El pasado 9 de mayo se llevó a cabo la 14° Audiencia del Período N°168 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en República Dominicana.

El tema a tratar fue el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Argentina. La audiencia fue impulsada por iniciativa de la sociedad civil, y a pedido de las organizaciones Amnistía Internacional Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). Su objetivo fue presentar a la comisión información sobre los problemas que afectan a las mujeres en torno al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en nuestro país.

En representación del Estado argentino hablaron Claudio Avruj (Secretario de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural) y Gabriela Perrotta (Coordinadora técnica de la dirección de Salud Sexual y Reproductiva, del Ministerio de Salud).

La exposición de las referentes de las ONG’s se centró en presentar a la comisión el doble desafío que enfrenta nuestro Estado: el de implementar las causales para el acceso a la interrupción del embarazo ya previstas en nuestro marco jurídico y el de la legalización de la práctica de manera segura y gratuita.

Las expositoras resaltaron el papel central que tiene la Comisión en el abordaje de esta situación, pidiéndole que acompañe y oriente el debate en el Congreso, estableciendo y reforzando lo estándares de Derechos Humanos que rigen en la materia.

Sociedad civil: el cambio legislativo es imperativo

Edurne Cárdenas, del CELS, denunció el “uso espurio” del derecho internacional que hacen algunos de los expositores denominados “provida” al mencionar el artículo 4 de la Convención Americana. Y es que dicho artículo protege la vida “desde la concepción”, pero esta protección es progresiva e incremental, como ya lo había dejado claro la Corte Interamericana en el caso “Artavia Murillo y otros c/ Costa Rica. Por eso, no puede alegarse la protección absoluta del embrión, anulando otros derechos, en especial, los derechos de la mujer. Ya no se puede seguir discutiendo sobre este argumento.

Por su parte, Noelia Garone, de Amnistía Internacional, llevó a la Comisión el problema de las altas tasas de mortalidad materna y los numerosos obstáculos que enfrentan las mujeres a la hora de acceder a los servicios de salud. Julia Roitman, del grupo de jóvenes de Amnistía, se centró en la situación de niñas y adolescentes, el embarazo adolescente no deseado y la deficiente aplicación de la ley de Educación Sexual Integral.

Por último, Zoe Verón, de ELA, resaltó que la obstaculización del derecho a decidir es un tipo de violencia contra las mujeres: “constituye un acto de violencia institucional”. Cerró su presentación resumiendo el pedido de las organizaciones afirmando que “el sistema interamericano de protección de derechos humanos tiene hoy la oportunidad de fijar líneas concretas respecto al aborto legal”.

La respuesta de la delegación argentina

Llegado el turno de la delegación oficial, tomó la palabra el Secretario Claudio Avruj. En el momento de exponer acerca de las políticas que se están implementando en Argentina en materia de salud sexual y reproductiva, Avruj se centró en el debate parlamentario. Celebró la decisión presidencial de abrir las discusiones y el proceso informativo que se está dando en la Cámara de Diputados, en donde alrededor de 700 expertos están exponiendo sus posiciones, a favor y en contra, ilustrando al cuerpo legislativo desde distintas disciplinas. Resaltó que se trata de un tema delicado y difícil, y que hasta ahora la mayoría de las exposiciones resultan bien fundadas, respetables y valiosas.

Gabriela Perrotta, del Ministerio de Salud, hizo un repaso por las políticas públicas vigentes en materia de salud sexual y reproductiva. Destacó el uso de las guías desarrolladas por el Ministerio: la Guia para la atención integral para las mujeres que cursan un aborto, el Protocolo para la atención integral de víctimas de violencia sexual y el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Señaló que la mayoría de las provincias que no cuentan con un protocolo utilizan el protocolo nacional, y que todas estas guías son el eje central de las capacitaciones que ofrece el organismo en todas las provincias. Además, afirmó que hay disponibilidad de anticonceptivos en todo el país, distribuidos de manera gratuita y mencionó los frustrados intentos del Ministerio de incorporar el misoprostol a la canasta de insumos básicos.

Integrantes de la Comisión remarcan la obligación del Estado de cumplir con los estándares internacionales

La primera comisionada en tomar la palabra fue la panameña Esmeralda Arosemena, Relatora sobre los Derechos de la Niñez. Fue categórica respecto a los embarazos no deseados de niñas y adolescentes: “el embarazo no es precoz. Cuando decimos precoz le cargamos a la niña la precocidad. No es un embarazo no intencional. Es un embarazo forzado.”

Por su parte Luis Ernesto Vargas Silva, el Relator para la Argentina, no se mostró muy optimista. “No tengo mucha esperanza con la discusión legislativa. Confío más en órganos como la Corte, que tiene que tomar decisiones muchas veces contra lo que piensa la mayoría y contra lo que deciden los parlamentos. Pienso en la posibilidad de que la Corte vuelva a ocuparse del tema. Que el Estado cumpla cabalmente las responsabilidades que ya marcó la Corte en el fallo FAL”, sentenció.

Luego le llegó el turno a Flavia Piovesan, Relatora sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. Piovesan interrogó a la delegación argentina y preguntó cómo hace el Estado para garantizar la igualdad en todo el territorio y cuál es la efectividad del protocolo nacional para exhortar la nacionalización de los estándares. También inquirió sobre la objeción de conciencia, ya que “hay una obligación del Estado de garantizar políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva, y ahí tenemos estándares, sobre todo del Comité de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y del Comité de DESC (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU) que establecen que en nombre de la libertad religiosa no se pueden obstaculizar políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva”. Por último, destacó la importancia de impulsar la discusión legislativa por la despenalización del aborto..

La comisionada Antonia Urrejola Noguera abordó el trabajo y el lema de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito: “Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir”, y reivindicó que no hay contraposición entre la vida y el aborto, porque se trata de mejorar la vida de las mujeres.

Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la Comisión insistió en discutir avances, y no retrocesos. En este sentido, señaló que la Comisión ya ha fijado estándares muy claros, y ha recalcado en cada comunicado dirigido a los Estados de la región “que todos los poderes tienen la obligación de revisar detalladamente sus legislaciones, sus prácticas y sus políticas públicas para que se elimine todo tipo de discriminación y obstáculo para el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva. Y que esas medidas deben tener en cuenta la situación específica de desprotección de niñas y adolescentes y mujeres en situación de exclusión.”

Sobre la objeción de conciencia, destacó que “es interesante la discusión alrededor del tema. Argentina tiene que avanzar en ese sentido, progresivamente. Debemos preguntar si el tema de la objeción institucional de conciencia por parte de profesionales puede estar por encima de los derechos de las mujeres. No podemos oponer derechos en ese sentido. No se puede arbitrariamente a partir del juicio íntimo de un funcionario público dejar de atender los derechos que las personas tienen en sus estados. El ejercicio de los derechos no puede estar sometido a la conveniencia o a disposición de un juicio personal. Es un debate que vale la pena emprender y desarrollar con profundidad, porque eso significa dar un paso adelante para el reconocimiento de derechos que están más o menos consolidados en el orden jurídico del país a partir del fallo FAL pero que necesariamente deben expandirse.”

Margarette May Macaulay, Presidenta de la Comisión y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, fue contundente al dirigirse al Estado argentino. “No sé si han aclarado a los miembros del Congreso, que como oficiales del Estado, ellos deben cumplir los estándares de todos los instrumentos internacionales que el Estado ha ratificado, y al hacerlo ellos pueden usar su conciencia y todo eso para pensarlo, pero al final del día su decisión en relación a la legislación y el contenido de la ley debe incorporar esos estándares que el Estado ha ratificado y está obligado a seguir, porque es un contrato en el cual ha entrado el Estado”, señaló. “Los estándares son claros, las mujeres tienen el derecho y la autonomía de decidir cómo utilizar sus cuerpos, y el Estado tiene que asegurar esos derechos de la mujer.”

Su cierre fue rotundo: “Por favor le pido al Estado que le recuerde a los miembros del Congreso antes de que entren al debate de esta ley que recuerden que están obligados legalmente a cumplir con los estándares de los instrumentos internacionales, y si tienen que deletrearlo HAGANLO.”

Luego de varias semanas de audiencias en el Congreso, que ya dieron lugar a más de 300 expositores y faltan aún otros tantos, es necesario saldar algunas cuestiones para poder avanzar en el debate: la prohibición del aborto no aparece en ninguna de las convenciones internacionales de derechos humanos ni de los órganos que las interpretan. Incluso hay numerosas observaciones y recomendaciones en donde los órganos que deben monitorear la vigencia de los tratados han establecido que los Estados deben despenalizar el aborto y asegurar el acceso. Ya lo dijo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en su exposición, para luego pedir a sus colegas que “no hagan posverdad convencional”. También lo sostuvimos en nuestro posicionamiento institucional y hoy la Comisión Interamericana vuelve a reforzarlo.

Es muy valiosa la iniciativa que tuvieron las organizaciones de la sociedad civil al llevar el tema ante la Comisión. También lo fueron las distintas intervenciones de cada uno de los comisionados. Ahora queda esperar que continúen las audiencias en el Congreso hasta el 31 de mayo, el dictamen y la votación en el recinto, que será el 13 de junio.

La delegación argentina aseguró que el Ministerio de Salud participará próximamente de las exposiciones y dijo que “lo que la Presidenta de la Comisión marcaba tan específicamente, es eso lo que estamos comprometidos a transmitir”.

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org 

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad presentamos un informe sobre el funcionamiento de las políticas públicas sobre género y comunicación, a partir de la asunción del actual gobierno nacional.

A principios de 2016, desde la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad se realizó un informe llamado: “Violencia hacia las mujeres y políticas públicas de comunicación” que da cuenta del estado de las políticas públicas sobre comunicación y género en Argentina y de los órganos estatales que, hasta fines de 2015, estaban encargados de implementarlas. Ese informe se fundó en una extensa investigación que recopiló datos mediante pedidos formales, formulados en el ejercicio del derecho al acceso a la información; denuncias ante los órganos correspondientes en casos de violencia mediática y simbólica y entrevistas a integrantes de esos órganos y de organizaciones de la sociedad civil.

En 2018, realizamos un informe sobre la aplicación de tales políticas a partir de la asunción del actual gobierno nacional. En el mismo se analizan los principales cambios evidenciados en los últimos dos años, con base en la información obtenida a través de nuevos pedidos de información formulados ante los organismos correspondientes durante el año 2017 y mediante la realización de entrevistas y búsqueda de información a través de los canales oficiales de cada dependencia.

Los órganos estudiados son: ENACOM, Defensoría del Público, INAM, INADI, Observatorio de la Discriminación en Radio y TV, Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Comercio Sexual.

Las medidas y políticas públicas implementadas por dichos organismos tuvieron modificaciones. Si bien algunas que pueden ser consideradas avances, muchas otras debilitan los logros alcanzados en la protección de las audiencias, principalmente de los sectores vulnerables; tanto desde una perspectiva de género como del derecho a la comunicación como derecho humano.

El análisis realizado pretende dar cuenta de las transformaciones del campo de la comunicación, específicamente en lo que refiere a temas de género, durante los últimos dos años y a partir del cambio de gestión gubernamental en diciembre del 2015. En sintonía con los cambios que sucedieron a las políticas públicas de comunicación a partir de ese entonces, las áreas específicas vinculadas a género también atravesaron transformaciones que, si bien aún no están por completo definidas, implican para varios de los organismos un freno a los programas que se llevaban adelante y, a dos años de iniciada la nueva gestión, no está claro aún cuál será el rumbo que tendrán a futuro las políticas públicas de comunicación y género que se desarrollaron en Argentina a partir del 2010.

Principales conclusiones

  • Si bien los decretos y resoluciones que han afectado a la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual no operan directamente sobre las políticas de género, el accionar de varios de los organismos del Estado dedicados a la implementación de estas políticas ha sufrido modificaciones. Algunas de las mismas representan avances, pero otras otras debilitan los logros alcanzados en la protección de las audiencias.
  • La acefalía de la Defensoría del Público -uno de los organismos relevantes en la aplicación de políticas de comunicación y género, y con reconocimiento internacional- es uno de los aspectos negativos del paradigma que llamamos “de transición” en las políticas actuales de comunicación y género de Argentina. A pesar de esta acefalía, el organismo sigue operando exitosamente dentro de los márgenes permitidos.
  • También evaluamos negativamente la falta de acceso a la información por parte del ENACOM, lo que da cuenta de los obstáculos existentes a los fines del monitoreo del accionar de los órganos estatales por parte de la ciudadanía. Sin embargo, valoramos el accionar del mismo -evaluado a través de mecanismos indirectos- que se revela en un aumento de las resoluciones y en la consideración de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI como causales autónomas de violación de derechos.
  • Pareciera haber una transformación en las funciones de la Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual que estaría dejando de ejercer su capacidad sancionatoria y focalizando su accionar sólo en medios digitales y en la asistencia al Poder Judicial.
  • Fue disuelto informalmente el Observatorio para la Discriminación en Radio y Televisión, un organismo tripartito con un destacado accionar durante los últimos 10 años; tampoco es posible acceder al acervo pedagógico generado por el mismo.
  • Fue creado el Observatorio de Violencia Simbólica y Mediática, en el ámbito del INAM, con competencia en todo tipo de soportes.
  • El INAM amplió su accionar en las políticas de comunicación a través del Plan Nacional de Acción contra las Violencias con políticas que aún no han sido rendidas en forma mensurable.
  • Los proyectos de leyes de comunicaciones convergentes de diferentes sectores políticos han incluido casi nulas consideraciones de género, aunque han tenido una relativa receptividad hacia las propuestas que se les han hecho llegar desde la sociedad civil.

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Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

Sandra Chaher – sandrachaher@comunicarigualdad.com.ar

Apoyamos y acompañamos el proceso que promueve la legalización del aborto. En esta nota presentamos nuestro documento de posicionamiento institucional y fundamento de las razones por las que entendemos que garantizar el acceso legal seguro y gratuito a la interrupción del embarazo, es una cuestión de igualdad, salud pública y derechos humanos.

Presentamos el documento institucional que fundamenta el posicionamiento de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables con relación a la necesidad de que el Estado legalice la interrupción del embarazo, y garantice su acceso seguro y gratuito, en el marco de la promoción y efectivo cumplimiento de políticas de salud sexual y reproductiva, garantizando la educación sexual integral, acceso a métodos de anticoncepción y a la interrupción del embarazo, como plena realización de los derechos involucrados.

El objeto de nuestra organización es el de aportar a una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, buscando garantizar la vigencia de los derechos humanos (art. 2 de nuestro estatuto). Uno de nuestros principales ejes de trabajo es la promoción de los derechos humanos de las mujeres.

Entendemos que la interrupción legal del embarazo, como parte de los derechos sexuales y reproductivos, es una cuestión de derechos humanos, de salud pública y de género. Asuntos que son de gran relevancia en nuestra misión y objetivo como organización.

Consideramos que necesario que en nuestro país se generen las condiciones de legalidad para que las mujeres y personas con capacidad de gestar accedan a prácticas médicas que garanticen la interrupción del embarazo de manera segura y gratuita en el respeto de su voluntad en el sistema de salud.

Insistimos, además, en que el Estado garantice la implementación de la ley de Educación Sexual Integral y de políticas públicas dirigidas al acceso a la anticoncepción (como el Plan Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable), como pilares fundamentales para la realización del derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas.

Una cuestión de salud

  • Los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad materna en Argentina.
  • Las muertes y complicaciones de salud vinculados a abortos afectan desproporcionadamente a mujeres en condiciones económicas más vulnerables.

Una cuestión de derechos humanos e igualdad

  • A pesar de que la Corte Suprema decidió un caso estableciendo criterios para el acceso a aborto en ciertas circunstancias, la práctica es muy restrictiva y de nuevo afectando desproporcionadamente a mujeres en condiciones económicas más vulnerables.
  • En los últimos años, diversos comités de derechos humanos han realizado recomendaciones concretas a Argentina para que modifique su regulación del aborto.
  • En los países en que se ha legalizado el acceso a la interrupción del embarazo no hubo un incremento en el número de abortos. Al mismo tiempo, hubo drásticas reducciones en índices de mortalidad materna.
  • La interrupción del embarazo debe ser el último recurso en un plan integral de educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos.

Más información: 

Posicionamiento institucional sobre la legalización del aborto bit.ly/posicionamientoinstitucional

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Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

El 23 de noviembre de 2017 el Congreso de la Nación aprobó la Ley N° 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, fruto de la armonización de varios proyectos presentados en el Senado durante el 2016. El primero de ellos fue el presentado el 26 de febrero de ese año por la diputada peronista jujeña Liliana Fellner.

Si bien el proyecto final había sido aprobado en el Senado en octubre de 2016, no llegó a la Cámara de Diputados sino hasta poco antes de finalizar el período de sesiones de 2017.

En la extensa sesión del 22 de noviembre, la diputada Victoria Donda (Movimiento Libres del Sur) solicitó que el proyecto fuera tratado “sobre tablas”. Así, en horas de la madrugada, con 165 votos a favor, 4 votos en contra, 2 abstenciones y 82 diputados ausentes, el proyecto se convirtió en ley.

Con el objetivo de garantizar que exista paridad de género en los órganos legislativos, la ley establece que las listas de candidatos al Congreso de la Nación (diputados y senadores) y al Parlamento del Mercosur deben ser realizadas «ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente».

De esta manera, la ley lleva la representación femenina en las listas electorales al 50 por ciento, garantizando el principio de participación equivalente de género. Esta decisión va en sintonía con la legislación local de algunas provincias, como Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro y, más recientemente, Buenos Aires, que hace ya varios años que cuentan con leyes de participación equivalente de géneros.

La Ley de Cupo: el antecedente fundamental

Si bien contábamos con una ley de cupo desde 1991, año en que Argentina se convirtió en el primer país del mundo en garantizar la participación de las mujeres en los puestos electorales, dicha ley ya quedaba obsoleta.  La ley 24.012, que hace dos décadas fue considerada de avanzada, establecía un cupo mínimo del 30% que debía ser ocupado por mujeres. Sin embargo, en la práctica, la ley terminó mostrando sus limitaciones al convertir ese porcentaje en un techo, antes que en un cupo mínimo, haciendo que muchas veces las mujeres quedaran relegadas al tercer, sexto o noveno lugar en las listas.

Lamentablemente, como hemos dicho en otra oportunidad, en el vaivén de la interpretación de nuestra Constitución Nacional, y en particular el Art. 37, se siguen pasando por alto las disposiciones de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que goza de jerarquía constitucional y debe ser obligatoriamente tomada como norma vigente y complementaria de nuestra Carta Magna.

La CEDAW, en su Art. 4 Inc. 1, dispone: “La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”.

Las leyes de cupo femenino no son otra cosa que estas “medidas especiales de carácter temporal” establecidas en este cuerpo normativo, que deberán cesar cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

Ya en las últimas Conferencias Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe se había planteado como meta regional cambiar la idea de porcentaje mínimo por la de paridad de género. En el Consenso de Quito surgido de la X Conferencia Regional de la Mujer los Estados reconocieron que la paridad es “uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres”.

Las cuotas son medidas correctoras y, por lo tanto, temporarias; en cambio la paridad es un principio permanente que representa de mejor manera la igualdad en el ejercicio del poder. La paridad es una medida definitiva que busca compartir el poder político entre mujeres y hombres y transformar la idea misma de democracia.

No obstante, es necesario reconocer que las leyes de cupo o mecanismos de cuotas han logrado conquistas en el camino hacia la igualdad, favoreciendo nuevos temas en la agenda pública, especialmente en materia de igualdad de género y defensa de derechos.

Desde entonces nuestro Congreso ha sancionado numerosas leyes que promueven los derechos de las mujeres contra la discriminación y la desigualdad que sufren por motivos de género, como la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (2009), la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (que promueve el tratamiento igualitario y no estereotipado en los medios, evitando la discriminación por razón de género u orientación sexual, también del 2009), la Ley 26.862 de Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida (2013) y la Ley 26.873 de Lactancia Materna – Promoción y Concientización Pública (2013), por mencionar algunas.

Fruto de la larga lucha de los distintos movimientos feministas y del trabajo de legisladoras de diferentes colores partidarios, la paridad representa un enorme avance en materia legislativa. Este avance, sin embargo, debe ir acompañado por políticas públicas con perspectiva de género que garanticen y profundicen la realización de estos derechos y que abonen a una real transformación de las relaciones patriarcales de poder.

La Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política es definitivamente una medida positiva que permitirá el efectivo goce de los derechos humanos de las mujeres y la real apertura del espacio legislativo a la agenda de los movimientos feministas como temáticas ineludibles para el fortalecimiento de la democracia.

Autoras

Rocío Aguirre

Mayca Balaguer

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Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

Mayca Balaguer – maycabalaguer@fundeps.org

Emilia Pioletti – emiliapioletti@fundeps.org

Con una organización extraordinaria en todos los puntos del país, y en el marco de un movimiento internacional, las mujeres volvemos a reclamar por la igualdad.

En el día de las mujeres en 2017 se realizó una movilización en más de 35 países, para denunciar la desigualdad histórica de las mujeres en la sociedad y sus múltiples consecuencias: desde violencias machistas –y su expresión más extrema, los femicidios– hasta la feminización de la pobreza, la violencia económica, trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, brecha salarial en relación a los sueldos masculinos, precarización laboral, vacantes universales en jardines maternales, ampliación de licencias por maternidad y paternidad, salarios para víctimas de violencia de género, igual salario por igual trabajo, reapertura de la moratoria para las amas de casa, entre otros reclamos.

Este año, la movilización se multiplicó, y las organizaciones y movimientos y sindicatos de todos los lugares del país vuelven a convocar bajo la misma bandera. Miles de personas nos estamos reuniendo en las asambleas organizativas del Paro Internacional de mujeres, trans, lesbianas y de todas las identidades feminizadas, y convocamos a diversas medidas, desde el paro hasta marchas, intervenciones, campañas digitales, etc.

El despliegue de energías se da en toda Latinoamérica, y los reclamos se ajustan a las necesidades más urgentes de cada lugar, visibilizando las diversidades de nuestro continente.

Sin dudas, el colectivo Ni Una Menos, presente en todas las provincias y casi todas las ciudades del país, es el espacio que reúne a las personas que queremos visibilizar nuevamente la lucha por los derechos a la igualdad y a una vida libre de violencias. Desde estos espacios se construyen las alianzas y los vínculos de una lucha histórica e incansable que crece cada día más.

Desde FUNDEPS paramos todas las identidades que formamos parte de nuestra organización. Volvemos a adherir a la necesidad de repensar nuestras relaciones, nuestras políticas y nuestra realidad sociocultural. Acompañamos la lucha, invitamos y adherimos al Paro Internacional de Mujeres el próximo 8 de marzo de 2018.

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Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

Tras la elección de los Premios Carlos Paz 2018, el locutor Carlos Caserta realizó una serie comentarios homofóbicos, discriminadores y despectivos en contra de Florencia de la V y de la comunidad trans. Fue denunciado por las organizaciones sociales, criticado en los medios y el INADI declaró su repudio.

El locutor Carlos Caserta, en su programa en FM 100, criticó a los Premios Carlos Paz por reconocer a la actriz y capo cómica Florencia de la V, por su actuación en la obra «Explosivos».

En sus dichos sostuvo: «Elegir a un ‘trava’ como figura destacada femenina… Discúlpenme, ustedes, pero están enfermos de la cabeza (…) Sinceramente, no lo digo de malo. ¡No es mujer! ¡Tienen que respetar a la mujer, carajo! ¿Cómo puede ser que un trava sea más importante que una mujer? Y las mujeres, encima, no hacen nada, lo toman con gracia. Le están cagando los clientes, los premios. Les cagan todo estos resentidos enfermos que son los travas, o los homosexuales«.

Las aberrantes manifestaciones de Caserta se enmarcan en una práctica violenta, en flagrante desmedro de los derechos del colectivo LGTTTBIQ, que fomentan la discriminación, la desigualdad y el odio. En estos casos es fundamental recordar la “Guía para el tratamiento periodístico responsable de identidades de géneros, orientación sexual e intersexualidad”,  publicada por la Defensoría del Público, que recomienda, entre otras: “Respetar el principio de autodeterminación de las identidades y orientaciones sexuales y promover discursos mediáticos que eviten juzgar o desacreditar la autonomía de las personas para definirse”.

Por otra parte, los dichos de este señor promueven una visión dicotómica de los géneros y la sexualidad, haciendo un enfoque sobre la heterosexualidad obligatoria como único modelo legítimo de cuerpos, identidades, relaciones y familias.

Muchas organizaciones realizamos denuncias por las vías correspondientes, que se encargan de velar por los derechos de las audiencias, como la Defensoría del Público, el ENACOM, el INADI, y el INAM.

La respuesta del INADI fue veloz y concreta en su rechazo a los dichos de Caserta, reafirmando que “estas manifestaciones adquieren otra dimensión e impacto cuando son difundidas en los medios de comunicación masivos”, por lo que invita a tomar conciencia a comunicadores/as frente al micrófono.

Este tipo de conductas por parte de profesionales de la comunicación es plausible de sanción y se encuentra en flagrante violación a nuestra normativa nacional, como así también a los Tratados de Derechos Humanos, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.

No debe olvidarse que, según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N°26.522, establece en su artículo 70: “La programación de los servicios previstos en esta ley deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual (…) o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes”.

Por otra parte, la Ley de Identidad de Género N° 26.743, en su artículo 1:

Toda persona tiene derecho:

  1. Al reconocimiento de su identidad de género;
  2. Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género;
  3. A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada”.

Aplaudimos la inmediata reacción del INADI, y el seguimiento de los demás órganos competentes del Estado, en el cumplimiento de sus funciones, y en garantía a los derechos que protegen nuestras leyes. Es fundamental comprender que los medios de comunicación son creadores de opinión y que ello conlleva una gran responsabilidad a quienes crean y reproducen los contenidos, en promover la igualdad y el respeto a los derechos, en pos de una sociedad más justa y equitativa.

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Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

Te invitamos a participar de la Jornada Género y Tecnología en Córdoba, el próximo 29 de noviembre. La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa.

Fecha: 29 de noviembre

Hora: 9 a 16 hs

Lugar: FAMAF (UNC), Medina Allende s/n, Ciudad Universitaria.

Ingresá tus datos en el formulario para asegurar tu participación. Se entregarán certificados de asistencia.

Programa

9.00 a 9.30: Bienvenida + Introducción al proyecto

9.30 a 10.30: Panel – Brecha digital, género y tecnología 

La brecha digital de género es la que se refiere usualmente a la desigualdad en el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) por parte de niñas y mujeres. Según estudios de 2016 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), está brecha se viene agrandando a nivel global. Pero no se trata solo de inequidades en el acceso a las TICs – aunque hay 200 millones menos de mujeres conectadas que hombres

La brecha digital de género hoy también hace referencia a la desigualdad en la participación plena de las mujeres en la economía digital. Hay menos mujeres trabajando en industrias TIC, estudiando carreras de programación o ingeniería, o tomando decisiones sobre políticas públicas de ciencia y tecnología. Este panel buscará discutir las implicancias de esta problemática en la Argentina, donde la revolución digital ya está trastocando las políticas de empleo, participación y desarrollo de los ciudadanos.

Moderadora: WiDE: Tamar Colodenco, WIDE

Belén Bonello (Fundación Sadosky)

Lila Pagola, Universidad de Villa Maria

Celeste Torresi, Santex

Ministerio de Ciencia y Tecnología

10.30 A 11.00 Coffee

11 a 12: Panel – ¿Oportunidades laborales para mujeres en el mundo de la tecnología? 

Son muchos los desafíos que enfrentan las mujeres para la participación plena en el ecosistema digital, pero también son muchas las oportunidades. Este panel tiene como objetivo explorar y difundir oportunidades para que niñas y mujeres se inserten en el mundo de la tecnología. Distintas panelistas explorarán, desde su experiencia, distintos recorridos y recursos que resultan de utilidad para iniciar o afianzar un camino profesional en el mundo de la tecnología.

Moderadora: ADS: Melisa Gorondy Novak, Asuntos del Sur

Ana Laura Almada, FLISOL Córdoba

Luciana Benotti, FAMAF

Carolina Antón, Espacio Abasto

María Helena Provenzal, Incutex

Consejo Provincial de las Mujeres

Ana Figueroa (Moblar)

12.30 a 13.30: Almuerzo

13.30 a 15:30: Taller

Propuestas (dependiendo la cantidad de asistentes inscritas se realizarán posiblemente los talleres en simultáneo)

Taller sobre herramientas de desarrollo profesional para mujeres. Con uno o dos facilitadores, se proponen actividades para ayudar a las participantes a pensar en sus objetivos de carrera y a desarrollar herramientas y recursos para alcanzar esas metas. En grupos pequeños pueden reflexionar sobre su trayectoria, sus intereses y sus fortalezas y debilidades a la hora de buscar trabajo. Además podemos hacer un breve ejercicio para mejorar los CVs, afilar las búsquedas, etc. La idea es que se lleven herramientas concretas y un buen panorama de qué habilidades se demandan en el mundo de la tecnología y que oportunidades de capacitación existen.

Reflexión sobre género y trabajo. Sería un espacio más teórico y menos práctico para charlar sobre los desafíos que tienen las mujeres en el laboral, se puede trabajar también con legislación local, derechos humanos y género, etc.

Taller “Feeling para incidir políticamente en agendas de género e internet”: Feeling es una Metodología para innovar centrada en los sentimientos y experiencias de las personas.

Coordinado por:

Daniela Pardo,Women in the Digital Ecosystem – WiDE

Melisa Gorondy Novak, Asuntos del Sur

Virginia Pedraza, FUNDEPS

15.30 a 16.00: Palabras finales | Construcción de un mural

Acerca de WiDE

Women in the Digital Ecosystem (WiDE) tiene como objetivo fomentar la igualdad de género en la industria de la tecnología con un enfoque en las carreras tecnológicas no tradicionales.

Necesitamos igualdad de género en todos los sectores del ecosistema digital, y eso incluye roles no técnicos tales como analistas de políticas públicas digitales, periodistas especializadas en tecnología, investigadoras en temas de Internet y TICs, especialistas en derecho informático y más.  Para cumplir con su misión, WiDE ofrece talleres de desarrollo de carrera para mujeres jóvenes que quieren explorar la amplia gama de trabajos no técnicos demandados por la economía digital así como las oportunidades disponibles para acceder a ellos. En esta primera etapa, WiDE está dirigido a mujeres que están estudiando o se han graduado recientemente de carreras sociales, humanísticas o afines como ciencias políticas, comunicación, economía, derecho, periodismo, sociología, letras, etc.

Acerca de Asuntos del Sur (ADS)

Asuntos del Sur es un centro de pensamiento independiente, sin fines de lucro que desde 2007, se dedica al análisis, debate y realización de propuestas de políticas públicas para América Latina. ADS tiene el objetivo central de constituirse en una plataforma de deliberaciones de los principales problemas y preocupaciones que aquejan a nuestra región. Como resultado, ADS produce información rigurosa y de calidad que busca influenciar políticas regionales y nacionales.

​Acerca de Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS)

FUNDEPS es una organización sin fines de lucro que trabaja en la incidencia en políticas públicas para que se respeten los derechos humanos, tanto a nivel local, nacional como internacional. Realiza actividades de investigación, construcción de capacidades, incidencia, litigio estratégico y cooperación en general. Para esto trabaja junto a todos los grupos que intervienen en el proceso de desarrollo: diferentes niveles de gobierno, comunidades concretas, la ciudadanía en general y otros/as integrantes de la sociedad civil. El objetivo es impulsar un desarrollo sustentable inclusivo, participativo y guiado por derechos humanos.

En septiembre del presente año, luego de un año del llamado a convocatoria, se anunciaron las organizaciones que formarían parte del CCAH de la sociedad civil que tiene como principal función la de asesorar y recomendar cursos de acción para abordar la problemática de la violencia de género. Este Consejo, creado en virtud del artículo 9 de la ley de protección integral 26.485, está compuesto por dos organizaciones por provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo un total de 48.

El 27 de octubre se llevó a cabo la primera reunión de dicho Consejo, en la que además de presentarse las organizaciones, se informó sobre el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019) y sobre los planes del INAM en materia de diseño e implementación de políticas. Asimismo, se discutió sobre las funciones y el reglamento que debe dictarse el CCAH. Entre las funciones de las organizaciones, están las de participar de las reuniones anuales y monitorear la aplicación de la ley 26.485 en sus respectivas provincias, para luego presentar informes que sirvan de insumo al INAM para promover la aplicación de la ley a nivel federal.

Uno de los principales puntos de la agenda fue el cambio que sufrió este organismo, que pasó de ser el Consejo Nacional de la Mujer, a ser el INAM. Las autoridades que expusieron, mencionaron que la decisión respecto de esta modificación atiende a la necesidad de darle mayor jerarquía a las políticas públicas de prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres al tener rango de Secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social, a la vez que se le otorga mayor autonomía al organismo.

Por otro lado, se señaló que a futuro se planea establecer delegaciones provinciales, para territorializar las políticas del INAM y facilitar el acceso a los trámites en las distintas provincias argentinas. No obstante, no se hicieron referencias a cómo se va a transversalizar las políticas públicas en esta materia hacia las otras áreas del Estado, más allá del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social.

Celebramos la iniciativa del INAM para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley y por consolidar un espacio institucionalizado para que la sociedad civil participe de manera federal en materia de violencia de género. La construcción y monitoreo de las políticas públicas para una problemática tan extendida como la desigualdad de género requiere de la participación de la sociedad civil de toda Argentina, por lo que esperamos que se continúe avanzando en pos de la promoción de los derechos de las mujeres, también asegurando presupuesto y la infraestructura necesaria para que funcionen en todo el territorio nacional.

No podemos dejar de mencionar que debería reforzarse la participación de las organizaciones, además de la existencia del CCAH. Es necesaria la implementación de mecanismos para que puedan acceder a la participación otras organizaciones referentes de los derechos de las mujeres en todas las provincias, que no cumplen con los requisitos formales para pertenecer al CCAH, pero que por su experiencia y trayectoria deben considerarse a los fines del diseño e implementación de políticas públicas de género en nuestro país.

Más información

– Resolución creación del INAM y del CCAH

– Anexo de organizaciones integrantes del CCAH

Contacto

Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

A comienzos de este año, se puso en evidencia el recorte para el presupuesto destinado a erradicar la violencia de género en nuestro país, lo que luego fue aclarado por las autoridades del Consejo Nacional de las Mujeres (actual Instituto Nacional de las Mujeres –INAM), recomponiéndose tal “error”. Este movimiento despertó una alerta a las organizaciones por la grave ausencia de transparencia y claridad sobre el manejo de los fondos públicos que irían destinados al Consejo.

En este marco vale destacar que nuestro país ha firmado y ratificado una serie de acuerdos y tratadosinternacionales relativos a los derechos humanos para la igualdad de género (Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y  la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), que obligan al Estado a desarrollar políticas públicas con el máximo de recursos requeridos, principalmente técnicos y económicos, para garantizar el ejercicio de derechos por mujeres en igualdad de condiciones que los varones.

Pasando por alto estos compromisos, en septiembre del presente año se presentó el presupuesto para el 2018, a partir del cual, diversas organizaciones de la sociedad civil (ELA, ACIJ, CAREF, FEIM, MEI y Fundación Siglo 21) alertaron nuevamente sobre una reducción presupuestaria destinada al INAM, principal ente de aplicación de la Ley Nº 26.485 de Protección Integral hacia las Mujeres, y la falta de claridad y desagregación del presupuesto dirigidos a otros programas para erradicar las violencias hacia las mujeres. La diferencia es de un 17% menos que el presente año, teniendo en cuenta únicamente las previsiones oficiales de inflación para el próximo año.

La brecha presupuestaria es más significativa si se tiene en cuenta que la creación del INAM se estableció con el fin de darle mayor autonomía económica y jerarquía institucional al organismo regidor de políticas de igualdad de género.

El pronóstico presupuestario para el próximo año resulta alarmante, especialmente si consideramos que en nuestro país las mujeres reciben un salario inferior de hasta un 27% menos que sus pares varones por el mismo trabajo realizado y son las más propensas a trabajar en condiciones precarizadas, que las cifras de femicidios ascienden a uno cada 18 horas, que la violencia simbólica y mediática se reproduce a través de los medios de comunicación por la crisis de las instituciones creadas para su monitoreo y erradicación.

Remarcamos que el recorte de presupuesto y la ausencia de un panorama claro sobre los recursos que serán asignados a las políticas públicas destinadas a la promoción de la igualdad de género en diversos ámbitos, hacen peligrar todas las medidas y acciones positivas que se vienen desarrollando en este sentido y dan marcha atrás con los compromisos nacionales e internacionales asumidos.

Añadimos que la falta de desagregación y especificación presupuestaria hacia políticas de género demuestran serias dificultades al momento de atender a la necesidad de incorporar la perspectiva de género en asuntos relativos a los recursos asignados, y que además impiden su seguimiento y monitoreo a fin de garantizar su cumplimiento. En este sentido es cuestionable el accionar del Estado, puesto que, si se ha comprometido a luchar contra la violencia de género, las medidas y el abordaje del presupuesto para tal fin no deberían reproducir las desigualdades y violencias hacia las mujeres.

La invisibilización y falta de claridad  sobre las partidas presupuestarias destinadas a gran parte de los programas más importantes para garantizar la igualdad de oportunidades y combatir la violencia machista (salvo algunas excepciones como el Programa de Educación Sexual Integral y Las Víctimas contra las Violencias entre otros), crean un espacio gris que permitirían al Estado moldear y alterar los fondos públicos a favor de intereses y necesidades contingentes que podrían afectar la pervivencia y efectividad de las políticas públicas para garantizar la igualdad de género.

Por eso y una vez más, adherimos al reclamo de las organizaciones de la sociedad civil contra la reducción presupuestaria y a favor de la transparencia y especificación respecto a los fondos del Estado asignados a políticas públicas orientadas a erradicar las violencias que recaen de manera insistente e incesante sobre tantas de mujeres.

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi – cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Más de 50.000 mujeres se congregaron un año más para compartir experiencias, actualizar debates, expresar sentimientos y definir políticas que atiendan sus necesidades, apostando al trabajo colectivo para avanzar en la lucha. Las mujeres se acercaron desde distintos puntos del país, pero vale resaltar la presencia de mujeres originarias de El Impenetrable Chaqueño, quienes aportaron la diferencia en su primera participación en un ENM.

El encuentro estuvo marcado por una gran variedad de talleres, entre ellos mujeres y feminismos, derechos sexuales y reproductivos, femicidios, pueblos originarios, entre otros. Dos temáticas nuevas se agregaron este año: “Mujeres y Cultura de la Violación”, el cual desarrollo el rol de los medios en la construcción de la víctima y el victimario, la violencia institucional, el consentimiento sexual, afectivo y relacional, entre otros ejes. También se sumó “Activismo Gordx”, taller que trató sobre el modelo médico hegemónico, estigmatización cultural de los cuerpos gordos y nuevas formas de politización. Paralelamente, las mujeres pudieron disfrutar de numerosas actividades culturales, siendo la plaza 25 de Mayo epicentro de charlas, artesanías, música y mates “encuentreros”.

El domingo pasadas las 18h se realizó la multitudinaria marcha que recorrió más de 35 cuadras de camino al Parque de la Democracia, contando con la presencia de mujeres pertenecientes a distintas agrupaciones sociales, políticas, sindicales, organizaciones civiles, comunidades originarias, etc. La marcha culminó con una gran peña al ritmo de buena música, baile y comidas varias.

No podemos dejar de mencionar las lamentables agresiones que en la siesta del lunes sufrieron varias mujeres que asistieron al ENM, por parte de un grupo de personas que, al grito “que se vayan todas”, les tiraron piedras, las persiguieron en motos, les pegaron con palos, y las amenazaron, acorralaron e intimidaron violentamente. Una vez más, la intolerancia y la violencia tuvieron parte en el ENM. Repudiamos este episodio de este sector anti derechos, que lejos de respetar la libertad de expresión y la democracia, mancharon nuevamente un ENM. También vale destaca que, a diferencia de los previos ENM, las fuerzas de seguridad no reprimieron y actuaron con respeto a los derechos de las asistentes, resguardando toda la seguridad del encuentro.

Celebramos estos 32 años de lucha que no claudica y nos encontraremos una vez más el próximo año en Puerto Madryn, Chubut, sede del 33° ENM.

Fotogalería en El Entramado

Fuentes

Incidentes en la marcha de repudio al encuentro de mujeres | TN24

Violenta manifestación de resistencianos contra las mujeres del Encuentro | El Diario de la Región

Autora

Mariana Cabanillas

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Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

La realidad de las mujeres en Argentina, apremia para que las organizaciones tomen acción, se organicen y fortalecen sus vínculos. Es imprescindible generar estrategias colectivas que puedan generar impactos que visibilicen las faltas que día a día sufren las mujeres en nuestro país, como al acceso a la justicia, a la participación, a los derechos a una vida libre de violencias, a la salud, a la libertad, a la igualdad de oportunidades, entre tantos otros.

Las organizaciones y personas que formamos parte de la Alianza de Abogadxs por los Derechos Humanos de las Mujeres nos reunimos para debatir los logros alcanzados en los últimos años, las conquistas y avances en el reconocimiento de derechos y su implementación. Pero también pusimos sobre la mesa los riesgos en la implementación de políticas regresivas, de estrategias que continúan reproduciendo las lógicas de desigualdad de género, y todo aquello por lo que siempre luchamos y todavía no hemos alcanzado.

Es por ello que centramos nuestros intercambios sobre dos temas centrales: derechos sexuales y reproductivos, y violencia hacia las mujeres. En ambos espacios de debate alcanzamos puntos de partida para estrategias colectivas, y generamos dinámicas de fortalecimiento mutuo para aquellas medidas y acciones que necesariamente tienen que ser diagramadas de modo local.

Los derechos humanos de las mujeres deben ser garantizados por el Estado, y cuando esto no se manifiesta en la realidad, las organizaciones continuaremos realizando acciones de incidencia colectiva para exigir que todas las personas, sin importar su género, gocen de todos los derechos y puedan vivir sus vidas sin miedo y en plena libertad.

Contacto

Virginia Pedraza <vir.pedraza@gmail.com>

Sin embargo, para poder empezar a ser electas el proceso fue muy diferente. Sólo a través de la Ley de Cupo Femenino en 1991, la representación de las mujeres comenzó a ser garantizada por el Estado. Esta ley permitió que las estructuras de la desigualdad de género puedan empezar superarse. Los números hablan por sí solos: antes de la ley, las mujeres electas a cargos públicos en el Congreso no superaban el 6% del total de las bancas. Hoy las mujeres ocupan el 41,7% en la Cámara de Senadores y el 38,5% en Diputados. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer.

En la actualidad, aunque las mujeres son más de la mitad de la población, la representación femenina no alcanza el 50% en ningún espacio de toma de decisión. Según una investigación realizada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) sobre las elecciones Paso de 2017, son muy pocas las listas que incumplen con la Ley de Cupo Femenino. Sin embargo, la interpretación que hacen los partidos sobre su aplicación ha comenzado a transformarse en un techo a la participación, más que en un herramienta de garantía.

En las provincias en las que se ha implementado una ley de paridad (Salta, Buenos Aires), la representación femenina ha sido mayor, pero esto no se evidencia en el resto del país. Es por ello que se hace necesario generar mecanismos que puedan promover un compromiso real con la igualdad de género en los partidos políticos, como así también la implementación de una ley nacional de paridad que garantice una representación femenina que sea acorde a la configuración social de géneros.

Contacto

Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org