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Durante el año 2021, frente a un contexto de pandemia, participamos de las primeras Audiencias Públicas de la Defensoría del Público en modalidad virtual, a través de una plataforma de videoconferencias y, a comienzos de este año, se publicaron los informes resultantes del proceso.  

 La comunicación durante la pandemia

Las Audiencias Públicas de la Defensoría del Público se realizan todos los años desde el 2013, a excepción del período 2019-2020, cumpliendo el mandato de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para evaluar el funcionamiento del organismo a través de la participación ciudadana. 

El tema que regía las conversaciones de la última Audiencia fue “Los medios y la información en la pandemia”. Los encuentros que se propiciaron fueron de suma importancia ya que se trató de un tema que ha afectado de manera transversal no solo al país sino también al mundo. Abordar a la comunicación desde un enfoque de derechos y de género, implica concebir a toda la ciudadanía como sujeto de derecho y compromete al Estado a garantizar su participación e incidencia en decisiones políticas. Esto se torna urgente en un contexto en el que la información es un derecho humano fundamental para la supervivencia, por lo que esta Audiencia permitió que la Defensoría del Público se interiorizara en las necesidades y reclamos de los distintos actores de la sociedad respecto a este tema y todos los que nos tocan como ciudadanía comunicacional.

Los ejes temáticos que se debatieron fueron: derecho a la comunicación y la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual; acceso a los servicios de comunicación audiovisual en la cobertura de la pandemia; información y desinformación en los medios audiovisuales sobre la pandemia de Covid-19;  consideraciones específicas en la cobertura audiovisual de la pandemia sobre los sectores históricamente marginados;  Estado y las políticas públicas de comunicación vinculadas al funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual en pandemia; situación de las trabajadoras y los trabajadores de prensa, regulación y organización del trabajo; propuestas, sugerencias y solicitudes destinadas a la Defensoría del Público en relación a los medios audiovisuales en pandemia.

Nuestra intervención

Organizada por regiones, la primera audiencia virtual fue la de la Región Centro que integra las provincias de Córdoba, Santa Fé y Entre Ríos, desdoblada en dos jornadas por la gran convocatoria. Mediante la participación de Mayca Balaguer, coordinadora de las áreas de Asuntos Legales y de Géneros y Diversidad Sexual,  participamos de esta Audiencia Pública aportando desde una perspectiva de derechos humanos y de género.

En referencia a los aspectos que consideramos positivos y negativos en las coberturas mediáticas de la pandemia, resaltamos que los medios de comunicación sirvieron y tuvieron un rol fundamental como canal de transmisión de la información relativa al Covid-19 y a las medidas sanitarias. Sin embargo, expresamos nuestra preocupación frente a algunos casos de fake news, desinformación e incluso de malos ejemplos. 

Asimismo, en  cuanto a la violencia de género mediática y simbólica, manifestamos que durante la pandemia observamos que en muchos casos los medios de comunicación reforzaron estereotipos de género, fundamentalmente a través de una  fuerte estigmatización hacia los cuerpos gordos, motivada por los cambios de hábitos en la alimentación y el sedentarismo provocados por el aislamiento. Lejos de promover hábitos saludables de una forma respetuosa con la diversidad corporal, notamos que muchos medios cayeron en discursos gordofóbicos y estereotipantes.

En cuanto al rol del Estado, destacamos la necesidad de desarrollar estrategias de visibilización de medios alternativos, autogestivos, comunitarios, de diferentes puntos del país, que se dedican a informar desde los territorios. Creemos que el aporte de estos medios de comunicación es clave para la recuperación de las voces y miradas de sectores no hegemónicos desde una perspectiva respetuosa de los derechos humanos, especialmente de aquellos que estén constituidos por mujeres y disidencias, por personas con discapacidad, racializadas, gordxs, etc. En este punto, una distribución más equitativa de la pauta oficial puede ser un factor clave para el sostenimiento de estos medios, que por las consecuencias socioeconómicas derivadas del aislamiento social, pueden dejar de existir alimentando a la monopolización de la información en manos de medios hegemónicos.

La importancia de la participación ciudadana en las políticas de comunicación 

La Defensoría del Público tiene como objetivo principal promover y garantizar  los derechos de las audiencias en pos de una comunicación democrática en todo el país. Para lograrlo, lleva adelante audiencias públicas que buscan que la ciudadanía participe activamente y se involucre en la toma de decisiones para que estas sean tomadas de manera transparente y, al fin de cuentas, se genere una sociedad más informada y participativa que tenga acceso a su derecho a la comunicación. 

En estas audiencias públicas  funcionan como un mecanismo para que el Estado realice un diagnóstico actualizado acerca del funcionamiento de los medios de comunicación audiovisual recuperando diferentes puntos de vista, opiniones, experiencias y estudios brindados desde la ciudadanía. Esto permite informar, diseñar e implementar políticas públicas orientadas al reconocimiento y ejercicio de los derechos de las audiencias.

Por eso, celebramos este espacio de participación ciudadana del cual participamos, ya que es fundamental para garantizar un acceso igualitario a la información y para ampliar la diversidad de voces en el proceso de toma de decisiones del gobierno. Esto promueve la construcción de políticas públicas informadas, inclusivas, más democráticas, justas y equitativas que incorporen un enfoque de derechos. 

Autora

Irene Aguirre

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Durante ocho días se llevó a cabo una audiencia pública histórica en Santa María de Punilla. Desde FUNDEPS participamos con un informe técnico- legal expresando nuestras críticas al proyecto, atento irregularidades en el proceso de participación y falencias en el Estudio de Impacto Ambiental.

Con 957 inscriptos, se llevó a cabo la audiencia pública con mayor convocatoria desde que se instrumentó este mecanismo de participación con la sanción de la Ley de Política Ambiental Provincial N° 10.208 en junio del 2014.

La misma duró ocho días, desde el 11 de mayo hasta el 18 de mayo inclusive y fue para dar a conocer el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Alternativa a Ruta Nacional N° 38: Puente Costa Azul- La Cumbre – Sección Costa Azul – Cosquín”, más conocido como la obra «Autovía de Montaña» o «Autovía Pedemontana».

El pasado domingo, desde FUNDEPS hicimos llegar nuestra posición y rechazo al EsIA, dando cuenta de los incumplimientos a la normativa ambiental vigente y de las inconsistencias del informe técnico presentado por la Dirección Provincial de Vialidad de la provincia de Córdoba.

Desde que se dio a conocer la traza de la autovía de 14,3 km., que es parte de un proyecto más grande que llegaría hasta La Cumbre, fue duramente criticada por la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, por no tomar en consideración los significativos impactos socio- ambientales que importa la obra, como la destrucción de bosque nativo Categoría Roja, la existencia de la Reserva Natural Camin Cosquin en medio de la traza, la presencia del yacimiento de uranio «Rodolfo» y de la falla geológica de las Sierras Chicas, así como por las falencias en los derechos de acceso a la información y la participación pública.

En nuestro informe presentado en la audiencia pública hicimos énfasis en algunos puntos, entre ellos:

– En el documento de Evaluación Comparada de Alternativas del Proyecto, no se contemplaron criterios legales, ambientales, culturales y sociales de cada una de las alternativas, tomando en cuenta en su mayoría sólo variables relacionadas con costos económicos, productivos o de eficiencia vehicular. Esto demuestra la insuficiencia en la correcta valoración de las alternativas, como así también la arbitrariedad en la selección de los criterios referidos.  

– El EsIA se refiere a un tramo de la autovía total planificada, por lo que un análisis comparativo incompleto no refleja la realidad del proyecto total y permite una mirada sesgada de todas las alternativas evaluadas. En este sentido, y a los fines de lograr una mayor legitimidad y transparencia en la toma de decisiones y elegir una alternativa que pondere los objetivos de desarrollo sustentable, es que consideramos indispensable y necesaria la realización de una EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.

El EsIA no se adecua a la normativa vigente, no cumple con el contenido mínimo detallado en el art. 19 de la ley 10.208.

– El EsIA no prevé medidas de mitigación y remediación acordes a los altos impactos negativos que conlleva la realización del proyecto, además no describe detalladamente las medidas de remediación que escuetamente contempla.

– Los derechos de acceso a la información y participación ciudadana han sido flagrantemente conculcados y no han sido garantizados en los términos de la ley 25675 y le 10208. En este sentido, sostenemos que éste debe ser un proyecto participativo que garantice el cumplimiento de metas ambientales y objetivos sociales que atiendan a una regulación más democrática del ordenamiento regional.

– La Autoridad de Aplicación deber tener presente a la hora de denegar o aprobar el proyecto la prohibición declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de otorgar licencias ambientales condicionadas, es decir sujetas al cumplimiento de requisitos que debieron cumplimentarse al presentarse el EsIA.

Finalmente en el día de ayer  y luego de la exposición de 355 oradores, se dieron a conocer los resultados de la audiencia: 285 personas (80,2%) se manifestaron en contra del proyecto y sólo 70 (19,8%) a favor.

Ahora, resta esperar la decisión de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, que en un plazo máximo de 45 días deberá expedirse otorgando o denegando la licencia ambiental al proyecto, tomando en consideración todas las opiniones, ponencias, informes técnicos y científicos que hayan surgido del proceso de participación ciudadana. Vale aclarar que las objeciones y opiniones de los participantes en la audiencia no son vinculantes, pero para el caso de que se otorgue la licencia ambiental, la Autoridad de Aplicación debe exponer fundadamente los motivos de su apartamiento y hacerlo público

Por todo ello, desde FUNDEPS consideramos que el EsIA del presente proyecto debe ser rechazado por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, o en su caso exigir una profunda revaluación del mismo al proponente, disponiendo de los mecanismos necesarios a los efectos de cumplimentar con los parámetros legales y ambientales exigidos por la normativa, a fin de proteger los derechos fundamentales a un ambiente sano y equilibrado, a la salud y calidad de vida de los habitantes de la región.

«Destruyen la montaña para construir una vía rápida, para que los turistas vayan a tomar mate a la montaña» (Fernando Conti, escritor, periodista)

Mas información

Informe Audiencia

Autores:

Lourdes Aparicio, Juan Bautista López y María Pérez Alsina

Contacto:

María Pérez Alsina – mariaperezalsina@fundeps.org

 

El pasado miércoles 7 de diciembre el gobierno de la provincia de Córdoba convocó a una audiencia pública, con la finalidad de dar a conocer el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente a la ampliación de la actual Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales (EDAR) y la construcción de nuevos colectores principales. La participación de FUNDEPS incluyó la presentación de un informe técnico-legal que marcó ciertas inconsistencias identificadas al analizar el EIA y conociendo los antecedentes de fuertes impactos en la zona.

on solo tres personas inscriptas representando a FUNDEPS y al Foro Ambiental Córdoba, el pasado miércoles 7 de diciembre de 2016 se llevó a cabo una audiencia pública convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba que tuvo por objeto dar a conocer el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sobre la ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la ciudad de Córdoba. Cabe resaltar que este proceso tuvo poca difusión y fue llevado a cabo muy lejos del área de influencia más significativa y de mayor afectación del proyecto (Barrio Chacras de la Merced). Este hecho viola lo establecido en el Art. 63 de la ley provincial 10.208 de Política Ambiental que establece que estas instancias de participación se deben realizar en la zona de mayor vinculación con la decisión pública en cuestión.

La planta Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Bajo Grande fue construida a fines de la década del 60, a orilla del río Suquía, encontrándose  instalada en el km 2 ½ del camino llamado Chacras de la Merced, en el extremo este de la ciudad de Córdoba. Fue inaugurada en 1987, quedando bajo el dominio y control de la Municipalidad de Córdoba en el año 1990. A partir de finales de los años noventa, el funcionamiento de la planta de EDAR Bajo Grande fue desmejorando, logrando que al día de hoy, la misma posea una capacidad limitada el tratamiento de líquidos cloacales, lo cual genera un foco constante de contaminación.

La problemática de contaminación de dicha planta es de público conocimiento por la presentación de denuncias, demandas judiciales, noticias periodísticas e incluso reconocimientos formales por parte de los funcionarios de la provincia y de la municipalidad de Córdoba. A nivel técnico, peritajes realizados por la Universidad Nacional de Córdoba han determinado que el tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande tiene importantes fallas, tanto en el procesamiento como en el funcionamiento de los equipos que posee. Esto se traduce en altos índices de contaminación del río Suquía, que recibe directamente los efluentes generados por esas deficiencias en el tratamiento. Desde hace un tiempo, en conjunto con la organización Las Omas, venimos reclamando por información pública sobre indicadores de salud y ambiente que permitan valorar (y corregir) esta situación de contaminación. 

De lo anterior se entiende la necesidad de invertir en la actual planta y lograr que la situación sea capaz de revertirse. Empero, luego de la lectura y presentación del EIA se presentan ciertas inconsistencias que de no ser tenidas en cuenta, lejos de mejorar la actual situación de la planta, podrían agravar los ya existentes impactos ambientales negativos.

En nuestro escrito presentado durante la audiencia enfatizamos algunos puntos:

– Inconsistencias respecto de la capacidad de tratamiento de la planta.

– Inadecuado tratamiento de los riesgos ambientales, en una zona que ha sufrido históricamente las consecuencias de la contaminación del río.

– Omisión respecto del fortalecimiento de instancias de control en la ciudad para facilitar el trabajo de la planta de EDAR Bajo Grande.

– Ausencia de plan de monitoreo de la obra y de mitigación de los impactos.

Asimismo, durante la audiencia se pudieron oír frases como: “…Cerca de la planta de líquidos cloacales no hay poblaciones estables”, poniendo en duda el real compromiso de las autoridades gubernamentales para con los vecinos de Chacras de la Merced y las problemáticas en las cuales se ven inmersos a raíz del mal funcionamiento de la planta.

Desde FUNDEPS consideramos que es crucial la realización de una profunda evaluación por parte de la Secretaría de Ambiente como órgano de contralor del presente proyecto, advirtiendo todas las consideraciones expuestas durante la audiencia. Asimismo, se debe disponer de los mecanismos necesarios a los efectos de cumplimentar con losparámetros legales y ambientales esperados a fin de proteger los derechos fundamentales de los habitantes de la ciudad de Córdoba y en particular de los de barrio Chacras de las Merced.

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Contacto
Agustina Palencia

El pasado viernes 26 de junio, en Paraná, más de 187 organizaciones expusieron en la primera Audiencia Pública 2015, organizada por la Defensoría del Público. Con la consigna ¿Cómo nos ven los medios?, durante más de ocho horas se abordaron variadas temáticas en relación a este eje.

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, organizó la primera Audiencia Pública 2015 región centro, en la que participaron organizaciones de distintas localidades de Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Corrientes, Misiones y La Pampa.

Las instituciones participes provenían de distintos sectores y entre ellas hubo sindicatos, medios comunitarios y gestionados por pueblos originarios, asociaciones de sordos y de intérpretes de lengua de señas, organizaciones sociales, comunidades campesinas, organismos públicos, instituciones educativas, productores audiovisuales, adultos mayores, grupos de investigación, etc.

A partir del disparador sobre cuáles son las representaciones que los medios de comunicación audiovisual construyen, se plantearon distintas temáticas como género y diversidad sexual, discapacidad, vejez, juventud y niñez, el mundo del trabajo, violencia institucional, entre otras. Desde nuestra Área de Derechos Humanos, en torno al tema género, se presentó nuestro proyecto de Violencia Mediática y se profundizó sobre las representaciones sexistas y no sexistas que promueven los medios de comunicación.

Agradecemos a la Defensoría del Público la invitación y celebramos la concreción de estos espacios de participación y construcción ciudadana. Vemos enriquecedora la oportunidad de intercambiar perspectivas con organizaciones, y entre todos reclamar la comunicación como un derecho.

 

Más información

Defensoría del Público

 

Contacto

Carolina Tamagnini – Área de Derechos Humanos

carotamagnini@fundeps.org