La fundación de políticas y derechos humanos estuvo este miércoles exponiendo frente a la Comisión Internacional de Derechos Humanos sobre los problemas climáticos, derechos de mujeres y pueblos indígenas.

Fundeps es una organización sin fines de lucro que trabaja en la incidencia en políticas públicas a nivel local, nacional e internacional, en defensa de los derechos de las personas.

Este miércoles, sus representantes estuvieron presente en una audiencia en Washington (EE.UU.) frente a la CIDH, disertando sobre cómo el cambio climático implica infracción de los derechos humanos de grupos vulnerables: niños/as, mujeres, comunidades indígenas y rurales.

“La afectación del derecho al agua impacta a millones de personas, especialmente a poblaciones vulnerables”, así comenzó a plantear una de las principales problemática el director ejecutivo de Fundeps, Juan Carballo.

Y siguió: “Hace varios años, la planta Bajo Grande descarga líquidos cloacales no tratados en el curso del río, contaminando gravemente ese recurso hídrico e impactando directamente en el derecho a la salud de la población circundante, como la de Chacras de la Merced. Este caso manifiesta la importancia de la obligación de cooperar, que es destacada en nuestro informe. Los gobiernos locales tienen el control directo sobre las actividades implicadas en la mitigación y adaptación”

En este marco, apuntó contra la falta de cooperatividad entre los diferentes niveles estatales -municipal, provincial y nacional- lo cual “dificulta la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la participación en materia ambiental“.

De esta manera, Carballo puso en debate cómo la desigualdad hace que las consecuencias de la crisis ambiental afecte en distinta magnitud en ciertos sectores de la sociedad.

Algunos de estos datos son que más del 88% de la carga de enfermedades atribuibles a los cambios del medio ambiente recae sobre los menores de cinco años. También que las mujeres presentan mayores tasas de mortalidad que los hombres durante las olas de calor, así como en las tasas de morbilidad asociadas al aumento de las enfermedades por vectores.

Fuente: El Resaltador

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Un análisis de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) arroja como resultado que la misma no se adecua a las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) y otros estándares internacionales. Exigimos su rediseño desde una perspectiva de derechos humanos que contemple los estándares propuestos por organismos internacionales.

Actualmente, en nuestro país, se utiliza el método del ingreso o Línea de Pobreza (LP) para cuantificar el monto de ingreso que un individuo o grupo familiar debe disponer para poder satisfacer, de forma mínima y adecuada, sus necesidades básicas. Para lograr la comparación de ingresos entre hogares e individuos, y así clasificar a quienes se encuentran por encima o por debajo de la Línea de Indigencia (LI) (pobres y no pobres), se construye la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que es el valor estimado de un conjunto de alimentos básicos e indispensables, teniendo en cuenta un determinado hogar con cierta cantidad de integrantes.

Esta medición se basa en el presupuesto de que los ingresos monetarios permiten a los hogares adquirir los bienes y servicios que son necesarios para poder garantizar la calidad de vida y bienestar. Pero se dejan de lado otros factores importantes a considerar, y en el caso particular de nuestro país, donde la inflación recurrente afecta directamente el poder adquisitivo de los mismos, el indicador termina midiendo las variaciones de precios de los alimentos y no la pobreza en sí.

Además, esta forma de medir la pobreza no expresa el valor de una alimentación saludable. Por el contrario una gran proporción de alimentos incluidos en la CBA no se adecúa a lo establecido por las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), ni otros estándares internacionales; profundizando así un modelo obsoleto de pensar la alimentación de la población en desmedro del efectivo goce de los derechos humanos de la ciudadanía que en peor situación económica se encuentra.

La medición de la pobreza, por el contrario, debería incluir en su definición metodológica estándares alimentarios preventivos de los problemas nutricionales que afectan a nuestra sociedad actual y hoy son considerados una epidemia (como el sobrepeso y la obesidad). Políticas públicas serias deben planificarse interinstitucionalmente y con un enfoque transversal de derechos humanos, integrando los estándares nacionales e internacionales propuestos por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o la organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

La alimentación inadecuada es una de las principales causas de enfermedades no transmisibles en el mundo y tiene como principales consecuencias al sobrepeso y obesidad. Dado el preocupante panorama de exceso de peso en la población argentina, es necesario que –por el contrario- el Estado avance con regulación basada en la evidencia científica que busque desalentar el consumo de los productos no saludables y fomentar el consumo de alimentos con alto valor nutricional.

Fuente: La Tinta

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El proyecto para modificar la ley 9.113, de control del tabaquismo, no sólo incluirá expresamente a los cigarrillos electrónicos. La iniciativa también recogerá un pedido que hace tiempo realizan organizaciones de promoción de la salud: impedir la exhibición de productos del tabaco en los lugares en los que se vende, que muchas veces constituye una forma solapada de publicidad.

El pedido de restringir la exposición de productos del tabaco se remonta a comienzos de la década. La Fundación Interamericana del Corazón (FIC) y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) denunciaron en varias oportunidades que, entre otras acciones, las tabacaleras facilitaban a los quioscos y a otros puntos de venta marcos de neón para poner allí etiquetas de cigarrillos, en tamaño normal o aumentado. En los hechos, decían, era una forma de burlar la ley que impide que en locales de venta haya carteles publicitarios visibles desde el exterior.

El proyecto para modificar la norma 9.113 , adelantado la semana pasada por La Voz, se basa en uno que presentó en 2017 el presidente de la Comisión de Salud Humana de la Legislatura, Daniel Passerini. Ahora, tiene un nuevo impulso (cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud) porque fue adaptado para incluir la expresa prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos, una de cuyas variantes son los vapeadores. Pero en su contenido original apuntaba exclusivamente a limitar la promoción de productos del tabaco.

Sucede que, desde que las leyes provinciales y nacionales comenzaron a restringirles la publicidad en los medios masivos y lugares públicos, las fabricantes de cigarrillos optaron por estrategias alternativas. Por caso –según se denunció–, se orientaron a auspiciar fiestas y otros eventos y recolectar en ellos información de contacto de los asistentes, adonde enviaban posteriormente sus mensajes de difusión.

Reacciones

La iniciativa de Passerini en 2017 no pasó inadvertida a las tabacaleras: la compañía Massalin Particulares, afiliada a Philips Morris International, se comunicó con la oficina del legislador para conocer los alcances de la regulación propuesta, según pudo confirmar en su momento este medio con fuentes de la compañía.

Por eso quienes apoyan el proyecto –como la cartera sanitaria– temen que haya presiones de la industria y Passerini dice que hay antecedentes de ese tipo de prácticas a nivel nacional. “Desde la Secretaría de Salud de la Nación señalaron que han enfrentado situaciones de ese tipo, pero no creo que suceda en este caso”, afirmó en diálogo con este medio.

El futuro viceintendente espera que el proyecto sea votado por unanimidad en la Comisión de Salud Humana, que trabajó en ese tema ayer. Después, estimó, pasaría al recinto sin mayores trabas y podría aprobarse a comienzos de octubre.

Si esto sucede, se incorporará a la ley 9.113 la prohibición de la “publicidad, promoción, patrocinio y exhibición de productos elaborados con tabaco, sus derivados y accesorios para fumar en dispensadores y cualquier otra clase de estantería ubicada en los locales donde se venden los productos elaborados con tabaco”.

También impedirá el “auspicio, patrocinio o sponsoreo, el uso de incentivos, directos o indirectos que fomenten la compra de los productos del tabaco”.

Qué modifica. La ley 9.113 del Programa Provincial Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo.

Qué incluirá. La prohibición de la exhibición de productos elaborados con tabaco, sus derivados y accesorios para fumar en dispensadores y cualquier otra clase de estantería ubicada en los locales donde se venden los productos elaborados con tabaco.

Vapeadores. Prohibirá su distribución, su venta y su uso.

Fuente: La Voz

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Durante los días 6 y 7 de Septiembre se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC la XII Jornada de Economía Crítica y la I Jornada de Economía Feminista

Durante la I Jornada de Economía Feminista, en la que se expusieron distintas temáticas vinculadas a perspectivas feministas de la economía y las principales problemáticas de mujeres en el sistema actual, presentamos el trabajo “El cuidado y la (des)igualdad de oportunidades para mujeres en empresas de medios y agencias de publicidad”. 

En la ponencia se analizó el impacto de las tareas de cuidado en las trabajadoras de dichos sectores en Buenos Aires y Córdoba.

El trabajo se basó en las investigaciones “Organizaciones de medios y género: Igualdad de oportunidades para mujeres y personas LGBTQ+ en empresas, sindicatos y universidades” y “Sector publicitario y género: Agencias de publicidad, asociaciones, sindicatos e instituciones educativas analizados con perspectiva feminista” que realizamos junto a la Asociación Civil Comunicación Para la Igualdad con el apoyo de la Fundación Heinrich Boll. Uno de los puntos relevantes de la investigación se centra en el análisis sobre la distribución de tareas de cuidado. 

Según datos oficiales, el 88,9% de las mujeres participan en tareas domésticas no remuneradas, a las cuales les dedican 6,4 horas diarias, mientras que un 57,9% de varones declaran haberlas realizado por un total de 3,4 horas. Estas cifras muestran la rígida división sexual del trabajo existente que afecta el desarrollo profesional de las mujeres frente al de sus pares varones. Esta realidad se reproduce en todos los ámbitos laborales y las agencias de publicidad y organizaciones de medios, objetos de nuestra investigación, no son la excepción. 

Esta desigualdad imperante es, a su vez, producto de la ausencia de políticas públicas y/o empresariales para mitigar el impacto. Según los datos investigados, en las empresas de medios de Córdoba, el número de mujeres contratadas bajo plazo fijo, tiempo parcial o que son monotributistas, en relación al total de mujeres es un 10% mayor que los varones, y el porcentaje de mujeres que ingresan a los medios mediante pasantías es un 57,14% más que los varones. Con este dato se comprende el panorama general que afecta a las mujeres (y a las identidades diversas y disidentes) en cuanto a su precarización e inestabilidad laboral.

Sorprendentemente, la industria publicitaria muestra un alto porcentaje de contratación en relación de dependencia  (90%) y de tiempo completo. Los contratos con modalidad freelance o bajo el régimen del monotributo, así como los de tiempo parcial, se registran en una proporción baja. Sin embargo, el formato de trabajo domiciliario se identifica en baja escala y nunca es formalizado. En este sentido, resulta importante destacar cómo la implementación de este tipo de trabajo se vincula con las tareas de cuidado. Pues, si bien se proponen como formas positivas de flexibilización laboral, redundan en modos de precarización que afectan principalmente a las mujeres, pues les permite “conciliar” éste trabajo con el doméstico. 

Atendiendo a este panorama desfavorable, las políticas de cuidados vigentes en ambas industrias reproducen los desequilibrios que existen a nivel general en su asignación y distribución, afectando especialmente a la autonomía de las mujeres, disminuyendo sus oportunidades de desarrollo profesional, convirtiéndose en un factor fundamental en la perpetuación de las brechas de géneros. Esto es porque reproducen la la división sexual del trabajo y cubren sólo a las trabajadoras en relación de dependencia. Esto se torna problemático si recordamos que son las mujeres quienes presentan una mayor tasa de informalidad laboral. 

Tanto en empresas de medios como en agencias de publicidad, las medidas tomadas en relación a los cuidados se limitan a seguir lo estipulado por ley, como es el otorgamiento de  licencias, en especial a las mujeres madres durante la primera infancia de sus hijas/os. Sin embargo, notamos un escaso cumplimiento aquellas políticas como lactarios y guarderías. 

Hay políticas desarrolladas por las empresas que compensan su incumplimiento de la normativa con prácticas puntuales e informales de conciliación con diferentes niveles de flexibilidad. Algunas de ellas, las podríamos considerar como superadoras de la ley, como son licencias específicas, posibilidad de trabajar desde la casa o flexibilidad en el horario de entrada y/o salida, extensión de la licencia sin goce de sueldo o la reincorporación progresiva con goce de sueldo. En este contexto vale mencionar que, si bien existen estas iniciativas, algunas de ellas, como home office, son escasas y responden a pedidos específicos de cada trabajador/a, siendo en su mayoría las mujeres quienes las solicitan.  

Tras haber participado de la histórica primera Jornada de Economía Feminista en Córdoba, celebramos la realización de estos encuentros donde es posible repensar, discutir y deconstruir, desde las corrientes feministas, la inequidad económica, la desigualdad de oportunidades, la discriminación y la división sexual del trabajo. 

Autoras

Ivana Sánchez y Luz Baretta

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

En tiempos de #NiUnaMenos, pañuelos verdes y condenas inéditas por abuso sexual, el mundo publicitario también busca «deconstruirse». Ese fue el eje de uno de los paneles del Foro Nacional de Políticas de Género en Periodismo y Publicidad, que terminó este viernes en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

En el marco de este encuentro, organizado por la Asociación Civil de Comunicación para la Igualdad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), referentes de la industria explicaron qué están haciendo para lograr contenidos con perspectiva de género.

En este camino hacia la deconstrucción, empezaron a aparecer spots que intentan romper con los clichés y estereotipos de género, diluyen los clásicos roles hombre-mujer en una pareja, redefinen el concepto de mujer, borran tabúes y narran el deseo sexual femenino.

Por ejemplo, Mariana Iesulauro, directora general de cuentas de Young & Rubicam, una empresa internacional con más de 50 años en el rubro, explicó el cambio drástico que hizo la agencia con las campañas para Alto Palermo.

«El shopping venía con el claim ‘pasión de mujeres’, con el que durante muchísimo tiempo las campañas fueron súper exitosas, pero trabajaban narrando a la mujer por cómo se veía o la mostraba como ‘loca por las compras’, en una época en la que la mujer se sentía muy identificada con este tipo de mensajes –explicó Iesulauro–. Pero pasó el tiempo y dijimos: ‘Tenemos que replantear la mirada’, y empezamos a trabajar sobre el concepto ‘Nacimos sin etiquetas'».

En los últimos tiemposla agencia empezó a encargar estudios para «aggiornarse», que le brindaron varios hallazgos que fueron incorporando a sus campañas, como la maternidad en el trabajo o el fin del amor romántico.

Mariano Pasik, vicepresidente del Consejo Publicitario Argentino y titular de la agencia Liebre Amotinada se refirió a las dificultades que atraviesa la industria. «La serie Mad Men es una fantasía que terminó», sentenció. Muchas agencias hoy son pymes y por eso «es muy complicado influir sobre la mirada de género de un anunciante». Sin embargo, destacó que los cambios de a poco se están produciendo: «El tema del género está cambiando todas las estructuras: los anunciantes, las agencias y los medios».

Una de las últimas publicidades representativas en materia de perspectiva de género fue lanzada para el Día de la Mujer y narra la historia de Aldana Chini, una ingeniera química que trabaja en el área de Perforación del yacimiento Vaca Muerta.

Otro ejemplo de este cambio que no se abordó en el panel, pero puede verse hoy en la TV y en las redes, es la campaña de la marca de limpieza Mr Músculo, que pone en debate el intercambio justo de tareas domésticas entre hombres y mujeres.

Tomás Balduzzi, director de la Escuela Superior de Creativos Publicitarios, describió la situación de los estudiantes con preocupación al señalar que en ese centro de estudios «casi el 60% son alumnas mujeres» que al ingresar en el mercado laboral «terminan durando muy poco». «Nosotros sabemos que las preparamos bien, pero todavía hay bastante machismo en el rubro y de eso hay que hacerse cargo», concluyó.

Fuente: Clarín

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Virginia Pedraza es una de las editoras de los informes sobre la situación laboral de las mujeres en medios de comunicación y en el sector publicitario. Ambos estudios se presentarán este jueves y viernes en el Foro Nacional de Políticas de Género en Periodismo y Publicidad en Buenos Aires que se realizará en la Facultad de Ciencias Sociales.

El dato es contundente: más del 60% de estudiantes que egresan de la carrera de Comunicación son mujeres, sin embargo, esta cifra no se traduce cuando se habla de ocupar puestos laborales, muchos menos lugares jerárquicos ni dirigenciales.

La información forma parte del resultado de una exhaustiva investigación llevada adelante por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Fundación Heinrich Boll con el nombre “Organizaciones de medios y género”.

El estudio analiza la participación de mujeres y el colectivo LGBTIQ+ en las empresas y la presencia de políticas de género en el sector y se presentará formalmente este 12 y 13 de septiembre durante el Foro Nacional de Políticas de Género en Periodismo y Publicidad en Buenos Aires.

El trabajo se desarrolló junto a Comunicar Igualdad en la provincia de Córdoba y en Buenos Aires, y fue un trabajo de alrededor de cinco años. Antes, ya habían presentado varios informes acerca del tema, entre ellas dos publicaciones que tienen que ver con medios de comunicación también pero desde las políticas públicas.

“Nuestra agenda de trabajo y abordaje más tiene que ver con los lineamientos y las plataformas de acción de Beijing, la Conferencia Mundial de las Mujeres que tenían las intenciones de fortalecer las políticas públicas y las mujeres en los medios de comunicación, y además en todo lo que tiene que ver con los accesos a los jerárquicos y el desarrollo profesional”, explica a Tiempo Argentino, Virginia Pedraza una de las editoras, junto a Sandra Chaher de los informes “Agencias de publicidad, sindicatos y universidades” y “Empresas periodísticas, sindicatos y universidades”

El primer estudio se basa en 39 entrevistas a directivas y directivos de agencias de publicidad, representantes de asociaciones profesionales y de instituciones educativas y trabajadoras y trabajadores de la industria publicitaria realizadas en las ciudades de Buenos Aires y Córdoba, durante el año 2018.

La investigación en esta segunda etapa, cuenta Pedraza -quien también es vicedirectora de FUNDEPS- tiene su foco puesto en lo laboral. “Hicimos las dos investigaciones con empresas tanto de medios como del sector publicitario y también revisamos los sindicatos y la parte educativa. Tomamos una metodología que elaboró UNESCO para poder medir los avances en los distintos estados en las distintas partes del mundo que tiene que ver con estos objetivos. Tomando estos indicadores, hicimos entrevistas y análisis de datos más duros, análisis cualitativos. Y a partir de la información y de los antecedentes que fueron revisadas en la Argentina, pudimos elaborar hipótesis y con ellas los datos conclusivos de este informe”, continúa.

–¿Qué tuvieron que modificar de los indicadores de la metodología que eligieron?

–En base a los indicadores de UNESCO, tuvimos que reducirnos mucho en términos de profundidad porque en ese caso llevaba más tiempo. Entonces, tratamos de concentrarnos en los aspectos que tienen que ver con el techo de cristal y las paredes de cristal, que no es más que distribución de la tarea y los cargos en los diferentes espacios en los que investigamos. En el sector publicitario es donde más se notó el tema de las paredes de cristal. Por ejemplo, nuestros resultados dieron que la gran mayoría de quienes están en el sector de creatividad está cooptada por hombres, y todo lo que es el sector cuentas y administrativo por mujeres.

-¿Y esto qué significa?

-Es que cuando se invierten los números, es importante mirarlos desde lo que significan: la imposibilidad de acceder a los puestos que dan lugar al desarrollo profesional de las mujeres. Otros de los grandes lineamientos son los que tienen que ver con el cumplimiento de las normas laborales, poner a disposición guardería o lactarios y lo que está relacionado con la flexibilización laboral de cada sector, también las mujeres son las más perjudicadas.

Cuenta Pedraza que otros lineamientos de la investigación tuvieron que ver con la cultura institucional en un sector como en el otro. “Nos han relatado testimonios fuertes de abusos, presiones, destratos y maltratos. Ese fue otro abordaje”, expresa. “En cuanto a la metodología para dar respuesta a las hipótesis: la mayoría de los empleados son hombres, la mayoría de los cargos jerárquicos están ocupados más por hombres que por mujeres. Y esto es en base a los antecedentes que ya había, pero también hicimos un abordaje metodológico que tenía que ver con lo numérico. Pedimos a las empresas que nos faciliten los datos sobre cuántas personas podían ocupar los cargo con distinción de género y todas tuvieron buena predisposición”.

En ese sentido, el estudio arroja que las mujeres representan el 49,5% de la fuerza laboral en la industria publicitaria, la propiedad de las empresas pertenece en un 96% a profesionales varones, quienes también ocupan el 69% de las presidencias y direcciones o jefaturas ejecutivas máximas. A su vez, no existen Oficinas de Género o espacios específicos encargados de promover la igualdad de género en ninguna de las agencias relevadas.

“Fue importante visibilizar esos datos”, expresa Virginia Pedraza. “Uno de esos datos fue la comparación a la cantidad de egresados y egresadas de instituciones en comparación a las personas que ejercen como comunicadores. El número supera el 60% en comparación con los hombres, pero en el momento de ver trabajadores el número se invierte. La trayectoria profesional de las mujeres se pierde en algún momento y nos preguntamos qué pasa con las profesionales de la comunicación que no están ejerciendo. Es fuerte el número y ni hablar con los datos de la militancia sindical porque llegamos a contar en la dedicación horaria que requiere, las mujeres ya no llegan al activismo sindical tampoco. Entonces hay ahí una grave brecha que nos dieron los números”.

–Qué evaluación hacen las mujeres sobre estos temas, en esos contextos

Entrevistamos a comunicadoras y publicistas más grandes y más jóvenes. Se nota mucho la diferencia entre quienes tienen más recorrido profesional. Ellas contaron cómo cambió su propia perspectiva con respecto a cómo abordó la carrera y todas las cosas que tuvo que pasar. Mucho tiene que ver con la visibilización de la problemática en los sectores de trabajo y de las desigualdades, a través de los movimientos de estas últimas décadas. Muchos nos decían que de golpe se habían dado cuenta que sufrieron acoso, o vivían situaciones de violencia y no lo sabían. Otras mujeres, militantes feministas de hace años contaron cómo tuvieron que plantarse. La competitividad para ser acompañante en un noticiero y todo lo que tiene que ver con los estereotipos de belleza también ha sido bastante interesante. Las mujeres nos estamos repensando y lo hacemos en nuestras propias carreras profesionales, lo que implica ver cuánto más les rindió su carrera a ellas en comparación con el esfuerzo que hacen los hombres. Es mucho más el esfuerzo que hacen las mujeres que los hombres, la formación profesional es mucho mayor de las mujeres que llegan a los cargos jerárquicos que los hombres en los mismos puestos. Es una comparación fuerte cuando uno lo puede ver.

Los medios de comunicación tienen también esta diferencia. “En cuanto a paredes de cristal, las mujeres están siempre designadas a lo que es entretenimiento Sociedad, Ambiente y los hombres a temas más duros, Economía, Finanzas, Política. Y también surge de la investigación que si un hombre quisiera desarrollarse en otro espacio está mal visto, la idea sería poder desarrollar una tarea y que no sea mal visto ni para un lado ni para el otro”, especifica Pedraza.

Ambos informes se presentarán este jueves y viernes en la Facultad de Ciencias Sociales. El jueves la apertura será a las 18, y allí se firmará un Acuerdo Compromiso en Políticas de Género para el Periodismo y la Publicidad. Después de la firma, la periodista Luciana Peker brindará una conferencia sobre “La marea feminista en la publicidad y el periodismo”.

El viernes desde las 9 y hasta las 18, se desarrollarán cuatro paneles: Políticas de Cuidados; Derechos Laborales y Sindicalización; Periodismo y Género (del que participará la periodista de Tiempo Argentino, Viviana Mariño); y Publicidad y Género.

“El foro tiene la idea de poder encontrar y compartir experiencia y un poco que empiecen a notar y a palpar en su cotidianidad estas cosas que pasan. Este espacio intenta formar de una manera colectiva cuáles pueden ser los abordajes y las soluciones para esta problemática. Hay una situación clara de desigualdad como en la elaboración de los contenidos, sabemos que esto está pasando y las encontremos para encontrar soluciones de modo colectivo”, finaliza Pedraza.

Fuente: Tiempo Argentino

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El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba en el marco de la causa de autos caratulados «Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables c/ Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas del Gobierno de la Pcia. de Cba. – Amparo Por Mora (Ley 8803) – Recurso de Casación», emitió un fallo que conlleva características de singular importancia para el fortalecimiento de un derecho ciudadano esencial.

El pronunciamiento del máximo tribunal cordobés puso especial énfasis en exigir al Estado provincial que garantice a toda persona –por su sola condición de ciudadano– el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Atiende, así, a los principios consagrados en el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos, el art. 19 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (también conocida como Pacto de San José de Costa Rica). Todas estas son normas convencionales con rango constitucional a mérito de lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional.

Asimismo, el fallo del TSJ hace una correcta intelección de los artículos 14, 22 y 33 de la Carta Magna federal, evidenciando que el derecho de peticionar información pública a las autoridades –a través de las cuales el pueblo delibera y gobierna– es uno de los derechos fundamentales no enumerados, pero reconocidos de forma indeleble por el plexo constitucional, como ha quedado asentado con la sanción de la ley nacional 27.275 cuyo objeto es “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”. Lineamientos que se vislumbran, a su vez, en las disposiciones de la Constitución de la Provincia de Córdoba, la cual en su área preambular asume el carácter participativo de democracia, en su art. 2 instituye la forma representativa, republicana y democrática de gobierno, y en su art. 15 dispone el carácter público de los actos del Estado. De allí que la ley provincial 8.003 –que establece el derecho de acceso al conocimiento de los actos del Estado– no podría tener una interpretación jurisdiccional divergente a la normativa convencional y constitucional citada, sin caer en una flagrante contradicción de derechos.

El fallo del TSJ se alinea así con sendos pronunciamientos jurisprudenciales que, en la misma orientación, emitieron oportunamente tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en los casos Olmedo Bustos y otros vs. Chile de 2001, Herrera Ulloa vs. Costa Rica de 2004, Palamara Iribarne vs. Chile de 2005 y Claude Reyes y otros vs. Chile de 2006), como de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (en los precedentes Asociación Derechos Civiles c/ EN PAMI – dto. 1172/03- s/ amparo Ley 16.986 de 2012, CIPPEC e/ EN MO Desarrollo Social – dto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986 de 2014, Giustiniani, Rubén Héctor C/ Y.P.F, S.A. s/amparo por mora en 2015, Garrido, Carlos Manuel el EN – AFIP si amparo ley 16.986 de 2016 y, recientemente, en Savoia, Claudio Martín c/ EN – Secretaría Legal y Técnica -dto. 1172/03 – s/ amparo ley 16.986 de 2019).

La importancia de este fallo del TSJ estriba en reafirmar, de manera operativa, que el derecho de acceder a información pública no puede quedar a expensas de la arbitraria discrecionalidad de un funcionario público, quien –por otra parte–  tiene entre los deberes que hacen a su responsabilidad la obligación de garantir a la ciudadanía el acceso a la información respecto de los actos y procedimientos del Estado.

Esa información, por ser pública – en el sentido que indicaba Norberto Bobbio, es decir no solo entendiendo el adjetivo “público” como antónimo de “privado” si no, fundamentalmente, como antónimo de “secreto” – debe ser visible, asequible y expuesta sin trabas a los ciudadanos, ya que ellos pertenece. Razón por la cual debe ser puesta a su disposición de manera completa, inmediata, oportuna y efectiva. Tanto en el ámbito ejecutivo, legislativo y judicial, como con relación a organismos descentralizados, entes autárquicos, órganos de control, empresas y sociedades del Estado o con participación estatal y empresas privadas concesionarias de servicios públicos, acreditando en todos los casos que se atienda el principio de máxima divulgación.

Podemos decir, entonces, que el derecho de acceso a la información pública es una herramienta  jurídico – política de raigambre republicana y esencia democrática. La que se constituye, en la medida de su utilización extendida, en un poderoso punto de convergencia para mejorar la participación y la deliberación de la ciudadanía en los asuntos públicos, facilitar la libertad de expresión, transparentar la actividad estatal, fortalecer el control ciudadano de la legalidad de los actos de gobierno, purgar la corrupción, legitimar la representación política, procurar el cumplimento de otros derechos humanos y cooperar con la actividad administrativa.

El derecho de acceso a la información pública se trata, en definitiva, de un instrumento para continuar la perpetua tarea cívica de democratizar el poder del Estado en favor de los ciudadanos.

Fuente: Perfil

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El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, que reclamaba el acceso a la información de los actos del Estado.
En la causa «Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables c/ Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas del Gobierno de la Pcia. de Cba. – Amparo Por Mora (Ley 8803) – Recurso de Casación», el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba hizo lugar, parcialmente, a la acción de amparo de acceso a la información de los actos del Estado interpuesta por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, y determinó que la condición de ciudadano resulta suficiente para justificar una solicitud de información pública.

El Tribunal explicó que existe un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes de acceso debe ser entendida en un sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente, ya que se trata de información de carácter público, que no pertenece al Estado sino que es del pueblo.

La Fundación había solicitado a la Secretaria de Administración Financiera de la Provincia de Córdoba información contenida en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado como, por ejemplo, la nómina actualizada de las personas físicas y jurídicas proveedores del Estado

En consecuencia, indicó que la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud; ya que serviría de poco el establecimiento de políticas de transparencia y garantías en materia de información pública si, luego, se dificultara el acceso a ella mediante la implementación de trabas de índole meramente formal.

La Fundación había solicitado a la Secretaria de Administración Financiera de la Provincia de Córdoba información contenida en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado como, por ejemplo, la nómina actualizada de las personas físicas y jurídicas proveedores del Estado; especificaciones sobre si el proveedor ha recibido alguna sanción y sus motivos; informes sobre si existe una nómina de personas o instituciones inhabilitadas para actuar como proveedores del Estado y los motivos de la inhabilitación, entre otros datos.

Sin embargo, esta dependencia no hizo lugar al pedido por considerar que la fundación no estaba comprendida dentro de las entidades habilitadas para requerir antecedentes de las firmas inscriptas en el registro y que la solicitud podría afectar la confidencialidad de los datos resguardados.

Frente a esta negativa, la fundación presentó una acción de amparo por mora que fue rechazada por la Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación, porque no reunía las condiciones exigidas en la normativa (art. 2, Ley 8803), ya que no se había individualizado el acto administrativo respecto del cual la documentación requerida había servido de base, antecedente o causa.

La Cámara agregó que la amplitud y generalidad de la pretensión, más la falta de vinculación con un acto administrativo concreto, implicaba una solicitud de información general e indeterminada, cuyo control externo corresponde al Tribunal de Cuentas y a la Legislatura de la Provincia.

Tras realizar todas estas consideraciones, el TSJ resolvió que correspondía hacer lugar parcialmente al planteo de la fundación y garantizarle su derecho a acceder a información pública solicitada. Finalmente, precisó que si existiesen documentos que contengan información cuyo acceso esté limitado por la normativa vigente (art. 4, Ley 8803), deberá informarse sobre todos aquellos puntos que no están vedados.

Fuente: Diario Judicial

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La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, han elaborado en conjunto un Acuerdo Compromiso en Políticas de Género para el periodismo y la publicidad. El objetivo es que actores de estos sectores firmen el documento, y así cerrar el Foro Nacional de políticas de género, que se realizará los días 12 y 13 de septiembre en la Facultad de Ciencias Sociales de Buenos Aires.

La historiadora Cecilia Bustos Moreschi, coordinadora del área de género y diversidad sexual de Fundeps, en diálogo con este medio, explicó que el documento es resultado de años de investigación sobre políticas públicas de comunicación y género.

Durante el Foro Nacional de políticas de género en periodismo y publicidad se pondrán en debate ejes problemáticos de ambas industrias informativas. Moreschi comentó que trabajadores y referentes de esos sectores participarán de las charlas.

Con respecto al acuerdo, la historiadora explicó que se invita a los actores que forman parte de las industrias de la publicidad y de la comunicación a adherir al mismo. Se busca que reflexionen sobre las prácticas laborales que existen hacia su interior y desarrollen e implementen políticas de género concretas, formales y sustentables. 

“No es más que una invitación a que medios, agencias de publicidad , sindicatos, asociaciones profesionales, cámaras empresariales e instituciones educativas vinculadas a la comunicación desarrollen e implementen políticas de género, adaptadas a sus realidades, que garanticen la igualdad de oportunidades y la eliminación de violencias de género dentro de sus estructuras laborales”, sostuvo la investigadora Moreschi.

La historiadora explica que si bien hay sectores más comprometidos con la perspectiva de género, otros carecen de la misma. Por eso apuntan sobre todo a esos grupos, para que adhieran al acuerdo compromiso.

“No es una ley, no es un tratado vinculante. Nos gustaría que lo fuera pero nos conformamos con que firmen la mayor cantidad de actores posibles, y que den cuenta de su intención de transformar su realidad interna, sus estructuras laborales, porque justamente entendemos que eso va a dar como resultado una transformaciòn en los contenidos”, expresó Moreschi.

Para Fundeps y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, si las políticas de género  se piensan, desarrollan, implementan y evalúan, pueden generarse ámbitos laborales más democráticos, diversos e inclusivos. Por ese motivo invitan a firmar el acuerdo compromiso, y a participar del Foro Nacional de políticas de género en periodismo y publicidad, los días 12 y 13 de septiembre.

Fuente: El Resaltador

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En un contexto de creciente interpelación a las desigualdades de género, las investigaciones en el interior de empresas e instituciones están tomando mayor importancia.

El último informe sobre este tema fue publicado hace pocos días y trata sobre el análisis de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia, en el que participó ONU Mujeres, PNUD e idea Internacional para la aplicación del programa Atenea y medir el Índice de Paridad Política. Se suman a los datos que, año a año, aportan desde la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a las estadísticas del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

Pocas son las investigaciones para determinar si se cumplen objetivos de paridad de género realizadas espontáneamente en el ámbito privado. Esa actividad quedó en manos de organizaciones del tercer sector. En ese marco, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) junto con Comunicar Igualdad analizaron en tres estudios diferentes los mensajes de los medios de comunicación y las publicidades. A eso sumaron relevamientos en las empresas e instituciones que los diseñan, al tiempo que también analizaron la situación de las entidades formadoras de profesionales de medios de comunicación y agencias de publicidad.

“Nos motivó estudiar qué pasaba dentro de estos espacios y sobre todo en el interior provincial, donde no hay casi estudios. La idea era analizar a Córdoba para dar una mirada federal”, explicó a La Voz Cecilia Bustos Moreschi, de Fundeps.

En 2016 presentaron los resultados de la investigación en organizaciones estatales encargadas de monitorear contenidos mediáticos, como por ejemplo el Inadi, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inam), Afsca y Defensoría del Público. Luego estudiaron las empresas de medios de comunicación y sindicatos afines, cuyos resultados fueron publicados en 2018 y, por último, la situación en el interior de las agencias de publicidad y sindicatos afines en Córdoba, publicado en febrero de este año.

En cada institución analizaron la participación femenina en distintos espacios. Registraron si hay mujeres en los puestos de toma de decisiones, si existen situaciones de desigualdad o violencia y qué políticas internas se toman para combatirlas. Desde Fundeps insisten en que es importante analizar la situación dentro de agencias publicitarias y medios, ya que son entes importantes donde se generan los mensajes que luego le llegan a la sociedad.

“Para esto siempre entrevistamos a directivos y a trabajadores, quienes quedan en el anonimato. En sus percepciones hay puntos que coinciden, pero hay muchas diferencias también. Por eso está bueno cotejarlos. Generalmente, hay muchas violencias simbólicas del lado empresarial que cuesta visibilizar”, explicó Bustos Moreschi.

En este sentido, el estudio sobre las agencias de publicidad indica que las trabajadoras de esas empresas muchas veces no denuncian situaciones violentas porque tenían miedo a represalias o porque no había un abordaje consciente y las herramientas necesarias. “Si ante un caso de violencia en la empresa la política es que vaya a Recursos Humanos y que allí las hagan dialogar de frente a las dos personas, no se está haciendo un tratamiento adecuado de la temática”, dice la historiadora que coordina el área de género de Fundeps.

«En las agencias encontramos que, si bien había paridad mujeres y hombres, la desigualdad era horizontal: las mujeres ocupan los cargos administrativos o de secretariado, donde se estructura más el horario. Eso se debe también a una división sexual de las tareas del hogar que hace que la mujer no pueda tener flexibilidad horaria. En el área de creativos, donde se generan las ideas para las publicidades que vemos en la televisión, en radio, gráfica o redes sociales, el 80% está compuesta por hombres», prosigue el estudio.

“Vimos muchas dificultades para conciliar trabajo y familia. En las empresas si querés hacer carrera tenés que dedicarle más tiempo, que es lo que en general no tienen las mujeres. Y, además, la flexibilidad horaria, cuando se pide, es otorgada por la empresa, pero al costo de que, al hacer menos horas, no tienen tantas oportunidades de crecimiento”, explicó la especialista.

A la hora de acceder a la información, desde Fundeps indican que en los lugares públicos fueron más accesibles y no tanto así en los medios, donde tuvieron muchas trabas. “No fueron todos, algunos nos brindaron la información desde el principio. Creemos que la resistencia venía del lado de que no éramos tan conocidos y no conocían la seriedad con la que trabajamos”, agregó. También detectaron dificultades con los sindicatos “por la misma estructura que plantean”.

¿Qué pasa después de las investigaciones? Los informes sirven para “blanquear” situaciones de desigualdad que no eran estudiadas en las instituciones y la idea es que a partir de ellas surjan acciones para reflexionar y revertir estas situaciones.

“Creo que la capacitación es fundamental en las instituciones para empezar a desnaturalizar violencias y micromachismos, tan arraigados en estos ámbitos. Es importante sobre todo que se den con la capacitación a los varones, que son los que más necesitan el asesoramiento”, indicó Bustos Moreschi. Y también agregó: “Por eso estamos redactando acuerdos con cada una de las instituciones que analizamos. No es vinculante, pero funciona para comprometer a mejorar la situación en estos espacios”.

Además tienen muchas expectativas con el foro nacional que se hará en septiembre en Buenos Aires. El objetivo es generar una instancia de sensibilización y construcción de capacidades, de encuentro y articulación, pero también de discusión sobre políticas de género en ambas industrias, convocando a empresas de medios de comunicación, agencias de publicidad, instituciones educativas, sindicatos y asociaciones empresariales, a trabajadores del sector, organizaciones de la sociedad civil y al Estado.

Fuente: La Voz

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La Fundación solicitó la participación en carácter de amigo del tribunal (amicus curiae) en la causa que deberá resolver sobre la problemática ambiental que afecta a lxs vecinxs de la planta de producción de la empresa Porta Hnos.

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables presentó una solicitud al juzgado federal N° 3 a cargo del Juez Miguel Vaca Narvaja, la admisión y participación como amicus curiae (amigo del tribunal) en los autos “CRUZ, SILVIA MARCELA Y OTROS C/ MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERÍA DE LA NACIÓN S/AMPARO AMBIENTAL (FCB 021076/2016)”, que tramitan ante dicho tribunal, con motivo del amparo ambiental iniciado por los vecinos y vecinas de la planta Porta Hnos. en contra de la actividad contaminante allí presente.

Continuando con el compromiso en torno a la problemática que aqueja a los y las vecinas de la planta de Porta, en esta ocasión, a través del instituto amicus curiae pretenden brindar al Tribunal «fundamentos de hecho y de derecho» que consideran relevantes “a los fines de una adecuada ponderación en relación a los intereses en juego y una resolución de la problemática respetuosa de los derechos fundamentales afectados”.

Cabe recordar que el conflicto a dirimirse en la justicia federal de esta provincia involucra a más de 25 vecinos y vecinas de B° San Antonio e integrantes de la Asamblea Ciudadana “VECINOS UNIDOS EN DEFENSA DE UN AMBIENTE SANO» (VUDAS) quienes iniciaron una acción colectiva de Amparo Ambiental en contra del Ministerio de Energía y Minería de la Nación (Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos) solicitando la clausura y cierre definitivo de la planta de bioetanol de PORTA HNOS. S.A., ya que el funcionamiento de ésta afecta de forma irreparable la salud de los vecinos y el ambiente.

Consideran de “fundamental importancia la participación en la presente causa, ya que, en el conflicto subyacente, se encuentran comprometidos derechos humanos fundamentales tales como la vida, la salud y el ambiente. Por tal motivo, la resolución deberá de considerar tales extremos y, en tal caso, propiciar una respuesta judicial que quizás signifique un importante precedente judicial en materia ambiental”, expresaron.

Fuente: La Tinta

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Tras la decisión del Reino Unido de prohibir las publicidades consideradas sexistas, ¿son necesarias estas medidas o las agencias publicitarias ya han tomado conciencia de la importancia del mensaje que están transmitiendo?

¿Cuántas veces vimos en las publicidades en la tele o gráficas a un hombre limpiando la casa, cambiando pañales o mostrándose sexy y con poca ropa al lado de un auto lujoso? Si a ustedes les pareció que «muy pocas», pues están en lo correcto.

De a poco, algunas marcas se animan a romper con estos cánones, tal como la última publicidad de Skip que tiene el eslogan «La ropa evolucionó. Nosotros también». Una voz en off dice frases como «Los colores no tienen género», mientras un chico se pone una campera rosa y también: «Los talles se tienen que adaptar a nosotros». Otra de Ayudín muestra tanto a hombres como a mujeres limpiando la casa. Aun así, estos casos todavía son muy incipientes y los malos ejemplos siguen siendo mayoría.

Diferentes estudios de los mensajes que emiten las publicidades indican que la mayoría reproduce estereotipos de género que relacionan a la mujer únicamente con las tareas del hogar, el cuidado de los niños, la ternura, la indefensión y a veces con el oportunismo (uso de la seducción para conseguir algo); y a los hombres con la valentía, el liderazgo, la fortaleza y hasta la violencia. De esta manera, profundizan las desigualdades de género en lugar de desarmarlas y ayudar a la inclusión de roles e identidades que promuevan la diversidad y la inclusión.

Un reciente estudio realizado en febrero de 2019 por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) analiza la situación al interior de las agencias de publicidad. Se estudiaron empresas de Córdoba y de Buenos Aires y allí surgió el dato de que el 80 por ciento de los puestos de los creativos estaban ocupados por hombres, al igual que la mayor cantidad de cargos directivos y ejecutivos.

En Reino Unido, hace pocos meses, la Autoridad de los Estándares para la Publicidad (ASA por sus siglas en inglés) hizo una declaración en la que advertía que iba a prohibir anuncios que reproduzcan características físicas con el éxito romántico o social; que asignen características de personalidad estereotípicas a los niños y las niñas, como la valentía para los niños y la ternura para las niñas, entre otras, según indicó el The New York Times. Esta medida llegó luego de que la entidad prohibió distintas publicidades de conocidas marcas, como Gucci y Rimmel, años anteriores.

Ahora, ¿es necesario que esta recomendación se tenga que hacer bajo amenaza de prohibición? Ojalá no la necesitáramos. Ojalá que en plena época de #Metoo y del Ni Una Menos las agencias publicitarias y los medios de comunicación tomaran conciencia por sí mismos de la importancia del mensaje que están transmitiendo. Pero, al igual que pasa con las leyes de paridad y cupo en las instituciones, quizás sea necesario hasta que el cambio se dé por sí solo.

Por fortuna, las mujeres que están dentro de estas empresas publicitarias se van organizando, tejiendo redes para comenzar a plantear un cambio. El cambio cultural las espera, la sociedad lo pide y el resultado siempre será liberador, pues es comenzar a escribir una hoja en blanco en la que todos y todas puedan participar.

Fuente: La Voz

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