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Desde la creación del Banco Mundial (BM) en 1944, con el objetivo de facilitar y promover la reconstrucción y el desarrollo tras la posguerra, el propósito de la institución ha ido cambiando con el transcurrir del tiempo, adaptándose a las nuevas realidades y contextos internacionales. Hoy, en su 75° aniversario y posicionado como “una de las principales fuentes de financiamiento para la erradicación de la pobreza  a través de un proceso de globalización inclusivo y sostenible”, el Banco cuenta con nuevos desafíos que incluyen, entre otras cosas, su marco de relacionamiento con la sociedad civil, que si bien ha ido fortaleciéndose en las últimas décadas, aún mantiene enormes materias pendientes. 

Con el paso del tiempo, la reformulación del propósito del Banco Mundial trajo aparejado nuevas prácticas institucionales, entre ellas la incorporación de la sociedad civil como una contraparte válida no sólo en relación a la gobernanza interna de la institución sino también como parte consultada a la hora de planear los proyectos.

Así, como resultado de la creciente cercanía de los ámbitos de trabajo del BM y de muchas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), así como del profundo compromiso de una sociedad civil cada vez más organizada, el Banco comenzó a abrir, poco a poco, nuevas vías de participación e involucramiento de las OSC tanto en la construcción de políticas como en la administración de proyectos.

De  esta manera,  se ha evidenciado un cambio de paradigma, que pasó de estar centrado en lo institucional y meramente consultivo a un modelo que trabaja en conjunto con las OSC, orientado a cuestiones específicas. Por ejemplo su participación más activa en la elaboración de las Estrategias de Asistencia a los Países (EAP) y los documentos de estrategias de lucha contra la pobreza, entre otros. 

Por otro lado, muchas OSC también han cambiado su postura respecto al rol del Banco Mundial en la sociedad y han decidido trabajar de manera articulada. La mayoría de las OSC que interactúan con el Banco adoptan actualmente un enfoque basado en “intervenir positivamente”, lo cual tiene por objetivo influir en las decisiones del Banco; antes que adoptar una posición esencialmente confrontativa. Aún así, cabe aclarar que gran parte de la sociedad civil mantiene su postura crítica y de fiscalización frente a los proyectos del Banco Mundial, sobre todo en relación a aquellos proyectos de infraestructura financiados por el Banco que tienen grandes impactos a nivel socioambiental.

El fortalecimiento del diálogo entre la sociedad civil y el Banco Mundial se ha visto reflejado tanto cuantitativa como cualitativamente. Cuantitativamente, por ejemplo, con la  creciente participación activa de las OSC en las Reuniones Anuales y de Primavera organizadas por el Banco, y en el aumento de las sesiones de diálogo sobre políticas en el marco del Foro sobre Políticas relativas a la Sociedad Civil (que fue organizado por primera vez en 2009 en donde participaron 300 representantes de organizaciones de la sociedad civil de más de 30 países).  A su vez, cualitativamente se fue ampliando el espectro de participación acercando distintos sectores como asociaciones juveniles y también incorporando temas de agenda como la seguridad alimentaria y salud, entre otros. 

Cabe destacar también que, a fines de promover dicho fortalecimiento de manera transversal a toda la institución, el Banco Mundial ha coordinado esfuerzos con la Asociación Internacional de Fomento y otros miembros del Grupo del Banco Mundial, como la Corporación Financiera Internacional (IFC), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), quien proporciona seguro de riesgo político para proyectos en diversos sectores de países, miembros en desarrollo y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución encargada de arbitrar una solución a las disputas entre gobiernos y nacionales de otros Estados que hayan invertido en ese país. 

De esta forma, puede apreciarse que en el transcurso de las últimas décadas y como consecuencia de una mayor apertura por parte de la institución, pero más que nada por la creciente presión y demanda proveniente desde la sociedad civil, reclamando mayor participación en las decisiones y acciones del Banco, se ha evidenciado un proceso de fortalecimiento en las relaciones entre el Banco Mundial y la sociedad civil. No obstante lo cual, siguen existiendo importantes falencias y materias pendientes aún por resolver en las relaciones de estos actores, lo que se ve reflejado actualmente en la disconformidad de una gran cantidad de OSC respecto al accionar del Banco en una serie de agendas vinculadas sobre todo a la protección del medio ambiente y los derechos humanos, y la responsabilidad que le toca a la institución al respecto.   

La revisión del Marco Ambiental y Social del BM y las críticas de sociedad civil

Justamente, una de las más recientes críticas al Banco Mundial provenientes desde la sociedad civil ha sido la reciente revisión del Marco Ambiental y Social de la Institución y lo que gran parte de la sociedad civil considera como un claro debilitamiento o dilución del marco de salvaguardas y estándares sociales y ambientales de la institución. Las razones de dicho debilitamiento sigue una tendencia a nivel global, regional y nacional y responde a la necesidad de hacer más competitivo al Banco, en un contexto internacional de pérdida de competitividad frente a otros actores financieros emergentes.  

Así, por ejemplo,  el Análisis Comparativo de la normatividad de las Instituciones Financieras Internacionales presentes en América Latina realizado por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) del cual Fundeps forma parte, destaca la manera en que las inversiones del Banco Mundial se han hecho recientemente menos competitivas frente a los nuevos actores emergentes como el Banco de Desarrollo de China, por ejemplo. Asimismo, el informe realiza un análisis comparativo donde se puede vislumbrar que los estándares medio ambientales y sociales resultan ser más laxos en los actores financieros emergentes, lo que en gran medida permite que éstos se convierten en las primeras fuentes de financiamiento para los Estados Nacionales, desplazando a las instituciones tradicionales como el Banco Mundial o el BID, que cuentan con estándares más robustos y, por ende, implican mayores costos y demoras para los gobiernos nacionales. 

Ante esta situación de pérdida de competitividad por el Banco Mundial, el Marco Social y Ambiental del Banco recientemente revisado y vigente en 2019 es considerado por algunas organizaciones de la sociedad civil como flexible frente algunas cuestiones fundamentales que pondrían en riesgo al medio ambiente y los derechos humanos de los pueblos de los países miembros. Por su parte, las OSC han expresado sus reservas acerca de la revisión de salvaguardas que prácticamente no tomó en cuenta sus recomendaciones presentadas. También, las OSC han denunciado que el nuevo MAS carece de un enfoque de derechos humanos y no toma ningún tipo de referencia de estándares internacionales en la materia. 

Por otro lado, la principal crítica hacia la labor del Banco Mundial, con respecto a este contexto de competitividad, es la exclusión de la debida diligencia por parte del banco al otorgarle la posibilidad a los gobiernos prestatarios de solicitar utilizar sus propios sistemas de salvaguardas a nivel nacional transfiriendo la responsabilidad de la correcta aplicación de las salvaguardas a los gobiernos y no al banco. 

De esta manera  se puede concluir que el Banco Mundial enfrenta grandes desafíos como institución financiera para mantenerse competitivo frente a las nuevas instituciones emergentes y, a su vez, incorporar las demandas de la sociedad civil de manera efectiva y eficaz. Así, mejorar la relación de participación real con la sociedad civil frente a un contexto cada vez más complejo, sin debilitar sus marcos normativos socioambientales continúa siendo un desafío latente para el Banco Mundial en el marco de sus 75 años.

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Nuevo análisis sobre normatividad en instituciones de desarrollo presentes en América Latina  – Fundeps

Autoras

Ailin Toso

Florencia Harmitton

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

El presente documento tiene como propósito describir el funcionamiento del Fondo Verde del Clima, de dónde provienen sus recursos financieros, sus proyectos, políticas operacionales y cómo funciona su mecanismo de rendición de cuentas.

Participamos de la consulta pública presencial del BID Invest en el marco de la revisión de su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social.

En el marco de las consultas públicas que se encuentra realizando el BID Invest sobre el borrador de su nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social, participamos de la consulta pública presencial realizada el pasado martes 4 de septiembre en la sede del BID Argentina en la ciudad de Buenos Aires.

El BID Invest es miembro de Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, más conocido como Grupo BID. Es un banco multilateral de desarrollo con el propósito de promover el desarrollo económico de los países miembros de la región por medio de la inversión en el sector privado. Es decir, mientras que el BID se encarga de la inversión al sector público, el BID Invest invierte en proyectos del sector privado.

Así, en junio de este año el BID Invest dio inicio a la consulta pública para revisar el borrador de su nueva política de salvaguardas ambientales y sociales; revisión que se prolongaría por 120 días. El objetivo de realizar una consulta pública se debe a la relevancia de establecer un diálogo con las partes interesadas para realizar sugerencias a la nueva política. Así se han realizado o se llevarán a cabo consultas virtuales y presenciales no sólo en Argentina sino también en otros países como Colombia, Jamaica, Panamá o Estados Unidos.

De acuerdo al plan de consulta que dio a conocer el Banco, una vez finalizada las consultas públicas y elaborado un nuevo borrador, el mismo se someterá a la aprobación del Directorio Ejecutivo, dando lugar a la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social, reemplazando a la política del año 2013. Sin embargo, uno de los principales reclamos escuchados en las consultas públicas por parte de un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil y de comunidades indígenas, fue la necesidad de que el Banco abra a consulta pública un segundo borrador de la política, para poder identificar de qué manera se incorporaron las recomendaciones y sugerencias aportadas durante las consultas públicas.

Adicionalmente, Fundeps junto a un grupo de organizaciones de la región planteó en las consultas la necesidad, entre otras cosas, de: Incluir dos áreas de expansión más allá de las 8 Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI), en particular, una Norma de Desempeño relativa a género y, segundo, otra para participación de partes interesadas y comunidades. A su vez, también se planteó la necesidad de no diluir responsabilidades en la supervisión de la implementación de las salvaguardas; y de que la nueva política debería guiarse por el principio de “generar beneficios” más allá de la idea de “no causar perjuicios” tal como lo plantea actualmente la política.

Más información

El BID y el BID Invest revisan sus políticas ambientales y sociales – Fundeps

Página web sobre la Consulta sobre la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

 

Tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como su brazo privado, el BID Invest han abierto recientemente el proceso para la revisión de sus políticas de salvaguardias ambientales y sociales. Resulta importante que la sociedad civil latinoamericana y, sobre todo, las comunidades afectadas por proyectos financiados por estas instituciones participen activamente del proceso de consulta pública, ya sea enviando comentarios virtuales como participando de las consultas presenciales que se realizarán en diferentes ciudades de la región. Aquí, 5 puntos claves a tener en cuenta acerca de los procesos de revisión.

¿Por qué se da la revisión?

Tras la recomendación realizada por la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del BID en su Evaluación de Salvaguardias Ambientales y Sociales, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó, el pasado 2 de Julio de 2019, el lanzamiento del proceso para “modernizar” sus políticas ambientales y sociales, las cuáles buscan garantizar que los impactos ambientales y sociales potencialmente negativos se evalúen, gestionen y mitiguen adecuadamente en las operaciones del BID. De acuerdo al propio BID: “existe la necesidad de actualizar e integrar un marco de políticas para la gestión del riesgo ambiental y social, por lo que busca desarrollar un Marco de Política Ambiental Social integrado, alineado con estándares internacionales y mejores prácticas”. De esta forma, el BID sigue los pasos dados recientemente por otros Bancos Multilaterales de Desarrollo, tales como el Banco Mundial.

Por otro lado, el BID Invest (anteriormente Corporación Interamericana de Inversiones -CII-), brazo privado del BID, inició el pasado mes de junio la actualización de su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social. De acuerdo al Banco, la finalidad de la revisión es establecer “un único marco de estándares que los clientes deben cumplir en  vez de usar múltiples estándares de terceros. El proceso de actualización incluye una revisión de  las tendencias y mejores prácticas actuales relacionadas con la sostenibilidad ambiental y social, incluidas las diseñadas por otras instituciones financieras internacionales (IFI) que operan en el sector privado”. En la práctica, siguiendo las recomendaciones de OVE, el BID Invest busca que los prestatarios se adhieran a las Normas de Desempeño de la CFI, que son ampliamente reconocidas y que ya aplican los prestatarios de BID Invest, y se eliminen las referencias a otras normas de terceros.

¿Qué incluye la revisión?

Para el caso del BID, la revisión incluye las cinco políticas independientes que conforman las salvaguardas ambientales y sociales:

Hasta el momento, el BID ha preparado un Perfil de Política sobre la Modernización  de las Políticas Ambientales y Sociales.

En el caso del BID Invest, la revisión es sólo de su:

Y se ha publicado un Borrador de la nueva Política, el cual se encuentra bajo consulta pública.

¿Cuándo se realizan las consultas?

Para el caso del BID, el pasado 2 de julio del 2019 el Directorio Ejecutivo aprobó el lanzamiento del proceso de modernización y posteriormente se publicó el Perfil de Política. El borrador del marco de políticas se espera presentar al Directorio Ejecutivo a fines de octubre de 2019 para que sea consultada públicamente. La etapa de preparación del proceso de modernización culminaría en el desarrollo del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) en septiembre de 2020. El MPAS se implementaría a partir de 2021.

En cuanto al BID Invest, se ha publicado un Plan de Consulta con la información básica acerca del proceso, que básicamente consiste en: 

1. Puesta a disposición del público del Borrador de Política.  

2. Consultas públicas digitales y presenciales abiertas por 120 días (a partir del 17 de junio de 2019).

3. Consultas en persona en:

  • Colombia (4 de septiembre), 
  • Argentina (4 de septiembre), 
  • Jamaica (6 de septiembre), 
  • Panamá (6 de septiembre) y 
  • Washington, D.C. (10 de septiembre) 

4. Sesión de consulta virtual en:

  • Español (12 de septiembre), 
  • Inglés (12 de septiembre), 
  • Portugués (13 de septiembre).

5. Puesta a disposición del público de los comentarios recibidos y atendidos.

Después de realizar la consulta pública, el BID Invest presentará al Directorio Ejecutivo el  borrador final de la Política para su aprobación final, tras lo cual se establecerá y ejecutará un plan para su implementación.   

¿Por qué resulta importante participar?

Por varios motivos, se hace necesario que la sociedad civil, los/as ciudadanos/as y, sobre todo, las comunidades indígenas y comunidades afectadas o potencialmente afectadas por las operaciones del BID o del BID Invest participen activamente en este proceso, aportando su experiencia y sus recomendaciones y sugerencias en relación a las salvaguardias ambientales y sociales de las instituciones. 

Primero, porque tanto el BID como el BID Invest resultan, en la actualidad y a pesar de la diversificación de actores financieros que operan en la región,  actores clave en materia de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe. De acuerdo al propio Banco: en 2018, con un monto histórico de US$17.000 millones de aprobaciones, el BID y el BID Invest se consolidaron como la principal fuente de financiamiento multilateral para América Latina y el Caribe. El BID aprobó un total de 96 proyectos de préstamos con garantía soberana por un financiamiento total de más de US$13.400 millones, y desembolsó más de US$9.900 millones. A su vez, el 2018 fue un año récord para BID Invest, con aprobaciones por US$4.000 millones, un 26% más en volumen y un 21% más en cantidad de transacciones que el año anterior. El BID Invest amplió su apoyo a los sectores como infraestructura y Fintech, sumándose a educación, turismo, agua y saneamiento, transporte y energía. En el caso de Argentina, El BID ha sido históricamente el principal socio multilateral para el desarrollo del país, con un promedio de aprobaciones anuales recientes de US$1.360 millones. La cartera activa actual con el sector público es de 54 operaciones por un monto aprobado de US$9.206,4 millones y un saldo por desembolsar de US$3.874,7 millones, de acuerdo a la información provista por el propio Banco.

Segundo, porque un sistema de salvaguardias ambientales y sociales robusto y efectivo resulta clave para evitar los impactos a nivel socio ambiental que, en muchos casos, traen aparejados los proyectos de infraestructura financiados por instituciones como el BID o el BID Invest. Cuando el diseño, la aplicación o la implementación de las salvaguardas ambientales y sociales falla en este tipo de proyectos, los impactos y consecuencias sobre todo en las comunidades involucradas suelen ser complejos, y desgraciadamente en muchos casos, irreversibles. Casos como el de Camisea en Perú o el de Hidroituango en Colombia reflejan las amargas consecuencias de la mala, o incluso la falta de aplicación de las salvaguardias socio ambientales en proyectos financiados por el Grupo BID

Tercero, porque una participación activa, informada, responsable y coordinada por parte de los acores clave de la sociedad civil y las comunidades indígenas y afectadas de la región contribuiría al objetivo de evitar una posible (y latente) dilución del sistema de salvaguardas ambientales y sociales tanto del BID como del BID Invest. Las experiencias recientes de dilución de los marcos normativos ambientales y sociales tras procesos de revisión y “modernización” no solo en Instituciones afines como el Banco Mundial o  la Corporación Financiera Internacional (CFI), sino también en los propios sistemas normativos nacionales de los países de la región reflejan claramente una tendencia a la que el Grupo BID parece no querer escapar.

¿Cómo participar?

Los actores interesados en participar del proceso de revisión de las salvaguardas del BID o del BID Invest pueden hacerlo de diferentes formas y a través de múltiples canales:

  • Para la revisión del BID:

El Banco ofrece dos formas de participar en el proceso de consulta.

  • Consultas en la Web: las personas interesadas pueden enviar sus comentarios a través de la página web (https://www.iadb.org/es/mpas)  o enviando un correo electrónico a: bid-mpas@iadb.org .
  • Consultas presenciales en dos etapas:

Etapa de consulta inicial: antes de desarrollar el nuevo Marco de Políticas Ambientales y Sociales, el BID realizó dos talleres presenciales en Washington, DC (los días 8 y 12 de agosto) para analizar las lecciones aprendidas de la implementación de las políticas ambientales y sociales existentes.

Consultas en persona sobre el nuevo marco de política ambiental y social propuesto (no han sido divulgadas las fechas ni los lugares aún): el BID realizará reuniones consultivas en los países de América Latina y el Caribe, en la sede del BID en Washington, DC, y en otros países miembros.

Quienes quieran mantenerse actualizados acerca del proceso de revisión pueden registrarse en este enlace provisto por el Banco.

  • Para la revisión del BID Invest:

El BID Invest también ofrece instancias virtuales y presenciales para participar en el proceso de revisión de su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social.

Se pueden enviar comentarios virtuales o escritos al correo electrónico SustainabilityPolicy@idbinvest.org o a través del correo postal destinado a: BID Invest: Política de sostenibilidad ambiental y social. 1350 New York Avenue, NW. Washington, D.C., 20577. USA.

Para participar en las consultas presenciales en algunos de los países indicados, es posible registrarse en el siguiente enlace provisto por el Banco.

En Argentina: La consulta presencial en Argentina sobre la propuesta de Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest se realizará el próximo Miércoles 4 de Septiembre de 09:00 am a 11:00 am en la sede del BID en Argentina, situada en Calle Esmeralda 130, piso 11, Buenos Aires.

Además: quienes estén interesados en conocer más acerca de cómo participar de manera efectiva de las consultas, pueden registrarse para participar en el webinario “Revisión de salvaguardias BID Invest, ¿Cómo participar de forma efectiva?” organizado por DAR, Ambiente y Sociedad y el Bank Information Center (BIC) ingresando a este enlace.

Fundeps, junto a un grupo de organizaciones de la región, está coordinando acciones para promover una participación amplia, inclusiva y efectiva de la sociedad civil y los pueblos indígenas y comunidades afectadas tanto en el proceso de revisión del BID como del BID Invest; y para procurar robustecer y evitar un debilitamiento de las salvaguardas ambientales y sociales. Si le interesa involucrarse en este proceso, puede contactarse con gon.roza@fundeps.org

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Estuvimos participando en un taller organizado por el mecanismo de revisión de cuentas del Fondo Verde del Clima para informarnos sobre el mandato de esa institución y discutir formas de interacción con sociedad civil.

“Below, we offer a google translate version of the original article in Spanish. This translation may not be accurate but serves as a general presentation of the article. For more accurate information, please switch to the Spanish version of the website. In addition, feel free to directly contact in English the person mentioned at the bottom of this article with regards to this topic”.

El Green Climate Fund (GCF, Fondo Verde del Clima) es una de las instituciones financieras para el clima dentro de la arquitectura creada por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC). Con el propósito de promover un cambio en el paradigma hacia la baja de emisiones y desarrollo compatible con el medioambiente, brinda apoyo financiero de proyectos de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Su objetivo es ser la principal entidad operadora dentro del mecanismo financiero de la Convención, además de proyectarse como la institución central en el plano mundial de financiamiento climático.

Para dar a conocer más el trabajo y el funcionamiento de GFC, el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM) convocó a organizaciones de sociedad civil en Santiago de Chile, el 30 y 31 de mayo. En el caso del IRM, sólo tiene 2 años funcionando y ha tenido únicamente tres presentaciones de casos, por lo que también fue una oportunidad para discutir las interacciones futuras del mecanismo con potenciales casos y con la sociedad civil.

Entre los asuntos mencionados desde las organizaciones, están los peligros para defensores/as de derechos humanos, las dificultades para implementar los planes de remediación, el impacto de los proyectos en las comunidades y en los derechos de pueblos indígenas, las cuestiones de género dentro de los proyectos y los reclamos. De esta manera, se discutieron también formas de accionar desde el mecanismo para el abordaje de estas preocupaciones

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Fondo Verde del Clima

Mecanismo Independiente de Reparación

Autora

Carolina Tamagnini

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Durante el mes de abril, Fundeps organizó el retiro anual del International Advocates Working Group (IAWG) en la ciudad de Villa General Belgrano. A lo largo de tres días, 30 miembros del IAWG se reunieron para compartir información, experiencias y lecciones aprendidas sobre mecanismos no judiciales de rendición de cuentas en instituciones financieras internacionales (IFIs).

El IAWG es una red global de organizaciones de la sociedad civil e individuos que trabajan para que los mecanismos de quejas de las IFIs garanticen la rendición de cuentas y el remedio efectivo a las comunidades afectadas. Este grupo de trabajo se enfoca en el trabajo con los mecanismos, al mismo tiempo que provee apoyo a las comunidades impactadas negativamente por proyectos de IFIs. 

Los mecanismos de quejas asociados a estas instituciones ofrecen una importante, y a veces, única opción para comunidades afectadas que buscan rendición de cuentas de parte de las IFIs o de las empresas que reciben financiamiento de IFIs.

A lo largo de los últimos 4 años, el IAWG se reúne casi de manera anual para que sus miembros compartan experiencias y lecciones aprendidas en torno al trabajo con mecanismos no judiciales de queja. Durante los días que dura el retiro, se debate y planifican acciones en conjunto para garantizar que el trabajo de los mecanismos sea lo más transparente y accesible posible para quienes deseen presentar quejas. 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El día 22 de abril en el auditorio de la sede Nueva Córdoba de la Universidad Siglo 21, Fundeps organizó un conversatorio sobre inversiones para el desarrollo y derechos humanos en América Latina. 

Durante los últimos años, la región latinoamericana ha sido escenario de crecimiento exponencial de grandes proyectos de desarrollo. Por tal motivo, desde Fundeps junto a la Universidad Siglo 21 se organizó el conversatorio ‘Inversiones para el Desarrollo y Derechos Humanos en América Latina’

En él se analizó el rol de las instituciones financieras internacionales, su obligación con los Derechos Humanos, su impacto en la región latinoamericana y el rendimiento de sus mecanismos de rendición de cuentas. . También, se debatió sobre el desarrollo en América Latina y la problemática de Derechos Humanos asociadas a éste. 

Se contó con la participación de reconocidos exponentes que abordaron estos temas a partir de sus trabajos y analizaron las tendencias y los desafíos actuales respecto a las inversiones para el desarrollo en la región. Participaron: Carolina Juaneda, quién se desempeña como Latin American Consultant del Bank Information Center (BIC), Caitlin Daniel como Senior Communities Associate de la organización Accountability Counsel (AC) y, Juan Carballo, Director Ejecutivo de Fundeps.

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El pasado 7 de enero, el mundo se sorprendió ante la intempestiva renuncia del presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. Con tres años por delante para finalizar su segundo mandato, Kim dio un paso al costado para tomar una posición dentro del sector privado. Un posible conflicto de interés y transparencia en la definición del liderazgo del Banco, temas claves.

De manera abrupta e inesperadamente, el presidente del Banco Mundial (BM) Jim Yong Kim, renunció a su mandato para emprender un nuevo trabajo en el sector privado. De acuerdo con el comunicado oficial del BM, durante el mandato de Kim se puso especial atención a las inversiones en infraestructura. Él aseguraba que la clave para el avance de las naciones en desarrollo era el apoyo y la inversión en éste sector.  Por esta razón, Jim Yong decidió dar un paso al costado argumentando que su trabajo por el desarrollo mundial sería más fructífero desde la firma ‘Global Infrastructure’, una multinacional especializada en las inversiones en infraestructura para los sectores de agua, energía, transporte y residuos.

La salida de Kim no ha pasado desapercibida, y numerosas organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo han enfatizado el posible conflicto de interés existente en la sorpresiva decisión de Kim y se preguntan ¿qué pasará a partir de esto? En particular, han planteado una serie de preocupaciones:

  • El financiamiento para el desarrollo a través del sector privado

De acuerdo con el ahora ex-presidente del BM, a nivel mundial existe un déficit en infraestructura que rondaría el trillón de dólares. Este monto, de ninguna manera puede ser cubierto, ni siquiera con el portafolio de todas las instituciones de financiamiento para el desarrollo (IFIs) juntas. A este respecto, Kim, durante su mandato, ha tratado de lograr que el financiamiento para el desarrollo, dejase de estar orientado hacia el sector público, para virar hacia el sector privado. De esta forma, el BM y otras IFIs, han aumentado su cartera de inversiones hacia los intermediarios financieros y otras empresas/corporaciones privadas. La decisión de Kim de continuar su carrera profesional en el sector privado genera dudas respecto del interés de fondo en la decisión de orientar el Banco Mundial hacia el sector privado. En otros ámbitos de interacción entre el sector público y el privado existen períodos ventana durante los cuales quienes tienen roles de toma de decisión tienen vedado cambiar de sector (“cooling off periods” en inglés). La inexistencia de un mecanismos similar en el Banco Mundial inevitablemente pone en tela de juicio algunas de las decisiones de Kim que en la práctica ampliaron el financiamiento al sector privado.

El cambio hacia el financiamiento privado, si bien podría ser beneficioso en términos económicos y financieros para los Estados, mantiene preocupaciones por la sostenibilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos (DDHH). En el último tiempo parece observarse una correlación positiva entre el aumento de los proyectos financiados por empresas y el crecimiento de los impactos negativos sobre la vida de las personas y el medioambiente. Además, es importante recordar que durante el mandato de Kim, la revisión de las salvaguardas sociales y ambientales del BM – la normativa que establece criterios para los proyectos que el Banco Mundial puede apoyar – , lejos de representar un robustecimiento de la política, significó la transformación de estos estándares, un marco normativo mucho más laxo. La renuncia de Kim entonces, deja abierta la puerta para preguntarse si el próximo presidente del BM tendrá como prioridad el financiamiento privado, y si fuese así, de qué manera la institución podrá adaptarse a las normas internacionales y nacionales en lo que refiere al respeto de los DDHH.

  • La transparencia y la rendición de cuentas a nivel institucional en IFIs

Otros interrogantes que han surgido luego de este suceso, tienen que ver con el próximo presidente del BM y su proceso de selección: ¿Quién lo sucederá? ¿Cómo será el proceso para elegir al próximo presidente? ¿Será el gobierno de los Estados Unidos el encargado de apuntar a la persona que asuma la presidencia , tal y como ha sucedido en anteriores oportunidades? ¿De qué manera se puede asegurar una gobernanza del BM más transparente a la hora de elegir a sus autoridades?

A nivel mundial existe un acuerdo tácito que, desde el inicio del sistema Bretton Woods, ha dispuesto que la cabeza del Banco Mundial sería definida  por Estados Unidos y la del Fondo Monetario Internacional (FMI) por Europa. A lo largo de los años, esto se ha respetado a rajatabla, siendo la Casa Blanca, la que ha apuntado al presidente del BM. Kim no fue la excepción a esta práctica y fue nominado por el gobierno de Barack Obama. Este proceso que ha venido teniendo lugar poco tiene de transparente y siempre ha terminado por transformar al BM en un brazo ejecutor de las políticas del  gobierno estadounidense. En los tiempos que corren, un presidente del BM nombrado por la administración de Donald Trump sería riesgoso a la hora de pensar en la performance de esta institución respecto a temas como el cambio climático y los DDHH en general.

Más allá de los efectos de un presidente del BM apuntado desde el gobierno de Trump, la salida de Kim abre una serie de cuestionamientos sobre la gobernanza del banco y la transparencia en la designación de sus autoridades. Es menester que se instaure un proceso de selección transparente en el que todos los candidatos y las candidatas tengan igualdad de oportunidades de ocupar el cargo. La silla de la presidencia del BM deberá ser ocupada por una persona auténticamente idónea y que tenga por prioridad la ejecución de  inversiones bajo el paragua del desarrollo sustentable y los DDHH. La historia de secretismo detrás de cada presidente del BM ha impactado en la credibilidad de la institución. Esta vacante, ahora, significa una oportunidad para que el BM se re-posicione dentro del sistema internacional como un actor independiente.

De aquí en adelante

La partida de Kim hacia ‘Global Infrastructure Partners’ (GIP) ha suscitado dudas respecto a la aparición en puerta de un posible conflicto de interés. La multinacional GIP se encarga de invertir en infraestructura para economías en desarrollo, siendo este el principal sector de interés del BM. Es relevante hacer un seguimiento de acuerdos plausibles de ser concretados entre ambas instituciones.

En lo que refiere a la vacante para presidente, el BM ha anunciado un proceso de nominación de candidatos que estará abierto hasta mediados de marzo de 2019. La sociedad civil estará atenta y haciendo un seguimiento detallado de todo lo que ocurra para buscar la transparencia del proceso. Quedará por ver, una vez seleccionado el/la próximo/a presidente, cuáles serán sus lineamientos principales de gestión y si estos responden a las verdaderas necesidades de desarrollo de las comunidades y poblaciones alrededor del mundo.

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

 

El pasado 10 de agosto el BID Invest llevó adelante en Buenos Aires una consulta pública presencial sobre el borrador para su nueva política de Acceso a la Información Pública. Este evento es parte de la consulta virtual actualmente abierta que BID Invest comenzó en mayo de este año. La jornada fue llevada adelante con la finalidad de recepcionar comentarios de parte de las organizaciones de la sociedad civil.

En mayo de este año, el BID Invest, brazo de inversiones privadas del Grupo BID, abrió una instancia de consulta pública para evaluar el documento borrador de lo que va a ser su nueva Política de Acceso a la Información. En este marco, la institución pautó llevar a cabo algunos encuentros presenciales para recibir comentarios y conocer la opinión de las organizaciones de la sociedad civil.

El 10 de agosto BID Invest convocó a una consulta presencial en Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y FUNDEPS participó. La jornada duró un par de horas y los ejes centrales de discusión se posaron sobre: la información a publicarse antes de la aprobación de un proyecto, la información a publicarse durante la ejecución de un proyecto y el listado de excepciones de la política. Desde la institución se receptaron los comentarios realizados y se explicitó que luego de finalizado el proceso de consulta, se armaría un nuevo documento teniendo en consideración tanto la instancia virtual de consulta como la presencial. Asimismo, se destacó que de no incorporarse alguno de los comentarios, se justificará el porqué de dicha decisión.

Respecto de la convocatoria a esta reunión, quedan ciertas dudas sobre el proceso de selección de las organizaciones que fueron invitadas. Participaron 12 organizaciones y FUNDEPS era la única proveniente del interior del país. En esta línea, la baja convocatoria nos hace pensar que la información no fue circulada con la anterioridad necesaria y tampoco se previó que varias organizaciones y comunidades no pudieran asistir siendo que se encuentran muy lejos de Buenos Aires.

Desde FUNDEPS reconocemos de manera positiva la implementación de instancias presenciales para la consulta. Esto permite esclarecer en tiempo real dudas y comentarios sobre el borrador, a la vez que permitió conocer la intención de la institución a la hora de re-pensar su política. En este sentido, desde BID Invest se explicó que considerando la relevancia que ha tomado la cartera de inversiones privadas del Grupo BID, se hacía necesario modernizar la política de Acceso a la Información.

En términos generales el borrador en cuestión ha avanzado positivamente sobre la política anterior. Ha mejorado en instancias claves pero aún quedan elementos que pulir. Sobre ellos se hizo especial hincapié de parte de la sociedad civil y se espera que los comentarios sean incorporados. Además de las sugerencias y comentarios que hicimos en el marco de la consulta presencial, desde FUNDEPS, y junto con otras organizaciones del país y la región, estaremos enviando un documento con comentarios por escrito para contribuir al proceso de revisión de la Política.

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

Junto con el resto de las organizaciones que conforman GREFI, publicamos un análisis comparativo de los marcos normativos de las principales instituciones que financian el desarrollo en América Latina, con un foco en las semejanzas y diferencias existentes entre las instituciones tradicionales, las emergentes y la banca china.

El Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), conformado por FUNDEPS, DAR, Ambiente y Sociedad y Fundar, hizo público recientemente su último trabajo de investigación sobre las normativas de las instituciones financieras internacionales (IFIs): Análisis Comparativo de la normativa de IFIs presentes en América Latina Se trata de un análisis comparativo que toma como objeto de estudio las políticas operativas de diferentes instituciones: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco de Desarrollo de China (BDC) y el Banco Chino de Exportaciones e Importaciones (ExIm Bank). El objetivo esencial era poder lograr una comparación entre aquellas instituciones tradiciones, las nuevas instituciones de desarrollo y las instituciones chinas. El anclaje de este estudio está dado por la cantidad de nuevos actores que hoy en día forman parte del escenario financiero y de inversiones en América Latina.

El análisis se efectuó sobre cuatro ejes: acceso a la información, participación ciudadana, pueblos indígenas y salvaguardas sociales y ambientales. Los indicadores de dichas categorías fueron obtenidos a partir de las mejores prácticas internacionales en cada una de esas materias (la ley modelo de la OEA sobre acceso a la información, el convenio 169 de la OIT, entre otros). Cada categoría se dividió en diferentes elementos que recibieron una puntuación. El producto de este trabajo es presentado en forma estadística, expresando en qué nivel (porcentaje) las políticas de las instituciones logran alcanzar los más altos estándares.  

Los  principales  resultados obtenidos  en el estudio reportan  que dos bancos categorizados  como tradicionales BIRF-BM (86%)  y CFI (64%), además de un banco  emergente CAF (62%), obtienen las calificaciones más altas. Entre las instituciones con calificación menor al 50% se ubican dos bancos tradicionales BID (45%) y CII (26%), un banco emergente BNDES (17%) y dos bancos chinos BEIC (8%) y BDC (0%).  Un hallazgo interesante es que sólo en las categorías de banca tradicional y banca emergente se observan instituciones con calificación relativamente alta. En contraste, la banca china destaca con las evaluaciones más bajas conforme a la  proporción de adecuación estimada. Esto se explica en parte con el banco BDC, que no obtiene calificación en ningún eje temático, ya que, por falta de acceso a sus normativas, éstas se desconocen. (Véase el capítulo específico sobre el BDC).

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Publicación completa Análisis Comparativo de la normativa de IFIs presentes en América Latina

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Agustina Palencia: agustinapalencia@fundeps.org

Como resultado de diversas investigaciones realizadas por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), se ha detectado la necesidad de tener un mejor entendimiento de los marcos normativos de las principales Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) presentes en América Latina, desde un enfoque de derechos humanos.

El brazo privado del BID inició el proceso de consulta pública de su Política de Acceso a la Información, el cuál se extenderá por 120 días y contempla consultas virtuales y presenciales. Esta política resulta clave para poder acceder a información acerca de los proyectos financiados por la Institución, que está ampliando sustancialmente su cartera de proyectos en Argentina y Latinoamérica.

BID Invest (previamente denominada Corporación Interamericana de Inversiones) es el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se encarga de financiar y asesorar empresas y proyectos sostenibles del sector privado que provengan y se desarrollen en los países de América Latina y el Caribe. Cuenta con un portafolio de US$ 11.200 millones en activos bajo administración y 330 clientes en 23 países.

Actualmente, BID Invest se encuentra actualizando una de sus políticas operativas. Para ello, se ha preparado un borrador de la nueva Política de Acceso a la Información, que reemplazará a su actual Política de Disponibilidad de Información (vigente desde el 2005) en el 2019. Es en torno a dicho borrador (que se encuentra disponible en la página web de BID Invest) que se realizará la consulta pública, abierta a toda la sociedad civil internacional. El borrador se abrió a consulta el pasado 23 de mayo y recibirá comentarios por un plazo de 120 días.

A su vez, la consulta incluirá diálogos virtuales y presenciales. La consulta virtual estará disponible a través de la página web de BID Invest, y las consultas presenciales se llevarán a cabo mediante reuniones  (cuyas fechas están aún por confirmar) en diversos países de América Latina y el Caribe, además de en Washington D.C., donde el organismo tiene su sede.

Desde FUNDEPS participaremos de este proceso de consulta pública, revisando el borrador y enviando  comentarios al Banco, para así asegurar que esta nueva política se enmarque en un verdadero compromiso con la transparencia en el ejercicio de sus actividades y permita fortalecer su gobernanza y responsabilidad.

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Agustina Palencia

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org