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El BID Invest presentó una versión revisada del Manual de Implementación para su Política de Sostenibilidad

A través de una sesión virtual, el pasado 25 de febrero el BID Invest presentó la última versión revisada del Manual de Implementación para su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social. El documento resulta clave para alcanzar una correcta y efectiva implementación de la política aprobada en abril de 2020 y que entró en vigencia el pasado mes de diciembre.

Tras ser aprobada por el Directorio Ejecutivo el 10 de abril de 2020, el pasado 15 de diciembre entró en vigencia la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest. La última versión revisada del Manual de Implementación para dicha política  fue presentada el 25 de febrero a través de una sesión virtual en la que participaron más de 20 representantes de organizaciones de la sociedad civil. 

El nuevo Manual de Implementación se sustenta en el Marco de Sostenibilidad del Banco compuesta por las Política de Sostenibilidad y las políticas y normas que la acompañan como la Política de Acceso a la Información, las Normas Desempeño de la CFI, la Política del MICI, entre otros. El propósito de este Manual es orientar a clientes en su accionar de acuerdo a los diferentes factores y entornos que pueden presentarse, teniendo en cuenta los principios y requisitos del Marco de Sostenibilidad del BID Invest. También, el Manual aborda de manera general, las actividades que contempla el ciclo de un proyecto y los mecanismos de rendición de cuentas a los que las personas y comunidades pueden acceder en caso de que el proyecto las afecte. 

Por otra parte, contempla los factores de riesgo que se pueden presentar o que ya se presentan en el entorno donde se realiza el proyecto. Entre los temas y  factores de riesgo que el Manual menciona se encuentran los grupos vulnerables, derechos humanos, la inclusión y participación de las partes interesadas en el proyecto, condiciones laborales, entre otros. 

Un avance importante es la incorporación de la Lista de Exclusión que enumera las actividades que el BID Invest no financiará por los efectos adversos ambientales y sociales. 

Sin embargo, la aplicación del Manual no es obligatoria para el Banco o para sus clientes ya que  se constituye más bien en una hoja de ruta que contempla los requisitos del Marco de Sostenibilidad Ambiental y Social, y las buenas prácticas internacionales y lecciones aprendidas que sus clientes pueden o no aplicar. Además, si bien aborda las opciones con las que cuenta el Banco en caso de incumplimiento de la Política de Sostenibilidad por parte de sus clientes, hay poca precisión respecto a la forma y los requisitos en los que se aplicarían dichas opciones.

De esta forma, resta por verse si este manual termina resultando realmente efectivo para llenar los vacíos que ha dejado la Política de Sostenibilidad en vigencia. Para ello resultará clave no solo un fuerte compromiso por parte del Banco y sus clientes, sino también un trabajo de monitoreo y seguimiento a la efectiva implementación de la política por parte de la sociedad civil.

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

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Seria falta de transparencia en el banco de desarrollo FMO

El banco de desarrollo holandés FMO no es lo suficientemente transparente sobre los proyectos que financia y, de esta forma, actúa en contra de su mandato. Esto se hace evidente en un nuevo informe publicado por International Accountability Project (IAP)  y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sostenibles (Fundeps), respaldado por 28 organizaciones, incluidas Both ENDS, SOMO y Oxfam Novib. La investigación evalúa las prácticas de divulgación y acceso a la información del FMO para las inversiones propuestas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020. Solo en el 25% de los casos se divulgaron las posibles consecuencias negativas que tendría una inversión del FMO para las personas y el medio ambiente.

 “Si se tala el bosque cercano a tu aldea para construir una plantación de palma aceitera, o si hay una gran presa en el río de la que dependes para obtener agua y peces, necesitas tener acceso a información para defender tus intereses y tener voz en la toma de decisiones ”, dice Anne de Jonghe de Both ENDS. “Tienes derecho a conocer los costos y beneficios para tu comunidad, antes de que puedas considerar qué es lo mejor para ustedes. Como inversionista, el FMO comparte la responsabilidad de esta provisión de información, pero desafortunadamente se queda muy corta en esto».

Operar con dinero público

La respuesta del FMO al informe muestra que el propio banco cree que la responsabilidad de hacer pública la información y los posibles efectos negativos de las inversiones en las personas y el medio ambiente recaen en los desarrolladores del proyecto y sus clientes. Sin embargo, como banco de desarrollo que se financia en gran medida con dinero público, el FMO tiene la misión y la responsabilidad de invertir en proyectos sostenibles y justos que mejoren la vida de las personas y respeten los derechos humanos. Una forma de garantizar esto es esforzarse por lograr la mayor transparencia posible sobre las inversiones previstas y permitir que las comunidades afectadas participen de manera significativa en la toma de decisiones en torno a un proyecto. Esta investigación muestra que el FMO todavía tiene mucho camino por recorrer para cumplir con el derecho a la información de las comunidades.

Sin informes sobre impactos sociales y ambientales

El análisis de 241 proyectos divulgados en el sitio web del FMO entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020 revela que los posibles impactos negativos de estas inversiones se revelaron solo en 59 casos (25%). Para las 182 inversiones restantes (75%) no había información disponible en el sitio web.

Anexos con información técnica más detallada, como informes sobre impactos sociales y ambientales, no estaban disponibles bajo ninguna circunstancia en el sitio web. “Es más, la poca información que se divulga solo está disponible en inglés, mientras que el FMO tiene inversiones en todo el mundo, a menudo en países donde el inglés no es el primer idioma o ni siquiera el segundo”, dijo Ishita Petkar del International Accountability Project (IAP). «Como banco de desarrollo, es responsabilidad del FMO asegurarse de que están cumpliendo el derecho a la información para las comunidades que impactan. El verdadero desarrollo requiere respetar los derechos humanos – el FMO debe garantizar que la información vital, incluidos los documentos técnicos, se divulgue y sea accesible en los idiomas nacionales y locales».

FMO debe mejorar la política y la práctica

Las 28 organizaciones han escrito una carta al FMO pidiendo al banco que revise a fondo y fortalezca su política y práctica de acceso a la información. Esto incluye mejorar la información divulgada en el sitio web del FMO, adoptar principios respaldados internacionalmente sobre el acceso a la información y obligar a los clientes a divulgar completamente la documentación del proyecto. El FMO también debe garantizar que la información se divulgue en formatos comprensibles y llegue a las comunidades interesadas, de modo que puedan participar de manera significativa en los procesos de toma de decisiones del proyecto como beneficiarios previstos del desarrollo.

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¿Cuál ha sido el impacto del COVID-19 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Presentamos un documento analizando el impacto de la pandemia COVID-19 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron adoptados en el 2015 por los Estados Miembros de la ONU, con el propósito de finalizar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y prosperidad para todas las personas para el año 2030. Los ODS son 17 objetivos integrados entre sí en los cuales las acciones o impactos en uno afectarán a otro/s.

La situación generada por la pandemia no es para nada alentadora, ya que se han agravado las cuestiones desfavorables preexistentes como el aumento de la pobreza y el hambre, el incremento de las desigualdades, el aumento del desempleo, la crisis sanitaria y de saneamiento, la recesión económica, el acceso restringido a la educación, el retroceso respecto a la igualdad de género, entre otros aspectos.

Así, el documento «Impacto del COVID-19 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible», elaborado de manera colaborativa, analiza y reflexiona el impacto del COVID-19 en los ODS, las consecuencias positivas y negativas de la pandemia mundial sobre cada uno de los 17 objetivos.

El actual contexto ha planteado desafíos para los Estados y los organismos internacionales en la toma de decisiones, y en el establecimiento de acciones realmente efectivas para evitar que este tipo de situaciones se repitan. De esta manera, el panorama hizo que tuviéramos que repensar si el sistema es efectivo o si debemos construir otro modelo de futuro, uno más equitativo, inclusivo, justo y sostenible. Por lo que, la situación que está atravesando el mundo puede significar una oportunidad para replantearnos qué futuro queremos construir de ahora en adelante.

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OSC señalan las debilidades de la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest

 El 15 de diciembre comenzará a regir la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest. Organizaciones de la Sociedad Civil de la región emitimos una Declaración Pública alertando sobre las debilidades que presenta la nueva Política.  

El 10 de abril el BID Invest aprobó  la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social que entra en vigencia mañana, 15 de diciembre. Luego del proceso de consultas públicas presenciales y virtuales que el Banco realizó el año pasado donde participaron organizaciones de la sociedad civil, comunidades campesinas, pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes, a fines de mayo se presentó  la nueva política del brazo privado del Grupo BID. 

A pesar de la participación, a través del envío de comentarios,  de las partes interesadas en el período de consultas públicas presenciales y virtuales, en la nueva Política se observa la escasa y hasta nula incorporación de cuestiones consideradas relevantes.  Por tal motivo, y frente a las debilidades y limitaciones que presenta la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social, las OSC de la región emitimos una Declaración Pública alertando sobre la precariedad de la política, las consecuencias que traería a los países de la región y el retroceso que significa en comparación con la Política anterior. 

Entre los puntos principales que destacamos en la Declaración sobre las limitaciones de la nueva Política se encuentran, en primer lugar, la adopción directa de las Normas de Desempeño Ambientales y Sociales de la Corporación Financiera Internacional -CFI- que datan del año 2012, sin incluir cambios o adaptaciones a las nuevas realidades, por lo que resultan  obsoletas para el contexto actual de desafíos ambientales y sociales a los que se enfrenta América Latina y el Caribe. 

Otra limitación importante es la ausencia de responsabilidad subsidiaria y solidaria por parte del BID Invest respecto del accionar de los actores sobre los que tiene influencia, es decir se desliga de responsabilidad institucional ante los posibles impactos negativos que puedan ocasionar las actividades que financia donde la responsabilidad recaerá únicamente sobre el cliente. Esto, significa el debilitamiento de las protecciones en el ambiente y en lo social creadas con el fin de evitar los impactos adversos que ocasionan los proyectos. En esta línea, el BID Invest omite su deber de “hacer cumplir” lo que significa que se reserva el derecho a decidir en qué casos va a aplicar medidas correctivas y en cuáles no. 

Además, en la Declaración Pública se resalta la vaguedad y ambigüedad del lenguaje utilizado en la nueva Política ya que favorece a que el Banco actúe de acuerdo a lo que considere pertinente así como incrementa el riesgo de incumplimiento por parte de los  clientes. 

Por último, uno de los puntos más alarmantes son los vacíos que hay en los compromisos respecto al ambiente y a lo social. Respecto al medio ambiente, el compromiso con la mitigación es frágil ya que no se establecen restricciones expresas a las emisiones de gases de efecto invernadero -GEI-, solo por mencionar un caso. En lo relativo a lo social, si bien la política deja en claro su compromiso de promover buenas prácticas internacionales, en cuestiones como Derechos Humanos, Represalias, Gestión de Riesgo de Género e Igualdad así como en Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de la Información, se evidencia un compromiso superficial y débil al abordarlas. Por ejemplo, en relación a los derechos humanos, no se mencionan derechos esenciales como los económicos, sociales y culturales o el derecho a un ambiente libre de contaminación. 

Luego, en lo relativo a la participación de las partes interesadas, no se establece compromiso alguno para asegurar la participación oportuna, significativa y culturalmente apropiada. La Política se compromete a establecer un sistema de recepción y seguimiento de denuncias de represalia, no se detalla un procedimiento para resolverlas como tampoco sigue las recomendaciones de la guía especializada elaborada por el MICI para la gestión de represalias y protección de defensores ambientales y activistas. 

Por último, en gestión de riesgo del género e igualdad, la Política sí incorpora la promoción de buenas prácticas pero excluye a la Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo del Grupo BID, un retroceso significativo que aumentará la desigualdad y los riesgos para las mujeres y personas LGBTQ+.

Entre muchas otras cuestiones que se abordan en la Declaración Pública, es sumamente necesario que el BID Invest sea implacable al momento de exigir el cumplimiento de los estándares ambientales, sociales y de transparencia  a sus clientes si realmente pretende  promover un crecimiento sostenible, reducir la pobreza y la desigualdad de la región. Con el actual contexto de pandemia y mirando a la situación pospandémica, BID Invest  no puede ser flexible en los procedimientos de evaluación social y ambiental y debida diligencia en las aprobaciones de operaciones de financiamiento ya que ésta es la única manera de lograr el desarrollo sostenible y reducir la crisis ambiental y social en la que se encuentra América Latina y el Caribe.  

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Autora 

Sofía Brocanelli

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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¿Por qué Argentina aún no tiene un Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos?

En la sexta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos se desarrollaron las negociaciones sobre el segundo tratado jurídicamente vinculante para regular la actividad de las empresas transnacionales. Aún resta tiempo para que este instrumento entre en vigor, por lo que continúa siendo importante que Argentina finalice con la revisión de su Plan Nacional de Acción en Empresas y Derecho Humanos para que el Estado ejerza su responsabilidad de divulgar e implementar los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. 

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos se han erigido como un estándar global para que las empresas y los gobiernos prevengan y aborden las violaciones a los derechos humanos relacionadas con las empresas. 

El próximo año, los Principios cumplen 10 años, por tal motivo, el Grupo de Trabajo Intergubernamental de la ONU, encargado de elaborar un tratado jurídicamente vinculante en esta materia, ha lanzado a mediados de este año un nuevo proyecto ‘UNGPs10+/NextdecadeBHR’ con el propósito de delinear los pasos a seguir para los próximos 10 años en materia de empresas y derechos humanos. Además, realizará un balance de los logros obtenidos hasta el momento y  analizará  los desafíos futuros y las brechas existentes. 

Sin embargo, los Principios Rectores han funcionado y funcionan como guías para los Estados y las empresas sobre cómo proteger y respetar los derechos humanos y cómo reparar a la víctimas. Pero, a menudo, la distancia entre lo que los Principios dispones suele dista de la normativa interna de cada Estado. Por ello, muchos países han desarrollado Planes de Acción Nacionales -PAN- para que los Estados sean responsables en la difusión e implementación de los Principios Rectores. También, los PAN sirven de instrumentos de cambio capaces de adecuarse al contexto local pero no responsabilizan a las empresas transnacionales por violaciones hacia los derechos humanos, por ello es relevante contar con un tratado jurídicamente vinculante en esta materia. 

Así, los esfuerzos por elaborar un tratado jurídicamente vinculante sobre empresa y derechos humanos comenzó en el 2014. Desde entonces, el Grupo de Trabajo Intergubernamental ha trabajado en el perfeccionamiento de este instrumento mejorando el contenido, alcance, naturaleza y forma del instrumento. El año pasado, se publicó el Borrador revisado del tratado vinculante y se discutió en el Foro anual celebrado en octubre del 2019. En agosto de este año, el presidente del Grupo de Trabajo Intergubernamental publicó el Segundo Borrador Revisado del instrumento jurídicamente vinculantes para regular las actividades de las empresas y en octubre se realizará el sexto período de negociaciones entre las partes involucradas. 

Sin embargo, hasta la aprobación y adopción  del Tratado  por  los Estados, continúa siendo necesaria la elaboración y aplicación de los PAN. Entonces, ¿cómo está Argentina en esta cuestión? 

En la página web de The Danish Institute for Human Rights se observa un mapa que detalla cuáles son los países que ya cuentan con PAN, cuáles lo están desarrollando y en cuáles hay otras iniciativas no estatales. Argentina se encuentra en el grupo de países que todavía está desarrollando su Plan de Acción Nacional. En consecuencia,  y debido a la importancia de contar con un PAN, en septiembre realizamos una solicitud de información al gobierno nacional consultando sobre el estado de situación del Plan de Acción Nacional argentino sobre empresas y derechos humanos. La respuesta fue brindada en dos partes, primero a finales de septiembre y luego se completó la información a mediados de octubre.

El PAN Argentino ya está elaborado y para que entre en vigor es necesario un decreto del presidente de la Nación. Sin embargo, desde Nación informaron que el Proyecto de Decreto de aprobación del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos se encuentra en revisión por las autoridades gubernamentales. Es más, aún no se ha definido si se permitirá la participación de la sociedad civil a través de consultas públicas, lo cual es necesario para lograr mayor compromiso en garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas transnacionales y el efectivo remedio a las víctimas. 

Al consultar sobre la postura del Gobierno nacional respecto al instrumento jurídicamente vinculante, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores respondieron que Argentina se abstuvo de la Resolución 26/9 del año 2014 en la cual se aprueba la constitución de un Grupo de Trabajo Intergubernamental con el propósito de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y de otras empresas comerciales respecto a los derechos humanos. Sin embargo, Argentina ha participado de todas las sesiones realizadas por el grupo de trabajo y estuvo presente en la última sesión de octubre de este año. 

Entonces, no solo es necesario y urgente que el Grupo de Trabajo de la ONU avance en la elaboración y conclusión del Tratado, también urge que Argentina haga lo mismo con su Plan Nacional de Acción en empresas y derechos humanos. Como los planes están orientados de acuerdo a los Principios Rectores, elaborados de acuerdo al contexto de cada Estado, tienen que ser producto de procesos transparentes, participativos y abiertos al diálogo. Por ello, resulta imprescindible que el Gobierno Nacional revise de manera conjunta con  la sociedad civil, academia, sindicatos y otras partes interesadas, el borrador del PAN para que efectivamente sirva de instrumento en la eliminación de obstáculos y en la promoción de buenas prácticas en el cumplimiento de los derechos humanos relacionado con las actividades empresariales.  

Desde Fundeps seguiremos monitoreando el proceso de elaboración del PAN Argentino como del Tratado Internacional Jurídicamente Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos.

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Autora 

  • Sofía Brocanelli 

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9° Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos

Desde hoy hasta el miércoles 18 de noviembre, se realiza de manera virtual el 9° Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Hoy y hasta el miércoles, se realiza  el 9° Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos organizado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Debido a la pandemia, este año, el Foro se realizará de manera virtual, permitiendo una mayor participación de organizaciones y comunidades de distintas partes del mundo. En circunstancias normales, la participación presencial a este foro se dificulta por las distancias y cuestiones económicas, por lo que significa un gran avance  su realización en un formato virtual. 

El tema del evento de este año es la “Prevención de los abusos de los derechos humanos relacionado con las empresas: la clave para un futuro sostenible para las personas y el planeta”. En el Foro se reúnen empresas, inversores, representantes de los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios, organismos de la ONU, instituciones nacionales de derechos humanos, sindicatos, academias y medios de comunicación.  

Sin embargo, debido a la pandemia del Covid-19, el Foro considerará cómo los Estados y la comunidad empresarial deben responder a ella de manera que respete y proteja los derechos humanos así como la necesidad de construir a una recuperación sostenible y centrada en las personas.    

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

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Se realizó la Primera Cumbre Finance in Common, que reunió a los bancos públicos de desarrollo del mundo

La Cumbre Finance in Common (“Finanzas en Común”), llevada a cabo desde el 9 al 12 de noviembre, es la primera cumbre global que contó con la presencia de todos los bancos de desarrollo e instituciones multilaterales del mundo. Organizaciones de la sociedad civil de diferentes regiones nos hemos manifestado ante la ausencia de los derechos humanos y las voces de las comunidades en la agenda del evento.

Entre el 9 y el 12 de noviembre de 2020 se realizó la Cumbre Finance in Common, que contó con la presencia de 450 Bancos Públicos de Desarrollo del mundo, instituciones multilaterales, jefes de Estado, representantes del sector privado, sociedad civil, academia, entre otros. El evento fue una iniciativa de la Federación Mundial de Instituciones Financieras para el Desarrollo -FEMIDE- y del International Development Finance Club -IDFC-. Fue patrocinado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron y por la Agencia Francesa de Desarrollo -AFD; y contó con la participación del Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres.

La cumbre se centró en el rol crucial que poseen los Bancos Públicos de Desarrollo como actores capaces y necesarios para brindar una respuesta colectiva a los desafíos globales, acordando medidas de recuperación sostenible a corto plazo sobre la crisis del COVID-19 y con un impacto a largo plazo en el medio ambiente y en las sociedades.  Sin embargo, en la agenda de la Cumbre no se abordaron los derechos humanos, derechos constantemente vulnerados y violados por las inversiones de los bancos de desarrollo. Así, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades locales, defensores y defensoras de derechos humanos no tuvieron un espacio para exponer sus inquietudes y preocupaciones.

Esto, a pesar que en el mes de septiembre, más de 200 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo enviaron una carta a la Agencia Francesa de Desarrollo solicitando que se incluyan y se prioricen los principios de un desarrollo que esté centrado en los derechos humanos. Debido a la falta de respuesta, las OSC emitimos una Declaración Conjunta haciendo un llamado a los Bancos Públicos de Desarrollo -BPD- para que inviertan sus recursos financieros en la construcción de un futuro justo, equitativo, inclusivo y sostenible para todas las sociedades del mundo. 

Esta cumbre debería ser una oportunidad para que los bancos de desarrollo modifiquen su forma de operar y coloquen como eje de sus acciones a la democracia, la inclusión, la igualdad, la solidaridad y el bien común. Es urgente que los BPD se comprometan a financiar en pos de un desarrollo justo, equitativo y sostenible, promoviendo y garantizando los derechos humanos para todos y todas, sin dejar de lado las comunidades vulnerables y marginadas. 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

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Encuentros virtuales sobre Género e Instituciones Financieras Internacionales

Dos encuentros virtuales para aprender sobre el mundo de las IFIs, sus mecanismos de rendición de cuentas, y compartir herramientas útiles con organizaciones feministas de la región. 

Las instituciones financieras internacionales -IFIs- son uno de los actores más importantes para los países de América Latina y el Caribe en lo que a financiación de proyectos se refiere. Sin embargo, es necesario que las IFIs cuenten con Políticas de Género y transversalicen la perspectiva de género en el diseño, desarrollo y ejecución de los proyectos que financian, y consideren los impactos diferenciados por género que éstos ocasionan. 

Por tal motivo, lanzamos dos encuentros virtuales en el que aprenderemos sobre las IFIs y compartiremos herramientas útiles para que, organizaciones constituidas por feminidades e identidades diversas y disidentes, construyan capacidad para monitorear los proyectos financiados por éstas. 

En el primer encuentro, nos aproximaremos al mundo de las IFIs y sus mecanismos de rendición de cuentas. Tendrá lugar el martes 10 de noviembre, a las 16h. Argentina. 

En el segundo encuentro, brindaremos herramientas para obtener información y monitorear proyectos financiados por instituciones financieras de desarrollo. Se realizará el 17 de noviembre a las 16h. 

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Se aprobó la incorporación de Argentina al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura

Hoy, 28 de octubre, la Cámara de Diputados argentina aprobó el proyecto de ley de ingreso de nuestro país al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Así, se efectiviza la incorporación de Argentina como Miembro de carácter No regional al banco. 

El 3 de septiembre, el Senado argentino dio media sanción al proyecto de ley para el ingreso de la República Argentina al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura -AIIB-. La aprobación de la ley se realizó hoy, 28 de octubre, en la Cámara de Diputados por 235 votos positivos y 4 votos negativos.

La gestión para que Argentina forme parte del Banco comenzó en el primer Foro ‘Una Franja y Una Ruta para la Cooperación Internacional’ realizado en el 2017, en el cual la gestión anterior de gobierno afirmó la intención del país de formar parte del AIIB y el Directorio del Banco aprobó el ingreso de Argentina a la Institución.

El Banco Asiático nace en el 2015 por iniciativa de China y comienza a operar en enero de 2016. Tiene 102 miembros de distintas regiones del mundo. El AIIB es una institución financiera multilateral y, entre proyectos finalizados y en proceso, ya ha financiado 138 proyectos de infraestructura.

Para Argentina la incorporación al AIIB significa una alternativa adicional de acceder a financiamiento para obras de infraestructura a través de un nuevo organismo multilateral. Sin embargo, si bien se ha planteado como una alternativa diferente a la banca multilateral occidental, el AIIB no escapa a la lógica, funcionamiento e incluso estructura institucional que caracteriza a instituciones como el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo. En ese sentido, desde la sociedad civil se han planteado críticas y cuestionamientos en torno a la transparencia, la rendición de cuentas y la sustentabilidad ambiental de los proyectos que financia el banco, lo que debería ser tenido en cuenta por Argentina a la hora de recibir financiamiento de esta institución.

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El BID aprobó su nuevo Marco de Política Ambiental y Social

El proceso de modernización de las políticas ambientales y sociales del BID comenzó en enero de este año con la primera etapa de las consultas públicas presenciales  y virtuales en los distintos países. En Argentina, la consulta presencial se realizó en marzo en Buenos Aires y el proceso de envío de comentarios  finalizó a mediados de abril. Desde Fundeps, elaboramos y presentamos al BID un documento con comentarios al MPAS desde una perspectiva de género. Además, con más de 50 organizaciones de la sociedad civil de la región enviamos al BID un documento con recomendaciones al MPAS. 

A mediados de julio, el BID publicó el segundo borrador del MPAS e inició la segunda etapa de consultas virtuales por un período de 30 días. En esta segunda etapa de consultas, enviamos un nuevo documento con comentarios al segundo borrador del MPAS desde una perspectiva de género. 

El proceso de modernización de las políticas ambientales y sociales del Banco finalizó el 16 de septiembre cuando el Directorio Ejecutivo del BID aprobó el nuevo Marco de Política Ambiental y Social -MPAS-. A partir de ahora el BID comienza un período de un año para preparar a los clientes en la implementación del nuevo marco. 

Con el nuevo MPAS ya aprobado,resulta pertinente analizar cuáles han sido las principales modificaciones incorporadas durante el proceso, a partir de la intervención y participación activa de un grupo importante de organizaciones de la sociedad civil de la región. 

Así, de acuerdo al análisis realizado por el Bank Information Center, las principales modificaciones incorporadas en el nuevo Marco han sido, en parte, producto de las recomendaciones y sugerencias realizadas por las OSC que conforman el Grupo de Trabajo sobre el BID.  En líneas generales, se destaca como uno de los principales cambios en la Declaración Política del MPAS, el compromiso del Banco para mejorar la participación de las partes interesadas de acuerdo con la obligación de respetar el derecho de acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales consistentes con los principios del Acuerdo de Escazú. 

Otro punto positivo es la incorporación del principio “hacer el bien más allá de no causar daños” que implica aumentar los beneficios del desarrollo sostenible solicitando al prestatario que informe cómo el diseño del proyecto mejorará el ambiente y la cuestión social. Además, el Banco realizará su propia debida diligencia teniendo en cuenta el compromiso, historial y capacidad del prestatario en el desarrollo e implementación  de la operación financiera. 

En cuanto a la supervisión y el monitoreo, en caso del incumplimiento de las  normas de desempeño sociales y ambientales, el BID trabajará con el prestatario brindando asistencia técnica y un mayor monitoreo del Banco y de las partes interesadas para lograr el cumplimiento de las normas de desempeño del MPAS. Por otro parte, respecto a los mecanismos de reclamación y rendición de cuentas, el Banco incorporó al MPAS una nueva disposición donde se compromete a no tolerar ningún tipo de represalias hacia quienes manifiesten su opinión y/o oposición hacían un proyecto financiado por el BID. Así, se establece un mecanismo de reclamación a nivel del proyecto, en el cual el prestatario debe tener en cuenta aspectos físicos, sensoriales y las necesidades cognitivas de las personas que participen. 

Una importante incorporación al nuevo MPAS es la lista de exclusión de actividades consistentes con los compromisos adoptados por el BID para abordar el cambio climático, es decir no financiará actividades que impliquen la exploración de petróleo y gas o la producción de energía a partir del uso del carbón. 

Principales incorporaciones en las normas de desempeño

En las normas de desempeño (ND) se destacan modificaciones generales y de género, a saber: 

  • ND 1 Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales: debe ser aplicada a todos los proyectos que financia el BID. Además, el prestatario debe considerar riesgos e impactos relacionados con los derechos humanos, género, amenazas naturales y cambio climático. En la identificación de riesgos e impactos, el prestatario tiene que considerar los impactos ambientales y sociales  directos, indirectos y acumulativos del proyecto. También, debe identificar los diversos grupos transversales históricamente desfavorecidos de América Latina y el Caribe como las mujeres, personas de diversa orientación sexual y de género, personas con discapacidad, afrodescendientes y pueblos indígenas e implementar medidas para evitar impactos diferenciados hacia éstos. Se destaca la descripción de los tipos riesgos que la norma hace, ya que al mencionar cada uno de los posibles riesgos, ayuda a su visibilización y responsabiliza al prestatario de tomar acciones al respecto.
  • ND 2 Trabajo y Condiciones Laborales: se incorporaron medidas especiales de protección y asistencia y para abordar la violencia, el acoso, la intimidación y explotación hacia las mujeres y personas con diversas orientaciones sexuales e identidad de género, personas con discapacidad, niños y trabajadores migrantes. Además, el prestatario tiene la obligación de proporcionar un mecanismo de quejas para los trabajadores y las trabajadoras en el cual puedan expresar sus preocupaciones y para que puedan realizar denuncias de violencia sexual y de género. Por otro lado, esta norma, a pesar de las recomendaciones realizadas,  está narrada desde una perspectiva androcéntrica que no integra las necesidades de las niñas, adolescentes, mujeres y personas LGTTTBIQ+. Esto pone de manifiesto la falta de una perspectiva de género que sea transversal a todas las normas de desempeño. 
  • ND 3 Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación: se realiza mayor hincapié en la jerarquía de mitigación y en el principio de “quien contamina paga”. También se reconoce el concepto y práctica de la economía circular. Por otro lado, esta norma reconoce el impacto desproporcionado que la contaminación tiene en las mujeres, los niños, los ancianos y las personas pobres y vulnerables, sin embargo, continúa sin hacer referencia a la norma 9 sobre igualdad de género. 
  • ND 4 Salud y Seguridad de la Comunidad: se incluye el requisito al prestatario de realizar un análisis más detallado de  la evaluación de riesgos y haga ajustes para prevenir lesiones y enfermedades cuando existan riesgos que puedan ser adversos a la salud, seguridad y bienestar de las personas. En cuanto al género, la norma hace referencia a la ND 9 en cuanto a los requisitos para abordar los riesgos de violencia sexual y de género en casos de conflicto comunal e influjos de trabajadores externos. 
  • ND 5 Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario: en el caso de esta norma, hay inconsistencia respecto al concepto de reasentamiento involuntario que se encuentra en el glosario y la que se describe en la norma. La definición del glosario es producto de la recomendación realizada por las OSC donde se define como “reasentamiento involuntario cuando las personas afectadas por el proyecto no tienen o no pueden ejercer el derecho a rechazar la adquisición de tierras o las restricciones al uso de la tierra que resultas de un desplazamiento físico o económico” en cambio en esta ND se lo define como “involuntario cuando las personas afectadas por el proyecto no tienen derecho a rechazar la adquisición de tierras…”. Por otro lado, ha sido un avance el reconocimiento de las mujeres como propietarias en caso de desplazamiento. Otra limitante en la norma es que ésta no se debe limitar a considerar, los requisitos relacionados a los Pueblos Indígenas, igualdad de géneros y participación de los interesados de acuerdo con la ND 7, 9 y 10 sino que debe incluirlos. 
  • ND 6 Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de Recursos Naturales Vivos: se destaca que el proceso de identificación de riesgos e impactos de la ND 1 debe considerar los impactos acumulativos relacionados con el proyecto sobre la biodiversidad y el ecosistema e identificar cualquier impacto residual significativo. Además, brinda una definición más completa sobre el hábitat crítico ya que incluye las áreas protegidas legalmente o áreas de alto valor de biodiversidad reconocidas internacionalmente. Respecto a la cuestión de la perspectiva de género, en esta norma continúa siendo necesaria su transversalización y la incorporación de la referencia a la ND 9. 
  • ND 7 Pueblos Indígenas: está alineado con estándares reconocidos internacionalmente. Además, agrega que el prestatario debe respetar los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación nacional, el derecho internacional o los sistemas legales indígenas. Por otro lado, de acuerdo con la participación y consentimiento, se incluye el requisito de utilizar protocolos de consulta y participación indígena para asegurar su representación como  también la de las mujeres indígenas y personas de diversa orientación sexual e identidades de género. También, en la evaluación y documentación de los recursos de las comunidades indígenas afectadas por un proyecto se requiere que sea incluyente en género y contemplar el papel de la mujer en la gestión y uso de los recursos. 
  • ND 9 Igualdad de Género: se reemplazó el término Violencia de Género por una más completa y abarcativa: Violencia Sexual y de Género. Se destaca el reconocimiento de que el trabajo de cuidado no remunerado recae en las mujeres lo que dificulta el logro de la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres. Otro punto a destacar es que el prestatario debe evaluar el proyecto para detectar potenciales impactos y riesgos basados en el género que afecten de manera desproporcionada a mujeres, niñas y minorías sexuales y de género y, en caso de identificarse riesgos e impactos, el prestatario debería realizar un Análisis de Género como parte de la debida diligencia ambiental y social. Por otro lado, respecto a las consultas, se requiere que el prestatario identifique y aborde los obstáculos que enfrentan las mujeres y las personas de diferente orientación sexual e identidades de género, garantizando una participación equitativa.  
  • ND 10 Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de la Información: la nueva ND 10 es consistente con la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales así como el acceso a la justicia ambiental del Acuerdo de Escazú.  Al igual que la ND 1, esta norma debe aplicarse a todos los proyectos financiados por el Banco. En materia de género, la incorporación de la ND 9 se considera un gran avance en la transversalización de la perspectiva de género. 

El balance que se puede realizar respecto al nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID, en comparación a la versión inicial planteada por el Banco al iniciar el proceso de revisión,  podría considerarse como bastante positivo, ya que en él se observa una amplia incorporación de las recomendaciones realizadas por las OSC al MPAS durante el proceso de consultas. Esto, a pesar de las falencias y problemas que presentó el propio proceso de consulta pública llevado adelante por el Banco y que fue en reiteradas oportunidades resaltado por las OSC de la región como un aspecto necesario a mejorar.  

Aún resta por verse si los cambios positivos introducidos en el nuevo MPAS redundará efectivamente  en un fortalecimiento de los estándares sociales y ambientales de la institución, cuestión necesaria debido al contexto de debilitamiento de normas ambientales y sociales por el que está atravesando la región, y los desafíos y amenazas que se vislumbran al respecto en un marco de reactivación económica post-pandemia del Covid-19. En ese sentido, resultará clave la forma en que se implementa este nuevo marco y cómo funcionará en la práctica la aplicación del mismo. En ese sentido, resulta prioritario que el Banco mejore la forma en que se vincula y relaciona con la sociedad civil y las comunidades afectadas, y los haga partícipes activos del proceso de implementación del nuevo marco ambiental y social.  

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Autora

Sofía Brocanelli 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

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Avanza la cooperación nuclear entre Argentina y China

En noviembre, el gobierno argentino tiene pensado avanzar en la firma del contrato para la construcción de la cuarta central nuclear de tipo Hualong, con financiamiento chino.

El gobierno de Alberto Fernández avanza en la firma del contrato de la cuarta central atómica con el gigante asiático. Los acuerdos preliminares firmados en 2014 y 2015 contemplaban la construcción de dos reactores nucleares. Uno de los reactores sería de uranio natural tipo Candu, tecnología que maneja Argentina,  y el otro reactor sería de uranio enriquecido modelo Hualong, de origen chino.

Sin embargo, en el gobierno de Macri se realizaron modificaciones a los acuerdos con China y en el 2018 se decidió construir solo el reactor tipo Hualong, modelo que se tiene previsto construir en esta gestión.  Este tipo de reactor necesitará una inversión de USD 8000 millones y para ello Argentina deberá importar el combustible para que la central funcione, lo que implica que el país dependa de proveedores extranjeros. Varios especialistas como José Luis Antúnez, Andrés Kreiner, Gabriel Barceló y Eduardo Barreiro se encuentran en contra de este tipo de reactor e insisten en la necesidad de continuar con la tecnología de uranio natural que utiliza el modelo Candu. 

Por otro lado, los defensores de la construcción del reactor Hualong como Sabino Vaca Narvaja e Isidro Baschar consideran su construcción  como una asociación inteligente con China que ayudará a fortalecer el desarrollo nacional. También, están negociando la posibilidad de que el país produzca el combustible nuclear que necesita este modelo de reactor y así evitar la dependencia de proveedores extranjeros. Además, resaltaron que la central contará con un crédito chino de USD 7900 millones que empezará a pagarse cuando el reactor genere energía eléctrica, es decir en 8 años. En cuanto a la anulación de la construcción del reactor Candu, Vaca Narvaja y Baschar sostuvieron que la Secretaría de Energía está trabajando para reactivarlo. 

Respecto a la elección de construir centrales nucleares en lugar de optar por energías renovables como la eólica y la solar, genera inquietud no solo por el mayor costo de construcción sino también por los riesgos que implica la energía nuclear. Detractores de la central nuclear Hualong sostienen que ni siquiera sería de utilidad para desarrollar el sistema científico-tecnológico, que si se da en otro tipo de reactores como el Candu.  

También se pone en duda el momento elegido para avanzar en la construcción de la central nuclear ya que, por el contexto de crisis económica y reestructuración de la deuda en la que se encuentra Argentina, no sería oportuno la toma de deuda como tampoco resulta necesaria la energía nuclear ya que en la actualidad el país no tiene déficit en la producción de energía. 

Cabe destacar que la apuesta por un mayor desarrollo nuclear se vincula estrechamente con el tipo de matriz energética y el modelo de desarrollo promovido por el país. A su vez, involucra y afecta, de manera directa o indirecta, a una amplia variedad de actores. Por lo tanto, desde Fundeps consideramos que este tipo de decisiones deberían necesariamente incluir un debate profundo a nivel social, con la necesaria transparencia y participación de los diferentes actores sociales involucrados. Desgraciadamente, este no parece ser el caso.

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Autora

Sofía Brocanelli 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

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Se realizó el V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe

El V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos en Latinoamérica y el Caribe, que se realizó de manera virtual en esta ocasión, se centró principalmente en las vulnerabilidades que se profundizaron por la actual situación de la pandemia del COVID-19 en la región.

Desde el 7 al 11 de septiembre se realizó virtualmente el V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe. El objetivo de este Foro es nuclear en un mismo espacio a gobiernos de todos los niveles, empresas, ONGs, comunidades indígenas y demás organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de funcionar como un medio para el diálogo de estos actores.

Los Foros Regionales se han convertido en un espacio clave en América Latina y el Caribe, y en otras regiones de mundo, para que los actores antes mencionados puedan intercambiar visiones e información sobre las nuevas prácticas empresariales, ordenamientos jurídicos, planes de desarrollo económico y demás actividades que pueden repercutir en los derechos humanos de distintas personas o colectivos, informar sobre estos sucesos y encontrar soluciones de una manera conjunta, abarcando todos los espacios de la sociedad.

A raíz de la pandemia del COVID-19, el Foro de este año prestó especial atención a aquellas vulnerabilidades que se profundizaron por la actual situación; aquellas personas o comunidades que ya se encontraban en situaciones desfavorables, y que, debido a la pandemia mundial, su situación ha empeorado. Los desafíos que se presentan en este escenario complejo e imprevisto deben ser abordados de manera integral y con todos los actores de la sociedad desde las empresas y los gobiernos hasta la sociedad civil y las comunidades locales, para lograr sortear esta crisis de una manera económicamente viable y ambientalmente sostenible.

La tarea en la post pandemia será lograr recuperar los estándares de vida perdidos durante este año, sobre todo por la pérdida de empleo, al mismo tiempo que la matriz productiva y las prácticas empresariales de los países se reformulan hacia una más sustentable y amigable con los derechos humanos. Uno de los instrumentos que se puede implementar para lograr este objetivo son los “Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, también conocidos como “Principios de Ruggie”, redactados en el año 2011 en el marco de la ONU.

A grandes rasgos estos 31 principios pueden resumirse en tres pilares:

  • El deber de los Estados en proteger y resguardar libertades y derechos humanos.
  • La responsabilidad empresarial de respetar estos derechos.
  • El acceso a mecanismo de reparación de daños.

Actualmente, en el marco de la ONU se están llevando a cabo negociaciones y reuniones para realizar un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos de las comunidades donde realizan sus actividades. Este año, el tratado se encuentra en una sexta instancia de revisión que será discutida en el 9° Foro anual de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, que tendrá lugar de manera virtual desde el 16 al 18 de noviembre.

Esperamos que las negociaciones en marcha culminen con un acuerdo fructífero para el conjunto de los actores y sobre todo con una acorde y correcta implementación, que no solo se limite a buenas intenciones sino que realmente sirva para mejorar la relación entre la actividad empresarial, el medio ambiente y las comunidades locales.

A su vez, existen otros lineamientos generales que se pueden seguir e implementar para el logro de los objetivos post pandemia, como las “Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales” o la “Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Foros regionales como el realizado en septiembre, o aquellos de carácter global como el que se realizará en noviembre, constituyen espacios clave. No solo para avanzar en las iniciativas en marcha arriba mencionadas, sino también para profundizar el diálogo y promover una mayor articulación entre los diferentes actores involucrados en los procesos tendientes a asegurar una mayor promoción y protección de los derechos humanos por parte del sector privado.

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Autor

Denis Rhys

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org