El derecho a la Educación Pública en la mira

Facultades tomadas, otras cerradas, otras suspendiendo sus actividades, marchas multitudinarias, asambleas y estudiantes organizándose ¿Qué está pasando en las Universidades Nacionales? ¿Qué pasa en la Universidad Nacional  de Córdoba?

Desde 2016 que el conflicto docente continúa escalando. En aquel momento el presupuesto y los salarios no iban de la mano con la inflación y toda la comunidad académica se levantó contra esta situación. También estudiantes, al ser afectados/as por estas medidas, se aliaron a la lucha y tomaron el Pabellón Argentina a través de una decisión que fue debatida y con la aprobación de la mayoría de la Asamblea Interfacultades. Se le negó el ingreso al Rector Hugo Juri, quien se sienta a debatir en mesa de negociación el presupuesto de la educación pública, y son muchas veces sus decisiones políticas las que repercuten en toda la UNC.

Hoy la situación es mucho más crítica. Se encuentran tomadas: la Facultad de Psicología, la Facultad de Filosofía y Humanidades (Casa Verde), la Fac. de Artes (Pabellón CePIA), la Facultad de Comunicación, la Facultad de Ciencias Sociales y hace unos días se levantó la toma de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño después de una Asamblea a la que asistieron más de 1500 estudiantes (resultados: por levantar la toma 905 votos; por mantener la toma 849 votos).

En todas las facultades se están realizando asambleas en las que no solo se busca una estrategia en conjunto con la lucha docente, si no que también se pretende reivindicar el posicionamiento del estudiantado, reclamando la garantía de sus derechos como el efectivo cumplimiento de los sistemas de becas, el pago por puestos ad honorem (ayudantías y adscripciones pagas), entre otros. El denominador común de los reclamos: el derecho a la Educación Pública.

A qué se debe este conflicto

Lo que está pasando: la crisis económica generalizada se refleja en las políticas de educación, y se siente aún más fuerte en las Universidades Públicas. Es que, “en definitiva, hoy estamos más ante un retraso en el cumplimiento del presupuesto que ante un recorte genuino. Pero la magnitud de esa demora es tal que las Universidades se ven forzadas a funcionar disponiendo de alrededor de la mitad de los recursos que le corresponden, en un año particularmente difícil debido a la devaluación y el aumento sustancial de las tarifas”. Según los datos de CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios), al final del primer semestre de 2018, sólo se había ejecutado el 25% del presupuesto anual. En un contexto inflacionario y de fuerte crecimiento de los costos de servicios, esa demora impacta directamente en el sostenimiento de las actividades universitarias.

¿Por qué la educación es un derecho que debe cumplirse?

La educación es un derecho humano reconocido por el ordenamiento internacional de derechos humanos, particular y expresamente por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por nuestro país por la ley Nº 23.313.

Este reviste una vital importancia puesto que se trata de una precondición esencial para el ejercicio de los restantes derechos humanos. Es un derecho de carácter “transversal” con relación a los demás derechos humanos y su insatisfacción pone en juego la capacidad de reclamo respecto a estos últimos.  Su contenido se ha visto ampliado, en gran medida, pues es el presupuesto para el ejercicio pleno de las libertades individuales, el fortalecimiento y desarrollo de la persona humana y la difusión, respeto, goce de los derechos humanos. Se trata de una herramienta fundamental dado que posibilita el progreso en desmedro de la desigualdad económica y colabora en los procesos de emancipación y lucha de aquellos sectores desaventajados y oprimidos.

La Constitución Argentina, a partir de la reforma del año 1994, ha fortalecido la protección del derecho a la educación.

El art. 75, inc. 19 ordena al Congreso “proveer a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”. Además, el artículo impone la sanción de leyes que “consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales; que aseguren la responsabilidad indelegable del estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos, la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal; y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”. Asimismo, debe dictar leyes que “protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales”.

Cabe subrayar nuevamente que la cuestión educativa se trata de una responsabilidad indelegable del Estado, entendido éste íntegramente, es decir que abarca no sólo la sanción de leyes por parte del poder legislativo a efectos de garantizar el derecho a la educación, sino también la puesta en marcha de medidas a cargo de la administración (léase poder ejecutivo) conducentes a tal fin, incluidas aquellas medidas o acciones positivas tendientes a lograr una igualdad real de oportunidades en el acceso.  

Ahora bien, en lo que respecta a la educación pública, dicho derecho tiene como directrices la gratuidad y la equidad, tendiente a reforzar la igualdad en un sentido material de aquellos sectores marginales, carenciados y vulnerables, a través de aportes, becas, subsidios y ayudas materiales de la más variada índole. El Estado se encuentra obligado a garantizar y no impedir que toda persona se eduque; a facilitar y promover el libre acceso y la igualdad de oportunidades y posibilidades de todos/as para recibir e impartir enseñanza, sin discriminación alguna; a crear sus establecimientos oficiales de enseñanza, garantizando los principios de igualdad, equidad y gratuidad; y a estimular y respetar la enseñanza pluralista.

Íntimamente vinculado con el derecho a la educación, se encuentra el derecho a la cultura. Este derecho implica un área expansiva en la que no resulta suficiente la alfabetización ya sea a través de niveles secundario o superior. Es así que, a los fines del acceso a los beneficios de la cultura y la participación en la vida cultural, el Estado debe dar impulso al progreso científico, tecnológico, artístico, literario, etc; de la investigación en todos los campos, de la difusión de sus resultados y del aprovechamiento de sus progresos. No puede el Estado ejercer políticas regresivas y replegarse en cuanto a su obligación de promover el desarrollo cultural.   

Nuestra Constitución establece la incorporación del tratados internacionales de derechos humanos a nuestro ordenamiento jurídico, otorgándoles jerarquía constitucional. El Pacto internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, que contiene los derechos a la educación y cultura, es uno de ellos, por lo que debe aplicarse con la misma fuerza que la constitución misma.

Respecto de este tratado, es importante resaltar algunas observaciones del Comité de derechos económicos, sociales y culturales (CDESC) como intérprete oficial del mismo. Estas citas destacan la importancia clave del derecho a la educación, la obligación del Estado de disponer fondos para garantizarlo y asegurar la disponibilidad y accesibilidad del mismo. Asimismo, resaltan la obligación de avanzar progresivamente a una mayor efectividad de este derecho y a la imposibilidad de tomar medidas regresivas respecto del nivel de protección de este derecho.

La movilización para exigir derechos

Miles de estudiantes, docentes, egresados/as científicos/as y trabajadores/as no docentes se hicieron presentes en una masiva movilización en Plaza de Mayo que se hizo eco en todo el país el pasado jueves. En Córdoba, la jornada incluyó una sentada, una marcha y un festival por la UNC. “La universidad está en peligro. Defendamos el salario y el presupuesto” fueron las consignas llevadas a la calle para exigir que no se siga avanzando en contra de la educación superior. Esta semana se decidió continuar con paro con actividades hasta el viernes 7 de septiembre.

Desde FUNDEPS, acompañamos el reclamo por medidas que garanticen la efectiva vigencia de derechos económicos sociales y culturales como es el derecho a la educación.

Contacto

Juan Carballo – juanmcarballo@fundeps.org