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Siete organizaciones de la sociedad civil, entre ellas nuestra fundación, y representantes de seis mecanismos independientes de rendición de cuentas se reunieron en Washington, D.C. el 9 de abril de 2015, para comentar sobre las recientes reformas efectuadas al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación -MICI- (Banco Interamericano de Desarrollo) y al Mecanismo Independiente de Revisión -IRM- (Banco Africano de Desarrollo).

El objetivo del evento, fue intercambiar puntos de vista sobre las tendencias actuales en materia de atención al daño causado por operaciones financiadas por las instituciones financieras internacionales, a través de la resolución de conflictos y verificación de la observancia.

El mismo fue organizado en forma conjunta por los mecanismos de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial (Panel de Inspección -IP-) y la Corporación Financiera Internacional (CAO) y contó con la participación de representantes de los mecanismos del Banco Africano de Desarrollo (AfDB), Banco Europeo de Inversión y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (SECU/SRM).

Por parte de la sociedad civil se contó con la participación de Accountability Counsel, EarthRights International, FUNDEPS (FundaciónFundaciónpara el Desarrollo de Políticas Sustentables), Human Rights Watch, Indian Law Resource Center, ITUC (por sus siglas en inglés, International Trade Union Confederation), Montpelier Consulting, SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations) The Center for International Environmental Law (CIEL), y Transparency International.

Desarrollo del evento

La sesión introductoria fue dirigida por Osvaldo Gratacós (Vicepresidente de la CAO) y Kristen Genovese (SOMO), seguida por una plenaria conducida por Felismino Alcarpe (Director del Mecanismo de Quejas del Banco Europeo de Inversiones). Como parte de esta plenaria Victoria Márquez-Mees (Directora Interina del MICI) presentó los cambios que presenta la Política Actual del MICI, aprobada y vigente desde el pasado 17 de diciembre de 2014. En torno a esto, el Director Ejecutivo de nuestra fundación, Juan Martín Carballo, hizo comentarios sobre los aspectos de la política que favorecen a los posibles reclamantes y los temas donde considera que se puede todavía mejorar, para atender las necesidades de las comunidades potencialmente afectadas. Es importante destacar que con el equipo de FUNDEPS participamos en el proceso de Consulta Pública realizado como parte de la elaboración de la política ahora vigente.

De igual forma, Sekou Touré (Director del IRM) presentó las principales característica de la política aprobada recientemente por el AfDB y Kindra Mohr (Directora de Políticas del Accountability Counsel), quien también participó de manera activa en el proceso de consulta de dicha política, criticó constructivamente el resultado. Posteriormente, el grupo discutió abiertamente las ideas que están rigiendo la academia y el trabajo de campo en la resolución de conflictos, desde la óptica de las organizaciones de sociedad civil.

Por último, la clausura del evento corrió a cargo de Gonzalo Castro de la Mata (Presidente del IP), y Lori Udall (Presidenta de Montpelier Consulting), con comentarios sobre cómo estos encuentros ayudan a fortalecer los vínculos entre los mecanismos de rendición de cuentas y la sociedad civil.

 

Fuente:

– Web oficial del BID

Más información:

Web oficial FUNDEPS: «El BID aprobó la nueva política del MICI. Un Mecanismo más débil y menos confiable

Web oficial FUNDEPS:»FUNDEPS participará en la mesa sobre Mecanismos de Rendición de Cuentas y en las reuniones de primavera del Banco Mundial

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Las reuniones de primavera del Banco Mundial se centrarán principalmente en el proceso de revisión de las salvaguardias sociales y ambientales de la institución. Por otro lado, la mesa redonda reunirá tanto a oficiales y representantes de diferentes mecanismos de rendición de cuentas como a miembros de la sociedad civil que trabajan estas agendas. FUNDEPS realizará una presentación sobre la reciente revisión del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI).  

El próximo jueves 9 de abril en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ubicada en la ciudad de Washington DC, se realizará una mesa redonda de discusión organizada por el MICI. En la misma se abordarán temas relacionados a la actualidad de diferentes mecanismos de rendición de cuentas. Ese día se contará con la presencia de representantes tanto de los propios mecanismos como de la sociedad civil. FUNDEPS ha sido invitada a participar, para lo cual abordará el trabajo realizado en relación a la reciente revisión del MICI y la nueva política aprobada por el BID (ver “El BID aprobó la nueva política del MICI. Un Mecanismo más débil y menos confiable”).

Además de la revisión del MICI, en la reunión se abordará también la reciente  revisión del Mecanismo Independiente de Revisión del Banco Africano de Desarrollo (BAfD) y las principales tendencias en remediación, rendición de cuentas y esfuerzos de mediación desde una perspectiva de la sociedad civil.

Esta iniciativa resulta una importante oportunidad para que los representantes de los principales mecanismos de remediación y de la sociedad civil aborden la actual situación en materia de rendición de cuentas de los Bancos de Desarrollo, y pongan en común experiencias de trabajo y posiciones, a fin de promover una mayor efectividad, accesibilidad y difusión de estos mecanismos.

Seguimiento al proceso de revisión de las salvaguardias ambientales y sociales del banco Mundial en las Reuniones de Primavera

Por otro lado, FUNDEPS participará en una serie de eventos, reuniones estratégicas de la sociedad civil y reuniones de incidencia con Directores Ejecutivos en el marco de las Reuniones de Primavera del Banco Mundial. Las mismas se llevarán a cabo en la semana del 13 al 17 de abril en la ciudad de Washington.

En dicho evento, las discusiones principales girarán en torno al proceso de revisión de las salvaguardias ambientales del Banco Mundial, que está entrando en su fase final (ver “FUNDEPS participa en las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI, dominadas por la revisión de las Salvaguardias ambientales y sociales del Banco Mundial”). También se revisarán las acciones a desarrollar frente a las próximas Reuniones Anuales 2015 del Banco Mundial, que se llevarán a cabo en el mes de octubre de este año en la ciudad de Lima, Perú.

 

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Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Resultaba previsible la caída definitiva del financiamiento por parte del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), para la construcción de los cinco gasoductos que atravesarían la provincia. El nuevo panorama incluye la posibilidad de financiamiento chino el cuál se caracteriza, al igual que el del BNDES, por la falta de transparencia y regulaciones socioambientales.

El anhelado “Proyecto de Gasificación de Localidades del Interior de la Provincia de Córdoba”, impulsado en 2008 bajo la gestión de Juan Schiaretti encontró finalmente un desenlace abrupto pero previsible. El financiamiento de 257 millones de dólares, que iba a significar la posibilidad de acceso al gas natural a más de 80 localidades cordobesas, ya había sido aprobado por el BNDES. Sin embargo, debido a mala relación existente entre el gobierno provincial y el nacional, se cayó de manera definitiva en las últimas horas. Como era de prever, la entidad bancaria le comunicó a las autoridades del gobierno de Córdoba que los plazos para llevar a cabo el desembolso de los fondos se habían vencido, dando por finalizado el mismo.

El retraso en la firma del aval al financiamiento por parte del Ministerio de Economía de la Nación, así como también los recientes casos de corrupción en Brasil que salpicaron el proyecto (ver aquí), constituyeron una serie de trabas y contratiempos que dilataron los procesos burocráticos y el posterior incumplimiento de los plazos.

A pesar de ello, y dado el carácter estratégico que reviste una obra de tal magnitud para la provincia, resulta probable que en un futuro cercano, las autoridades busquen financiamiento internacional proveniente de otros actores. Incluso ya se ha comenzado a mencionar la posibilidad de financiamiento chino para la realización de la obra. Este caso en particular esta contextualizado por una tendencia general a nivel nacional, de una fuerte disminución de financiamientos provenientes del BNDES en desmedro de aquél proveniente de los bancos chinos (ver aquí). Justamente la presencia china en la región a través de inversiones en infraestructura y otros rubros, se encuentra en crecimiento siendo una de sus prioridades dentro de su política exterior (ver aquí). En este marco, no resultaría extraño que los fondos para la ejecución de la obra terminen proviniendo finalmente de la República Popular de China. Más aún, si tenemos presente las buenas relaciones entre ambos gobiernos y los recientes acuerdos celebrados entre nuestro país y el gigante asiático.

Más allá de cuál sea el origen final del financiamiento, resulta importante que la sociedad civil cordobesa se asegure que el proyecto se diseñe e implemente teniendo en cuenta los correspondientes estándares de transparencia, participación y protección de los derechos humanos y el ambiente. Requisitos y estándares que, por lo general, resultan difíciles e incluso imposibles de hallar en el accionar tanto del BNDES como de los propios bancos chinos (ver aquí).

 

Más información:

“Se cayó de manera definitiva el proyecto de los gasoductos”, La Voz del Interior – 10-03-2015.

“La Argentina nao-tem financiamiento: se derrumbo el crédito del Bndes al país”, Perfil.com – 07-03-2015.

“Financiamiento del Proyecto de gasoductos troncales de Córdoba bajo sospecha de estar vinculado a caso de corrupción”, FUNDEPS – 26-12-2014

“China y su creciente rol en el financiamiento para el desarrollo en Latinoamérica”, FUNDEPS – 17-09-2014

“Un año clave para la transparencia en el BNDES”, FUNDEPS – 06-02-2014

 

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– Gonzalo Roza, Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

A pesar de la universalidad de los derechos humanos, gran parte de los Estados continúan interpretando sus obligaciones como aplicables solamente dentro de su propio territorio. Esto ha provocado un vacío importante en la protección de estos derechos, por lo que se han desarrollado una serie de principios que pretenden aclarar cuáles son las obligaciones extraterritoriales de los Estados en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Las “obligaciones extraterritoriales” (ETO, por sus siglas en inglés) son aquellas obligaciones que tienen los Estados como consecuencia de sus actos u omisiones, que impactan en el disfrute de los derechos humanos fuera de sus propios límites territoriales. Si bien las mismas han adquirido mayor relevancia como consecuencia de los efectos de la globalización, los Estados aún muestran una fuerte tendencia a limitar sus obligaciones a su propio territorio. Esto ha provocado importantes vacíos en la protección de los derechos humanos, particularmente para el caso de las empresas trasnacionales y de las organizaciones intergubernamentales, como por ejemplo las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs).

En consecuencia, desde el año 2011, y gracias al esfuerzo de expertos y expertas internacionales en los principios subyacentes de las ETO, existe un conjunto de principios conocidos como Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.Actualmente, estos principios constituyen una opinión internacional experta, que aclara las obligaciones extraterritoriales de los Estados en base al derecho internacional vigente.

Relación de las ETO con las IFIs y las empresas trasnacionales

En este marco, ocurre que los Estados recurren con frecuencia a IFIs con la finalidad de solicitar financiamiento para sus proyectos, muchos de los cuales son pasibles de provocar violaciones a los derechos humanos, no solo en el territorio del Estado que solicitó el financiamiento sino también fuera de él. No obstante, es importante aclarar que el derecho internacional no permite que los Estados ignoren -ni trasgredan- sus respectivas obligaciones de derechos humanos, a través de la utilización de las IFIs como agente que no cumple, en sus prácticas, las obligaciones propias de los Estados. En ese sentido, el principio de Maastricht número 15° se refiere expresamente a las obligaciones de los Estados como miembros de las organizaciones internacionales, estableciendo que:

“Un Estado que transfiera competencias o participe en una organización internacional debe adoptar todas las medidas razonables para garantizar que la organización actúe conforme a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de dicho Estado.” (Principios de Maastricht, punto 15°)

Es decir, que los Estados no pueden evadir sus obligaciones amparándose en el justificativo de que las acciones son desarrolladas por las IFIs. Por el contrario, como miembros de dichas organizaciones, deben tomar las medidas que estén a su alcance para que las actividades de las mismas sean coherentes con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Un análisis similar es aplicable para el caso de las empresas trasnacionales originarias de un Estado, pero cuyas actividades pueden tener efectos sobre los derechos humanos de las poblaciones donde operan. En este caso, el punto 24° de los Principios de Maastricht resalta la obligación de proteger o regular que tienen los Estados, al establecer que:

“Todos los Estados deben adoptar las medidas para asegurar que los actores no estatales que estén en condiciones de regular […] incluyendo individuos y organizaciones privadas, empresas trasnacionales y otras empresas comerciales, no anulen o menoscaben el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”. (Principios de Maastricht, punto 24°)

Esto implica que un Estado no puede desentenderse de las acciones y obligaciones de sus empresas trasnacionales que operan fuera de su propio territorio. Por el contrario, deben encargarse de regular y supervisar sus actividades, sobre todo aquellas que se relacionen con los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

De esta manera, los Principios de Maastricht establecen que los Estados deben procurar por sus medios, lograr el mayor grado satisfacción posible de los DESC; los que abarcan cuestiones básicas para la dignidad humana como la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y el acceso al agua, entre otras. Los Estados contribuyen en la garantía de los mismos a través de sus actos u omisiones, de las decisiones que apoyan en los órganos de gobierno de las IFIs, y de la regulación y supervisión de las acciones de sus empresas trasnacionales.

En este contexto, la sociedad civil debe abogar por el reconocimiento y acatamiento de los Principios de Maastricht, ya que sin el cumplimiento de las obligaciones extraterritoriales, los derechos humanos no pueden asumir su papel como base legal para la regulación de la globalización, ni asegurar la protección universal de todas las personas y grupos. Por lo tanto, uno de los retos actuales consiste en encontrar la manera de abordar la inmunidad que se atribuyen las IFIs y su consecuente falta de rendición de cuentas.

Este tipo de avances en materia de derecho internacional, y en relación a la  protección de los derechos humanos, resulta relevante en el marco del trabajo de FUNDEPS. Tanto desde el punto de vista global al considerar, por ejemplo, las obligaciones de los Estados que conforman las IFIs; como desde el punto de vista local, teniendo en cuenta las violaciones a los derechos humanos en el ámbito local, que pueden provocar las acciones de las empresas trasnacionales o los proyectos financiados por las IFIs.

 

Más información:

Página web del Consorcio ETO

Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

 

Yamile Najle – Co-coordinadora de Área de Derechos Humanos

yamilennajle@fundeps.org

Como parte del Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura, se profundiza el trabajo de seguimiento de esta discusión, que tiene implicancias en los tipos de proyectos apoyados por el Banco Mundial.

FUNDEPS continua su trabajo de monitoreo de las discusiones sobre estándares socio-ambientales del Banco Mundial, como ya lo hiciera en la reunión anual de esa entidad.

En esta ocasión y con una perspectiva regional, organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales de América Latina y el Caribe han manifestado su gran preocupación y descontento respecto al proceso de revisión de las Políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco Mundial, así como con el actual borrador de la nueva Política Ambiental y Social y con los Estándares Ambientales y Sociales, que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF (que hace parte del Grupo del Banco Mundial) ha publicado. Asimismo, resaltan la escasa receptividad por parte del Banco, sobre los comentarios y sugerencias que hemos enviado respecto a este tema en anteriores oportunidades. (Acceder al «Posicionamiento de la sociedad civil de América Latina y el Caribe sobre la nueva Política de Salvaguardas Sociales y Ambientales del Banco Mundial»).

Recordamos que esta propuesta ya fue criticada por relatores y relatoras de derechos humanos del sistema de prorección universal de derechos humanos. De acuerdo a los relatores de derechos humanos las modificaciones propuestas “parecen moverse en la dirección opuesta al progreso” ya que reducirían las garantías de índole social y ambiental que esta entidad financiera requiere al momento de otorgar préstamos, especialmente en materia de derechos humanos. Según afirman, el documento “parece evitar cualquier referencia significativa a los derechos humanos”. (Más información y enlace al documento de relatores y relatoras de derechos humanos).

 

Más información:

-«Posicionamiento de la sociedad civil de América Latina y el Caribe sobre la nueva Política de Salvaguardas Sociales y Ambientales del Banco Mundial»

– Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura

 

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– Gonzalo Roza, Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org

Prácticamente sin tener en cuenta los comentarios y sugerencias de la sociedad civil, el BID aprobó la nueva política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). Si bien incorpora algunos pocos aspectos positivos, implica un retroceso en el proceso de fortalecimiento del MICI iniciado en 2010.

El pasado 17 de diciembre de 2014, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó por consenso la nueva política del MICI, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación con el que cuenta el Banco y que tiene como objetivo responder a las inquietudes y quejas de individuos o comunidades afectadas por “algún daño sustancial, adverso y directo como consecuencia de un posible incumplimiento por parte del Banco de alguna de sus políticas operativas en una operación financiada por la Institución” [1] y, a través de ello, mejorar los resultados sociales y ambientales de sus operaciones.

De acuerdo a lo establecido por el propio Banco, el objetivo de la reciente revisión de la política del MICI, iniciada en agosto de 2013 y finalizada recién a fines del 2014, consistía en “asegurar que el Mecanismo esté organizado y cuente con el personal para satisfacer las necesidades actuales y futuras, y que tenga la estructura, política y procesos apropiados para funcionar de manera efectiva”.[2]

Sin embargo, la aprobación de la nueva Política no ha hecho más que confirmar la fuerte preocupación de una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil que veían en la revisión una clara y deliberada posibilidad de debilitamiento del Mecanismo, y un retroceso en el proceso de fortalecimiento del mismo, iniciado en 2010.

A su vez, a lo largo de todo el proceso de revisión que implementó el Banco se han podido apreciar una serie de irregularidades y falencias; en especial respecto a las consultas públicas y la incorporación de comentarios de la sociedad civil, que ponen en duda la legitimidad de todo el proceso.

El BID no solo ha hecho oídos sordos a los reclamos de un grupo de organizaciones por asegurar un proceso de consulta efectivo y participativo para la segunda fase de revisión del Mecanismo, sino que, peor aún, pareciera que prácticamente no ha tenido en cuenta los comentarios y sugerencias realizados por la sociedad civil en relación al Borrador de la Política Revisada del MICI.

Un claro ejemplo de ello lo constituye el documento de Comentarios al Borrador de la Política Revisada que FUNDEPS, junto a un grupo de más de 20 organizaciones de la sociedad civil de diferentes países del mundo enviaron al Banco en Septiembre pasado, en el marco de la segunda fase de la consulta pública. De los más de 45 comentarios  sugiriendo mejoras para el Mecanismo realizados en dicho documento, solo han sido tenidos en cuenta 3 de ellos en la nueva Política, y solo parcialmente.

Además, resulta poco probable que se hayan tenido en cuenta las sugerencias del resto de los individuos y organizaciones de diversos países de la región y el mundo que enviaron sus comentarios en el marco de la consulta pública (un total de 43 documentos con comentarios escritos, de acuerdo al Banco) ya que el documento de la nueva Política es prácticamente igual al del Borrador proporcionado para la consulta, salvo por algunas escasas modificaciones. Si se analizan comparativamente ambos documentos se podrá apreciar que los textos son prácticamente idénticos, con escasas incorporaciones sustanciales; la gran mayoría de los cambios son sólo de redacción y los cambios de fondo no superan los 15 casos, muchos de los cuáles ni siquiera incorporan mejoras realmente sustanciales en aras de conformar un mecanismo más efectivo y eficiente.

A esto se suma el hecho de que muy pocas de las recomendaciones y sugerencias vertidas por la sociedad civil durante la primera fase de consultas públicas fueron efectivamente contempladas en el Borrador de la Política Revisada, tal como se puede apreciar de un análisis comparativo entre el documento Borrador y dichos comentarios, accesibles a través de la página web del Banco.

Frente a este escenario, cabe preguntarse cuál es la verdadera relevancia que el BID le da a las consultas públicas que lleva adelante: ¿El Banco realmente toma en cuenta los comentarios realizados por las numerosas organizaciones e individuos de la sociedad civil que invierten su tiempo, esfuerzo y recursos en aras de buscar mejorar el funcionamiento de la Institución?…¿o las mismas sólo constituyen un mero procedimiento que el Banco realiza únicamente como requisito necesario para legitimar sus acciones, sin tomar realmente en consideración lo planteado por la Sociedad Civil en dichos espacios?

Los cambios en la nueva política

La nueva Política propuesta por el Banco contempla una serie de importantes cambios en cuanto a la estructura y funcionamiento del Mecanismo, entre los que destacan:

Estructura: Se redefine la estructura del Mecanismo, lo que incluye:

  • A partir de ahora estará encabezado por un Director del MICI, quien reportará al Directorio Ejecutivo del Banco y será responsable de toda la oficina y el personal administrativo y operativo del MICI, incluyendo a los dos Coordinadores de Fase, que trabajarán bajo la supervisión del Director.
  • El Coordinador de la Fase de Consulta sustituye a la figura del Ombudsman de Proyectos.
  • El Panel de Verificación de la Observancia deja de ser permanente, y pasará a conformarse por el Coordinador de la Fase de Verificación de la Observancia (quien actuará como presidente del Panel) y dos expertos independientes contratados ad hoc para cada caso de una lista o Roster de expertos.
  • El Director del MICI será nombrado por el Directorio Ejecutivo mientras que los Coordinadores de Fase serán nombrados por el Director.
  • Se elimina la figura de Secretario Ejecutivo del MICI;

Funcionamiento: Se introducen diversas modificaciones, entre las que destacan:

  • Cambios en el Procesamiento de la Solicitud y los requisitos y contenidos requeridos.
  • Alcance: limita la cobertura a las operaciones financiadas por el Banco desde la aprobación por el Directorio (la política anterior cubría también las operaciones financiadas antes de su aprobación por el Directorio) y solo hasta los 24 meses (2 años) posteriores al último desembolso.
  • Se procura simplificar el proceso de Elegibilidad de las Solicitudes estableciendo una única elegibilidad conducida por el Director del MICI, en consulta con los Coordinadores de Fase.
  • Se elimina el requisito de secuencia para el caso en que el Solicitante desee ir directamente a la Fase de Verificación de la Observancia, pero se mantiene para el caso que se opte por ambas Fases.
  • Se establecen plazos para todas las etapas para reducir los tiempos de respuesta.

Vale destacar que la nueva política incorpora una serie de disposiciones que, si bien escasas, resultan positivas en relación a la anterior política, como por ejemplo:

  • Los cambios en la estructura del Mecanismo en procura de hacerlo más efectivo;
  • La unificación de los procesos de elegibilidad del proyecto en un único proceso conducido por el Director del MICI;
  • La posibilidad de realizar visitas sobre el terreno en el país donde se lleve a cabo el proyecto (durante la Fase de Elegibilidad);
  • La intención de hacer más estructurado y transparente el proceso de Registro de las Solicitudes;
  • La posibilidad de que los Solicitantes puedan optar ya sea por la Fase de Consulta, por la de Verificación de la Observancia, o por ambas, eliminando el requisito de secuencialidad cuando los Solicitantes quieran recurrir directamente a la Fase de  Verificación de la Observancia;
  • La conformación de un Roster de expertos de donde se seleccionarán los dos miembros ad hoc del Panel que acompañarán al Coordinador de la Fase de Verificación de la Observancia en cada caso particular.

De todas maneras, y más allá de estos escasos aspectos positivos, la nueva Política representa en términos generales, un fuerte debilitamiento del Mecanismo, sobre todo en materia de Accesibilidad e Independencia, aspectos cruciales para lograr un instrumento efectivo y eficiente. Así, la nueva Política del MICI establece disposiciones que ponen en jaque la  independencia del Mecanismo además de crear una gran cantidad de obstáculos innecesarios para acceder al mismo y hacer mucho más complicada la presentación de una Solicitud por parte de los afectados. (Para ver en detalle algunas de las principales críticas y sugerencias realizadas por un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del proceso de revisión del MICI, ver el siguiente Documento).

La nueva Política no solo significa un fuerte retroceso en el proceso de fortalecimiento del Mecanismo llevado a cabo a partir del reemplazo del antiguo e ineficiente MII (Mecanismo de Investigación Independiente) por el MICI; sino también en relación al resto de los mecanismos de rendición de cuentas existentes en otras Instituciones similares al BID. Mientras la mayoría de los mecanismos de dichas instituciones tienden a facilitar y promover el acceso a sus mecanismos; el BID está pretendiendo hacer lo opuesto estableciendo un mecanismo poco accesible, poco independiente y por tanto, muy poco confiable y efectivo.

De esta manera, el BID inicia el año 2015 dando un preocupante paso atrás en relación al MICI, un instrumento de gran relevancia para la protección del ambiente y los derechos humanos en los países donde el Banco actúa. Será responsabilidad de la sociedad civil procurar que, más allá del debilitamiento en la redición de cuentas del BID que plantea la nueva política, el Mecanismo funcione de la manera más efectiva y eficiente posible; y FUNDEPS seguirá trabajando en pos de ese objetivo.

Más Información:

Página web del MICI

Nueva Versión Aprobada del MICI – 17 de diciembre de 2014

Borrador de la Política Revisada del MICI – Junio de 2014 (sometido a consulta pública en la segunda fase)

Comentarios al Borrador de Política Revisada del MICI – Septiembre de 2014 (enviado al Banco por más de 20 Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco de la Segunda Fase de Consultas Públicas

Resumen de los Principales Cambios Propuestos para la Segunda Fase

Política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación 2010 (antigua política).

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org


[1] Ver sección del MICI en la página web del BID: http://www.iadb.org/es/mici/inicio,7736.html
[2] Documento “Revisión de la estructura y la política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI): resumen de los cambios principales”. 30 de julio de 2014. BID. Pp. 1. Disponible en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38964287

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Iniciativa de Acceso (TAI) se suman al proceso de elaboración del instrumento regional a través de contribuciones al Documento Preliminar en relación al Derecho de Acceso a la Participación Pública.

Durante la Cuarta Reunión de los Puntos Focales Designados por los Gobiernos de los Países Signatarios de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe celebrada del 4 a 6 de noviembre de 2014 en Santiago de Chile, se aprobó el documento denominado “Decisión de Santiago”, en el cual se solicitó a la CEPAL preparar un borrador preliminar del instrumento regional y se invitó a los países signatarios y no signatarios y al público a que envíen contribuciones para la elaboración del documento preliminar.

En forma conjunta FUNDEPS, CEMDA y TAI se comprometieron a participar en este proceso de construcción regional y en estos días han enviado un documento en donde se reflejan los aportes relacionados al derecho de acceso a la participación pública. El trabajo en conjunto se organiza en diferentes ejes, específicamente referidos al derecho a la participación: Lineamientos, Tipos de actividades, Mecanismos e instrumentos para la participación del público, Facilitación de la participación del público, Acceso a la información, Consideración de las observaciones del público y fundamentos de la decisión adoptada y Consideración especial a grupos específicos o vulnerables.

Para la elaboración de este documento se ha trabajado teniendo en cuenta los “Contenidos de San José” los cuales reflejan los parámetros mínimos que deberían tenerse en cuenta al momento de elaborarse el convenio: la apertura e inclusión en la participación, la autonomía para organizarse y participar, el respeto a la diversidad cultural, la corresponsabilidad entre el gobierno y el público, la institucionalidad para garantizar la efectiva y transparente ejercicio de este derecho, instancias y mecanismos de participación.

Estos aportes cuentan con un modelo de propuesta de redacción para el documento y además se citan ejemplos de legislaciones de la región de América Latina y el Caribe a fin de que la CEPAL y los Estados signatarios cuenten con ejemplos concretos relativos a cada uno de los contenidos aportados a la hora de la elaboración del instrumento regional.

FUNDEPS espera que estos aportes contribuyan para la elaboración del Convenio Regional para América Latina y el Caribe a los fines de afianzar los derechos de acceso en materia ambiental.

Más información:

– Contribuciones en participación publica al Convenio Regional sobre Principios de Acceso

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En el marco de las modificaciones propuestas a las salvaguardas sociales y ambientales del Banco Mundial, un numeroso grupo de relatores de derechos humanos de la ONU realizó duras críticas a las mismas, solicitando a través de una carta dirigida al Presidente del Banco Mundial, que los derechos humanos sean debidamente considerados en las garantías exigidas por la institución financiera.

El pasado 16 de diciembre, 28 relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas enviaron de manera conjunta una carta al Presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim realizando severas críticas a las modificaciones propuestas por dicha institución. Estas modificaciones se encuentran en plena discusión y ha sido objeto del trabajo de FUNDEPS. De acuerdo a los relatores de derechos humanos las modificaciones propuestas “parecen moverse en la dirección opuesta al progreso” ya que reducirían las garantías de índole social y ambiental que esta entidad financiera requiere al momento de otorgar préstamos, especialmente en materia de derechos humanos. Según afirman, el documento “parece evitar cualquier referencia significativa a los derechos humanos”.

El relator sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip G. Alston, sostuvo que la principal razón de esta modificación parece ser un intento del Banco Mundial para competir con iniciativas de financiamiento alternativas (financiadas mayormente por China, Rusia e India) que no aplican estas salvaguardas mínimas. No obstante, Alston expresó que esta razón no es suficientemente válida como para reducir las garantías existentes, ya que el Banco Mundial por su carta fundacional se encuentra formalmente comprometido a la eliminación de la pobreza extrema y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en países en desarrollo, y la persecución de estos resultados no se conecta lógicamente con las modificaciones propuestas

Los redactores de la misiva plantean que la comunidad internacional ya ha aceptado que el desarrollo y los derechos humanos son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Es por eso que –coincidentemente con el derecho internacional – sostienen que el Banco Mundial debe considerar la relevancia de los derechos humanos en los objetivos de sus programas, como así también incorporarlos dentro de sus exigencias.

Por último, después de realizar una enumeración de fundadas críticas en un anexo a la carta enviada al Presidente de la institución, los redactores de la misma, recomiendan que el Banco Mundial debería financiar solo proyectos que satisfagan los requisitos establecidos, evitando apoyar aquellos que incumplan con las obligaciones sobre derechos humanos. En el proceso de análisis de cada proyecto deberían recurrir a información no sólo brindada por quien recibe el préstamo, sino que también sería el Banco quien debería realizar las investigaciones pertinentes, teniendo en consideración los grupos afectados o potencialmente afectados, como así también los grupos defensores de derechos humanos y organizaciones civiles. En este contexto, remarcaron que muchos grupos vulnerables siguen sin protección en los proyectos del Banco Mundial, algo que fue objeto de protestas en las últimas reuniones anuales del Banco Mundial. De la misma manera, sostienen que las modificaciones propuestas deben utilizar un lenguaje más estricto que goce de claridad y precisión minimizando la discrecionalidad a la hora de otorgar financiamiento.

Desde FUNDEPS continuaremos participando en estas discusiones globales, intentando asegurar que el Banco Mundial establezca estándares respetuosos de derechos humanos en sus procesos operativos.

Más información:

Carta de Relatores de Derechos Humanos al Presidente del Banco Mundial – Salvaguardas – INGLÉS

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Gonzalo Roza, Coordinador de Área de Gobernabilidad Global
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El reciente caso de corrupción en Petrobras que sacude a Brasil ha salpicado el proyecto de los gasoductos troncales para la provincia de Córdoba que cuenta con financiamiento, aún no desembolsado, del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES). Este caso representa un ejemplo más de la necesidad de transparentar el accionar de esta institución, sobre todo en sus operaciones fuera de Brasil.

A comienzos de 2008, durante la gestión del por entonces gobernador Juan Schiaretti, se decidió impulsar el Proyecto de Gasificación de Localidades del Interior de la Provincia de Córdoba. En caso de concretarse, el mismo consiste en la construcción de 5 gasoductos troncales (Norte, Centro, Sur, Este y Ruta 2) con una extensión total de 1.667 kilómetros que atravesarán la provincia y llevarán gas natural a más de 80 localidades del interior provincial que actualmente carecen de acceso a dicho servicio. Para la realización del proyecto el gobierno provincial gestionó y obtuvo,  un financiamiento por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) de 257 millones de dólares.  En octubre de 2008 se llamó  a  licitación pública internacional de la obra, la cual fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas (UTE). La misma está conformada por la constructora brasilera Andrade Gutiérrez y las empresas argentinas BRITOS S.A y IECSA S.A.

A pesar de estos avances, se produjeron una serie de contratiempos de carácter político que responden a la mala relación existente entre el gobierno provincial y el nacional y que imposibilitaron la llegada del financiamiento. Así, el retraso en la firma del aval al financiamiento por parte del Ministerio de Economía nacional impidió, hasta el momento, la materialización del desembolso y  ha significado una vuelta a foja cero del proceso, corriendo el riesgo de vencer los plazos para su ejecución. El asunto se sigue agravando si tenemos en cuenta las malas relaciones reinantes entre las autoridades provinciales y miembros del gobierno nacional, que dificultan todo tipo de acercamiento para destrabar la situación imperante.

No obstante las pocas novedades que hubo en los últimos años respecto al avance del proyecto, el mismo ha tomado relevancia en las últimas semanas debido a su posible vinculación con casos de corrupción que tienen como protagonistas a empresas de Brasil. (Ver “Gasoductos cordobeses, salpicados por caso de corrupción en Brasil”, La Voz del Interior – Diciembre de 2014). Más precisamente, con los casos de la petrolera brasileña Petrobras e importantes constructoras, todas acusadas de malversación de fondos, sobreprecios y sobornos, que ha sacudido al país vecino en el transcurso de los últimos meses.

En numerosos documentos secuestrados por la justicia brasilera, se han podido hallar diversas menciones acerca del financiamiento del BNDES para la realización de las obras en la Provincia de Córdoba y su contacto con la constructora Andrade Gutiérrez. Así mismo, esta última ha sido víctima de una demanda civil bajo la acusación de haber cobrado sobreprecios en contratos celebrados con la ya mencionada petrolera en los últimos años.

Si bien resulta discutible trazar una relación directa entre el financiamiento del programa de gasificación y las acusaciones de corrupción, lo cierto es que el accionar poco transparente del BNDES no contribuye a  clarificar la situación y a disipar dudas e inquietudes. Este representa un claro ejemplo de lo que hace tiempo FUNDEPS, junto a un nutrido grupo de organizaciones de la sociedad civil de la región, vienen resaltando respecto al accionar de esta institución:  sus bajos estándares de transparencia, rendición de cuentas y escasa difusión de información acerca de la manera en que opera tanto dentro como fuera de Brasil.

Más información:
– “Gasoductos cordobeses, salpicados por caso de corrupción en Brasil”, La Voz del Interior – Diciembre de 2014
– “Implementación de una Política de Acceso a la Información para el BNDES”, FUNDEPS – Abril de 2014
– “Un año clave para la transparencia en el BNDES” , FUNDEPS – Enero de 2014

Contacto:
Gonzalo Roza, Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org

En el marco de las actividades por la Conferencia de la Partes del Convenio Marco de Cambio Climático en Lima, se discutirá cómo las finanzas internacionales y las salvaguardas socioambientales en los proyectos de infraestructura en América Latina impactan en la selva amazónica.

Este evento es coorganizado por FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación (Mexico), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables – FUNDEPS (Argentina), Asociación Ambiente y Sociedad – AAS (Colombia) y Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR (Perú) constituidos en el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI).

La discusión se inscribe en el marco de la Conferencia de la Partes del Convenio Marco de Cambio Climático en Lima.  Los ponentes abordarán el estado actual de la financiación de infraestructura en América Latina proveniente de bancos tradicionales como el Banco Mundial / Corporación Financiera Internacional y el flamante banco de los países BRICS. Se ha realizado un análisis comparativo de cuatro proyectos con financiamiento externo en Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, evaluando los impactos en el bosque amazónico y los instrumentos (salvaguardas) para la gestión de los riesgos sociales y ambientales.

Como caso especial se tratará acerca del ejemplo negativo de Brasil y el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES, por sus siglas en portugués). El BNDES, que también financia proyectos fuera de Brasil, ha sido acusado de falta de transparencia, de normas sociales y ambientales claramente definidas, y de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales.

Se teme que el recientemente creado banco de los países BRICS tampoco ponga énfasis suficiente en normas que protejan el medio ambiente y la sociedad en su proceso de aplicación. Esta realidad está afectando las políticas de los bancos tradicionales, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los países que buscan atraer más inversión también reaccionarán a los cambios en el financiamiento internacional disponible. Grandes proyectos de infraestructura que hacen caso omiso de las preocupaciones ambientales, como son los casos de CVIS (Perú), Pasto Mocoa (Colombia), Coca Codo Sinclair (Ecuador) y el TIPNIS (Bolivia), son prueba de ello.

Un panel de expertos sobre cambio climático, megaproyectos y gobernanza (transparencia, participación, gestión del riesgo) discutirán las principales ideas y los avances del análisis mencionado anteriormente. La sesión también dará al público la posibilidad de participar en el debate.

Preguntas clave:
1.      ¿Cómo pueden los bancos aplicar salvaguardas al financiamiento de proyectos en América Latina para prevenir conflictos sociales y desastres medioambientales?
2.      ¿Cuál es el papel de los nuevos bancos nacionales y regionales en la financiación de la infraestructura regional?
3.      ¿Cómo el debilitamiento de los estándares de financiamiento en la región afecta a los sistemas de los países? ¿Cómo pueden estos reaccionar frente a los nuevos desafíos?

 Más información:

Detalles de logística del evento

Panorama del financiamiento para infraestructura en Latinoamérica

Lineamiento para la discusión. Implementación de una Política de Acceso a la Información Pública en el BNDES

Casos paradigmáticos de inversión del BNDES en Sudamérica. Necesidad y oportunidad para mejorar políticas internas

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Nuestro país recibe y ha recibido en los últimos años diversos fondos por parte de instituciones financieras internacionales a los fines de gestionar los recursos forestales existentes en nuestro territorio. ¿Cómo se planean, ejecutan y deciden?

En este contexto, no es ocioso que la sociedad civil se pregunte cuáles son los principios y normas rectoras que se toman como punto de partida para aplicar estos fondos y si estos realmente se cumplen en la ejecución. Por ello desde FUNDEPS hemos decidido llevar a cabo un monitoreo de la gestión de dos fondos que ha recibido nuestro país y que se ajustan a estas caracterisitcas: el “AR Sustainable Natura l Resources Management”, otorgado por el Banco Mundial, y el “AR – L 1067: Forest Sustainability and Competitiveness Program” otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos serán de aplicación en numerosas provincias argentinas y afectarán a gran parte del país, pero con una finalidad en común: beneficiar a la producción forestal con una mirada sustentable.

El manejo de nuestros recursos forestales ha sido históricamente marcado por el avance desmedido de la frontera agrícola, el desmonte constante de los bosques nativos, la violación de los derechos de las comunidades originarias y campesinas y la inexistencia de procesos transparentes y participativos de toma de decisión. Es por ello queenviamos numerosos pedidos solicitando información vinculada con estos dos proyectos y nos pusimos en contacto con algunas de las personas que se encargan de llevar a cabo la ejecución de estos fondos.

Si bien será en nuestro informe final donde se encontrarán todas las conclusiones pertinentes, nos encontramos en la necesidad de adelantar que, tras haber vencido el plazo de ley para responder a los pedidos de información enviados a las provincias, sólo unos pocos han sido respondidos. De las respuestas que hemos recibido, en su mayoría no otorgan información relevante sobre la aplicación de los proyectos. Es sumamente complejo acceder a la información necesaria para poder evaluar los lugares en dónde se ejecutan los proyectos forestales y la desarticulación entre los organismos estatales es abrumadora.

Si bien hallamos mucha información sobre las normas que se aplican, los parámetros de evaluación y rendición de cuentas, los criterios técnicos y sobre los objetivos de los fondos, consideramos que su lectura es compleja, la información sobreabundante, lo que en la práctica la hace inaccesible y, en algunos casos, en otro idioma.

Más información:

Informacion_sistematizada_-_Proyectos_gestion_de_bosques – Banco Mundial – BID

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Además de participar en las discusiones y movilizaciones que se realizaron respecto a al proceso de revisión de salvaguardias ambientales y sociales del Banco Mundial, FUNDEPS mantuvo reuniones con personal del BID y del MICI; y formó parte de un panel de discusión donde se presentó una publicación acerca del panorama actual del financiamiento para infraestructura en América Latina, elaborado por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura.

En el transcurso de la semana pasada, FUNDEPS estuvo participando de las Reuniones Anuales 2014 del Banco Mundial y el FMI en la ciudad de Washington D.C. (Estados Unidos). Si bien la agenda predominante durante estas Reuniones Anuales fue el proceso de revisión y actualización de las Salvaguardias ambientales y sociales del Banco Mundial, la visita a Washington sirvió también para trabajar en una serie de agendas adicionales en las que FUNDEPS está involucrado, tales como el proceso de revisión del MICI del BID; la presentación de una publicación sobre Financiamiento para Infraestructura en América Latina, realizada con el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura; e incluso tener una serie de reuniones estratégicas y de planificación con diversas organizaciones de la región y del mundo.

Sin dudas, la agenda prioritaria actualmente respecto al Banco Mundial es el futuro de las salvaguardias de la Institución, cuyo proceso de revisión tiende a un preocupante debilitamiento y dilución de los estándares ambientales y sociales a cumplir cuando el Banco financia un proyecto en uno de sus países miembros (Ver Comunicado “El Banco Mundial busca debilitar los estándares socio-ambientales en sus proyectos. Respuestas de Organizaciones de la Sociedad Civil”). El borrador del nuevo régimen de salvaguardias recientemente publicado por el Banco confirma en gran medida esa tendencia y fue fuertemente criticado y rechazado por gran parte de la sociedad civil alrededor del mundo. Justamente, a principios de Octubre fue enviada al Banco una Declaración con la suscripción de más de 130 organizaciones alrededor del mundo, rechazando el borrador y destacando cuáles son los principales retrocesos que plantea. (Ver Declaración enviada al Banco).

A tal punto llegó la inconformidad de la sociedad civil respecto al proceso de revisión de las salvaguardias, que en el transcurso de la consulta pública planificada por el Banco para el pasado sábado 11 de octubre, la mayoría de los participantes, tras cuestionar tanto las reformas que plantea el Banco como el proceso de consulta en general, decidieron abandonar la sala (Ver Videos sobre la Consulta) y realizar una movilización fuera del Banco, que contó con una amplia participación de diversos actores descontentos no sólo con el proceso de revisión de las salvaguardias sino también con el modelo de gobernanza y financiamiento que plantea la Institución. (Para ver fotos de la movilización acceder Aquí)

En el transcurso de las Reuniones Anuales se confirmaron, también, los lugares en donde se desarrollarán las próximas consultas regionales para brindar comentarios acerca del proceso de revisión siendo Brasil, Paraguay, Perú y Bolivia los países latinoamericanos donde se estarán desarrollando las consultas presenciales en el transcurso del próximo mes.

En cuanto al proceso de revisión del MICI, FUNDEPS aprovechó su presencia en Washington para mantener reuniones presenciales con Victoria Márquez-Mees, Directora Ejecutiva del MICI; y con Flavia Milano, especialista de Sociedad Civil del BID. Más allá de obtener una actualización acerca del estado de la revisión del Mecanismo, las reuniones sirvieron para trasladar al Banco y al equipo del MICI la gran preocupación existente en relación al retroceso en materia de Accesibilidad, Independencia y Efectividad que representa el Borrador de Política Revisada que el Banco ha sometido a consulta. (Ver comunicado “Preocupa el potencial debilitamiento del MICI en el proceso de revisión que está llevando adelante el BID”)

A su vez, con Flavia Milano pudieron tocarse temas de la relación entre el BID y la Sociedad Civil, tales como la situación de los Grupos Consultivos de la Sociedad Civil (ConSOCs); el estado de implementación de la Política de Acceso a la Información, la misma revisión del MICI e incluso las reformas institucionales que está planificando el Banco, como la reforma de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) con el objetivo de darle mayor relevancia al financiamiento de carácter privado (Ver comunicado “En una reunión en la que se excluyó a la sociedad civil, el BID realiza cambios en su estructura”); e incluso el probable inicio de una revisión de las salvaguardias sociales ambientales del Banco, siguiendo los pasos del Banco Mundial.

Finalmente, cabe destacar que en el marco del Policy Forum de la Sociedad Civil de las Reuniones Anuales del Banco Mundial/FMI, se realizó la presentación del documento “Panorama del Financiamiento para Infraestructura en América Latina”, elaborado por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), del cual FUNDEPS forma parte junto con otras tres organizaciones de la región: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú; Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia; y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, de México.

Más información

– Panorama del financiamiento para infraestructura en América Latina

Contacto:

Gonzalo Roza

Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org