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A raíz de los testimonios de ex integrantes de colegios de la red educativa FASTA, salieron a la luz numerosos casos de violencia de género, discriminación, incumplimientos de la currícula obligatoria y abuso de autoridad. Exigimos al Ministerio de Educación de la provincia que estas prácticas violatorias de derechos humanos cesen y que actúe en consecuencia.

Este lunes, acompañando a egresados y egresadas de los colegios de la red educativa FASTA (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino), presentamos una denuncia ante el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, a los fines de ponerlo en conocimiento de ciertas situaciones y prácticas contrarias a la ley ocurridas en dichos centros educativos.

A través de los testimonios de ex-alumnos, ex-alumnas y demás integrantes de la comunidad, se dio cuenta de la discriminación y violencia que habrían ocurrido y ocurrirían en las aulas de dichos colegios. Los testimonios abarcan situaciones de violencia de género, homo-odio, discriminación, abuso de autoridad y negación y defensa de la última dictadura militar argentina.

También se denunció el material de estudio que se les provee a los y las estudiantes por ser falaz, discriminatorio, violento y violatorio de distintas leyes, como la de Educación Sexual Integral, de Actos Discriminatorios, de Salud Sexual y Procreación Responsable, de Identidad de Género, entre otras normativas protectoras de derechos humanos y de los niños, niñas y adolescentes.

Firmaron la denuncia más de 30 egresados y egresadas de los colegios de Fasta, y sumaron su adhesión diferentes organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, personalidades públicas y activistas de derechos humanos.

Le exigimos al Ministerio que tome las medidas necesarias para disuadir las prácticas violatorias de derechos humanos en las que incurren los colegios de la red de FASTA y cualquier otro establecimiento vinculado a la misma, y que tome un rol activo para que los contenidos y materiales de estudio se adecuén a lo dispuestos por nuestras leyes, en materia de educación. También solicitamos que se disponga la creación de una Comisión Provincial de Implementación de la ESI con el propósito de relevar y sistematizar información que permita monitorear a nivel provincial el cumplimiento de la Ley Nº 26.150 de Educación Sexual Integral.

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Autoras

  • Sofía Armando
  • Sofía Mongi

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Se trata del caso de “María Magdalena”, una mujer que llegó con un aborto en curso a la guardia de un hospital y sufrió torturas, tratos inhumanos y violencia obstétrica al ser atendida, y luego no logró acceder a la justicia en la provincia de Tucumán.

En el año 2012, María Magdalena (nombre utilizado para conservar su anonimato) llegó a la guardia de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes con un aborto espontáneo en curso. Las ginecólogas que la atendieron, Claudia Callejas y Alejandra Bereguer, le realizaron un legrado sin anestesia y luego la denunciaron con la policía, acusándola de haberse provocado el aborto.

María Magdalena fue sobreseída en el 2015 y desde entonces ha intentado conseguir justicia. Denunció a dichas médicas por violencia de género y violación del secreto profesional, pero en todas las instancias judiciales de Tucumán se negaron a investigar, y archivaron la causa. 

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en febrero de este año se resolvió que el Poder Judicial de Tucumán debe investigar el accionar médico de las ginecólogas y pronunciarse sobre los hechos denunciados, ya que estos significan una flagrante violación a los derechos de las mujeres.

Desde Fundeps, presentamos un Amicus Curiae exponiendo una serie de argumentos para fundamentar las violaciones de Derechos Humanos que sufrió María Magdalena, y exigir  de esta forma, que se haga justicia. Entre ellos destacamos el derecho a una vida libre de violencias en el marco de la atención de la salud, el cumplimiento de las obligaciones médicas de los y las profesionales de la salud (que derivan de la Ley de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud) y el derecho de acceder a la justicia.

Exigimos al Poder Judicial de Tucumán que cumpla con su deber de garantizar a las mujeres el goce pleno de sus derechos y que sancione a quienes atentan contra estos, haciendo justicia por María Magdalena y todas las mujeres que ven obstaculizado el acceso a servicios esenciales en condiciones seguras y asequibles.

Autora

Sofía Armando

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org 

El presente material es un recursero práctico de nociones básicas sobre la autogestión. Es el resultado de debates y diálogos, cargado de grandes deseos de transformación social.

Junto al Espacio de Economía Feminista de Córdoba y con el apoyo de la Heinrich BÖll lanzamos una serie de 5 encuentros virtuales para reflexionar en torno a otras economías que se centren en la sostenibilidad de la vida. 

El ciclo de webinars sobre Economía Feminista abordará, desde esta mirada, distintas aristas que nos permitirán reflexionar, debatir y compartir saberes y experiencias sobre otras formas de organizar el trabajo, producir, distribuir y consumir que subviertan las lógicas capitalistas y heterocispatriarcales. 

El ciclo nos invita a articular las propuestas de la Economía Social y Solidaria, la Economía Popular, la Economía Ecológica con la Economía Feminista, a fin de pensar otras economías que reemplacen el afán de lucro por el cuidado y sostenibilidad de las vidas humanas y no humanas.

 

1. Herramientas para organizaciones autogestivas y comunitarias. Recursos jurídicos, tributarios y administrativos.

Disponible aquí

 

OCTUBRE

2. Hacia la sostenibilidad de la vida. Diálogos entre las experiencias de América Latina y España.

> Próximo 16 de octubre 10am

INSCRIBITE ACÁ

3. Lo esencial es invisible al mercado. Corresponsabilidad, comunidad y cuidados.

 

NOVIEMBRE

4. Otra(s) economía(s). Diálogos entre la Economía Feminista y las economías Popular, Solidaria y Ecológica.

5. La otra economía existe y sostiene la vida. Conversatorio con organizaciones autogestivas y comunitarias de Córdoba.

En un vivo de Instagram, jugamos y reflexionamos junto a Activando Derechos sobre temas relacionados con la Educación Sexual Integral, como los estereotipos de género, micromachismos, relaciones, vínculos, consentimiento, entre otros.

El pasado jueves 10 de septiembre realizamos una actividad por Instagram junto con el equipo de “Activando derechos” por los Derechos Sexuales y (no) Reproductivos, con el fin de conocer sus actividades y compartir distintas experiencias sobre la implementación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral en las instituciones educativas, de una manera divertida y psicopedagógica.

A partir del contexto actual generado por la pandemia se plantean nuevos modos de enseñar-aprender por medio de la virtualidad. Estos nuevos modos interpelan no sólo a docentes y estudiantes, sino también a las familias. Es en esta nueva coyuntura que se problematiza y piensa la ESI como parte de la currícula y como esencial en tanto derecho de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, su implementación en la actualidad continúa siendo obstaculizada al interior de muchas instituciones.

“Chomaso que hablen por vos”

El encuentro tuvo lugar en InstagramLive y se llevó a cabo de la mano de un juego -tutti frutti- basado en temas de interés que surgieron de una encuesta que habíamos distribuido entre jóvenes. Las categorías con las que jugamos fueron: insultos basados en la orientación sexual o la identidad de género; formas o tipos de relaciones sexoafectivas; estrategias para rechazar a alguien que insiste en buscarte; cosas que no deberían pasar en un vínculo sexoafectivo y consumos culturales LGBTTTIQ+. Estas secciones dieron pie a la conversación entre quienes transmitieron el vivo, que mientras recibían las respuestas del público desarrollaron un breve análisis de cada palabra propuesta.

Después de pasar por varias letras, desde Activando Derechos compartieron algunas reflexiones sobre su trabajo y las experiencias dentro de los talleres que realizan en los colegios junto con niñas, niños y adolescentes. El equipo trabaja con jóvenes en distintas instituciones educativas a partir de un enfoque de derechos y con perspectiva de género, generando espacios colectivos y no adultocéntricos, en donde pueden expresar lo que piensan y sienten, desenvolviéndose en un ámbito de informalidad y confianza.

La importancia de articular

Estos espacios de aprendizaje e intercambio resultan enriquecedores y colaboran con la promoción e implementación de un derecho fundamental para los y las jóvenes, dando lugar a los y las protagonistas a apropiarse de los mismos y ser un componente activo de su propio aprendizaje.

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Autoras

Josefina Gelid

Luz Baretta

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

El día viernes 21 de agosto se llevó adelante junto con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, de manera virtual, el primer conversatorio sobre Interrupción Legal del Embarazo, Pandemia y Telemedicina. Este encuentro tuvo como objetivo repasar la normativa vigente, socializar los diferentes desafíos que se presentan a la hora de implementar la ILE durante la pandemia, las limitaciones que enfrentan profesionales de salud y las ventajas de la Telemedicina.

En el contexto actual de pandemia, la OMS se ha pronunciado considerando que son “servicios esenciales” distintas prácticas sanitarias, tales como la vacunación sistemática, el tratamiento de enfermedades crónicas, y los servicios de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, entre los que incluye la atención durante el embarazo, el parto y la Interrupción Legal del Embarazo. De igual manera lo hicieron las autoridades de salud nacionales y diversas instituciones especializadas en salud. Sin embargo, la falta de información y de medidas por parte de las autoridades competentes, junto a la ausencia de un marco legal claro, dificultan a profesionales de la salud poder cumplir de manera efectiva con las prácticas de la ILE, y a las personas gestantes ejercer derechos que, en la situación sanitaria actual, requieren especial atención a los fines de evitar su avasallamiento.

En el encuentro, del que participaron un total de 40 profesionales de la salud, se habló sobre el marco legal bajo el que se rige la práctica de Telemedicina en Córdoba y Argentina en general, en el contexto particular de la pandemia e independiente de él, se dieron ejemplos prácticos y paralelismos con normativas internacionales. La instancia sirvió también para poner en común distintas experiencias vivenciadas por profesionales, quienes destacaron la importancia y necesidad de espacios para el intercambio de herramientas, información y actualización de conocimientos normativos para el ejercicio de las prácticas de manera segura, tanto para pacientes como para profesionales de la salud intervinientes. 

Presentación de la cartilla “Abortar con derechos durante la pandemia: Interrupción Legal del Embarazo como servicio esencial”

Fundeps presentó en el encuentro un documento que desarrolla los aspectos técnicos y jurídicos que se deben contemplar a la hora de garantizar la Interrupción Legal del Embarazo durante la crisis generada por el coronavirus, con referencias a protocolos y recomendaciones elaborados por la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones sanitarias. Contiene además un apartado sobre el uso de la teleasistencia para la atención de estas prácticas, considerando las modificaciones impulsadas recientemente por la pandemia. El documento es una síntesis de la información actualizada para la atención de la ILE, siguiendo los principios de reducción de riesgos y optimización de recursos.

El intercambio de conocimiento como herramienta fundamental 

Celebramos estas instancias de formación e intercambio con diferentes actores que intervienen en la realización de los derechos humanos, como en este caso, los y las profesionales de la salud. Encuentros como este son fundamentales para que estas prácticas sanitarias se lleven adelante sin riesgos ni temores y de manera completa, informada y segura. 

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Autoras

Irene Aguirre

Luz Baretta

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

La siguiente cartilla desarrolla los aspectos técnicos y jurídicos que se deben contemplar a la hora de garantizar la Interrupción Legal del Embarazo durante la crisis generada por el coronavirus, con referencias a protocolos y recomendaciones elaborados por la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones sanitarias. Contiene además un apartado sobre el uso de la telemedicina para la atención de estas prácticas. 

El martes 5 de agosto enviamos al BID un nuevo documento con observaciones y comentarios sobre el segundo borrador del Marco de Política Ambiental y Social desde una perspectiva de género.

En diciembre de 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- publicó el borrador del Marco de Política Ambiental y Social -MPAS- para modernizar sus políticas ambientales y sociales. En enero de este año, iniciaron las consultas públicas presenciales y virtuales, donde Fundeps estuvo presente. En abril, enviamos un documento con comentarios y observaciones al borrador del MPAS desde una perspectiva de género,que contó con el aporte de otras organizaciones de la sociedad civil. En este documento señalamos, sobre todo, la falta de transversalización de la perspectiva de género en todas las normas de desempeño del borrador MPAS. 

A principios de julio, el Banco publicó el segundo borrador del MPAS  en el cual incorporó algunas de las recomendaciones enviadas por las partes interesadas (sociedad civil, comunidades indígenas, comunidad afrodescendientes) y dio inicio a la segunda fase del proceso de envío de comentarios que finalizó el martes 5 de agosto. Desde Fundeps, analizamos este segundo borrador del MPAS y enviamos un nuevo documento con observaciones y comentarios desde una perspectiva de género, con el objetivo de que se incorporen cuestiones que consideramos fundamentales al contemplar los derechos humanos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas LGTTTBIQ+ en el nuevo marco social y ambiental del BID.  

Entre los principales puntos identificados, encontramos aspectos positivos que han sido incorporados como la referencia a la Norma de Desempeño -ND- 9 sobre igualdad de género en las ND 1 (Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales), ND 2 (Trabajo y Condiciones Laborales), ND 5 (Adquisición de Tierra y Reasentamiento Involuntario)  y ND 10 (Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de la Información). Otro aspecto a destacar es la incorporación de la Convención 190 de la OIT en contra de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo  y el Convenio 100  sobre Igualdad de Remuneración. 

Sin embargo, aún restan muchos aspectos por incorporar que creemos son fundamentales para garantizar la igualdad de género y la transversalización de la perspectiva de género en los proyectos que financia el Banco. Entre las cuestiones necesarias que se deben añadir al nuevo MPAS se encuentra el deber del Banco de incorporar explícita y transversalmente los Tratados, Acuerdos y Convenciones internacionales vigentes y futuros que contemplen los derechos de niñas, adolescentes, mujeres y personas LGTTTBIQ+. Además, el Banco como principal responsable debe transversalizar la perspectiva de género en todo el Marco para evitar la ceguera de género. 

Una cuestión preocupante es el reemplazo de la Política sobre la Igualdad de Género en el Desarrollo por la ND 9. Aquí el Banco debería mantener la vigencia de la Política como complemento de la ND 9 sobre Igualdad de Género. Por último, recalcamos la necesidad de que el BID incorpore la gran diversidad de identidades sexo-genéricas ya que en el MPAS no se mencionan a las personas LGTTTBIQ+ sino que se las identifica como minorías sexuales y de género. Por ello, insistimos en que se enuncia de manera  específica a las personas LGTTTBIQ+  para garantizar la visibilización y reconocimiento de su existencia y derechos. 

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Autora

Sofía Brocanelli 

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org 

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

A principios de julio, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-  publicó el segundo borrador del Marco de Política Ambiental y Social -MPAS- y dio inicio a la segunda fase del proceso de consultas que duró 30 días. El presente documento fue realizado en este marco y contiene observaciones y comentarios sobre el segundo borrador del MPAS desde una perspectiva de género.

El día 21 de julio en el noticiero central del mediodía de Canal 12 de Córdoba, la periodista Fabiana Dal Prá entrevistó a una víctima de violación. Denunciamos ante la Defensoría del Público, su abordaje que fue un ejemplo de violencia mediática y simbólica, mostrando cuánto falta aún de formación en perspectiva de género en los medios de comunicación. 

“¿Te echás la culpa de algo?” pregunta Dal Prá luego de que una mujer de espaldas narrara su dolorosa experiencia, visiblemente conmovida. Dahyana, la joven cordobesa que fue atacada sexualmente en Barrio Ampliación Las Palmas responde de forma contundente que ella no es culpable de nada, que ha sido víctima de un crimen sexual. 

No es la primera vez que la periodista incurre en violencia mediática y simbólica. En 2019, ante el caso de Lautaro Teruel, acusado de abuso sexual a una niña de diez años, calificó el hecho al aire como un “error”. Lo mismo ocurrió en el 2018, al entrevistar a una joven que había sido abusada en inmediaciones del Estadio Kempes, a quien le preguntó, luego del relato de los hechos: “¿Estás arrepentida de cómo reaccionaste?”. 

Este abordaje de los casos de abuso sexual, enfocándose en la culpabilidad de la víctima y cuestionando su accionar, solo logra minimizar el hecho de violencia física y sexual al cuál estuvieron sometidas a través de la revictimización y estigmatización. Este tratamiento es un ejercicio de violencia mediática, no sólo hacia la víctima que se ve expuesta y cuestionada, sino también hacia otras mujeres y feminidades que forman parte de las audiencias y pueden haber vivido situaciones del mismo tipo. El impacto de un accionar periodístico de estas características se ve potenciado por la amplitud en el alcance que tiene el canal y el horario central del programa. 

Tampoco es la primera vez que Canal 12 comete estas formas de violencia de género ni la primera vez que recibe condena pública. Esta reincidencia no hace más que dejar en evidencia la falta de compromiso del medio con la visibilización, prevención y la lucha por la erradicación de los distintos tipos y modalidades de violencia de género. 

Ante esta situación, denunciamos los hechos ante la Defensoría del Público, el organismo administrativo que protege los derechos de las audiencias, para que analice la entrevista e intervenga, haciendo recomendaciones al medio. 

Violencia mediática y simbólica en los medios de comunicación

Los medios de comunicación son actores clave en la construcción y reproducción de sentidos y valores que pueden legitimar o transformar prácticas, conductas y formas violentas de entender el mundo. Son actores que tienen la posibilidad de construir una sociedad más justa y equitativa a través de la deconstrucción de roles y estereotipos de género que violentan a las mujeres y personas LGBTIQ+. 

Lamentablemente no es este el caso, a pesar de estar reconocido por la ley. Estamos, otra vez, ante un medio que sistemáticamente ejerce violencia mediática y simbólica de acuerdo con las definiciones la Ley 26.485 de Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y que también están contemplados en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.  

La violencia mediática es aquella que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

La violencia simbólica es cualquier publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

Para evitar estos tipos de violencia a la hora de abordar casos de abuso sexual, la Defensoría del Público cuenta con una Guía para el tratamiento responsable de casos de violencia contra las mujeres, en donde indica que se debe “prescindir de abordajes que estigmaticen, culpabilicen, descrean y/o sexualicen a las mujeres en situación de violencia”, así como “privilegiar los enfoques centrados en la prevención y en la concientización de la problemática social de la violencia contra las mujeres, prescindiendo de la espectacularización y ficcionalización de los casos.”

Es urgente que los medios de comunicación y los y las periodistas se formen y se sensibilicen para desarrollar una comunicación con perspectiva de géneros, igualitaria y no sexista, pero fundamentalmente, que dejen de lado estas prácticas violentas. 

La única forma adecuada y responsable de abordar mediáticamente la violencia contra las mujeres es partiendo desde una perspectiva respetuosa de los derechos humanos y comprometida con la prevención y la erradicación de las violencias. 

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

El pasado miércoles 27 de mayo, en medio de la emergencia sanitaria que afecta a la Argentina, la comisión bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización aprobó el nombramiento de la periodista Miriam Lewin para el cargo de Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y sólo resta que sea refrendado por quienes presiden ambas cámaras, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. El cargo fue creado por la Ley de Medios y permaneció acéfalo durante la gestión del gobierno anterior.

La inestabilidad política y económica que se vivió en el país en los últimos años implicó un desajuste en los organismos estatales, lo que tuvo como consecuencia dificultades en el normal funcionamiento de los organismos encargados de dirigir y ejecutar políticas públicas de género y comunicación.

Esta situación expuso a la sociedad a vulneraciones de sus derechos. Especialmente si tenemos en cuenta que  los medios de comunicación y las agencias de publicidad son actores esenciales en la elaboración de contenidos. Ostentan un poder no sólo comercial o como instituciones culturales, sino que se establecen como formadores de opinión, productores, reproductores y transmisores de valores, estereotipos, significados y del sentido común, al tiempo que definen aquello que es considerado como relevante, normal, discutible y aceptado o rechazado socialmente.

Los actores que tienen el monopolio de los medios de comunicación y de producción de contenido legitiman las desigualdades de género de manera sistemática mediante los contenidos que difunden. Por esta razón es necesario reclamar al Estado que garantice el empleo efectivo de políticas públicas que velen por el respeto por los derechos humanos, la democratización de los medios de comunicación, que promuevan la igualdad y que eliminen la discriminación. No sólo para derrocar la violencia y la reproducción de estereotipos y violencia de género que se perpetúan dentro de los contenidos que circulan, sino también para la eliminación de las desigualdades estructurales en los espacios laborales de esta industria que afectan en su mayoría a mujeres.

Gracias a la lucha feminista y su agenda hoy no se toleran más las violencias de género y como resultado de los reclamos lograron crear un marco legislativo en el que se contempla la violencia Mediática y Simbólica. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales tienen como meta proteger y custodiar los derechos de las mujeres y las personas LGTBQ+. Además, fueron creados organismos estatales como el ENACOM, el Observatorio de Violencia Mediática y Simbólica del INAM (ahora absorbido por el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad), la Defensoría del Público, el INADI y la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual.

¿Quién es Miriam?

Miriam Liliana Lewin es periodista de investigación con una extensa trayectoria en televisión, radio y gráfica, que incluye trabajos en Telenoche Investiga, Todo Noticias, Radio Nacional y América TV, entre otros. Fue nominada en siete oportunidades al premio Martín Fierro en radio y televisión.

Militó durante los años setenta en la izquierda peronista y estuvo detenida en el centro clandestino de detención Virrey Cevallos y en la ESMA durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). En 1985 fue testigo en el Juicio a las Juntas, continúa declarando en causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad en Argentina y es una activa militante por los derechos humanos y en las luchas del movimiento feminista. 

Como escritora, entre sus obras literarias se encuentra “Ni putas ni guerrilleras” (en coautoría con Olga Wornat) sobre crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención, durante la última dictadura militar. Tuvo su primera edición en 2014, pre #NiUnaMenos, #MeToo y debate sobre el aborto, y es un indicador del interés y convicción por la agenda feminista. 

En varias oportunidades ha expresado su afinidad con el movimiento feminista, participando como disertante en charlas sobre abusos y poder en la sociedad, o haciendo referencia al encuentro de Mujeres y Disidencias, que cada año se realiza en La Plata, destacando el crecimiento significativo y la importancia del movimiento de mujeres, la marea verde, violeta y los grupos que luchan por los derechos en el país.

En diálogo con TN, Lewin se comprometió «a llevar adelante una gestión democrática y participativa, de puertas abiertas tanto para comunicadores como para todos los sectores que sientan vulnerados sus derechos en esta realidad especial. La Defensoría no tiene funciones punitivas. Se trata de que todos los involucrados en el fenómeno de la comunicación puedan verse representados en el mapa de los medios. De ampliar los derechos de todos y todas respetando siempre la libertad de expresión».

Hoy cada vez más los discursos discriminatorios son cuestionados por la sociedad y en ésta línea, el nombramiento de Miriam Lewin constituye a un mensaje esperanzador en relación a la lucha en contra de la violencia mediática que afecta, en su mayoría, a mujeres y personas pertenecientes a la comunidad LGTBQ+. 

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Irene Aguirre
Sofía Mongi

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Hace cinco años, el 3 de junio de 2015, tras la noticia del femicidio de Chiara Páez y frente a la extrema  violencia machista, salimos a la calle y nos embanderamos bajo el «Ni una Menos». Para este año, uno de los lemas es “Nos sostienen las redes feministas”. En el contexto de aislamiento social se desarrollarán diversas actividades virtuales.

Esta consigna representa la lucha contra la consecuencia más extrema de la violencia machista: la muerte. Según datos oficiales, que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2018 fueron 255 las víctimas directas de femicidios. Estos informes se realizan sobre datos del año anterior y la metodología consiste en analizar estadísticamente las causas judiciales en las que se investiga la muerte violenta por razones de género. Según el informe de 2019 hubo 268 víctimas directas de femicidio y de femicidio vinculado y 5 travesticidios y transfemicidios en Argentina.

También se pueden encontrar datos actuales que son elaborados por diversos actores sociales. El observatorio de las violencias de género “Ahora que si nos ven” informó que al 30 de abril de este año se habían producido 177 femicidios.

En el contexto de pandemia y teniendo en cuenta el escenario social frente a la medida del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el Observatorio de femicidios Adriana Marisel Zambrano de la Casa del Encuentro decidió relevar y dar a conocer la cifra de mujeres asesinadas desde el 20 de marzo. Al día 28 de mayo, durante el ASPO se produjeron 57 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas. Los datos revelan que 1 de cada 6 víctimas tenía denuncias previas, que el 71 % fue asesinada en el hogar y el 65 % de los agresores eran parejas o ex parejas de sus víctimas.  

Por su parte la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación manifestó a la Agencia Télam, que durante el ASPO los llamados por consultas al 144 aumentaron en un 40 %. 

Particularmente en Córdoba, el Poder Judicial informó que desde que se declaró el receso extraordinario, al 30 de abril, los Tribunales especializados en violencia familiar y de género dictaron 1803 órdenes de restricción de contacto entre agresor y víctima y 471 exclusiones del hogar a los agresores. 

Ahora, ¿cómo leemos estos datos? La violencia machista encuentra su fuente en la desigualdad entre los géneros y su expresión más extrema en las cifras elevadas de denuncias por violencia y femicidios. Sumado a ello, el contexto de crisis social, profundizado por la pandemia y la herramienta del aislamiento social, recrudecen la condiciones de vulnerabilidad de las personas que viven en contextos de violencia en razón del género.

Las cifras, los reclamos y la vulnerabilidad son un llamado de alarma para poner en jaque las estrategias que desarrolla el Estado frente a la violencia machista. Hace unos días se dió a conocer que la Red de Atravesados por el Femicidio y el equipo de litigio en Derechos Humanos Justicia y Reparación hicieron una presentación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (CEDAW) por el caso del femicidio de Florencia Albornoz. Lo que se plantea en el caso, según se informó, es la falta de protección y acceso a la justicia, por parte del Estado Argentino, en un contexto de violencia de género. 

En este escenario y como logro de la presión ejercida por los movimientos feministas, Tucumán adhirió a la ley Micaela. Ahora rige, a nivel nacional y en todas las provincias la capacitación obligatoria y sensibilización sobre género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, de los tres poderes del Estado. La memoria de Micaela y de tantas otras demanda que esta ley no sea solo un casillero más a completar. La perspectiva de género en las políticas públicas, las normas y el acceso a la justicia debe obligar a visibilizar las desigualdades existentes y generar estrategias para hacer real y estructural la igualdad entre los géneros. Para ello es necesario que se destine el presupuesto necesario y la voluntad política de profundizar en los cambios estructurales. 

Mientras los viejos mecanismos del patriarcado sigan funcionando, los movimientos feministas seguiremos levantando las banderas en las calles y en (las) redes.  

Autora

Ivana Sánchez

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org