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Índice de democracia ambiental: nueva herramienta para el fortalecimiento de la democracia ambiental

Frente al problema de la carencia de destrezas para participar en decisiones que afectan el medio ambiente, en la actualidad se ha creado una herramienta de fuente creíble e independiente, para medir y mapear las brechas que existen en los derechos de acceso en materia ambiental. 

El Índice de Democracia Ambiental (EDI por sus siglas en inglés) fue desarrollado por The Access Initiative (TAI) y el World Resources Institute (WRI), con el propósito de identificar el cumplimiento de los países en cuanto a los derechos de acceso a la información, participación y justicia en las decisiones ambientales; estos principios que son la base de la democracia ambiental, estan reconocidos en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992. EDI ha sido diseñado para abordar varias problemáticas ambientales, entre ellas: la contaminación del aire y el agua, la desforestación, los impactos de la industria extractiva y el manejo de áreas protegidas.  Además, se caracteriza por ser una plataforma única ya que evalúa y categoriza las leyes y las prácticas relacionadas con el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia. Contrasta los derechos frente estándares internacionales establecidos por Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y sus resultados aseguran datos relevantes, útiles y comparables, ya que serán actualizados cada dos años.


EDI está compuesto por 75 indicadores legales (letra de la ley, constitución, interpretaciones, leyes sobre participación pública y de acceso a la justicia, legislación ambiental y políticas ambientales), que miden la eficacia de las leyes y permiten comparar con los estándares de referencia el progreso legislativo en el nivel nacional. Adicionalmente, 24 indicadores de práctica (realidad, investigación “de escritorio”, implementación de leyes) que miden el desempeño y permiten observar la materialización de estas leyes. En una escala de cero a tres se calificó el desempeño de los gobiernos al dar seguimiento y registrar problemas que involucran los derechos referidos. En las evaluaciones se incluyen resúmenes de las áreas que presentan fortalezas y aquellas en las que es necesario realizar mejoras; así como información de contexto que ayudará a los usuarios a entender de mejor manera la situación económica y demográfica del país; comparaciones y clasificación de los países de acuerdo a sus avances en materia de democracia ambiental. Además permitirá la retroalimentación de los gobiernos promocionando un diálogo colaborativo, en donde el gobierno podrá responder y reaccionar a sus resultados.

Como resultado del análisis, se ubicaron en los primeros sitios: Lituania con un puntaje global de 2.42 y Latvia de 2.31, mientras que Namibia con 0.59, Malasia con 0.58 y Haití con 0.51, se colocaron en las últimas posiciones. Las opciones del ranking permiten modificar los criterios de comparación y facilitan encontrar países con normativas fuertes que pueden servir de modelos.

Argentina  ocupó la posición 25 dentro de los 70 países en los cuales se realizó el EDI, con un puntaje de 1,63 puntos de 3, los cuales se dividen: 1,25 en participación pública, 1,44 en acceso a la información y 2,19 a la justicia, lo que nos ubica por debajo de países latinoamericanos como Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, El Salvador, República Dominicana, México y Chile. No obstante, nos encontramos por encima de Nicaragua, Trinidad y Tobago, Venezuela, Bolivia y Paraguay. (Ver documento con resultados de Argentina)

 Las conclusiones principales del índice son las siguientes: 

- El nivel de desarrollo económico es importante pero no es el único factor. Varios países de bajos ingresos tienen buen puntaje. Algunos ejemplos de países de bajos ingresos que se encuentran en la primera mitad de la clasificación son: Indonesia (17), El Salvador (18), Camerún (22), India (24), Nicaragua (28), Ucrania (29), Mongolia (30) y Zimbabwe (33). 

- Su función es medir el nivel de implementación de derechos procesales de acceso a la información en materia ambiental, de la participación pública y el acceso a la justicia en sus leyes nacionales. Un país puede tener un buen nivel de implementación de esos derechos, y sin embargo no cumplir con los derechos humanos. 

- Es importante formar parte de un convenio vinculante sobre democracia ambiental, ya que cinco de los primeros 10 países firmaron el convenio Aarhus. 

- La mayoría de los países (93%) han establecido el derecho de acceso a la información ambiental. Sin embargo, casi la mitad de estos países (45%) no cuentan con las medidas necesarias para garantizar el acceso a la información oportuno y accesible. 

- Las leyes de participación pública están rezagadas: la mayoría de los países evaluados (79%) tienen clasificación regular o deficiente. 

- Sin embargo, en varios países siguen faltando garantías de acceso a información ambiental básica. Casi la mitad (46%) de los países evaluados no proporcionan información vía internet sobre la calidad del aire en las ciudades capitales. 

- En la mayoría de los países evaluados (73%), las cortes reciben demandas sobre temas ambientales. Sin embargo muy pocos de los países evaluados brindan asistencia a grupos marginalizados. Por ejemplo, algunos de los países evaluados (14%) tienen mecanismos legales para agilizar el acceso a las justicia a las mujeres para obtener compensación cuando sus derechos ambientales han sido violados. 

Con el fin de impulsar un desarrollo sustentable inclusivo, participativo y guiado por los derechos humanos, desde FUNDEPS, como parte de la red de trabajo de TAI, buscamos promover y fomentar aún más la aplicación de la democracia ambiental a través de la erradicación de las brechas de los derechos de acceso y el fortalecimiento de la implementación de los mismos.

Consideramos que el EDI será una herramienta útil tanto para los gobiernos como para las personas interesadas. A los gobiernos les permitirá  tener la posibilidad de comparar sus avances frente a estándares internacionales, mientras aprenden acerca de las leyes modelo y la práctica en todo el mundo; mientras que las personas interesadas podrán descargar información, realizar comparaciones y categorizar el desempeño de los países.

 

María Elena Martinez - Área de Derechos Humanos

malemartinez@fundeps.org

Justine Scemama - Área de Derechos Humanos

justine.scemama@fundeps.org