En el marco de la cumbre del G20 celebrada en Argentina en el 2018, los Jefes de Estado de Argentina y China firmaron 30 acuerdos comerciales y de inversión por los próximos cinco años. Estos acuerdos forman parte del Segundo Plan Quinquenal de Acción Conjunta entre ambos países. 

El 2 de diciembre de 2018, el presidente argentino Mauricio Macri y el presidente chino Xi Jinping firmaron treinta acuerdos comerciales y de inversión en el marco del Segundo Plan de Acción Conjunta 2019-2023 entre nuestro país y la República Popular de China. 

Este Segundo Plan Quinquenal, al igual que el primero, busca reforzar la relación bilateral y constituye una hoja de ruta con acciones a realizarse en una serie de ámbitos. La mayoría de los acuerdos son de índole económico-comercial e incluyen las áreas de infraestructura, inversiones, finanzas, transporte, minería, energía, ciencia y tecnología, turismo, cooperación Sur-Sur y comercio electrónico. 

Entre los acuerdos, uno de los de mayor relevancia es la formalización del intercambio de monedas (swap) con el país asiático por un monto de 8.500 millones de dólares sumándose al ya existente de 11.000 millones de dólares. 

Los acuerdos que ya se encontraban firmados al momento del anuncio del Segundo Plan fueron el de Cooperación para Proyectos de Desarrollo Agrícola Integral en Nuevas Áreas Irrigadas del Plan Nacional del Agua de la Argentina, el Memorándum de Entendimiento sobre la protección medioambiental y el desarrollo sostenible, y el establecimiento del Instituto Confucio en la Universidad de Córdoba. 

También se han firmado acuerdos con empresas como el “Term Sheet” entre el Ministerio de Hacienda de Argentina y el Banco de Desarrollo de China (CDB) para la creación de un Fondo por un monto estimado de hasta USD 1.000 millones, con el objeto de financiar “Capital de Trabajo”; el Convenio Marco de Promoción del Comercio de Productos Oleaginosos entre la Secretaría de Gobierno de Agroindustria  y China Grain Reserves Group Ltd. Company (SINOGRAIN). 

Los siguientes acuerdos fueron firmados luego de ser anunciados: el Acuerdo Marco de Cooperación entre China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure) y el Banco de la Nación Argentina; la Adición al Contrato de Financiamiento para la «Rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas»; el Acuerdo de Financiamiento entre el Ministerio de Hacienda de Argentina y el Banco de Desarrollo de China (CDB) para la Adquisición de Material Rodante para el Ferrocarril Roca Eléctrico y, por último, el contrato Comercial entre el Ministerio de Transporte y la empresa china CRCC para la recuperación del Ferrocarril San Martín Cargas (Etapa I: renovación y mejoramiento de vías). 

Por último, se encuentran los siguientes acuerdos:

  • Acuerdo sobre la Prórroga de la Validez del Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica (DECCE);
  • Convenio para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal (CDI);
  • Memorando de Entendimiento para el Fortalecimiento de la Cooperación Fiscal y Financiera;
  • Memorando de Entendimiento sobre la Promoción de la Cooperación Comercial y de Inversiones; 
  • Memorando de Entendimiento sobre el Fortalecimiento de la Cooperación en los Sectores de Infraestructura;
  • Ampliación del SWAP de monedas; 
  • Protocolo de Requisitos Fitosanitarios para la Exportación de Cerezas Frescas Argentinas a China; 
  • Memorándum de Entendimiento sobre Comercio Electrónico; 
  • Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el Comercio de Servicios; 
  • Protocolo Sanitario para la Exportación de Carne Ovina y Caprina a China;
  • Adecuación del Protocolo Sanitario para la Exportación de Caballos en Pie a China;
  • Convención entre China y Argentina sobre la prevención y combate al tráfico ilícito de bienes culturales, y la devolución de bienes culturales ilegalmente transferidos; 
  • Plan Ejecución de Cooperación Cultural entre China y Argentina 2019-2023; 
  • Acuerdo sobre reconocimiento recíproco de certificados de educación superior;
  • Acuerdo entre la Academia China de Ciencias Sociales de China y la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva sobre el establecimiento del centro virtual de ciencias sociales China-Argentina;
  • Acuerdo Marco de Cooperación entre la Administración Nacional de Radio, Cine y Televisión de China y el Sistema Federal de Medios Públicos;
  • Acuerdo de Cooperación entre el Grupo de Medios de China y Radio y Televisión de Argentina; 
  • Memorándum de Entendimiento de Cooperación entre la Comisión Nacional de Supervisión de China y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina;
  • Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Gobierno de Modernización y la Academia China de Gobierno.

El interés del país asiático por realizar inversiones en Argentina está ligado a las acciones que ha llevado a cabo desde los últimos años en la región de América Latina, posicionándose como uno de los principales inversores. El Primer Plan Quinquenal entre Argentina y China significó el afianzamiento de lazos en sus relaciones bilaterales con la mirada en desarrollar una estrategia de cooperación. Con el Segundo Plan se avanza un paso más en el fortalecimiento y la profundización de la relación bilateral entre ambos países. 

Para Argentina, los acuerdos representan una oportunidad de desarrollo en el futuro, sin embargo hay que ser cautelosos en cuanto a los riesgos y los potenciales aspectos negativos de los mismos, que pueden derivar en incrementos desmedidos de la deuda, impactos negativos a nivel socio-ambiental de los proyectos de infraestructura, problemas de competitividad en el ámbito comercial o incluso cierta tendencia hacia la reprimarización de la económica argentina hacia la que apuntan varios de los acuerdos. Y no hay que olvidarse de sumar, a todo ello, la opacidad y poca transparencia en cuanto a acceso a información que rodea a la gran mayoría de estos acuerdos, cuyos aspectos generales tal vez salgan a la luz, pero no así sus detalles y especificaciones en cuanto a su implementación.

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Sofía Brocanelli

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El pasado 15 de marzo, China aceptó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) 284 de las recomendaciones realizadas en su tercer Examen Periódico Universal (EPU). Éstas se encuentran orientadas a evitar violaciones de derechos humanos en el ámbito de sus inversiones en el extranjero. Sin dudas, se trata de un hecho sin precedentes.

La República Popular China (China) se comprometió, ante Naciones Unidas, a respetar los derechos humanos en sus inversiones en el exterior. Aceptó el 82% de las recomendaciones realizadas por decenas de países en su tercer Examen Periódico Universal (EPU).

El EPU es una evaluación realizada cada cuatro años y medio por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OHCHR). Permite calificar el comportamiento de cada Estado miembro a la hora de implementar los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas.

A continuación, se mencionan algunas de las recomendaciones más relevantes que fueron aceptadas:

  1. Promover medidas que garanticen que los proyectos de desarrollo e infraestructura, dentro y fuera de su territorio, sean plenamente compatibles con los derechos humanos y respetuosos con el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales, de conformidad con el derecho nacional e internacional aplicable y con los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Ecuador);
  2. Considerar la posibilidad de establecer un marco jurídico para garantizar que las actividades realizadas por las industrias sujetas a su jurisdicción no menoscaben los derechos humanos en el extranjero (Perú);
  3. Adoptar nuevas medidas sobre las empresas y los derechos humanos de conformidad con sus obligaciones internacionales y garantizar que las empresas que operan en zonas de alto riesgo o en conflicto realicen la diligencia debida en materia de derechos humanos de conformidad con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (Estado de Palestina);
  4. Continuar aplicando las leyes, regulaciones y estándares chinos, tales como los Principios Rectores sobre Negocios y Derechos Humanos, a las compañías chinas que operan más allá de las fronteras de China (Kenia);

La delegación china manifestó, que su apertura para acoger las recomendaciones mencionadas “demuestra completamente la determinación china y su actitud abierta y activa hacia la promoción y protección de los derechos humanos”. Ahora bien, China deberá informar en dos años en su Revisión de Medio Término ante el CDHNU, el progreso logrado tras la implementación de estas recomendaciones. Asimismo, tendrá que desarrollar un plan de acción para asegurar que sus compañías e inversionistas respeten los derechos de las comunidades locales y el medio ambiente.

María Marta Di Paola de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), expresó que “este compromiso no debe ser considerado una promesa de papel; al contrario, las organizaciones sociales en todo el mundo debemos tomar la palabra al Estado chino, mantenernos vigilantes y reportar a las Embajadas chinas y CDHNU cuando existan violaciones en los proyectos chinos, y exigir reparación a los derechos vulnerados de las víctimas y del ambiente”.

Cabe destacar, que el año pasado el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) presentó un informe en el marco del EPU, junto con otras 17 ONGs latinoamericanas, examinando 18 proyectos con participación china en Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina. El reporte reflejaba que las compañías y bancos chinos han violado sistemáticamente varios derechos protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de Naciones Unidas.

Lo que ha sucedido en Ginebra el 15 de marzo es un hecho sin precedentes que debe celebrarse. De igual manera, es importante rescatar que los resultados obtenidos deben atribuirse en gran parte, al arduo trabajo realizado por numerosas organizaciones de la sociedad civil, en la región y el mundo.

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Video: Consideration of the Universal Periodic Review outcome of China

Reporte: Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China desde Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú

Autora

Melanie Mackenzie

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Agustina Palencia, agustinapalencia@fundeps.org

Por iniciativa de la organización peruana ‘Derecho, Ambiente y Recursos Naturales’, el pasado 25 de febrero, se presentó una carta ante el Directorio de la Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas (EITI), exigiendo la publicación de información ambiental. Más de 100 organizaciones de América Latina (incluyendo a FUNDEPS), firmaron una carta que solicitaba a los miembros de esta iniciativa, hacer obligatoria la transparencia en materia de información ambiental.

El estándar EITI para la transparencia en las actividades extractivas, procura divulgar información sobre la industria petrolera, gasífera y minera. Exige la publicación de información a lo largo de la cadena de valor de la industria extractiva, desde el punto de extracción, pasando por el modo en que los ingresos siguen su camino hacia el gobierno; hasta cómo benefician al público en general. Esto incluye cómo se adjudican y registran las licencias, quiénes son los beneficiarios reales de dichas operaciones, cuáles son las disposiciones legales y fiscales, cuánto se produce, cuánto se paga, cómo se distribuyen esos ingresos, y cuál es la contribución a la economía, incluyendo el empleo.

Se trata de una iniciativa multilateral a la que los gobiernos se adhieren de manera voluntaria, y garantizando la participación de la sociedad civil y empresas del sector extractivo.

No obstante, y a pesar de la impronta de esta iniciativa, el estándar actualmente carece de requerimientos sobre la obligatoriedad de publicar información relacionada a los costos e impactos ambientales de la actividad extractiva. Es necesario contar con información, por ejemplo, sobre la cantidad de agua que un proyecto minero consume, multas que pagan las corporaciones por violaciones medioambientales, información sobre las evaluaciones de impacto medioambiental, planes de mitigación, entre otros. Estos datos son cruciales para evitar el daño irreversible al medio ambiente y la vulneración de los derechos de aquellas personas afectadas por la actividad extractiva.

Durante la semana del 25 de febrero, el Directorio de EITI se reunirá en Kiev, Ucrania; para revisar las provisiones del estándar actual. Las organizaciones de la sociedad civil en América Latina enviaron una carta exigiendo que luego del proceso de revisión se incorporasen nuevas directrices que garanticen que:

  • Se divulgue información a nivel proyecto, con relación a todas las evaluaciones sociales y ambientales, mostrando el verdadero impacto de la actividad extractiva en ecosistemas y comunidades.
  • Se divulgue información ambiental y social sobre pagos y gastos, incluyendo estudios de impacto, derechos adquiridos, licencias, multas, compensaciones y remediación.
  • Se divulgue información sobre todas las licencias y autorizaciones ambientales, desagregadas por compañía y proyecto. Incluyendo de qué manera las autoridades monitorean los compromisos e información medioambientales.

Argentina se ha unido oficialmente a EITI el 27 de febrero de 2019. De robustecerse el estándar con las demandas hechas por la sociedad civil, redundaría en una mejora sobre la generación y publicación de información medioambiental en nuestro país.

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Sitio WEB de EITI

Carta enviada al Directorio de EITI

Environmental Reporting: Key to Transparency

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Agustina Palencia, agustinapalencia@fundeps.org

 

El pasado 7 de enero, el mundo se sorprendió ante la intempestiva renuncia del presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. Con tres años por delante para finalizar su segundo mandato, Kim dio un paso al costado para tomar una posición dentro del sector privado. Un posible conflicto de interés y transparencia en la definición del liderazgo del Banco, temas claves.

De manera abrupta e inesperadamente, el presidente del Banco Mundial (BM) Jim Yong Kim, renunció a su mandato para emprender un nuevo trabajo en el sector privado. De acuerdo con el comunicado oficial del BM, durante el mandato de Kim se puso especial atención a las inversiones en infraestructura. Él aseguraba que la clave para el avance de las naciones en desarrollo era el apoyo y la inversión en éste sector.  Por esta razón, Jim Yong decidió dar un paso al costado argumentando que su trabajo por el desarrollo mundial sería más fructífero desde la firma ‘Global Infrastructure’, una multinacional especializada en las inversiones en infraestructura para los sectores de agua, energía, transporte y residuos.

La salida de Kim no ha pasado desapercibida, y numerosas organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo han enfatizado el posible conflicto de interés existente en la sorpresiva decisión de Kim y se preguntan ¿qué pasará a partir de esto? En particular, han planteado una serie de preocupaciones:

  • El financiamiento para el desarrollo a través del sector privado

De acuerdo con el ahora ex-presidente del BM, a nivel mundial existe un déficit en infraestructura que rondaría el trillón de dólares. Este monto, de ninguna manera puede ser cubierto, ni siquiera con el portafolio de todas las instituciones de financiamiento para el desarrollo (IFIs) juntas. A este respecto, Kim, durante su mandato, ha tratado de lograr que el financiamiento para el desarrollo, dejase de estar orientado hacia el sector público, para virar hacia el sector privado. De esta forma, el BM y otras IFIs, han aumentado su cartera de inversiones hacia los intermediarios financieros y otras empresas/corporaciones privadas. La decisión de Kim de continuar su carrera profesional en el sector privado genera dudas respecto del interés de fondo en la decisión de orientar el Banco Mundial hacia el sector privado. En otros ámbitos de interacción entre el sector público y el privado existen períodos ventana durante los cuales quienes tienen roles de toma de decisión tienen vedado cambiar de sector (“cooling off periods” en inglés). La inexistencia de un mecanismos similar en el Banco Mundial inevitablemente pone en tela de juicio algunas de las decisiones de Kim que en la práctica ampliaron el financiamiento al sector privado.

El cambio hacia el financiamiento privado, si bien podría ser beneficioso en términos económicos y financieros para los Estados, mantiene preocupaciones por la sostenibilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos (DDHH). En el último tiempo parece observarse una correlación positiva entre el aumento de los proyectos financiados por empresas y el crecimiento de los impactos negativos sobre la vida de las personas y el medioambiente. Además, es importante recordar que durante el mandato de Kim, la revisión de las salvaguardas sociales y ambientales del BM – la normativa que establece criterios para los proyectos que el Banco Mundial puede apoyar – , lejos de representar un robustecimiento de la política, significó la transformación de estos estándares, un marco normativo mucho más laxo. La renuncia de Kim entonces, deja abierta la puerta para preguntarse si el próximo presidente del BM tendrá como prioridad el financiamiento privado, y si fuese así, de qué manera la institución podrá adaptarse a las normas internacionales y nacionales en lo que refiere al respeto de los DDHH.

  • La transparencia y la rendición de cuentas a nivel institucional en IFIs

Otros interrogantes que han surgido luego de este suceso, tienen que ver con el próximo presidente del BM y su proceso de selección: ¿Quién lo sucederá? ¿Cómo será el proceso para elegir al próximo presidente? ¿Será el gobierno de los Estados Unidos el encargado de apuntar a la persona que asuma la presidencia , tal y como ha sucedido en anteriores oportunidades? ¿De qué manera se puede asegurar una gobernanza del BM más transparente a la hora de elegir a sus autoridades?

A nivel mundial existe un acuerdo tácito que, desde el inicio del sistema Bretton Woods, ha dispuesto que la cabeza del Banco Mundial sería definida  por Estados Unidos y la del Fondo Monetario Internacional (FMI) por Europa. A lo largo de los años, esto se ha respetado a rajatabla, siendo la Casa Blanca, la que ha apuntado al presidente del BM. Kim no fue la excepción a esta práctica y fue nominado por el gobierno de Barack Obama. Este proceso que ha venido teniendo lugar poco tiene de transparente y siempre ha terminado por transformar al BM en un brazo ejecutor de las políticas del  gobierno estadounidense. En los tiempos que corren, un presidente del BM nombrado por la administración de Donald Trump sería riesgoso a la hora de pensar en la performance de esta institución respecto a temas como el cambio climático y los DDHH en general.

Más allá de los efectos de un presidente del BM apuntado desde el gobierno de Trump, la salida de Kim abre una serie de cuestionamientos sobre la gobernanza del banco y la transparencia en la designación de sus autoridades. Es menester que se instaure un proceso de selección transparente en el que todos los candidatos y las candidatas tengan igualdad de oportunidades de ocupar el cargo. La silla de la presidencia del BM deberá ser ocupada por una persona auténticamente idónea y que tenga por prioridad la ejecución de  inversiones bajo el paragua del desarrollo sustentable y los DDHH. La historia de secretismo detrás de cada presidente del BM ha impactado en la credibilidad de la institución. Esta vacante, ahora, significa una oportunidad para que el BM se re-posicione dentro del sistema internacional como un actor independiente.

De aquí en adelante

La partida de Kim hacia ‘Global Infrastructure Partners’ (GIP) ha suscitado dudas respecto a la aparición en puerta de un posible conflicto de interés. La multinacional GIP se encarga de invertir en infraestructura para economías en desarrollo, siendo este el principal sector de interés del BM. Es relevante hacer un seguimiento de acuerdos plausibles de ser concretados entre ambas instituciones.

En lo que refiere a la vacante para presidente, el BM ha anunciado un proceso de nominación de candidatos que estará abierto hasta mediados de marzo de 2019. La sociedad civil estará atenta y haciendo un seguimiento detallado de todo lo que ocurra para buscar la transparencia del proceso. Quedará por ver, una vez seleccionado el/la próximo/a presidente, cuáles serán sus lineamientos principales de gestión y si estos responden a las verdaderas necesidades de desarrollo de las comunidades y poblaciones alrededor del mundo.

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Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

 

Luego de un año de reuniones y actividades, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre se llevó adelante en la Ciudad de Buenos Aires la Cumbre del G20, la primera celebrada en Sudamérica. La misma contó con la presencia de los principales líderes mundiales; y si bien fue considerada un éxito en términos logísticos por parte del gobierno nacional, no arrojó grandes resultados en términos multilaterales.

La Cumbre de líderes del G-20 organizada este año por Argentina como presidente “pro témpore” del foro se produjo en un contexto signado principalmente por la guerra comercial entre los Estados Unidos y China; y las dificultades internas que están afrontando gran parte de los líderes de los países que conforman el grupo. Entre ellas, destacan sin dudas las protestas civiles que jaquean al gobierno de Emmanuel Macron en Francia, las acusaciones contra el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed Bin Salman por la muerte de un periodista; e incluso la crisis económica que afronta el gobierno nacional en Argentina, a lo que se sumaron también las dudas tanto internas como externas en cuanto a  la capacidad del gobierno de Mauricio Macri para organizar un evento de las magnitudes del G-20.

De todas formas, una vez finalizada la cumbre la organización de la misma fue considerada un éxito por parte del gobierno, e incluso se consiguió firmar un documento final (aunque sus compromisos resultan muy tibios) a pesar de las escasas probabilidades que existían de lograr un consenso entre los países miembros.La Declaración de los líderes del G20 2018 hace hincapié en el desarrollo equitativo y sostenible como desafío que todos los Estados enfrentan. Entre las cuestiones que la Declaración  menciona, se destacan los pilares sobre los que la cumbre trabajó de manera prioritaria este año, por decisión del propio gobierno argentino, a saber: el Futuro del Trabajo, Infraestructura para el Desarrollo, la Seguridad Alimentaria y una perspectiva transversal de género que abarcó toda la agenda del G20. La Declaración también menciona en diversos pasajes ciertos compromisos internacionales respecto al Cambio Climático y el Acuerdo de París (aunque Estados Unidos dejó plasmada en la Declaración su decisión de retirarse del Acuerdo); las entidades financieras internacionales y la necesidad de robustecer al FMI y al Banco Mundial; la igualdad de género y el acceso a la salud, entre otros. En materia de Infraestructura, la Declaración señala: “A fin de abordar la persistente brecha de financiamiento en infraestructura, reafirmamos nuestro compromiso de atraer capitales privados para la inversión en infraestructura. Para lograrlo, endorsamos la Hoja de Ruta hacia la Infraestructura Como una Clase de Activo”

Recordemos que el G20 es un foro internacional que está integrado por 19 Estados y la Unión Europea:  Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía. España forma parte como invitado permanente. Además el país que preside el foro elige a otros invitados, y para este año Argentina invitó a Chile y a los Países Bajos.

Las áreas de trabajo del G-20 son: finanzas, agricultura, anticorrupción, comercio e inversiones, desarrollo, economía digital, educación, empleo, salud, sustentabilidad climática y transiciones energéticas.

Si bien la Cumbre en Buenos Aires no arrojó acuerdos resonantes a nivel multilateral, el evento resultó sin dudas positivo para el gobierno nacional, que sale fortalecido por la organización sin mayores inconvenientes del evento; y sobre todo, por la agenda de reuniones y acuerdos bilaterales con otras naciones que se dio en el marco de la Cumbre. Así, el gobierno de Cambiemos gestionó diversas reuniones bilaterales y cerró una serie de  acuerdos de inversión y comerciales con el propósito de promover el desarrollo económico del país. Así, de las 17 reuniones bilaterales que el gobierno llevó a cabo y los más de 50 acuerdos firmados, se destacan:

  • 30 acuerdos comerciales entre China y Argentina que representan alrededor de 5000 millones de dólares. El Plan de Acción Conjunta firmado abarca temas relacionados a inversiones, infraestructura, ferrocarriles, energía térmica, solar, eólica, minería, salud, transporte y educación, entre otros. En ellos está incluido el contrato comercial para reactivar el ferrocarril San Martín Cargas, cuya inversión inicial será de 1089 millones de dólares y estará a cargo de la empresa china CRCC (China Railway Construction Corporation Limited); y la firma de protocolos para el ingreso de equinos en pie, ovinos y caprinos patagónicos a China y un protocolo sanitario para exportar cerezas argentinas.
  • A su vez, con China también se firmaron acuerdos de inversión para proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APPs) en materia de energía y transporte (rutas); y se acordó la ampliación del Swap (intercambio) de monedas por un monto de 60 mil millones de yuanes (un equivalente a 8.600 millones de dólares) que serán destinados a robustecer las reservas del Banco Central.
  • Con Estados Unidos el acuerdo más relevante se dio con las cartas de intención firmadas con la agencia de inversión de Estados Unidos, Overseas Private Investment Corporation (OPIC) que se prevé pueden llegar a movilizar más de 3000 millones de dólares. Algunas de estas cartas de intención con la OPIC contemplan el respaldo financiero para el proyecto de APP del tramo del Corredor vial C (Buenos Aires-Mendoza); y proyectos en materia de energía solar (los proyectos Ullum I, II y III);  energía eólica (Chubut Norte III y IV); energía eólica (Parque eólico Cañadón León en Santa Cruz); y obras para un gasoducto en Vaca Muerta.
  • Con Francia se realizó un convenio de financiamiento por 360 millones de dólares para recuperar la capacidad del patrullaje naval marítimo, y acuerdos en el ámbito cultural y educativo;
  • Con el Banco Europeo de Inversiones se acordó el financiamiento de obras de ampliación y mejora en los servicios de agua potable para el área metropolitana y del conurbano de Buenos Aires; y la consolidación de la Gestión Integral de Residuos y Valorización Energética en Jujuy;
  • Los Jefes de Estado de Japón y Argentina firmaron un Tratado Bilateral de Inversiones entre ambos países, cuyo objeto es fomentar las inversiones japonesas en diversos sectores de la economía argentina;
  • Con la Federación de Rusia, se firmó un Acuerdo de pesca y acuicultura y un documento estratégico sobre la cooperación Argentina-Rusa en el campo del uso pacífico de la energía nuclear.

Más allá de la Cumbre

Vale recordar que la Cumbre realizada en Buenos Aires fue sólo el cierre de un proceso mucho más extenso que inició a fines de Noviembre de 2017 cuando Argentina asumió la presidencia “pro témpore” del G-20 a fines de Noviembre de 2017 y culminó con el traspaso de la misma a Japón. Durante el transcurso de este año se llevaron a cabo numerosas reuniones y eventos enmarcados en el G-20, así como un intenso trabajo en cada uno de los grupos de afinidad del foro: Business 20 (B20, que engloba al sector privado); Civil 20 (C20, que engloba a sociedad civil); Labour 20 (L20, que engloba a sindicatos y trabajadores); Science 20 (S20, que engloba a la comunidad científica) Think 20 (T20, que engloba a los Think Tanks y la comunidad académica);  Women 20 (W20, que engloba a las mujeres) y Youth 20 (Y-20, que engloba a los jóvenes).

En el caso de FUNDEPS, participamos activamente del Civil 20, donde co-coordinamos, junto con Eurodad, uno de los 8 grupos de trabajo del C20 para este año: el grupo de Inversiones e Infraestructura. Durante el transcurso del año el grupo trabajó de manera virtual e incluso se reunió en dos ocasiones, tanto para la reunión de grupos de trabajo como para el Summit del C-20 realizados en Buenos Aires en Abril y Agosto respectivamente. El resultado del trabajo de los grupos de trabajo del C20 se plasmó en un documento con recomendaciones de políticas, el cual fue entregado al presidente Macri durante la Cumbre del C20 y constituyó un insumo de parte de sociedad civil para las discusiones que se dieron en el marco del G-20.

Más Información:

Declaración de Líderes del G20. Construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible

Página oficial del G-20

Página Oficial del C20

Policy Pack: Recomendaciones del C20 al G20 de 2018

Documento del sub-grupo sobre Financiamiento de Infraestructura

Documento del sub-grupo sobre Conducta Empresarial Responsable

La sociedad civil presenta recomendaciones al G20 en la Cumbre del Civil-20 – FUNDEPS – 15/08/2018

La sociedad civil se reunió en el C20 – FUNDEPS – 17/04/2018

G20 dejó acuerdos con intención de inversiones por u$s 8.000 millones – ámbito.com

Expectativa y realidad de los acuerdos económicos de Argentina en el G20 – Noticias

Autoras:

Macarena Mustafá – Sofía Brocanelli

Contacto:

Gonzalo Roza / Coordinador del área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

 

 

El pasado 30 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado mediante el cual invitaba a las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales interesados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a enviar información sobre la situación de derechos humanos en la región. Dicha información será utilizada para la elaboración del capítulo IV A del informe anual de la CIDH correspondiente al año 2018 que será presentado ante la Asamblea General de la OEA.

Cada año la Comisión realiza un informe anual sobre la situación de derechos humanos en la región, en donde refleja las tendencias, retos, avances y buenas prácticas que se han dado en materia de derechos humanos en los Estados miembros de la OEA durante el año.

Para el Informe Anual de 2018, la Comisión hará énfasis en los siguientes ejes: Institucionalización democrática, Institucionalidad en derechos humanos, Acceso a la justicia, Seguridad ciudadana y Derecho al Medio Ambiente.

Junto a Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) presentamos un informe sobre estos ejes en las materias que trabajamos:

Institucionalidad en derechos humanos

  1. Reducción jerárquica de Ministerios Nacionales de Ambiente, Cultura, Salud, Trabajo y Modernización y Comunicación
  2. Presupuesto Nacional 2019
  3. Ley de Educación Sexual Integral en peligro

Acceso a la justicia

  1. Preocupación por anteproyecto de Ley de procesos colectivos
  2. Acceso al derecho al aborto en la Argentina – Retardo de justicia en la causa de Portal de Belén (por protocolo de aborto no punible en la provincia de Córdoba)
  3. Acceso a la justicia de personas mayores

Seguridad ciudadana

  1. Violencia Institucional en Tucumán
  2. Ausencia de mecanismos de prevención de la tortura en Tucumán

Derecho al Medio Ambiente

  1. Afectaciones al derecho a la salud ocasionadas por el uso de agroquímicos
  2. Preocupación ante proyecto de modificación de la ley de semillas
  3. Incumplimiento de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de la ley provincial N° 5.915  en perjuicio del medioambiente y el derecho a la vida y el territorio de comunidades indígenas en Jujuy.
  4. Proyecto Minero Chinchillas y la Laguna de Pozuelos en Jujuy
  5. La comunidad indígena del Solco Yampa y la tala indiscriminada de árboles en la provincia de Tucumán
  6. Asesinato de Javier Chocobar en Tucumán

Los casos que se presentan en este informe dan cuenta de una situación general de retroceso del cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado argentino. Las situaciones de vulnerabilidad expuestas preocupan particularmente por inscribirse en un contexto sociopolítico regional de crisis. En vistas a evitar que el impacto de recortes, el incumplimiento de estándares internacionales y la promoción políticas públicas que no atacan las raíces de la desigualdad estructural impacten de lleno sobre las poblaciones que se ya se encuentran en situación de vulnerabilidad, solicitamos a la CIDH que exprese públicamente la preocupación por el estado de cumplimiento de derechos humanos en el país.

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

Participamos de la llamada del Grupo de Trabajo sobre la perspectiva de Género en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, a los fines de comentar desde nuestra experiencia la relación entre las actividades empresariales y derechos de las mujeres.

El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, que opera en el marco de las Naciones Unidas, realizó una llamada para que las organizaciones de sociedad civil envíen sus comentarios sobre las cuestiones relevantes en materia de impacto de la actividad empresarial en los derechos humanos de las mujeres. Para esto, elaboramos comentarios desde el punto de vista de nuestras agendas de trabajo, para comentar sobre la situación de impactos en salud, en la participación de mujeres en las empresas, y sobre mujeres y medios de comunicación.

En primer lugar, abordamos de qué manera las mujeres experimentan el impacto de los abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas de manera diferente y desproporcionada, exponiendo los casos de la industria tabacalera y de sucedáneos de leche materna. Ambas industrias, con sus particularidades, tienen agresivas estrategias de marketing. La industria tabacalera apunta especialmente a las jóvenes en el consumo de cigarrillos a través de estrategias como cigarrillos saborizados o “light” ó auspicio de eventos de moda. Por el lado de la industria de sucedáneos de leche materna, operan también con estrategias de comercialización y etiquetado engañosas sobre las características de los productos, además de tener gran injerencia en las políticas públicas – en una situación de conflicto de interés -, desalentando la lactancia materna y su reemplazo por la fórmula desde temprana edad.

Por otro lado, el financiamiento para el desarrollo provisto por las Instituciones Financieras internacionales al sector privado, también tiene impactos medioambientales, sociales, en la  salud, en el acceso a infraestructura y vivienda, y en los derechos indígenas, que afectan a las mujeres particularmente. Las IFIs en general tienen dificultades y fallas en la implementación de sus políticas, y particularmente en el diseño y aplicación de políticas de género. Destacamos entonces que deben fortalecerse las políticas en general, y particularmente aquellas sobre género, para que establezcan pautas claras para que los clientes (sobre todo las empresas y otras entidades privadas) apliquen evaluaciones de impactos diferenciados, y fortalecer también los mecanismos de rendición de cuentas para dar remedios efectivos cuando hubiere impactos negativos.

Finalmente, también expusimos todas las dificultades y barreras que atraviesan las mujeres para participar de puestos de trabajo en el sector privado, con información obtenida a través de nuestra investigación sobre la igualdad de oportunidades para mujeres y personas LGTTBIQ+ en empresas, sindicatos y universidades. Asimismo, enviamos también recomendaciones sobre cómo podrían luchar los medios de comunicación y las industrias publicitarias contra los estereotipos de género y el desempoderamiento de las mujeres.

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Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

Durante la semana del 15 al 19 de octubre tuvieron lugar las sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Éste grupo se reunió por cuarta vez, y las discusiones versaron en torno al borrador para la adopción de un tratado vinculante que busca regular la actividad de las empresas transnacionales y sus efectos sobre los derechos humanos.

A mediados del mes de julio se presentó finalmente un texto borrador para el ‘Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos’. Este documento fue lanzado en Ginebra, en el marco del mandato del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Empresas y Derechos Humanos, que indicaba que se debía elaborar un tratado vinculante en esta materia. Las sesiones en octubre, tomaron como punto de partida para el debate, ese ‘Borrador Cero’.

El antecedente inmediato a este borrador, fue el documento conocido como ‘Elementos del Tratado’ que circuló a finales del año 2017 y fue objeto de debate en la tercera sesión del Grupo Intergubernamental en octubre de ese mismo año. Posteriormente, esos ‘Elementos’ fueron sometidos a consulta pública y se recibieron comentarios hasta febrero de 2018. Una vez cerrado ese proceso, quedó por delante la construcción de un texto para la 4ta sesión.

Sobre el ‘Borrador Cero’

A primera vista, la diferencia esencial entre ambos documentos (el tratado y los elementos), es la desaparición del término ‘otras empresas’ cuando se refiere a los sujetos susceptibles de responsabilidad judicial.  El debate por la inclusión de otras empresas además de aquellas de carácter transnacional fue objeto de fuertes oposiciones. Esto, ya que se consideraba que este tratado debía sólo enfocarse en aquellas empresas que tienen actividades en dos o más jurisdicciones nacionales porque las que sólo actuaban en un Estado, se encontraban sometidas a los regímenes normativos nacionales. Empero, hay que resaltar, que el artículo 4 del borrador define a las ‘actividades empresariales de carácter transnacional’ como cualquier actividad productiva o comercial que tiene lugar en dos o más jurisdicciones nacionales. Esta referencia pudiera ser interpretada  también para aquellas actividades empresariales llevadas adelante en un solo Estado pero que pudieran ser transnacionalizadas por su inclusión en una cadena de valor.

Asimismo, el preámbulo del documento no recoge en su totalidad lo que se había propuesto en el borrador de elementos del tratado. El documento publicado a finales del año pasado, mencionaba, entre otras cosas, la importancia de referenciar los Principios Rectores, las normas sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales y la apremiante situación respecto de los impactos negativos de la actividad empresarial sobre los DDHH. El borrador del tratado, en su preámbulo, falla al reconocer todos los elementos que enmarcan el proceso de creación de este instrumento vinculante.  

En una segunda instancia, cobra importancia mencionar que el texto borrador resalta la responsabilidad del Estado como primer y único protector de los Derechos Fundamentales frente al accionar empresarial, aunque obvia los posibles daños ocasionados en la actividad comercial propia de las naciones. En este sentido, aquellas actividades comerciales que son apoyadas por los Estados (inversiones público privadas generalmente) no tienen una acogida en este tratado.

El borrador también sorprende por la relevancia otorgada a la remediación de daños y los derechos de las víctimas, frente a la necesidad urgente de prevenir que las empresas vulneren los derechos humanos. Esta disparidad entre el remedio y la prevención fue notada por la sociedad civil en el documento de ‘Elementos’, y criticada ya que es necesario que los daños ocasionados por la actividad empresarial sean prevenidos en igual medida que la provisión de resarcimiento a las víctimas.

A pesar del fuerte foco en el ‘remedio efectivo’, el borrador adopta un artículo sobre prevención; en el que resulta importante mencionar la obligación de establecer legislación que obligue a las empresas a emprender acciones de debida diligencia. Incluyendo evaluaciones ambientales y de DDHH para analizar sus actividades y tomar las acciones necesarias para prevenir daños.

Ahora bien, resulta claro que el borrador propone un componente vinculante para los Estados, en el sentido que los obliga a adoptar legislación que vele por el respeto de los Derechos Humanos frente a la actividad empresarial. No obstante, el texto no evidencia la responsabilidad de las Empresas y ello es porque el tratado no las convertirá en sujetos obligados sino a través de las leyes que los Estados vayan a implementar. A este respecto, desaparece la posibilidad de crear un ‘tribunal’ u otra institución similar que tenga la capacidad de juzgar y penalizar el accionar de las empresas transnacionales.

El borrador del tratado no incluyó el capítulo de ‘Obligaciones de las empresas’ que sí se encontraba en los ‘Elementos’; y tampoco se incluyeron las obligaciones de las organizaciones internacionales.

Un elemento importante que aparece en el borrador es el ‘Fondo Internacional para las Víctimas’, cuyo objetivo es colaborar con la remediación efectiva a los daños ocasionados por la actividad empresarial.

Sobre la 4ta sesión

Luego de la 4ta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental, ha quedado en evidencia la polarización de las opiniones entre los países del ‘norte’ y el ‘sur’ global.Los países pertenecientes al bloque BRICS, junto con la mayor parte de los continentes africano y latinoamericano; han demostrado una respuesta positiva ante la iniciativa de un instrumento jurídicamente vinculante. No obstante, representantes de la Unión Europea, los Estados Unidos de América, Japón, Australia y Canadá, además de no haber estado presentes en las negociaciones, han dejado clara su negativa a la hora de avalar la creación del ya mencionado tratado.

Dicha polarización tiene efectos relevantes en la fuerza efectiva que un instrumento de estas características puede tener. Siendo que la mayor parte de las empresas transnacionales que se verían obligadas por este texto, se hospedan en los Estados que hoy se pronuncian de manera opuesta al tratado, el amparo de los derechos humanos frente a la actividad de las empresas transnacionales no estaría completamente asegurado.

Aún no hay certezas sobre cómo continuará el proceso luego de esta cuarta sesión y tampoco queda claro cómo se incluirá a la sociedad civil en él. De acuerdo a la ‘Campaña Global para Frenar la Impunidad Corporativa’, los siguientes son los puntos que se recomienda al Grupo Intergubernamental, para dar continuidad a las negociaciones:

 

  1. El futuro tratado debe estar dirigida a las Empresas Transnacionales (ENTs) y otras empresas con actividades transnacionales, de conformidad con el mandato otorgado al Grupo de Trabajo Intergubernamental en la resolución 26/9.
  2. El futuro tratado debe contener obligaciones directas para las ENTs. También debe establecer la responsabilidad conjunta y solidaria de las empresas matrices con las entidades a lo largo de su cadena global de producción (filiales, subcontratistas, proveedores, etc.).
  3. El futuro tratado debe prever un mecanismo internacional de aplicación con poderes de aplicación eficaces y vinculantes. En este sentido, la Campaña Global propone la creación de una Corte Internacional para enjuiciar a las ETNs que cometen violaciones de los derechos humanos y de un Centro Internacional de Monitoreo de las ETNs.
  4. El futuro tratado debe establecer de manera clara la primacía de las obligaciones de derechos humanos sobre los acuerdos de comercio o de inversión.
  5. El futuro tratado debe incluir medidas concretas contra la influencia de las ETNs en el proceso de formulación de políticas públicas a nivel internacional y nacional.
  6. La participación efectiva de la sociedad civil en todas las etapas de las negociaciones sobre el proyecto de tratado y la salvaguarda del proceso de la influencia de las ETNs y sus representantes.

Autora:

Agustina Palencia

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Más Información:

Presentamos comentarios al borrador del tratado de empresas y derechos humanos

Avanzando hacia tratado vinculante de empresas transnacionales y derechos humanos

Borrador Cero de Tratado Vinculante

 

 

El día miércoles 3 de octubre se llevará a cabo el Conversatorio de “Transparencia y Rendición de Cuentas” en The Tech Pub ubicado en Velez Sarfield 576 – 5to piso, Ciudad de Córdoba.

La entrada es gratuita y con cupos limitados, para asistir debes completar el formulario haciendo click aquí

El conversatorio contará con dos paneles en los cuales se tratarán diversas temáticas, entre ellas:

  • Acceso a la información y justicia ambiental
  • Asociaciones publicas-privadas
  • Transparencia en el sistema penitenciario
  • Gobierno abierto

Las personas que disertarán serán:

  • Leandro Gómez – Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
  • Valeria Enderle – Fundación Cultura Ambiental Causa Ecologista (CAUCE)
  • Fabiola Cantú – Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH)
  • María Gabriela Larrauri – Asociación Civil para la Construcción de un Gobierno Abierto (AGA)
  • Melisa Gorondy – Instituto Federal de Gobierno (IFG)

Accedé al PROGRAMA COMPLETO

¡Te esperamos!

El pasado 10 de agosto el BID Invest llevó adelante en Buenos Aires una consulta pública presencial sobre el borrador para su nueva política de Acceso a la Información Pública. Este evento es parte de la consulta virtual actualmente abierta que BID Invest comenzó en mayo de este año. La jornada fue llevada adelante con la finalidad de recepcionar comentarios de parte de las organizaciones de la sociedad civil.

En mayo de este año, el BID Invest, brazo de inversiones privadas del Grupo BID, abrió una instancia de consulta pública para evaluar el documento borrador de lo que va a ser su nueva Política de Acceso a la Información. En este marco, la institución pautó llevar a cabo algunos encuentros presenciales para recibir comentarios y conocer la opinión de las organizaciones de la sociedad civil.

El 10 de agosto BID Invest convocó a una consulta presencial en Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y FUNDEPS participó. La jornada duró un par de horas y los ejes centrales de discusión se posaron sobre: la información a publicarse antes de la aprobación de un proyecto, la información a publicarse durante la ejecución de un proyecto y el listado de excepciones de la política. Desde la institución se receptaron los comentarios realizados y se explicitó que luego de finalizado el proceso de consulta, se armaría un nuevo documento teniendo en consideración tanto la instancia virtual de consulta como la presencial. Asimismo, se destacó que de no incorporarse alguno de los comentarios, se justificará el porqué de dicha decisión.

Respecto de la convocatoria a esta reunión, quedan ciertas dudas sobre el proceso de selección de las organizaciones que fueron invitadas. Participaron 12 organizaciones y FUNDEPS era la única proveniente del interior del país. En esta línea, la baja convocatoria nos hace pensar que la información no fue circulada con la anterioridad necesaria y tampoco se previó que varias organizaciones y comunidades no pudieran asistir siendo que se encuentran muy lejos de Buenos Aires.

Desde FUNDEPS reconocemos de manera positiva la implementación de instancias presenciales para la consulta. Esto permite esclarecer en tiempo real dudas y comentarios sobre el borrador, a la vez que permitió conocer la intención de la institución a la hora de re-pensar su política. En este sentido, desde BID Invest se explicó que considerando la relevancia que ha tomado la cartera de inversiones privadas del Grupo BID, se hacía necesario modernizar la política de Acceso a la Información.

En términos generales el borrador en cuestión ha avanzado positivamente sobre la política anterior. Ha mejorado en instancias claves pero aún quedan elementos que pulir. Sobre ellos se hizo especial hincapié de parte de la sociedad civil y se espera que los comentarios sean incorporados. Además de las sugerencias y comentarios que hicimos en el marco de la consulta presencial, desde FUNDEPS, y junto con otras organizaciones del país y la región, estaremos enviando un documento con comentarios por escrito para contribuir al proceso de revisión de la Política.

Más Información:

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

Junto con el resto de las organizaciones que conforman GREFI, publicamos un análisis comparativo de los marcos normativos de las principales instituciones que financian el desarrollo en América Latina, con un foco en las semejanzas y diferencias existentes entre las instituciones tradicionales, las emergentes y la banca china.

El Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), conformado por FUNDEPS, DAR, Ambiente y Sociedad y Fundar, hizo público recientemente su último trabajo de investigación sobre las normativas de las instituciones financieras internacionales (IFIs): Análisis Comparativo de la normativa de IFIs presentes en América Latina Se trata de un análisis comparativo que toma como objeto de estudio las políticas operativas de diferentes instituciones: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco de Desarrollo de China (BDC) y el Banco Chino de Exportaciones e Importaciones (ExIm Bank). El objetivo esencial era poder lograr una comparación entre aquellas instituciones tradiciones, las nuevas instituciones de desarrollo y las instituciones chinas. El anclaje de este estudio está dado por la cantidad de nuevos actores que hoy en día forman parte del escenario financiero y de inversiones en América Latina.

El análisis se efectuó sobre cuatro ejes: acceso a la información, participación ciudadana, pueblos indígenas y salvaguardas sociales y ambientales. Los indicadores de dichas categorías fueron obtenidos a partir de las mejores prácticas internacionales en cada una de esas materias (la ley modelo de la OEA sobre acceso a la información, el convenio 169 de la OIT, entre otros). Cada categoría se dividió en diferentes elementos que recibieron una puntuación. El producto de este trabajo es presentado en forma estadística, expresando en qué nivel (porcentaje) las políticas de las instituciones logran alcanzar los más altos estándares.  

Los  principales  resultados obtenidos  en el estudio reportan  que dos bancos categorizados  como tradicionales BIRF-BM (86%)  y CFI (64%), además de un banco  emergente CAF (62%), obtienen las calificaciones más altas. Entre las instituciones con calificación menor al 50% se ubican dos bancos tradicionales BID (45%) y CII (26%), un banco emergente BNDES (17%) y dos bancos chinos BEIC (8%) y BDC (0%).  Un hallazgo interesante es que sólo en las categorías de banca tradicional y banca emergente se observan instituciones con calificación relativamente alta. En contraste, la banca china destaca con las evaluaciones más bajas conforme a la  proporción de adecuación estimada. Esto se explica en parte con el banco BDC, que no obtiene calificación en ningún eje temático, ya que, por falta de acceso a sus normativas, éstas se desconocen. (Véase el capítulo específico sobre el BDC).

Más información:

Publicación completa Análisis Comparativo de la normativa de IFIs presentes en América Latina

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Agustina Palencia: agustinapalencia@fundeps.org

Participamos en la Cumbre del C20, que se realizó los días 6 y 7 de Agosto en la ciudad de Buenos Aires y donde se presentó el comunicado final del C20, con recomendaciones para los líderes de los países del G20.

El Civil 20 (C20) es uno de los siete Engagement Groups o Grupos de Afinidad del Grupo de los 20 (G20) y constituye un ámbito en el que la sociedad civil de distintas partes del mundo puede contribuir a las discusiones y debates que se dan en el marco del G20, buscando incidir en las decisiones adoptadas por dicho foro. En los últimos años el C20 adoptó como modalidad de trabajo, la división en diferentes grupos de trabajo específicos, desde los cuales se abordan distintas temáticas en profundidad y se elaboran documentos de alto nivel que luego son presentados ante el G20. El resultado final de todo el trabajo del C20 se refleja en un comunicado final, el cuál es entregado al G20, cuya Cumbre de Líderes tendrá lugar el 30 de noviembre y 1 de diciembre en Buenos Aires.

Fundeps es co-coordinador del Grupo de Trabajo sobre Inversión e Infraestructura del C20, por lo que hemos participado activamente en la coordinación de las discusiones y debates del grupo, tanto a nivel virtual como presencial; y en la elaboración del policy  paper del grupo, que se incorporó al documento de recomendaciones final del C20. A su vez, el 6 y 7 de Agosto pasados participamos de la Cumbre del C20 en la ciudad de Buenos Aires, donde se presentó el documento con recomendaciones de políticas de los grupos de trabajo, el cuál fue además entregado al Presidente Mauricio Macri durante su participación en la apertura del evento.

El documento resume las recomendaciones para los líderes de los países del G20 de cada uno de los 8 Grupos de Trabajo del C20: 1) Anticorrupción 2) Arquitectura del Sistema Financiero Internacional 3) Educación, Empleo e Inclusión 4) Medioambiente, Clima y Energía 5) Género 6) Inversión e Infraestructura 7) Local2Global 8) Salud Global.

En el caso del grupo de trabajo que coordinamos (Inversión e Infraestructura), el Policy Paper recoge los principales planteos y recomendaciones de los dos sub-grupos temáticos en los que se dividió el trabajo: Financiamiento de Infraestructura y Conducta Empresarial Responsable. En particular, plantea una serie de 12 recomendaciones, entre las que destacan:

  • Promover las herramientas transparentes e imparciales necesarias para evaluar qué tipo de financiamiento es el más adecuado para un determinado proyecto.
  • Adoptar y promover un conjunto de criterios para la infraestructura sustentable y de calidad que permita asegurar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
  • Las decisiones sobre los proyectos deben ser guiadas por estrategias y prioridades de desarrollo nacional, y adoptadas a través de procesos participativos para identificar, mitigar y manejar los impactos ambientales y sociales de los proyectos.
  • Las guías sobre disposiciones contractuales para las Asociaciones Público-Privadas (APPs) deben tener en cuenta consideraciones de política pública y no deben favorecer los intereses de los inversores privados por sobre las autoridades contratantes.
  • Promover mejoras radicales en la trasparencia y rendición de cuentas de los proyectos de infraestructura, ya sean con fondos públicos o privados.
  • Implementar y complementar los estándares que establecen la conducta empresarial responsable;
  • Asegurar una participación significativa en las decisiones sobre inversiones, garantizando el acceso a la información y la participación de las comunidades en los proyectos, desde su diseño, de acuerdo a sus propios tiempos y prioridades, defendiendo el derecho al consentimiento libre, previo e informado; y protegiendo a los defensores de derechos humanos y a los informantes.
  • Garantizar el acceso a la remediación efectiva para comunidades impactadas por las actividades empresariales, fortaleciendo mecanismos judiciales y no judiciales y acorde a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y las directrices OCDE para empresas multinacionales.

Tras dos días de debates y exposiciones por parte de representantes del C20 y otros grupos de afinidad, la Cumbre del C20 cerró haciéndo eco del compromiso del propio presidente Mauricio Macri, quién manifestó que la presidencia argentina del C20 pondría a la gente en el centro de sus políticas. Sin embargo, tal como expresa el comunicado final del C20, “los discursos no resultan suficientes, se requiere compromiso genuino a través de la acción”.

La Cumbre de líderes del G-20 se realizará a fines de Noviembre en Bueno Aires y hasta entonces, será responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil que participaron de este proceso llevar éstas recomendaciones y reclamos no sólo al resto de la sociedad civil interesada; sino también a los comunidades afectadas y a los representantes gubernamentales y líderes políticos no sólo de los países que conforman el G20, sino de todo el mundo. En ese sentido, durante los próximos cuatro meses continuaremos coordinando el grupo de Inversión e Infraestructura, buscando llevar las recomendaciones reflejadas en el policy paper del grupo a la mayor cantidad de actores posibles.

Más información:

Policy Pack: Recomendaciones del C20 al G20 de 2018

Documento del sub-grupo sobre Financiamiento de Infraestructura

Documento del sub-grupo sobre Conducta Empresarial Responsable

Página oficial del G-20

Página Oficial del C20

El C20 entregó sus recomendaciones a Mauricio Macri – G20 – 06/10/2018

La sociedad civil se reunió en el C20 – FUNDEPS – 17/04/2018

Contacto:

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org