Estado de situación durante el primer año de pandemia y recomendaciones para promover medidas con perspectiva de género. 

Durante el año 2020, junto a otras organizaciones, trabajamos en la elaboración de un informe que presenta un monitoreo de las respuestas dadas por el Estado argentino para abordar la pandemia y el impacto de estas respuestas en los derechos de las mujeres. Este monitoreo busca informar sobre el estado de situación de los derechos de las mujeres en Argentina en el marco de la pandemia de COVID-19 durante su primer año, contribuir al cumplimiento de los derechos de las mujeres y la justicia de género e instar al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger los derechos desde una perspectiva de género. 

Dentro de esta Mesa de Género se ha creado un grupo de trabajo que ha elaborado este informe integrado por Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Amnistía Internacional Argentina (AIAR), Centro para la Implementación de Derechos Constitucionales (CIDC), Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Observatorio de Adolescentes y Jóvenes/Instituto de Investigaciones Gino Germani (OAJ/IIGG), Organización Feminista La Hoguera, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y Xumek, A.C. para la Promoción y Protección de Derechos Humanos. 

El informe describe las iniciativas y abordajes adoptados por el gobierno argentino para proteger los derechos de las mujeres y diversidades durante el primer año de pandemia desde marzo de 2020, cuando se informó sobre el primer caso de COVID-19 en el país, hasta fines de 2020. Se abordan los siguientes temas prioritarios: participación política y perspectiva de género en las medidas; violencias por razones de género; el derecho al cuidado; y el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva.

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

Pese a que la venta y exposición de animales en vidrieras es una práctica prohibida en Córdoba, todavía es común verlos exhibidos en algunas veterinarias de la ciudad.

La prohibición empezó a regir luego de que se aprobara por unanimidad la ordenanza municipal N° 9575, en septiembre de 2019 en la Comisión de Salud Pública.  Comenzó a aplicarse en marzo de 2020 y las veterinarias contaron con un plazo de 180 días para adecuarse a la normativa. 

La ordenanza en su artículo 6 bis aclara que la prohibición comprende cualquier tipo de exhibición, ya sea para venta o adopción. En cuanto a las condiciones de los locales autorizados para la comercialización de animales domésticos, establece que estos deben estar aislados, con ventilación conveniente, debiendo cumplir los requisitos generales y asegurar las condiciones suficientes para su contención en óptimo estado higiénico-sanitario. En el artículo 8 determina que las jaulas que se utilicen para contenerlos deben ser las específicas de cada especie, con bandejas sanitarias, bebederos y comederos en perfecto estado de aseo. 

Además, de forma novedosa, contiene un artículo que da lugar a que los comercios dedicados a la venta de mascotas colaboren con las actividades de adopción de animales que lleve adelante el Municipio, incentivando de esta manera la adopción de animales “de la calle”.

Lamentablemente, aunque ya han pasado más de dos años de su entrada en vigor, aún existen locales que no se adecuan a la normativa configurando de esta manera una contravención y, eventualmente, un delito. Ante su incumplimiento, además de la aplicación del Código Municipal de Faltas, según lo que determina la ordenanza 9575, contamos con la ley nacional 14.346 (conocida como Ley Sarmiento) sancionada en 1954. La misma establece una pena de 15 días a 1 año para aquellas personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a animales. 

Es posible pensar que si las condiciones, establecidas por la ordenanza municipal, garantizan el bienestar físico y psicológico de los animales protegidos por la normativa, su incumplimiento constituye un serio indicio de que condiciones diferentes a las exigidas, generarán un serio perjuicio para el bienestar animal; lo que colocaría a la conducta en un supuesto de comisión del delito de maltrato animal (Art. 3, inc. 7° de la Ley Nacional 14.346). 

Es importante visibilizar y tomar conciencia de que estos tipos de conductas son intolerables. Además la normativa vigente brinda herramientas para que, en el caso de que sea necesario, se realicen las correspondientes denuncias penales. Es posible formularlas en cualquier unidad judicial, frente a la policía judicial o, en su defecto, en Tribunales II en la fiscalía de turno. 

 

Autoras

Carla Bisoglio

Brenda Cuello

Ananda Lavayén

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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org

 

El pasado 1 de diciembre presentamos el informe “Otras economías: la autogestión desde una perspectiva de la Sostenibilidad de la Vida” junto al Espacio de Economía Feminista de Córdoba y con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur. Fue un encuentro de cierre de año en el que reflexionamos sobre Economía feminista y autogestión junto a diversas organizaciones.

En el mundo en el que vivimos predominan lógicas de producción, de organización del trabajo y de distribución de las riquezas que son injustas. Están fundadas en un capitalismo neoliberal, colonial y heterocispatriarcal que legitima y sostiene desigualdades que benefician a unos pocos: a un varón, blanco, adulto, burgués, occidental, hetorosexual, cisgénero en torno al cual se ha organizado toda la economía. 

Frente a este modelo que prioriza a los mercados y a la acumulación ilimitada de riquezas en pocas manos, se plantean las Otras Economías. Estas se constituyen, en diferente medida y forma, en alternativas reales, y son visibles en organizaciones autogestivas de la Economía Feminista, Popular, Ecológica, Social y Solidaria. Se caracterizan por poseer prácticas basadas en el apoyo mutuo; la solidaridad y sororidad; el sostén colectivo y la cooperación; la valoración no sólo del trabajo productivo sino del trabajo de reproducción social y de la vida, el reconocimiento de su indivisibilidad y de su histórica feminización e invisibilización; la inclusión y el cuidado de la vida de sus integrantes y de la naturaleza, evitando lógicas individualistas, egoístas y competitivas que atentan contra la vida. 

Con este norte, a partir del 2020 hemos realizado  diferentes actividades junto a organizaciones y espacios que apuestan por una transformación socioeconómica. 

El 2020 fue un año de mucho trabajo, junto al Espacio de Economía Feminista de Córdoba, centrado en la producción de conocimiento situado sobre las experiencias autogestivas y de contenido destinado a la visibilización de las mismas. Como resultado, realizamos el informe “Otras economías: la autogestión desde una perspectiva de la Sostenibilidad de la Vida. También llevamos adelante un ciclo encuentros virtuales sobre Economía Feminista en los que reflexionamos, junto a organizaciones y especialistas, sobre los obstáculos y posibilidades de llevar adelante y fortalecer otras lógicas de producción, distribución, consumo y de organización del trabajo más equitativas y centradas en las personas. 

Además, construimos un recursero con herramientas legales, administrativas y tributarias para la autogestión y cuatro cortos audiovisuales. Este año, junto a la Incubadora Feminista Latinoamericana, realizamos un proceso de fortalecimiento interno de 7 organizaciones autogestivas de las Otras Economías de la provincia de Córdoba, con el fin de construir herramientas que les sirvan para avanzar hacia su sostenibilidad económica desde una perspectiva de la Economía Feminista. Esto implica pensar, construir y planificar estrategias para que, con los recursos disponibles, los espacios  puedan llevar adelante procesos económicos sostenibles a mediano y largo plazo, considerando y respetando los tiempos de la naturaleza así como los tiempos y necesidades de sus integrantes y de las comunidades en las que se encuentran.

El evento

El pasado 1 de diciembre nos reunimos para hacer la presentación del  mencionado informe “Otras economías: la autogestión desde una perspectiva de la sostenibilidad de la vida”. Este informe es producto de un año de investigación realizado en plena pandemia. Su objetivo es comenzar a conocer y visibilizar una pequeña parte del diverso universo de las experiencias autogestivas y comunitarias de Córdoba, desde la mirada crítica que nos brinda la Economía Feminista, en diálogo con la Economía Popular, Economía Ecológica y la Economía Social y Solidaria. Es decir, desde una perspectiva que pretende subvertir la economía y construir otra que garantice la provisión de todo lo que se necesita para la sostenibilidad de la vida humana y no humana, a través de procesos económicos que preserven el planeta y sean respetuosos de la dignidad humana. Este enfoque es el de la Sostenibilidad de la Vida y lo adoptamos porque es multidimensional, holístico ya que integra todas las sostenibilidades: económica, social, ecológica, la humana y las complejas y dinámicas interrelaciones que se dan entre todas ellas a lo largo del tiempo y en territorios y experiencias concretas. 

Creemos que esta perspectiva tiene potencia transformadora al permitirnos identificar, por un lado, las relaciones de desigualdad, como las de género, de clase, procesos de racialización, entre otras, que se sostienen a partir de lógicas biocidas y androcéntricas. Pero por el otro lado, también nos ayuda a reconocer otro tipo de experiencias que llevan adelante prácticas distintas a las de la economía dominante y que responden a lógicas propias de las Otras Economías. 

Desde este lugar, entendemos que la Economía Feminista se nos plantea como una perspectiva necesaria para pensar, desarrollar y fortalecer alternativas a favor de la sostenibilidad de la vida ya que:

  • Abre el debate en torno a cuáles son los límites de lo que entendemos por economía, el papel del género en ella y las consecuentes desigualdades.
  • Amplía el concepto de trabajo y reconoce la importancia de los trabajos que hacen a la reproducción social y de la vida, De esta manera visibiliza y pone en el centro de la escena los cuidados que hacen posible la vida, propone su distribución justa, al tiempo que nos concibe como personas interdependientes las unas con las otras. 
  • Cuestiona los fundamentos de la división sexual del trabajo.

El informe que presentamos, es una síntesis que incluye nuestro posicionamiento y también las líneas de acción en relación a la agenda de Economía Feminista que estamos construyendo. Agenda que la concebimos como estratégica y transversal a todo Fundeps ya que toca y problematiza todos los aspectos de nuestra vida; y a partir de la cual generamos y potenciamos alianzas y redes de trabajo conjunto. 

La sostenibilidad de la vida como un camino de transformación

Creemos que este tipo de experiencias autogestivas, pueden brindarnos herramientas y prácticas para resolver de una manera más equitativa las desigualdades que se sostienen a costa de la invisibilización y explotación de los cuerpos y las vidas principalmente de identidades feminizadas y disidencias sexogenéricas, que se profundizan en este contexto de crisis que estamos viviendo: crisis climática, sanitaria, social, económica, civilizatoria y de cuidados. 

Su existencia, estrategias y formas de organización, producción y consumo, han cobrado una esencial importancia en las economías locales, y se presentan en mayor o menor medida y de diferentes maneras, como una alternativa real a un sistema fundado en la violencia, la opresión, el empobrecimiento y en las desigualdades de género, de clase, étnico raciales, de edad, etc.

Esto no ocurre sin tensiones o matices ya que existen diferentes posturas y acciones tomadas por estos espacios en relación al Estado y a las lógicas capitalistas predominantes. El universo de la autogestión es sumamente amplio y heterogéneo. Estos espacios, como cualquier otro, no quedan exentos de las lógicas de desigualdad estructural que incluso pueden reproducirse en su interior. Sin embargo, poseen condiciones propicias para llevar adelante diversas prácticas orientadas a la Sostenibilidad de la Vida, al subvertir dichas situaciones de saqueo y desigualdad. 

Si queremos una salida democrática y más equitativa, es urgente y necesaria una transformación, un cambio de paradigma y un cambio de sistema que reconozca y fortalezca espacios autogestivos con lógicas de las Otras Economías que emprenden identidades feminizadas y disidencias, para que sus vidas y las de sus comunidades sean dignas y sostenibles. Esto implica una apuesta por propuestas profundamente transformadoras que comprometa a todos los actores sociales. 

Para esto, es relevante la articulación de iniciativas locales y regionales que apunten a este fin, y que permitan la generación de datos, relevamiento de información, visibilización, organización, articulación y potenciación de sus actividades. Sabemos que lo que nos sostienen son las redes, entonces las ampliemos, potenciemos y fortalezcamos.

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Durante los meses de octubre y noviembre, junto con la participación de  especialistas en la materia, se dictaron tres encuentros virtuales sincrónicos en donde se abordaron aspectos relacionados al acceso a la información pública ambiental y las herramientas que brinda el Acuerdo de Escazú. Habiendo finalizado y culminado el proyecto, gracias a la información brindada por las personas participantes, los intercambios y debates que se dieron, realizamos una serie de reflexiones y cuestionamientos al efectivo cumplimiento y ejercicio de este derecho.

El primero de los tres talleres, contó con la disertación de María Laura Foradori, abogada y especialista en Educación Ambiental, el segundo con Ana Di Pangracio, abogada y Directora Ejecutiva de Farn, y el tercero, eminentemente práctico, fue dirigido y acompañado por integrantes del equipo de Fundeps.

Durante los encuentros, en virtud de las expresiones y comentarios que se dieron, fue posible advertir una gran demanda insatisfecha de los grupos de personas y organizaciones de la sociedad civil que pretenden acceder a la información asociada a numerosas problemáticas ambientales. También, indirectamente, se observa una escalada en la conflictividad socio-ambiental, una creciente conciencia en relación a la importancia del cuidado del ambiente y la necesidad de involucrarse en su protección. 

Aquellas demandas, en parte, se consolidan a partir del desconocimiento de las herramientas e instrumentos que permiten acceder a la información pública en general, y ambiental en particular. Por otro lado, también pueden tener origen en el descreimiento en el funcionamiento institucional, a partir de experiencias atravesadas por un alto grado de incumplimiento a la hora de recibir respuestas. Además, la necesidad de acudir la mayoría de las veces a las a vías judiciales de reclamo repercute en la voluntad de la ciudadanía, deslegitimándose por ello el diseño institucional que garantiza el acceso a la información ambiental.

Ante este escenario, creemos que es necesario realizar ajustes institucionales mediante políticas públicas que den a conocer y acerquen las herramientas de acceso a la información ambiental a la ciudadanía. Asimismo, resulta imperioso que se realicen mejoras para garantizar que el Estado cumpla con su obligación de dar respuestas. 

Para que esto sea posible, proponemos una serie de recomendaciones y sugerencias a las autoridades, entre ellas, actualización de la ley de Acceso a la Información Pública en la provincia de Córdoba, la creación de una Agencia u Oficina con competencia en la materia, mejoras en los mecanismos de solicitud de información de modo que sean de fácil comprensión y acceso para la ciudadanía, mejora en el índice de respuesta a las solicitudes de información que se efectúan, capacitación a las autoridades sobre el acceso a la información pública como derecho humano y la implementación de órganos y entes especializados en materia ambiental para el monitoreo y fiscalización de toda solicitud de información.

A su vez, es necesaria la adecuación de la normativa de presupuestos mínimos ambientales en materia de acceso a la información a los estándares del Acuerdo de Escazú ya que este reafirma y refuerza los derechos de las personas a acceder y participar en los asuntos ambientales, la democracia ambiental y compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino ante eventuales incumplimientos.

Para finalizar, también debemos destacar el rol fundamental que asume la sociedad civil organizada y ciudadanía en el ejercicio de este derecho. Por un lado, en seguir dando herramientas e  involucrarnos en ejercer responsablemente este derecho y a la vez, ofrecer alternativas de solución a las autoridades para que  garanticen los derechos contemplados en el Acuerdo de Escazú.

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Autora

Ananda Lavayén

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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org

En el marco del proyecto “Fortaleciendo las capacidades de la sociedad civil en el ejercicio del derecho a la información pública a través del Acuerdo de Escazú”, compartimos los debates y reflexiones sobre el efectivo cumplimiento de este derecho. 

Rumbo al festejo de los 50 años del inicio de las relaciones diplomáticas entre China y Argentina, los vínculos entre ambos países se continúan intensificando. El pasado 30 de octubre, el canciller argentino Santiago Cafiero mantuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, en el marco de la cumbre del G20. Allí, acordaron trabajar de manera conjunta en áreas estratégicas: energía, comunicaciones y Antártida.

Mientras los jefes de Estado y de  Gobierno del G20 se reunieron en Roma para celebrar una cumbre crucial hacia la consolidación de un pacto de cero emisiones, el canciller argentino aprovechó la oportunidad para reunirse con su par de China, Wang Yi. En dicho encuentro, el gigante asiático se comprometió a continuar con la venta de vacunas y material sanitario al gobierno argentino, y a concretar lo antes posible un Memorándum de Entendimiento de cooperación para promover la sinergia de sus respectivas estrategias de desarrollo en áreas como las comunicaciones (5G), minería, energía, la explotación de la Antártida y los mares, y en materia aeroespacial.

El ministro chino destacó el trabajo conjunto entre ambos países. De acuerdo con Wang, dicha labor se enmarca en relaciones diplomáticas de larga data caracterizadas por el respeto mutuo, equidad y el firme apoyo en temas de interés central para cada una de las partes. Asimismo, dió cuenta de la fortaleza del vínculo sino-argentino luego de resistir una situación internacional volátil.

Esta intensificación de las relaciones se da de manera concomitante con dos situaciones, por un lado,  un rol cada vez más protagónico de China en el comercio internacional y, por otro lado, un proceso de transformación del orden internacional caracterizado por el declive hegemónico de los Estados Unidos y el ascenso sostenido de China. Las instituciones internacionales son escenarios donde se deliberan, proponen y acuerdan reglas y normas. También se les proporciona o confían algún tipo de autoridad hacia sus miembros. Esto explica la motivación de las potencias por tener un papel de liderazgo en las instituciones internacionales y, en caso de no lograrlo, suelen decidir no unirse a ellas, salirse, o crear nuevas instituciones como lo viene haciendo China en el transcurso del último tiempo, pasando de ser un tomador de normas a un generador de normas, donde la creación de instituciones  se convirtió en una herramienta central de la diplomacia China. 

En ese sentido, en el encuentro entre las autoridades chinas y argentinas, Wang propuso, en vistas a cumplirse en 2022 los 50 años de relaciones diplomáticas, conformar una Comisión Binacional Permanente para favorecer el diálogo bilateral. Así, China garantizaría sus acuerdos estratégicos con el gobierno argentino y promovería la radicación de empresas chinas en territorio argentino.

Por último, cabe destacar que ante la intranquilidad de Estados Unidos sobre los acercamientos entre China y Argentina, y la necesidad de contar con el apoyo del hegemón en las negociaciones con el FMI, desde el gobierno argentino se está evaluando con cautela no sólo el contenido de estos acuerdos con China sino también cuándo sería el momento oportuno para concretarlos. 

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Autora

Clara Labat 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Las organizaciones de la sociedad civil Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acompañaron hoy
consideraciones de derecho en el marco del proceso penal de una médica residente de Salta que realizó una ILE en el marco de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, como parte del equipo de salud del Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal.

La práctica había sido solicitada por una paciente mayor de edad, en pleno ejercicio de su autonomía. Cuando la recibieron en el centro de salud fue atendida por un equipo interdisciplinario, quienes, con aval del director del hospital, constataron que se trataba de la causal salud y que estaba debidamente justificada. Se trata de la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la persona gestante.

Los procedimientos que realizó el equipo médico están dentro de la ley y cada paso fue registrado en la historia clínica. La médica que hoy atraviesa un proceso penal es la única profesional no objetora, que garantiza el derecho a una salud integral para las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar en la zona.

Resulta fundamental que este caso sea analizado a la luz de las normas locales y en consonancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Un embarazo puede legalmente interrumpirse cuando cualquier dimensión de la salud está en riesgo, ya sea la salud física, psíquica o social.

Asimismo, se debe tener particular consideración por el interés social que rige en esta materia, así como el impacto que tiene cualquier decisión judicial en relación a la implementación de una política pública que prevé el acceso a un derecho humano fundamental como es el acceso a la Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo.

#SobreseimientoAMirandaYA

Cada año se sancionan las leyes de presupuesto que guiarán el desarrollo de las políticas públicas para el año siguiente, tanto a nivel nacional, provincial como en todos los municipios del país. A través de esas leyes se fijan las prioridades de gestión, y se determina cuánto se va a recaudar e invertir en políticas públicas. 

En Córdoba, este proceso inició el 15 de noviembre cuando el ejecutivo provincial envió a la Legislatura el proyecto de ley provincial de presupuesto público, y con la presentación que hizo el Ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, al cuerpo legislativo dos días después. El proyecto debe estar acompañado de un “Mensaje del Ejecutivo” que es un reflejo del plan de gobierno que tiene a su cargo el gobierno provincial para la orientación de las actividades económicas. 

Luego de esto se inicia un período de debate y revisión en varias de las Comisiones Legislativas. De éstas la que tiene mayor protagonismo en este proceso es la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación ya que que es la encargada de elaborar el dictamen (o dos, uno por mayoría y otro por minoría) que se incorpora a la orden del día de la Legislatura para ser tratado en Sesiones. 

¿Cómo se aprueba en Córdoba la ley de presupuesto?

La ley de presupuesto se aprueba a través del mecanismo de “doble lectura”, previsto por la Constitución de la provincia para determinados supuestos de importancia (como la declaración de reforma constitucional, toma de préstamos, entre otros), que supone el debate en dos sesiones legislativas. Ese arreglo se previó una vez que la Legislatura de Córdoba pasó a ser unicameral, a partir del 2001. Además, está prevista la posibilidad de llevar a cabo una Audiencia pública, entre sesiones, que para el caso de la sanción de la ley de presupuesto es obligatoria.

Es decir que se aprueba en dos sesiones legislativas, entre las cuáles no pueden transcurrir más de 15 días, y en medio se lleva a cabo una Audiencia. En esta suelen participar entidades en representación de diversos sectores sociales, económicos, productivos, profesionales, así como ciudadanía en general. 

Esta Audiencia debe ser convocada por la presidencia de la Legislatura, es decir la vicegobernación, una vez que el proyecto de ley haya sido aprobado en primera lectura. Además debe publicarse la convocatoria tanto en el Boletín Oficial como en un diario de circulación de la provincia, por dos días y un día respectivamente. También se utilizan los canales de divulgación de la Legislatura, como su propia página web.   

En la audiencia puede participar cualquier persona, asociación u organización que desee dar su opinión, comentarios u observaciones al proyecto de ley presupuesto. Se puede participar haciendo uso de la palabra o bien en calidad de “simple asistente” como oyente. De cada audiencia se labra un Acta y una versión taquigráfica, donde queda plasmado todo lo dicho, material que se pone a disposición del cuerpo legislativo para su ponderación de cara a la sesión de segunda lectura. Una vez aprobado o desechado el proyecto de ley, las versiones de las audiencias quedan disponibles al público en el Portal de Datos Abiertos de la Legislatura (sección Comisiones).  

Te dejamos esta información para que puedas seguir el proceso de debate de la ley de presupuesto 2022 en Córdoba

Nota relacionada

ABC del Presupuesto Público en las provincias de Córdoba, Mendoza, Salta y Tucumán

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Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

En el marco del proceso de revisión del segundo Plan de Acción del Grupo BID-Sociedad Civil (2022-2024), más de 20 organizaciones de la sociedad civil enviamos una carta al Presidente del BID,Claver-Carone, con observaciones y recomendaciones para fortalecer la relación del BID con sociedad civil y comunidades afectadas.

Si bien celebramos el hecho de que el BID revise el Plan de Acción para fortalecer la relación con la sociedad civil y las comunidades afectadas, creemos que la forma en que se está estructurando la revisión inhibe la participación de la sociedad civil en el proceso. Por este motivo las recomendaciones enviadas al Presidente y su Secretaría Ejecutiva, se orientan en 2 sentidos:

  • Por un lado, se solicita al Banco que proporcione espacios específicos e información completa y accesible para que la sociedad civil, incluidos los pueblos indígenas,comunidades locales, personas afectadas por los proyectos del Grupo BID (comprendidos los solicitantes del MICI) y organizaciones críticas al BID puedan participar e involucrarse efectivamente. En este sentido, resulta fundamental que las agendas comiencen a ser construidas de forma participativa, que las invitaciones a las consultas sean al menos con 30 días de anticipación y que incluyan una amplia gama de partes interesadas. También se torna necesario la optimización y ajuste de los procesos de consultas públicas ya que actualmente son excesivamente rígidos y no propician una discusión significativa ni directa entre las partes, generando finalmente insumos poco productivos que continúan debilitando la transparencia y rendición de cuentas en el Banco. 
  • Por otro lado, se enfatiza que luego de la consulta o diálogo,el BID debe garantizar la comunicación continua que mantenga informadas a las partes interesadas y proporcionar información sobre cómo sus aportes influyeron en las decisiones tomadas.

Creemos que el compromiso del Grupo BID con la sociedad civil y las comunidades

afectadas ha sido y sigue siendo preocupantemente débil en comparación con otras instituciones pares.El presidente del BID tiene la oportunidad de liderar el cambio hacia un banco más responsable y debe fomentar una cultura institucional en la que se  acepte que el Banco comete errores y sea más receptivo no sólo a las interacciones y críticas constructivas de los actores externos, incluida la sociedad civil y las comunidades afectadas, sino también a sus mecanismos internos de rendición de cuentas.

Para acceder a la carta completa enviada al BID acceda aquí

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Autora

Camila Victoria Bocco

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

El pasado martes 26 de octubre, en la Cámara de Diputados, con 200 votos a favor, se logró la sanción de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como ley de etiquetado frontal.

Durante años, en Argentina no supimos si lo que comíamos escondía algún riesgo para nuestra salud. El incremento de enfermedades relacionadas con la mala alimentación (tales como la diabetes, hipertensión y ciertos tipos de cánceres), determinó la necesidad de que el Estado argentino comience a avanzar con regulaciones que pusieran como prioridad la salud y la calidad de vida de la población. Luego de casi un año de que el proyecto saliera de la Cámara de Senadores, y tras varias marchas y contramarchas, diputados y diputadas pudieron dejar de lado sus diferencias partidarias, para finalmente aprobar la ley de Etiquetado Frontal.  

Esta ley viene a proteger tres derechos fundamentales: la salud, la alimentación adecuada y la información en las relaciones de consumo. Para ello, la normativa establece que todos los productos envasados en ausencia del cliente y que contengan un alto contenido de nutrientes críticos -como sodio, azúcar y grasas- lleven, en la cara principal del envase, octógonos negros con la leyenda “Exceso en”. De esta manera, se busca que se disponga de información sencilla y confiable a la hora de decidir qué comer. Es decir, no se prohíbe la venta de ningún producto, sino que se pretende advertir adecuadamente la verdadera composición de lo que se está consumiendo.  

Más que un sello negro

A lo largo de todo este tiempo, desde diversos sectores académicos y de la sociedad civil, destacamos el carácter integral que logró reunir la normativa. Esto obedece a que, alrededor del sistema de etiquetado elegido, se han dispuesto otras regulaciones que robustecen la protección del derecho a la salud. Estas son las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio, regulaciones en establecimientos educativos y en las compras públicas por parte del Estado. 

En lo que respecta a marketing, la ley exige que cuando se publicite un producto que contenga al menos un sello de advertencia, se visibilicen y/o enuncien la totalidad de los octógonos negros que ese producto lleva. Sólo prohíbe la publicidad cuando está dirigida a niños, niñas y adolescentes y se trata de un producto con exceso de grasas, azúcar y sodio. Dado que estamos en presencia de una normativa que busca proteger por sobre todo a las infancias, la ley también establece que los comestibles con uno o más sellos de advertencia, no puedan tener en sus envases los denominados “ganchos de compra”, tales como dibujos animados, caricaturas, personajes famosos, deportistas, etc. Esto es importante porque nada de lo que figura en el packaging de un producto es fruto de la casualidad. Por el contrario, ha sido objeto de análisis con el propósito deliberado de atraer al público, en especial, a quienes se encuentran en etapa de desarrollo y que pueden no tener  el conocimiento suficiente para decidir libremente. 

En cuanto a los establecimientos educativos que conforman el nivel inicial, primario y secundario, los productos que contengan al menos un sello de advertencia o leyendas precautorias (“contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as” o “contiene cafeína, evitar en niños/as”) no pueden ser ofrecidos, comercializados, publicitados, promocionados o patrocinados. Asimismo, con el fin de contribuir al desarrollo de hábitos de alimentación saludable y advertir sobre los efectos nocivos de una alimentación inadecuada, la normativa también propone el desarrollo de contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional en las escuelas.

Por último, en relación a las compras por parte del Estado, la Administración Pública debe priorizar las contrataciones de todos aquellos productos que no tengan sellos. De esta manera, se busca impactar positivamente en la salud de los sectores más vulnerables de la población, quienes son los que se encuentran más expuestos al consumo de productos procesados y ultraprocesados. 

Así, la nueva ley se posiciona como un instrumento capaz de transformar la manera en la que el Estado argentino aborda la problemática alimentaria. Durante décadas, se han replicado políticas sin tener en cuenta criterios nutricionales y que consecuentemente, no lograron revertir la cadena de empobrecimiento ni la situación de inseguridad alimentaria.    

 

Lo que sigue

Cada uno de los puntos señalados demuestra que la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable es una normativa de avanzada que prioriza la salud pública por encima de cualquier otro interés. Es fruto del consenso de distintas fuerzas políticas y de la mejor evidencia científica libre de conflictos de interés. 

Celebramos su aprobación puesto que garantiza el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, a la vez que busca poner freno a las estrategias que de manera sistemática emplea la industria alimentaria para fomentar un consumo desmedido y desinformado. 

Dimos un paso fundamental en materia de protección de derechos humanos pero el camino por recorrer aún es largo. Estamos frente al desafío de la reglamentación, donde sabemos que la industria seguirá empleando toda su maquinaria para proteger sus intereses. Por eso, es importante que en esta etapa, se sigan protegiendo cada uno de los artículos que integran la normativa y priorizando nuestros derechos. 

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Maga Merlo Vijarra,  magamerlov@fundeps.org 

Desde el 25 al 29 de octubre se llevó a cabo la séptima sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental en Ginebra. En la sesión, que discutió sobre el Tercer Borrador Revisado del Tratado vinculante sobre Derechos Humanos y corporaciones transnacionales, participaron delegaciones de los Estados miembros de la ONU, movimientos y organizaciones de la sociedad civil.

El Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta (IGWG por sus siglas en inglés) fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas en 2014 con el fin de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos. Desde 25 al 29 de octubre, se desarrolló en Ginebra la séptima sesión del IGWG que discutió sobre el Tercer Borrador Revisado del tratado vinculante sobre Derechos Humanos y empresas publicado el pasado 17 de agosto de 2021. De la sesión participaron no solo representantes de los Estados miembros, sino también organizaciones de sociedad civil  y movimientos sociales. 

La presidencia del IGWG, actualmente llevada adelante por Ecuador, abrió la séptima sesión afirmando que las negociaciones deben ser “lideradas por los Estados”, lo que generó la preocupación de cómo se incluirán las contribuciones de la sociedad civil, especialmente en un contexto en el que existe una continua y amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, movimientos sociales y de las comunidades afectadas por las actividades de las empresas transnacionales, y al ser esta iniciativa uno de los procesos con mayor apoyo en la historia de los IGWG de la ONU. 

Por otra parte, en este año se cumplió el 10º aniversario de los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos”, una de las iniciativas más importantes a nivel global en la protección de los derechos humanos en la actividad empresarial y que constituye un marco de referencia en los que se explican y distribuyen deberes y responsabilidades complementarias entre Estados y Empresas. Sin embargo, su aplicación es voluntaria. El aniversario  este será el tema principal del próximo Foro Global de las Naciones Unidas  sobre Empresas y Derechos Humanos que tendrá lugar desde el  29 de noviembre al 1 de diciembre, y ofrecerá la oportunidad de evaluar los logros conseguidos hasta la fecha, identificando carencias y desafíos, y  de inspirar un renovado impulso para una mayor y mejor aplicación mundial por parte de los Estados y las empresas en la próxima década.

Más información:

Autora

Julieta Boretti

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

En el marco de la Conferencia de la Juventud N° 16 sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas que se realizará en Glasgow entre los días 28 a 31 de octubre, formulamos una declaración que se sumará a las de otras organizaciones de la sociedad civil argentina.

La Conferencia de la Juventud (COY) 16, se realizará días antes de la Conferencia anual sobre el cambio climático de la ONU (COP). En aquella conferencia, se concluirá un documento de política, que luego será presentado ante los líderes mundiales, representando la voz de las juventudes ante la COP. 

Desde Fundeps elaboramos una declaración en la que resaltamos las problemáticas, demandas y necesidades que la Provincia de Córdoba presenta en asuntos ambientales, particularmente a partir de la elaboración e implementación de políticas desde un paradigma extractivista y no sostenible. 

A partir de ello, formulamos una serie de demandas y exigencias destinadas a las personas responsables en la formulación, implementación y monitoreo de políticas públicas tendientes a la protección, mejoramiento y conservación del ambiente. 

Accedé a la declaración

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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org