«A través de su financiamiento y apoyo técnico, una compleja gama de instituciones públicas y privadas continúan implicadas en ataques contra defensores«, cita el informe del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los/as defensores/as de los derechos humanos, Michel Forst.
Según Forst, «hay una profunda crisis vinculada a la imposición de modelos de desarrollo que parecen favorecer los beneficios a corto plazo y la mercantilización sobre las necesidades y aspiraciones de las poblaciones locales«. El informe encontró que en muchos casos, las violaciones de los derechos y el conflicto se derivan de la exclusión de las comunidades potencialmente afectadas de las decisiones sobre sus tierras y recursos naturales.»Solo al garantizar el derecho de dichas comunidades a otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado, como se prevé en los acuerdos internacionales, se pueden evitar estos orígenes del conflicto«.
El análisis del Relator Especial se hace eco de algunas de las tendencias y desafíos críticos destacados en un escritopresentado por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo en respuesta a la convocatoria del Relator Especial para el informe. Estos incluyen el creciente papel del sector privado en el desarrollo, la falta de debida diligencia en materia de derechos humanos por parte de los bancos de desarrollo, el creciente uso de intermediarios financieros y la mala ejecución de los procesos de consulta y consentimiento.
El informe del Relator Especial destaca la «urgencia» para que los bancos de desarrollo y otros inversionistas utilicen la debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar posibles riesgos para los defensores e identificar medidas de mitigación antes de tomar decisiones de inversión. Teniendo en cuenta los compromisos de los Estados en materia de desarrollo sostenible, el Relator subrayó que «ahora es el momento de ‘predicar con el ejemplo’ y garantizar que nadie pueda ser asesinado o amenazado por el mero hecho de defender los derechos humanos».
El informe recomienda varias políticas y prácticas concretas que los bancos de desarrollo y otros inversores deberían adoptar para salvaguardar a los defensores:
- Llevar a cabo evaluaciones de impacto ex ante sobre el entorno propicio para los derechos humanos y las libertades fundamentales en los países de acogida, así como sobre los riesgos de los proyectos para defensores/as de los derechos humanos.
- Llevar a cabo un monitoreo in situ con experiencia en derechos humanos para todos los proyectos;
- Utilizar provisiones contractuales para exigir a los clientes que se aseguren de que los/as defensores/as puedan difundir públicamente y de forma segura sus reclamos;
- Exigir mecanismos de denuncia accesibles e independientes con experiencia en derechos humanos;
- Monitorear los proyectos de manera cercana en busca de represalias y, en caso de que ocurran, responder pronta y públicamente, incluso ejerciendo influencia sobre los gobiernos para investigar y responsabilizar a aquellos que usan la fuerza contra manifestantes o amenazan a quienes critican los proyectos;
- Divulgar todos usuarios/as finales de los préstamos de intermediarios financieros y garantizar el cumplimiento de las salvaguardas y los derechos humanos;
- Retener las inversiones donde las evaluaciones de impacto revelan serias amenazas para las libertades cívicas y para defensores/as.
Los hallazgos del Relator Especial se hacen eco de muchas de las prioridades y recomendaciones de la campaña Defensores/as en el Desarrollo liderada por la Coalición junto con grupos de la sociedad civil de todo el mundo. La campaña está trabajando para garantizar que las actividades de desarrollo respeten los derechos humanos, que los financiadores del desarrollo promuevan un entorno propicio para la participación pública, y que los/as defensores/as puedan defender sus derechos y responsabilizar a los actores del desarrollo sin temor.
Fuente: Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo
Fuente de imágen: Accountability Counsel
