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El acceso efectivo a medidas de reparación en el centro del debate del 6to Foro de Naciones Unidas

Como cada año, durante el mes de noviembre se lleva a cabo en Ginebra el Foro de Naciones Unidas Sobre Derechos Humanos y Empresas. Toda vez que tiene lugar este evento, se designa una temática en particular que será la protagonista. Este año, dicha temática tiene que ver con: ‘acceso a mecanismos de reparación’.

El paraguas que ampara esta reunión de alto nivel, está sujeto a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Estos Principios se constituyen como la herramienta existente en la actualidad para regular el accionar de las empresas nacionales y transnacionales respecto de los DDHH. Nacieron de la mano del académico John Ruggie y fueron adoptados por las Naciones Unidas en el año 2011, por el Consejo de Derechos Humanos, a través de la resolución 17/4. Los objetivos del Consejo en ese momento fueron: identificar y clarificar los estándares de responsabilidad corporativa; y clarificar el rol de los estados. Para ello, las guías establecidas se dividieron en 3 pilares fundamentales: el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y el acceso a mecanismos de reparación.

El mandato de estos principios guía es el de “reducir lo más posible  los impactos negativos de empresas sobre los derechos humanos en un lapso corto”. Asimismo, poseen características generales: (a) abarcan a todos los Estados. (b) abarcan a todas las empresas, de todos los tamaños, en todos los sectores y en todos los países. (c) identifican responsabilidades diferentes, pero complementarias entre Estados y empresas. (d) no crean nuevas obligaciones legales, elaboran en base a obligaciones y mejores prácticas existentes para Estados y empresas. (e) se basan en la idea de que no se puede compensar: los impactos positivos no compensan impactos negativos sobre los derechos humanos en otro lugar. (f) son una mezcla de enfoques reglamentarios y voluntarios.

El contexto que vio nacer a estos principios no es diferente al de la actualidad. El accionar de las empresas (aún luego de la adopción de los principios) y sus consecuencias, sigue evidenciando que los marcos normativos nacionales e internacionales no han cubierto el objetivo de proteger los DDHH. Durante el año 2016 hemos asistido a la matanza más grande de defensores y defensoras de DDHH. Alrededor del mundo, comunidades vulnerables han visto violentados sus derechos  (a la vivienda, a la salud, a la vida, a un medioambiente sano, entre otros) a causa del accionar de empresas y corporaciones.

Esta situación ha puesto de manifiesto que los principios rectores aún no han logrado convertirse en un marco efectivo de prevención respecto de las violaciones a los derechos humanos por el accionar corporativo. En este sentido, se comprende por qué en la sesión del Foro de este año 2017 ha puesto su atención en el acceso a la reparación. Este tercer pilar, hace referencia a la existencia de recursos efectivos para víctimas de violaciones de derechos humanos. A nivel estatal se espera que los Estados tomen medidas adecuadas para investigar, castigar y reparar. Por parte de las corporaciones, los principios incentivan la existencia de alertas tempranas que identifiquen impactos negativos y permitan resolver quejas antes que la situación escale a escenarios de mayor daño.

Siendo que actualmente los DD.HH. se encuentran a merced de la actividad empresarial, el rol de los Estados se vuelve fundamental. Específicamente en lo que refiere al fortalecimiento de los marcos normativos a nivel doméstico. Para esto, una parte esencial de las obligaciones de los Estados tiene que ver con: asegurar el acceso a mecanismos judiciales y no-judiciales; y reducir los obstáculos al acceso a la justicia. A este respecto, es necesario remarcar que los mecanismos no-judiciales juegan un rol complementario muy importante. Algunos de ellos incluyen: mecanismos Estatales, instituciones nacionales de derechos humanos, defensores del pueblo, oficinas de quejas, Puntos Nacionales de Contacto (OCDE), entre otros.

La aplicación de los principios rectores por parte de los Estados se ha dado mediante la forma de Planes Nacionales de Acción. Se espera que dichos planes se constituyan como instrumentos que:

  1. – Promuevan una mayor coordinación entre las agencias gubernamentales con involucramiento directo en la temática de empresas y derechos humanos.
  2. – Promuevan la protección de los derechos humanos mediante la debida diligencia en las empresas.
  3. – Identifiquen las prioridades nacionales respecto de esta temática y las traduzcan en políticas públicas concretas
  4. – Garanticen un monitoreo y evaluación de la implementación del plan, de manera continua.
  5. – Se basen en una plataforma de diálogo continuo con todos los actores involucrados (gobierno, empresas y sociedad civil)
  6. – Posean un formato flexible a la cooperación, coordinación e intercambio internacional de buenas prácticas y lecciones aprendidas.
  7. – Fortalezcan la normativa a nivel doméstico.
  1. El resultado del desarrollo de estos planes en todo el mundo deja mucho que desear. Aún quedan muchos Estados que no se han embarcado en este proceso y aquellos que lo han hecho, no han logrado que sus planes promuevan un marco lo suficientemente fuerte para respetar, proteger y/o remediar.

La situación de vulnerabilidad generalizada frente a esta problemática ha traído dudas respecto de la efectividad de los principios rectores, y paralelamente se ha desarrollado un proceso para crear un instrumento jurídicamente vinculante. Durante el Foro, se espera debatir acerca de los roles que ocuparían los principios y el tratado vinculante. A pesar que las opiniones estén divididas (entre aquellos que apoyan a una u otra iniciativa) es necesario aclarar que los principios y el tratado son complementarios. Un instrumento vinculante supone un paso más adelante respecto de las guías rectoras. Para lograr este avance es necesario que se proteja la autonomía del proceso de construcción del tratado ya que en definitiva, ésta iniciativa otorgaría un mayor empuje a los principios rectores, y daría mayor y mejor contenido a los planes de acción.

Más información

– Avanzando hacia tratado vinculante de empresas transnacionales y derechos humanos

– Discusiones en Argentina respecto de un tratado de empresas y derechos humanos

– Participamos de la segunda consulta regional de la CEPAL sobre derechos humanos y empresas

Autora

Agustina Palencia, agustinapalencia@fundeps.org

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Juan Carballo, juanmcarballo@fundeps.org

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La ONU insta a que los bancos aborden los ataques a quienes defienden los derechos humanos

«A través de su financiamiento y apoyo técnico, una compleja gama de instituciones públicas y privadas continúan implicadas en ataques contra defensores«, cita el informe del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los/as defensores/as de los derechos humanos, Michel Forst.

Según Forst, «hay una profunda crisis vinculada a la imposición de modelos de desarrollo que parecen favorecer los beneficios a corto plazo y la mercantilización sobre las necesidades y aspiraciones de las poblaciones locales«. El informe encontró que en muchos casos, las violaciones de los derechos y el conflicto se derivan de la exclusión de las comunidades potencialmente afectadas de las decisiones sobre sus tierras y recursos naturales.»Solo al garantizar el derecho de dichas comunidades a otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado, como se prevé en los acuerdos internacionales, se pueden evitar estos orígenes del conflicto«.

El análisis del Relator Especial se hace eco de algunas de las tendencias y desafíos críticos destacados en un escritopresentado por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo en respuesta a la convocatoria del Relator Especial para el informe. Estos incluyen el creciente papel del sector privado en el desarrollo, la falta de debida diligencia en materia de derechos humanos por parte de los bancos de desarrollo, el creciente uso de intermediarios financieros y la mala ejecución de los procesos de consulta y consentimiento.

El informe del Relator Especial destaca la «urgencia» para que los bancos de desarrollo y otros inversionistas utilicen la debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar posibles riesgos para los defensores e identificar medidas de mitigación antes de tomar decisiones de inversión. Teniendo en cuenta los compromisos de los Estados en materia de desarrollo sostenible, el Relator subrayó que «ahora es el momento de ‘predicar con el ejemplo’ y garantizar que nadie pueda ser asesinado o amenazado por el mero hecho de defender los derechos humanos».

El informe recomienda varias políticas y prácticas concretas que los bancos de desarrollo y otros inversores deberían adoptar para salvaguardar a los defensores:

  • Llevar a cabo evaluaciones de impacto ex ante sobre el entorno propicio para los derechos humanos y las libertades fundamentales en los países de acogida, así como sobre los riesgos de los proyectos para defensores/as de los derechos humanos.
  • Llevar a cabo un monitoreo in situ con experiencia en derechos humanos para todos los proyectos;
  • Utilizar provisiones contractuales para exigir a los clientes que se aseguren de que los/as defensores/as puedan difundir públicamente y de forma segura sus reclamos;
  • Exigir mecanismos de denuncia accesibles e independientes con experiencia en derechos humanos;
  • Monitorear los proyectos de manera cercana en busca de represalias y, en caso de que ocurran, responder pronta y públicamente, incluso ejerciendo influencia sobre los gobiernos para investigar y responsabilizar a aquellos que usan la fuerza contra manifestantes o amenazan a quienes critican los proyectos;
  • Divulgar todos usuarios/as finales de los préstamos de intermediarios financieros y garantizar el cumplimiento de las salvaguardas y los derechos humanos;
  • Retener las inversiones donde las evaluaciones de impacto revelan serias amenazas para las libertades cívicas y para defensores/as.

Los hallazgos del Relator Especial se hacen eco de muchas de las prioridades y recomendaciones de la campaña Defensores/as en el Desarrollo liderada por la Coalición junto con grupos de la sociedad civil de todo el mundo. La campaña está trabajando para garantizar que las actividades de desarrollo respeten los derechos humanos, que los financiadores del desarrollo promuevan un entorno propicio para la participación pública, y que los/as defensores/as puedan defender sus derechos y responsabilizar a los actores del desarrollo sin temor.

Fuente: Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo

Fuente de imágen: Accountability Counsel

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Avanzando hacia tratado vinculante de empresas transnacionales y derechos humanos

La idea de avanzar en un instrumento internacional que responda a los desafíos de regulación que genera el accionar de empresas internacionales toma un nuevo impulso en el año 2013, a partir de la iniciativa de un grupo de países de las regiones de América Latina, Asia y África. A partir de la identificación de numerosos casos de violaciones a los derechos humanos por parte de corporaciones transnacionales, se decidió generar un espacio que permitiese el debate acerca de la creación de un instrumento que fuera jurídicamente vinculante. La declaración realizada en ese momento resaltó que:

El creciente número de casos de abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos por las empresas transnacionales nos recuerda la necesidad de avanzar hacia un marco jurídicamente vinculante para regular el trabajo de las empresas transnacionales y para proporcionar protección, justicia y reparaciones adecuadas a las víctimas de abusos contra los derechos humanos, relacionados con las actividades de ciertas empresas transnacionales y otras empresas.

Hasta el momento, el marco legal que regula el accionar de las empresas internacionales se resume en instrumentos y mecanismos no vinculantes: entre ellos se destacan los Principios Rectores de NU sobre Empresas y DDHH, las directrices de OCDE y el Grupo de Trabajo de NU sobre empresas y DDHH. Dichos instrumentos cuentan con poderes limitados para llevar a cabo el control del cumplimiento de las empresas con los Principios y sólo proporcionan una respuesta parcial a las cuestiones urgentes relacionadas con los abusos a los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. Estos principios y mecanismos no responden adecuadamente a los desafíos de regulación de actores como las empresas internacionales. Además, no logran asegurar el acceso a la justicia frente acciones de empresas transnacionales que impactan en derechos humanos ni a garantizar reparaciones adecuadas para las víctimas.

La resolución 26/9, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 26 de junio de 2014 creó el Grupo de Trabajo que tiene el mandato de “elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos”.

Un instrumento internacional jurídicamente vinculante, adoptado dentro del sistema de Naciones Unidas, dejaría en claro las obligaciones de las empresas transnacionales, tanto en el ámbito de los derechos humanos como frente a los Estados. Asimismo, permitiría establecer reparaciones justas para las víctimas, en casos en los que sea claramente imposible procesar, de manera efectiva, a las empresas con la legislación doméstica.

En los años posteriores a la conformación del grupo intergubernamental (2015 y 2016) se llevaron a cabo reuniones para seguir avanzando en las negociaciones del tratado. En este 2017 se celebra la tercera sesión del grupo buscando delinear un posible texto del instrumento jurídicamente vinculante.

Durante el desarrollo de las dos primeras sesiones tanto las organizaciones de la sociedad civil como los Estados participantes destacaron que:

  1. – Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos no abordaban el núcleo del debate sobre la máxima protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia y reparación.
  2. – Todo instrumento vinculante debía establecer con claridad la obligación de las empresas transnacionales de respetar las normas en materia de medio ambiente, salud y trabajo y el derecho internacional humanitario.
  3. – Se pidió que se incorporara en el instrumento la perspectiva de género, pues las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas transnacionales podrían acentuar las desigualdades previas y tener consecuencias negativas relativas al género.
  4. – Se observó que el proceso del grupo de trabajo guardaba relación con la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
  5. – Las instituciones financieras internacionales también podrían incluirse en el ámbito del instrumento, lo que sería compatible con el derecho internacional.
  6. – Se discutió sobre el tamaño de las empresas a las que debería aplicarse el tratado, tomándose en cuenta las actividades de todas las empresas, pero centrándose en las transnacionales.
  7. – Las ONG coincidieron en reconocer el principio de jerarquía de los derechos humanos sobre otros ámbitos del derecho internacional, en particular las normas sobre comercio y protección de inversión.

Para la sesión de 2017 la sociedad civil ha buscado lograr un mayor compromiso en el camino hacia la creación del tratado. Numerosas organizaciones y movimientos sociales impulsan la generación de este instrumento para finalmente lograr mejores niveles de rendición de cuentas por parte de las empresas transnacionales. Grupos como Stop Corporate Impunity y Treaty Movement han estado involucrados en tratar de incorporar la visión de las organizaciones de la sociedad civil en el texto del tratado. Asimismo, el grupo G77 + China, en su Declaración Ministerial de 2017, recalcaron la importancia y aceptación respecto de la generación de un tratado vinculante; y urgió a los Estados miembros para que participen de la tercera sesión que desarrollaría en Ginebra.

En contraposición, la International Business Community ha destacado que los elementos para incluir en el tratado que propuso el Grupo Intergubernamental, significan un ‘retroceso respecto de los compromisos asumidos a partir de los Principios Rectores’. En este sentido, se destacó que el enfoque casi exclusivo en las empresas transnacionales no tiene en cuenta las graves violaciones a DDHH ocasionadas a partir del accionar de empresas nacionales. De igual forma, recalca que la creación de un instrumento jurídicamente vinculante quita la potestad de los Estados, e incluso los subestima, a la hora de hacer cumplir la normativa vigente. En adición, se acentúa la necesidad de fortalecer las instituciones estatales antes que embarcarse en la creación de un instrumento de estas características.

Desde la generación del Grupo de Trabajo Intergubernamental, el debate se ha centrado en la necesidad de definir el enfoque del tratado. La sociedad civil ha destacado la urgente necesidad de involucrar a las empresas transnacionales, mientras que la comunidad corporativa y los estados de Unión Europea más los Estados Unidos, han rechazado esta perspectiva.

El rol de Argentina frente a la discusión

La posición de Argentina respecto de este tema no ha sido del todo clara. Durante la gestión de Cristina Fernández, la decisión fue abstenerse en la votación para tratar la creación del instrumento vinculante. Ahora bien, bajo la gestión de Mauricio Macri, no hubo oficialización de una postura. Sin embargo, luego de la presentación de un pedido de acceso a la información al Ministerio de RREE y Culto, se recibió una respuesta que evidenció que la República Argentina comparte el interés creciente de la comunidad internacional en vincular la responsabilidad de las empresas con el respeto a los derechos humanos. De igual forma, mantiene un activo compromiso con las iniciativas dirigidas a elevar los estándares en esta materia.

En este sentido, cabe mencionar que pareciese que Argentina se inclina de manera positiva ante esta iniciativa. Asimismo, se puede resaltar que a mediados de este año se presentó una primera versión de un Plan de Acción Nacional para la aplicación de los Principios Rectores sobre DDHH y Empresas.

Durante los días restantes de la tercera sesión, seguirá el debate en torno a la generación de un instrumento vinculante y desde FUNDEPS esperamos que el resultado redunde en un avance sustantivo respecto de las obligaciones de las empresas para con el respeto y la garantía de los DDHH. Asimismo, esperamos que Argentina asuma una posición de apoyo a esta iniciativa y que en ese proceso permita la participación de organizaciones de la sociedad civil y en particular de comunidades que hayan sido impactas por el acciones de empresas transnacionales.

Autora

Agustina Palencia, agustinapalencia@fundeps.org

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Juan Carballo, juanmcarballo@fundeps.org

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Encuentro Global de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo

Del 7 al 9 de octubre de 2017 se llevó a cabo la Reunión 2017 de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, una coalición global de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios de la que formamos parte, y que trabaja para asegurar que todas las instituciones que financian el desarrollo respeten, protejan y cumplan con los derechos humanos.

La agenda del encuentro se centró en fortalecer las relaciones de los miembros y aliados de la Coalición, examinar con detenimiento el actual modelo de desarrollo, identificar las estrategias y modos de colaboración que permitan enfrentarlo con éxito, y establecer prioridades e iniciativas clave para los próximos dos años. Esto, tras un 2016 donde el trabajo de la Coalición y de sus miembros fue muy activo (ver Informe de Impacto 2016 de la Coalición).

Durante el transcurso de tres días, más de 60 participantes de diversas regiones del mundo participaron en debates, actividades y discusiones estratégicas en torno a una serie de cuestiones clave. Entre ellas, se buscó compartir  experiencias, desafíos, lecciones aprendidas, y necesidades futuras en torno a las alianzas de participación comunitaria; se procuró establecer  prioridades para la acción colectiva y para fortalecer las conexiones, colaboraciones y campañas de la Coalición, y se avanzó en la elaboración de un Plan de Acción Colectivo.

En ese marco, se eligieron algunos objetivos de incidencia global como fortalecer el trabajo en género y financiamiento para el desarrollo o monitorear el financiamiento chino a proyectos de desarrollo. Asimismo, se establecieron focos institucionales específicos como el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS o el Banco Interamericano de Desarrollo.

Más información

– Informe de Impacto 2016 de la Coalición

– Página web de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo

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Juan Carballo / Director Ejecutivo de FUNDEPS

juanmcarballo@fundeps.org

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Discusión global sobre mecanismos de rendición de cuentas

El pasado miércoles 30 de agosto, en el marco de la reunión anual de la Red de Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas (IAMNet por sus siglas en inglés) que este año se llevó a cabo en la ciudad de Tesalónica (Grecia), se realizó una mesa redonda de discusión entre representantes de los mecanismos y de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan en agendas de rendición de cuentas, entre ellas FUNDEPS. A su vez, se llevó a cabo un evento de difusión abierta al público donde se presentó el trabajo de la Red IAMNet y las características y mandatos de los principales mecanismos de rendición cuentas de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), entre ellas el Panel de Inspección del Banco Mundial, el MICI del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) o la CAO de la Corporación Financiera Internacional (CFI), entre otros.

Por su parte, las OSC que participaron del evento abordaron las oportunidades y desafíos en materia de rendición de cuentas en las IFIs y el trabajo que se ha venido haciendo desde sociedad civil en materia de rendición de cuentas.

En la mesa redonda se dio una discusión técnica en torno a una pregunta que resulta clave en  relación a la función de este tipo de mecanismos: “¿Puede la Resolución de Disputas ser compatible con los Derechos?”. Recordemos que la mayoría de los mecanismos independientes de rendición de cuentas de las IFIs cuentan con una función de resolución de disputas ante denuncias de comunidades afectadas por proyectos financiados por estas instituciones financieras. En ese sentido, se debatió acerca de los problemas actuales del proceso de resolución de disputas en la forma en la que se desarrolla actualmente; y se procuró plantear cómo debería ser un proceso efectivo de resolución de disputas compatible con los derechos, y cuáles deberían ser sus resultados.

Por otro lado, en los días previos y posteriores al evento mencionado, se llevaron a cabo reuniones estratégicas de dos grupos de trabajo que abordan temáticas y agendas vinculadas al nuestro trabajo en FUNDEPS. Los días 28 y 29 de agosto se realizó la reunión anual de la red EuroIFI y el día 31 de agosto una reunión estratégica del grupo de trabajo IAWG (International Advocates Working Group), del que formamos parte. La Red EuroIFI es una red informal de organizaciones no gubernamentales (ONG) que centran su trabajo  en las IFI, como el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Monetario, entre otros. El IAWG es una red de ONG de todo el mundo que comparte información, lecciones aprendidas, mejores prácticas y estrategias alrededor mecanismos de rendición de cuentas; y apoya a las comunidades que presentan quejas ante estos mecanismos.

Nuestra participación en estos tres eventos ha resultado de gran utilidad, no sólo porque pudimos compartir información y experiencias en materia de rendición de cuentas con actores clave en esta agenda sino también porque nos ha permitido conocer y adquirir mayor información en relación a casos concretos de presentación de quejas ante este tipo de mecanismos. Más aún, teniendo en cuenta nuestro trabajo en materia de mecanismos de rendición de cuentas, y en particular en relación al MICI (ver aquí) y el asesoramiento que estamos haciendo a comunidades en Córdoba y en Bolivia ante la posible presentación de quejas al MICI.

Más información

– Red de Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas

– Video sobre la red IAMnet

– Página web del MICI

– Página web del Panel de Inspección

– Página web de la CAO

– Glass Half Full. The state of accountability in development finance – Enero de 2016

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Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Participamos de las Reuniones de Primavera del Banco Mundial 2017

Del 18 al 22 de Abril se llevó a cabo las reuniones de primavera del Banco Mundial en la ciudad de Washington. El día 20 de Abril presentamos un panel sobre el marco legal de los Proyectos de Asociación Público-Privadas y Proyectos de Infraestructura en América Latina con las ONGs que conforman GREFI.

Spring meetings of the World Bank are being held in Washington, DC from April 18 to 22. On April 20 we presented a panel on the legal framework of Public-Private Partnership Projects and Infrastructure Projects in Latin America with the NGOs that make up GREFI.

Del 18 al 22 de abril tuvo lugar en la ciudad de Washington las Reuniones de Primavera del Banco Mundial. Estos encuentros del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo Banco Mundial (GBM) congregan cada año a autoridades de bancos centrales, ministros de Finanzas y de Desarrollo, ejecutivos del sector privado y representantes de círculos académicos.

El objetivo es debatir temas que generan preocupación en todo el mundo, tales como las perspectivas económicas mundiales, el fin de la pobreza, el desarrollo económico y la eficacia de la ayuda. Además, se organizan seminarios, sesiones informativas regionales, conferencias de prensa y muchas otras actividades centradas en la economía mundial, el desarrollo internacional y el sistema financiero mundial.

En este marco y dentro del Foro de Políticas de la Sociedad Civil presentaremos junto a las ONGs que conforman el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura un panel sobre el marco legal de los Proyectos de Asociación Público-Privadas y Proyectos de Infraestructura en América Latina. Martha Torres Marcos-Ibáñez de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales va a moderar el panel. Los expositores serán Vanessa Torres de Asociación Ambiente y Sociedad, María José Romero de Eurodad, Nancy Alexander de Heinrich Boell Foundation y Heike Mainhardt de Bank Information Center (BIC).

Los proyectos de asociación público-privada (APP) han ganado un papel clave en el desarrollo de proyectos de infraestructura en América Latina. En este contexto el marco jurídico de las APP ha sido profundizado en varios países de la región con el fin de mejorar y promover el uso de esta forma de inversión en la implementación de mega proyectos en América Latina. Cada vez es más común ver cómo el sector privado está asumiendo las responsabilidades y deberes que correspondían sólo al Estado, y el mejor ejemplo es la prestación de servicios públicos y el desarrollo de la infraestructura. En ese sentido, las APP han sido utilizadas por los gobiernos como una poderosa herramienta para impulsar la economía a través del aumento de la infraestructura del desarrollo y como un mecanismo para reducir la brecha de la infraestructura. Este panel pretende informar sobre el marco legal de las APP en América Latina, más precisamente en Perú y Colombia. Se van a desarrollar los instrumentos legales utilizados por el sector privado y el Estado para poner en práctica las APP, y se enfocará en las brechas en el marco legal que generan riesgos ambientales y sociales en la implementación de proyectos de infraestructura bajo la modalidad de APP.

Durante el día 20 de Abril, moderamos también un panel acerca de los mecanismos de rendición de cuentas en las instituciones financieras. Asimismo, participamos en reuniones con el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo y con la Corporación Interamericana de Inversiones.

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Juan Carballo – juanmcarballo@fundeps.org

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Figurita repetida: basura, conflictos y lago San Roque

El proyecto «Centro Ambiental Carlos Paz» presenta graves irregularidades y viola normativas ambientales y de participación. Afectaría al Lago San Roque y no sería una solución regional definitiva a la problemática histórica referida a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.

En la provincia de Córdoba nuestros funcionarios continúan sin dar una respuesta adecuada y comprometida al problema de la gestión de los residuos sólidos urbanos. Como en la elaboración de muchas otras políticas públicas se hace oídos sordos a las recomendaciones de la ciencia, de la técnica y a las necesidades de la ciudadanía.

La gestión de los residuos sólidos urbanos se considera uno de los principales problemas ambientales de nuestra sociedad. Y como consecuencia de esto Argentina cuenta con un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)-AR-L1151 financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Programa financia obras para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (RSU) y la recuperación de áreas degradadas debido a la mala disposición de dichos residuos. El costo total del programa es de 150 millones de dólares dentro del mismo se encuentra el Centro Ambiental Villa Carlos Paz, cuyo nombre ya es tendencioso ya que más preciso sería hablar de un relleno sanitario. Un relleno sanitario es un lugar destinado a la disposición final de basura, en el que se toman múltiples medidas para reducir los impactos al ambiente. En resumen, busca reducir y aislar los residuos y desarrolla mecanismos para tratar los líquidos y gases producidos por efecto de la descomposición de la materia orgánica.

El cuestionado Centro Ambiental Villa Carlos Paz pretende ser un relleno sanitario en donde ahora se encuentra un basural a cielo abierto. El grupo vecinal autoconvocado, se opone a la construcción del relleno sanitario en el lugar seleccionado y aprobado por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba. Desde principios de este año estamos trabajando conjuntamente con vecinos y vecinas de la zona. Los motivos por los cuales exigimos la relocalización de este proyecto de más de 200 millones de pesos son variados. No se han seguido los lineamientos de la ciencia y de la técnica para la elaboración y construcción de este tipo de obras y se están violando normativas ambientales y de participación ciudadana.

En primer lugar, el estudio de impacto ambiental (EIA) presenta inconsistencias.

* Probable desactualización de la línea de base de los estudios: Existe una alta probabilidad de un desfasaje de la descripción de las líneas de base de la calidad de agua, suelo, aire en función del comportamiento de variables naturales y ambientales y de los impactos evaluados. No se conoce la fecha exacta de su elaboración, pero el EIA fue presentado por TecnoMak S.A. el 30 de marzo de 2015, tuvo un dictamen de la Comisión Técnica Interdisciplinaria el 29 de febrero de 2016 y fue sometida a audiencia pública el 6 de abril del mismo año. En este contexto, tanto para la instancia de participación ciudadana como para la ejecución de la obra, el estudio se hizo en un contexto que no es el actual.

* Falta de claridad sobre los fundamentos para la selección de la locación de la obra: es objetable la justificación de la elección del predio para realizar las obras. Para llevar adelante el proyecto la firma TecnoMak S.A. consideró tres posibles predios, sin embargo se desconocen los fundamentos mediante los cuales se optó por su localización en el inmueble del actual basural a cielo abierto. Tampoco son públicos los motivos por los que se descartaron las otras dos alternativas.

* Posibles impactos al lago y a una reserva: Agrava la situación el hecho de que se pretende construir a metros del lago San Roque en terrenos que pueden presentar mayor propensión de filtración o percolado hacia las napas de agua y colindante a un área natural protegida (la Reserva Natural Militar La Calera).

* Utilización de datos censales desactualizados: el EIA utiliza los datos del censo nacional de población del 2008, siendo que existe uno realizado en el año 2010, que demuestra cambios considerables en la cantidad de habitantes de la zona.

En segundo lugar no son claras las resoluciones de la administración que establecen la vida útil del proyecto. El primer dictamen de la Comisión Técnica Interdisciplinaria de la Secretaría de Ambiente -CTI- (del 29 de febrero de 2016) sugiere que “el proyecto de módulo para la disposición final de RSU será como máximo para un uso de seis años”. Además recomienda que la utilización del módulo para la disposición final de RSU recepte sólo los residuos de la localidad de Villa Carlos Paz. Luego de la audiencia pública realizada (6 de abril de 2016), y sin estudios de prefactibilidad públicos, a través de un segundo dictamen de la CTI se decidió ampliar la vida útil del proyecto a veinte años, como así también el número de comunas alcanzadas a las localidades de Villa Río Icho Cruz, Mayu Sumaj, Cuesta Blanca, Tala Huasi, Cabalango y Malagueño.En resumen, se desconocen los motivos por los cuáles se tomó esta decisión, el plano con las coordenadas exactas en dónde se va a construir el relleno sanitario y la cantidad total de módulos proyectados.

En tercer lugar se afectó el derecho a la participación de los ciudadanos y ciudadanas que viven dentro del área de influencia del proyecto. El art. 67 de la ley 10.208 establece que el proceso de audiencia pública se deberá realizar en la zona de influencia del proyecto y de participación abierta. En este caso, la audiencia pública se convocó únicamente en Villa Carlos Paz (Departamento de Punilla), siendo que una de las zonas más afectadas por la proximidad del predio es el municipio de Malagueño, perteneciente al Departamento de Santa María. Además no se previó la posibilidad de convocar a consulta popular atento la posible categorización del proyecto como de alta complejidad ambiental (art. 68 ley 10.208).

Este alarmante proyecto cuenta con licencia ambiental aprobada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia, siendo que el EIA no ha sido elaborado en estricto cumplimiento del marco normativo vigente. El conflicto socio-ambiental es inminente y las obras pueden comenzar en cualquier momento.

El desmesurado crecimiento en el volumen de los residuos en la sociedad actual está poniendo en peligro la capacidad de la naturaleza para mantener nuestras necesidades y las de futuras generaciones. La población y el consumo crece, y como consecuencia, también la cantidad de basura que generamos. El problema es que el espacio no crece y que no le estamos dando el tratamiento adecuado.

Hemos presentado pedidos de información a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de Malagueño y a la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Además, el 8 de mayo acercamos una nota a los funcionarios del BID en Argentina encargados de hacer un seguimiento al programa haciendo saber estas preocupaciones.

Exigimos transparencia, responsabilidad y coherencia en los actos de gobierno. Necesitamos soluciones integrales y a largo plazo para la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Nuestros funcionarios están obligados a cumplir las normas vigentes y a asegurar que se respeten los derechos humanos y el ambiente. No es posible tomar decisiones democráticamente a cualquier costo y sin que importen las condiciones.

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Male Martinez, malemartinez@fundeps.org

María Victoria Gerbaldo, victoriagerbaldo@fundeps.org

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Participamos del taller sobre acciones de incidencia frente a inversiones chinas en la región

Representantes de sociedad civil y de comunidades nativas participaron del taller en la ciudad de Bogotá (Colombia). El resultado fue la elaboración de una agenda que complementa las demandas territoriales de las comunidades afectadas con las propuestas planteadas desde sociedad civil y la academia.

El pasado 17 y 18 de mayo, el taller fue organizado por el por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura y la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación. El taller buscó fortalecer el accionar conjunto de la sociedad civil (comunidades, movimientos y organizaciones sociales, nacionales y locales) que están siendo afectados por proyectos financiados por banca china y qué realizan seguimiento de los impactos sociales y ambientales de estas inversiones en América Latina.

Se abordaron temas relacionados con las políticas sociales y ambientales actualmente implementadas por instituciones chinas, el análisis del financiamiento chino presente en la región, proyectos a los que se destina y la identificación de los impactos de estos proyectos sobre el medio ambiente y los derechos humanos. Asistimos junto a representantes de sociedad civil de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, México, Colombia, Venezuela, Ecuador y representantes de comunidades nativas y campesinas.

Recalcamos la alarmante situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores y las defensoras ambientales en contextos de inversión china en países de la región, quiénes no sólo son criminalizados por la defensa de sus derechos colectivos sino que no cuentan con la debida protección del Estado. Logramos afianzar la Alianza Continental de seguimiento a las inversiones chinas para hacer frente a la estrategia geopolítica que busca mantener el modelo de exportación constante de materias primas en América Latina y el Caribe.

Quienes participamos del Taller coincidimos en que el debilitamiento de los marcos ambientales y sociales de la región no garantiza el respeto de los derechos de las comunidades involucradas en el espacio de influencia de los proyectos que son financiados por la banca china. A esto se le suma el carácter no vinculante de los lineamientos de la banca china. La no existencia de protección a nivel nacional y a nivel de la banca multilateral coloca en una situación de riesgo a las comunidades que están siendo afectadas por la inversión.

Como resultado del Taller se elaboró una agenda de incidencia que reúne y complementa las demandas territoriales de las comunidades afectadas con las propuestas de reforma planteadas desde sociedad civil y la academia. En ese sentido, a nivel internacional se plantea nuevos estándares para las empresas y la banca china que garantice el cumplimiento, una mayor participación y procesos de consulta efectivos; a nivel nacional, una estrategia conjunta que revierta el debilitamiento de la legislación socio-ambiental y brinde garantías de acceso equitativo a la justicia para los defensores y las defensoras ambientales.

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Contacto

María Victoria Gerbaldo, victoriagerbaldo@fundeps.org

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Informe de actividades 2016

El pasado 2016 fue un año de gran crecimiento para nuestra fundación, no solo por el desarrollo de nuestras múltiples agendas de trabajo, sino también, por la consolidación de nuestro equipo de voluntarios.

Diversificamos aún más nuestras agendas de trabajo, logramos potenciar nuestra incidencia social, pudimos posicionarnos en redes e incrementamos la colaboración con nuevos socios.

Como lo hicimos año tras año, continuamos realizando investigaciones, talleres y eventos; participamos de encuentros nacionales e internacionales con múltiples organizaciones; llevamos adelante actividades de monitoreo, incidencia y casos judiciales para avanzar en materia de políticas públicas.

Agradecemos a todos los que formaron parte y confiaron en FUNDEPS. Esperamos que el 2017 nos siga encontrando y trabajando en conjunto en pos de nuestro principal objetivo: continuar creciendo e incidiendo en políticas públicas.

Los invitamos a leer el resultado de un gran año de trabajo, haciendo click en nuestro informe 2016 en el siguiente link bit.ly/FUNDEPS2016; o bien en nuestra página web en la sección «Sobre Fundeps».

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Discusiones en avances en el marco legal que conecta empresa y derechos humanos

El Grupo de Bancos de Thun publicó un documento sobre las implicaciones de los Principios Rectores de las Naciones Unidas para la banca corporativa y de inversión. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil criticamos públicamente esos pleanteos. 

Ante los riesgos que implicaba el documento del Grupo Thun, un grupo de organizaciones de la sociedad civil publicaron una carta abierta criticando muchos de los planteos de ese documento. Firmamos la carta 34 organizaciones académicas y de la sociedad civil de 17 países, entre ellas BankTrack, SOMO, Oxfam, Greenpeace, Global Witness y OECD Watch.

El documento del Grupo Thun desarrolla un marco conceptual para la aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas Transnacionales y los Derechos Humanos para los bancos en un contexto de banca corporativa y de inversión. En este documento se realiza una interpretación errónea del principio 13.

La carta solicita que el Grupo de Thun demuestre que está preparado para participar en el Proyecto de la Agenda Proactiva de la OCDE de buena fe, modificando el documento que publicaron y dejando claro que reconoce y respeta el consejo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los principios rectores son un conjunto de directrices acordadas por la comunidad internacional como una guía que orienta tanto a los Estados en su labor de protección de los derechos humanos, como a las empresas en su deber de respetarlos. Este trabajo fue liderado por el el Profesor Ruggie. Estos principios fueron aprobados el año 2011 por unanimidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En este contexto el 21 de febrero el Profesor Ruggie de Harvard respondió fuertemente al documento del Grupo Thun. Está «profundamente preocupado» por el documento y plantea puntos similares a los de la carta abierta. «Pueden socavar los intentos de los bancos y otros para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos». Además, agrega que:

«Es ejemplar que un grupo de grandes bancos está llevando a cabo un importante trabajo sobre la aplicación de las UNGP a su sector. Pero me temo que la mala interpretación de los elementos básicos de las UNGPs y sus implicaciones en este documento puede dañar seriamente y arriesgar el establecimiento de parte del trabajo innovador que estamos viendo de los bancos individuales. Por lo tanto, insto al Grupo a que reflexione sobre estas cuestiones y considere la posibilidad de publicar un futuro documento más acorde con los elementos básicos de las UNGPs».

El 23 de febrero el coordinador del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas que promueve la aplicación de los Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos, también respondió invitando a los bancos del Grupo Thun a revisar el documento «para alinearlo con las UNGPs”. El Grupo de Trabajo considera que el documento de debate ofrece consideraciones prácticas útiles, para las situaciones en la que los bancos puedan afectar derechos humanos a través de productos o servicios financieros que presten a terceros.

«Los esfuerzos del Grupo Thun para explorar las implicaciones prácticas de las UNGPs son bienvenidos (…) Sin embargo, estos instrumentos de práctica que buscan interpretar el significado de las UNGPs en un contexto específico del sector deben estar sujetos a un proceso de consulta y revisión por parte de otras partes interesadas con el fin de garantizar la exactitud, solidez y legitimidad.»

El Grupo de Trabajo cree que si no se aborda, esto puede causar confusión innecesaria sobre las UNGPs, lo que puede socavar los intentos de los bancos y otros para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos.

Cabe resaltar que el documento de discusión del Grupo Thun fue aprobado por Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit Suisse AG, Deutsche Bank, ING, JPMorgan, RBS, Standard Chartered, UBS Group AG y UniCredit.

El 28 de febrero Christian Leitz en nombre del Grupo Thun respondió al grupo de OSC, al profesor John Ruggie y al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. Manifiesta estar tratando de generar una discusión constructiva entre los bancos y otras partes interesadas pero no ha indicado ninguna voluntad de revisar el documento. Y espera continuar con las partes interesadas en los próximos foros de múltiples interesados discutiendo el documento.

Se ha programado una reunión abierta a todos los signatarios de la carta para el 19 de junio en donde tendrá lugar un diálogo más amplio con el Grupo Thun. El profesor Ruggie ha dicho que considerará participar en esta reunión si se retractan de la premisa de que los bancos no pueden contribuir a dañar a través de sus relaciones con los clientes.

En la contrarrespuesta, desde las organizaciones de la sociedad civil se expresan dos preocupaciones respecto a la reunión de junio. Por un lado, definir una estrategia de participación de los interesados como se comprometió a hacerlo el Grupo Thun en su última reunión pública. Y en segundo lugar, que retire y reconsidere su reciente documento.

Desde FUNDEPS seguimos este proceso y esperamos un cambio en la respuesta que ha brindado el Grupo Thun. Los Principios Rectores sobre las Empresas Transnacionales y los Derechos Humanos se crearon para «proteger, respetar y remediar» derechos humanos y esperamos cooperación de los estados, los sectores privados y la sociedad civil para cumplir los compromisos asumidos.

Más información

Thun Group of Banks releases new Discussion Paper on implications of UN Guiding Principles for corporate & investment banking; commentaries provided

Leading banks under fire for misrepresenting human rights responsibilities

Contacto

Victoria Gerbaldo / Encargada de Proyectos del Área de Gobernabilidad Global

victoriagerbaldo@fundeps.org

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Se conformó el Grupo Consultivo Externo del MICI

En febrero de este año el MICI concluyó el proceso de selección de integrantes de su Grupo Consultivo Externo. Juan Carballo, Director Ejecutivo de FUNDEPS ha sido seleccionado para integrarlo.

Luego de un proceso de selección, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo seleccionó a ocho integrantes que conformarán su Consejo Consultivo Externo (GCE).

La finalidad del GCE consiste en apoyar el compromiso del MICI en torno al cumplimiento de su mandato de rendición de cuentas de manera creíble, eficaz y transparente.

Juan Carballo, nuestro Director Ejecutivo, ha sido seleccionado para integrar el GCE junto a Ana-Mita Betancourt (Estados Unidos), Maximiliano Brandt (Costa Rica), Leonardo Crippa (Estados Unidos), Manuel Morales (Ecuador), Paulina Ibarra (Chile), Andrea Repetto (Estados Unidos) y Melanie Salagnat (México). Los miembros van a participar en forma voluntaria, sin remuneración y el mandato inicial será por un período de dos años.

El GCE tiene planeada su primera reunión para la primera mitad de este año. Esperamos que se tengan presentes en el accionar del grupo las recomendaciones y sugerencias en relación a la membresía, la composición y los objetivos y funciones del GCE que presentamos en su momento.

Desde FUNDEPS, compartiremos con sociedad civil en general las oportunidades de monitoreo e incidencia que brinde el GCE.

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Contacto

Juan Carballo / Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org

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Panorama General de las inversiones chinas en América Latina: Los casos de Argentina, Colombia, México y Perú – Marzo 2017

Esta publicación revisa cuál ha sido la actividad comercial y en materia de inversiones de un país con una actividad económica importante a nivel global y en ascenso como lo es China, hacia la región de América Latina y el Caribe (ALC), mirando más a detalle los casos de Argentina, Colombia, México y Perú. El objetivo particular es brindar un análisis detallado, de las inversiones chinas a nivel nacional en cada uno de los países antes señalados. Para ello, se ahonda en los antecedentes, la situación actual y las tendencias a futuro de las relaciones bilaterales entre cada uno de los países y China en materia de IED. A su vez, se analizan los marcos normativos nacionales, los principales sectores de inversión y se brindan datos de la experiencia de cada una de las organizaciones que participaron en la elaboración del documento en el proceso de investigación, búsqueda de información y monitoreo del financiamiento chino en estos países.

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