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Las organizaciones de la sociedad civil representantes de las provincias argentinas en el Consejo Consultivo Ad Honorem del INAM  el 10 de noviembre presentamos los reportes de situación. Asimismo, lamentamos la inactividad del Consejo durante el año y la poca interacción del INAM con sus integrantes.

Desde el año pasado, FUNDEPS integra el Consejo Consultivo Ad Honorem del INAM, un espacio de colaboración entre gobierno y las organizaciones comprometidas con la lucha por la igualdad de las mujeres. Este Consejo, creado en virtud del artículo 9 de la ley de protección integral 26.485, está compuesto por organizaciones de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene como principal función la de asesorar y recomendar cursos de acción para abordar la problemática de la violencia de género. Sin embargo, desde la reunión llevada a cabo en Octubre del año pasado, las organizaciones Consejeras no hemos podido entablar una comunicación activa con el INAM, y tampoco se ha avanzado en la elaboración del reglamento de funcionamiento del Consejo.

Aún así, cumpliendo con los compromisos asumidos como consejeras, desde FUNDEPS presentamos el reporte anual de la situación de Córdoba con relación a la implementación del Plan Nacional Acción para la prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019.

En este sentido, cabe destacar que nuestra provincia no adhiere al Plan Nacional, lo que advertimos como la principal alerta en cuanto a los compromisos asumidos por el país en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, a través de la firma de las Convenciones de Derechos Humanos que abordan la problemática, como la  Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW, (por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana de Belem Do Pará.

Asimismo, realizamos pedidos de información a los órganos provinciales correspondientes, a fin de responder a la información requerida por el INAM, pedidos que no fueron respondidos en los plazos establecidos por la ley. En este sentido, recurrimos a la información recabada a través de nuestro trabajo de campo, como también a la data disponible en línea en los sitios oficiales de la provincia.

La falta de acceso a la información es otra importante alerta que advertimos, principalmente dada la gravedad de la problemática en nuestra provincia, en la cual ya se cuentan más de 11 femicidios, hasta agosto, en lo que va de 2018. 

En el informe presentado, se reportaron actividades respecto de áreas de la salud, de educación, de medios de comunicación, como también acceso a la justicia y trabajo.

La lamentable inactividad del Consejo y del INAM

Durante el mes de septiembre, FUNDEPS junto con otras organizaciones consejeras presentamos un pedido de información al INAM para entender cuáles son las pautas de funcionamiento del Consejo Consultivo, a fin de poder cumplir con los compromisos asumidos.

Durante la reunión inaugural del espacio, las organizaciones consejeras y las funcionarias del INAM acordamos que durante el corriente año nos dispondríamos a la elaboración del reglamento a los fines del funcionamiento del órgano. Este reglamento nunca fue redactado, y tampoco fueron respondidas las consultas y preguntas de las Consejeras por parte del INAM.

Asimismo, como parte de nuestro trabajo de monitoreo constante de medios de comunicación, hemos realizado una denuncia por violencia mediática por los dichos de Nicolás Repetto, que en una entrevista con una joven víctima de abuso en el transporte público cuestionó  el tipo de vestimenta que estaba usando en ese momento. Por esta razón, iniciamos el proceso correspondiente de reclamo ante el INAM, pero no tuvimos respuesta oportuna ni adecuada frente a nuestra denuncia.

Reconociendo plenamente los esfuerzos del INAM para aumentar la transparencia y rendición de cuentas sobre la implementación del Plan Nacional Acción para la prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019, realizados en el marco de su compromiso de gobierno abierto, la falta de interacción y de respuesta frente a la sociedad civil resulta contradictoria.

Es importante analizar también el contexto económico del país, principalmente desde la previsión de los fondos para la lucha por la igualdad y en contra de la violencia llevada a cabo por el INAM. Como señala ELA, en su informe sobre el presupuesto 2019, “el INAM había logrado una partida total de $211.500.000 millones de pesos para 2018, resultado de las reasignaciones presupuestarias logradas durante el ejercicio. Para el 2019, se le adjudicará un total de $234.394.881. Si bien esto representa un 11% de aumento en términos nominales, teniendo en cuenta el promedio de inflación empleado por el propio Poder Ejecutivo en la elaboración del presupuesto (34,8%), esto implica una caída del 18% en términos reales en relación al año anterior”.

En un contexto donde la crisis económica y los consecuentes recortes presupuestarios impactan especialmente en las mujeres, que las organizaciones no tengan voz para expresar sus opiniones y reclamos ni encuentren respuesta en las autoridades encargadas de promover políticas de igualdad de género en todas las esferas, resulta preocupante.

Sin perjuicio de la realidad compleja del INAM, las organizaciones consejeras cumplimentamos con nuestros compromisos, y esperamos que para el año próximo logremos avanzar en la consolidación de espacios reales de participación pública, con garantía de ser consultadas y escuchadas al momento de diseñar e implementar las políticas públicas de lucha en contra de la violencia hacia las mujeres.

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Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

La última semana de septiembre la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que preside el senador Eduardo Costa (UCR) de forma sorpresiva decidió la designación provisoria de un nuevo Defensor del Público: Eduardo Jesús Alonso.

La decisión de nombrar un Defensor Provisional fue acordada por el oficialismo con desconocimiento de la oposición. La reunión de Comisión fue convocada para tratar la situación anómala que sufre la Defensoría y para poder analizar el proceso de designación. La designación misma no formaba parte del orden del día. La sorpresa entonces, fue la designación de Alonso, a quien la mayoría de la Comisión no conocía: ni su nombre, ni su trayectoria, ni su curriculum, ni las razones por las cuales se lo propone como Defensor Provisional.

Finalmente, como no se dio lugar a no votar la designación, todos los bloques legislativos acordaron el nombramiento de Alonso que estará vigente hasta que se designe al Defensor/a titular, en un plazo de 60 días. Cabe destacar, que desde la presidencia de la Comisión se aclaró que la designación provisional tiene como fin el cumplimiento de funciones operativas y administrativas de la Defensoría y no podrá tomar ninguna resolución de carácter institucional

Por lo pronto, lo único que se conoce del nuevo Defensor del Público es que se trata de un joven abogado de 32 años que, con la asunción de la nueva gestión en 2015, entró a trabajar en la Secretaría General de la Presidencia.

La Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual se encuentra acéfala desde el 14 de noviembre de 2016 cuando, ante el término del mandato de la Lic. Cynthia Ottaviano, la Comisión Bicameral del Congreso decidió no designar a un/a nuevo/a defensor/a ni renovar el mandato de la defensora saliente. Desde ese momento, la abogada María José Guembe, Directora de Protección de Derechos de la Defensoría, fue referente interina.

La institución de la Defensoría del Público es fundamental pues oficia de intermediaria entre los actores de comunicación y el público, en representación de los intereses y derechos de las audiencias. En las últimas semanas, hemos llevado adelante una denuncia por violencia mediática ante el ente. Desde la Defensoría, nos informaron que se encuentran con problemas para dar respuesta a los trámites y reclamos y aclaran que “La demora responde a que la Comisión Bicameral de promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual, las tecnologías de las telecomunicaciones y la digitalización de la cual depende este organismo, ha decidido designar a una nueva persona a cargo de la Defensoría del Público hasta tanto se regularice la situación de acefalía y se elija a un/a nuevo/a Defensor/a del Público. “

De esta manera, la continuidad de esta acefalía desde hace ya 3 años, vulnera a la ciudadanía ya que sus derechos no pueden hacerse valer completamente sin el accionar pleno de este organismo. Mientras no se concurse y designe un/a nuevo/a Defensor/a, los derechos de las audiencias, siguen en riesgo.

 

Autora: Emilia Pioletti

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Los comentarios machistas y discriminatorios de Baby Etchecopar dichos en su programa radial “El ángel del mediodía” por Radio 10, generaron un gran repudio de los movimientos sociales y de mujeres, a partir de los cuales se interpusieron varias denuncias, entre ellas una penal por infringir la ley nacional 23.592 que penaliza los actos discriminatorios.  La normativa impone una pena de prisión de uno a tres años a quien realice propaganda basados en ideales o teorías de superioridad de un grupo de personas.

 

En virtud de los actos de Violencia Mediática y Simbólica contra las mujeres generada por los comentarios de Etchecopar, desde el Equipo de Género de FUNDEPS interpusimos una denuncia ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en repudio por la difusión de estos mensajes que promueven la discriminación contra las mujeres, legitimando la desigualdad de trato y reproduciendo patrones socioculturales de desigualdad y generadores de violencia contra las mujeres.

Los dichos misóginos que motivaron nuestra denuncia se dieron el día 10 de Septiembre en el marco de una discusión telefónica con Silvia Ponce, dirigente del movimiento Evita, quien se encontraba en una protesta social contra el ajuste y las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri.

En ese contexto, el conductor radial le preguntó si ella era beneficiaria de algún plan social, a lo que ella respondió que sí. Por lo que seguidamente le preguntó si ella trabajaba. Cuando Silvia contestó de nuevo afirmativamente y dijo que trabajaba todos los días en su casa, el Sr. Baby Etchecopar la interrumpió diciéndole: “No no, pero en tu casa no. Vos contéstame lo que yo te pregunto porque casete no. ¿Vos trabajas o no trabajas?”.

Consideramos que tal expresión resulta totalmente discriminatoria, machista y que invisibiliza el trabajo de las mujeres, ya que la actividad doméstica es trabajo, aunque no sea remunerada. De hecho, es una de las principales causas de desigualdad entre hombres y mujeres.

De acuerdo a datos del INDEC, 9 de cada 10 mujeres dedican parte de su día a ese tipo de tareas, que incluye el cuidado y mantenimiento del hogar. También, el 76% de los trabajos domésticos no remunerados en Argentina son realizados por mujeres. Incluso aquellas que trabajan full time le dedican más tiempo de su vida a estas actividades que los hombres que están desempleados. Tal hecho implica menos tiempo de ocio para las mujeres, de capacitación y desarrollo profesional. Lo que se traduce en menor ingreso, más precariedad de los trabajos y el llamado “techo de cristal” que nos impide acceder a los puestos jerárquicos de poder.

Por último, y luego de sacar del aire a la Dirigente Silvia Ponce, Baby Etchecopar expresó: “Tengo seis hijos. ¿Quién te manda a coger, boluda? Dejate de joder”. Repudiamos tal expresión no sólo por el nivel de agresión, sino por configurar un claro ejemplo de violencia de género: y según la Ley de Protección Integral a las Mujeres 26.485, como violencia mediática, entendida como “toda publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres y legitime la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.

Baby Etchecopar con sus dichos avala y replica los modelos de dominación y tutela sobre el cuerpo de la mujer.

Por estos mismos hechos que generaron nuestra denuncia es que la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 18, especializada en Violencia de Género de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo interinamente de Federico Villalba Díaz, decidió imputarlo por discriminación en contexto de violencia de género.

La fiscalía pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). A su vez, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) también inició un sumario contra Etchecopar para determinar si se violó la Ley 26.522, que busca evitar la violencia de género y proteger a las audiencias más vulnerables.

Los medios de comunicación tiene una responsabilidad innegable en la construcción de ciudadanía, ya que no sólo son formadores de opinión, sino que además avalan y legitiman prácticas de la sociedad. Celebramos la intervención de dichas instituciones en este caso y continuamos exigiendo el pleno cumplimiento y respeto de las leyes que protegen a las mujeres para seguir construyendo una sociedad más igualitaria.

 

Autora:

Valentina Montero

Contacto:

Virginia Pedraza

vir.pedraza@gmail.com

 

 

El día 19 de septiembre durante la transmisión de Arriba Córdoba, el noticiero matinal de Canal 12 de Córdoba, su conductor, Jorge Cuadrado, mostró en pantalla una foto de la actriz y cantante Jimena Barón, titulada “Jimena Barón, otra vez disponible”. El tratamiento del tema, en tono jocoso y claramente cosificador de la mujer, resulta repudiable.

“Disponible”, según la RAE  significa: 1. Adj. Dicho de una cosa: Que se puede disponer libremente de ella o que está lista para usarse o utilizarse.3. Adj. Dicho de una persona: Libre de impedimento para prestar servicios a alguien.  De esta manera, ubican a una mujer como una cosa de la cual se puede disponer libremente, está lista para usarse, y está libre de impedimento para prestar servicios. Ya que se usó el término “disponible” para hace referencia a que está soltera y dado que Jimena es heterosexual, se deja entrever que el sujeto que puede “disponer”, es un hombre.

Consideramos que es un claro caso de Violencia Mediática y Violencia simbólica de acuerdo con las definiciones la Ley 26.485 de Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y que también están contemplados en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.  Además vulnera y transgrede todo lineamiento estipulado en las distintas Guías para el Tratamiento Periodístico Responsable de casos de Violencia contra las Mujeres. Por ello, el día 20 de septiembre, hemos realizado la denuncia correspondiente ante el Observatorio de Violencia Simbólica y Mediática del INAM (Instituto Nacional de las Mujeres). Este órgano
aún no ha respondido a nuestra denuncia, por lo que resulta preocupante con relación a los compromisos asumidos por el INAM en cuanto al abordaje sobre la violencia mediática presentado en el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra Las Mujeres.

Seguimos pidiendo que los medios de comunicación se comprometan en la promoción y respeto de la igualdad, evitando contenidos que reproduzcan formas de violencia mediática hacia las mujeres, respetando en todo momento su integridad y sus derechos.  Su rol en la construcción de sentido es fundamental y deben cumplir las leyes y evitar prácticas que promuevan la discriminación, cosificación y estereotipación de las mujeres.

En un contexto de cambio de época y avances para desarmar las estructuras discriminatorias por razón de género, tratamientos periodísticos de este tipo, no hacen más que restar en la necesaria evolución social y abonar a reforzar los ordenamientos patriarcales violentos.

Así mismo, instamos a todos los entes públicos abocados a recibir denuncias por violencia mediática, a cumplir su rol institucional de estar al servicio de la ciudadanía, a responder a dichos casos en tiempo y forma, y a comprometerse seriamente con esta lucha.

Autora
Emilia Pioletti

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Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

Del 3 al 5 de septiembre se realizó en la Universidad Nacional de Villa María el XX° Congreso de REDCOM y Iº Congreso Latinoamericano de Comunicación de la UNVM. “Comunicaciones, poderes y tecnologías: de territorios locales a territorios globales”. Desde FUNDEPS presentamos una ponencia dando cuenta de los datos obtenidos en nuestras investigaciones sobre la participación de las mujeres en los medios de comunicación en sus ámbitos de trabajo.

El XX° Congreso de REDCOM es un espacio construido a fin de integrar la perspectiva latinoamericana a los debates académicos, sociales y políticos sobre la comunicación, promover el diálogo de los distintos espacios en la construcción del derecho humano a la comunicación, y profundizar cada dimensión temática a través de la diversificación de medios para su expresión, entre otros.

En este marco, presentamos los resultados obtenidos en la investigación realizada junto con la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, “Organizaciones de medios y género: Igualdad de oportunidades para mujeres y personas LGTTBIQ+ en empresas, sindicatos y universidades”. Este informe tuvo como objetivo principal indagar sobre el acceso a la igualdad de oportunidades de las mujeres y la comunidad LGTTBIQ+ en los ámbitos laborales de los medios de comunicación.

Las desigualdades en el acceso a las oportunidades laborales, desde una perspectiva de género, tiene múltiples causales, y requiere de la implementación de mecanismos de cambio sociales, culturales y políticos para su real prevención y erradicación.

Pero en ciertos ámbitos, la desigualdad conlleva además otras consecuencias, como lo es en el ámbito de la comunicación. Si entendemos a los medios de comunicación como formadores de opinión y de valores socioculturales, la falta o poca representación de los diversos colectivos de nuestra sociedad, también da lugar a que dicha representación desigual se plasme en los contenidos mediáticos, reproduciendo los mismos valores que dan lugar a la discriminación.

En este sentido, para lograr una real y democrática representación de las voces de toda la sociedad en los medios (reconociéndoles el carácter de agente formador de opinión) es necesario empezar a combatir las desigualdades en el acceso a las oportunidades de trabajo y al desarrollo profesional de todas las personas, con foco en las mujeres, la comunidad LGBTTIQ+, y en los grupos históricamente vulnerados.

Celebramos el espacio otorgado por la UNVM y la REDCOM, a la comunidad académica y a las organizaciones de la sociedad civil, para debatir y visibilizar las necesidades de construir a la comunicación en nuestro país desde una perspectiva inclusiva, de género y de derechos humanos.-

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Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

Presentamos el informe completo y el resumen de la investigación “Organizaciones de medios y género. Igualdad de oportunidades para mujeres y personas LGTTBIQ+ en empresas, sindicatos y universidades”, realizada por FUNDEPS y Comunicar Igualdad, con el apoyo de la  Fundación Heinrich Böll. Los resultados finales son producto de la investigación realizada durante el 2017 en Córdoba y Buenos Aires en la que se realizaron 50 entrevistas a empresas de medios de comunicación, sindicatos e institutos de formación periodística.

La investigación se realizó En base a los los Indicadores de Género para medios de comunicación de la UNESCO (2014) y de los objetivos planteados por la Plataforma de Acción de Beijin (1995), con  el fin de conocer la estructura laboral y las políticas de género de las empresas de medios  de comunicación, asociaciones profesionales de medios y universidades vinculadas a la comunicación  en Argentina.

La investigación ofrece los resultados del análisis de la información recabada de 30  empresas de medios, 7 sindicatos de prensa, 12 instituciones educativas, 22 trabajadoras/es de  prensa, 10 especialistas en género, 7 pedidos de acceso a la información en ambas regiones (Córdoba y Buenos Aires),  y búsquedas en páginas web y bibliotecas.

La preocupación sobre la desigualdad en el acceso a las oportunidades de mujeres y personas de la comunidad LGBTTIQ+ tiene especial importancia al referirnos a los medios de comunicación. Hemos llegado, por ejemplo, a conclusiones que reclaman especial atención: del total de las personas empleadas en los medios de comunicación analizados en Córdoba y Buenos Aires, las mujeres representan sólo el 30,35%. Las cifras se tornan más problemáticas al observar los cargos gerenciales y de propiedad dentro de estas empresas: el 78,28% de estos cargos son ocupados por varones. El techo de cristal existe y se contabiliza en una brecha de género del 56,56% en los cargos de mayor relevancia en los medios de comunicación, exponiendo así la perspectiva androcéntrica que atraviesa estos espacios.

Estas cifras son una señal de alerta debido al poder comercial y cultural que ostentan los medios de comunicación, destacando su rol como formadores de opinión, productores, reproductores y transmisores de valores, al tiempo que definen aquello que es considerado como relevante, normal, discutible y aceptado o rechazado socialmente.

Los resultados evidencian una desigualdad de poder no sólo dentro de estas empresas de medios sino también en las organizaciones relacionadas a la comunicación (sindicatos y universidades) en las que los estereotipos de género se reproducen.

En los sindicatos, el porcentaje de mujeres afiliadas en ambas regiones es de poco más de un 24%, el cual se reduce al contabilizar su presencia en las dirigencias gremiales donde participan en un 23,29%.  

Sin embargo, esta tendencia se revierte en los espacios académicos de formación de profesionales de la comunicación: el 64,02% de las personas egresadas de estas carreras son mujeres.

Entonces si bien muchas mujeres estudian carreras relacionadas con la comunicación, superando ampliamente a los varones, esto no se refleja en una participación mayoritaria en las empresas de medios y menos en los sindicatos.

Estas desigualdades de género se hacen visibles en el techo de cristal, en la división sexual del trabajo y en la falta de una perspectiva de género traducida en políticas institucionalizadas en los casos de los medios de comunicación y sindicatos. De la misma manera, las universidades presentan falencias en asignaturas específicas y obligatorias sobre género y en planes de estudios con una perspectiva de género transversal.

La incorporación de los medios de comunicación, sindicatos y universidades de la ciudad de Córdoba enriquecen el análisis, ya que se desprenden datos que muestran cómo estas brechas de género se acentúan y amplían en la región. Del total de las personas empleadas en las empresas de medios analizadas, sólo el 23,29% son mujeres y no hay ninguna persona trans. Aún más preocupante es la situación el los altos mandos donde la presencia de mujeres se reduce a un 12%. Las cifras ofrecidas por las empresas de medios de Córdoba, se encuentran muy por debajo del promedio al analizar la participación de mujeres dentro de sus estructuras laborales. Sin embargo, el 69,04% de las personas egresadas de carreras de comunicación son mujeres, lo que en este caso supera el promedio presentado.

A partir de estos resultados, la importancia de este abordaje se fundamenta al reconocer las desigualdades de género presentes y arraigados en los medios de comunicación, pero también al reconocer su agencia democrática, los cuales deberían reflejar la diversidad de la ciudadanía, que sólo se logrará a partir de la inclusión de mujeres y personas de la comunidad LGBTTIQ+. Un mundo más justo e igualitario que aún está construcción.

Más información:

Organizaciones de medios y género

Resúmen de investigación: Organizaciones de medios y género

Contacto:

Cecilia Bustos Moreschi – cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

Presentamos el resumen de la investigación “Organizaciones de medios y género. Igualdad de oportunidades para mujeres y personas LGTTBIQ+ en empresas, sindicatos y universidades”, realizada por FUNDEPS y Comunicar Igualdad, con el apoyo de la  Fundación Heinrich Böll.

 

Presentamos el informe completo de la investigación “Organizaciones de medios y género. Igualdad de oportunidades para mujeres y personas LGTTBIQ+ en empresas, sindicatos y universidades”, realizada por FUNDEPS y Comunicar Igualdad, con el apoyo de la  Fundación Heinrich Böll.

 

Tras un año de trabajo de investigación entre FUNDEPS y Comunicar Igualdad, con la colaboración de la Fundación Heinrich Böll, presentamos en Córdoba y Buenos Aires los resultados parciales obtenidos sobre la participación de mujeres y personas LGTBI en las empresas de medios de comunicación, universidades y sindicatos. Las cifras alertan sobre su escasa participación en estos sectores y la necesidad de transformar las rígidas estructuras sindicales y empresariales que dificultan su acceso y permanencia.

En el marco de unas intensas semanas en las que el movimiento de mujeres llenó de color las calles y alzó su voz reclamando derechos durante tanto tiempo postergados, el viernes 8 de junio presentamos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación algunas conclusiones que visibilizan la permanencia de violencias de género dentro de uno de los ámbitos que más relevancia tienen en cuanto a su rol social: las empresas de medios.

En esta instancia, se sumaron las especialistas Pate Palero (periodista, integrante de la Red PAR), Silvana Zanelli (periodista y sindicalista CISPREN), Sandra Chaher (periodista y directora de Comunicación para la Igualdad), Rossana Rodriguez (sindicalista SATSAID seccional Córdoba), Paula Morales (docente e investigadora especialista en género y comunicación), Analía Barrionuevo (directora del Programa de Género de la UNC) y Virginia Pedraza (abogada y coordinadora del equipo de género de FUNDEPS).

Durante la charla, se debatió sobre la situación actual de las mujeres y las personas de la comunidad LGTBI en el acceso a la igualdad de oportunidades profesionales en los medios de comunicación, y sobre los obstáculos a los que se enfrentan para acceder a los puestos de toma de decisiones y a cargos directivos. También se propusieron posibles acciones para revertir la situación de desigualdad desde distintos espacios como las empresas de medios, sindicatos e instituciones educativas relacionadas a la comunicación y las medidas que puede tomar el Estado para abordar la problemática.

Algunos de estos puntos fueron presentados como resultados de nuestra investigación con el fin de visibilizar los ejes más problemáticos y de ponerlos en discusión durante la jornada.

Techo de cristal: las mujeres que no acceden a  cargos jerarquicos

“(…) En las primeras 1500 empresas que cotizan en Wall Street, hay más directores llamados John, Robert, William o James que mujeres directoras”. (D´Alessandro, 2017, p. 101).

La escasez de mujeres en los cargos de decisión dentro de las empresas, es un rasgo que se vislumbra en muchas de las empresas de América Latina: sólo un 4,2% ocupa direcciones ejecutivas y un 8,5% juntas directivas, mientras que la mayoría de los países la región, las mujeres participan en casi un 30% en cargos gerenciales. Las empresas de medios de nuestro país no escapan a esta tendencia.

De las 30 empresas de medios analizadas en Buenos Aires y Córdoba, las mujeres participan de un 27,72% de la propiedad y de los cargos gerenciales. Sin embargo, este porcentaje se torna más desfavorable en el caso de Córdoba: tan sólo el 12% de las mujeres ocupan estos puestos.

El panorama de los sindicatos refleja cifras igualmente preocupantes. En Córdoba, las dirigencias gremiales de sindicatos que abarcan a trabajadoras/es de medios están ocupadas por un 17,79%. Cifras preocupantes si consideramos que, en el año 2016, las mujeres egresadas de carreras periodísticas constituyeron el 69,04%, pero actualmente sólo conforman el 23,29% de las trabajadoras de los medios analizados en la ciudad de Córdoba.

En cuanto a personas trans, se pudo relevar que sólo una trabaja en medios, lo que evidencia los problemas estructurales que atraviesan a este colectivo y lo convierten uno de los más vulnerados, marginados y precarizados. Las personas trans son las más afectadas porque tienen mayores impedimentos estructurales que les dificulta obtener un trabajo digno y culminar con sus estudios. En algunos medios, hay políticas de inclusión de la diversidad para personas con discapacidad, pero no para personas trans.

Por su parte, los institutos de formación periodística evidenciaron sus falencias en cuanto a asignaturas específicas y obligatorias sobre género y de planes de estudios que contemplen la perspectiva de género como un eje transversal a todos los contenidos.

¿Por qué no hay más mujeres en los cargos jerárquicos de las empresas de medios ni en los sindicatos? ¿Qué barreras componen este techo de cristal que dificulta el acceso de mujeres a estos cargos?

Una de las falencias que se detectó dentro de las empresas de medios analizadas, es la carencia de perspectiva de género y de medidas tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades, así como su traducción en políticas institucionalizadas y sustentables que sean capaces de transformar las estructuras laborales. Esto lleva a invisibilizar y reproducir violencias, especialmente la violencia simbólica que es la que atraviesa silenciosa y latente las prácticas cotidianas dentro de las empresas de medios.

Estas violencias se hacen palpables en prácticas como la selección y promoción de personal. La falta de capacitación de las áreas de Recursos Humanos perpetúa violencias naturalizadas dificultando el ingreso, pero particularmente el ascenso de mujeres a puestos de jerarquía. En este marco, el lobby (realizado entre los mismos que ya ocupan cargos jerárquicos, la mayoría, varones) y la falta de criterios claros de promoción, son algunos de los factores que más pesan al momento de seleccionar personal para puestos de decisión.

Otra de las barreras que conforman este techo de cristal, es la división sexual del trabajo y su reproducción hacia el interior de las empresas de medios y sindicatos. Así, las mujeres ocupan cargos feminizados o se encargan de temas “blandos”, ligados a las tareas de asistencia y cuidado (y a la frivolidad) con las que se las ha asociado. Hablamos de mujeres secretarias personales, productoras, en Recursos Humanos y Relaciones Institucionales, en las redacciones de áreas como salud, espectáculos y género, en Secretarías de Cultura, de Comunicación y de Género. Este tipo de tareas y temas son considerados de menor jerarquía respecto a aquellos en los que predominan los varones.

Esto dificulta que las mujeres accedan a otros que les permitan adquirir experiencia y ascender, incluso a aquellas que tienen una formación profesional superior a la de sus pares varones. De esta manera, el techo de cristal y la división sexual del trabajo imponen roles, estereotipos y prejuicios de género que son internalizados por las mujeres generando un círculo vicioso que afecta a su confianza, autoestima e iniciativa personal que desmotiva y reduce la posibilidad de hacer carrera dentro de estas empresas.

También es sabido que el trabajo en el hogar y la maternidad son los principales andamios que configuran este techo de cristal. Es esta división sexual del trabajo la que permite que los hombres se perpetúen en los espacios laborales, brindándoles más experiencia, oportunidades y posibilidades de crecimiento profesional, pero también sobrecargándolos con las presiones laborales y económicas que esto implica.

Esto es posible porque las mujeres son las más importantes y grandes sostenedoras de un sistema y de un mercado laboral de matriz patriarcal que las obliga a relegar en un segundo plano su carrera profesional para dedicarse a otro trabajo no remunerado: el del hogar. Las  mujeres que son madres y en quienes recaen las tareas de cuidado, demandan mayor flexibilidad a través de licencias extendidas, prácticas como el flex time o home office y la reducción de horas que, en algunos casos, implica una reducción salarial e inseguridad laboral. El resultado: pocas mujeres se presentan a concursos en las empresas de medios o forman parte de listas en los sindicatos para acceder a cargos de mayor jerarquía, tienen menos posibilidades que los varones, y se quedan, en el mejor de los casos, en los mandos medios o en puestos desvalorizados, teniendo salarios inferiores a los de los varones.

Inequidad de género y posibilidades de transformación

Los datos obtenidos de esta investigación demuestran la persistencia de desigualdades estructurales de género que se reproducen dentro de las empresas de medios y de los sindicatos. Sin embargo, estos espacios revelaron, en su mayoría, un claro interés por revertir esta situación. Ahora el interrogante es ¿cómo lograr espacios laborales y de activismo gremial más igualitarios? ¿cómo transversalizar la perspectiva de género en empresas de medios, sindicatos e institutos de formación periodística?

Existen problemas estructurales que le compete al Estado contrarrestarlos. Sin embargo, es importante que haya una articulación y compromiso entre diferentes ámbitos. En primer lugar, es necesario que haya políticas públicas efectivas y con perspectiva de género que aborden y contrarresten las desigualdades estructurales de género.

En segundo lugar, se requieren políticas proactivas por parte de las empresas de medios de comunicación que impliquen la incorporación de perspectiva de género que se logren institucionalizar. Es decir, que se creen oficinas de género desde donde se implementen mecanismos para denunciar los casos de violencia de género, que visibilicen la problemática y le den un correspondiente tratamiento.

En tercer lugar, adquiere importancia la capacitación interna en temas de género, lo que involucra no sólo a sindicatos y empresas de medios, sino a las instituciones educativas dedicadas a la formación de profesionales de la comunicación. Estas instituciones tienen el rol de formar profesionales que luego construirán y comunicarán interpretaciones de realidades. Grandes avances se han visto en materia educativa respecto a la incorporación de la temática de género. Sin embargo, en el caso de Córdoba, si bien se está trabajando, queda pendiente la creación de planes de estudio con perspectiva de género y de materias obligatorias que traten la temática de forma puntual.

Por último, los sindicatos cordobeses deben potenciar su rol de voceros de trabajadoras/es de las empresas de medios, focalizándose en las presiones que deben realizar hacia estas empresas, en cuanto a la oferta de capacitaciones y protección de aquellas y aquellos a quienes representa, a fin de garantizar derechos e impulsar medidas superadoras a las ya existentes. Para que esto sea realidad, es necesario que estos espacios rompan también con sus propias estructuras internas machistas

En definitiva, la mayor presencia de mujeres y personas trans en las empresas de medios y en sindicatos, implica que también se implementen  políticas públicas que apunten a alcanzar una equidad de género, la representación y diversificación y democratización de voces , la igualdad de oportunidades, la transformación en las lógicas sexistasimplicadas en la selección de personal y en el mismo mercado laboral, y la (de)construcción de espacios laborales amigables e igualitarios que eliminen la reproducción de violencias de género y la división sexual del trabajo.

Bibliografía y links:

Para ver el video completo del Conversatorio sobre la igualdad de oportunidades en medios de comunicación: https://www.facebook.com/FUNDEPS/videos/1791850930878652/

Autora:

María Cecilia Bustos Moreschi

Contacto:

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad presentamos un informe sobre el funcionamiento de las políticas públicas sobre género y comunicación, a partir de la asunción del actual gobierno nacional.

A principios de 2016, desde la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad se realizó un informe llamado: “Violencia hacia las mujeres y políticas públicas de comunicación” que da cuenta del estado de las políticas públicas sobre comunicación y género en Argentina y de los órganos estatales que, hasta fines de 2015, estaban encargados de implementarlas. Ese informe se fundó en una extensa investigación que recopiló datos mediante pedidos formales, formulados en el ejercicio del derecho al acceso a la información; denuncias ante los órganos correspondientes en casos de violencia mediática y simbólica y entrevistas a integrantes de esos órganos y de organizaciones de la sociedad civil.

En 2018, realizamos un informe sobre la aplicación de tales políticas a partir de la asunción del actual gobierno nacional. En el mismo se analizan los principales cambios evidenciados en los últimos dos años, con base en la información obtenida a través de nuevos pedidos de información formulados ante los organismos correspondientes durante el año 2017 y mediante la realización de entrevistas y búsqueda de información a través de los canales oficiales de cada dependencia.

Los órganos estudiados son: ENACOM, Defensoría del Público, INAM, INADI, Observatorio de la Discriminación en Radio y TV, Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Comercio Sexual.

Las medidas y políticas públicas implementadas por dichos organismos tuvieron modificaciones. Si bien algunas que pueden ser consideradas avances, muchas otras debilitan los logros alcanzados en la protección de las audiencias, principalmente de los sectores vulnerables; tanto desde una perspectiva de género como del derecho a la comunicación como derecho humano.

El análisis realizado pretende dar cuenta de las transformaciones del campo de la comunicación, específicamente en lo que refiere a temas de género, durante los últimos dos años y a partir del cambio de gestión gubernamental en diciembre del 2015. En sintonía con los cambios que sucedieron a las políticas públicas de comunicación a partir de ese entonces, las áreas específicas vinculadas a género también atravesaron transformaciones que, si bien aún no están por completo definidas, implican para varios de los organismos un freno a los programas que se llevaban adelante y, a dos años de iniciada la nueva gestión, no está claro aún cuál será el rumbo que tendrán a futuro las políticas públicas de comunicación y género que se desarrollaron en Argentina a partir del 2010.

Principales conclusiones

  • Si bien los decretos y resoluciones que han afectado a la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual no operan directamente sobre las políticas de género, el accionar de varios de los organismos del Estado dedicados a la implementación de estas políticas ha sufrido modificaciones. Algunas de las mismas representan avances, pero otras otras debilitan los logros alcanzados en la protección de las audiencias.
  • La acefalía de la Defensoría del Público -uno de los organismos relevantes en la aplicación de políticas de comunicación y género, y con reconocimiento internacional- es uno de los aspectos negativos del paradigma que llamamos “de transición” en las políticas actuales de comunicación y género de Argentina. A pesar de esta acefalía, el organismo sigue operando exitosamente dentro de los márgenes permitidos.
  • También evaluamos negativamente la falta de acceso a la información por parte del ENACOM, lo que da cuenta de los obstáculos existentes a los fines del monitoreo del accionar de los órganos estatales por parte de la ciudadanía. Sin embargo, valoramos el accionar del mismo -evaluado a través de mecanismos indirectos- que se revela en un aumento de las resoluciones y en la consideración de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI como causales autónomas de violación de derechos.
  • Pareciera haber una transformación en las funciones de la Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual que estaría dejando de ejercer su capacidad sancionatoria y focalizando su accionar sólo en medios digitales y en la asistencia al Poder Judicial.
  • Fue disuelto informalmente el Observatorio para la Discriminación en Radio y Televisión, un organismo tripartito con un destacado accionar durante los últimos 10 años; tampoco es posible acceder al acervo pedagógico generado por el mismo.
  • Fue creado el Observatorio de Violencia Simbólica y Mediática, en el ámbito del INAM, con competencia en todo tipo de soportes.
  • El INAM amplió su accionar en las políticas de comunicación a través del Plan Nacional de Acción contra las Violencias con políticas que aún no han sido rendidas en forma mensurable.
  • Los proyectos de leyes de comunicaciones convergentes de diferentes sectores políticos han incluido casi nulas consideraciones de género, aunque han tenido una relativa receptividad hacia las propuestas que se les han hecho llegar desde la sociedad civil.

Más información

Contacto

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

Sandra Chaher – sandrachaher@comunicarigualdad.com.ar

Junto a la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad presentamos un informe sobre el funcionamiento de las políticas públicas sobre género y comunicación, a partir de la asunción del actual gobierno nacional.

Con una organización extraordinaria en todos los puntos del país, y en el marco de un movimiento internacional, las mujeres volvemos a reclamar por la igualdad.

En el día de las mujeres en 2017 se realizó una movilización en más de 35 países, para denunciar la desigualdad histórica de las mujeres en la sociedad y sus múltiples consecuencias: desde violencias machistas –y su expresión más extrema, los femicidios– hasta la feminización de la pobreza, la violencia económica, trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, brecha salarial en relación a los sueldos masculinos, precarización laboral, vacantes universales en jardines maternales, ampliación de licencias por maternidad y paternidad, salarios para víctimas de violencia de género, igual salario por igual trabajo, reapertura de la moratoria para las amas de casa, entre otros reclamos.

Este año, la movilización se multiplicó, y las organizaciones y movimientos y sindicatos de todos los lugares del país vuelven a convocar bajo la misma bandera. Miles de personas nos estamos reuniendo en las asambleas organizativas del Paro Internacional de mujeres, trans, lesbianas y de todas las identidades feminizadas, y convocamos a diversas medidas, desde el paro hasta marchas, intervenciones, campañas digitales, etc.

El despliegue de energías se da en toda Latinoamérica, y los reclamos se ajustan a las necesidades más urgentes de cada lugar, visibilizando las diversidades de nuestro continente.

Sin dudas, el colectivo Ni Una Menos, presente en todas las provincias y casi todas las ciudades del país, es el espacio que reúne a las personas que queremos visibilizar nuevamente la lucha por los derechos a la igualdad y a una vida libre de violencias. Desde estos espacios se construyen las alianzas y los vínculos de una lucha histórica e incansable que crece cada día más.

Desde FUNDEPS paramos todas las identidades que formamos parte de nuestra organización. Volvemos a adherir a la necesidad de repensar nuestras relaciones, nuestras políticas y nuestra realidad sociocultural. Acompañamos la lucha, invitamos y adherimos al Paro Internacional de Mujeres el próximo 8 de marzo de 2018.

Contacto

Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org