Listado de la etiqueta: Bancos Chinos

Como resultado de diversas investigaciones realizadas por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), se ha detectado la necesidad de tener un mejor entendimiento de los marcos normativos de las principales Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) presentes en América Latina, desde un enfoque de derechos humanos.

El presente documento propone un breve recorrido por el Acuerdo Plan Quinquenal entre la República Argentina y la República Popular China firmado por el presidente Mauricio Macri en 2017. Dicho plan pretende afianzar las relaciones entre ambas naciones y diseñar una estrategia de cooperación en el campo de la infraestrucutra.

El presente documento compila información básica en relación a 8 proyectos emblemáticos con financiamiento chino en la Argentina gestionados durante las presidencias de Cristina Fernández y Mauricio Macri; y que reflejan la creciente relevancia de las inversiones chinas en Argentina.

El año 2017 comenzó con importantes y promisorias novedades para el  proyecto de Gasificación de Localidades del Interior de la Provincia de Córdoba, más conocido por los cordobeses como el “proyecto de gasoductos troncales”. Los primeros días de enero el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y el Presidente Mauricio Macri estuvieron presentes en la inauguración de una Planta Reductora de Presión en La Calera, obra a cargo de  la empresa brasilera Odebrecht en el marco de los sistemas que le fueron adjudicados tras la licitación pública lanzada en 2015. La planta reductora constituyó el primer tramo inaugurado del Sistema de Anillo Córdoba-Gran Córdoba, conformado por 52 kilómetros de gasoductos de refuerzo, y que beneficiará a 300 mil habitantes tanto de Córdoba y La Calera como de Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Malagueño y Malvinas Argentinas, de acuerdo a la información oficial.

La presencia de Macri en la inauguración de la obra representó un gesto de apoyo político para el gobierno de Schiaretti. Sobre todo teniendo en cuenta los fuertes cuestionamientos y críticas que recibió el gobierno de la provincia por el involucramiento en este proyecto de la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo de corrupción en Brasil y otros países de América Latina, incluso en Argentina. A pesar de estos cuestionamientos, el gobierno de Schiaretti siempre defendió la participación de la empresa recurriendo al debatible argumento de que los hechos de corrupción en los que está involucrada ocurrieron entre los años 2004 y 2013, mientras que la licitación en Córdoba se realizó recién en 2015.

Sin embargo, a los pocos días el proyecto sufre un importante revés: Schiaretti anuncia que, por demoras en la obtención de los créditos de bancos chinos, se volverían a licitar 4 tramos de gasoductos para evitar seguir posponiendo el inicio de las obras en dichos tramos, pero en este caso con financiamiento propio de la Provincia. Recordemos que de los 10 sistemas troncales que fueron definidos en el año 2015, 4 fueron adjudicados a Uniones Transitorias de Empresas (UTEs) conformadas por empresas argentinas y chinas y financiados por bancos chinos (ICBC y Bank of China); y los 6 restantes fueron adjudicados a Odebrecht (en un primer momento se dijo que la empresa brasilera presentaría financiamiento propio para el inicio de la obra, pero finalmente esto no fue así, haciendo que la provincia tenga que recurrir al endeudamiento para iniciar las obras).

Así, a las críticas por la vinculación con Odebrecht en la obra se les sumarán  cuestionamientos por las demoras en el financiamiento chino; la falta de explicaciones pertinentes en relación a los motivos del caída del financiamiento; la necesidad de re licitar la obra y la decisión del gobierno provincial de salir nuevamente al mercado a endeudarse  para financiar la obra e incluso por el incremento sustancial en el costo de la obra, que pasó de un presupuesto de 8.600 millones de pesos en 2015 a 12.480 millones de pesos a inicios de 2017 (un incremento de 45% en casi dos años).

Tras un nuevo llamado a licitación en febrero, en el mes de marzo las obras de los 4 sistemas antes mencionados fueron re adjudicadas a las mismas UTEs que habían ganado en la primera licitación. A su vez, el gobierno emitió una nueva partida de títulos públicos por 460 millones de dólares para financiar el inicio de obras en los 4 tramos re licitados del proyecto, teniendo como agente financiero al Banco de Córdoba (Bancor).

A pesar de que en ese mismo mes de marzo se anunciaron avances en las negociaciones con los bancos chinos para terminar de concretar los créditos comprometidos para la obra, sorpresivamente el 21 de abril el gobernador Schiaretti anunció la caída definitiva del financiamiento chino y la firma de un decreto que dejaba sin efecto la adjudicación de las obras de los 4 sistemas troncales correspondientes. Si bien el propio Schiaretti culpó a los bancos chinos por la caída del financiamiento aduciendo que los mismos  plantearon condiciones “leoninas, inaceptables para Córdoba y el gobierno nacional”, lo cierto es que el gobierno nunca dejó en claro los verdaderos motivos y razones que llevaron a la caída del financiamiento chino.

De esta forma, el gobierno de Córdoba decidió lanzar una nueva licitación por 437 millones de dólares para la construcción de los 4 sistemas de gasoductos, que ahora en la nueva convocatoria pasarían a ser 8 sistemas (además de los 6 sistemas restantes ya adjudicados a Odebrecht) y cuyo financiamiento provendría de la misma provincia. En este caso, la adjudicación de los nuevos sistemas recayó sobre empresas nacionales.

 

A inicios de mayo, y a pesar de las críticas de la oposición, la legislatura provincial aprueba un proyecto de ley que habilita los nuevos cambios en el proyecto de gasoductos: se dan por terminadas las negociaciones con la banca china para financiar 4 de los sistemas troncales, y se aprueba que ahora sea el propio Estado provincial quien deberá obtener la totalidad de los fondos para concluir la obra (ratificando de esta manera la autorización otorgada por la ley 10.339 que habilitó operaciones de toma de crédito público por para llevar adelante las obras). Justamente a los pocos días, el gobierno oficializa a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, una nueva toma de deuda por 450 millones de dólares para financiar la obra. Hacia fines de junio, el propio Schiaretti anunciaría a través de su cuenta en Twitter que la provincia había conseguido la totalidad del financiamiento para la obra a través de la colocación de bonos en el mercado internacional de capitales.

En definitiva, este proyecto estratégico para Córdoba que iba a contar en sus inicios con financiamiento provisto o gestionado por actores internacionales (en un primer momento mediante el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil -BNDES-; luego mediante  bancos chinos y financiamiento propio provisto por la empresa Odebrecht) paso a depender exclusivamente, para su concreción, de recursos propios de la provincia u obtenidos vía endeudamiento a través de la emisión de títulos públicos.

La segunda mitad del año estaría signada principalmente por los avances de la obra (de acuerdo al gobierno hacia fines de año se había concluido un 14% de la obra y se planificaba que la obra concluya a mediados de 2019), pero también por los constantes y recurrentes cuestionamientos de sectores de la oposición y de la sociedad civil en relación al proyecto. En especial luego de que Córdoba haya sido mencionada en el marco de la causa Lava Jato como uno de los destinos donde la constructura Odebrecht pagó coimas en la Argentina.

A pesar de que desde el gobierno nacional de Mauricio Macri se inició una campaña para revisar e investigar el posible involucramiento de Odebrecht en el pago de coimas en numerosos proyectos de obra pública en la Argentina (lo que incluso llevó al gobierno nacional a suspender a la empresa para realizar obras a nivel nacional), el proyecto de gasoductos en Córdoba quedó extrañamente excluido de dicha revisión y nunca se brindaron las explicaciones pertinentes para justificar dicha exclusión. Incluso la empresa sigue operando en la provincia a pesar de su suspensión a nivel nacional (su principal obra es justamente la de gasoductos en Córdoba) y de los requerimientos desde la oposición de que se haga lo mismo a nivel provincial. Ante la falta de respuestas a nivel nacional, algunos legisladores opositores viajaron a Brasil en Octubre de este año para solicitar a los fiscales de la causa Lava Jato que investiguen la vinculación de la empresa brasileña en el pago de sobornos en el marco de la licitación realizada en 2008 para la obra de gasoductos troncales.

De esta forma, entre marchas y contramarchas, el balance del 2017 en relación al proyecto de gasoductos troncales arroja pocas luces y muchas sombras  y suspicacias en relación a la transparencia y ejecución del proyecto. No solo por la nunca del todo esclarecida caída del financiamiento chino a inicios del año sino también, y sobre todo, por la forma en que se ha manejado desde el gobierno provincial el involucramiento de la constructora Odebrecht en la obra y las numerosas causas de corrupción que la salpican en toda Latinoamérica e incluso en la propia Argentina. Si bien el gobierno de Schiaretti ha desligado a la empresa de cualquier tipo de vinculación con la posible entrega de coimas y hechos de corrupción en las licitaciones de la obra (incluso contando con el apoyo del propio gobierno nacional de Macri que ha iniciado una especie de “cruzada” en contra de la empresa brasileña por su accionar en el país durante el gobierno kirchnerista), lo cierto es que el año que acaba deja muchos interrogantes y aspectos no esclarecidos en torno al proyecto.

Sin dudas, el 2017 ha dejado una enorme deuda pendiente en cuanto a transparencia y rendición de cuentas en relación a este estratégico y emblemático proyecto para Córdoba. Desde FUNDEPS, esperamos que esta deuda sea saldada en 2018.

Más información

– Documento de Trabajo: Transparencia en el proyecto de gasificación de localidades del interior de la provincia de Córdoba por Melanie Mackenzie – Diciembre 2017. FUNDEPS.

– Notas y publicaciones de FUNDEPS en relación a los gasoductos troncales.

– Gasoductos troncales en Córdoba: una obra que avanza a la sombra de la corrupción por Agustina Palencia – 26 de diciembre de 2017. El Entramado. FUNDEPS.

Fuente de imagen

La Voz del Interior

Autores

Macarena Lourdes Mustafa / Voluntaria del Área de Gobernabilidad Global

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

Contacto

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

El presente documento de trabajo plantea un breve análisis de las relaciones actuales entre la República Popular China y la Argentina en un contexto tanto nacional como internacional; y teniendo en cuenta aspectos como la relación del gigante asiático con los gobiernos kirchneristas, el cambio de gobierno ocurrido en Argentina a finales de 2015, la realidad económica argentina y la elección del republicano Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos.

Este documento presenta un análisis de la evolución del proyecto de infraestructura más importante de la provincia de Córdoba y la relación con la constructora brasileña Odebrecht, con un foco en la transparencia del proyecto.

Representantes de sociedad civil y de comunidades nativas participaron del taller en la ciudad de Bogotá (Colombia). El resultado fue la elaboración de una agenda que complementa las demandas territoriales de las comunidades afectadas con las propuestas planteadas desde sociedad civil y la academia.

El pasado 17 y 18 de mayo, el taller fue organizado por el por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura y la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación. El taller buscó fortalecer el accionar conjunto de la sociedad civil (comunidades, movimientos y organizaciones sociales, nacionales y locales) que están siendo afectados por proyectos financiados por banca china y qué realizan seguimiento de los impactos sociales y ambientales de estas inversiones en América Latina.

Se abordaron temas relacionados con las políticas sociales y ambientales actualmente implementadas por instituciones chinas, el análisis del financiamiento chino presente en la región, proyectos a los que se destina y la identificación de los impactos de estos proyectos sobre el medio ambiente y los derechos humanos. Asistimos junto a representantes de sociedad civil de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, México, Colombia, Venezuela, Ecuador y representantes de comunidades nativas y campesinas.

Recalcamos la alarmante situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores y las defensoras ambientales en contextos de inversión china en países de la región, quiénes no sólo son criminalizados por la defensa de sus derechos colectivos sino que no cuentan con la debida protección del Estado. Logramos afianzar la Alianza Continental de seguimiento a las inversiones chinas para hacer frente a la estrategia geopolítica que busca mantener el modelo de exportación constante de materias primas en América Latina y el Caribe.

Quienes participamos del Taller coincidimos en que el debilitamiento de los marcos ambientales y sociales de la región no garantiza el respeto de los derechos de las comunidades involucradas en el espacio de influencia de los proyectos que son financiados por la banca china. A esto se le suma el carácter no vinculante de los lineamientos de la banca china. La no existencia de protección a nivel nacional y a nivel de la banca multilateral coloca en una situación de riesgo a las comunidades que están siendo afectadas por la inversión.

Como resultado del Taller se elaboró una agenda de incidencia que reúne y complementa las demandas territoriales de las comunidades afectadas con las propuestas de reforma planteadas desde sociedad civil y la academia. En ese sentido, a nivel internacional se plantea nuevos estándares para las empresas y la banca china que garantice el cumplimiento, una mayor participación y procesos de consulta efectivos; a nivel nacional, una estrategia conjunta que revierta el debilitamiento de la legislación socio-ambiental y brinde garantías de acceso equitativo a la justicia para los defensores y las defensoras ambientales.

Más información

Contacto

María Victoria Gerbaldo, victoriagerbaldo@fundeps.org

Esta publicación revisa cuál ha sido la actividad comercial y en materia de inversiones de un país con una actividad económica importante a nivel global y en ascenso como lo es China, hacia la región de América Latina y el Caribe (ALC), mirando más a detalle los casos de Argentina, Colombia, México y Perú. El objetivo particular es brindar un análisis detallado, de las inversiones chinas a nivel nacional en cada uno de los países antes señalados. Para ello, se ahonda en los antecedentes, la situación actual y las tendencias a futuro de las relaciones bilaterales entre cada uno de los países y China en materia de IED. A su vez, se analizan los marcos normativos nacionales, los principales sectores de inversión y se brindan datos de la experiencia de cada una de las organizaciones que participaron en la elaboración del documento en el proceso de investigación, búsqueda de información y monitoreo del financiamiento chino en estos países.

La mayor obra de infraestructura de la provincia de Córdoba tiene financiamiento chino. Dos bancos chinos: el ICBC y el Bank of China financiarán el 80% de los 8.400 millones de pesos de la obra de gasoductos troncales en la provincia.

El mapa de los diez sistemas de ductos troncales había sido repartido en tres grupos. El primero asignado a  la constructora brasilera Odebrecht. El segundo a la constructora China Communications Construction Company y a la constructora argentina Iecsa S.A. Y el tercero a la constructora China Petroleum Pipeline Bureau y a la empresa argentina Electroingeniería S.A.

Una de las formalidades que debía cumplir la provincia era contar con los avales del Gobierno nacional para acceder a financiamiento externo y, a la vez, garantizar esa deuda con fondos de la coparticipación federal.

Las obras comenzaron el 14 de agosto de este año a cargo de la constructora brasileña Odebrecht. Esta fue la única empresa adjudicada que presentó financiamiento propio para la obra y no depende de préstamos de bancos chinos.

En el mes de octubre, la provincia colocó una deuda por 150 millones de dólares a 10 años de plazo.

Y ahora en diciembre se confirmaron las inversiones chinas. Los tramos de los gasoductos en el interior provincial que se financiarán con créditos de los dos bancos chinos fueron adjudicados a la unión transitoria de empresas (UTE) que conformaron la cordobesa Electroingeniería, la China Petroleum Pipeline Bureau y la porteña Iecsa, en sociedad con la asiática China Communications Construction Company (CCCC). A cargo de la negociación con los bancos chinos está el ministro de Inversión y Financiamiento Ricardo Sosa.

Desde FUNDEPS estamos monitoreando este proyecto, nos hemos reunido con funcionarios de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), y hemos presentado pedidos de información a ministerios provinciales y nacionales. Ya vencieron los plazos de la legislación que regula el acceso al conocimiento de los actos del Estado y se sigue sin recibir respuestas de las dependencias correspondientes.

Los interrogantes que genera una obra de esta magnitud son varios. No se han brindado detalles de los acuerdos establecidos con los bancos chinos, no se ha establecido la forma en que este proyecto tendrá llegada efectiva a cada uno de los municipios involucrados, y tampoco se conocen los informes de impacto ambiental. Desde FUNDEPS se buscará que estos proyectos de infraestructura no impacten negativamente en las condiciones de vida de las comunidades ni en el ambiente.

Más información

Contacto

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Dentro de la larga lista de inversiones chinas en Argentina, el caso de los acueductos en la provincia de Entre Ríos ha sido uno de los más controvertidos. Irregularidades en el proceso de licitación, aprobación y ejecución del proyecto han despertado el recelo y los reclamos de varios sectores de la sociedad civil.

En un contexto internacional cambiante, en el que los actores de habitual importancia han ido mutando, Argentina se ha encontrado con dificultades para el acceso a fuentes tradicionales de financiamiento. A lo largo de los últimos años, especialmente desde la gestión Kirchner, el escenario de las inversiones extranjeras en Argentina ha estado signado por la preponderancia de la República Popular China. Varios de los grandes proyectos de infraestructura que se están llevando a cabo tienen por detrás el respaldo de empresas del país asiático.

Hay dos proyectos que se han trabajado entre la Nación y la provincia de Entre Ríos desde hace algunos años y tuvieron que ver con la posibilidad de construir dos acueductos para riego en el norte entrerriano. Para la construcción de estos, el gobierno de la provincia y la “China State Construction Engineering Corporation” (CSCEC) suscribieron una carta compromiso para el aprovisionamiento de agua dulce, incorporando 200.000 hectáreas de riego.

A mediados de junio de 2013 la CSCEC expresó su interés en invertir en obras de infraestructura en la provincia de Entre Ríos. Durante un encuentro con representantes de la empresa, desarrollado en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, el gobernador Sergio Urribarri “propuso tres líneas básicas de acción: obras de riego, enlace metropolitano Paraná-Santa Fe y desarrollo portuario”. Según el gobernador, el desarrollo de las obras estaría ligado en gran medida a aumentar la capacidad productiva de la provincia.

El Acuerdo con China para la construcción de los dos acueductos se firmó el 18 de julio de 2014. En el marco de los acuerdos estratégicos para obras de infraestructura, firmados en la Casa Rosada entre Xi Jinping y Cristina Fernadez de Kirchner, encuentro en el que participó Urribarri.

Los acueductos tendrán una longitud total de 546 kilómetros entre ramal principal y ramales secundarios. Son dos obras, la primera en la cuenca del Arroyo Mandisoví en el departamento Federación para implementar un sistema colectivo de riego, a partir del río Uruguay, para la producción arrocera, citrícola y fruti–hortícola. El segundo en el departamento La Paz para realizar un acueducto del Norte entrerriano, con el aporte de aguas del río Paraná y dotar a un área marginal del acceso al agua para riego.

Los costos de las obras totalizan un monto cercano a los USD 98.000.000, según los datos presentados por el “Programa de Servicios Agrícolas Provinciales” en sus informes de factibilidad de los cuales la provincia debería aportar el 20%. Sin embargo, el presupuesto de la CSCEC fue de USD 430.387.552 adjudicada sin licitación no concurso de precios. El financiamiento provendría del banco ICBC, con un crédito de USD 366 millones a 15 años (con un período de gracia de 5) con una tasa libor más 4,5%. Asimismo, el contrato de crédito prevé como legislación aplicable la misma que la de Inglaterra.

El proyecto provocó rechazos en algunos sectores, como las organizaciones nucleadas dentro de la Multisectorial en Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos, que impulsaron la nulidad de la ley que, entre otros puntos, habilitó el otorgamiento directo, sin licitación pública, de la obra a una empresa de capitales chinos, como así también un endeudamiento que supera los 430 millones de dólares. La Fundación M’biguá y Justicia Ambiental también alertaron sobre la falta de transparencia e información sobre el proyecto.

El caso de los acueductos es el primero en llegar a la justicia. Como se expuso más arriba la Multisectorial por la Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos presentó una acción de inconstitucionalidad respecto de la ley N° 10.352 que autorizó al Poder Ejecutivo Provincial a endeudarse con la institución financiera de China. Esta acción se basa en que esta ley no ha cumplimentado los requisitos formales que la constitución provincial insta para su aprobación, por ejemplo: no se realizó Evaluación de Impacto Ambiental, no existe ningún dictamen de las comisiones de Hacienda y Economía, ni de la fiscalía de Estado, entre otras irregularidades. La falta total de controles en el proceso legislativo, el tratamiento sobre tablas de la norma, la ausencia de debate sobre el tema y, especialmente, el secretismo con que se manejó el gobierno para no dar a conocer el proyecto, es otro de los aspectos fundamentales de la demanda.

Entre los puntos principales de la demanda completa se encuentran:

– Ineficacia de la Ley 10.352 por irregularidades en su tramitación.

– Inobservancia del Principio de Razonabilidad.

Autorización al Gobernador a convenir y mantener en secreto el contrato celebrado con el Banco Chino.

– Autorización al Gobernador a contratar con el Banco Chino ICBC un préstamo en el que Entre Ríos acepta regirse por la legislación inglesa.

– Violación del deber constitucional de publicidad de los actos de gobierno.

– Privación de información como derecho humano.

– Se omitió la realización previa y precautoria de Estudios de impacto Ambientales y sus procesos evaluatorios con las debidas Audiencias Públicas y el dictado de los Actos Administrativos previos a la autorización de contratación de la obra y a la autorización de la celebración de acuerdos de inversión y/o endeudamiento.

– Violación de la Ley de Contabilidad Pública. (Arrogándose así el P.E. inconstitucionalmente facultades propias del Poder Legislativo).

– Violación de la Ley de Obras Públicas.

– Se ignoraron las garantías constitucionales contenidas en la Sección II – Régimen Económico, del Trabajo y Desarrollo sustentable de la Constitución Provincial.

De acuerdo a medios locales: “Desde una comisión de cinco millones de dólares que debe pagar el estado provincial por la operatoria, hasta los costos no calculados de intereses, la expropiación de tierras para la obra y demás costas, contemplando también la implementación de aumentos tributarios para cubrir el pago del crédito, los cuestionamientos económicos a la norma son numerosos. El primero de ellos, en todo caso, es el monto del crédito: nadie entiende muy bien aún como llegó el gobierno entrerriano a calcular ambas obras por más de 430 millones de dólares cuando Prosap había presupuestado, algunos meses antes, menos de 100 millones”.

De acuerdo con Jorge Daneri miembro de la Fundación M’biguá, se está conformando un paquete de potenciales mega inversiones en la región que además de los acueductos se incluiría un proyecto de represa hidroeléctrica entre las provincias de Corrientes y Santa Fe, en el límite norte de Entre Ríos. De acuerdo con el Dr. Daneri, el mecanismo es el mismo en todos los proyectos: inexistencia de debate parlamentario de los proyectos, menos aún en las provincias involucradas, por lo tanto, enmudecimiento del federalismo de concertación social y consultas ciudadanas.

Desde FUNDEPS hemos estado trabajando en el seguimiento del caso de los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba, que también cuentan con financiamiento chino. Parte del proceso de aprobación y ejecución de este proyecto, puede identificarse con lo sucedido en Entre Ríos. La falta de transparencia en ciertas cuestiones como la presentación y publicación del estudio de impacto ambiental, hacen sonar una alarma en lo que respecta a los estándares ambientales y de DD.HH.

Asimismo, consideramos de especial relevancia resaltar que la importancia recientemente adquirida por la República Popular China en materia de inversiones en proyectos de infraestructura, se traduce en una necesidad para que la sociedad civil monitoree los procesos de diseño, aprobación y ejecución de estos proyectos. Las irregularidades más arriba mencionadas son consecuencia de políticas que aún carecen de transparencia y que no se enmarcan en un paradigma de rendición de cuentas.

Más información

Un Acuerdo Chino

Entre Ríos: “con el pretexto de construir dos acueductos se está por consumar una estafa muy grande”

Ley de acueductos: presentaron demanda contra la “estafa” de Urribarri

Ley de acueductos: la Multisectorial recogerá firmas para derogar el texto

Represa Paraná Medio, acueductos y China, la primavera de la esperanza

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Tras un trabajo de evaluación de 152 ofertas técnicas, económicas y financieras, serán tres los grupos que construirán los 10 sistemas de gasoductos troncales en Córdoba que beneficiarán a más de 685 mil cordobeses de 167 localidades, con un presupuesto que supera los $ 8.600 millones.

El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, comunicó que la expectativa es arrancar los trabajos a mitad de año y las obras se realizarían en 33 meses. La vía asiática cubre el 85 por ciento del presupuesto, con el pago de un seguro al inicio de la operación (condición insalvable), siempre que la compañía oriental tenga, por lo menos, la mitad más uno de participación en la unión de empresas y que la obra involucre exportaciones desde China por 20 a 30 por ciento de materiales. Participan los bancos ICBC y Bank of China.

Los grupos que lograron los mayores puntajes están integrados por empresas argentinas, chinas y brasileñas. Se preadjudicaron los sistemas Norte y Sur al grupo integrado por la unión transitoria de empresas (UTE) de China Petroleum Pipeline Bureau y Electroingeniería. Por su parte, la unión entre China Communications Construction Company y la local Iecsa tendrá a su cargo los sistemas Este y Centro II, mientras que la brasileña Norberto Odebrecht realizará los restantes: Oeste, Punilla II, Anillo Córdoba y Gran Córdoba, Centro, Ruta 2 y sudeste (ruta 11).

La Provincia aún no tiene datos precisos sobre la cantidad de empleo directo e indirecto que producirán las obras. La visita presidencial a la provincia de Córdoba en el mes de enero confirmó el apoyo de la Casa Rosada al Gobierno provincial. La Nación aportará 2.900 millones de pesos para los gasoductos troncales (8.600 millones de presupuesto total) y los 70 millones de pesos mensuales (3.430 en total) que la Provincia dejará de pagar por la Central Térmica de Pilar.

Desde FUNDEPS, monitorearemos el avance de este proyecto, buscando asegurar que su ejecución respete la normativa de protección ambiental y participación ciudadana.

 

Más información:

Contacto: 

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org

Discusiones sobre las implicancias del creciente rol de China en el financiamiento del desarrollo en Latinoamérica en general y de Argentina en particular.

De acuerdo a datos recientemente publicados por el Inter-American Dialogue, China sigue ampliando su rol como financiador de grandes proyectos en la región. Durante el 2015, el financiamiento chino a Latinoamérica fue mayor que el del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo sumados. El financiamiento chino sigue teniendo un fuerte foco en el sector extractivo y de infraestructura; desde 2005 China ha financiado proyectos de infraestructura por 40,3 mil millones de dólares y 70,2 mil millones en el sector energético.

En este contexto, Juan Carballo, Director Ejecutivo de FUNDEPS, participó de la mesa de diálogo que se realizó a fines de enero en Washington DC organizado por el Inter-American Dialogue. En este encuentro, representantes del sector público, privado y de la sociedad civil discutieron sobre las implicancias de esta creciente relevancia de China en la región en cuanto a los estándares sociales y ambientales de este financiamiento.

Desde FUNDEPS, se continuará monitoreando el perfil del financiamiento proveniente de fuentes chinas, los estándares socio-ambientales de estos proyectos y el respeto a la normativa de participación, acceso a la información y protección ambiental.

 

Más información:

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org