A más de cinco años de la sanción de la Ley 27.610, Fundeps presenta un relevamiento provincial que sistematiza avances, barreras y buenas prácticas en el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en Córdoba. El informe aporta evidencia producida junto a equipos de salud y activismos feministas, en un contexto nacional desafiante para la garantía de derechos sexuales y reproductivos.

A más de cinco años de la sanción de la Ley N° 27.610, que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE), el acceso efectivo al aborto seguro continúa presentando desafíos en su implementación que requiere monitoreo, producción de evidencia y estrategias sostenidas de fortalecimiento de la política pública. En este marco, desde la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) presentamos la investigación “Interrupción del embarazo en la provincia de Córdoba: avances y desafíos en la implementación de la Ley N° 27.610”, que sistematiza barreras persistentes y buenas prácticas en el sistema público de salud de la provincia de Córdoba.

Este informe es el resultado de una investigación desarrollada entre los meses de mayo y octubre de 2025, orientada a identificar las condiciones reales de acceso a los servicios de salud sexual y (no) reproductiva en Córdoba. A partir de un relevamiento participativo con efectores y efectoras de la salud, el estudio realizado por Consuelo González Clariá, en articulación con el área de Géneros y Diversidad de Fundeps, aporta información relevante para mejorar la implementación de los servicios y consolidar prácticas que garanticen derechos, especialmente en contextos adversos.

La investigación se desarrolló con un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo. Incluyó 80 encuestas a trabajadores y trabajadoras de la salud de distintos departamentos y jurisdicciones de la provincia, con un análisis estadístico descriptivo no probabilístico, y cinco entrevistas semiestructuradas seleccionadas mediante una muestra intencionada. La encuesta fue respondida mayoritariamente por profesionales de medicina familiar o general (51,2%) y de trabajo social (22,5%), y en menor medida por ginecología y obstetricia (11%) y psicología (7,5%). Lo que da cuenta del carácter interdisciplinario que hoy asume la garantía del derecho al aborto en el sistema público.

Un diagnóstico situado sobre el acceso al aborto en la provincia

Los resultados de la investigación muestran un proceso sostenido de expansión y normalización de la práctica del aborto en la provincia. La interrupción del embarazo —ya sea con el uso de misoprostol solo, el esquema combinado de misoprostol y mifepristona, o mediante la Aspiración Manual Endouterina (AMEU)— se garantiza en todos los niveles de atención, con variaciones a nivel regional. 

Casi el 80 % de las personas encuestadas afirmó que la práctica se resuelve en una o dos consultas, lo que da cuenta de un proceso de simplificación de la atención y de fortalecimiento de circuitos institucionales.

Persisten desafíos en la implementación del procedimiento instrumental de AMEU que se concentra en algunos centros de salud con trayectoria en su realización, a los que se suman algunas experiencias más recientes en el primer y segundo nivel de atención. Sólo el 22 % de las personas encuestadas afirmó que se realiza la práctica de AMEU en las instituciones en las que trabajan. Los principales obstáculos los constituyen la falta de formación técnica, práctica supervisada, articulación con servicios de emergencia y la posibilidad de garantizar espacio y baño para la recuperación.

En términos de apoyo institucional a los equipos de salud que garantizan abortos, se observan diferencias significativas entre la ciudad capital y el interior provincial. En la ciudad de Córdoba, la mayoría de las y los profesionales de salud manifestaron recibir “bastante” (55%) o “mucho apoyo” (25%) para la realización de IVE. En el interior, en cambio, el escenario es más dispar: el 90 % de las respuestas se reparte casi en tercios entre “mucho”, “bastante” y “poco” apoyo, con menores niveles de apoyo en el norte y oeste provincial.

Los conflictos institucionales se concentran principalmente en las áreas de farmacia, guardia y ginecología. En este sentido, se destaca como buena práctica  la prolijidad administrativa, que permite construir alianzas internas y generar confianza a partir de la identificación del equipo de IVE con valores como la transparencia y la responsabilidad.

Las entrevistas permiten afirmar que el reconocimiento institucional de la práctica no fue un proceso automático ni lineal: el conocimiento, el compromiso y la legitimidad de los equipos se construyeron a lo largo de los años, mediante estrategias sostenidas de formación, trabajo interdisciplinario, construcción de consensos y acumulación de experiencia dentro de las instituciones.

En este sentido, las condiciones precarias de contratación atentan contra la estabilidad de los equipos y la sostenibilidad del servicio. Mientras en la capital se concentran los cargos de planta permanente que existen, en los centros de atención primaria del interior el monotributo sigue siendo la modalidad principal, configurándose además como un factor central de desgaste para quienes garantizan cotidianamente este derecho.

Barreras persistentes y buenas prácticas que sostienen el acceso

Si bien los avances son evidentes, el mapeo identifica barreras estructurales que continúan condicionando el acceso, especialmente en el interior provincial. Más de la mitad de las personas encuestadas señaló que las personas usuarias tienen dificultades vinculadas al transporte y los traslados (52%), seguidas por la falta de personal (41%) y obstáculos para la obtención de turnos y problemas económicos en general (33,8%).

En relación con los recursos disponibles para garantizar el acceso al aborto, solo el 20 % refirió dificultades para acceder a medicamentos, siendo la mifepristona el insumo más problemático, seguida por el misoprostol. Ante la falta de insumos, el 50 % afirmó que suspende la práctica y deriva, mientras que el 43 % indicó que realiza el reclamo. Esto se explica por la decisión institucional de los gobiernos provincial y municipal de la capital de Córdoba de garantizar el acceso a la práctica, a pesar del recorte a nivel nacional en el envío de medicamentos. Así mismo, cobra una fundamental importancia la presencia de redes feministas en los espacios de atención, gestión y en organizaciones que articulan con el sistema de salud para garantizar el derecho. En cuanto a las capacitaciones, poco más de la mitad de las personas encuestadas recibió formación específica en IVE, con marcadas desigualdades regionales.

El estudio también reveló la existencia de malos tratos hacia personas usuarias: un tercio de las y los profesionales identificó este tipo de situaciones en los centros de salud en los que trabaja, aunque es posible que exista un subregistro. 

En contraposición, se observa una amplia extensión de buenas prácticas en la atención de niñas, niños y adolescentes. Persisten desafíos en la atención a la población LGBTIQ+ y a personas con discapacidad, lo que se vincula con las dificultades para sostener abordajes interdisciplinarios en las condiciones laborales actuales.

Un proceso colectivo en un contexto desafiante

La presentación de este relevamiento se inscribe en un escenario nacional restrictivo, marcado por el debilitamiento de políticas públicas y la retracción del financiamiento destinado a las organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, resulta clave reafirmar la vigencia de la Ley 27.610 y la necesidad de su institucionalización más allá del gobierno de turno. El Estado, en todos sus niveles, tiene la obligación de garantizar el acceso oportuno, digno y de calidad a la interrupción voluntaria del embarazo, y de remover activamente las barreras que lo obstaculizan.

Hoy su implementación se sostiene en un entramado histórico de redes feministas, activismos territoriales, organizaciones sociales y el compromiso de los equipos de salud.

El pasado 9 de diciembre, en el Museo de Antropologías de la UNC, Fundeps presentó un avance de este informe en el encuentro “Acceso al aborto en Córdoba: miradas y recursos para su fortalecimiento”, un espacio de intercambio que reunió a referentes del activismo feminista, equipos de salud, funcionarias y organizaciones sociales. Allí se compartieron los principales hallazgos de la investigación, se presentó un recursero digital para equipos de salud —con guías, publicaciones y recursos audiovisuales desde una perspectiva de derechos— y una campaña de comunicación dirigida a usuarias jóvenes, orientada a fortalecer el acceso a información clara, confiable y oportuna.

Apuestas sostenidas desde Fundeps

Desde el área de Géneros y Diversidad, durante 2025 trabajamos intensamente para fortalecer los derechos sexuales y (no) reproductivos , aún en un contexto de profunda crisis para las organizaciones sociales. Entre las principales acciones destacamos la realización del segundo Encuentro Provincial de Profesionales de la Salud: “Redes de compromiso y cuidados: la práctica de AMEU en Córdoba y el acceso al aborto en niñeces, juventudes y diversidades”; y las capacitaciones en AMEU a equipos de salud de Santa Rosa de Calamuchita, Mina Clavero y Del Campillo con el acompañamiento de la Dirección de Adolescencias, Juventudes y Adultez. Además, seguimos trabajando en la promoción a través de talleres de ESI con docentes y estudiantes de nivel medio, junto a la Diplomatura de ESI de la Facultad de Filosofía y Humanidades y en articulación con Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).

Asimismo, desarrollamos un curso virtual autoadministrado sobre el acceso al aborto legal en Córdoba, que estará disponible a partir de marzo de 2026.

Este trabajo no hubiera sido posible sin la articulación con el Equipo del Consultorio de Salud Integral, la Dirección de Adolescencias, Juventudes y Adultez, la Diplomatura de ESI de la FFyH, La Casita Trans, UEPC, y sin el compromiso cotidiano de los activismos feministas y de los equipos de salud que garantizan el acceso muchas veces en el anonimato.

El relevamiento que presentamos es una herramienta más para seguir fortaleciendo redes y construir estrategias conjuntas para defender un derecho conquistado. 

Invitamos a activistas, equipos de salud, organizaciones sociales, funcionarias y a todas las personas interesadas en el fortalecimiento del derecho al aborto a leer, compartir y usar este informe como insumo para la acción colectiva. 

Garantizar el acceso al aborto no es solo cumplir una ley: es sostener, todos los días, una política pública de justicia social y de derechos humanos.

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Autora:

Carola Bertona, carolabertona@fundeps.org

Contacto: 

Romina Pezzelato, romina.pezzelato@fundeps.org 

Fundeps participó de la VIII Conferencia Regional de CLACAI en Bogotá, un espacio que reunió a organizaciones y activismos de América Latina y el Caribe para reflexionar colectivamente sobre los desafíos actuales y las estrategias regionales para garantizar el derecho al aborto.

Entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, Fundeps participó de la VIII Conferencia Regional del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), realizada en Bogotá, Colombia, bajo el lema “Los horizontes del derecho al aborto”.

El encuentro reunió a cerca de 400 personas de América Latina y el Caribe, entre activistas, profesionales de la salud, abogadas, investigadoras y representantes de organizaciones sociales que trabajan por el acceso al aborto seguro y los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en la región.

Durante las jornadas se abordaron los principales desafíos institucionales y sociales frente a los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos. Se compartieron estrategias de litigio e incidencia regional, experiencias de innovación en la provisión de servicios y prácticas de acompañamiento feminista. También se destacó la importancia de la articulación entre movimientos del sur global para sostener y ampliar los derechos conquistados.

Como parte del programa, Fundeps participó de la reunión de la Red Jurídica de CLACAI. Además, integró sesiones paralelas sobre Investigación para la acción, orientadas a fortalecer la evidencia y el monitoreo para mejorar la calidad de los servicios, y sobre aborto después de las 20 semanas, donde se compartieron experiencias regionales y directrices para una atención humanizada e integral en casos de embarazos avanzados.

Desde CLACAI destacaron que la conferencia permitió reunir a voces diversas de toda la región en torno a un objetivo común: garantizar el acceso universal al aborto legal, seguro y de calidad en América Latina y el Caribe.

La participación de Fundeps en este espacio reafirma su compromiso con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, el intercambio de saberes entre territorios y la construcción de estrategias colectivas para mejorar el acceso regional y global a los derechos.

Contacto:

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

Dos dictámenes de la Procuración General de la Nación admiten la legitimación de dos grupos en representación del “colectivo de personas por nacer”, en contra del Constitución, leyes nacionales y acordadas de la Corte. Allanan, sin embargo, la vía judicial para arremeter contra el derecho a la interrupción del embarazo. Comunicado conjunto.

Durante la última semana, Laura M. Monti, procuradora fiscal adjunta de la Procuración General de la Nación, firmó dos dictámenes en la misma sintonía. En ellos reconoce la legitimación de un grupo de ciudadanos y una asociación civil para representar a las señaladas como “personas por nacer” ante el Poder Judicial. Se trata de una interpretación que no tiene respaldo en la jurisprudencia: ningún tribunal ha reconocido en una sentencia definitiva la posibilidad de representar colectivamente a las “personas por nacer”. 

Monti emitió esos dictámenes en dos causas: una liderada por Cristina Fiore Viñuales y otra por la organización Portal de Belén, ambas iniciadas para cuestionar la constitucionalidad de la Ley de  Interrupción Voluntaria del Embarazo. En ambos casos, si bien afirma seguirla, se aparta de la jurisprudencia de la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre representación colectiva. También en las dos causas, las partes peticionantes buscan convertir en un “caso” (para discutirse en los tribunales de justicia) lo que en verdad es una disconformidad general con la ley.

Monti se basó en el art. 1 de la Ley 26.061 de Protección Integral a la Niñez para sostener la legitimación. De esta manera, desnaturalizó el sentido de la ley e ingenió una suerte de “acción popular” que permitiría que cualquier ciudadano accione por fuera de un caso concreto. No solo eso, sino que además, equiparó a las “personas por nacer” a niños, niñas y adolescentes.

Al mismo tiempo, en los dictámenes decidió no tomar en cuenta las exigencias del artículo 116 de la Constitución Nacional, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y de las acordadas y jurisprudencia de la Corte sobre procesos colectivos, creando una situación de inseguridad jurídica. Por nombrar un antecedente: en el caso Halabi, citado por la propia Procuradora para dictaminar, se establece que la comprobación de la existencia de un caso es imprescindible para otorgar legitimación colectiva. En ninguno de los casos, ni Fiore Viñuales ni Portal de Belén, hay “caso”; es decir que Monti debería haber negado la legitimación de plano.

Por qué es grave este paso de la procuradora fiscal: porque admite que un grupo de ciudadanos cuestione a través de un juicio una ley votada por todas las fuerzas políticas sin que se acredite que hay un derecho o un daño concreto afectado y, en la misma acción, le atribuya una representación colectiva inexistente para el ordenamiento jurídico argentino. El debate democrático ya se dio en el Congreso y trazó una línea para un acuerdo social básico de derecho a la salud y a la vida, a través de la despenalización y legalización del aborto. 

Los expedientes estaban a la espera de dictamen desde hace un año y medio, pero fueron emitidos dos días después de que el Dr. Rodolfo Barra fuera designado Procurador del Tesoro de la Nación, pese a que aún ejercía como abogado patrocinante de la causa “Fiore Viñuales”. 

El Dr. Barra en su carácter de reciente Procurador del Tesoro tiene un conflicto de interés, de acuerdo a la ley de ética pública, que lo hace incompatible con la defensa de la Ley 27.610. Por eso, corresponde que se excuse de intervenir en las causas contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y en todo asunto relacionado con el derecho al aborto.,En este sentido, hicimos una presentación ante la Procuración del Tesoro de la Nación y pusimos en conocimiento a la Oficina Anticorrupción, en tanto es la autoridad de aplicación de la ley de ética pública.

Desde 2021, del total de acciones judiciales que se iniciaron en contra de la ley, 34 fueron rechazadas por tribunales de diferentes jurisdicciones del país. Sólo 3 llegaron a la Corte, pero no para que decida sobre su constitucionalidad, sino para determinar si quienes promovieron esas acciones tienen legitimación para hacerlo y para representar al colectivo de “personas por nacer”.

Los dictámenes de la Procuración General de la Nación no son vinculantes para la Corte, que puede definir los criterios jurídicos aplicables, sin tomar en cuenta esas recomendaciones. Por eso, la Corte ahora tiene la responsabilidad de volver a situar las acciones colectivas para los propósitos que fueron creadas, evitar que sean forzadas conceptualmente y que se vulneren las garantías del debido proceso. Es su oportunidad de frenar el litigio infundado contra una ley vigente y clave para millones de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. 

Amnistía Internacional Argentina
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)
Fundación Mujeres x Mujeres