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La Relatora Especial de Naciones Unidas emitió el informe provisional sobre derecho a la alimentación

El informe recomendó adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para lograr una alimentación adecuada, y tuvo en cuenta numerosos comentarios que realizamos el pasado 10 de julio durante el proceso de consulta.

La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación publicó el 3 de agosto del 2016 un informe provisional en el que afirmó que la nutrición es un elemento inherente al derecho a la alimentación, reiteró la importancia del enfoque basado en los derechos en la formulación de políticas para lograr una alimentación adecuada y el acompañamiento de mecanismos de vigilancia, rendición de cuentas y transparencia para combatir la malnutrición a nivel tanto mundial como nacional.

En dicho documento, recogió numerosas recomendaciones que, desde FUNDEPS efectuamos previamente en el marco del proceso de consulta realizada por dicho órgano. En este sentido, la Relatora reafirmó la ineficacia de la autorregulación por parte de la industria y señaló la importancia de un marco regulatorio sólido que proteja la alimentación adecuada de los ciudadanos e impida que la industria alimentaria infrinja sus derechos.  

Asimismo, afirmó que las mujeres y niños constituyen grupos especialmente vulnerables y proclives a la malnutrición, y analizó los factores subyacentes que influyen en la misma, dentro de los cuales se encuentran determinantes económicos - sociales, los efectos nocivos de la liberalización del comercio y la falta de regulación de la mercadotecnia de los productos alimenticios. 

En esta línea argumentativa, destacó que la mercadotecnia agresiva que utilizan las empresas de comida chatarra influye en las preferencias y en los hábitos alimentarios de la población. Algunas, incluso manipulan los resultados de las investigaciones científicas para que sean favorables a sus productos o les añaden una cantidad mínima de ingredientes saludables para poder presentarlos como saludables. Por ello, recomienda el establecimiento de mecanismos eficaces que controlen los conflictos de intereses que se deriven de la participación del sector privado en las iniciativas nutricionales e impidan que el mismo influya en la formulación de políticas públicas nutricionales con el fin de promover objetivos comerciales. 

Por otro lado, apoyó como medidas regulatorias eficaces, las etiquetas nutricionales que permiten a la población tomar decisiones informadas sobre los alimentos y alientan a los fabricantes a reformular sus productos para dirigirlos a consumidores preocupados por la salud, como así también las restricciones de publicidad dirigidos a los niños de ciertos alimentos y bebidas “restringidos”. 

Además, afirmó que las políticas nutricionales nacionales no deberían estar sujetos a las normas de la Organización Mundial de Comercio, ni resultar menoscabadas por acuerdos internacionales comerciales.  A fin de proteger a la población de los efectos perjudiciales que el consumo de determinados alimentos pueda producir en la salud, recomendó que los Estados adopten una iniciativa similar al Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

Por último, reiteró que la obligación de los Estados de garantizar el derecho a la alimentación conlleva la responsabilidad de garantizar una buena nutrición y salud,  y que las empresas también tienen la responsabilidad de proteger el derecho a una alimentación adecuada. 

Más información

- Recomendaciones de FUNDEPS y FIC Argentina al informe del Relator

- Informe provisional de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación

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Slavenska Zec – slavenska.zec@fundeps.org