Los equipos de gobierno en los distintos niveles del Estado muestran que la designación de mujeres en cargos de gestión pública sigue muy por debajo de la de los hombres.

El intendente Martín Llaryora, el gobernador Juan Schiaretti y el presidente Alberto Fernández iniciaron sus respectivas gestiones con gabinetes integrados solamente en un 20% por mujeres.

Si sólo se consideran los ministerios, secretarías -y agencias en el caso de la provincia de Córdoba- se observa que sobre algo más de 20 cargos relevantes, la participación femenina no supera el 15% en provincia y municipio y apenas llega al 19% en el equipo de gobierno nacional.

El porcentaje de mujeres aumenta cuando se incorporan al análisis otros organismos estatales importantes pero que están por fuera del círculo de poder y toma de decisiones del gabinete. Sin embargo, aun así, la cantidad de mujeres está lejos de igualar a la de hombres.

Pese a los avances en materia de igualdad y equidad de género que viene forzando en la sociedad la activa participación de las mujeres en los reclamos para ocupar espacios reales de poder y decisión en la política, aún falta mucho camino por recorrer hacia la conformación de una verdadera situación de equilibrio entre ambos sexos.

Más allá de las estadísticas

Además de la dimensión cuantitativa, el tema tiene un trasfondo socio-cultural mucho más profundo atravesado por décadas de cultura machista discriminatoria de las mujeres en el ámbito político.

Para Mayca Balaguer, abogada especialista en género e integrante de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la exclusión histórica de las mujeres de los ámbitos de poder político provoca la invisibilización de las diferencias, diversidad, especificidades y necesidades de esta población que constituye la mitad de la humanidad y por eso debe ser tenido en cuenta como algo que va mucho más allá de un simple cupo.

“La paridad es un principio permanente que representa de mejor manera la igualdad en el ejercicio del poder. La paridad es una medida definitiva que busca compartir el poder político entre mujeres y hombres y transformar la idea misma de democracia”, reflexionó Balaguer.

En el mismo sentido, la consultora especialista en comunicación política y género, Paola Zuban, cree que la paridad es sólo una parte de la igualdad de género en política.

“La política debe reflejar también el cambio de una sociedad que avanza en los consensos necesarios en torno a la igualdad de género. Es un paso arriesgado, porque una igualdad real se gana con el poder, y para conseguir el poder es necesario interpelar a toda la heterogeneidad de la sociedad”, analizó Zuban.

Avances y camino a seguir

A pesar de que aún no existe una verdadera situación de equilibrio entre mujeres y hombres dentro del sistema político argentino, sí hay algunas señales de avance en la materia.

La creación de carteras específicas como el de Mujeres, Género y Diversidad en el gabinete de Alberto Fernández que estará a cargo de la abogada Elizabeth Gómez Alcorta y el Ministerio de la Mujer que tendrá a su cargo Claudia Martínez en Córdoba dan cuenta de ello.

Para Balaguer, tanto a nivel nacional como a nivel provincial se observa una institucionalización de la lucha de las mujeres y de las diversidades que ha crecido en los últimos años.

“El hecho de que estemos analizando cuántas mujeres hay en los gabinetes y quiénes son, es un avance. Ya nos hace ruido ver una foto del gobierno en donde solo se observan trajes y corbatas. Sentimos la falta de las mujeres y de otras identidades en los espacios que deben representarnos, y exigimos estar ahí. Todavía falta implementar de mejor manera la paridad en el ámbito legislativo e implementar políticas públicas orientadas a lograr la paridad en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial, que es la gran deuda”, señala Balaguer.

Por su parte, la politóloga que dirige la consultora Zuban-Córdoba, cree que, aunque la actual ley de equidad de género no garantiza la construcción de trayectorias políticas femeninas estables, ascendentes y duraderas en el tiempo, representa el puntapié inicial para avanzar hacia una verdadera igualdad.

“Es necesario que este tema vuelva a formar parte de una agenda de reformas políticas y electorales en la Argentina. La democracia en las sociedades occidentales estuvo construida de alguna manera sobre la exclusión de las mujeres de ‘lo público’. Por lo tanto, pensar de otra manera aquella distinción es también una forma de repensar nuestra democracia”, indicó Zuban.

De manera similar, Mayca Balaguer considera necesario analizar qué lugares en el poder real de toma de decisiones ocupan las mujeres en la política argentina para que, por ejemplo en el ámbito legislativo, no integren listas sólo a los fines de cumplir con la ley de paridad pero sin verdaderas posibilidades de resultar electas.

“La mera existencia de mujeres en cargos no garantiza la perspectiva de género porque no basta sólo con la mayor presencia de cuerpos femeninos, sino con personas que sean conscientes y trabajen por reducir las desigualdades de poder que nos atraviesan por cuestiones de género, sexualidad, raza, edad y clase”, aseguró la abogada especialista.

Mujeres a cargo

Gabinete Nacional:

– Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Marcela Losardo

– Ministerio de Seguridad: Sabina Frederic

– Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad: Elizabeth Gómez Alcorta

– Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat: María Eugenia Bielsa

Gabinete Provincial:

– Ministerio de Coordinación: Silvina Rivero

– Ministerio de la Mujer: Claudia Martínez

– Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar: Laura Jure

– Agencia Córdoba Cultura: Nora Bedano

Gabinete Municipal:

– Secretaria General: Verónica Bruera.

– Secretaría de Modernización: Alejandra Torres.

————————————————————————————————————————————————————————————–

Índice de Paridad Política

Este año el Gobierno provincial difundió los resultados del Índice de Paridad Política (IPP) que se elabora con ONU Mujeres e Idea Internacional en el marco del programa Atenea.

Córdoba obtuvo un puntaje promedio de 50,1% y quedó por encima del promedio nacional.

Sin embargo, si sólo se considera la presencia de mujeres en el Poder Ejecutivo provincial, el puntaje es mucho menor y apenas supera el 30%.

Al momento de la medición no había mujeres al frente de ningún ministerio provincial.

————————————————————————————————————————————————————————————–

Las leyes a favor de la equidad

La provincia de Córdoba cuenta con legislación sobre paridad de género desde el año 2000 cuando entró en vigencia la Ley 8.901 de Participación Equivalente que establece el principio de participación igualitaria entre géneros en la legislatura provincial.

Sin embargo, en la actualidad no se cumple de manera completa ya que sólo el 32,9% de las bancas están ocupadas por mujeres.

La ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política que fue sancionada a fines de 2017, establece que las listas de candidatos al Congreso de la Nación y al Parlamento del Mercosur deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y hombres.

Fuente: Perfil

Fuente: Click aquí >

Las principales organizaciones que trabajan con tecnología y ciudadanía recomendaron al intendente Martín Llaryora una serie de continuidades y varias mejoras en las políticas de datos abiertos del municipio.

n grupo de organizaciones que trabajan en la relación entre Derechos Humanos y tecnologías de la información le envió un documento al flamante intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, con recomendaciones de políticas públicas que deberían continuar, así como algunas otras que requerirían modificaciones.

“En los últimos años se han realizado valiosos avances en temas vinculados a los Datos Abiertos, Acceso a la Información Pública y la paulatina incorporación de tecnología en algunos procesos de la gestión municipal. Son pilares fundamentales para garantizar un Gobierno Abierto que pueda dar respuestas a las necesidades de los cordobeses. La incorporación de herramientas tecnológicas, alineadas a las tendencias internacionales debe trascender la alternancia partidaria y ser compatible con la ampliación de derechos ciudadanos”, dice el documento lleva la firma de Fundeps, Minka, Open Data y Desarrollo Digital. .

Los mayores elogios se los lleva el Portal de Datos Abiertos. “El innovador sitio https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/ cosechó reconocimientos especializados e importantes premios a nivel internacional”, dicen los especialistas.

El Portal de Gobierno Abierto, valorado por los expertos.

El Portal de Gobierno Abierto, valorado por los expertos.

Sobre la política de entrega de datos a la comunidad dijeron: “En estos últimos años no siempre se priorizaron la accesibilidad a la información, pero se intentó. La entrega debe ser de fácil uso y acceso, en tiempo real y de buena calidad”.

“En materia de transparencia presupuestaria, la disponibilidad de información es acompañada por datos y visualizaciones abiertas. No solamente se trata de una iniciativa que merece continuidad sino que tiene la capacidad de trasladar la experiencia a otros gobiernos locales para reutilizar”, siguen los expertos.

En particular, las organizaciones recomiendan profundizar el conjunto de dataset que poseen actualización independiente de la intervención humana. Son los casos de Obras del Municipio, Obras de Terceros, Plazas, Luminarias, algunas habilitaciones, entre otros. “El municipio debe profundizar la exposición de los datos de manera automática”, recomiendan.

La app Go no anduvo bien este jueves, pero es para los expertos una oportunidad.

La app Go no anduvo bien este jueves, pero es para los expertos una oportunidad.

La app de transporte Go, para los expertos, presenta una oportunidad que no se debería desaprovechar.

“La incipiente interacción con científicos de datos a través de la financiación de este programa por parte del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la disponibilidad de datos en tiempo real del sistema de transporte, con tableros incluidos, ofrecen una oportunidad para mejorar el control de la prestación del servicio efectuando mejoras tangibles para la comunidad”, sostienen.

“La gestión saliente realizó una primera experiencia con blockchain. Consideramos que existen diversos escenarios en los que la certificación y resguardo de documentos públicos con una herramienta criptográfica puede elevar la calidad y confiabilidad de la información pública. Se detecta una oportunidad para trabajar en alianza con la nueva red público-privada Blockchain Federal Argentina , además de representar sensibles bajas en los costos de implementación”, sugieren.

En cuanto a software libre, destacan que la de “Córdoba es una de las primeras experiencias de gobiernos locales en iniciar una política de software libre. Actualmente posee un repositorio con más de 50 productos abiertos”, valoran.

Los expertos advierten que “a gestión saliente tuvo un inicio de acuerdo con Waze y apoyo del BID cuyos resultados no fueron completados”. Sugieren que se explore esta posibilidad a futuro: “Esta y otras iniciativas están al alcance de las ciudades cuando establecen vínculos con potenciales aliados”, enseñan.

Tampoco se avanzó en el Observatorio de Género y Familia, una “interesante iniciativa no concluida”, afirman. ¿En qué está?: “se encuentra pendiente la publicación de datos vinculados a los registros de nacimientos (madres solas, edades de los padres, parejas del mismo género, uso del apellido materno, etc.)”, detallan.

Una modificación que sugieren las organizaciones es elaborar un plan de apertura de datos ciudadano, con participación de los vecinos.

Sobre conectividad, los expertos recordaron que en campaña Llaryora habló de ¨una red digital municipal de alta velocidad y dotar de internet a los edificios públicos municipales y a espacios públicos abiertos¨.

“La infraestructura de fibra y las alianzas con operadores locales de Internet y las políticas de interconexión con anclaje comunitario pueden resultar revolucionarias en una ciudad con déficits acuciantes de servicio a usuarios finales. Otra oportunidad aun más importante se advierte en el despliegue de fibra a polos productivos e industriales, además de los servicios provistos a espacios públicos”, enfatizan.

Las organizaciones le dedicaron un capítulo especial a las falencias, encabezadas por la protección de datos personales y seguridad, con los casos de exposiciones de datos de Movypark y Red Bus, como ejemplos.

“Si bien la ley nacional de Protección de Datos Personales se encuentra vigente, resulta importante incorporar un instrumento a nivel municipal para exigir grados de cumplimiento en licitaciones de productos tecnológicos. Resulta necesario efectuar auditorías de seguridad externas para los productos propios y de terceros que actualmente manejan datos de los ciudadanos. No se trata de una advertencia potencial. Existen dos casos resonantes, como el de la aplicación Movypark, que reviste suficiente gravedad y puede repetirse. El caso de la Tarjeta Red Bus, cuyas falencias de seguridad han sido documentadas por especialistas, ha tenido menor repercusión. Sin embargo, también merece atención”, advierten.

Propusieron un “delegado de Protección de Datos”, para elevar los estándares de seguridad.

En materia de acceso a la Información Pública, destacaron que “se han identificado avances con la existencia de un formulario online, dentro del sitio de Gobierno abierto”, pero también sugirieron que se trabaje en mejoras en la accesibilidad directa, que se eliminen cláusulas disuasorias injustificadas y se de seguimiento a los pedidos.

“No resulta claro si el Municipio se obliga a cumplir con el periodo de respuesta previsto en la ley. Más importante, consideramos que el formulario de solicitud online solamente puede significar un avance positivo si la Oficina de Acceso a la Información Pública procede a responder y publicar los pedidos que recibe. El ejercicio actual de esta práctica dista de ser satisfactorio”, cuestionan.

Los expertos sugirieron que se avance en un sistema similar al de transporte con otro servicio crítico: el de recolección de residuos.

“Resulta necesario aplicar avances similares a los del sistema de transporte: datos en tiempo real de GPS de las unidades, para el control de la prestación de este servicio. Hacen falta voluntad política para exigir datos y capacidad técnica para disponer las herramientas”, dicen. En los pliegos de la licitación del sistema de recolección figura el seguimiento satelital, con acceso público. Pero este seguimiento, que se conoce con la sigla Siga, sólo puede ser seguido desde las empresas que prestan la recolección y aunque se anunció que se presentaría una aplicación para que el vecino pueda seguir los recorridos en su zona, eso no se concretó.

Fuente: La Voz

Fuente: Click aquí >

La jueza Cecilia Gilardi de Negre hizo lugar al pedido del Portal de Belén y Prodeci sobre el medicamento Misop 200 del laboratorio Dominguez. La implementación hospitalaria seguirá vigente, tanto como el protocolo para ILE.

En medio del reclamo por el aborto seguro, legal y gratuito, la jueza Cecilia Gilardi de Negre en el fuero federal, hizo lugar al pedido de dos organizaciones antiderechos y dispuso suspender la venta de misoprostol en farmacias bajo receta archivada. Una disposición previamente establecida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que autorizaba la venta del medicamento del Laboratorio Dominguez.

La medida se da luego del amparo que impulsaron dos organizaciones civiles: Portal de Belén -que había logrado trabar la implementación del protocolo de aborto no punible en Córdoba hasta que el TSJ se pronunció en contra- y la Asociación Promoción de los Derechos Civiles (Prodeci) de Buenos Aires.

Ambas asociaciones pidieron también que sea nulo el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, establecido en  artículo 86 del Código Penal incisos 1º y 2º argumentando que se pone el riesgo la salud de la mujer y del «niño por nacer», pero la Justicia no se expidió sobre ello.

Cautelar de «antiderechos»

Mayca Balaguer, abogada de la fundación Fundeps que se presentó en la causa como amicus curiae, contó a La Nueva Mañana que este juicio se inició en 2018, apenas salió la disposición de la  Anmat que permitía que se venda el misoprostol en farmacia. Tras la decisión de la jueza Gilardi de Negre, es importante destacar, que la limitación no aplica para el tratamiento en abortos no punibles realizados en los hospitales, ni tampoco habilita la suspensión de la implementación del protocolo. Solo afecta la venta en farmacias bajo receta archivada.

Antes de habilitar la venta, la Anmat ya había dado luz verde al misoprostol intrahospitalario que se fabrica en el Laboratorio Dominguez, y unos meses después salió por disposición, que ese mismo misoprostol en otra forma de suministro, se consiga en farmacias.

“Apenas sale esta última disposición, Portal de Belén inicia un amparo para que se declare inconstitucional y no se permita la venta y también solicitan -nuevamente- la suspensión del protocolo a nivel nacional», explica Balaguer y agrega: «Hacen de alguna manera, un paralelo a la causa de Córdoba, donde litigaron en contra del protocolo provincial y les fue bastante bien porque lograron que se suspensa por un tiempo”.

Por otro lado, este mismo litigio lo inició la Asociación por la Promoción de los Derechos Civiles (Prodeci), que es una organización antiderechos de Buenos Aires, que presentando una acción paralela, pidieron lo mismo que el Portal de Belén. Ambas asociaciones solicitaron que la Justicia Federal suspenda la disposición de Anmat y el protocolo nacional.

«Al haber conflictos de competencias en esas presentaciones de expedientes cuando se asientan en el registro de procesos colectivos, es decir, al tener indéntico objeto, se acumulan las dos causas en el mismo juzgado, que es el Contencioso Administrativo Número 11 de Buenos Aires, y allí la causa empieza a tramitarse de manera conjunta», detalla la abogada de Fundeps.

Por su parte, tanto el ministerio de Salud como Anmat, en su momento dieron respuesta explicando por qué entienden que no se debe dar curso a la cautelar, pero el Tribunal encontró el argumento para limitar la venta, en el mismo prospecto que expide el laboratorio junto al misoprostol.

Argumento en el prospecto

“El título Precauciones y Advertencias, establece que el misoprostol al igual que otros agentes deberá ser utilizado siguiendo una estricta observación de la dosis y régimen recomendado y que debe ser utilizado en centros hospitalarios con accesos a cuidados intensivos y medidas urgentes”, explica el prospecto y por lo tanto, entre los detalles se marca una contraindicación, que remite -como en cualquier medicamento- cuando no se usa como se debe.

“En base al prospecto el Tribunal dice que la indicación señalada torna procedente  otorgar la inmediata tutela jurisdireccional sin esperar hasta el dictado de la sentencia ante el pedido de que se utilice el Misop 200 -la droga-, para tratamientos ambulatorios”, dice la sentencia.

La Justicia “utiliza el argumento del prospecto del misoprostol que prevé determinados peligros y por lo tanto, es admisible esa petición de las partes actoras -tanto portal de Belén como Prodeci-, de suspender la aplicación de la disposición de Anmat, hasta que se resuelva de fondo este juicio», explica la abogada.

Posiblemente este viernes la Anmat, acogiendo la medida y ordenando la suspensión del artículo 2 de la disposición que autorizaba a Laboratorios Dominguez a vender misoprostol bajo receta archivada.

«Sin embargo, esto no quiere decir que suspende el protocolo, el mismo seguirá vigente y también se puede acceder a misoprostol en el hospital, lo único que se suspende es la venta bajo receta archivada que era la última disposición de la Anmat», vuelve a aclarar Balaguer.

Se espera ahora, que  las partes involucradas, tanto la Anmat, el laboratorio o el mismo ministerio de Salud y Desarrollo Social,  discutan a nivel judicial la medida cautelar.

Suspensión de la disposición de Anmat sobre la venta de Misoprostol con receta en farmacias by Weblmdiario on Scribd

Fuente: La Nueva Mañana

Fuente: Click aquí >

Organizaciones de Córdoba y de distintos puntos del país solicitan, a través de un documento, la actualización de la ley provincial de acceso a la información pública, de acuerdo a los estándares internacionales y a la ley nacional sancionada en 2016.

Por Fundeps

Córdoba cuenta con una ley denominada “Ley de Acceso al Conocimiento a los Actos del Estado” del año 1999, que no contempla los estándares mínimos para la vigencia efectiva del derecho de acceso a la información pública. En este marco, organizaciones sociales solicitamos la actualización de la normativa, siguiendo los lineamientos de la Ley modelo Interamericana y de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública.

Entre sus falencias, la ley provincial actual no establece cuáles son los principios claves por los cuales se rige el derecho de acceso a la información pública, define de forma muy restrictiva a la “información pública” y a los “sujetos obligados” a brindar información. Por ejemplo, no incluye entes que reciban fondos públicos, como partidos políticos o sindicatos, o contratistas del Estado para brindar un servicio público.

A su vez, la normativa tampoco tiene un ente encargado del cumplimiento de la ley ni establece qué información debe ser publicada por el Estado de forma proactiva, fortaleciendo, de esta manera, la democracia y la participación ciudadana.

Milagro_Teruel_ciencia-tecnologia-mujeres-met-cba-03

(Imagen: gentileza MeTCba)

Pedir información pública en Córdoba

A lo largo de 2019, desde Fundeps presentamos un total de 62 pedidos de información pública a diversas dependencias públicas provinciales y municipales, de los cuales obtuvimos sólo 3 respuestas satisfactorias. De esas 62 solicitudes, 54 fueron no respondidas y, de los 5 restantes, obtuvimos “respuestas” de las más diversas, en algunos casos poco claras o incompletas, y en otras respuestas tan insólitas como “no vamos a responder”. Estos pedidos de información contemplaron distintas temáticas vinculadas a otros derechos humanos, como la salud, el medio ambiente, el desarrollo, entre otros.}

Lo anterior hace imperioso prever mecanismos de supervisión y cumplimiento de la ley, a través de una entidad independiente. Así se podrían centralizar todos los reclamos ante incumplimiento, establecer pautas claras de actuación a quienes deben brindar la información y concientizar en cuestiones de transparencia, rendición de cuentas y de acceso a la información.

 

Necesitamos que Córdoba sancione una nueva ley de acceso a la información pública que garantice la efectiva vigencia del derecho de acceso a la información pública, clave tanto para el fortalecimiento del sistema democrático, la transparencia de la gestión pública y la efectiva vigencia de otros derechos.

Organizaciones solicitantes: Fundeps Argentina – CLADH – Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, Fundación Conocimiento Abierto, Fundación Córdoba de Todos, Desarrollo Digital, Directorio Legislativo, Foro Ambiental Córdoba, Minka, Nuestra Mendoza, PARES, Poder Ciudadano, Red Ciudadana Nuestra Córdoba, Salta Transparente, ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y Acción Colectiva.

Más información: >> Documento: Córdoba, una propuesta de actualización de la ley de acceso a la información pública

*Por Fundeps. Imagen de portada: David Puig

Fuente: La Tinta

Fuente: Click aquí>

 

  • La Red de Organizaciones Contra la Corrupción se reunió este jueves en Córdoba.

La Red de Organizaciones Contra la Corrupción (Rocc) se reunió este jueves en Córdoba. Se trata del segundo encuentro de ONG que buscan elevar los estándares de transparencia de los gobiernos e impulsar la actualización de normativas locales, como en el caso de la Provincia de Córdoba.

Las ocho organizaciones que conforman esta red marcaron como «denominador común la dificultad para acceder a información relevante y oportuna» de los Estados, en lenguaje claro para los ciudadanos comunes.

Apuntaron como desafío la falta de cátedras para profesionales enfocadas en el acceso a la información como un derecho, y propusieron modificaciones en la currícula escolar para incorporar estos contenidos.

«Hay que enseñar que a los ciudadanos les asiste el derecho a peticionar», para lo cual «acceder a la información es determinante», señalaron desde la organización.

Gentileza Rocc.

Gentileza Rocc.

En ese sentido, también reclamaron que los Estados cumplan con el requisito de «transparencia activa», ofreciendo a la ciudadanía información que ayude a controlar la ejecución de los presupuestos, avances de obras y vigilancia de los derechos de las personas, como por ejemplo el cumplimiento de políticas de salud reproductiva.

La Rocc convocó a periodistas cordobeses de distintos medios, incluido La Voz, para reflexionar sobre el tema.

Fuente: La Voz

Fuente: Click aquí>

El acceso de la ciudadanía a la información pública se complica si la transparencia no se vuelve activa. Responder pedidos de información, una cuenta pendiente

ste es uno de esos curiosos casos en que el tema de un informe, como el del Primer plano de hoy, nos atañe en particular, más allá de las consecuencias que tiene para todos los ciudadanos.

El acceso a la información pública es un derecho establecido en numerosas normas, y decisivo para el desarrollo de una sociedad y para el avance de las democracias. Es, también, la materia prima de nuestra tarea como periodistas, y como integrantes de un medio.

En esta edición, reflejamos la escasa respuesta de las autoridades a los pedidos de información que organizaciones de la sociedad civil presentaron a distintos niveles del Estado.

Estas entidades buscan esclarecer la forma en la que se deciden las políticas públicas, transparentar esas decisiones y controlar, por ejemplo, cómo se utilizan los fondos públicos. Una práctica vital para la participación ciudadana y la gobernabilidad, y contra la corrupción.

Como se puede observar, la respuesta dista de ser la óptima. Es enorme la deuda de los gobiernos en este sentido. No parece primar la idea de que la publicidad de los actos oficiales es un deber y una obligación, y no una concesión magnánima que depende de determinados caprichos o intereses. Tampoco echa raíces todavía la idea de que, aun cuando no haya mala voluntad, se deben desarrollar los mecanismos para que la información esté, y para que se difunda en plazos cortos (15 días, según la ley nacional).

Los obstáculos se replican muchas veces en el trabajo periodístico, imposible de realizar si la transparencia no se vuelve activa. Eso es lo que reclamará hoy la Red Contra la Corrupción, que se reúne en Córdoba para debatir los desafíos del acceso a la información pública en todo el país.

Tal como señala Fundeps, en el caso de la provincia de Córdoba existe una ley de 1999 que fue importante para ese tiempo, pero que hoy necesita precisiones y definiciones más amplias que las que contempla.

Sin eso, los discursos se quedan en palabras y se vuelve difícil hallar rastros de principios como publicidad, transparencia, premura y máxima divulgación.

Fuente: La Voz

Fuente: Click aquí>

Ministerio de Salud de Córdoba. Recibió una treintena de pedidos sobre el Programa de Educación Sexual y Reproductiva.

Bajo Grande. La situación de la planta de tratamiento de líquido cloacal de la ciudad es uno de los pedidos más requeridos.

Fuente: La Voz

Fuente: Click Aquí>

Organizaciones de Córdoba piden adecuarla a los estándares internacionales y a la normativa nacional, sancionada en 2016.

Distintas organizaciones sociales del país solicitan al Gobierno de Córdoba que actualice su Ley 8803 de Acceso a La Información Pública.

A través de un documento difundido por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), piden que la normativa se adecúe a los estándares internacionales y a la ley nacional sancionada en 2016.

«En pos cumplir con el derecho de acceso a la información pública, el Estado provincial ha realizado muchos avances con relación a transparentar los procesos de gestión y la información necesaria para conocer cómo funciona la administración pública y los poderes del Estado. Sin embargo, la ley provincial vigente en la actualidad no se adecúa a los requerimientos necesarios para asegurar la efectiva vigencia de este derecho», señala el texto.

«Una nueva ley de acceso a la información pública, que contemple los más altos estándares en la materia y garantice mecanismos de control y supervisión para su cumplimiento, es clave para efectivizar el derecho de acceso a la información pública en la provincia de Córdoba», amplía el documento.

Desactualizada

Dicho documento recuerda que la Ley 8803 fue sancionada en 1999 y que, aunque por entonces significó un gran avance, hoy en día «ha quedado desactualizada».

Al respecto señala una serie de falencias:

-Es una ley de 10 artículos que en su mayor medida se limita a establecer el procedimiento para acceder a la información pública y omite regular el derecho de acceso a información de forma integral, de modo que se asegure su efectivo cumplimiento.
-No enuncia, más allá del principio de “publicidad de los actos de gobierno”, otros principios claves a los fines de garantizar el derecho de acceso a la información pública a cualquier persona.
-Define de forma muy limitada “información pública” como “cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo o a las actas de reuniones oficiales”. En general por “documento” se hace referencia a un soporte escrito. Esta definición es sumamente restrictiva y delimita, en definitiva, a lo que la ciudadanía va a tener acceso o no. Lo aconsejable es que se siga una definición más amplia de información pública tal como hace la ley nacional.
-Contiene un número limitado de sujetos obligados a brindar información: en cuanto al Poder Judicial, lo restringe a su actividad administrativa; no contiene entes que reciban fondos públicos (como partidos políticos o sindicatos) o sean contratistas del Estado para brindar un servicio público.

También plantea que la nueva ley provincial de acceso a la información pública debería:

-Reconocer el derecho de acceso como un derecho humano. Este derecho permite efectivizar todos los otros derechos humanos.
-Contemplar los principios de que rigen en la materia, tal cual se reconocen en la ley nacional: publicidad, transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, apertura, disociación, no discriminación, máxima premura, gratuidad, control, responsabilidad ante el incumplimiento de la ley, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitor (en caso de duda favorecer al solicitante de información), facilitación y buena fe.
-Ampliar la definición de Información Pública. En línea con la ley nacional, debería entenderse por información pública “todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados (…) generen, obtengan, transformen, controlen o custodien”.
-Ampliar los Sujetos Obligados a brindar información. En analogía con la ley nacional, deberían incluirse los tres poderes, los organismos autónomos y toda entidad que reciba fondos o beneficios públicos.
-Establecer un sistema de sanciones e incentivos. Si bien tanto la ley nacional como la provincial prevén la sanción de “falta grave” ante el incumplimiento de las disposiciones de las mismas, es importante contemplar un sistema de incentivos para promover mejores prácticas relacionadas con la transparencia y el acceso a la información.
-Institucionalizar mecanismos de cumplimiento y supervisión de la ley, a través de la creación de una entidad análoga a la Agencia de Acceso a la Información Pública, garantizando su autonomía funcional y financiera.
Transparencia proactiva. Dedicar un apartado a la información que debe ser proactivamente publicada por el Estado y los sujetos obligados que considere.
Asimismo, esa obligación de proactividad debería especificarse en instancias de participación ciudadana (audiencias públicas) u orientarse a sectores determinados en ciertas decisiones públicas (obras en una área geográfica o sector específico).

Fuente: Cba24n

Fuente: Click aquí >

La abogada Mayca Balaguer asegura que la resolución sólo anula la actualización publicada el miércoles, pero no invalida el protocolo anterior. “El derecho no puede estar suspendido por un acto administrativo”, sentenció.

a publicación de un nuevo protocolo nacional para atender abortos no punibles, y su derogación por decreto por parte del presidente Mauricio Macri dos días después por considerar que no se realizaron las consultas pertinentes, generó polémica y confusión respecto de la atención de interrupciones legales de embarazos.

En Argentina el aborto es legal cuando se practique para evitar un riesgo para la vida o la salud de la mujer, o cuando el embarazo fuese producto de una violación, según establece el artículo 86 del Código Penal desde 1921.

Su interpretación fue ratificada en 2012 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CJSN) a través del fallo conocido como FAL, en el que instaba a la Nación y a las provincias a elaborar protocolos de atención que garanticen el acceso de las personas gestantes a este derecho.

El secretario de Salud –que estaría a punto de renunciar- Adolfo Rubinstein firmó un nuevo protocolo que actualizaba el ya vigente de 2015, con la incorporación de nuevas recomendaciones técnicas y adaptaciones al nuevo Código Civil.

La guía fue publicada el miércoles, y desde ese momento trascendió que el Gobierno la vetaría, decisión que se confirmó el jueves tras la reunión de Gabinete, y que fue incluída en el Boletín Oficial de este viernes.

¿Qué protocolo rige?

La abogada del Cuerpo de Abogadas Feministas (CAF) y de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Mayca Balaguer, afirmó a La Voz que el decreto publicado este viernes “anula la resolución de actualización del protocolo, por lo cual sigue teniendo vigencia el protocolo anterior de 2015”.

“Si no fuese así, debería haber una comunicación oficial diciéndolo”, apuntó la abogada. Ese protocolo continúa publicado en la página web del Ministerio de Salud de la Nación.

Y remarcó: “Estamos discutiendo cuál protocolo rige, pero lo cierto es que más allá de cualquier protocolo está el Código Penal, y la interpretación del artículo 86 que ratificó la Corte Suprema de a través del fallo FAL”.

“Un protocolo es una guía que sirve para mejorar los estándares de atención, pero que no exista uno, que esté desactualizado o suspendido, no significa que la ley no siga vigente”, subrayó Balaguer, y sentenció: “El derecho no puede estar suspendido por un acto administrativo”.

La abogada constitucionalista Mariela Puga se pronunció en su cuenta de Facebook en igual sentido, remarcando que la resolución del miércoles no tiene ninguna cláusula que derogue el protocolo vigente hasta entonces. «La anulación significa que el protocolo 2015 no se acualizó/reformó, pero obviamente sigue vigente», concluyó.

Fuente: La Voz

Fuente: Click aquí>

En su cuenta de Twitter, la Fundación para el desarrollo de políticas sustentables (Fundeps) abrió un hilo informando acerca de los aportes de campaña en las elecciones presidenciales 2019.

Según detalló, hasta hoy se aportaron más de $177 millones de pesos a los partidos políticos para la campaña electoral. De ese total, señaló que el 70% fue para Juntos por el Cambio (124 millones de pesos), mientras que el 19,5% fue para el Frente de Todos (34 millones de pesos). En tanto, el 10% restante fue repartido para los demás partidos.

Vale destacar que gracias a la reforma a la ley de partidos políticos, las empresas aportaron más de $110 millones (62,5% de todos los aportes). Por lo que 2 de cada 3 pesos aportados fueron donados por personas jurídicas.

Sobre el aporte de las empresas, Fundeps cuenta que Juntos por el Cambio se llevó casi el 90%: “Solo $1 de cada $10 aportados por empresas fueron a partidos de la oposición“.

“Las empresas que más aportaron fueron las del rubro de los agronegocios y mercado financiero. Algunas incluso burlaron el límite máximo impuesto y aportaron a través de distintas firmas pertenecientes al mismo grupo”, señaló la Fundación.

Por último, la organización advierte que solo los partidos más grandes declararon declararon ingresos a través de la plataforma brindada por la Cámara Electoral. “Aun hay una gran parte del financiamiento de partidos que permanece en las sombras“, concluye.

Por Cristian Dominguez

Fuente: El Resaltador

Fuente: Click Aquí>

Se trata del porcentaje mas bajo desde 2011. No hay ninguna persona LGBTTIQ+ entre las 63 candidaturas titulares.

El próximo 27 de octubre se desarrollan en todo el país las elecciones presidenciales donde también se elegirán los representantes de la Cámara de Diputados. Es por ello que desde Paridad en Foco, una iniciativa colaborativa impulsada por periodistas y profesionales de distintas disciplinas, realizan un monitoreo de las elecciones a diputados y diputadas por Córdoba desde una perspectiva de género.

Diputadas cordobesas ¿están ahí?

Desde este colectivo revelan que con la reciente creación de la Ley de Paridad de Género en ámbitos de representación política (Ley 27412) ya en vigencia, en Córdoba sólo una lista de diputados, de siete, es encabezada por una mujer.

Esta normativa obliga a integrar las listas de candidatas/os al Congreso y al Parlamento del Mercosur en un 50 por ciento por mujeres y hombres, de manera consecutiva e intercalada, lo que se conoce como paridad vertical.

En este informe detallan que no sólo se trata del porcentaje mas bajo desde el 2011 sino que entre esas siete listas con 63 candidaturas titulares, no hay ninguna persona LGBTTIQ+.

La paridad en las PASO

En los comicios de octubre Córdoba renueva 9 bancas ocupadas por Mario Negri, Javier Pretto, Olga María Rista, Leonor Martínez Villada y Nicolás Massot del Frente Cambiemos; Juan Brugge y Adriana Nazario, de Argentina Federal; Gabriela Estévez y Juan Manuel Pereyra del Frente para la Victoria. De las 9 bancas en juego, 4 están hoy ocupadas por mujeres.

Desde el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) evaluaron que de las listas que se presentaron a las PASO, la mayoría cumplió con la ley de paridad, con un nivel de cumplimiento del 93%. De las 14 listas, solo una, la de Hacemos por Córdoba, incumplió la norma: no respetó la alternancia en el paso de las candidaturas titulares a suplentes. Aunque, según el INAM, podría inferirse que los incumplimientos de ese tipo obedecen a un error en la interpretación de la norma.

De esas 14 listas de candidatos a diputados por la provincia de Córdoba que se presentaron a las PASO solo hubo 3 encabezadas por mujeres, es decir, el 21%. Pero de esas tres listas solo 1 superó el 1.5% de votos válidos necesario para poder participar de las elecciones generales de octubre. Esto reduce la cantidad de mujeres encabezando listas al 14% en las elecciones generales.

Es por ello que, de acuerdo a los resultados de las PASO, se desprende que Juntos por el Cambio obtendría 5 bancas, el Frente de Todos 2 y la lista corta de Hacemos por Córdoba otros 2 lugares. Las tres listas están encabezadas por hombres, por lo tanto, de las 9 bancas a renovar, 5 serían ocupadas por hombres y 4 por mujeres.

Desde Paridad en Foco analizan que si bien la ley ayuda, no alcanza. Por lo que consideran “necesario que el Estado siga elaborando y profundizando en políticas públicas que promuevan mayores estándares de igualdad en esta materia, pero también es imprescindible que los partidos políticos comiencen a promover este cambio cultural internamente. No sólo para lograr el efectivo goce de los derechos humanos de las mujeres, sino también para generar una real apertura del espacio legislativo a la agenda de las mujeres como temáticas ineludibles para el fortalecimiento de la democracia”.

Fuente: Cba24n

Fuente: Click Aquí>

La contaminación que produce la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) Bajo Grande tomó relevancia internacional. La organización Fundeps planteó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, EE.UU. Fue en el marco de la agenda climática que se trató en Naciones Unidas y que tuvo a Greta Thunberg como principal protagonista.

La exposición ante la CIDH, de la que también participaron 15 organizaciones de 9 países de América, estuvo a cargo de Juan Carballo, director ejecutivo de Fundeps. “Hace varios años que la planta descarga líquidos cloacales no tratados en el curso del río, contaminando gravemente ese recurso hídrico e impactando directamente en el derecho a la salud de la población circundante, como la de Chacras de la Merced”, relató.

Acto seguido, apuntó contra la responsabilidad de las distintas esferas gubernamentales. “Los gobiernos locales tienen el control directo sobre las actividades implicadas en la mitigación y adaptación. En el caso de Córdoba queda en evidencia la falta de cooperación entre diferentes niveles estatales”, dijo. «Esto dificulta la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la participación en materia ambiental”, agregó.

Las audiencias temáticas son oportunidades que ofrece la Comisión para que se llame la atención sobre situaciones que afectan los Derechos Humanos a nivel regional. En este caso, las organizaciones le pidieron a la CIDH que inste a los Estados a tomar acciones concretas para poner fin a las acciones que agravan la crisis ambiental.

Fuente: La Voz

Fuente: Click Aquí>