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Abogacía comunitaria: formación jurídica desde y para los territorios

Fundeps participó nuevamente de la Cátedra Interuniversitaria Federal de Abogacía Comunitaria, una propuesta que articula universidades y organizaciones sociales para formar profesionales del derecho con enfoque en derechos humanos y comunitario.

Desde el año 2024, la Red Argentina de Abogacía Comunitaria conforma la Cátedra Interuniversitaria Federal de Abogacía Comunitaria, con la participación de diferentes universidades del país. Este año, en su segunda edición, formamos parte una vez más de su dictado.

La Red Argentina de Abogacía Comunitaria es un espacio federal integrado por múltiples organizaciones de la sociedad civil y activistas, orientado al empoderamiento jurídico. Desde su creación en 2021, Fundeps forma parte del Grupo Promotor, desde el cual se impulsan proyectos con foco en la abogacía comunitaria. En ese marco, y junto con la Escuela Latinoamericana de Abogacía Comunitaria y Activismo Jurídico (ELAC), se dio origen a la Cátedra Interuniversitaria Federal de Abogacía Comunitaria.

Esta propuesta transita su segunda edición con el objetivo de formar profesionales del derecho con perspectiva de derechos humanos, en favor de —y junto a— personas, comunidades y colectivos afectados por dinámicas de desigualdad y exclusión sistémica y estructural.

Durante la primera edición, realizada en 2024, participaron más de 100 estudiantes de 12 universidades. En esta nueva edición, la cátedra cuenta con la adhesión de 15 universidades de 11 provincias y con la participación de disertantes latinoamericanos con amplia trayectoria en abogacía comunitaria y derechos humanos.

En el ciclo de experiencias prácticas de Abogacía Comunitaria, participamos dictando dos clases. En ellas abordamos la experiencia de litigio ambiental junto a la comunidad del Lago San Roque por el saneamiento de la cuenca, y el recorrido de la Ley 27.610, desde la Campaña, la organización social y la reforma legislativa hasta el litigio defensivo.

Participar en la formación de profesionales del derecho desde la experiencia comunitaria nos permite seguir fortaleciendo una abogacía al servicio de las comunidades y de la protección de los derechos humanos.

Serie documental de abogacía comunitaria

En noviembre de 2025, la Red Argentina de Abogacía Comunitaria estrenó la serie documental De Abogacía Comunitaria. A lo largo de tres episodios —Conocer el derecho, Usar el derecho y Transformar el derecho—, la producción recorre experiencias de abogacía en el territorio y muestra cómo distintas iniciativas ponen en acción el derecho como herramienta de cambio social.

Contacto:

Luz Baretta, luzbaretta@fundeps.org

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Fundeps acompaña el II Congreso Nacional de Niñeces y Adolescencias Trans

El próximo 17 de noviembre, la ciudad de Córdoba será sede del II Congreso Nacional de Niñeces y Adolescencias Trans, que se realizará en el Aula Mayor de la Universidad Provincial de Córdoba (Teatro Ciudad de las Artes).

Organizado por la Asociación Civil La Casita Trans, el encuentro reunirá a referentes, activistas, familias, profesionales y organizaciones sociales de todo el país para dialogar sobre inclusión, acompañamiento y derechos de las niñeces y juventudes trans, travestis y no binarias. El congreso se desarrolla de manera autogestiva y tiene como objetivo promover, defender y garantizar los derechos de las niñeces y adolescencias trans como población prioritaria.

Desde Fundeps acompañamos y avalamos institucionalmente este espacio, y estaremos participando en la Mesa 4: “Litigio estratégico transfeminista”, que abordará experiencias de transformación jurídica y social en defensa de los derechos de las identidades trans.

El programa incluye mesas de debate, talleres y espacios de cuidado y creación colectiva, con ejes que van desde los fundamentalismos y discursos de odio hasta las buenas prácticas en salud, educación y justicia, además de actividades artísticas y una feria de organizaciones.

En los días previos al encuentro, La Casita Trans denunció públicamente acciones de hostigamiento y campañas de desinformación impulsadas por grupos antiderechos que intentaron impedir la realización del congreso. Desde Fundeps repudiamos enérgicamente estos hechos, que constituyen formas de violencia y persecución hacia la población trans, en especial hacia las infancias y adolescencias, y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la diversidad.

Invitamos a todas las personas interesadas a participar y acompañar esta iniciativa, que celebra la existencia y la voz de las niñeces trans:

📅 17 de noviembre – Aula Mayor, Universidad Provincial de Córdoba 
📝 Formulario de inscripción: clic aquí para registrarse.

Porque las niñeces y adolescencias trans existen, resisten y merecen crecer libres, respetadas y amadas.

Contacto:

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

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Diálogo para construir universidades más inclusivas e igualitarias

En el mes de octubre, Fundeps participó de dos espacios de intercambio que pusieron en el centro el vínculo entre universidad, género y derechos humanos: las IV Jornadas Nacionales “Haciendo Universidades Feministas” y la reunión del Foro de Rectoras y Vicerrectoras de Instituciones Universitarias Públicas (FoReVi-CIN).

Las jornadas “Haciendo Universidades Feministas”, organizadas el 6 y 7 de noviembre por la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Unidad Central de Políticas de Género y la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE-CIN), reunieron a representantes de universidades de todo el país para reflexionar sobre el presente y el futuro de las políticas de género en la educación superior. Bajo el lema “Tramar, resistir, insistir: políticas de género que se construyen en red”, el encuentro reafirmó su carácter federal e interuniversitario, convocando a sostener colectivamente los avances alcanzados y a proyectar universidades más inclusivas y comprometidas con los derechos humanos.

En este marco, Fundeps participó de la presentación de la ponencia “El litigio feminista como estrategia pedagógica: una propuesta formativa en la carrera de Abogacía de la UNC”, donde se compartió la experiencia de la materia opcional Litigio Feminista: Estrategias Jurídicas para la Igualdad de Género. La materia, que se desarrolla desde hace tres años, es dictada por un equipo interdisciplinario integrado por docentes e investigadoras de la Facultad de Derecho y del Instituto de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad (IDEJUS), Católicas por el Derecho a Decidir, Fundeps y otras abogadas litigantes e integrantes del Poder Judicial.

Esta propuesta busca repensar la enseñanza del Derecho desde una perspectiva feminista e interseccional, promoviendo el análisis crítico de la legislación y la jurisprudencia, el diseño de estrategias jurídicas con enfoque de igualdad y la articulación entre la academia, la sociedad civil y el Poder Judicial.

Asimismo, como parte del Consejo Social Consultivo de la UNC, Fundeps participó en la reunión del Foro de Rectoras y Vicerrectoras del Consejo Interuniversitario Nacional (FoReVi-CIN), realizada el 6 de noviembre en el Museo Evita – Palacio Ferreyra, bajo la temática “Educación y empleo con perspectiva de género”. Este espacio reunió a autoridades universitarias, empresarias y referentes de organizaciones sociales con el objetivo de fortalecer los lazos entre instituciones académicas y actores sociales para promover ámbitos educativos y laborales inclusivos y libres de violencias.

Estas instancias son clave para profundizar el diálogo entre la sociedad civil y las universidades públicas y seguir construyendo miradas feministas dentro del sistema educativo, que reconozcan el rol transformador de la educación en la promoción de la igualdad de género y los derechos humanos.

Contacto:

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org 

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Dialogo regional por el derecho al aborto

Fundeps participó de la VIII Conferencia Regional de CLACAI en Bogotá, un espacio que reunió a organizaciones y activismos de América Latina y el Caribe para reflexionar colectivamente sobre los desafíos actuales y las estrategias regionales para garantizar el derecho al aborto.

Entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, Fundeps participó de la VIII Conferencia Regional del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), realizada en Bogotá, Colombia, bajo el lema “Los horizontes del derecho al aborto”.

El encuentro reunió a cerca de 400 personas de América Latina y el Caribe, entre activistas, profesionales de la salud, abogadas, investigadoras y representantes de organizaciones sociales que trabajan por el acceso al aborto seguro y los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en la región.

Durante las jornadas se abordaron los principales desafíos institucionales y sociales frente a los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos. Se compartieron estrategias de litigio e incidencia regional, experiencias de innovación en la provisión de servicios y prácticas de acompañamiento feminista. También se destacó la importancia de la articulación entre movimientos del sur global para sostener y ampliar los derechos conquistados.

Como parte del programa, Fundeps participó de la reunión de la Red Jurídica de CLACAI. Además, integró sesiones paralelas sobre Investigación para la acción, orientadas a fortalecer la evidencia y el monitoreo para mejorar la calidad de los servicios, y sobre aborto después de las 20 semanas, donde se compartieron experiencias regionales y directrices para una atención humanizada e integral en casos de embarazos avanzados.

Desde CLACAI destacaron que la conferencia permitió reunir a voces diversas de toda la región en torno a un objetivo común: garantizar el acceso universal al aborto legal, seguro y de calidad en América Latina y el Caribe.

La participación de Fundeps en este espacio reafirma su compromiso con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, el intercambio de saberes entre territorios y la construcción de estrategias colectivas para mejorar el acceso regional y global a los derechos.

Contacto:

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

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Litigio e investigación frente a los retrocesos en políticas de género

En las III Jornadas del IDEJUS, Fundeps compartió una ponencia que analizó el desmantelamiento de políticas de género en Argentina y las respuestas de la sociedad civil desde el litigio estratégico y la incidencia

Del 25 al 26 de septiembre se realizaron las III Jornadas en Derecho, Justicia y Sociedad “Pensando el presente para disputar el futuro: ciencia, democracia y derechos en tensión”, organizadas por el Instituto de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad (IDEJUS) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Universidad Nacional de Córdoba. Este espacio, que Fundeps acompaña como una de las instituciones avalantes, reúne periódicamente a investigadoras, docentes, activistas y profesionales del derecho para debatir sobre los principales desafíos de la justicia, las políticas públicas y los derechos humanos en Argentina.

En esta edición, participamos de la Mesa 9: “Avances y desafíos de las agendas de género y sexualidades en Argentina”. Allí, María Luz Baretta y Mayca Balaguer, integrantes del equipo de Fundeps, presentaron la ponencia “Resistencias desde la sociedad civil ante el desmantelamiento de políticas de género en Argentina”.

La exposición analizó el proceso de desfinanciamiento y desarticulación de políticas públicas en materia de género, salud sexual y reproductiva y prevención de la violencia desde diciembre de 2023. También abordó las estrategias impulsadas por la sociedad civil para hacer frente a estos retrocesos. Entre las experiencias compartidas, se destacaron los litigios estratégicos, las acciones preventivas y las medidas de incidencia desarrolladas junto a otras organizaciones, orientadas a garantizar la continuidad de programas esenciales, la provisión de insumos críticos y el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos.

La ponencia propuso reflexionar sobre la capacidad de respuesta y resiliencia de la sociedad civil ante escenarios de regresión en derechos, así como sobre la importancia de fortalecer las alianzas, la producción de evidencia y los mecanismos de rendición de cuentas del Estado.

La participación de Fundeps en estas jornadas reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de mujeres, niñas, adolescentes y diversidades, y con la construcción colectiva de conocimiento jurídico y social para una sociedad más justa e igualitaria.

Contacto: maycabalaguer@fundeps.org 

Feminismos territoriales para una ecología popular

Fundeps participó de un encuentro organizado por el Movimiento Campesino de Córdoba para intercambiar miradas sobre la defensa de la vida y los territorios, frente a la crisis ecosocial.

El pasado miércoles 10 de septiembre, integrantes de Fundeps participaron de una jornada de intercambio organizada por el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), en el marco de la visita a la provincia de la reconocida referenta ecofeminista española Yayo Herrero. El encuentro tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y reunió a organizaciones sociales, académicas y territoriales de distintas provincias. También participaron Francisca Fernández Droguett, del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) de Chile, y Carolina Llorens, del MCC.

Durante la jornada se abordaron los principales desafíos frente a la crisis ecosocial y las estrategias que los feminismos ecoterritoriales proponen para poner la vida en el centro. Las exposiciones invitaron a reflexionar sobre la necesidad de cuestionar las estructuras de poder, crear narrativas que convoquen al deseo y a la esperanza, y construir futuros posibles desde el presente.

En los espacios de trabajo colectivo, las participantes compartieron experiencias y preocupaciones comunes, como la saturación de luchas y urgencias que atraviesan los territorios, la falta de tiempo para la reflexión y el cuidado, y las tensiones entre el discurso de la “transición energética justa” y las lógicas extractivistas que persisten. Frente a este escenario, se destacó la importancia de fortalecer los vínculos comunitarios, sostener espacios colectivos y reconocer el cuidado como una práctica política.

La participación de Fundeps en este encuentro forma parte de nuestro compromiso por tejer alianzas y promover diálogos entre distintas agendas y movimientos sociales, con el objetivo de aportar a una transición justa que incorpore las voces de quienes defienden el territorio y la vida.

Contacto:

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

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Participamos de la XVI Conferencia sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

Desde Fundeps estuvimos presentes en la XVI Conferencia sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada del 11 al 15 de agosto en la Ciudad de México.

La Conferencia regional sobre la mujer tiene lugar cada tres años y es un evento de suma importancia para impulsar avances en la región en materia de igualdad de género.

Se trata de un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y es el principal foro intergubernamental de las Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región. Se convoca regularmente desde 1977 para analizar la situación regional y subregional respecto de la autonomía y los derechos de las mujeres, y presentar recomendaciones en materia de políticas públicas de igualdad de género, en cumplimiento de los acuerdos regionales e internacionales.

La coordinadora del Área de Géneros y Diversidad, Romina Pezzelato, participó en representación de Fundeps de la nutrida agenda de “eventos paralelos” que contaron con el apoyo oficial de la CEPAL. Allí se dieron cita referentes de la sociedad civil de toda la región para profundizar en diálogos y debates vinculados al derecho humano al cuidado, eje articulador de esta edición de la Conferencia. 

En ese marco, a lo largo de toda la semana, resonó en cada una de las actividades la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la opinión consultiva solicitada por Argentina, en la que se reconoció el derecho al cuidado como un derecho autónomo -es decir, que no es solo un aspecto vinculado a otros derechos, sino que es un derecho en sí mismo- en una triple dimensión: el derecho a cuidar, el derecho al cuidado y al autocuidado. Desde ese posicionamiento, la Corte IDH recomendó a los estados de la región implementar políticas públicas que garanticen la dignidad, igualdad y corresponsabilidad en la provisión de cuidados a lo largo del ciclo vital de las personas.

El cuidado como un concepto de lucha y resistencia comunitaria

En un contexto regional regresivo, en el que los avances de la derecha nos implican sostener redes y acciones vinculadas a la protección de derechos ganados, parte de los debates rondaron en sostener agendas que traccionen políticas públicas tendientes a garantizar el derecho al cuidado. Sostener y defender el concepto del cuidado como un acto de soberanía por parte de las mujeres, que nos sitúa, no al interior de nuestras casas garantizando la reproducción de la vida, sino protagonizando luchas como la defensa de la tierra, el medio ambiente, la soberanía alimentaria, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, entre otros.

El lunes 11 de agosto tuvo lugar el Foro Feminista, instancia predecesora de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, en la que feministas de más de 150 organizaciones de la sociedad civil de toda América Latina y El Caribe, se encontraron para hacer sentir sus voces a los gobiernos. Como fruto de una intensa jornada de debates, se elaboró un documento leído en la Conferencia oficial por una representante de la organización Otrans, en el que se interpeló a las autoridades presentes: “Ni silencio, ni retroceso, ni nostalgia, ni consuelo.  A 30 años de Beijing queremos justicia. Hacemos un llamado a los Estados a volver a lo básico: a colocar en el centro la vida, la justicia social, racial y ecológica, así como la igualdad de género, y la protección de los derechos humanos. También los invitamos a ser valientes y creativos en sus respuestas. Las feministas llevamos décadas construyendo estrategias colectivas, sostenibles y radicales que deben ser reconocidas e incorporadas en el debate de los Estados”.

En un sólido documento que enmarca las múltiples aristas del derecho al cuidado en el actual contexto regional, desde el Foro feminista también se expresó: “Exigimos compromisos claros con la agenda más humanizadora de todas. La que promueve un modelo económico, político, social y cultural que genere bienestar, sea sostenible y ponga el cuidado en el centro. La agenda que ha defendido el reconocimiento del derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y proyectos de vida. La que propone garantizar la justicia social con un enfoque restaurativo y reparador. La agenda de la igualdad sustantiva que apoyan los feminismos. ¡Desde Palestina hasta Haití, exigimos paz, justicia e igualdad!”.

Compromiso de Tlatelolco es el nombre del documento oficial resultante de la XVI Conferencia Regional de la Mujer, en el que los gobiernos de la región se comprometen a desarrollar políticas públicas destinadas a disminuir las brechas de desigualdad que siguen recayendo sobre los cuerpos de las mujeres y personas del colectivo LGTTBIQ+. 

Desde Fundeps sostendremos nuestro permanente compromiso en acciones de incidencia que dialoguen con cada una de las demandas por la defensa de los derechos humanos.

Contacto:

Romina Pezzelato, romina.pezzelato@fundeps.org

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Realizamos el segundo encuentro «Redes de compromiso y cuidados»

Más de 40 profesionales de la salud de toda la provincia participaron del encuentro realizado el pasado 2 de agosto. Un espacio de formación e intercambio para fortalecer el acceso a la salud sexual y reproductiva con perspectiva de diversidad y enfoque de derecho.

Con la participación de más de 40 profesionales de la salud, celebramos el segundo encuentro «Redes de compromiso y cuidados», el pasado 2 de agosto en la Ciudad de Córdoba. Un espacio de formación, escucha activa e intercambio para fortalecer capacidades, compartir experiencias y visibilizar buenas prácticas en salud sexual y (no) reproductiva con perspectiva de diversidad y enfoque de derechos. 

Esta instancia, propiciada por el área de Géneros y Diversidad de Fundeps, en articulación con Belén Carcedo, del Consultorio de Salud Integral, y Sofía Menoyo, integrante de Socorristas en Red, contó con la participación de profesionales de diversas localidades: Agua de Oro, La Granja, Jesús María, Santa Rosa de Calamuchita, Villa Dolores, Huinca Renancó, La Paquita, Corral de Bustos, Bell Ville, Paso Viejo, Alta Gracia y Villa Los Aromos.



En esta oportunidad, el encuentro estuvo centrado, por un lado, en la práctica médica de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) como método seguro y ambulatorio de interrupción del embarazo, recomendado por la Organización Mundial de la Salud; y, por otro lado, en los desafíos vinculados a la atención con enfoque de derecho, de niñeces, juventudes y masculinidades trans.

En tiempos en los que el desfinanciamiento de las políticas de salud pública y la estigmatización, afectan el acceso a la interrupción del embarazo, actualizamos y brindamos herramientas legales para los equipos de salud que siguen garantizando el derecho al aborto seguro y gratuito en nuestra provincia, en los términos de la ley 27.610. Las abogadas, integrantes de Fundeps, Mayca Balaguer y Luz Baretta, compartieron un recorrido por el marco legal vigente en materia de salud desde una perspectiva de derechos humanos. El acento estuvo puesto en los derechos de niños, niñas y adolescentes, a la luz de los principios fundamentales como la autonomía progresiva y el interés superior del niño, incorporados en el Código Civil y Comercial en 2015, directrices que orientan diversas prácticas de salud, entre ellas la interrupción voluntaria y legal del embarazo. 


Taller atención en aborto seguro para masculinidades trans con Santi Merlo

Por la tarde iniciamos el trabajo con la coordinación de Santiago Merlo, docente y activista trans, integrante de la Red de paternidades trans, con quien reflexionamos en torno a los abordajes en el sistema de salud, desde una perspectiva de diversidad. Revisamos la importancia de desmantelar nuestros propios prejuicios y alojar las experiencias trans en el espacio de consulta, desde la pregunta como herramienta primordial, frente al no saber: “no hace falta que supongamos la orientación sexual ni la identidad de género de les consultantes, preguntarles es un alivio para elles y para les mediques también. Es un recurso fundamental”, expresó Santiago.

Por último, reconstruimos colectivamente los hitos que nos permitieron avanzar en la implementación de práctica del AMEU en la provincia. Conversamos en torno a los principales desafíos que tenemos en cada territorio y respecto a las estrategias que podemos seguir fortaleciendo desde el trabajo en red, que es parte de nuestras grandes apuestas en Fundeps.

Al preguntarle qué significa acompañar, Camila Recalde, médica de familia de la zona de Cruz del Eje, expresó:: “para mí es poder ponerse en el lugar del otro, otra, otre, en ese momento, y entender que las personas que acuden a las consultas son sujetos de derechos y que nosotres estamos para acompañar decisiones y procesos con una mirada respetuosa y amorosa de lo que está viviendo esa persona en ese momento”.

Se trató, de una nueva oportunidad para recargar fuerzas y seguir trabajando en conjunto para fortalecer el acceso a la salud sexual integral en Córdoba, con perspectiva de diversidad y enfoque de derechos.

Contacto:

Romina Pezzelato, romina.pezzelato@fundeps.org

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Lanzamos la segunda edición de la Diplomatura en Litigio Estratégico Feminista

Amnistía Internacional, ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, la Fundación para el Diseño de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y el O’Neill Institute for National and Global Health Law (Universidad de Georgetown), anunciaron el lanzamiento de la segunda edición de un novedoso curso de formación, desarrollado con el apoyo de PENT – FLACSO para abogadas y abogados en Argentina que reúne a un cuerpo docente de gran renombre de toda la región.

La propuesta se dirige a profesionales del derecho de la República Argentina que deseen capacitarse en estrategias de litigio estratégico feminista en materia de derechos sexuales y reproductivos para desarrollarse como referentes en sus comunidades y entornos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación MxM adhieren a la iniciativa.

La Diplomatura será gratuita y se desarrollará de manera virtual entre mayo y noviembre del 2025 a través de encuentros sincrónicos con clases magistrales virtuales y sesiones asincrónicas de trabajo guiado en una plataforma digital. Culminará con una experiencia de litigio práctica y presencial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la cual se otorgarán becas.

Además, aquellas y aquellos estudiantes que hayan obtenido certificado de aprobación podrán postular para realizar una pasantía legal en las organizaciones coordinadoras de la Diplomatura, a fin de que puedan aplicar los conocimientos, herramientas y habilidades incorporadas.

Quienes deseen formar parte de la segunda cohorte de esta inspiradora oportunidad formativa ya pueden inscribirse en el siguiente formulario.

Para más información: diplomaturalitigiofeminista@gmail.com

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Grave retroceso para la independencia judicial y la calidad institucional en la Corte Suprema

La decisión del Poder Ejecutivo de designar por decreto a dos varones para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin el acuerdo del Senado y por medio de nombramientos en comisión, constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal, que impacta seriamente sobre su legitimidad y calidad institucional.

La designación realizada mediante el Decreto 137/2025 se aparta del procedimiento establecido por la Constitución, y constituye un claro abuso de una controvertida facultad del Ejecutivo de “llenar las vacantes de los empleos que requieren acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso” por decreto. La mayoría agravada de dos tercios prevista por la Constitución Nacional para dar acuerdo a la propuesta de candidatos, pretende justamente evitar que el representante de un solo partido político pueda nombrar a un juez o jueza. La división de poderes hace a la esencia misma de nuestro sistema republicano de gobierno, y nunca puede ser avasallada por no conseguir los acuerdos políticos respecto de candidatos en particular. El Senado tiene la atribución de no brindar acuerdo cuando considera que no están dadas las condiciones para proceder a una designación, eso es justamente lo que la Constitución le ordena hacer. El silencio de ninguna manera habilita un atropello institucional de esta magnitud.

Además, avanzar en este sentido ignora las múltiples objeciones ciudadanas expresadas durante el proceso de evaluación pública de los candidatos, que se habilitó en cumplimiento del Decreto 222/03. En las diversas impugnaciones se argumentó la falta de idoneidad e independencia de los candidatos, así como la preocupación por algunas de sus visiones, y se alertó sobre el hecho de que sólo tres mujeres, frente a 104 hombres, lograran alcanzar el cargo de jueza de la Corte Suprema en toda su historia, enfatizando en el deber constitucional y convencional del Poder Ejecutivo postular mujeres que reunieran las más altísimas cualidades para ocupar el cargo.

Las reglas constitucionales no existen como una mera formalidad, sino como un mecanismo para resguardar el equilibrio de poderes. Eludir el proceso constitucional para la designación de jueces compromete la legitimidad del Máximo Tribunal, al dejar a dos de sus cinco integrantes en una situación temporal y precaria, que los expone a presiones y afecta su credibilidad ante la ciudadanía.

La búsqueda de consensos políticos para la integración de la Corte es esencial para su legitimidad y clave para la seguridad jurídica sobre la cual se asienta el progreso social y económico. Por lo demás, si la preocupación es el funcionamiento eficiente de la Corte con sólo tres integrantes, dicho tribunal dispone de los mecanismos institucionales necesarios para funcionar así hasta su debida y necesaria integración.

El Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema, debe ser un pilar de respeto y confianza para la sociedad. Argentina no merece una Corte designada por decreto, ni un sistema de justicia que desprecie el valor de la independencia y la imparcialidad.

Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes)
Amnistía Internacional
Área Salud, Economía y Sociedad de CEDES
Asociación Civil Líbera, abogacía feminista
Asociación Civil por el Cumplimiento de los Derechos Humanos (ACuDH)
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Asociación Pensamiento Penal
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Asuntos del Sur
Campaña Gqual
Católicas por el Derecho a Decidir
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectiva Feminista La Revuelta, Neuquén, Patagonia Argentina
Democracia en Red
Directorio Legislativo
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Fundación Mujeres en Igualdad
Fundación Mujeres x Mujeres
Fundación para el desarrollo de políticas sustentables (Fundeps)
Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
Fundación Poder Ciudadano
Fundación Sergio Karakachoff
Fundación Sur
FUSA AC
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
Laboralistas Platenses
Liderar Mujer
Multi-Palabras Santa Fe
Programa Género y Derecho, Facultad de Derecho, UBA
Red de Profesoras de Derecho, UBA
Red de profesoras, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP
Red Mujeres para la Justicia
Salta Transparente

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Alerta de la CIDH: Argentina debe sostener sus políticas de género para proteger derechos humanos

En una audiencia histórica, se expuso ante la CIDH el retroceso de políticas de género y de acceso a salud sexual y reproductiva en Argentina y el incumplimiento del Estado de sus obligaciones. La justificación economicista de los recortes por parte del Gobierno no fue aceptada por la Comisión. Su Presidenta y los comisionados presentes afirmaron la existencia de la violencia de género y remarcaron la necesidad de medidas específicas para atenderla. “Lo que no se nombra no existe», afirmaron.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA) convocó al Estado argentino el jueves 14 de noviembre del 2024, a su sede en Washington DC, para explicar la grave regresión en políticas de género, en políticas sobre derechos sexuales y reproductivos y la falta de cumplimiento de compromisos internacionales. Organizaciones de la sociedad civil habían solicitado la audiencia con el fin de exponer evidencia sobre este retroceso en materia de derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ en Argentina. 

Durante la audiencia, las y los comisionados solicitaron a los representantes del Gobierno argentino presentes que den respuestas sobre la coordinación de las políticas públicas sin presupuesto; que especifiquen cuáles son los programas que siguen vigentes y qué medidas tomarán para fortalecer la administración de justicia en casos de violencia de género. El Gobierno no respondió las preguntas de la Comisión, ni hizo mención alguna sobre cómo va a cumplir con sus compromisos. Solo se limitó a reconocer la falta de atribución presupuestaria a estas políticas como un error y se comprometió a realizar una adenda al presupuesto nacional.

Mientras tanto, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Argentina fue el único país en votar en contra de la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, frente a 170 votos a favor y 13 abstenciones.

Las organizaciones de la sociedad civil instaron a la CIDH a recomendar al Estado argentino la adopción de políticas concretas que garanticen el cumplimiento de sus compromisos internacionales y aseguren el derecho de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ a vivir libres de violencia y a garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Esta audiencia fue un llamado urgente a la acción: nuestro país debe detener el desmantelamiento de políticas fundamentales y retomar su compromiso con los derechos humanos, para que los derechos básicos de sus ciudadanos y ciudadanas no dependan de decisiones políticas regresivas.

La voz de las organizaciones

En sus intervenciones ante la Comisión, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) expusieron información que evidencia sobre el grave retroceso en las políticas públicas destinadas a atender y erradicar la violencia de género, y a garantizar el acceso a servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva.

“Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno argentino ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+. Desmanteló políticas públicas exitosas; desprestigió, sin evidencias, las instituciones encargadas de garantizarlas; recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones, el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes”, afirmó Natalia Gherardi, directora Ejecutiva de ELA.

La situación señalada es alarmante: sólo en el primer trimestre de 2024, de las 2,462 mujeres que solicitaron el Programa Acompañar, apenas 434 recibieron ayuda. Esto representa un retroceso del 98% respecto a 2023, dejando desprotegidas a mujeres en riesgo extremo. Además, el presupuesto ejecutado para estos programas en 2024 alcanza solo un 15%, afectando de manera directa y crítica a mujeres y diversidades que enfrentan situaciones de violencia.

En relación al desmantelamiento de las políticas públicas para el acceso a derechos sexuales y reproductivos, Lucila Galkin, directora de Género de Amnistía Internacional Argentina, afirmó que “la compra y distribución de insumos ha estado en cabeza del Estado Nacional desde la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el año 2002, y por mandato constitucional el Ministerio de Salud de la Nación tiene la rectoría de la política pública para fijar un piso mínimo de derechos en todo el territorio nacional. Sin embargo, repentinamente y por primera vez desde entonces, el Estado ha dejado librada a la capacidad de las provincias la provisión de insumos, sin ningún tipo de traspaso o transición a efectos de evitar poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres, lo que deviene en un contexto de absoluta desigualdad.”

A contramano de principios internacionales fundamentales

El desmantelamiento de políticas públicas contradice principios internacionales fundamentales y tratados como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que obligan al Estado a intervenir activamente. “Estas medidas no solo ponen en riesgo la vida de mujeres, niñas, adolescentes y diversidades, sino que perpetúan la discriminación estructural por razones de género y vulneran los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en la materia”, afirmó Mayca Balaguer de FUNDEPS.

Lo que sucede en Argentina tiene un impacto más allá de sus fronteras. La desprotección de mujeres y diversidades en el país crea un precedente que podría legitimar retrocesos en otros Estados de América Latina, poniendo en riesgo los avances en derechos humanos que costaron esfuerzo alcanzar. “Con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos, Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de los derechos de las mujeres, las iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos”, expresó Juliana Miranda del CELS. La CIDH ha advertido en reiteradas oportunidades que los retrocesos en un país afectan a toda la región, debilitando los esfuerzos conjuntos para prevenir y erradicar la violencia de género.

Las Organizaciones solicitaron que la Comisión lleve adelante una visita al país para observar la situación y elaborar un informe, dada la gravedad del retroceso. “Apelamos al compromiso de CIDH para urgir el resguardo del derecho humano a vivir una vida libre de violencia y discriminación para todas las niñas, adolescentes, mujeres y diversidades de Argentina”, concluyó Soledad Deza, presidenta de la Fundación MxM.

  • Mirá la audiencia completa acá.

 

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

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Organizaciones de la sociedad civil y académicas rechazan ante el Senado la candidatura de Lijo y García-Mansilla a la CSJN

Gides (Grupo de Investigación en Derechos Sociales), Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables), El Telar y Católicas por el Derecho a Decidir Argentina nos presentamos ante la Cámara de Senadores de la Nación para exponer los motivos por los que consideramos que los candidatos para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, no cumplen con las condiciones requeridas para integrar el máximo órgano de justicia de nuestro país.

Como organizaciones de la academia y la sociedad civil con larga trayectoria en materia de derechos humanos, entendemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como principal garante de la Constitución Nacional y del Estado de Derecho, solo puede ser integrada por personas cuya trayectoria refleje una sólida idoneidad e independencia, así como un firme compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos.

Ariel Lijo enfrenta serias acusaciones en el Consejo de la Magistratura, incluyendo negligencia en la investigación de casos de corrupción, retrasos injustificados en procesos legales y acusaciones de enriquecimiento ilícito, además de cargos penales por asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Además, carece de méritos profesionales o académicos que respalden su candidatura. 

Por su parte, Manuel García-Mansilla ostenta una postura ideológica que podría afectar la defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Durante su trayectoria, ha cuestionado la jerarquía de tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por Argentina. También ha expresado su oposición al derecho al aborto, incluso en aquellos casos en donde el embarazo es producto de una violación. Su incorporación al máximo órgano de justicia de la Nación implica un serio riesgo para la garantía de derechos de mujeres y personas gestantes. 

Asimismo, manifestamos nuestra más profunda preocupación por la flagrante falta de representación de diversos sectores de la sociedad en la potencial composición de la Corte Suprema. La inclusión de nuevos miembros debería reflejar la diversidad de género y de especialización temática y regional, para asegurar una representación adecuada de un país federal como el nuestro. Es necesario recalcar que la diversidad de género en los cargos públicos y en los órganos de toma de decisiones, resulta un requisito legalmente vinculante derivado de nuestra constitución y tratados internacionales. 

Además, en esta oportunidad algunas organizaciones remitieron preguntas y cuestionamientos para que sean contestadas por parte de los candidatos de manera pública, tal como lo habilita el procedimiento de la Cámara Alta. 

Las preguntas presentadas a García Mansilla incluyen: ¿Cómo justifica su candidatura a la Corte Suprema en un contexto donde se exige una representación equitativa de género y su nombramiento perpetuaría la subrepresentación de mujeres en el tribunal? ¿Qué acciones concretas ha tomado para avanzar en los derechos de las mujeres y diversidades en su carrera?. Mientas que las preguntas formuladas a Lijo fueron: ¿Cómo puede su candidatura contribuir a una representación equitativa de género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Cómo garantiza la transparencia y ética en sus decisiones judiciales?

En estos contextos, creemos imprescindible que desde el Senado se consulte a los candidatos en las líneas aquí expresadas, así como también se indague en forma pormenorizada sobre los puntos neurálgicos que hemos advertido en nuestras impugnaciones. 

Exigimos que las y los Senadoras y Senadores estén a la altura de las circunstancias, y NO presten el acuerdo para la aprobación de estas candidaturas en defensa de los Derechos Humanos y los más altos valores de justicia.

 

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org