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Se presentó el 5° Plan Nacional de Gobierno Abierto

El pasado 23 de mayo estuvimos en la presentación del 5° Plan Nacional de Gobierno Abierto, un instrumento de política pública co-creado con sociedad civil y ciudadanía que contiene 7  compromisos de gobierno abierto a implementar por distintas dependencias del estado nacional. Compartimos el panel con Delfina Pérez de la Dirección Nacional de Gobierno Abierto, Andrés Bertona de la Oficina Anticorrupción y Florencia Caffarone de Democracia en Red. 

El actual Plan se co-creó en 2022, desde la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, en diálogo con la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado Abierto y el resto de la ciudadanía que participó de este proceso. Desde Fundeps formamos parte de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto (2020 – 2022) y desde ese espacio contribuimos a la co-creación del 5° Plan, articulando entre la Dirección Nacional de Gobierno Abierto y distintas organizaciones que se involucraron en el mismo. 

Este Plan de Acción se enmarca en las obligaciones asumidas por Argentina ante la Alianza para el Gobierno Abierto, a la cual ingresó en el año 2012. Desde entonces, y cada dos años, el país co-crea e implementa distintas políticas y compromisos concretos en este ámbito. 

¿Cómo fue el proceso de co-creación del 5° Plan de Gobierno Abierto?

Por primera vez, y a los fines de garantizar una participación igualitaria entre todas las personas ubicadas en distintos puntos del país, este Plan se co-creó en su totalidad de forma virtual, a través de plataformas de reuniones, el sitio argentina.gob.ar y su portal de Consulta Pública. A su vez, en el seno de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, y siguiendo las recomendaciones de los Estándares de Participación y Co Creación (2022) de la Alianza para el Gobierno Abierto, se acordó diseñar un Plan de máximo 10 compromisos. 

Para esto, se efectuó una priorización de temas en consulta con la Red de OSC para el Estado Abierto. Los temas seleccionados fueron: Ambiente e implementación del Acuerdo de Escazú; Obra Pública; Género y Políticas de Cuidados; Salud Mental; Estado Abierto y Federalización; Agua y Saneamiento en el AMBA; Información sobre prestadores de Salud; Alimentación e implementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (conocida como Ley de Etiquetado Frontal). No todos, sin embargo, concluyeron en compromisos del Plan, por diversos motivos. Especialmente, y en materia de la implementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, desde Fundeps seguiremos aportando en la construcción de propuestas que contribuyan a la aplicación de dicha ley.    

Luego de ésto, comenzaron las instancias públicas de diseño del 5° Plan en agosto del 2022, con una serie de Talleres de Identificación de Desafíos, por cada uno de los temas pre-seleccionados. El objetivo de éstos fue identificar en conjunto cuáles eran los desafíos a los que el 5° Plan, pudiera dar respuesta. Luego, en octubre se abrió la instancia pública de recepción de propuestas, con la consigna de que se sugieran soluciones de políticas de gobierno abierto, que puedan dar respuesta a aquellos desafíos planteados. Con estos insumos, cada área de gobierno involucrada hizo su redacción preliminar de compromiso, el que fue sometido a consulta pública para recepción de comentarios. A la par, se desarrolló una instancia de diálogo por cada tema – compromiso y finalmente se llevó a cabo la redacción final. 

¿En qué consiste el 5° Plan Plan de Gobierno Abierto? 

El actual Plan está compuesto por 7 compromisos asumidos por distintas dependencias del gobierno nacional. 

 

Compromiso Dependencia a cargo
1. Participación pública en la toma de decisiones ambientales en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación
2. Participación y control ciudadano en la obra pública Dirección Nacional de Transparencia – Ministerio de Obras Públicas de la Nación
3. Mujeres en el sistema productivo federal: más evidencia, menos brecha Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación de la Gestión, Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo – Ministerio de Economía
4. Salud Mental: desinstitucionalización e inclusión social de personas con padecimiento mental Dirección Nacional de Abordaje Integral de la Salud Mental y los Consumos Problemáticos –

Ministerio de Salud de la Nación
5. Acceso a la información y políticas de cuidados Dirección de Mapeo Federal de Cuidado – Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación
6. El acceso a la información y los prestadores de servicios de salud Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria – Ministerio de Salud de la Nación
7. Programa Federal de Estado Abierto  Dirección Nacional de Gobierno Abierto – Jefatura de Gabinete de Ministros

Dirección de Asuntos Municipales – Ministerio del Interior

 

Acá podrás acceder al detalle de cada uno de ellos, desde la página 37 en adelante. 

¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil con el 5° Plan? 

Una vez diseñado el Plan de Gobierno Abierto, el objetivo es que se implemente, en este caso, durante el 2023 y el 2024. Para esto,  cualquier persona interesada u organización de la sociedad civil puede involucrarse, sea dando seguimiento a cada etapa de su implementación o participando de forma más activa, cuando los compromisos lo permitan, en algunas fases de su cumplimiento. En ese sentido, se previó en cada compromiso al menos una instancia de diálogo abierto con sociedad civil y ciudadanía interesada en los temas abordados y se desarrolló la plataforma Metas de seguimiento del Plan. Esto busca  facilitar y dinamizar esta instancia de implementación, que de acuerdo a la experiencia previa, es siempre la más difícil si de articulación y sostenimiento de incentivos se trata. 

Como organización comprometida con las políticas de gobierno abierto y varios de los temas abordados en el presente Plan, seguiremos de cerca y acompañaremos cada instancia de avance y estaremos alertas ante signos de estancamiento o retrocesos del mismo.

Nos parece un gran logro compartido, entre distintas organizaciones que formaron parte de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, como la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado Abierto, activistas y reformadores de políticas de gobierno abierto, que Argentina siga desafiándose con cada nuevo Plan de Acción Nacional Gobierno Abierto. 

 

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Contacto

María Victoria Sibilla, ninasibilla@fundeps.org 

 

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Litio y transparencia en Argentina: aportes a 2 proyectos que explotan este mineral

Desde Fundeps y Ruido, publicamos el informe Litio y Transparencia en Argentina, una investigación que aborda la situación actual de Argentina en relación con la producción de litio…

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Participamos en un taller: Personas beneficiarias del sector extractivo en Argentina

Los pasados 3 y 4 de marzo, participamos del taller sobre Beneficiarios Finales de Empresas del sector extractivo y energético de Argentina, llevado a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. El evento fue organizado por Opening Extractives (programa co-implementado por EITI y Open Ownership) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 

El taller tuvo entre sus objetivos concientizar sobre la importancia de la información pública de las personas beneficiarias finales, y al mismo tiempo, brindar recursos y materiales para acrecentar las investigaciones, proyectos y análisis dentro de este campo.

En este sentido, la capacitación estuvo dividida en tres módulos: en primer lugar, se presentó contenido e información sobre beneficiarios finales, desde lo teórico hasta lo legal y también práctico, tanto a nivel nacional como internacional. Quienes disertaron en este primer módulo fueron: Andrés Knobel de la Red para Justicia Fiscal; María Eugenia Marano, especialista en derecho societario; Pamela Morales, subsecretaria de Desarrollo Minero del Gobierno de la Nación; Gonzalo Fernández de la Secretaría de Desarrollo Minero de la Nación; y Lucía Cirimello de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). 

En segundo lugar, las organizaciones de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos relacionados a la temática. De esta manera, Edgardo Livitnoff (Coordinador de Red Ruido) presentó avances del informe “Litio y transparencia en Argentina” que elaboramos en conjunto. Por su parte, Eugenia Rodríguez (Centro de Economía Política Argentina) compartió detalles sobre el trabajo de su organización: “Los ricos de Argentina”. 

Finalmente, el tercer módulo, consistió en un taller práctico dictado por Mariel Fitz Patricks, en el que se proveyeron herramientas y recursos para el abordaje de beneficiarios finales. La periodista nos ayudó, principalmente, a acceder a información y cómo, de esta manera, enriquecer trabajos realizados y a realizar en la temática.

Esta instancia fue muy fructífera, en términos no sólo de conocimientos y aprendizajes, sino también en cuanto a la posibilidad de conocer a pares de otras organizaciones de la sociedad civil, con quienes se podría trabajar conjuntamente en un futuro cercano.  

 

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Autora

Maitén de los Milagros Fuma

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María Victoria Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

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Presupuesto y Derechos: Mesa de Trabajo sobre análisis presupuestario

El pasado jueves 24 de noviembre realizamos una Mesa de Trabajo sobre Presupuesto y Derechos, junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) y el acompañamiento del Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la Universidad Católica de Córdoba.

La actividad se desarrolló en continuidad a una serie de encuentros virtuales que realizamos en el mes de agosto de este año, donde se abordaron cuestiones conceptuales del presupuesto público, la perspectiva de género dentro del presupuesto, y algunos ejemplos tanto en el presupuesto nacional como en el de la provincia de Córdoba. 

En la Mesa de Trabajo sobre Presupuesto y Derechos, la propuesta fue más bien práctica y se dividió en dos etapas. Una primera expositiva, en la cual OTES comento algunos de sus informes y principales hallazgos luego de analizar los presupuestos de la provincia de Córdoba, durante los últimos años. Desde ACIJ y Fundeps compartimos dónde se encuentra la principal información presupuestaria en la provincia , para dar pie al segundo momento del encuentro destinado al análisis presupuestario por parte de les asistentes. 

Así es que, de acuerdo a afinidades temáticas, nos dividimos en grupos y a partir de algunas consignas disparadoras, navegamos por los portales webs de la provincia de Córdoba donde se encuentra la información presupuestaria y procedimos a analizar algunas políticas o programas de interés. En este sentido, hubo grupos de ambiente, salud, educación, vivienda, discapacidad y género. Al finalizar, compartimos los hallazgos en pleno y se generaron distintos intercambios acerca de la información que está disponible, la necesidad de incorporar otros elementos e indicadores a la hora de efectuar este tipo de análisis, entre otros. 

Esta Mesa tuvo lugar una semana antes de que en Córdoba se llevará a cabo la Audiencia Pública de Presupuesto 2023 en la Legislatura, es por ello que al finalizar compartimos la información de cómo participar de la misma. Es fundamental que se promuevan estos espacios de participación y se difunda de forma clara y accesible cómo asistir,con el objetivo de diversificar las voces en este espacio y democratizar el debate alrededor de un elemento clave para la garantía de nuestros derechos. 

Gracias ACIJ por invitarnos a formar parte de esta iniciativa y esperamos poder seguir generando espacios de diálogo, debate e investigación alrededor de los distintos presupuestos públicos que se dictan en los diferentes  niveles de gobierno. 

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Maria Victoria Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

 

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Un diálogo sobre programas alimentarios, compras públicas y la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable

El pasado jueves 17 de noviembre realizamos  un encuentro sobre la actual gestión de los programas alimentarios para comedores escolares en las provincias de Mendoza, Córdoba, Salta, Tucumán y Buenos Aires. Se hizo especial énfasis en los sistemas de compras de alimentos y en la necesidad de garantizar la efectiva aplicación de  la ley N 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable (PAS) en el marco de los programas de asistencia escolar de cada una de esas provincias. El evento fue organizado desde Fundeps, Nuestra Mendoza, Andhes, Salta Transparente, el Centro de Implementación de Derechos Constitucionales (CIDC) y contó, además, con el apoyo de SANAR.

Del encuentro participaron, además de referentes de las organizaciones de la sociedad civil anteriormente mencionadas: Claudia Oliva y Victoria Lo Valvo, Directora General del Programa de Asistencia Integral de Córdoba (P.A.I.Cor) y Directora de Asuntos Legales de la Dirección General de Compras de Córdoba; Franco Pullido y Gabriel Sciola, Director de Alimentación Escolar de Mendoza y Subsecretario de Administración de la Dirección General de Escuelas de Mendoza y Matías Molina, Director General de Seguimiento de Contrataciones de Bienes y Servicios de la provincia de Salta. 

En un primer momento se abordaron, a través de una dinámica participativa, las diferentes representaciones e imágenes sociales vinculadas a las enfermedades crónicas no transmisibles y, específicamente, a la malnutrición por exceso y la comúnmente conocida “ley de etiquetado”. Luego se describieron los diferentes componentes de dicha ley  y, finalmente, se profundizó en las disposiciones vinculadas a las compras públicas para comedores escolares. 

Se destacó que, al tratarse de compras destinadas a los establecimientos educativos, éstas debían garantizar que no ingresaran productos con sellos negro a las escuelas, ya sea que se tratara de productos ya envasados o de los ingredientes empleados para la elaboración de las viandas. Ello, dado que los productos con al menos un sello o leyenda precautoria no se pueden ofrecer, comercializar, promocionar, publicitar ni patrocinar dentro de las escuelas, en virtud del art 12 de la ley PAS.

En un segundo momento, se le dio la palabra a cada una de las personas referentes de las provincias, autoridades en el caso de que estuvieran o de ONG, para que comentaran cómo era la gestión de los programas alimentarios en cada una de ellas, cómo se decidían las compras de alimentos, con qué criterio nutricional, si esta información era accesible a la ciudadanía, todo ello con el objetivo de ir identificando algunos puntos en común y ventanas de oportunidades para la efectiva aplicación de la ley PAS. 

A modo de conclusión, cada asistente identificó oportunidades, desafíos y posibilidades de articulación entre la sociedad civil y los organismos del Estado involucrados. 

 

Autoras

Maria Victoria Sibilla

Maga Merlo

Contacto

Maria Victoria Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

 

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Transparencia Activa: conversatorio sobre buenas prácticas y desafíos

El viernes 3 de junio se realizó el encuentro Prácticas actuales y desafíos en Transparencia Activa. Los casos de Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), organizado por el colectivo de ONG que integran Fundeps, Nuestra Mendoza, el Centro de Implementación de Derechos Constitucionales, Directorio Legislativo, Andhes, Salta Transparente y Acción Colectiva.

El conversatorio se desarrolló bajo modalidad virtual y es la primera actividad que se realiza en el marco del Ciclo de Debates sobre Transparencia 2022, impulsado por el colectivo, con el objetivo de proponer conversaciones con funcionaries a cargo de las agendas de transparencia de distintas provincias y localidades del país.  La propuesta apunta a generar un ambiente propicio al debate e intercambio de experiencias que contribuyan a fortalecer las prácticas de transparencia activa y pasiva de todos los poderes públicos y al ejercicio efectivo de estos derechos por parte de la ciudadanía. 

En esta oportunidad, conversamos con Diego Seoane, Subdirector de Acceso a la Información Pública (AIP) en la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza, con María Gracia Andía, Titular del órgano garante del Acceso a la Información Pública de y con Fernanda Araujo, Gerenta de Arquitectura de la Información, ambas de CABA. 

La primera parte del encuentro estuvo dedicada al diseño institucional de cada jurisdicción y cómo dan cumplimiento a las obligaciones de transparencia activa, es decir, en lo que de oficio deben publicar esos niveles de gobierno, dado que ambas  tienen leyes que las obligan en ese sentido. En ese sentido, Diego Seoane comentó que en Mendoza, por la ley N° 9070 de 2018, se previó una única autoridad de aplicación que es la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública. La misma rige para todos los poderes del Estado y tiene competencias sobre otras leyes como la de Ética Pública y Ficha Limpia. Dentro de esta Oficina, la Sub-Dirección de Acceso a la Información Pública, que está compuesta por dos personas, es autoridad de aplicación en todo lo relativo a AIP, es órgano de Alzada de solicitudes de información y tiene a su vez la función de controlar el cumplimiento de la transparencia activa de todos los sujetos obligados. El rol de la Sub-Dirección se complementa con el de “Funcionarios Garantes” en cada uno de los sujetos obligados, que son quienes tienen a cargo tanto la obligación de dar respuesta a las solicitudes de información como a la publicación activa de información que prevé la ley de Mendoza. 

Desde las expositoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se comentó que  la ley N° 104 de 2016 estableció  una estructura de dos niveles, compuesta por Órganos Garantes y Autoridades de Aplicación en cada uno de los poderes de la ciudad (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Las funciones de estas autoridades se complementan, los Órganos Garantes tienen la función general de promover este derecho, generar informes, elaborar convenios, realizar auditorías de oficio y actuar en caso de denuncias por incumplimiento de la ley en el poder del que depende. Por su parte las Autoridades de Aplicación gestionan los pedidos de información pública, cumplen con las obligaciones de transparencia activa, orientan a la ciudadanía en el ejercicio de este derecho, capacitan a los sujetos obligados dentro del poder correspondiente, entre otras. A su vez cuentan con las figuras de Enlaces para el cumplimiento de la transparencia pasiva, y de Referentes Institucionales y Operativos, para las obligaciones de transparencia activa en cada sujeto obligado. 

En un segundo momento, se consultó por una buena práctica de cada dependencia y los principales desafíos que advierten en el ejercicio de sus funciones. Desde Mendoza se destacó como buena práctica, el monitoreo sistemático que hicieron en el proceso de transparencia pasiva, es decir a las solicitudes de información que se hacían, que impactaron directamente en el mejoramiento del proceso de transparencia activa. Citó, por ejemplo, que de 130 pedidos que se hacían al Instituto de la Vivienda, bajaron a 30 una vez que se disponibilizó la información y se mejoró su sitio web. Resaltó asimismo, el hecho de tener un botón directo de transparencia en cada sujeto obligado y ubicar allí todo lo que la ley estipula. Manifestó que eso fue un gran avance porque en las primeras etapas, la información se consignaba pero estaba desordenada e incluso redundaba.  Desde CABA presentaron el Portal de Transparencia que concentra las obligaciones de transparencia activa del gobierno de la ciudad y el Índice de Transparencia Activa que es una herramienta creada para dar seguimiento a las políticas de  transparencia y acceso a la información en dicha jurisdicción. Asimismo compartieron algunas experiencias de  transparencia focalizada, es decir, de interés específico para un determinado grupo o colectivo de personas, como una Guía que elaboraron con información sintetizada para Jefas de Familias Monoparentales. 

En relación a los desafíos, desde Mendoza si bien afirman que el diseño institucional dado por  la ley es acertado, consideran que con una mejor estructura organizacional podrían cumplir más eficientemente sus funciones. Luego, un desafío compartido por ambas jurisdicciones, si bien cada una cuenta con diseños y herramientas distintas, tuvo que ver con la constante mejora en la implementación de las leyes de transparencia y acceso a la información pública. Así como a otras demandas de la ciudadanía. Se hizo hincapié también a la mejora en teŕminos de accesibilidad, lenguaje claro, acceso de personas con diferentes capacidades, entre otras. 

Finalmente, y en coincidencia con la audiencia y las organizaciones de la sociedad civil organizadoras del evento, se ponderó la necesidad de avanzar de manera sostenida sobre la transparencia y el acceso a la información pública de todos los poderes del Estado, es decir de los Legislativos y Judiciales. 

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Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

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Dictamen fiscal favorable en materia de acceso a la información pública

En el marco de un amparo por mora ante la falta de respuesta de la Municipalidad de Córdoba en una solicitud de información pública, el fiscal general resaltó que “La Fundación actora se vio obligada a acudir a la justicia para lograr la actuación de parte de la Administración.”

El pasado 2 de mayo obtuvimos un importante pronunciamiento judicial en materia de derecho de acceso a la información pública, en el contexto del amparo por mora presentado ante el incumplimiento de cuatro pedidos de información presentados en diferentes áreas de la Municipalidad de Córdoba. Antes de adentrarnos en el pronunciamiento recordamos algunas cuestiones básicas de la temática: 

¿A qué se considera información pública?

Es todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien la Administración Pública en sus diferentes niveles y de aquellos sujetos que hayan recibido fondos públicos. 

¿Qué implica el derecho de acceso a la información pública?

Comprende la posibilidad de cualquier persona de  buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información pública. Este derecho se aplica en sentido amplio a toda la información en posesión de órganos públicos, incluyendo toda la información controlada y archivada en cualquier formato o medio. Es importante mencionar que este derecho tiene una naturaleza instrumental para el ejercicio de otros derechos, especialmente por parte de quienes se encuentran en posiciones subordinadas o vulnerables, ya que es sólo mediante el conocimiento preciso del contenido de los derechos humanos y de sus formas y medios de ejercicio que se puede acceder efectivamente a su pleno goce y disfrute. 

¿Entonces cualquier persona puede solicitar información pública? 

Sí, la Ley 27275 de Derecho al Acceso a la Información Pública establece que “Toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública”. En Córdoba existe un importante precedente del Tribunal Superior de Justicia que además establece que “el derecho humano de acceso a la información pública ha de analizarse desde una óptica amplia y holística.” y que “este derecho corresponde a toda persona sin que deba acreditarse algún interés o situación jurídica especial, receptándose una legitimación amplia que comprende tanto la actuación en sede administrativa como en sede judicial”. La forma de acceder a ella es a través de un pedido de información pública.

¿Y qué es un pedido de información pública?

Es aquella petición que se realiza de manera escrita o por medios electrónicos y sin ninguna formalidad, de toda aquella información generada, administrada o en posesión de los órganos del Estado Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Municipios y Autónomos, Partidos Políticos locales y cualquier organismo que ejerza gasto público.

El único requisito que se impone es que la solicitud de información debe ser presentada ante el sujeto obligado que la posea o se presuma que la posee. Se puede realizar por escrito o por medios electrónicos y sin ninguna formalidad, solo basta indicar la identidad de la persona solicitante, la identificación clara de la información que se solicita y los datos de contacto, a los fines de enviarle la información o anunciarle que está disponible.

Toda solicitud de información pública debe ser satisfecha en un plazo determinado: en el caso de organismos nacionales es de 15 días hábiles, mientras que en la Provincia y en la Municipalidad de Córdoba es de 10 días. En todos los casos la Administración puede solicitar prórrogas, debiendo justificarlo. 

¿Pero qué pasa en la práctica?

Nuestra experiencia ante la solicitud de información pública en los diferentes niveles y áreas estatales es muy dispar. Mientras que a nivel nacional, y gracias a los mecanismos previstos por la Ley 27275, los pedidos de información suelen ser respondidos en tiempo y forma, a nivel provincial y municipal, en la mayoría de los casos, no obtenemos respuesta en el plazo estipulado. Esta falta de respuesta nos obliga a judicializar los pedidos de información a través de la interposición de amparos por mora. 

Ante esta situación, admitida la demanda se corre traslado a la Administración para que presente un informe explicando por qué se encuentra en mora, es decir, por qué no brindó la información solicitada. En la mayoría de los casos, frente a este traslado la Administración produce la información que le había sido requerida, se la notifica al peticionante, y luego lo informa en el expediente, solicitando que la causa judicial devenga abstracta, porque la información ya fue entregada. En este tipo de casos, el tribunal suele resolver en ese sentido, declarando abstracta la causa e imponiendo las “costas por su orden”. Esto quiere decir que la Administración no debe correr con ningún tipo de gasto cuando los pedidos de información se judicializan, incluso cuando es su actitud la que obliga a las peticionantes a iniciar un proceso de amparo. 

Un cambio de criterio en el dictamen fiscal

Por medio del Dictamen N°344 emitido el 2 de mayo en la causa ”Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables C/ Municipalidad de Córdoba – Amparo Ley 8803”, Expte. N° 10221471, el Ministerio Público Fiscal se pronunció sentando un importante criterio en materia de amparos por mora y derecho acceso a la información pública. En este juicio, la Municipalidad de Córdoba presentó un recurso de casación en contra de la sentencia de Cámara, por estar en desacuerdo con lo que se resolvió en materia de costas. 

El fiscal entendió que “a criterio de este Ministerio Público, hay un vencedor y un vencido por la propia fuerza de los hechos, y en relación directa con el objeto perseguido por la presentante; porque como quiera que sea, la Administración cumplió con el dictado del acto administrativo, pero fuera del término que la ley contempla y con motivo de un proceso judicial. Y por ende, su situación se equipara a la del vencido.”

En este sentido, afirmó que “La Fundación actora se vio obligada a acudir a la justicia para lograr la actuación de parte de la Administración. No parece justo ni razonable que el reclamante deba afrontar los gastos y honorarios por él devengados con motivo de la tramitación de una causa cuyo origen es una conducta omisiva por parte de la Administración y el ejercicio de un derecho constitucional. Es por ello que la sustracción de materia judiciable producida en autos, no implica de ningún modo el desplazamiento del principio objetivo de la derrota como criterio de imposición de las costas”. 

Celebramos la decisión del Fiscal General, ya que sienta un importante precedente en materia de derecho de acceso a la información pública. Es así que el ejercicio de un derecho constitucional no puede aparejar que quien solicita cargue con las costas de un proceso que no hubiese existido si la administración hubiese respondido en el plazo legal. Es importante mencionar que este no es un hecho aislado, sino una práctica sistemática de la Administración que limita al acceso a la información quienes  tengan los medios económicos y jurídicos para exigir la respuesta de los pedidos de información ante la justicia. 

 

Más información

Autora

Noelia Salvia 

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

 

*Fuente imagen: Argentina.gob.ar

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Solicitamos participar en el proyecto de acceso a la justicia del Poder Judicial

La Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, lleva a cabo el proyecto de investigación-acción sobre el acceso a la justicia de sectores vulnerables. Desde Fundeps solicitamos participar brindando aportes.

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar estrategias que permitan mejorar el acceso a la Justicia de grupos en condición de vulnerabilidad. Actualmente se encuentra en marcha una segunda edición del proyecto.

En esta etapa se trabajará el acceso a la justicia de poblaciones migrantes, de pueblos originarios, y de casos que afecten al ambiente. Según el sitio web del proyecto, este busca promover herramientas para facilitar el acceso a la justicia particularmente de las personas o grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Se promueve como una política pública de base participativa y colectiva.

La elaboración de protocolos de acceso a la justicia en asuntos ambientales, constituye una iniciativa acorde a los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de Escazú. En ediciones anteriores, se elaboraron protocolos, cartillas de derechos, entre otras herramientas destinadas al público en general y a personas operadoras de la justicia.

En este marco, solicitamos al Poder Judicial la apertura de dispositivos de participación significativa de la sociedad civil para brindar aportes y enriquecer el proceso de construcción de herramientas. Creemos que en el marco del Acuerdo de Escazú, la participación se perfila como un imperativo para cualquier política que pueda tener impacto en el goce de los derechos de acceso, entre ellos, el acceso a la justicia.

Este tipo de iniciativas resultan sumamente valiosas en un contexto donde las problemáticas y conflictos ambientales vinculados al acceso a la participación pública, a la información ambiental y a la justicia, son moneda corriente.

Autora

Ana Sol Olivera

Contacto

Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org

*Fuente imagen: Justicia Córdoba

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Audiencia del Plan de Metas de Córdoba: solicitamos mejorar el acceso a la información pública

El pasado jueves 5 de mayo participamos de la primera audiencia de revisión anual del Plan de Metas 2020-2023 de la ciudad de Córdoba. Focalizamos en la necesidad de mejorar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

El Plan de Metas se instauró en la ciudad de Córdoba en junio de 2011 y obliga a cada gestión municipal – al inicio de la misma – a presentar las metas que pretende alcanzar con su programa de gobierno, con objetivos e indicadores de evolución de las mismas. La gestión del actual Intendente Martín Llaryora estableció un Plan de 418 metas, enmarcadas en 36 objetivos, agrupados en 5 ejes estratégicos: Municipio moderno e innovador, Ciudad que presta servicios de calidad, Ciudad atractiva y planificada, Ciudad sostenible y Ciudad de oportunidades e inclusiva.

Cada año, y a través del Concejo Deliberante, se debe realizar una Audiencia Pública en donde se informe acerca del cumplimiento del Plan de Metas. Está previsto que en esta Audiencia debe participar la Intendencia como miembro informante. Esta es además una oportunidad para que organizaciones de la sociedad civil, centro vecinales y ciudadanía en general hagan su aportes y comentarios alrededor del Plan de Metas y su evolución.

Nuestra participación en la Audiencia Pública

La audiencia se llevó a cabo el día jueves 5 de mayo desde las 9 a.m de forma virtual, a través de la plataforma Zoom, y se podía seguir por el canal de YouTube del Concejo Deliberante de la ciudad. Para participar era necesario inscribirse de forma previa a través de un formulario provisto por la Municipalidad.   

Una de nuestras primeras observaciones tuvo que ver con que la misma fue convocada con muy poca antelación – 2 días – y contó, a nuestro entender, con escasa difusión. En nuestro caso supimos de la misma a partir de la difusión que hizo la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.

En esta oportunidad centramos nuestra intervención en la necesidad de mejorar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte del Municipio. Si bien destacamos los esfuerzos emprendidos en materia de digitalización y actualización de los portales web, y específicamente en lo relativo a las solicitudes de información, valoramos que se explique de forma clara y sencilla cómo es el procedimiento para hacerlas: solicitamos que se avance en materia de seguimiento a los pedidos de información pública efectuados y, por sobre todas las cosas, se mejore el índice de respuesta de los mismos.

Esta es una situación contemplada en el Plan de Metas, dado que como Meta 120 se estableció “Rediseñar el portal de gobierno abierto para hacerlo más simple y amigable con el usuario” y es justamente desde el portal de gobierno abierto desde donde se efectúan las solicitudes de información pública por parte de la ciudadanía – específicamente desde la sección denominada “Acceso a la Información Pública”. Es por ello que solicitamos que no se dé por concluida esa meta, tal como figura hoy en el informe de avance presentado, sino que se procure mejorar en esos dos aspectos. En ese sentido, esperamos que desde la Municipalidad y sobre todo desde la dependencia a cargo, en este caso, la Secretaría de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales, se utilice el tiempo restante de gestión y vigencia del Plan de Metas, para profundizar en estas mejoras. 

Desde Fundeps quedamos a entera disposición para contribuir a ese fin y de esa forma, colaborar en un efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de toda la ciudadanía, y en un gobierno abierto de calidad en la Municipalidad de Córdoba.

 

Más Información

Contacto

Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org. 

 

*Foto del portal web del Concejo Deliberante de Córdoba

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Rudi Borrmann de OGP Local y ONG de Córdoba: un encuentro para afianzar vínculos

El pasado 5 de mayo tuvimos la visita de Rudi Borrmann, el Director Adjunto de OGP Local en Córdoba, y desde Fundeps y PARES organizamos una reunión con otras ONG y espacios de activismo por los derechos humanos de Córdoba, en la Oficina de Fundeps. 

¿Qué es OGP Local? 

OGP Local es un área de la Alianza Global por el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés: Open Government Partnership) dedicada a la promoción e involucramiento de los niveles subnacionales en la agenda de gobierno abierto. La propuesta es análoga a la que sucede a nivel nacional: que los gobiernos subnacionales se sumen a esta Alianza a través de planes de acción de gobierno abierto co-creados con sociedad civil siguiendo los lineamientos sugeridos por la Alianza.

La presentación de la provincia y la municipalidad de Córdoba a OGP Local 

Córdoba -provincia y ciudad, dado que se presentaron de forma conjunta- es uno de los cuatro distritos que se sumó en 2020 a OGP Local. Las otras ciudades o provincias fueron: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad de Rosario y provincia de Mendoza. Por ese motivo tanto la ciudad como la provincia de Córdoba presentaron ante la la Alianza Global de Gobierno Abierto, sus planes de acción de gobierno abierto. 

En ese contexto, la provincia de Córdoba adoptó 3 compromisos tendientes a la territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas) en 4 municipios del interior de la provincia, con una perspectiva de género y juventudes. Por su parte, la municipalidad de Córdoba asumió 3 compromisos, uno tendiente al fortalecimiento de los Centros Vecinales, y otros dos sobre mejoras en experiencias digitales para su ciudadanía. 

Dado que el marco de esta Alianza Global de Gobierno Abierto, todos los planes de acción deben contar con su contraparte de sociedad civil, es decir, deben ser co-creados con ésta, desde Fundeps y PARES acompañamos el plan presentado por la provincia de Córdoba y CIPPEC hizo lo propio con la municipalidad.

Un dato interesante es que para sumarse a esta Alianza, se pide un compromiso de alto nivel firmado por la máxima autoridad ejecutiva de la provincia o localidad que se trate: aquí se puede encontrar la asunción de compromiso por parte del gobernador Juan Schiaretti y del intendente Martín Llaryora. Lamentablemente esta carta sólo está publicada en el sitio de la Alianza por el Gobierno Abierto y en el idioma inglés.

El encuentro con ONG de Córdoba

En el marco de la visita del Director Adjunto de OGP Local a algunas jurisdicciones locales que asumieron compromisos en OGP Local en Argentina, organizamos un encuentro con otras ONG y espacios de activismo de Córdoba. Del mismo participaron representantes de EcoHouse, Asociación Argentina por el Gobierno Abierto (AGA), Jóvenes por el Clima, Minka, Ciscsa – Ciudades Feministas Córdoba y Global Shapers. 

El encuentro se aprovechó para dar a conocer la Alianza Global por el Gobierno Abierto a quienes no estaban tan familiarizados con este espacio. Rudi Borrmann presentó Signos Vitales de OGP: 10 años de datos en revisión, un estudio que da cuenta de los principales éxitos y desafíos de OGP a diez años de su funcionamiento. 

Luego se abrió un espacio de consultas e intervenciones acerca de la Alianza, su pertinencia e interés para las organizaciones locales, así como algunos desafíos que se advierten a la hora de participar, sobre todo desde sociedad civil, en los planes de acción de gobierno abierto, de una forma real y efectiva. 

Desde Fundeps y PARES, como ONG que estamos acompañando el proceso de la provincia de Córdoba, apostamos a que cada vez sean más las organizaciones que se involucren en este espacio y puedan aportar de manera significativa en los compromisos y planes de acción que se generen en el marco de OGP Local y nacional, aportando con sus miradas, saberes y experiencias en la construcción de políticas de gobierno abierto más participativas, transparentes e inclusivas. 

 

 

Más información

– Territorializar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cuatro municipios de la provincia con una perspectiva significativa de gobierno abierto, enfatizando la colaboración entre actores.

– Municipios y organizaciones sociales socios que participan en el Programa OGP Local en la incorporación de perspectiva de género y enfoque juvenil en el proceso de territorialización de los ODS.

– Visibilizar las acciones y procesos desarrollados en el marco del Programa Local OGP por gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.

– Impulsar procesos de autogestión de desarrollo sostenible vecino a través de los Centros Vecinales de la Ciudad de Córdoba, tomando los Objetivos de Desarrollo Sostenible como ejes de planificación.

– Brindar a la ciudadanía una aplicación digital a través de la cual puedan reportar incidentes, reclamos y quejas.

– Rediseño continuo de los sistemas de medios digitales para mejorar u optimizar la experiencia de los ciudadanos y la navegación.

Contacto

Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org. 

 

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2021, otro año defendiendo los derechos humanos

Presentamos el Anuario 2021, una síntesis del trabajo que realizamos desde Fundeps en un año desafiante, con grandes luchas y logros en pos de una sociedad más justa, equitativa y sostenible.

Durante el 2021 investigamos, debatimos, propusimos, trabajamos, y participamos de victorias históricas para los derechos humanos. Actividades que se reflejan en esta nueva edición del anuario, que comienza con una recopilación de nuestras acciones en números y los principales hitos que alcanzamos.

Además, compartimos un resumen de las actividades realizadas en las agendas de nuestras 5 áreas: Ambiente, Democracia, Géneros y Diversidad Sexual, Gobernabilidad Global y Salud.

El 2021 también fue un año en el que impulsamos nuestro crecimiento institucional y participamos de diferentes actividades y encuentros para repensarnos. En este marco, presentamos nuestra misión y visión renovadas y los valores presentes en cada una de nuestras iniciativas.

Creemos que la acción colectiva es el camino para transformar la realidad. Por eso, queremos agradecerle a todo nuestro equipo, organizaciones amigas y donantes, y a quienes nos apoyan día a día para seguir defendiendo los derechos humanos.

VER ANUARIO 2021

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Presupuesto público: comenzó la etapa de debate y aprobación en la Legislatura

Cada año se sancionan las leyes de presupuesto que guiarán el desarrollo de las políticas públicas para el año siguiente, tanto a nivel nacional, provincial como en todos los municipios del país. A través de esas leyes se fijan las prioridades de gestión, y se determina cuánto se va a recaudar e invertir en políticas públicas. 

En Córdoba, este proceso inició el 15 de noviembre cuando el ejecutivo provincial envió a la Legislatura el proyecto de ley provincial de presupuesto público, y con la presentación que hizo el Ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, al cuerpo legislativo dos días después. El proyecto debe estar acompañado de un “Mensaje del Ejecutivo” que es un reflejo del plan de gobierno que tiene a su cargo el gobierno provincial para la orientación de las actividades económicas. 

Luego de esto se inicia un período de debate y revisión en varias de las Comisiones Legislativas. De éstas la que tiene mayor protagonismo en este proceso es la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación ya que que es la encargada de elaborar el dictamen (o dos, uno por mayoría y otro por minoría) que se incorpora a la orden del día de la Legislatura para ser tratado en Sesiones. 

¿Cómo se aprueba en Córdoba la ley de presupuesto?

La ley de presupuesto se aprueba a través del mecanismo de “doble lectura”, previsto por la Constitución de la provincia para determinados supuestos de importancia (como la declaración de reforma constitucional, toma de préstamos, entre otros), que supone el debate en dos sesiones legislativas. Ese arreglo se previó una vez que la Legislatura de Córdoba pasó a ser unicameral, a partir del 2001. Además, está prevista la posibilidad de llevar a cabo una Audiencia pública, entre sesiones, que para el caso de la sanción de la ley de presupuesto es obligatoria.

Es decir que se aprueba en dos sesiones legislativas, entre las cuáles no pueden transcurrir más de 15 días, y en medio se lleva a cabo una Audiencia. En esta suelen participar entidades en representación de diversos sectores sociales, económicos, productivos, profesionales, así como ciudadanía en general. 

Esta Audiencia debe ser convocada por la presidencia de la Legislatura, es decir la vicegobernación, una vez que el proyecto de ley haya sido aprobado en primera lectura. Además debe publicarse la convocatoria tanto en el Boletín Oficial como en un diario de circulación de la provincia, por dos días y un día respectivamente. También se utilizan los canales de divulgación de la Legislatura, como su propia página web.   

En la audiencia puede participar cualquier persona, asociación u organización que desee dar su opinión, comentarios u observaciones al proyecto de ley presupuesto. Se puede participar haciendo uso de la palabra o bien en calidad de “simple asistente” como oyente. De cada audiencia se labra un Acta y una versión taquigráfica, donde queda plasmado todo lo dicho, material que se pone a disposición del cuerpo legislativo para su ponderación de cara a la sesión de segunda lectura. Una vez aprobado o desechado el proyecto de ley, las versiones de las audiencias quedan disponibles al público en el Portal de Datos Abiertos de la Legislatura (sección Comisiones).  

Te dejamos esta información para que puedas seguir el proceso de debate de la ley de presupuesto 2022 en Córdoba

Nota relacionada

ABC del Presupuesto Público en las provincias de Córdoba, Mendoza, Salta y Tucumán

Contacto

Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org