. Pese a esto, gran parte del contenido de esta normativa, requiere para su puesta en marcha la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Cabe recordar que una vez sancionada una nueva ley, es el Presidente de la Nación quien debe, a través de un decreto reglamentario, posibilitar su ejecución (art. 99 inc. 2do de la Constitución Nacional).
Si bien el contexto actual en torno a la pandemia ha imposibilitado el normal funcionamiento de la administración pública, lo cierto es que el avance de fases en torno al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, conjuntamente con la implementación de mecanismos de trabajo virtuales, han permitido en cierto grado el funcionamiento de las dependencias estatales. Tales posibilidades, sumadas a la circunstancia de que la República Argentina se encuentra en estado de «Emergencia Climática», posibilitan y reclaman la urgente reglamentación de la ley para su efectiva operatividad.
Ante la ausencia de información pública en torno a proyectos de reglamentación, y frente a una notoria demora por parte del Poder Ejecutivo, es que solicitamos información al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación a cargo del Ministro Juan Cabandié respecto al estado actual del proceso de reglamentación. Tal pedido se enmarca en el derecho garantizado por los artículos 1, 2 inciso b, y 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental N° 25.831. A partir de una respuesta será posible monitorear si existen avances en torno a la reglamentación, si existen en tal caso instancias de participación ciudadana, y si se encuentran en proceso de conformación órganos tales como el Gabinete Nacional de Cambio Climático y su correspondiente Consejo Asesor previstos por la normativa.
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Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org
En el mes de junio, Estados Unidos postuló, por primera vez desde la creación de la Institución en el año 1959, a un candidato norteamericano para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A mediados de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, postulaba como candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- a Mauricio Claver-Carone, actual asesor para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional.
La postulación pone en riesgo la vieja tradición del BID de que la presidencia del organismo recaiga siempre en latinoamericanos, mientras que la vicepresidencia es ocupada por un estadounidense. Así, desde su creación en 1959 solo han ocupado la presidencia del Banco cuatro presidentes, todos ellos de América Latina: el chileno Felipe Herrera (1960-1970), el mexicano Antonio Ortiz Mena (1970-1988), el uruguayo Enrique Iglesias (1988-2005) y el colombiano Luis Alberto Moreno (2005-2020).
Si bien el Convenio Constitutivo del BID no establece ningún condicionante en relación a la nacionalidad de quien deba ocupar la presidencia, existe una norma no escrita desde su misma creación por la cual el organismo debe ser dirigido por una persona de la región. Incluso fue una de las condiciones por las cuáles se terminó aceptando que la sede del Banco se encuentre en Washington DC. Este tipo de normas no escritas en relación a la nacionalidad de sus presidentes se puede encontrar también en otras instituciones multilaterales . Por ejemplo, la presidencia del Banco Mundial siempre ha sido ocupada por una persona de EE.UU, el Fondo Monetario Internacional -FMI- ha sido presidido, históricamente, por un representante de Europa y, como se mencionó, el BID por una persona de América Latina.
El nuevo presidente del BID, que será elegido por la Asamblea de Gobernadores del Grupo BID el 15 de septiembre en Barranquilla, Colombia, sustituirá a Luis Alberto Moreno , quien está en la presidencia del Banco desde el año 2005. Además, con la postulación de EE.UU. disminuyen las chances para el argentino Gustavo Béliz, ya que países de América Latina como Brasil, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Colombia y Uruguay apoyan la candidatura de Claver-Carone.
Más información
- Rechazo de expresidentes latinoamericanos a la intención de EEUU de postularse para presidir el BID – ámbito
- El riesgo de ruptura de Trump con el BID por postular un candidato a la presidencia del banco – Agencia EFE
- Trump quiere controlar el BID en medio de la profunda crisis económica de América Latina – Agencia Telám
- Mauricio Claver-Carone, aspirante a presidir el BID: “Mi candidatura representa un gran compromiso por parte de los EEUU” – Infobae
Autores
- Gonzalo Roza
- Sofía Brocanelli
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- Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org