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Participamos en evento sobre Empresas, Sostenibilidad y Derechos Humanos

El pasado lunes 11 de noviembre, expusimos sobre la temática de Empresas B en el evento Empresas, Sostenibilidad y Estándares de DDHH organizado por la Escuela de Negocios y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba. 

Invitados por la Escuela de Negocios y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCC, el pasado 11 de noviembre participamos como expositores en la Jornada “Empresas, Sostenibilidad y Estándares de Derechos Humanos”, que reunió a académicos, funcionarios y representantes de la sociedad civil de Córdoba y la Argentina que abordan la agenda de Derechos Humanos y Empresas en sus actividades.  

El evento se llevó a cabo en el marco de la Quinta Sesión de la ONU sobre el tratado vinculante de DDHH y empresas, celebrada en Ginebra en el mes de octubre. Los temas abordados incluyeron  los estándares sobre empresas y DDHH, los avances que se han realizado en el borrador del proyecto de tratado sobre la temática, las reparaciones en el marco de las vulneraciones de DDHH, entre otros

En el segundo panel, los exponentes aboradorn las temática del principio de acceso al consumo sustentables, Empresas B y desarrollo sostenible, y, por último, la manera en que la sustentabilidad puede incrementar la rentabilidad de las empresas. 

Fudeps estuvo a cargo de la exposición sobre Empresas B y desarrollo sostenible. Nuestra exposición abordó  este nuevo fenómeno empresarial, los beneficios de formar parte de este tipo de empresas y sobre las irregularidades que presentan algunas empresas. Específicamente se mencionó el caso Porta, y quién o quiénes son los responsables de garantizar que las empresas con certificación B cumplan con sus responsabilidades de generar impactos positivos sociales y ambientales. 

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Sofía Brocanelli, sofiabrocanelli@fundeps.org

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Quinta sesión de la ONU sobre el tratado vinculante de Empresas y DD.HH.

Se llevó a cabo la quinta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental en Ginebra. En las negociaciones sobre el borrador revisado del Tratado vinculante sobre las corporaciones transnacionales y su responsabilidad hacia los Derechos Humanos participaron las delegaciones oficiales de los Estados miembros de la ONU, la sociedad civil y movimientos y organizaciones sociales. 

Desde el 14 al 18 de octubre, se desarrolló en Ginebra la quinta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el borrador revisado del tratado vinculante de corporaciones transnacionales respecto a los derechos humanos (DDHH). 

De las sesiones, participaron no solo los representantes de los Estados miembros, también organizaciones de sociedad civil (OSC) y movimientos sociales. En el transcurso de las sesiones, la delegación de Brasil, junto a otras delegaciones, plantearon la necesidad de que las negociaciones sean directas entre los Estados y sin la sociedad civil; ello fue rechazado no solo por las OSC, también por las delegaciones de otros Estados quienes destacaron el importante rol que han tenido las OSC a lo largo de estos 4 años de negociaciones con sus aportes al tratado vinculante. También se destacó la necesidad de que las organizaciones sean partícipes del proceso para garantizar que los DDHH de las comunidades afectadas por las corporaciones transnacionales sean respetados y remediados.

Como punto a favor, se destacó el avance del proceso en comparación con el primer borrador del tratado (borrador zero). Sin embargo, aún restan muchas cuestiones por abordar ya que el nuevo instrumento legal no estaría garantizando la justicia para las comunidades afectadas por las empresas transnacionales y, además existen términos que continúan siendo demasiado ambiguos y prestarán a la libre interpretación de las empresas trasnancionales en desmedro de la protección de los DDHH. 

Al finalizar la semana de negociaciones en el marco de la quinta sesión, se aprobó la relalización sexta sesión con una nueva versión del tratado revisado para el año 2020. Es relevante recalcar la necesidad de que el tratado contemple a las víctimas y a los afectados por las violaciones de los DDHH ocasionados por las empresas transnacionales. 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

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Argentina sigue apostando por las centrales nucleares con financiamiento chino

El Primer Plan Quinquenal Integrado firmado entre Argentina y China para la Cooperación en Infraestructura (2017-2021), contiene 16 proyectos a desarrollarse en el país. Dentro de éstos se encuentran la construcción de dos centrales nucleares. La elección de construir plantas nucleares en vez de invertir en energía eólica y solar, produce ciertas inquietudes por los riesgos que implica la energía nuclear.

El fortalecimiento de la relación sino-argentina se observó con la firma del Primer Plan Quinquenal (2017-2021) entre ambos actores, el cual incluye 16 proyectos a llevarse a cabo en el país con financiamiento chino. Uno de los proyectos que genera cuestionamientos económicos, pero sobre todo ambientales, es el de la construcción de dos centrales nucleares, Atucha III y IV.

En torno a las centrales nucleares hay opiniones a favor y en contra. Hay defensores de este tipo de energía por las bajas emisiones. Sin embargo, cada vez hay una mayor cantidad de opositores a la energía nuclear por sus impactos al medio ambiente, el riesgo que significa y lo costosa que es en relación a la energía eólica y solar.

Nuestro país cuenta con tres reactores nucleares, el primero, Atucha I, fue construida en 1974; la segunda central es la de Embalse que comenzó a operar en 1984 y la tercera central fue Atucha II, la cual comenzó a funcionar en el sistema nacional a partir del año 2014. La energía de tipo nuclear representa en el país el 6% de la matriz energética.

El acuerdo de la construcción de dos centrales nucleares data desde el gobierno de Cristina Kirchner, quien acordó su construcción con China en el año 2015. Cuando asumió Macri como presidente, se puso en duda la efectividad de este tipo de energía; sin embargo se ratificó el acuerdo con China sobre la construcción de las centrales nucleares (Atucha III y IV). A pesar de ello, por la crisis económica que atraviesa el país, el gobierno tuvo que optar por construir una sola central para que el tamaño del préstamo no sea tan grande y el país pueda afrontarlo.

Así, se construirá la central nuclear Atucha III que sumará a la red 745 megavatios y estará localizada en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires. El contrato para la construcción de esta central incluye un préstamo de China por $10.000 millones de dólares, lo cual cubre el 85% de los costos de construcción; el restante será invertido por Argentina.

En un primer momento, cuando se firmó el acuerdo, los gobiernos de ambos países manifestaron la importancia de firmar los contratos antes de septiembre de 2017, y, en consecuencia, comenzar la construcción de una de las centrales ese mismo años y de la segunda en el 2019. Sin embargo, ninguno de estos hechos sucedió. 
Este Plan Quinquenal tiene por propósito aumentar la complementariedad, la cooperación y beneficios en el sector de las infraestructuras, contribuyendo al desarrollo de las relaciones económicas bilaterales y de las naciones de ambos países.

El financiamiento chino ha crecido notablemente en América Latina y el Caribe, y Argentina no ha sido la excepción a este crecimiento. Las relaciones entre ambos países ha evolucionado de tal manera que China tiene importancia como prestamista bilateral, donde la mayor cantidad de préstamos se ha destinado a infraestructura y proyectos energéticos.

Desde Fundeps se realizó a principios de año un pedido de información al gobierno Nacional por el Primer Plan Quinquenal entre China y Argentina, haciendo hincapié en la construcción de las centrales nucleares. Las principales cuestiones que se consultaron fueron acerca de las modalidades y características del financiamiento que acordó el gobierno argentino para financiar las obras que contempla el Primer Plan Quinquenal; las dependencias, funcionarios y demás actores involucrados.

En cuanto a la construcción de las centrales nucleares, tema de relevancia en la solicitud de información, se solicitó el estado de construcción de las centrales nucleares, cuáles han sido los lineamientos sociales y ambientales de las instituciones que se encuentran involucradas en el proyecto, cuáles eran los lugares preseleccionados  y seleccionados para realizar la construcción, los estudios que se efectuaron para seleccionar el lugar de construcción de las centrales y, si ha habido evaluación de impacto ambiental (EIA) como si hubieron instancias de participación ciudadana. 

Si bien la solicitud fue respondida fuera de término (julio), no se respondieron de manera efectiva las preguntas realizadas al Ministerio de Energía y al de Hacienda. Solo por mencionar algunas cuestiones de la respuesta a la solicitud, no se brindaron los documentos de la EIA, muchos menos los estudios realizados para seleccionar a Lima, (provincia de Buenos Aires)  como el lugar para la construcción de la central nuclear. En líneas generales, las respuestas a las preguntas realizadas fueron escuetas, y la mayoría, por no decir todas, no brindaron los datos solicitados por Fundeps. 

En materia de acceso a la información a nivel nacional se ha avanzado, ya que como ciudadanos se pueden realizar solicitudes de información a través de la web. Sin embargo, todavía queda por hacer mucho trabajo en materia de gobierno abierto, ya que las respuestas a las solicitudes de información eluden la raíz de la pregunta que se realiza. No se encuentra mucha información disponible y, tampoco, al solicitar a las entidades responsables, se obtiene la información que se requiere. 

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Sofía Brocanelli

Gonzalo Roza

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Expusimos en el Congreso Nacional ALADAA sobre el rol del AIIB en la Nueva Ruta de la Seda

El 23 de agosto pasado, Fundeps participó del Congreso Nacional ALADAA en el marco de la agenda del área de Gobernabilidad Global sobre inversiones chinas en América Latina

El pasado 22 y 23 de agosto del 2019 se llevó a cabo en la ciudad de Río Cuarto el IX Congreso Nacional de ALADAA (Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África) Argentina “Culturas en Movimiento: Potencialidades y Desafíos en la Globalización. Asia y África desde América Latina”. Fundeps participó presentando un trabajo titulado “El rol del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) en la Nueva Ruta de la Seda Verde”, el cual fue expuesto por el voluntario del área de Gobernabilidad Global, Mariano Camoletto.

El artículo aborda el financiamiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, analizando el rol del AIIB como motor financiero de la misma. Además, explora si el financiamiento a través del AIIB representa una posibilidad de dotar de mayor sustentabilidad ambiental y social a los proyectos implementados en el marco de la Nueva Ruta de la Seda (también conocido como la Iniciativa de La Franja y la Ruta), el mega proyecto a escala global impulsado por China.

El AIIB, cuya sede se encuentra en Pekín, se creó en 2015 por iniciativa de China y cuenta actualmente con más de 100 miembros, entre los que se encuentra Argentina. El banco tiene como propósito contribuir al desarrollo económico y social de Asia con el enfoque puesto en la infraestructura sostenible, la movilización de capital privado y la conectividad. Para su cumplimento, el AIIB cuenta con una cartera de 100 mil millones de dólares y la estrategia se basa en el concepto Lean, Clean and Green a través del cual el banco busca ser eficiente, ágil, ético y respetuoso con el medio ambiente.

En cuanto a las políticas operacionales del banco, las más importantes son el Marco Ambiental y Social y el Mecanismo de Rendición de Cuentas. En cuanto al primero, fue aprobado en el 2016 y tiene como propósito ayudar al banco y sus clientes a alcanzar resultados positivos de desarrollo ambiental y socialmente sostenible en sus proyectos, además de exponer los objetivos institucionales para abordar los riesgos e impactos ambientales y sociales en los proyectos financiados por el banco. Asimismo, el cumplimiento de éstas políticas son de carácter obligatorio para poder acceder al financiamiento del banco.

En lo que respecta al Mecanismo de Rendición de Cuentas del Banco, éste fue lanzado en  2018 y tiene como propósito recibir las quejas y solicitudes de aquellas comunidades o poblaciones afectadas negativamente por proyectos financiados por el Banco. El mecanismo tiene dos funciones esenciales: la primera de ellas es la resolución de disputas mediante el diálogo y el entendimiento de las partes afectadas; y en segundo lugar, el de revisión de cumplimiento, que consiste en que éste mecanismo investigue si el Banco ha cumplido con sus obligaciones respecto a la buena aplicación de las políticas operacionales del mismo.

El objetivo principal de nuestra participación como expositores en este Congreso fue la de promover el acercamiento de la Fundación a la comunidad académica tanto nacional como provincial, para el estudio de las inversiones e iniciativas chinas (tales como el AIIB) y su impacto en la sociedad, que por lo general se ve reflejado en proyectos de infraestructura con potenciales (o reales) impactos a nivel ambiental y social. El trabajo conjunto tiene el propósito de analizar y comprender el modelo de inserción sociopolítico y económico de China en América Latina y, en especial, en Argentina; así como las estrategias que los países latinoamericanos implementan frente a este fenómeno en el marco de la Ruta de la Seda.

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Mariano Camoletto

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Participamos en la revisión de la política de sostenibilidad socioambiental del BID Invest

Participamos de la consulta pública presencial del BID Invest en el marco de la revisión de su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social.

En el marco de las consultas públicas que se encuentra realizando el BID Invest sobre el borrador de su nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social, participamos de la consulta pública presencial realizada el pasado martes 4 de septiembre en la sede del BID Argentina en la ciudad de Buenos Aires.

El BID Invest es miembro de Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, más conocido como Grupo BID. Es un banco multilateral de desarrollo con el propósito de promover el desarrollo económico de los países miembros de la región por medio de la inversión en el sector privado. Es decir, mientras que el BID se encarga de la inversión al sector público, el BID Invest invierte en proyectos del sector privado.

Así, en junio de este año el BID Invest dio inicio a la consulta pública para revisar el borrador de su nueva política de salvaguardas ambientales y sociales; revisión que se prolongaría por 120 días. El objetivo de realizar una consulta pública se debe a la relevancia de establecer un diálogo con las partes interesadas para realizar sugerencias a la nueva política. Así se han realizado o se llevarán a cabo consultas virtuales y presenciales no sólo en Argentina sino también en otros países como Colombia, Jamaica, Panamá o Estados Unidos.

De acuerdo al plan de consulta que dio a conocer el Banco, una vez finalizada las consultas públicas y elaborado un nuevo borrador, el mismo se someterá a la aprobación del Directorio Ejecutivo, dando lugar a la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social, reemplazando a la política del año 2013. Sin embargo, uno de los principales reclamos escuchados en las consultas públicas por parte de un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil y de comunidades indígenas, fue la necesidad de que el Banco abra a consulta pública un segundo borrador de la política, para poder identificar de qué manera se incorporaron las recomendaciones y sugerencias aportadas durante las consultas públicas.

Adicionalmente, Fundeps junto a un grupo de organizaciones de la región planteó en las consultas la necesidad, entre otras cosas, de: Incluir dos áreas de expansión más allá de las 8 Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI), en particular, una Norma de Desempeño relativa a género y, segundo, otra para participación de partes interesadas y comunidades. A su vez, también se planteó la necesidad de no diluir responsabilidades en la supervisión de la implementación de las salvaguardas; y de que la nueva política debería guiarse por el principio de “generar beneficios” más allá de la idea de “no causar perjuicios” tal como lo plantea actualmente la política.

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El BID y el BID Invest revisan sus políticas ambientales y sociales – Fundeps

Página web sobre la Consulta sobre la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

 

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Gasoductos troncales: realizamos pedidos de información a dependencias de la provincia de Córdoba

El pasado 21 de agosto realizamos  solicitudes de información sobre la obra finalizada de los gasoductos troncales de la provincia de Córdoba a distintas dependencias de la provincia de Córdoba. 

“Below, we offer a google translate version of the original article in Spanish. This translation may not be accurate but serves as a general presentation of the article. For more accurate information, please switch to the Spanish version of the website. In addition, feel free to directly contact in English the person mentioned at the bottom of this article with regards to this topic”.

Con motivo de la finalización, en el transcurso de 2019, de la obra de gasoductos troncales que comenzó a planificarse hace ya más de diez años, realizamos solicitudes de información a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y el Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento. 

Con esta obra, según el gobierno de la provincia, la red de gas alcanzó a casi el 98% de los cordobeses, sin embargo, existen una serie de cuestiones en torno al proyecto que aún no se encuentran del todo esclarecidas. 

A pesar de encontrarse finalizado, asuntos como la falta de acceso de información sobre el control de avance del proyecto, como la falta de precisión acerca de los financiadores de cada uno de los sistemas ha resultado controvertido y confuso. Si bien se podía observar que la comunicación sobre el avance en la obra por parte del gobierno provincial era constante, no ocurría lo mismo con el acceso a cuestiones más específicas y sensibles relativas al proyecto. 

Desde Fundeps  hemos realizado un seguimiento y monitoreo periódico del proyecto, aun cuando la información oficial ha resultado escasa y de difícil acceso: solicitudes de información que realizamos con anterioridad nunca fueron respondidas. Con estas nuevas solicitudes  realizadas esperamos que  las modalidades en el acceso de la información provincial se hayan modificado de manera positiva en pos de lograr un gobierno más transparente y abierto a la sociedad. 

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Autora

Sofía Brocanelli

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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El BID y el BID Invest revisan sus políticas ambientales y sociales

Tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como su brazo privado, el BID Invest han abierto recientemente el proceso para la revisión de sus políticas de salvaguardias ambientales y sociales. Resulta importante que la sociedad civil latinoamericana y, sobre todo, las comunidades afectadas por proyectos financiados por estas instituciones participen activamente del proceso de consulta pública, ya sea enviando comentarios virtuales como participando de las consultas presenciales que se realizarán en diferentes ciudades de la región. Aquí, 5 puntos claves a tener en cuenta acerca de los procesos de revisión.

¿Por qué se da la revisión?

Tras la recomendación realizada por la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del BID en su Evaluación de Salvaguardias Ambientales y Sociales, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó, el pasado 2 de Julio de 2019, el lanzamiento del proceso para “modernizar” sus políticas ambientales y sociales, las cuáles buscan garantizar que los impactos ambientales y sociales potencialmente negativos se evalúen, gestionen y mitiguen adecuadamente en las operaciones del BID. De acuerdo al propio BID: “existe la necesidad de actualizar e integrar un marco de políticas para la gestión del riesgo ambiental y social, por lo que busca desarrollar un Marco de Política Ambiental Social integrado, alineado con estándares internacionales y mejores prácticas”. De esta forma, el BID sigue los pasos dados recientemente por otros Bancos Multilaterales de Desarrollo, tales como el Banco Mundial.

Por otro lado, el BID Invest (anteriormente Corporación Interamericana de Inversiones -CII-), brazo privado del BID, inició el pasado mes de junio la actualización de su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social. De acuerdo al Banco, la finalidad de la revisión es establecer “un único marco de estándares que los clientes deben cumplir en  vez de usar múltiples estándares de terceros. El proceso de actualización incluye una revisión de  las tendencias y mejores prácticas actuales relacionadas con la sostenibilidad ambiental y social, incluidas las diseñadas por otras instituciones financieras internacionales (IFI) que operan en el sector privado”. En la práctica, siguiendo las recomendaciones de OVE, el BID Invest busca que los prestatarios se adhieran a las Normas de Desempeño de la CFI, que son ampliamente reconocidas y que ya aplican los prestatarios de BID Invest, y se eliminen las referencias a otras normas de terceros.

¿Qué incluye la revisión?

Para el caso del BID, la revisión incluye las cinco políticas independientes que conforman las salvaguardas ambientales y sociales:

Hasta el momento, el BID ha preparado un Perfil de Política sobre la Modernización  de las Políticas Ambientales y Sociales.

En el caso del BID Invest, la revisión es sólo de su:

Y se ha publicado un Borrador de la nueva Política, el cual se encuentra bajo consulta pública.

¿Cuándo se realizan las consultas?

Para el caso del BID, el pasado 2 de julio del 2019 el Directorio Ejecutivo aprobó el lanzamiento del proceso de modernización y posteriormente se publicó el Perfil de Política. El borrador del marco de políticas se espera presentar al Directorio Ejecutivo a fines de octubre de 2019 para que sea consultada públicamente. La etapa de preparación del proceso de modernización culminaría en el desarrollo del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) en septiembre de 2020. El MPAS se implementaría a partir de 2021.

En cuanto al BID Invest, se ha publicado un Plan de Consulta con la información básica acerca del proceso, que básicamente consiste en: 

1. Puesta a disposición del público del Borrador de Política.  

2. Consultas públicas digitales y presenciales abiertas por 120 días (a partir del 17 de junio de 2019).

3. Consultas en persona en:

  • Colombia (4 de septiembre), 
  • Argentina (4 de septiembre), 
  • Jamaica (6 de septiembre), 
  • Panamá (6 de septiembre) y 
  • Washington, D.C. (10 de septiembre) 

4. Sesión de consulta virtual en:

  • Español (12 de septiembre), 
  • Inglés (12 de septiembre), 
  • Portugués (13 de septiembre).

5. Puesta a disposición del público de los comentarios recibidos y atendidos.

Después de realizar la consulta pública, el BID Invest presentará al Directorio Ejecutivo el  borrador final de la Política para su aprobación final, tras lo cual se establecerá y ejecutará un plan para su implementación.   

¿Por qué resulta importante participar?

Por varios motivos, se hace necesario que la sociedad civil, los/as ciudadanos/as y, sobre todo, las comunidades indígenas y comunidades afectadas o potencialmente afectadas por las operaciones del BID o del BID Invest participen activamente en este proceso, aportando su experiencia y sus recomendaciones y sugerencias en relación a las salvaguardias ambientales y sociales de las instituciones. 

Primero, porque tanto el BID como el BID Invest resultan, en la actualidad y a pesar de la diversificación de actores financieros que operan en la región,  actores clave en materia de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe. De acuerdo al propio Banco: en 2018, con un monto histórico de US$17.000 millones de aprobaciones, el BID y el BID Invest se consolidaron como la principal fuente de financiamiento multilateral para América Latina y el Caribe. El BID aprobó un total de 96 proyectos de préstamos con garantía soberana por un financiamiento total de más de US$13.400 millones, y desembolsó más de US$9.900 millones. A su vez, el 2018 fue un año récord para BID Invest, con aprobaciones por US$4.000 millones, un 26% más en volumen y un 21% más en cantidad de transacciones que el año anterior. El BID Invest amplió su apoyo a los sectores como infraestructura y Fintech, sumándose a educación, turismo, agua y saneamiento, transporte y energía. En el caso de Argentina, El BID ha sido históricamente el principal socio multilateral para el desarrollo del país, con un promedio de aprobaciones anuales recientes de US$1.360 millones. La cartera activa actual con el sector público es de 54 operaciones por un monto aprobado de US$9.206,4 millones y un saldo por desembolsar de US$3.874,7 millones, de acuerdo a la información provista por el propio Banco.

Segundo, porque un sistema de salvaguardias ambientales y sociales robusto y efectivo resulta clave para evitar los impactos a nivel socio ambiental que, en muchos casos, traen aparejados los proyectos de infraestructura financiados por instituciones como el BID o el BID Invest. Cuando el diseño, la aplicación o la implementación de las salvaguardas ambientales y sociales falla en este tipo de proyectos, los impactos y consecuencias sobre todo en las comunidades involucradas suelen ser complejos, y desgraciadamente en muchos casos, irreversibles. Casos como el de Camisea en Perú o el de Hidroituango en Colombia reflejan las amargas consecuencias de la mala, o incluso la falta de aplicación de las salvaguardias socio ambientales en proyectos financiados por el Grupo BID

Tercero, porque una participación activa, informada, responsable y coordinada por parte de los acores clave de la sociedad civil y las comunidades indígenas y afectadas de la región contribuiría al objetivo de evitar una posible (y latente) dilución del sistema de salvaguardas ambientales y sociales tanto del BID como del BID Invest. Las experiencias recientes de dilución de los marcos normativos ambientales y sociales tras procesos de revisión y “modernización” no solo en Instituciones afines como el Banco Mundial o  la Corporación Financiera Internacional (CFI), sino también en los propios sistemas normativos nacionales de los países de la región reflejan claramente una tendencia a la que el Grupo BID parece no querer escapar.

¿Cómo participar?

Los actores interesados en participar del proceso de revisión de las salvaguardas del BID o del BID Invest pueden hacerlo de diferentes formas y a través de múltiples canales:

  • Para la revisión del BID:

El Banco ofrece dos formas de participar en el proceso de consulta.

  • Consultas en la Web: las personas interesadas pueden enviar sus comentarios a través de la página web (https://www.iadb.org/es/mpas)  o enviando un correo electrónico a: bid-mpas@iadb.org .
  • Consultas presenciales en dos etapas:

Etapa de consulta inicial: antes de desarrollar el nuevo Marco de Políticas Ambientales y Sociales, el BID realizó dos talleres presenciales en Washington, DC (los días 8 y 12 de agosto) para analizar las lecciones aprendidas de la implementación de las políticas ambientales y sociales existentes.

Consultas en persona sobre el nuevo marco de política ambiental y social propuesto (no han sido divulgadas las fechas ni los lugares aún): el BID realizará reuniones consultivas en los países de América Latina y el Caribe, en la sede del BID en Washington, DC, y en otros países miembros.

Quienes quieran mantenerse actualizados acerca del proceso de revisión pueden registrarse en este enlace provisto por el Banco.

  • Para la revisión del BID Invest:

El BID Invest también ofrece instancias virtuales y presenciales para participar en el proceso de revisión de su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social.

Se pueden enviar comentarios virtuales o escritos al correo electrónico SustainabilityPolicy@idbinvest.org o a través del correo postal destinado a: BID Invest: Política de sostenibilidad ambiental y social. 1350 New York Avenue, NW. Washington, D.C., 20577. USA.

Para participar en las consultas presenciales en algunos de los países indicados, es posible registrarse en el siguiente enlace provisto por el Banco.

En Argentina: La consulta presencial en Argentina sobre la propuesta de Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest se realizará el próximo Miércoles 4 de Septiembre de 09:00 am a 11:00 am en la sede del BID en Argentina, situada en Calle Esmeralda 130, piso 11, Buenos Aires.

Además: quienes estén interesados en conocer más acerca de cómo participar de manera efectiva de las consultas, pueden registrarse para participar en el webinario “Revisión de salvaguardias BID Invest, ¿Cómo participar de forma efectiva?” organizado por DAR, Ambiente y Sociedad y el Bank Information Center (BIC) ingresando a este enlace.

Fundeps, junto a un grupo de organizaciones de la región, está coordinando acciones para promover una participación amplia, inclusiva y efectiva de la sociedad civil y los pueblos indígenas y comunidades afectadas tanto en el proceso de revisión del BID como del BID Invest; y para procurar robustecer y evitar un debilitamiento de las salvaguardas ambientales y sociales. Si le interesa involucrarse en este proceso, puede contactarse con gon.roza@fundeps.org. 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Con los Gasoductos Troncales concluidos: ¿saldo positivo o negativo?

En enero de 2019, y tras más de 10 años desde que el proyecto comenzó a plantearse, el Gobierno de la provincia de Córdoba dio por finalizadas las obras de los gasoductos troncales. A pesar de los evidentes beneficios de la obra, cabe preguntarse acerca del verdadero saldo que deja la experiencia de este proyecto, sobre todo respecto a transparencia y rendición de cuentas en materia de políticas públicas.

A inicios de 2019, con la habilitación del último ramal de alimentación y la planta reguladora de presión en Tala Cañada (Pocho), el Gobierno de la provincia de Córdoba dio por concluido el controvertido proyecto para la construcción de la red de gasoductos troncales. De acuerdo al gobierno, la red de gas alcanzó así a casi el 98% de los cordobeses; aunque cabe aclarar que la gran mayoría de las industrias y vecinos beneficiados aún no cuentan con acceso efectivo al servicio, ya que aún resta resolver el problema de la conexión a las redes domiciliarias e internas.

Con la obra finalizada, el eje se movió entonces a la necesidad de conectar las redes troncales con las redes domiciliarias, para que las familias y empresas puedan acceder efectivamente al beneficio. La empresa Ecogas y los municipios son los responsables de acercar la red de gas a los domicilios particulares, para lo cuál recibirán apoyo económico por parte de la provincia. Mientras el Banco de Córdoba puso a disposición una línea de crédito -Dale Gas!- a tasa de intereses cero y con devolución a 48 meses para la instalación domiciliaria de gas; el Gobierno provincial lanzó un plan de financiamiento para que las empresas puedan conectarse a la red. Este plan llamado «Conectar Gas Industria» contiene tres líneas de créditos para que accedan los comercios, pymes, parques industriales, estaciones de GNC y establecimientos turísticos.

Una obra controvertida

Esta obra, según datos que maneja el Gobierno provincial, beneficia a 973.490 cordobeses de 228 localidades. Algunas poblaciones recibirán por primera vez el gas natural y, en otras localidades, el servicio reforzará al existente. Sin embargo, a pesar de los evidentes beneficios de la obra, el proyecto de gasificación de localidades del interior de la provincia de Córdoba ha sido eje de diversas controversias y ha estado bajo la mirada atenta de la opinión pública desde sus mismos inicios. Así, por ejemplo, en cuanto al financiamiento de la obra, nunca se aclararon oficialmente los motivos de la caída del financiamiento tanto del BNDES en un primer momento, como de los bancos chinos más adelante; y generó controversia la decisión del gobierno provincial de avanzar con la obra recurriendo al endeudameinto público.

De igual modo, la falta de acceso a la información para el control del avance del proyecto ha sido una constante a lo largo de todo el proceso de ejecución. Adicionalmente, el proyecto ha sido objeto de investigación por presuntos hechos de corrupción en la licitación de los tramos a construir, llegando a estar mencionado incluso en la causa Lava Jato en Brasil a partir de la participación de la empresa Odebrecht en las obras. 

Así, por ejemplo, en febrero del 2018 los legisladores de la oposición al Gobierno provincial, Juan Pablo Quinteros, Aurelio García Elorrio y Liliana Montero, realizaron una denuncia ante la Unidad de Información Financiera (UIF) en relación al posible pago de coimas por la obra de los gasoductos troncales. Esto se desprende a partir del secuestro del listado de coimas pagadas a diferentes gobiernos del continente perteneciente al banquero brasileño  Alberto Youssef, donde nombra por lo menos cuatro veces la obra en cuestión. Esta lista sirvió como herramienta a los investigadores brasileños de la causa Lava Jato para probar la existencia de un club de la obra pública conformada por Odebrecht, Andrade Gutiérrez, OAS, Camargo Correa y otras constructoras. Según los denunciantes, se habría pagado una coima de 36 millones de dólares. También, sostienen que el cobro de la misma se realizó mediante la sesión de un proyecto inmobiliario en Puerto Madero (Buenos Aires) a una empresa del grupo de Horacio Miró, exfuncionario de la administración de José Manuel de la Sota. Esta acusación fue desmentida por los empresarios involucrados.

A mediados del 2018, la posibilidad de que Argentina llegue a un acuerdo con Brasil para que los jueces argentinos puedan acceder a la información presente en la investigación del Lava Jato generó una gran expectativa en Córdoba. Las causas por presunto delitos de corrupción en la obra pública en nuestro país tendría la posibilidad de avanzar mediante la utilización de esta información. Este acuerdo generó expectativa dado la denuncia por el supuesto pago de coimas por 36 millones de dólares a la empresa del grupo de Horacio Miró. En este sentido, las administraciones del exgobernador de la Sota y del actual, Juan Schiaretti, negaron todo tipo de acusación. Esta denuncia se encuentra actualmente a cargo de la Fiscalía 1 del fuero Anticorrupción la cual se basa en los datos brindados por Brasil. 

 Ahora bien, el escándalo provocado por la irrupción de la causa de los cuadernos  en agosto del 2018 golpeó a varias de las empresas involucradas en la construcción de los gasoductos troncales. Desde el Gobierno provincial aclararon que todas las licitaciones se llevaron a cabo de forma transparente. Entre las empresas involucradas y que tienen obras en marcha en la provincia de Córdoba se encuentra Electroingeniería, aliada con la  empresa china Petroleum Pipeline Boreau para la construcción del 30% de los gasoductos troncales. Además, se encuentra el Grupo Albanesi que a través de Generación Mediterránea S.A. es propietaria de la central termoeléctrica Modesto Maranzana ubicada en Río Cuarto. También, la empresa Iecsa (ahora Sacde) a cargo de los tramos de los gasoductos en el interior provincial en sociedad con la empresa china Communications Construction Company (CCC). Por último, las empresas BTU y Esuco también han llevado a cabo obras de gasoductos en Córdoba.

¿Saldo positivo o negativo?

En definitiva, tras más de una década de marchas y contramarchas, los gasoductos troncales son finalmente una realidad. La que ha sido la obra de infraestructura más grande de Córdoba en los últimos tiempos nos deja, sin dudas, un saldo positivo en relación a los potenciales beneficios de la obra. Permitirá acceder al gas natural no sólo a miles de ciudadanos y cientos de localidades cordobesas; sino también a numerosas industrias, pymes y negocios del interior de la Provincia que podrán potenciar su actividad y productividad a partir del acceso a la red de gas. Sin embargo, si analizamos el proyecto desde el punto de vista de la transparencia y rendición de cuentas que necesariamente debe rodear a cualquier obra que cuente con fondos de carácter público para su realización; el saldo resulta indudablemente negativo. 

En ese sentido, continuaremos monitoreando el avance de las siguientes etapas de la obra. Procurando también obtener más información acerca de los detalles de su realización, los verdaderos motivos de la caída del financiamiento de los bancos chinos y la participación de Odebrecht en el proyecto y su vinculación con la causa Lava Jato, para lo cuál estamos preparando solicitudes de información que serán remitidas a la administración provincial.

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Mariano Camoletto

Gonzalo Roza

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Tratado Vinculante sobre empresas y Derechos Humanos: Comentarios de Fundeps y el nuevo Borrador revisado

En la cuarta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos, diferentes actores presentaron sus comentarios y propuestas sobre el borrador ‘zero’ del instrumento internacional jurídicamente vinculante. Fundeps realizó recomendaciones y cuestionamientos sobre determinados ejes del borrador, relevantes para garantizar el cumplimiento de los DD.HH. por parte de las empresas transnacionales. A partir de los comentarios realizados, el 17 de julio el Grupo de Trabajo Intergubernamental presentó el nuevo Borrador Revisado.

En el año 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió dos resoluciones, una de las cuales ordenó establecer un grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. La segunda resolución, del mismo año, solicitó al grupo de trabajo de la ONU la elaboración de un informe que contenga los beneficios y limitaciones de los instrumentos jurídicamente vinculantes. 

A partir de allí, comenzaron las sesiones del grupo de trabajo. La primera se realizó en el año 2016 y la segunda en el 2017, donde Ecuador presentó el documento ‘Elementos para el Proyecto de Instrumento Internacional Jurídicamente Vinculante sobre Empresas Transnacionales y otras empresas con respecto a los Derechos Humanos’. En estas sesiones, el grupo de trabajo intergubernamental se focalizó en mejorar el contenido, alcance, naturaleza y forma del potencial instrumento internacional para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el cumplimiento y respeto de los derechos humanos.

En la tercera sesión, en el año 2018, el grupo de trabajo publicó el ‘Borrador Zero’ del Tratado Vinculante; se discutieron los elementos para elaborar un borrador de un instrumento jurídicamente vinculante teniendo en cuenta los debates realizados en las dos primeras sesiones. 

El año pasado, en la cuarta sesión se realizaron convocatorias de comentarios y propuestas sobre el proyecto del tratado vinculante. Las presentaciones fueron realizadas por algunos Estados como Chile, Colombia y Filipinas, organizaciones no gubernamentales con estatus consultivo y otras partes interesadas como organizaciones de sociedad civil, entre ellas Fundeps. El documento sobre el borrador ‘zero’, presentado por la fundación, se encuentra dividido en comentarios generales y específicos. 

Los comentarios generales realizados por Fundeps abarcan diferentes aspectos que no han sido tenidos en cuenta en el documento y que son sumamente relevantes para garantizar que las empresas transnacionales garanticen y respeten los derechos humanos.  Entre los comentarios se destaca la ausencia en el Tratado de las actividades comerciales que son apoyadas por los Estados, la elevada relevancia otorgada al remedio de daños y derechos de las víctimas que, si bien es sumamente positivo, aún son más necesarias a priori medidas de prevención para evitar que las empresas vulneren los derechos humanos. Con prevención no habría necesidad de remediar ningún daño ocasionado ya que éstos no existirían de encontrarse bien regulados.

Por otro lado, el borrador del Tratado únicamente establece un componente vinculante para los Estados, pero no se les otorga responsabilidad a las empresas. Por lo tanto, no solo no las convierte en sujetos obligados, la cual era la idea inicial, sino que responderán antes las leyes que los Estados implementen en esta materia. Además, se encuentra ausente la creación de un tribunal u otra institución que posea la capacidad para juzgar y penalizar el accionar de las empresas transnacionales. 

Por último, en los comentarios generales de Fundeps se resalta la ausencia en el borrador de los apartados de ‘obligaciones de las empresas’, ‘obligaciones de los Estados’ y las obligaciones de las organizaciones internacionales, elementos fundamentales para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos frente a la actividad de las empresas.

Los comentarios específicos se realizaron de acuerdo con los apartados del borrador. Según el preámbulo, se recomienda incluir la relación con otros convenios internacionales y reconocer la ‘Captura Corporativa’ como cuestión mundial que atenta los DD.HH. Además, se cuestiona la ausencia de los principios guía sobre empresas y derechos humanos como antecedente inmediato del tratado, así como la falta de reconocimiento sobre la situación de peligro de defensores/as de DD.HH. En cuanto a la finalidad del Tratado se recomienda que el propósito del documento debiera ser la garantía de los DD.HH. e incorporar como objetivo del tratado la resolución de los desequilibrios de poder entre las corporaciones y las comunidades afectadas. 

Por último, en la Prevención, se debería incorporar el componente de ‘Género’ y de conflicto de interés a todas las medidas de debida diligencia. Además, estas medidas deben garantizar la transparencia en las interacciones de las empresas transnacionales con las autoridades estatales, y la protección de defensoras y defensores de los derechos humanos a través de mecanismos de protección específicos y reforzados.

Nuevo Borrador: ¿avances?

El Grupo Intergubernamental de Trabajo, encargado de la redacción del documento, ha realizado avances en su desarrollo. En consecuencia,  el 17 de julio pasado presentaron el Borrador Revisado del tratado vinculante  para regular las actividades de las  empresas transnacionales y otras empresas comerciales en cuanto a  los DD.HH. Esta versión se realizó de acuerdo a las recomendaciones y comentarios propuestos por los distintos actores convocados en la cuarta sesión del año pasado. Este borrador se discutirá en la quinta sesión, la cual se llevará cabo  entre el 14 y el 18 de octubre de este año. 

A simple vista, el nuevo borrador del tratado vinculante ha modificado la formulación, que, en palabras de Hood y Hughes-Jennett resulta más bien ambiguo. Así, en el Artículo 3 del borrador se ha ampliado su aplicación a “todas las actividades comerciales”, es decir ya no se limitará a aquellas de índole transnacional. Sin embargo, la definición que se desarrolla en el  Artículo 1 sobre las actividades comerciales deja fuera del alcance del tratado a aquellas que son puramente de carácter nacional. Un avance positivo en el proyecto ha sido la eliminación del requisito de que la actividad comercial debía limitarse a todas aquellas que se realizaban “con fines de lucro”.

Por otro lado, en el nuevo Artículo 6 del borrador del tratado se incorpora una nueva disposición donde los Estados tendrán  responsabilidad por no evitar daños que la parte con la que posee una relación contractual haya causado a terceros, independientemente de dónde se produzca el daño (Hood & Hughes-Jennett, 2019).

Desde la óptica de la debida diligencia, se ha observado una mejora en el borrador, ya que  los Estados no solo se encuentran obligados a regular a las empresas comerciales en el interior de su  territorio donde se encuentran obligadas a respetar y prevenir las violaciones a los DD.HH.; ahora en el proyecto se aclara que se debe introducir la legislación para hacer obligatoria la debida diligencia  de DD.HH. y, además se debe obligar a las empresas a que adquieran las medidas apropiadas para evitar las violaciones o abusos de los DD.HH. Representa un gran avance ya que significa una convergencia con los Principios Rectores de la ONU (Hood & Hughes-Jennett, 2019).

En cuanto a las responsabilidad legal-penal, en el Borrador Revisado se ha eliminado la disposición sobre jurisdicción universal y en su lugar se ha incorporado una nueva disposición que establece la jurisdicción de nacionalidad territorial, activa y pasiva. Por lo que los Estados se encontrarán inhabilitados para ejercer jurisdicción en aquellas conductas que no constituyan un delito penal, de acuerdo con el derecho internacional en situaciones en las que no existe un vínculo jurisdiccional convencional con el delito (Hood & Hughes-Jennett, 2019).

En consecuencia, habrá que esperar y observar las decisiones que se produzcan en la quinta sesión sobre el Borrador Revisado. Si bien se observa la incorporación de algunas recomendaciones y una cercanía a los Principios Rectores sobre empresas y DD.HH. Aún resta acortar distancias entre el Borrador Revisado y los Principios Rectores; ya que éstos han sido el puntapié inicial representando un avance fundamental en los criterios normativos sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas de las empresas transnacionales. Todavía existen cuestiones que no se encuentran definidas claramente en el borrador revisado lo cual genera que las empresas transnacionales continúen sin estar completamente obligadas a respetar y garantizar los Derechos Humanos.

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Autora

Sofía Brocanelli

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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IFIs y cambio climático: El rol del Fondo Verde del Clima

Estuvimos participando en un taller organizado por el mecanismo de revisión de cuentas del Fondo Verde del Clima para informarnos sobre el mandato de esa institución y discutir formas de interacción con sociedad civil.

“Below, we offer a google translate version of the original article in Spanish. This translation may not be accurate but serves as a general presentation of the article. For more accurate information, please switch to the Spanish version of the website. In addition, feel free to directly contact in English the person mentioned at the bottom of this article with regards to this topic”.

El Green Climate Fund (GCF, Fondo Verde del Clima) es una de las instituciones financieras para el clima dentro de la arquitectura creada por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC). Con el propósito de promover un cambio en el paradigma hacia la baja de emisiones y desarrollo compatible con el medioambiente, brinda apoyo financiero de proyectos de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Su objetivo es ser la principal entidad operadora dentro del mecanismo financiero de la Convención, además de proyectarse como la institución central en el plano mundial de financiamiento climático.

Para dar a conocer más el trabajo y el funcionamiento de GFC, el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM) convocó a organizaciones de sociedad civil en Santiago de Chile, el 30 y 31 de mayo. En el caso del IRM, sólo tiene 2 años funcionando y ha tenido únicamente tres presentaciones de casos, por lo que también fue una oportunidad para discutir las interacciones futuras del mecanismo con potenciales casos y con la sociedad civil.

Entre los asuntos mencionados desde las organizaciones, están los peligros para defensores/as de derechos humanos, las dificultades para implementar los planes de remediación, el impacto de los proyectos en las comunidades y en los derechos de pueblos indígenas, las cuestiones de género dentro de los proyectos y los reclamos. De esta manera, se discutieron también formas de accionar desde el mecanismo para el abordaje de estas preocupaciones

Más información

Fondo Verde del Clima

Mecanismo Independiente de Reparación

Autora

Carolina Tamagnini

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Fundeps anfitrión del Retiro del International Advocates Working Group (IAWG)

Durante el mes de abril, Fundeps organizó el retiro anual del International Advocates Working Group (IAWG) en la ciudad de Villa General Belgrano. A lo largo de tres días, 30 miembros del IAWG se reunieron para compartir información, experiencias y lecciones aprendidas sobre mecanismos no judiciales de rendición de cuentas en instituciones financieras internacionales (IFIs).

El IAWG es una red global de organizaciones de la sociedad civil e individuos que trabajan para que los mecanismos de quejas de las IFIs garanticen la rendición de cuentas y el remedio efectivo a las comunidades afectadas. Este grupo de trabajo se enfoca en el trabajo con los mecanismos, al mismo tiempo que provee apoyo a las comunidades impactadas negativamente por proyectos de IFIs. 

Los mecanismos de quejas asociados a estas instituciones ofrecen una importante, y a veces, única opción para comunidades afectadas que buscan rendición de cuentas de parte de las IFIs o de las empresas que reciben financiamiento de IFIs.

A lo largo de los últimos 4 años, el IAWG se reúne casi de manera anual para que sus miembros compartan experiencias y lecciones aprendidas en torno al trabajo con mecanismos no judiciales de queja. Durante los días que dura el retiro, se debate y planifican acciones en conjunto para garantizar que el trabajo de los mecanismos sea lo más transparente y accesible posible para quienes deseen presentar quejas. 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Conversatorio: Inversiones para el Desarrollo y Derechos Humanos en América Latina

El día 22 de abril en el auditorio de la sede Nueva Córdoba de la Universidad Siglo 21, Fundeps organizó un conversatorio sobre inversiones para el desarrollo y derechos humanos en América Latina. 

Durante los últimos años, la región latinoamericana ha sido escenario de crecimiento exponencial de grandes proyectos de desarrollo. Por tal motivo, desde Fundeps junto a la Universidad Siglo 21 se organizó el conversatorio ‘Inversiones para el Desarrollo y Derechos Humanos en América Latina’

En él se analizó el rol de las instituciones financieras internacionales, su obligación con los Derechos Humanos, su impacto en la región latinoamericana y el rendimiento de sus mecanismos de rendición de cuentas. . También, se debatió sobre el desarrollo en América Latina y la problemática de Derechos Humanos asociadas a éste. 

Se contó con la participación de reconocidos exponentes que abordaron estos temas a partir de sus trabajos y analizaron las tendencias y los desafíos actuales respecto a las inversiones para el desarrollo en la región. Participaron: Carolina Juaneda, quién se desempeña como Latin American Consultant del Bank Information Center (BIC), Caitlin Daniel como Senior Communities Associate de la organización Accountability Counsel (AC) y, Juan Carballo, Director Ejecutivo de Fundeps.

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