El recorte de recursos para la lucha contra la violencia de género

A comienzos de este año, se puso en evidencia el recorte para el presupuesto destinado a erradicar la violencia de género en nuestro país, lo que luego fue aclarado por las autoridades del Consejo Nacional de las Mujeres (actual Instituto Nacional de las Mujeres –INAM), recomponiéndose tal “error”. Este movimiento despertó una alerta a las organizaciones por la grave ausencia de transparencia y claridad sobre el manejo de los fondos públicos que irían destinados al Consejo.

En este marco vale destacar que nuestro país ha firmado y ratificado una serie de acuerdos y tratadosinternacionales relativos a los derechos humanos para la igualdad de género (Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y  la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), que obligan al Estado a desarrollar políticas públicas con el máximo de recursos requeridos, principalmente técnicos y económicos, para garantizar el ejercicio de derechos por mujeres en igualdad de condiciones que los varones.

Pasando por alto estos compromisos, en septiembre del presente año se presentó el presupuesto para el 2018, a partir del cual, diversas organizaciones de la sociedad civil (ELA, ACIJ, CAREF, FEIM, MEI y Fundación Siglo 21) alertaron nuevamente sobre una reducción presupuestaria destinada al INAM, principal ente de aplicación de la Ley Nº 26.485 de Protección Integral hacia las Mujeres, y la falta de claridad y desagregación del presupuesto dirigidos a otros programas para erradicar las violencias hacia las mujeres. La diferencia es de un 17% menos que el presente año, teniendo en cuenta únicamente las previsiones oficiales de inflación para el próximo año.

La brecha presupuestaria es más significativa si se tiene en cuenta que la creación del INAM se estableció con el fin de darle mayor autonomía económica y jerarquía institucional al organismo regidor de políticas de igualdad de género.

El pronóstico presupuestario para el próximo año resulta alarmante, especialmente si consideramos que en nuestro país las mujeres reciben un salario inferior de hasta un 27% menos que sus pares varones por el mismo trabajo realizado y son las más propensas a trabajar en condiciones precarizadas, que las cifras de femicidios ascienden a uno cada 18 horas, que la violencia simbólica y mediática se reproduce a través de los medios de comunicación por la crisis de las instituciones creadas para su monitoreo y erradicación.

Remarcamos que el recorte de presupuesto y la ausencia de un panorama claro sobre los recursos que serán asignados a las políticas públicas destinadas a la promoción de la igualdad de género en diversos ámbitos, hacen peligrar todas las medidas y acciones positivas que se vienen desarrollando en este sentido y dan marcha atrás con los compromisos nacionales e internacionales asumidos.

Añadimos que la falta de desagregación y especificación presupuestaria hacia políticas de género demuestran serias dificultades al momento de atender a la necesidad de incorporar la perspectiva de género en asuntos relativos a los recursos asignados, y que además impiden su seguimiento y monitoreo a fin de garantizar su cumplimiento. En este sentido es cuestionable el accionar del Estado, puesto que, si se ha comprometido a luchar contra la violencia de género, las medidas y el abordaje del presupuesto para tal fin no deberían reproducir las desigualdades y violencias hacia las mujeres.

La invisibilización y falta de claridad  sobre las partidas presupuestarias destinadas a gran parte de los programas más importantes para garantizar la igualdad de oportunidades y combatir la violencia machista (salvo algunas excepciones como el Programa de Educación Sexual Integral y Las Víctimas contra las Violencias entre otros), crean un espacio gris que permitirían al Estado moldear y alterar los fondos públicos a favor de intereses y necesidades contingentes que podrían afectar la pervivencia y efectividad de las políticas públicas para garantizar la igualdad de género.

Por eso y una vez más, adherimos al reclamo de las organizaciones de la sociedad civil contra la reducción presupuestaria y a favor de la transparencia y especificación respecto a los fondos del Estado asignados a políticas públicas orientadas a erradicar las violencias que recaen de manera insistente e incesante sobre tantas de mujeres.

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi – cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org