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La Defensoría del Público en riesgo de continuidad

El pasado 4 de octubre se galardonó a la Defensoría del Público de Servicios de Comuncicación Audiovisual con el “Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva” otorgado por la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, nada garantiza la continuidad de esta excelente institución y sus acciones efectivas.

Tras un largo andar, a partir del año 2009, entró en vigencia un nuevo marco normativo que protege a las mujeres de las violencias mediática y simbólica en los medios de comunicación. A ello, se sumaron las políticas públicas generadas desde la Defensoría del Público y la AFSCA, entre otros espacios, para combatir estas formas de desigualdad. Esto significó un claro avance en la función del Estado de garantizar los derechos, aunque aún era perfectible tanto en la norma como en la implementación.

Sin embargo, en diciembre del 2015, como una de las primeras medidas del gobierno nacional en gestión, se modificó mediante decretos del Poder Ejecutivo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y su autoridad de aplicación, pilares del marco normativo en comunicación y género.

Sumado a ello, este 14 de noviembre culmina el período de la Defensora Cynthia Ottaviano, cuyo mandato ha sido ejemplar. Sin escuchar el apoyo del Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias y del sinnúmero de organizaciones que lo han solicitado, la Comisión Bicameral ha anunciado que ella no continuará su mandato, pero tampoco ha revelado quien será su sucesor/a.

Esta situación sólo da muestra del riesgo que está corriendo la Defensoría del Público como institución. Aún más, las perspectivas que dan los 17 Principios para una Comunicación Convergente anunciados por el ENACOM con vistas a la redacción de un nuevo proyecto que regule las comunicaciones, y el «Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019», son poco esperanzadoras.

Es por ello, que desde FUNDEPS apoyamos y solicitamos firmemente, que continúe la Defensoría del Público como uno de los pilares que protege a las audiencias y sus derechos desde el Estado argentino.

Desde nuestro trabajo realizado en relación a la violencia de género y políticas públicas de comunicación, recordamos la necesidad de evitar medidas regresivas que disminuyan el nivel de protección de las mujeres contra la violencia simbólica y mediática.

A sabiendas del riesgo, continúan trabajando de modo ejemplar

En el programa “Ruta 840” que se emite por Radio Salta de 11 a 13 horas, el día Jueves 19 de octubre, un día después de la multitudinaria marcha por #NiUnaMenos los conductores llevaron adelante un diálogo con alto contenido misógino y homofóbico.

Durante el programa los conductores expresaron una postura discriminatoria y estigmatizante en la que abundaron conceptos negativos sobre las mujeres, haciendo hincapié en una catalogación del ser humano por cuestiones estrictas de elección sexual.

Dichos como ser “mujer -mujer” o “mujer cotidiana” refuerzan estereotipos de género que resultan estigmatizantes y reproductores de relaciones opresivas de poder. Promueven la construcción de lo que debe ser una “mujer buena”, que si protesta, se moviliza o se politiza, deja de ser “mujer-mujer”. Decir “maricas mala, resentidas”, además de ser un claro insulto a todo un colectivo, su mención excluye a las lesbianas de la categoría de mujer. A esto se suma el decir que “son agresivas naturalmente” dichos altamente ofensivos, homófobos y discriminatorios.

Todas las expresiones que han sido manifestadas son un claro ejemplo de actos de violencia mediática y simbólica, de conformidad con la Ley 26.485 de Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y que también violan la Ley 23.592, que protege en contra de los Actos Discriminatorios.

Es por  ello, el equipo de FUNDEPS realizó las denuncias correspondientes ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y el ENACOM (Ex AFSCA), órganos de deben velar por los derechos de las audiencias.

A partir de dicha denuncia, la Defensoría del Público, en un plazo no mayor a dos semanas, hizo lugar a lo solicitado y tomó inmediata acción. En este marco, se reunieron con productores/as y los conductores del programa, quienes fueron informados de las faltas en las que incurrieron y posibles formas de reparación.

El director de la emisora se comprometió a difundir información sobre los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI, y acordó la posibilidad de emitir spots sobre estas temáticas, poniendo a disposición las inmediaciones de la radio para grabarlos.

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Contacto

Emilia Pioletti, integrante del Eje Género.