Monitoreo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Derecho Humano a la Vivienda

En 2011 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) publicó un duro informe con observaciones y recomendaciones sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Argentina.

Nuestro proyecto tiene por base una tarea de monitoreo sobre la implementación de las recomendaciones del Comité DESC, promoviendo su aprovechamiento para acciones de incidencia por parte de organizaciones de la sociedad civil a través de herramientas tecnológicas.

A través de una plataforma virtual, buscamos fortalecer el trabajo coordinado de las organizaciones de la sociedad civil en la realización de acciones de incidencia en políticas públicas, para fortalecer con ello la fundamentación de sus reclamos en términos de derechos humanos.

Este mapa que presentamos se basa en lo trabajado sobre las recomendaciones realizadas por el Comité DESC sobre el Derecho Humano a la Vivienda Digna.

 

¿Qué es el Derecho de Acceso Vivienda Digna?

Acceder a una vivienda digna, supone el derecho de poder hacerse con un espacio adecuado que proteja a sus ocupantes del frío, la humedad, el calor, el viento y la lluvia. Debe, además, garantizar la seguridad física de sus habitantes.

Una vivienda digna y adecuada debe permitir el acceso permanente recursos tales como agua potable y la energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado. Debe asimismo poseer instalaciones sanitarias y de aseo, y permitir el almacenamiento de alimentos y la eliminación de los desechos. En la manera en que se construye, una vivienda debe vincularse con la expresión de la diversidad y la identidad cultural de sus moradores. Y en cuanto a su ubicación, la misma debe estar vinculada con el núcleo de las  actividades económicas y sociales de sus habitantes.

En definitiva, la vivienda digna y adecuada es mucho más que cuatro paredes y un techo: es parte de un barrio y de una comunidad; brinda oportunidades para la interacción social; permite el acceso a los centros de educación, el empleo y los servicios de atención a la salud y comunitarios.

 

El acceso a la tierra y la vivienda en Argentina

 En Argentina cerca del 90% de la población vive predominantemente en centros urbanos, y el 70% de la población está concentrada en el 28% de la superficie total del país. Solamente en la Capital Federal y el Conurbano Bonaerense habitan el 30% de la población total del país. En este contexto en los centros urbanos, el acceso al suelo se presenta como uno de los factores determinantes para acceder a una vivienda digna. En el año 2005, la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social estimó que 13.599.393 de personas tenían problemas para acceder al suelo en el país. De esta cifra, el 37% correspondía a hogares en villas y asentamientos irregulares.

La falta de títulos de propiedad fomenta el crecimiento del mercado informal de acceso al suelo y ello redunda en situaciones de ocupaciones de tierras. Luego estas comunidades se ven afectadas por desalojos, amenazas de desalojos o son criminalizados acusados del delito de usurpación, en un círculo vicioso que genera mayor marginalidad en sectores de por sí vulnerables.

El déficit habitacional, de acuerdo a los datos arrojados en el último censo poblacional, alcanza a 2.640.871 hogares, de los cuales el 51,65% de ellos pertenecen al poblacional de más bajos recursos, de acuerdo con el Primer Documento de Trabajo, Habitar Argentina, Octubre de 2010. La posibilidad de acceder a la tierra urbana y rural se ha visto resentida en los últimos años, dando lugar recientemente a episodios de gran conflictividad y violencia social a partir de ocupaciones colectivas de terrenos.

 

¿Cómo funciona?

Esta plataforma virtual utilizará herramientas de mapeo georreferenciado, para permitir a las organizaciones sociales reportar situaciones violatorias de los derechos humanos y hacer un seguimiento del avance o retroceso de Argentina respecto a las recomendaciones del Comité DESC, contando con una base de datos que referencie acontecimientos y  situaciones informadas que servirá como herramienta de incidencia frente a autoridades y tomadores de decisiones sobre políticas públicas.

La misma plataforma constituirá una base para coordinar esfuerzos entre organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la lucha por los derechos humanos, así como para identificar aquellas cuyas características les permiten funcionar como referentes en las distintas áreas de trabajo. Junto a ellas trabajaremos en la coordinación de talleres regionales, con el objetivo de capacitar a un mayor número de actores en las herramientas de la plataforma y en cómo aprovechar las recomendaciones de los organismos internacionales como instrumentos de incidencia en políticas públicas.

 

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