Campaña 2015: un tercio de empresas aportantes de UPC eran proveedoras de la Provincia
- Son las que apoyaron la fórmula Schiaretti-Llaryora para la gobernación.
- La mayoría eran contratistas de obra pública.
- Fundeps mostró lo ocurrido en esos comicios, hace cuatro años.
- Y pide a la Justicia que publique las rendiciones de los partidos de las elecciones 2019.
- Los plazos ya están vencidos.
Pese a que aún no se conoce el detalle de los aportantes a cada partido en las elecciones del año pasado, un informe de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) reveló que un tercio de las empresas que aportaron a la campaña de Unión por Córdoba en 2015 eran proveedoras del Estado provincial, entre ellas varias contratistas de obras públicas.
En aquellas elecciones de 2015, que llevaron a la gobernación a la fórmula de Juan Schiaretti-Martín Llaryora, Unión por Córdoba recibió el aporte de 158 empresas, por 8.261.174 pesos. Un tercio de estas compañías –55, que donaron más de dos millones de pesos, unos 231 mil dólares en esa época– eran proveedoras del Estado. Y muchas aún lo son.
De todas maneras, el informe final de campaña de esa alianza fue aprobado por el Fuero Electoral provincial, el que, por otra parte, ya lleva varios meses de atraso para publicar la rendición de cuentas completa de los partidos políticos por la última campaña, la de mayo de 2019.
Así lo advierte un informe de Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables), que aún no recibió respuesta a sus pedidos de acceso a la información para acceder a las rendiciones completas, en las que se podría comprobar, o desestimar, si en los últimos comicios sucedió lo mismo que en 2015.
Al respecto, la ley 9.572 (Régimen Jurídico de los Partidos Políticos) y la 9.571 (Código Electoral de Córdoba) señalan la prohibición de recibir aportes de “contratistas de servicios u obra pública”.
El martes pasado este medio realizó la consulta tanto al Tribunal Electoral provincial como al apoderado del Partido Justicialista cordobés, Domingo Carbonetti. En ambos casos se les envió el listado de las 55 empresas, con el ánimo de recibir alguna observación. Pero hasta ayer no hubo respuesta en ese sentido.
Desde el PJ cordobés se informó que «se actuó conforme a derecho», y que en la «resolución 642 (del 3 de noviembre de 2015) la Justicia electoral aprobó el informe final de campaña». Agregaron que «no hubo entonces ninguna observación por parte de las alianzas y partidos que fueron parte de ese proceso electoral».
Desde la Justicia electoral no hubo respuesta aún a ninguna de las consultas realizadas por este medio.
Cómo fue en 2015
La Voz confirmó los datos aportados por Fundeps: en el caso de la alianza encabezada por el PJ Córdoba, en 2015 recibió 960 mil pesos (casi 106 mil dólares de entonces) de 23 empresas contratistas de servicios u obra pública, en su mayoría empresas de construcción.
Entre los aportantes sobresalen los contratistas de obra pública de la Provincia. (Pedro Castillo / Archivo)
Además, hubo donaciones de otros 31 proveedores por 1.124.900 pesos.
Se trata, en suma, de 2.084.900 pesos –más de 231 mil dólares de aquel año– aportados por 55 empresas que eran proveedoras de la Provincia, entonces también bajo gestión del peronismo, esa vez con José Manuel de la Sota.
Esas compañías habían facturado en conjunto en 2014, antes de las elecciones, 1.489.171.661 pesos. Al año siguiente, en el que hicieron su aporte a la campaña, le vendieron a la Provincia por 3.121.499.828 pesos. Es decir, más del doble (109% más), en un año en el que la inflación rondó el 30%.
En el caso de Juntos por Córdoba (la alianza UCR-PRO-Frente Cívico y ARI), que llevaba en su fórmula a los candidatos Oscar Aguad-Héctor Baldassi, el informe de 2015 muestra un solo aporte de un proveedor del Estado, por 15 mil pesos. Es de una empresa que en ese momento era proveedora del Estado provincial.
Si bien es un caso entre 19 –cifra ínfima en comparación con UPC–, debe mencionarse. La apoderada de Juntos por Córdoba en 2015, la actual senadora Laura Rodríguez Machado, mostró los informes de Nosis que no arrojaban esa coincidencia en 2015, pero que sí aparece ahora en el Portal de Transparencia del Gobierno cordobés.
Cómo chequear
Los datos de los proveedores y los montos de las transacciones con la Provincia se pueden buscar en el Portal de Trasparencia del Gobierno de Córdoba, y muestran que casi todas las empresas aportantes también facturaban para el Estado provincial en 2014, y lo siguieron haciendo en 2016. Es decir, al menos un año antes y un año después de las elecciones.
Las listas de aportantes a los partidos pueden ser encontradas en el sitio del Fuero Electoral de la Provincia de Córdoba.
La polémica por este tipo de aportes no es nueva. Surge cada vez que se conocen estos reportes y, más allá de las interpretaciones de cada partido y/o gobierno, el espíritu de la norma es evitar el conflicto de intereses entre las empresas y las gestiones que deben contratarlas, en especial cuando las segundas recibieron aportes de las primeras para llegar al poder.
En 2015, las elecciones provinciales se realizaron el 5 de julio. Pero las rendiciones de campaña se conocieron en 2018. (Facundo Luque / archivo)
Qué dice la ley, y su interpretación
El Código Electoral de la Provincia de Córdoba (ley 9.571) establece en el artículo 203.3 la prohibición de que “empresas contratistas de obras y servicios públicos” realicen aportes de campaña. Lo mismo aclara la ley 9.572 (Régimen Jurídico de los Partidos Políticos).
La ley nacional 26.215 (Financiamiento de los Partidos Políticos) establece en su artículo 15 la prohibición de “contribuciones o donaciones de permisionarios, empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación, las provincias, los municipios o la ciudad de Buenos Aires”.
Nótese que en esta última se agrega la palabra “proveedores”. Y aunque se trata de una ley de jurisdicción federal, la interpretación de ese punto ya fue tratada por la Cámara Nacional Electoral, al señalar que “las razones que fundan dicha prohibición se basan en la incidencia que puede tener la Administración Pública en el desenvolvimiento económico de las personas jurídicas que tengan una relación contractual con el Estado”.
Precisamente, en ese fallo (Alianza Frente Nuevo s/control de informe de campaña en elecciones generales, expediente 4001569/2005/CA2) se establece que “no corresponde efectuar una distinción entre concesionarias de servicios u obra pública y proveedores del Estado”, ya que “ambos conceptos refieren a tipos de contratos administrativos”, y lo que se procura es “salvaguardar la independencia, especialmente de los candidatos que resultaren electos, respecto de grupos económicos que hubieren colaborado en la financiación de su propaganda”.
Consultado por La Voz, un vocal del Tribunal Superior de Justicia dijo –aunque prefirió preservar su anonimato– que si bien el hecho puede ser “éticamente reprochable”, al haber sido aprobado el informe por el Tribunal Electoral sin ninguna observación de los otros partidos, la resolución ya está firme y no hay posibilidad de reclamo.
Además, el artículo 28 de la ley provincial 10.155 (Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Provincial) establece: “El Poder Ejecutivo Provincial organizará y reglamentará el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado. Toda persona o entidad que contrate suministros o trabajos con el Estado Provincial debe encontrarse debidamente inscripta, salvo las excepciones que establezca la reglamentación”.
En suma, es la propia legislación provincial la que determina que toda persona que contrate suministros o trabajos con el Estado provincial será considerada proveedor.
Fuente: La Voz
