El pasado 27 de octubre la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió la demanda en que la tabacalera Nobleza Piccardo cuestionaba la constitucionalidad de una ley de la Provincia de Santa Fe. Esta ley estableció una prohibición completa de publicidad de tabaco para una mejor protección del derecho a la salud.

La provincia de Santa Fe sancionó en el año 2006 la ley 12. 432 que su artículo 7º sostiene “Prohíbase, en todo el territorio de la provincia la publicidad directa e indirecta de los productos del tabaco destinados al consumo humano a través de la acción de fumar, cualquiera sea su medio de difusión”. La industria del tabaco entendió que esta norma era inconstitucional y entabló una acción declarativa de inconstitucionalidad en contra de la Provincia de Santa Fe.

En el año 2011, con la entrada en vigencia de la ley nacional 26.687 de control de tabaco que estableció una prohibición de publicidad en el ámbito nacional, el tribunal consultó a las partes si era necesario continuar con el litigio. La tabacalera Nobleza Piccardo entendió que sí se debía continuar porque consideraba que la Provincia de Santa Fe había legislado sobre la base de una competencia de materia exclusiva de la Nación y  que la ley provincial, al prohibir completamente la publicidad de tabaco, contradice el Artículo 6 de la ley 26.687 que permite como excepción la publicidad en puntos de ventas, publicaciones en revistas especializadas para aquellos que se encuentren dentro de la producción del tabaco y publicidad directa a mayores de 18 años. Asimismo, la tabacalera entendió que había una afectación irrazonable a la libertad de empresa y de la libertad de expresión.

La Corte Suprema de Justicia en su composición actual falló de forma unánime considerando que la Provincia de Santa Fe tiene las facultades para legislar en materia de salud por ser esta facultad no delegada y concurrente con la nación. En segundo lugar se consideró que La tutela del derecho a la salud es un mandato consagrado por la Constitución Nacional, contemplado en las constituciones provinciales y por los tratados internacionales de derechos humanos que tienen tal jerarquía. En esta línea de pensamiento, la Corte consideró que través de la ley de control de tabaco, la provincia de Santa Fe ha prestado especial atención a un grave problema de salud pública, con el objeto de disminuir en la población la mortalidad causada por el uso de tabaco en cualquiera de sus formas de forma.

La CSJN reconoce que existe una tendencia en el derecho comparado de considerar como válidas las medidas legislativas tendientes a limitar, e incluso prohibir, la publicidad comercial de productos de tabaco. Estas restricciones son constitucionales en tanto protegen directamente el derecho a la salud, disminuyendo el nivel de consumo y evitando que personas comiencen a fumar.

Es necesario destacar el voto particular del Dr. Lorenzetti, quien coincidió con la mayoría pero entró en un análisis pormenorizado del conflicto de derechos planteados por la industria tabacalera, introduciendo la cuestión de los derechos de los consumidores y destacando la extensa bibliografía que da muestra del daño que produce el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco.

En definitiva, la CSJN sostuvo que la Provincia de Santa Fe está habilitada para proteger la salud de su población a través de una prohibición completa de promoción, publicidad y patrocinio de productos de tabaco. Así, abre la puerta para que otras provincias puedan avanzar en medidas de protección de la salud de la población más allá de los estándares de la ley nacional 26.687.

Desde FUNDEPS celebramos y saludamos el fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional, es un gran paso de nuestro país en el control del tabaco como así también para la protección de la salud. En esta misma línea, exhortamos a los gobiernos provinciales a implementar leyes que prohíban de manera completa la promoción, publicidad y patrocinio de productos de tabaco en orden de proteger la salud de los ciudadanos.

 

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Juan Miguel Litvachkes – Área de Derechos Humanos

juanlitvachkes@fundeps.org

Fundeps participó en las distintas mesas de debate y en la organización de las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Luego de una semana de trabajo, elaboramos junto con el Grupo Regional Sobre Financiamiento e infraesctructura, del que formamos parte, algunas reflexiones y conclusiones.

Desde el 5 hasta el 12 de octubre en Lima, Perú, se llevaron a cabo las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ante ese encuentro, Fundeps como parte del Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), co-organizó un evento alternativo a esas reuniones, que concluyó con una marcha de protesta que unió a organizaciones de la sociedad civil y a movimientos sociales. En ocasión de estos eventos, Fundeps, participó en numerosas mesas de discusión en temas de protección del ambiente, respeto a derechos humanos y participación. Como resultado de la semana de trabajo en Lima, junto con el GREFI, compartimos algunas reflexiones frente a la experiencia, los procesos en marcha y los desafíos que tenemos en adelante como organizaciones de la sociedad civil:

 1. En primera instancia, queremos agradecer los esfuerzos de muchísimas personas e instituciones que hicieron del foro alternativo un espacio desde donde discutir el rol de instituciones financieras internacionales en nuestra región y el mundo.

2. Generamos una instancia en el que participaron miles de personas, muchas organizaciones y movimientos sociales y que esperamos haya podido generar redes de contacto para continuar esa colaboración.

3. Ese espacio nos permitió hacer escuchar otra mirada sobre las dinámicas de financiamiento para el desarrollo que implican fuertes impactos en el ambiente y en el derecho de las personas y que consolidan un proceso de toma de decisión alejado de las personas a las que supuestamente busca beneficiar.

4. Creemos que uno de los principales méritos de este esfuerzo compartido fue justamente el de conectar demandas de diferentes niveles y de diferentes actores. Así, se hicieron reclamos sistémicos respecto del modelo extractivista y de procesos de toma de decisiones globales sin participación ni rendición de cuentas.

5. Se conectaron las dinámicas de debilitamiento de estándares socio-ambientales en el marco de instituciones financieras internacionales con similares procesos a nivel local, donde las garantías legales de protección social y ambiental o se han debilitado considerablemente o no se implementan efectivamente generando una gran cantidad de conflicto socio ambientales en el marco de los cuales son vulnerados todo tipo de derechos.

6. En este contexto, destacamos también la multitudinaria marcha de protesta, que mostró otro mensaje a las reuniones oficiales, haciendo llegar una variedad de reclamos.

Respecto de los desafíos a los que nos enfrentamos, esperamos que podamos seguir haciendo el esfuerzo de conectar las discusiones globales con las necesidades locales y regionales. Esperamos esto en particular de la discusión de las políticas de salvaguardas del Banco Mundial.

En este punto, y conectado con lo anterior, nos preocupa especialmente la dinámica de competencia por debilitar esos marcos de protección, en una carrera que acentúa el carácter de entidad financiera del Banco Mundial, mucho más que su rol como un actor de políticas de desarrollo. Además, en contextos nacionales y regionales de debilitamiento de marcos legales, nos preocupa la decisión de apoyarse en los sistemas de país sin generar mecanismos de revisión de su implementación efectiva.

Desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, creemos que parte de la estrategia de discusión y rechazo de las salvaguardas sociales y ambientales incluyó una fragmentación sectorial de los temas en debate, que quizás debilitó nuestra capacidad de oposición.

Quizás esto sea una de las razones que explique por qué el Banco ha seguido avanzando en este proceso, a pesar de las múltiples y variadas muestras de rechazo. Tal vez la experiencia de Lima, en el que logramos conectar reclamos muy variados en una sola estrategia de oposición y conectamos esos reclamos con los contextos locales y regionales pueda servir como punto de partida para futuros esfuerzos colectivos.

 Más información: www.grefi.info

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Gonzalo Roza /Coordinador del Área de Gobernabilidad Global 

 gon.roza@fundeps.org

Juan Carballo / Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org

Delegados de los 20 países firmantes de la declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, sobre el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, se reunirán en Panamá del 27 al 29 de octubre de 2015 para continuar con la negociación de un acuerdo regional sobre estas materias.

La Segunda Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, bajo la organización de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Panamá, tendrá lugar en la Ciudad de Panamá del 27 al 29 de octubre de 2015. Se negociarán aspectos sustantivos del instrumento regional, en especial el preámbulo y los artículos 1 a 10 del documento preliminar elaborado por la CEPAL. Además se trabajarán las propuestas realizadas por los diferentes países, como también las de los insumos recibidos por el público.

Desde Ginebra, a través de una declaración pública (22 de octubre de 2015) un grupo de expertos[1] en derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su firme apoyo a los esfuerzos de los gobiernos de América Latina y el Caribe para lograr un instrumento regional que garantice los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Consideraron que “esta negociación es uno de los pasos más importantes en la protección y promoción de la democracia ambiental a nivel internacional y proporcionará un modelo para que se tomen pasos similares en otras regiones y países”. Reconocieron la transparencia del proceso y la amplia participación pública en todo momento de las deliberaciones, resaltando esta modalidad como una buena práctica internacional relativa a la participación de diferentes actores en procesos intergubernamentales.

Los expertos afirmaron que un instrumento regional robusto sobre los derechos de acceso fortalecerá las legislaciones nacionales que implementan acuerdos multilaterales ambientales y las políticas nacionales en otras áreas, como el cambio climático, la gestión de productos químicos y residuos y la diversidad biológica.

Sin embargo, advirtieron que si bien la mayoría de los países han expresado su intención de concluir un instrumento jurídicamente vinculante, aún no han adoptado una decisión formal sobre el tema. Respecto a este último tema, el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox, en representación de los expertos dijo, “Instamos a los negociadores a que adopten un tratado u otro instrumento vinculante, ya que ésta sería la mejor forma de promover la implementación efectiva de los derechos de acceso y el desarrollo sostenible, y de asegurar que este instrumento fortalezca las capacidades de las instituciones públicas y la sociedad civil”.

Desde Fundeps continuamos participando como observadores de este proceso regional a fin de lograr el más alto nivel de fortalecimiento e implementación de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Así también, consideramos valioso y oportuno el aporte realizado por los expertos en derechos humanos de la ONU, ya que un instrumento jurídicamente vinculante proporcionará herramientas legales que aseguren el disfrute efectivo de los derechos de acceso.


[1]Los expertos forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Para mayor información, visite: http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx 

 

 

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María Elena Martinez – Área de Derechos Humanos

malemartinez@fundeps.org

En medio da las tragedias y las luchas en contra de la violencia hacia la mujer, los hombres también alzan su voz manifestando la  urgente necesidad de decir BASTA.

Cientos de mujeres mueren asesinadas cada año en nuestro país, y cientos de miles son violentadas física y psicológicamente. En lo que va del año han muerto 21 mujeres en la provincia de Córdoba, en la mayoría de los casos en manos de hombres con los que tenían o habían tenido vínculos afectivos y sentimentales.

No sólo las mujeres se levantan para visibilizar y terminar con la violencia, sino que los hombres también lo hacen para acompañar y demostrar que para avanzar en este camino, se necesita la fuerza de todos/as los/as ciudadanos/as. Frente a estas personas que atentan contra la vida de otras por razones sexistas, el grupo Hombres por la Igualdad se organizó para sumarse a la lucha de las mujeres por sus derechos, en contra del flagelo que el machismo nos trae como sociedad. Son hombres que se manifiestan por la paz y la igualdad porque sostienen que «la violencia no puede ser un problema de las víctimas que la sufren, sino que es una cuestión que afecta a toda la sociedad».

 Con la igualdad y la lucha contra el sexismo como motores, este grupo de varones organiza distintas actividades, entre ellas las «ruedas de hombres». Se trata de actos a la luz de las velas, en los que los hombres forman un círculo contra la violencia machista. Tras la lectura de su manifiesto invitan a las compañeras presentes a unirse en un círculo común de personas. De esa manera, además de sumar los varones a la batalla, se busca posicionar públicamente esta acción de los hombres en contra de la violencia machista

Desde Córdoba, Hombres por la Igualdad y Fundeps invitan a varones comprometidos a una concentración silenciosa contra la violencia hacia las mujeres. Dicha concentracion se llevará a cabo el próximo 5 de noviembre en la esquina de San Juan y Vélez Sarsfield (Patio Olmos) a las 20 hs.

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Virginia Pedraza – Coordinadora del área de Derechos Humanos / vir.pedraza@gmail.com

La ciudad de Mar del Plata, los días 10, 11 y 12 de octubre, albergó alrededor de 60.000 mujeres en el 30º Encuentro Nacional de Mujeres, en el que se realizaron más de 60 talleres de discusión y debate y una gran marcha de reclamo y visibilización.

Participaron un sinnúmero de mujeres de diversas organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y partidos políticos, esparciéndose por toda la ciudad con la esperanza de lograr un avance en el ejercicio de sus derechos, en el de sus hermanas, madres, amigas, compañeras e hijas. Este ha sido el encuentro más multitudinario de nuestra historia, y es un espacio que sigue generando avances en el intercambio de experiencias, que dan lugar a la conformación de estrategias y promoción de políticas que respeten los derechos humanos de las mujeres; así podemos combatir la violencia de género, la trata de mujeres, la mortandad materna por abortos clandestinos, la desigualdad en la participación, en el acceso a la justicia, al trabajo, a la salud, entre otras.

No puede dejar de nombrarse como principal evento a la imponente marcha que duró más de tres horas, y que fue una oportunidad para el reclamo, el encuentro y la invitación a participar de estos espacios por la lucha, que todavía continúa. Sin perjuicio de ello, el machismo no dejó de oírse en la represión sufrida por mujeres, niñas, niños y jóvenes frente a la Catedral de la ciudad, y por los 9 femicidios sucedidos en la última semana, dos de ellos en Mar del Plata en medio del transcurso del encuentro, y las situaciones de patoteo, agresiones y abusos que no dejaron de suceder.

Sin embargo las mujeres siguen de pie, diciendo BASTA a la violencia machista y femicida, exigiendo la respuesta de las autoridades, garantes de sus derechos, que hacen agua ante los aberrantes hechos cotidianos que son impuestos a todas. Estamos en duelo, pero también acompañamos en la construcción colectiva que propone el Encuentro Nacional de Mujeres y celebramos para que el próximo año siga multiplicándose la participación en Rosario, nueva sede para el año 2016.

 

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Virginia Pedraza / Co-coordinadora del área de Derechos Humanos

vir.pedraza@fundeps.org

Como parte del Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), FUNDEPS organiza un taller de Mecanismos de Rendición de Cuentas y Sociedad Civil en Lima.

Este evento se organiza en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo del Banco Mundial, que tienen lugar en Lima del 6 al 12 de octubre del presente año.

Los mecanismos de queja independientes (MQI) de las bancas multilaterales se crearon con el objetivo de resolver reclamos presentados por comunidades afectadas por los impactos sociales y ambientales generados por la ejecución de proyectos de desarrollo con financiamiento proveniente de estos organismos.

La experiencia muestra que uno de los obstáculos para activar dichos mecanismos es el escaso conocimiento que existe por parte de la sociedad civil sobre éstos y su funcionamiento, de tal manera que puedan ser integrados a estrategias integrales de defensa de derechos frente a proyectos de desarrollo.

En este contexto, el taller tiene como objetivo promover el diálogo con los encargados de diferentes mecanismos de queja y representantes de la sociedad civil, con el fin de dar a conocer distintos MQIs presentes en la región; su funcionamiento; y fomentar un intercambio de experiencias y perspectivas relacionadas a los mecanismos.

El taller contará con la presencia de representantes del Compliance Advisor Ombudsman (CAO) de la Corporación Financiera y el Panel de Inspección (PI) del Banco Mundial, del Mecanismo de Queja del Banco de Inversión Europea y del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, participan diferentes representantes de organizaciones de sociedad civil y de movimientos sociales de la región.

 

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En el Día Internacional por el Derecho al Aborto y desde la Campaña Nacional, diversas organizaciones de Córdoba hemos firmado una Carta Abierta exigiendo al Tribunal Superior de Justicia que se pronuncie en la causa en la ha sido suspendida la “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”, que fuere redactada de conformidad a los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo «F.A.L. s/ medidas autosatisfactivas».

Carta Abierta al Tribunal Superior de Justicia

Las organizaciones que adhieren a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, comprometidas con el respeto integro a los derechos humanos de las personas, y en particular con los derechos de las mujeres cordobesas, expresamos nuestra profunda preocupación frente a la demora excesiva en la que incurre el  Poder Judicial al no expedirse, manteniendo suspendida la “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”.

Es de público conocimiento que dicha Guía, dictada por la Provincia de Córdoba, se realizó de acuerdo al fallo F.A.L, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2012, a través del cual el máximo tribunal exhortó a las autoridades provinciales a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles, a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos y asegurar los derechos de las víctimas de violencia sexual.

Sin embargo, en nuestra Provincia, a raíz del amparo interpuesto por una asociación civil conservadora, el protocolo está paralizado desde el 13 de abril de 2012, es decir hace ya tres años y medio, por decisión del Juez en lo Civil y Comercial de 30ª Nominación, Federico Ossola. Siendo luego dicha medida ratificada por la Cámara Tercera de Apelaciones en lo Civil, compuesta por Guillermo Barrera Buteler, Julio Fontaine y Beatriz Mansilla de Mosquera. Lo que diera  lugar a la apelación de ésta última y que la causa fuera elevada al Tribunal Superior de Justicia, para que resolviera sobre la constitucionalidad de la guía. Los derechos a los que alcanza la medida de suspensión tienen alcance general e indeterminado, que se extiende a todas las mujeres cuyo embarazo ponga en peligro su salud o su vida y/o sea producto de un abuso sexual. El retardo en arribar a una resolución viola abiertamente los principios del debido proceso y acceso a la justicia.

El derecho a acceder a abortos en los casos permitidos por la ley es un derecho vigente en nuestra provincia que el Estado debe garantizar bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad internacional por incumplimiento de los Tratados de Derechos Humanos. Si bien la judicialización de la guía no puede ser utilizado por el Estado como una excusa para no garantizar el  derecho humano al aborto (pues se trata de una mera guía de procedimientos médicos), esta situación genera una confusión jurídica que se traduce en el acceso restringido a una política pública que compromete el derecho a la salud de las mujeres. Esta confusión jurídica afecta tanto a los profesionales de la salud, que deben brindarlo, como a las mujeres, que se ven obligadas a recurrir al circuito clandestino para la realización de los abortos no punibles, pese a ser el Estado quien debe garantizar los abortos seguros, en el ámbito de la salud pública y sin dilaciones.  Esta omisión afecta a todas, y principalmente a las mujeres que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, poniendo en riesgo su salud física y psíquica, y su vida.

El retardo en fallar no sólo degenera los deberes del Estado respecto de las ciudadanas, sino que además se afectan sus derechos humanos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Resulta evidente la vulneración al derecho a la salud sexual y reproductiva, el acceso a la justicia, la información, la libertad, la seguridad e integridad personal, la privacidad y a la igualdad,  constituyendo la demora en resolver esta causa, un acto de profunda violencia institucional contra todas las mujeres que, actual o potencialmente, necesiten acceder a un Aborto no Punible en la Provincia Córdoba.

Es por ello que exigimos  que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie de modo inmediato y urgente confirmando la constitucionalidad de la guía de abortos no punibles para frenar esta absurda espera que genera una inseguridad jurídica que compromete gravemente y de manera directa, la continuidad y normal prestación del acceso al derecho al aborto, cuya afectación se traduce en una clara violación de los derechos humanos de las mujeres de la Provincia de Córdoba.

 

 

Contacto: 

Virginia Pedraza / Co-coordinadora del área de Derechos Humanos

vir.pedraza@fundeps.org

FUNDEPS, como parte de la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo (CCDH), abre una consulta sobre una metodología para la incorporación de derechos humanos dentro de los marcos de estándares sociales y ambientales de las instituciones financieras de desarrollo.

Las actividades para el desarrollo pueden tener un profundo impacto en la efectiva vigencia de los derechos humanos. Desafortunadamente, las herramientas estándares de planificación del desarrollo, selección, evaluación y monitoreo no están diseñados para captar plenamente su impacto en los derechos humanos. Por lo tanto, la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo (CCDH), una alianza global de la que FUNDEPS forma parte, ha venido llevando adelante un proyecto para desarrollar una metodología para la incorporación de derechos humanos dentro de los marcos de estándares sociales y ambientales de las instituciones financieras de desarrollo. Para mayor detalle, haga click aquí.

 

¿Qué es esta herramienta?

Un componente clave de esta metodología ha sido la elaboración de una Herramienta de Análisis de Oportunidades y Riesgos (AOR). La AOR ha sido diseñada para ser utilizada por Instituciones financieras y gobiernos, que planifiquen e implementen proyectos y actividades de desarrollo. La AOR llevará al usuario a través de un proceso que identifique y evalúe riesgos y oportunidades asociadas para  los derechos humanos, permita ajustar el diseño de una actividad para responder a los mismos y desarrolle indicadores  y un plan de monitoreo.

AOR está basado en un Registro de Estándares, organizado en 12 Áreas temáticas y acompañadas por un set de preguntas de indicadores de riesgo y de evaluación de impacto. Haga click aquí para acceder los estándares e indicadores. Haga click aquí para mayor información.

Este es un proyecto ambicioso, que busca contribuir a la protección de los derechos humanos en el desarrollo. En este contexto, abrimos una consulta para poder crear una herramienta innovadora que demuestre tanto a gobiernos como instituciones financieras qué significa identificar y responder a riesgos e impactos en derechos humanos.

 

Cómo participar de la consulta

  • Documentos en borrador: Es posible acceder al Registro de Estándares e Indicadores directamente aquí. Los hemos organizado por área temática así pueden verse directamente los aspectos que más se vinculan con la experiencia de cada particiapnte.
  • Encuesta online: Hemos desarrollado un cuestionario online que se puede completar haciendo click aquí
  • Comentarios en documentos: Es posible enviar comentarios usando directamente los archivos de las tablas, con control de cambios, a esta dirección: hr_consultation@fundeps.org
  • Entrrevistas personales: Hemos dispuesto un equipo de trabajo para organizar reuniones virtuales para recibir comentarios y observaciones. Para hacerlo, comunicarse con el correo hr_consultation@fundeps.org.

– Fecha límite: 31 de Octubre.

El día sábado 26 de septiembre Fundeps formará parte de un encuentro en el que participarán mas de 150 mujeres que representarán organizaciones de Paraguay, Bolivia y Argentina. El encuentro se propone generar espacios de diálogo y participación que permitan afrontar los problemas socio-ambientales a los que se ven enfrenta la región.

Los días 25, 26 y 27 de septiembre 2015 se desarrollará en la Universidad Provincial de Córdoba, el Encuentro Trinacional del Colectivo de Mujeres del Chaco Americano.
Este evento, en el que participarán más de  150 mujeres de organizaciones de Bolivia, Paraguay y Argentina, se realiza en el marco del Proyecto Fortaleciendo a las  Defensoras de Derechos Ambientales en el Chaco Americano coordinado por el Fondo de Mujeres del Sur (Argentina y Paraguay), Plurales (Argentina) y el Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija (CCCIMCAt, Bolivia), con el apoyo financiero de la Unión Europea.
Esta iniciativa -que cuenta con la participación de numerosas organizaciones e instituciones de mujeres, ambientales y sociales- se propone como un espacio que promoverá el diálogo e impulsará el intercambio en torno a las principales oportunidades  que tienen los grupos o que necesitan consolidar para afrontar los problemas socio-ambientales a los que se ven enfrentadas en la región.
Su finalidad es la de generar un tiempo y un espacio de participación ciudadana activa de las mujeres representantes de sus organizaciones, en la que podrán conocerse, compartir experiencias y aprendizajes, construir nuevos caminos  y puentes entre ellas y sus organizaciones y espacios locales.

 

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Virgina Pedraza / Co – Coordinadora del área de Derechos Humanos

vir.pedraza@gmail.com

El 16 y 18 de septiembre Fundeps participó del evento «Perimeter defense: innovative technologies for detecting and preventing illegal logging» organizado por World Resources Institute, que tenía por objetivo la interrelación e intercambio entre activistas y ONG’s dedicados a la problemática de los bosques.

Llevado a cabo en la Academia de Ciencias de California, en San Francisco, las jornadas estaban orientadas a conectar las experiencias de activistas y ONGs dedicados a la protección de bosques. El evento contó con la presencia de expertos en tecnologías y empresas dedicadas al desarrollo de las mismas.
Fuimos invitados como participantes en el marco de nuestro trabajo en el proyecto de “Advocacy for the decrease of deforestation in the «Gran Chaco Argentino» forest, with a special focus on Córdoba” apoyado por Global Forest Watch. Nuestro proyecto tiene como fin último incidir en la reducción de la deforestación en el bosque del Gran Chaco, con especial foco en Córdoba.
El primer día consistió en un conferencia de cuatro sesiones. La apertura fue llevada a cabo por un panel que trató el tema referido a las dificultades para prevenir, detectar y sancionar el desmonte ilegal. La charla incluyó temas como las barreras políticas, sociales, culturales y tecnológicas. Luego se avanzó sobre distintos tipos de tecnologías, y también sobre la detección de actividades que afectan al medio ambiente, incluyendo a la fauna, vía satelital, visual y sonora, entre otras.
Hacia el final del día, se analizó el caso de la Biosfera Maya de Guatemala, para discutir potenciales usos de las tecnologías explicadas previamente. Además, el último panel compartió experiencias positivas sobre uso de algunas tecnologías en la protección de bosques y especies en peligro.
La segunda jornada del encuentro consistió en un taller para construir propuestas para la acción en distintos temas. Entre los diferentes tópicos estaban la prevención del desmonte, cómo trabajar en la construcción de capacidades con comunidades indígenas, o en contextos con escasos recursos tecnológicos, la utilización de drones para el monitoreo de bosques y el procesamiento de los datos recopilados con medios tecnológicos.

 

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Carolina Tamagnini / carotamagnini@fundeps.org

El programa “El Show del Caos”, que se emite por el Canal 12 de Córdoba, abordó –en una edición de fines de agosto- varios estereotipos nocivos desde un punto de vista de género: las mujeres como responsables de la crianza, su no injerencia en todos los ámbitos de la vida, una actitud manipuladora ,y el desprecio por las personas homosexuales. A continuación el análisis de la emisión, que contraría la Ley de Protección Integral de la Violencia y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Otra vez, en el marco de la presentación de candidatxs políticxs, la televisión es propulsora de actos de violencia mediática hacia la mujer y de discriminación hacia las personas homosexuales. Tenemos tan interiorizados algunos esquemas culturales, que dejamos que actos abusivos se trasformen en naturales. Esta vez ocurrió, en el programa Nº 102 del “Show del Caos”, que se emite por el Canal 12 de Córdoba, que tuvo como invitado especial a Tomás Méndez, candidato a intendente para la ciudad de Córdoba.

El primer tema abordado en el programa apenas presentado el invitado fue “¿Quién toma las decisiones en la casa?”. A partir de esta pregunta se sucedieron opiniones tanto del candidato como de las y los panelistas y el conductor, y chicanas del estilo “¿Te tiene cortito?”.

El estereotipo que se intentó poner en evidencia es el de la mujer controladora en el ámbito privado, un espacio en el que el varón no tendría opiniones para expresar, y así lo confirmaron tanto panelistas como invitado. Mientras el candidato confirmó que en su matrimonio el cuidado y la crianza de las hijas está totalmente delegado en su esposa –argumento que a ningunx de lxs presentes le pareció inadecuado o cuestionable-, uno de los panelistas afirmó que su propia estrategia era decirle siempre a su esposa “si querida” y la panelista mujer afirmó en tono seductor: “Hay maneras de que el hombre decida lo que una realmente quiere”, confirmando que las decisiones en su pareja no se toman en un ámbito de igualdad sino que hay que hacer creer a los varones que poseen el dominio de la situación para, en verdad, lograr los propios objetivos. Aquí el estereotipo puesto en juego fue de la mujer engatusadora o manipuladora (mujer-serpiente), que tampoco fue cuestionado por ningún presente, sino que, por el contrario, se le preguntó a ella cuáles eran esas estrategias evidenciando que una de ellas era la sexualidad.

Luego, el conductor le preguntó al candidato si le hacía favores a su esposa, como por ejemplo pasar por una farmacia a comprarle tampones de regreso al hogar. “Porque vos sos una persona pública…” argumentó el conductor, como si por serlo no pudiera trascender que su mujer menstrua. En este comentario se pone en juego otro estereotipo: el de la “suciedad” que rodea a la menstruación femenina, que debe ser siempre ocultada (recordemos que la sangre menstrual en las publicidades de toallas íntimas nunca es roja) de la mirada pública, y quedar en el ámbito de lo privado, como la mujer misma.

También hubo comentarios despectivos hacia las personas homosexuales. En un momento que el conductor le dijo a la panelista “¡Ay, por favor, contalo!” refiriéndose a un comentario sobre el que ella no quería explayarse, uno de los panelistas dijo “Paren, paren, te salió muy afeminado y después la gente por la calle me para y pregunta…” como si una supuesta opción homosexual del conductor fuera algo que le restara popularidad entre su audiencia.  Como respuesta a este comentario, el conductor expresó en tono grave, muy alto y con violencia: “Dale, contalo, hablá, hablá!” imitando supuestamente un tono masculino de expresión. Todo entre risas y burlas.

También uno de los panelistas fue categórico en relación a que “la mujer siempre quiere opinar, y hay cosas en las que no tiene que opinar”. Con el auto y el asado la mujer no se tiene que meter, fue uno de los argumentos. Todas estas formas de expresión y argumentos lejos están de promover la protección e igualdad de género previstas en nuestra normativa, y son en cambio reproducciones manifiestas de los estereotipos que tanto la Ley 26485 de Protección Integral de la Violencia, como la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, pretenden erradicar.

Luego, a lo largo de todo el programa se llevó a cabo un debate acerca de la posición del hombre y la mujer en diferentes ámbitos de la vida: en relación a lxs hijxs, las parejas, la vida sexual, las tareas del hogar, remarcando los “deberes de una buena mujer” en el medio de burlas y risotadas.

Como sociedad somos cómplices de la construcción de patrones culturales que se alejan de la igualdad de género y la protección de los derechos humanos. Seamos conscientes de nuestra responsabilidad en la reproducción de estereotipos reproductores de violencia, y procuremos promover un trato igualitario que erradique las conductas agresivas hacia las personas en todos los ámbitos en las que se desempeñen.

 

Fuente

Monitoreo de medios de comunicación acorde al cumplimiento de las políticas públicas de comunicación y género existentes en Argentina, realizado por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS).

 

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Virginia Pedraza / Co-coordinadora del área de Derechos Humanos

vir.pedraza@fundeps.org

Frente al problema de la carencia de destrezas para participar en decisiones que afectan el medio ambiente, en la actualidad se ha creado una herramienta de fuente creíble e independiente, para medir y mapear las brechas que existen en los derechos de acceso en materia ambiental. 

El Índice de Democracia Ambiental (EDI por sus siglas en inglés) fue desarrollado por The Access Initiative (TAI) y el World Resources Institute (WRI), con el propósito de identificar el cumplimiento de los países en cuanto a los derechos de acceso a la información, participación y justicia en las decisiones ambientales; estos principios que son la base de la democracia ambiental, estan reconocidos en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992. EDI ha sido diseñado para abordar varias problemáticas ambientales, entre ellas: la contaminación del aire y el agua, la desforestación, los impactos de la industria extractiva y el manejo de áreas protegidas.  Además, se caracteriza por ser una plataforma única ya que evalúa y categoriza las leyes y las prácticas relacionadas con el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia. Contrasta los derechos frente estándares internacionales establecidos por Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y sus resultados aseguran datos relevantes, útiles y comparables, ya que serán actualizados cada dos años.

EDI está compuesto por 75 indicadores legales (letra de la ley, constitución, interpretaciones, leyes sobre participación pública y de acceso a la justicia, legislación ambiental y políticas ambientales), que miden la eficacia de las leyes y permiten comparar con los estándares de referencia el progreso legislativo en el nivel nacional. Adicionalmente, 24 indicadores de práctica (realidad, investigación “de escritorio”, implementación de leyes) que miden el desempeño y permiten observar la materialización de estas leyes. En una escala de cero a tres se calificó el desempeño de los gobiernos al dar seguimiento y registrar problemas que involucran los derechos referidos. En las evaluaciones se incluyen resúmenes de las áreas que presentan fortalezas y aquellas en las que es necesario realizar mejoras; así como información de contexto que ayudará a los usuarios a entender de mejor manera la situación económica y demográfica del país; comparaciones y clasificación de los países de acuerdo a sus avances en materia de democracia ambiental. Además permitirá la retroalimentación de los gobiernos promocionando un diálogo colaborativo, en donde el gobierno podrá responder y reaccionar a sus resultados.

Como resultado del análisis, se ubicaron en los primeros sitios: Lituania con un puntaje global de 2.42 y Latvia de 2.31, mientras que Namibia con 0.59, Malasia con 0.58 y Haití con 0.51, se colocaron en las últimas posiciones. Las opciones del ranking permiten modificar los criterios de comparación y facilitan encontrar países con normativas fuertes que pueden servir de modelos.

Argentina  ocupó la posición 25 dentro de los 70 países en los cuales se realizó el EDI, con un puntaje de 1,63 puntos de 3, los cuales se dividen: 1,25 en participación pública, 1,44 en acceso a la información y 2,19 a la justicia, lo que nos ubica por debajo de países latinoamericanos como Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, El Salvador, República Dominicana, México y Chile. No obstante, nos encontramos por encima de Nicaragua, Trinidad y Tobago, Venezuela, Bolivia y Paraguay. (Ver documento con resultados de Argentina)

Las conclusiones principales del índice son las siguientes: 

  • El nivel de desarrollo económico es importante pero no es el único factor. Varios países de bajos ingresos tienen buen puntaje. Algunos ejemplos de países de bajos ingresos que se encuentran en la primera mitad de la clasificación son: Indonesia (17), El Salvador (18), Camerún (22), India (24), Nicaragua (28), Ucrania (29), Mongolia (30) y Zimbabwe (33). 
  • Su función es medir el nivel de implementación de derechos procesales de acceso a la información en materia ambiental, de la participación pública y el acceso a la justicia en sus leyes nacionales. Un país puede tener un buen nivel de implementación de esos derechos, y sin embargo no cumplir con los derechos humanos. 
  • Es importante formar parte de un convenio vinculante sobre democracia ambiental, ya que cinco de los primeros 10 países firmaron el convenio Aarhus. 
  • La mayoría de los países (93%) han establecido el derecho de acceso a la información ambiental. Sin embargo, casi la mitad de estos países (45%) no cuentan con las medidas necesarias para garantizar el acceso a la información oportuno y accesible. 
  • Las leyes de participación pública están rezagadas: la mayoría de los países evaluados (79%) tienen clasificación regular o deficiente. 
  • – Sin embargo, en varios países siguen faltando garantías de acceso a información ambiental básica. Casi la mitad (46%) de los países evaluados no proporcionan información vía internet sobre la calidad del aire en las ciudades capitales. 
  • En la mayoría de los países evaluados (73%), las cortes reciben demandas sobre temas ambientales. Sin embargo muy pocos de los países evaluados brindan asistencia a grupos marginalizados. Por ejemplo, algunos de los países evaluados (14%) tienen mecanismos legales para agilizar el acceso a las justicia a las mujeres para obtener compensación cuando sus derechos ambientales han sido violados. 

Con el fin de impulsar un desarrollo sustentable inclusivo, participativo y guiado por los derechos humanos, desde FUNDEPS, como parte de la red de trabajo de TAI, buscamos promover y fomentar aún más la aplicación de la democracia ambiental a través de la erradicación de las brechas de los derechos de acceso y el fortalecimiento de la implementación de los mismos.

Consideramos que el EDI será una herramienta útil tanto para los gobiernos como para las personas interesadas. A los gobiernos les permitirá  tener la posibilidad de comparar sus avances frente a estándares internacionales, mientras aprenden acerca de las leyes modelo y la práctica en todo el mundo; mientras que las personas interesadas podrán descargar información, realizar comparaciones y categorizar el desempeño de los países.

 

Más información

Argentina: resumen de resultados de EDI

Presentación institucional de EDI

 

Contacto

María Elena Martinez – Área de Derechos Humanos

malemartinez@fundeps.org

Justine Scemama – Área de Derechos Humanos

justine.scemama@fundeps.org