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El año 2017 comenzó con importantes y promisorias novedades para el  proyecto de Gasificación de Localidades del Interior de la Provincia de Córdoba, más conocido por los cordobeses como el “proyecto de gasoductos troncales”. Los primeros días de enero el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y el Presidente Mauricio Macri estuvieron presentes en la inauguración de una Planta Reductora de Presión en La Calera, obra a cargo de  la empresa brasilera Odebrecht en el marco de los sistemas que le fueron adjudicados tras la licitación pública lanzada en 2015. La planta reductora constituyó el primer tramo inaugurado del Sistema de Anillo Córdoba-Gran Córdoba, conformado por 52 kilómetros de gasoductos de refuerzo, y que beneficiará a 300 mil habitantes tanto de Córdoba y La Calera como de Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Malagueño y Malvinas Argentinas, de acuerdo a la información oficial.

La presencia de Macri en la inauguración de la obra representó un gesto de apoyo político para el gobierno de Schiaretti. Sobre todo teniendo en cuenta los fuertes cuestionamientos y críticas que recibió el gobierno de la provincia por el involucramiento en este proyecto de la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo de corrupción en Brasil y otros países de América Latina, incluso en Argentina. A pesar de estos cuestionamientos, el gobierno de Schiaretti siempre defendió la participación de la empresa recurriendo al debatible argumento de que los hechos de corrupción en los que está involucrada ocurrieron entre los años 2004 y 2013, mientras que la licitación en Córdoba se realizó recién en 2015.

Sin embargo, a los pocos días el proyecto sufre un importante revés: Schiaretti anuncia que, por demoras en la obtención de los créditos de bancos chinos, se volverían a licitar 4 tramos de gasoductos para evitar seguir posponiendo el inicio de las obras en dichos tramos, pero en este caso con financiamiento propio de la Provincia. Recordemos que de los 10 sistemas troncales que fueron definidos en el año 2015, 4 fueron adjudicados a Uniones Transitorias de Empresas (UTEs) conformadas por empresas argentinas y chinas y financiados por bancos chinos (ICBC y Bank of China); y los 6 restantes fueron adjudicados a Odebrecht (en un primer momento se dijo que la empresa brasilera presentaría financiamiento propio para el inicio de la obra, pero finalmente esto no fue así, haciendo que la provincia tenga que recurrir al endeudamiento para iniciar las obras).

Así, a las críticas por la vinculación con Odebrecht en la obra se les sumarán  cuestionamientos por las demoras en el financiamiento chino; la falta de explicaciones pertinentes en relación a los motivos del caída del financiamiento; la necesidad de re licitar la obra y la decisión del gobierno provincial de salir nuevamente al mercado a endeudarse  para financiar la obra e incluso por el incremento sustancial en el costo de la obra, que pasó de un presupuesto de 8.600 millones de pesos en 2015 a 12.480 millones de pesos a inicios de 2017 (un incremento de 45% en casi dos años).

Tras un nuevo llamado a licitación en febrero, en el mes de marzo las obras de los 4 sistemas antes mencionados fueron re adjudicadas a las mismas UTEs que habían ganado en la primera licitación. A su vez, el gobierno emitió una nueva partida de títulos públicos por 460 millones de dólares para financiar el inicio de obras en los 4 tramos re licitados del proyecto, teniendo como agente financiero al Banco de Córdoba (Bancor).

A pesar de que en ese mismo mes de marzo se anunciaron avances en las negociaciones con los bancos chinos para terminar de concretar los créditos comprometidos para la obra, sorpresivamente el 21 de abril el gobernador Schiaretti anunció la caída definitiva del financiamiento chino y la firma de un decreto que dejaba sin efecto la adjudicación de las obras de los 4 sistemas troncales correspondientes. Si bien el propio Schiaretti culpó a los bancos chinos por la caída del financiamiento aduciendo que los mismos  plantearon condiciones “leoninas, inaceptables para Córdoba y el gobierno nacional”, lo cierto es que el gobierno nunca dejó en claro los verdaderos motivos y razones que llevaron a la caída del financiamiento chino.

De esta forma, el gobierno de Córdoba decidió lanzar una nueva licitación por 437 millones de dólares para la construcción de los 4 sistemas de gasoductos, que ahora en la nueva convocatoria pasarían a ser 8 sistemas (además de los 6 sistemas restantes ya adjudicados a Odebrecht) y cuyo financiamiento provendría de la misma provincia. En este caso, la adjudicación de los nuevos sistemas recayó sobre empresas nacionales.

 

A inicios de mayo, y a pesar de las críticas de la oposición, la legislatura provincial aprueba un proyecto de ley que habilita los nuevos cambios en el proyecto de gasoductos: se dan por terminadas las negociaciones con la banca china para financiar 4 de los sistemas troncales, y se aprueba que ahora sea el propio Estado provincial quien deberá obtener la totalidad de los fondos para concluir la obra (ratificando de esta manera la autorización otorgada por la ley 10.339 que habilitó operaciones de toma de crédito público por para llevar adelante las obras). Justamente a los pocos días, el gobierno oficializa a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, una nueva toma de deuda por 450 millones de dólares para financiar la obra. Hacia fines de junio, el propio Schiaretti anunciaría a través de su cuenta en Twitter que la provincia había conseguido la totalidad del financiamiento para la obra a través de la colocación de bonos en el mercado internacional de capitales.

En definitiva, este proyecto estratégico para Córdoba que iba a contar en sus inicios con financiamiento provisto o gestionado por actores internacionales (en un primer momento mediante el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil -BNDES-; luego mediante  bancos chinos y financiamiento propio provisto por la empresa Odebrecht) paso a depender exclusivamente, para su concreción, de recursos propios de la provincia u obtenidos vía endeudamiento a través de la emisión de títulos públicos.

La segunda mitad del año estaría signada principalmente por los avances de la obra (de acuerdo al gobierno hacia fines de año se había concluido un 14% de la obra y se planificaba que la obra concluya a mediados de 2019), pero también por los constantes y recurrentes cuestionamientos de sectores de la oposición y de la sociedad civil en relación al proyecto. En especial luego de que Córdoba haya sido mencionada en el marco de la causa Lava Jato como uno de los destinos donde la constructura Odebrecht pagó coimas en la Argentina.

A pesar de que desde el gobierno nacional de Mauricio Macri se inició una campaña para revisar e investigar el posible involucramiento de Odebrecht en el pago de coimas en numerosos proyectos de obra pública en la Argentina (lo que incluso llevó al gobierno nacional a suspender a la empresa para realizar obras a nivel nacional), el proyecto de gasoductos en Córdoba quedó extrañamente excluido de dicha revisión y nunca se brindaron las explicaciones pertinentes para justificar dicha exclusión. Incluso la empresa sigue operando en la provincia a pesar de su suspensión a nivel nacional (su principal obra es justamente la de gasoductos en Córdoba) y de los requerimientos desde la oposición de que se haga lo mismo a nivel provincial. Ante la falta de respuestas a nivel nacional, algunos legisladores opositores viajaron a Brasil en Octubre de este año para solicitar a los fiscales de la causa Lava Jato que investiguen la vinculación de la empresa brasileña en el pago de sobornos en el marco de la licitación realizada en 2008 para la obra de gasoductos troncales.

De esta forma, entre marchas y contramarchas, el balance del 2017 en relación al proyecto de gasoductos troncales arroja pocas luces y muchas sombras  y suspicacias en relación a la transparencia y ejecución del proyecto. No solo por la nunca del todo esclarecida caída del financiamiento chino a inicios del año sino también, y sobre todo, por la forma en que se ha manejado desde el gobierno provincial el involucramiento de la constructora Odebrecht en la obra y las numerosas causas de corrupción que la salpican en toda Latinoamérica e incluso en la propia Argentina. Si bien el gobierno de Schiaretti ha desligado a la empresa de cualquier tipo de vinculación con la posible entrega de coimas y hechos de corrupción en las licitaciones de la obra (incluso contando con el apoyo del propio gobierno nacional de Macri que ha iniciado una especie de “cruzada” en contra de la empresa brasileña por su accionar en el país durante el gobierno kirchnerista), lo cierto es que el año que acaba deja muchos interrogantes y aspectos no esclarecidos en torno al proyecto.

Sin dudas, el 2017 ha dejado una enorme deuda pendiente en cuanto a transparencia y rendición de cuentas en relación a este estratégico y emblemático proyecto para Córdoba. Desde FUNDEPS, esperamos que esta deuda sea saldada en 2018.

Más información

– Documento de Trabajo: Transparencia en el proyecto de gasificación de localidades del interior de la provincia de Córdoba por Melanie Mackenzie – Diciembre 2017. FUNDEPS.

– Notas y publicaciones de FUNDEPS en relación a los gasoductos troncales.

– Gasoductos troncales en Córdoba: una obra que avanza a la sombra de la corrupción por Agustina Palencia – 26 de diciembre de 2017. El Entramado. FUNDEPS.

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La Voz del Interior

Autores

Macarena Lourdes Mustafa / Voluntaria del Área de Gobernabilidad Global

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

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Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Actualmente, la región de América Latina ha asistido a un cambio rotundo en materia de grandes inversiones para el desarrollo. Tradicionalmente, las instituciones financieras internacionales (IFIs) ocuparon un rol fundamental a la hora de apoyar los proyectos de desarrollo en la región. El Grupo Banco Mundial y el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo estuvieron detrás de las grandes inversiones en el área de infraestructura.

Esta situación, se ha visto modificada ante el aumento de la presencia de la República Popular China como el principal inversor en esta materia. A este respecto, es necesario resaltar que esta situación ha traído aparejado una fuerte discusión en lo que refiere a estándares socio-ambientales. Las IFIs tradicionales cuentan con normativas que, si bien están lejos de funcionar de manera adecuada en la práctica, mínimamente buscan garantizar el cumplimiento de determinados estándares ambientales, sociales y en materia de derechos humanos  en sus proyectos. En el caso delas instituciones chinas, por el contrario,  la situación es más compleja, ya que en la mayoría de los casos dichas instituciones carecen de transparencia o de normativas claras y robustas en materia socio-ambiental.

La consecuencia de la convivencia de estos dos grupos de instituciones –las IFIs tradicionales y las chinas– ha dado un balance negativo y esto se ha evidenciado en el retroceso de las salvaguardas en organismos como el Banco Mundial. En este sentido, la estructura de financiamiento actual en América Latina ha visto descender sus estándares, generando situaciones graves de vulneración de derechos a la hora de poner en marcha grandes proyectos de infraestructura. Durante el año 2016, 200 defensores y defensoras ambientales perdieron su vida reivindicando sus derechos ante el avance de grandes proyectos petroleros y mineros. El 60% de esas muertes se dio en América Latina y el 40% pertenecía a pueblos originarios.

A partir de este marco, la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, reunió a un grupo de organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de incidir en la mejora de los estándares socio-ambientales en megaproyectos de infraestructura. En la Cuarta Reunión Regional de Derechos Humanos, Transparencia e Inversiones, celebrada en Lima el 30 y 31 de agosto, las organizaciones reunidas se pronunciaron por la urgente necesidad de asegurar los derechos de defensores y defensoras ambientales. Asimismo, se destacaron los crecientes casos de corrupción en torno a los megaproyectos y la falta de acceso a la información pública.

La declaración luego de la reunión señaló que: “varios gobiernos vienen abordando el derecho de acceso a la información pública como un mero trámite administrativo, sin tomar en cuenta que es un derecho humano instrumental a otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, a la libertad de expresión, que coadyuva a la adecuada y oportuna participación ciudadana y consulta previa libre e informada. En esa línea, preocupa que varias iniciativas internacionales sobre transparencia y acceso a la información no puedan seguir avanzando adecuadamente pues existe el riesgo de que se busque disminuir los estándares, como es el caso del Acuerdo Regional del Principio 10”. Los grandes proyectos de infraestructura entonces, hoy por hoy siguen siendo el escenario para la problematización de cuestiones como la transparencia y la rendición de cuentas.

Varios gobiernos de América Latina han adherido a la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP por su nombre en inglés) y por lo tanto se han comprometido a implementar políticas que fomenten la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Esto implica necesariamente, que estos esfuerzos por ‘abrir el Estado’ deban expandirse a la rama medioambiental y de infraestructura. Actualmente esto es una deuda pendiente y de los 3000 compromisos asumidos ante OGP, sólo 54 pertenecen al ámbito de la infraestructura. Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Uruguay son las naciones América Latina y el Caribe que han elaborado metas en relación a esta materia. Empero, los problemas persisten y la situación de los derechos humanos en torno a los megaproyectos ha ido empeorando. En adición, luego de la Cuarta Reunión de la Coalición Regional, se destacó que “es importante que los procesos para la elaboración de los Planes de Trabajo de la Alianza para el Gobierno Abierto de los países sean realmente participativos y con compromisos ambiciosos, medibles y relevantes”. Esto es especialmente importante a la hora de lograr el involucramiento y monitoreo de la sociedad en los procesos de obra pública (en todo el ciclo de los proyectos).

En Argentina esta realidad se replica. Actualmente se están desarrollando grandes proyectos de infraestructura que se han visto envueltos en casos de corrupción y cuya información no fue compartida con la ciudadanía. Se puede mencionar entre ellos a: las represas hidroeléctricas en la Provincia de Santa Cruz y los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba.

La situación generalizada de los derechos humanos en torno a los megaproyectos de infraestructura es alarmante. Siguen siendo numerosos los casos en los que las comunidades cercanas se ven perjudicadas por este tipo de obras. Sumado a ello, la matanza de defensores y defensoras ambientales se ha agravado en los últimos dos años. En este contexto, desde FUNDEPS adherimos a la Declaración de Lima e instamos a los gobiernos latinoamericanos a avanzar hacia políticas más transparentes en esta temática.

Más Información

– Declaración de Lima

Autora

Agustina Palencia, agustinapalencia@fundeps.org

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Gonzalo Roza gon.roza@fundeps.org

Este documento presenta un análisis de la evolución del proyecto de infraestructura más importante de la provincia de Córdoba y la relación con la constructora brasileña Odebrecht, con un foco en la transparencia del proyecto.

En el marco de la actual revisión de la política de salvaguardas del Banco Mundial, FUNDEPS y otras 68 organizaciones de la sociedad civil de diferentes países, enviaron al banco una carta reclamando una mayor transparencia en la divulgación del borrador final del Nuevo Marco Ambiental y Social.

Transcurridos cuatro años desde el inicio del proceso de revisión, el Banco Mundial no ha dejado claro en qué momento se hará público el borrador de su nueva política de salvaguardas. Esto impide que la sociedad civil pueda observar el borrador final antes de la deliberación final del Directorio para su aprobación, a pesar que en los últimos años muchos de estos actores aportaron sus percepciones y recomendaciones al procedimiento.

El pasado jueves 26 de mayo, en una carta enviada al Directorio Ejecutivo del Banco, 69 organizaciones – incluyendo a FUNDEPS – demandaron que el borrador final del Nuevo Marco Ambiental y Social sea divulgado públicamente de manera previa a la deliberación de su aprobación por parte del Directorio. Lo cual resultaría consistente con la Política de Acceso a la Información del Banco. La carta enfatiza que la nueva política de salvaguardas tendrá una enorme implicancia en  el nivel de protección de los derechos humanos y la integridad medioambiental en todos los proyectos de desarrollo financiados por la Institución. Muchas de las cuestiones que se debaten en esta revisión son centrales en la agenda de desarrollo global actual, incluyendo el derecho a la tierra, la protección de los bosques y los hábitats naturales, el cambio climático, y la no discriminación e inclusión.

Esperamos recibir una respuesta satisfactoria de la Institución, ya que la divulgación del borrador de manera previa a su consideración por el Directorio dotaría de mayor transparencia a un proceso que fue fuertemente criticado desde sus inicios por parte de la sociedad civil. Para acceder a la carta enviada al Banco (en inglés) acceder aquí.

Más información:

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Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) creada en el 2003, es una alianza estratégica internacional que reúne a gobiernos, empresas extractivas y grupos de la sociedad civil de 49 países para desarrollar e implementar criterios de transparencia en los pagos que provienen de la actividad extractiva.

En la jornada previa a la Conferencia Global del EITI, el día martes 23 de febrero en el edificio del Centro de Convenciones de Lima, se llevaron a cabo distintas actividades. El evento oficial consistió en un panel de presentación de los Estudios de Transparencia Regional de los 10 años de Perú en el EITI,  donde se expusieron casos de Buenas Prácticas en Transparencia y Rendición de Cuentas por parte de la USAID en “Pro participación. Sociedad Civil Vigilante y Propositiva“; los alcances e implementaciones del MIM PERÚ, programa que intenta mejorar la inversión trabajando junto a los municipios; y la presentación de una herramienta de trabajo elaborada por la OCDE que se publicaría en el próximo mes de abril, acerca de la detección y el abordaje de corrupción en la cadena de valor de extractivos, una tipología de riesgos, medidas de mitigación e incentivos. En último lugar se presentó la Declaración de América por la Transparencia en las Industrias Minera y de Hidrocarburos, que fue objeto de críticas y sugerencias para una mejor redacción.

Al mismo tiempo y en salas contiguas se fueron llevando adelante eventos paralelos organizados por distintos grupos de la sociedad civil de Perú y de la región. En estos se polemizó el rol del EITI, demostrando sus limitaciones y formulando diferentes críticas su funcionamiento, por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL de Naciones Unidas, entre otros. Destacamos la presencia de importantes figuras, como el Dr. Dondo Subsecretario de Política Minera del nuevo Ministerio de Energía y Minería del gobierno argentino, en la mesa de fortalecimiento de la gobernanza en las industrias extractivas en 2016 junto a representantes de los países de la región, organizada por el BID. En la misma Dondo se pronunció afirmando el interés del nuevo gobierno en explotación minera y en el EITI por cuestiones de transparencia. También hizo alusión a la reciente quita de las retenciones a la actividad minera en el país medida que busca, según palabras del Dr. Dondo, volver a la República Argentina más competitiva en esta actividad y la descentralización impositiva, ya que antes la percepción de este impuesto se concentraba en el gobierno nacional. Luego de su intervención, Martín Walter representante del BID se ofreció para que el gobierno argentino realizara todas las consultas necesarias durante esta reforma política, y aconsejó dialogar con los países que ya estaban trabajando el tema para que no se vuelvan a repetir errores en la región.

En el marco de estas actividades FUNDEPS suscribió el Posicionamiento de la sociedad civil latinoamericana  ante la Conferencia Mundial de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas.

 

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María Victoria Gerbaldo – Área de Gobernabilidad Global

victoriagerbaldo@fundeps.org

Resultaba previsible la caída definitiva del financiamiento por parte del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), para la construcción de los cinco gasoductos que atravesarían la provincia. El nuevo panorama incluye la posibilidad de financiamiento chino el cuál se caracteriza, al igual que el del BNDES, por la falta de transparencia y regulaciones socioambientales.

El anhelado “Proyecto de Gasificación de Localidades del Interior de la Provincia de Córdoba”, impulsado en 2008 bajo la gestión de Juan Schiaretti encontró finalmente un desenlace abrupto pero previsible. El financiamiento de 257 millones de dólares, que iba a significar la posibilidad de acceso al gas natural a más de 80 localidades cordobesas, ya había sido aprobado por el BNDES. Sin embargo, debido a mala relación existente entre el gobierno provincial y el nacional, se cayó de manera definitiva en las últimas horas. Como era de prever, la entidad bancaria le comunicó a las autoridades del gobierno de Córdoba que los plazos para llevar a cabo el desembolso de los fondos se habían vencido, dando por finalizado el mismo.

El retraso en la firma del aval al financiamiento por parte del Ministerio de Economía de la Nación, así como también los recientes casos de corrupción en Brasil que salpicaron el proyecto (ver aquí), constituyeron una serie de trabas y contratiempos que dilataron los procesos burocráticos y el posterior incumplimiento de los plazos.

A pesar de ello, y dado el carácter estratégico que reviste una obra de tal magnitud para la provincia, resulta probable que en un futuro cercano, las autoridades busquen financiamiento internacional proveniente de otros actores. Incluso ya se ha comenzado a mencionar la posibilidad de financiamiento chino para la realización de la obra. Este caso en particular esta contextualizado por una tendencia general a nivel nacional, de una fuerte disminución de financiamientos provenientes del BNDES en desmedro de aquél proveniente de los bancos chinos (ver aquí). Justamente la presencia china en la región a través de inversiones en infraestructura y otros rubros, se encuentra en crecimiento siendo una de sus prioridades dentro de su política exterior (ver aquí). En este marco, no resultaría extraño que los fondos para la ejecución de la obra terminen proviniendo finalmente de la República Popular de China. Más aún, si tenemos presente las buenas relaciones entre ambos gobiernos y los recientes acuerdos celebrados entre nuestro país y el gigante asiático.

Más allá de cuál sea el origen final del financiamiento, resulta importante que la sociedad civil cordobesa se asegure que el proyecto se diseñe e implemente teniendo en cuenta los correspondientes estándares de transparencia, participación y protección de los derechos humanos y el ambiente. Requisitos y estándares que, por lo general, resultan difíciles e incluso imposibles de hallar en el accionar tanto del BNDES como de los propios bancos chinos (ver aquí).

 

Más información:

“Se cayó de manera definitiva el proyecto de los gasoductos”, La Voz del Interior – 10-03-2015.

“La Argentina nao-tem financiamiento: se derrumbo el crédito del Bndes al país”, Perfil.com – 07-03-2015.

“Financiamiento del Proyecto de gasoductos troncales de Córdoba bajo sospecha de estar vinculado a caso de corrupción”, FUNDEPS – 26-12-2014

“China y su creciente rol en el financiamiento para el desarrollo en Latinoamérica”, FUNDEPS – 17-09-2014

“Un año clave para la transparencia en el BNDES”, FUNDEPS – 06-02-2014

 

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– Gonzalo Roza, Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

El reciente caso de corrupción en Petrobras que sacude a Brasil ha salpicado el proyecto de los gasoductos troncales para la provincia de Córdoba que cuenta con financiamiento, aún no desembolsado, del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES). Este caso representa un ejemplo más de la necesidad de transparentar el accionar de esta institución, sobre todo en sus operaciones fuera de Brasil.

A comienzos de 2008, durante la gestión del por entonces gobernador Juan Schiaretti, se decidió impulsar el Proyecto de Gasificación de Localidades del Interior de la Provincia de Córdoba. En caso de concretarse, el mismo consiste en la construcción de 5 gasoductos troncales (Norte, Centro, Sur, Este y Ruta 2) con una extensión total de 1.667 kilómetros que atravesarán la provincia y llevarán gas natural a más de 80 localidades del interior provincial que actualmente carecen de acceso a dicho servicio. Para la realización del proyecto el gobierno provincial gestionó y obtuvo,  un financiamiento por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) de 257 millones de dólares.  En octubre de 2008 se llamó  a  licitación pública internacional de la obra, la cual fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas (UTE). La misma está conformada por la constructora brasilera Andrade Gutiérrez y las empresas argentinas BRITOS S.A y IECSA S.A.

A pesar de estos avances, se produjeron una serie de contratiempos de carácter político que responden a la mala relación existente entre el gobierno provincial y el nacional y que imposibilitaron la llegada del financiamiento. Así, el retraso en la firma del aval al financiamiento por parte del Ministerio de Economía nacional impidió, hasta el momento, la materialización del desembolso y  ha significado una vuelta a foja cero del proceso, corriendo el riesgo de vencer los plazos para su ejecución. El asunto se sigue agravando si tenemos en cuenta las malas relaciones reinantes entre las autoridades provinciales y miembros del gobierno nacional, que dificultan todo tipo de acercamiento para destrabar la situación imperante.

No obstante las pocas novedades que hubo en los últimos años respecto al avance del proyecto, el mismo ha tomado relevancia en las últimas semanas debido a su posible vinculación con casos de corrupción que tienen como protagonistas a empresas de Brasil. (Ver “Gasoductos cordobeses, salpicados por caso de corrupción en Brasil”, La Voz del Interior – Diciembre de 2014). Más precisamente, con los casos de la petrolera brasileña Petrobras e importantes constructoras, todas acusadas de malversación de fondos, sobreprecios y sobornos, que ha sacudido al país vecino en el transcurso de los últimos meses.

En numerosos documentos secuestrados por la justicia brasilera, se han podido hallar diversas menciones acerca del financiamiento del BNDES para la realización de las obras en la Provincia de Córdoba y su contacto con la constructora Andrade Gutiérrez. Así mismo, esta última ha sido víctima de una demanda civil bajo la acusación de haber cobrado sobreprecios en contratos celebrados con la ya mencionada petrolera en los últimos años.

Si bien resulta discutible trazar una relación directa entre el financiamiento del programa de gasificación y las acusaciones de corrupción, lo cierto es que el accionar poco transparente del BNDES no contribuye a  clarificar la situación y a disipar dudas e inquietudes. Este representa un claro ejemplo de lo que hace tiempo FUNDEPS, junto a un nutrido grupo de organizaciones de la sociedad civil de la región, vienen resaltando respecto al accionar de esta institución:  sus bajos estándares de transparencia, rendición de cuentas y escasa difusión de información acerca de la manera en que opera tanto dentro como fuera de Brasil.

Más información:
– “Gasoductos cordobeses, salpicados por caso de corrupción en Brasil”, La Voz del Interior – Diciembre de 2014
– “Implementación de una Política de Acceso a la Información para el BNDES”, FUNDEPS – Abril de 2014
– “Un año clave para la transparencia en el BNDES” , FUNDEPS – Enero de 2014

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Gonzalo Roza, Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org

Organizaciones de la Sociedad Civil de la región publican un documento que demanda la adopción de una Política de Acceso a la Información por parte del Banco.

En el marco del trabajo realizado en pos de transparentar las actividades del BNDES,  FUNDEPS junto a un grupo de organizaciones y redes de trabajo pertenecientes a diferentes países latinoamericanos publicaron recientemente el documento Lineamientos para la Discusión: Implementación de una Política de Acceso a la Información para el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES).

Esta publicación fue presentada en el mes de noviembre de 2013 en un taller internacional de la sociedad civil sobreTransparencia en el BNDES, realizado en la ciudad de Brasilia. La investigación se realizó con el objetivo de servir como insumo para las futuras acciones de incidencia y trabajo conjunto entre la sociedad civil latinoamericana y el Banco, en un momento en que la Institución ha comenzado a dar incipientes pero prometedores pasos en materia de transparencia y participación social.

El documento está estructurado en dos secciones: la primera exhibe los argumentos (y los posibles beneficios) por los cuáles se hace necesario que el Banco adopte una Política de Acceso a la Información específica; y presenta una serie de justificativos para explicar los motivos que suele utilizar el para restringir la información, como el Secreto Bancario o la Soberanía de los Estados, por ejemplo. La segunda sección contiene específicamente una Política Modelo de Acceso a la Información para el Banco, estableciendo principios, garantías y mecanismos para asegurar la transparencia en la institución.

Juan Carballo, Director Ejecutivo de FUNDEPS, resaltó la importancia de este tipo de documentos e indicó que “la adopción de una Política de Acceso a la Información con las características reflejadas en esta publicación constituye un requisito necesario y fundamental no sólo para garantizar que el BNDES brinde información completa en tiempo y forma acerca de los proyectos que financia en la región, sino también para que adopte un régimen de salvaguardias ambientales y sociales robusto y efectivo. Actualmente, existen reclamos en gran parte de los proyectos en los que el Banco se ve involucrado por sus fuertes impactos a nivel social y ambiental. De allí que es necesario asegurar que estos proyectos puedan efectivamente promover el desarrollo, y que lo hagan en un marco de transparencia».
La publicación es el resultado del trabajo colectivo realizado por las siguientes organizaciones: Asociación Ambiente y Sociedad – AAS (Colombia); Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES (Ecuador); Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA (Bolivia); Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia – CIDOB (Bolivia); Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA (Regional); Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR (Perú); Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos – FOCO (Argentina); Forum Solidaridad Perú (Perú); Fundación Ambiente y Recursos Naturales – FARN (Argentina); FUNDAR Centro de Análisis e Investigación (México); Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables – FUNDEPS (Argentina); Instituto Brasilero de Análisis Sociales y Económicas – IBASE (Brasil); Instituto de Estudios Socio Económicos – INESC (Brasil); y la Red Jurídica Amazónica – RAMA (Regional).
Contacto: 

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Tras el fuerte trabajo interno realizado por la sociedad civil latinoamericana durante 2013, el año 2014 se presenta como un año clave para promover la transparencia y el acceso a la información dentro del BNDES y de allí, apuntar a fortalecer el régimen de salvaguardias socio-ambientales de la Institución.

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) constituye, hoy en día, una de las principales fuentes de financiamiento de obras de infraestructura en la región latinoamericana, siendo la Argentina uno de sus principales clientes. Sin embargo, el fuerte crecimiento que ha experimentado el Banco en su nivel de actividades a lo largo de las últimas décadas y que le ha permitido traspasar las fronteras nacionales de Brasil con sus operaciones, no ha venido acompañado por el correspondiente adecuamiento de sus políticas operacionales y normas de funcionamiento a los altos estándares vigentes en los países latinoamericanos, e incluso en Instituciones Financieras Internacionales u organismos multilaterales que operan en la región, tales como el Banco Mundial, el BID o la OEA, entre otros. Al menos en lo que se refiere a salvaguardias socio-ambientales, participación pública y transparencia; lo que constituye una importante fuente de preocupación para la Sociedad Civil de América Latina, ya que gran parte de los proyectos financiados por el BNDES acarrean enormes impactos socio-ambientales en los territorios en donde se desarrollan, y las posibilidades de participación y de acceso a la información de dichos proyectos se encuentra sumamente limitadas.

En este contexto, durante el año 2013 FUNDEPS ha trabajado, junto a un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) tanto brasileñas como del resto de los países de Sudamérica, en pos de transparentar las acciones y financiamientos de esta Institución en la región. Así, por ejemplo, tras haber participado en diversos talleres de trabajo sobre el accionar del BNDES realizados en los meses de Junio y Octubre de 2013 en la ciudad de Río de Janeiro, FUNDEPS tuvo una participación activa en el Taller Internacional de la Sociedad Civil “Agenda BNDES: diálogos, convergencias e incidencia” realizado los días 26 y 27 de noviembre pasados, en la ciudad de Brasilia (Brasil). En dicho evento FUNDEPS presentó, junto a otras organizaciones de la región, el documento “Lineamientos para la Discusión sobre la Implementación de una Política de Acceso a la Información para el BNDES”, el cuál contiene una Política Modelo de Acceso a la Información para el Banco y una serie de contraargumentos a los motivos alegados por la institución para restringir la información. Ambos recursos tienen el ánimo de servir como insumos básicos y esenciales para las futuras acciones de incidencia sobre el Organismo.

El 2014 parece ser un año clave en ese sentido, ya que el Banco ha decidido abrir una puerta de diálogo con la Sociedad Civil y constituir un espacio institucionalizado de discusión con las OSC, donde se aborden diferentes temáticas referidas al accionar y funcionamiento del Organismo. La primera de dichas reuniones, pactada para Febrero de 2014, abordará justamente el tema de Transparencia y Acceso a la Información dentro del BNDES, lo que constituye sin dudas una oportunidad única para trabajar junto al Banco en vistas de perfeccionar su régimen de transparencia y acceso a la información. La mala noticia es que dicho espacio estará circunscripto, al menos por el momento, sólo a organizaciones brasileñas, sin la participación del resto de las organizaciones de la región. A pesar de este impedimento, FUNDEPS continuará trabajando a lo largo de 2014 en pos de transparentar las acciones del BNDES y conseguir que el Banco adopte una Política de Acceso a la Información propia, requisito previo para poder incidir efectivamente en el fortalecimiento de las salvaguardias socio-ambientales aplicadas a los proyectos financiados por la Institución.

Recurso:

Documento de Trabajo – Tansparencia, una cuenta pendiente para el BNDES

Contacto:

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org