• Es en los espacios privados donde menos ha caído el consumo de cigarrillos.
  • El Gobierno provincial ofrecerá certificados para promover casas libres de humo.

A fines de 2004, se reglamentó en Córdoba una ley sancionada un año antes, y calificada por muchos como “polémica”, que limitó el consumo de cigarrillos en bares y en restaurantes, además de en otros ámbitos públicos.

A la ley cordobesa le siguió una nacional.

Hoy, 15 años después, la Provincia buscará sensibilizar a la población para que esa restricción –que ahora pocos discuten– llegue a los hogares, donde todavía la exposición al humo de tabaco es alta. La limitación no será normativa, sino que la principal estrategia para alentarla es la educación.

Según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), el consumo de productos del tabaco bajó de 29,7 por ciento en 2005 a 22,2 por ciento en 2018 a nivel nacional.

Si, además, se toman los escenarios posibles de consumo de tabaco, la caída más drástica fue, precisamente, en bares y en restaurantes, donde pasó de 47,2 por ciento en 2009 a 21,5 por ciento en 2018.

El segundo ámbito en el que más se verificó una disminución fue en el trabajo: de 34 por ciento a 21,8 por ciento. En las casas, en cambio, el descenso fue menor: de 33,9 por ciento a 25,1 por ciento.

Todavía no hay datos desagregados por provincias de la ENFR 2018, pero, si se comparan los años 2009 y 2013 (los últimos de los que se tiene registro), también se observa un cambio diferente según el ámbito.

El consumo de cigarrillos bajó de 35,7 por ciento a 32,3 por ciento en los hogares de Córdoba entre 2009 y 2013. Para Alicia Mombrú, a cargo de la Dirección de Jurisdicción de Programas de Promoción y Protección de Enfermedades No Transmisibles, estadísticamente es poco significativo si se lo compara con el descenso en bares y en restaurantes (de 35,1 por ciento a 22,7 por ciento entre 2009 y 2013), y en el trabajo (de 32,9 por ciento a 23,1 por ciento entre 2009 y 2013).

Mombrú destaca que las sustancias que contiene el cigarrillo permanecen en las superficies sólidas de las casas o en las prendas de las personas que habitan en ellas, lo que extiende en el tiempo el efecto nocivo.

“Impacta en todos los habitantes del hogar, particularmente en los niños, porque ellos son más vulnerables y aún tienen que desarrollar defensas”, afirma. “Aumentan los resfríos, los episodios de asma, de bronquitis, de otitis y de neumonías por el contacto con el humo”, ejemplificó. Y señaló que se eleva la posibilidad de que se inicien tempranamente en el consumo.

“Es un espacio que permanentemente está contaminando, aunque se apaguen los cigarrillos”, insistió.

Como la ley no puede contemplar la prohibición -señala-, se puede atribuir a ese factor la todavía alta prevalencia a la exposición al humo.

El tabaquismo está asociado a enfermedades como el cáncer (en diversos órganos, sobre todo en pulmón, boca, faringe y laringe), a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) y a la enfermedad aterosclerótica (que deviene en infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y enfermedad vascular periférica).

Certificado. Podrá descargarse en las redes del Ministerio de Salud.

Certificado. Podrá descargarse en las redes del Ministerio de Salud.Otras entidades, como algunas fundaciones, insisten en reclamos al Gobierno nacional para que se cumplan las normas que restringen la publicidad y la promoción de productos del tabaco.

Es recurrente la denuncia, por parte de instituciones como la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC), la Alianza Libre de Humo Argentina  (Aliar) o la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), de que se incumple la ley que restringe la publicidad y la promoción de productos del tabaco.

Por caso, las tabacaleras organizan eventos en los cuales toman registro de los datos de los asistentes para enviarles información; y en los quioscos, colocan en lugares visibles para los transeúntes cajas de cigarrillos rodeadas de marcos luminosos, en reemplazo de los carteles y los afiches -que están expresamente prohibidos-, lo cual es considerado como una forma de burlar la ley.

Estas asociaciones promueven la elaboración de una nueva ley que prohíba toda forma de promoción, algo que, por ejemplo, en Córdoba ya mereció un proyecto presentado en la Legislatura provincial por el viceintendente electo, Daniel Passerini.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), mueren aproximadamente 4,9 millones de personas como consecuencia del consumo de tabaco, tanto directo (fumadores activos) como indirecto (fumadores pasivos).

“Para proteger la salud de las personas de la región de las Américas, resulta necesario intensificar urgentemente las medidas de control del tabaco, en particular aquellas que garantizan espacios públicos y lugares de trabajo libres de humo”, señalaron ayer desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la oficina Regional de la OMS para las Américas.

La campaña del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora hoy y que es una efeméride promovida por la OMS, tiene como tema principal “el tabaco y la salud pulmonar”.

Acciones por el Día Mundial sin Tabaco 

Las distintas actividades previstas para hoy.

En el hall de acceso del Ministerio de Salud provincial habrá consejerías y se brindará información, en el horario de 9.30 a 12.

En la propuesta “posta saludable” del hospital Misericordia, de 8.30 a 12, habrá controles, asesorías, promoción de hábitos saludables y se brindará información para acceder a turnos para consultorios y estudios complementarios. Organizan el Servicio de Neumonología del hospital San Roque y la Sociedad de Neumonología de Córdoba (Soneco).

En agosto, se iniciará una capacitación virtual en tabaquismo con puntaje docente para directivos y para docentes, en conjunto con el Ministerio de Educación provincial.

Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 31/05/2019 en nuestra edición impresa.

Fuente: La Voz

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Mientras la opinión publica rechaza cada vez más los estereotipos de género, a las marcas les cuesta adaptarse.

En tiempos de “Ni una menos” y #Metoo, las marcas buscan dejar atrás las décadas en las que la mujer objeto se usaba para vender cualquier producto. Pero aunque aquellas campañas que recurrían a las curvas femeninas como anzuelos van desapareciendo, aun se siguen filtrando estereotipos de género. Un ejemplo de esto es la campaña que hizo en España El Corte Inglés para el Día de la Madre: sobre la imagen de una mujer sonriente la gráfica la define: «97% entregada, 3% egoísta, 0% quejas, 100% madre». Las críticas se escucharon a ambos lados de la Atlántico y dejaron en evidencia que las marcas aun tienen mucho trabajo por hacer.

En este contexto, Interbrand, una consultora de marca global, presentó junto a IAE Business School los resultados de Brandaid, una investigación para identificar cómo se posiciona el marketing ante la perspectiva de género. En el estudio se realizaron 52 entrevistas en profundidad a CEOs, directores/as y gerentes/as de empresas privadas y organismos públicos. El 54% de los entrevistados son hombres y el 46% mujeres. Se analizaron 910 piezas que utilizaron 20 marcas en los últimos tres años en su comunicación externa e interna.

“La opinión pública parece estar avanzando a una velocidad mayor que las marcas. Las marcas tienen el poder de influir en la transformación del mundo e inclusive, contribuir en su mejora, pero no están logrando adaptarse en materia de género”, indica Rocío Restaino es head of Brand Strategy en Interbrand. “En Argentina, que históricamente tuvo un rol disruptivo en publicidad, encontramos que se continúa mostrando a las mujeres en roles estereotipados que perpetúan las desigualdades”.

Restaino remarca que «el problema no es cuánto están representadas las mujeres, ya que en las campañas publicitarias tienen presencia en la misma medida que los hombres. El problema es cómo”. A partir del estudio establece cinco puntos críticos.

1) El varón aparece asociado a tareas de producción, autoridad y autonomía. La mujer está vinculada a tareas de reproducción: maternidad, educación, la cocina o el supermercado.

2) No hay diversidad: todas se parecen entre sí, hay una mujer estándar.

3) Las mujeres, en general, aparecen mudas y sin voz. Incluso los locutores suelen ser varones.

4) La falta de autonomía de la mujer es muy notoria: amas de casa, madres, cuidadoras y buenas vecinas.

5) Las mujeres siempre están sonrientes y alegres a menos que sean profesionales. En ese caso se muestran serias.

-¿Por qué las marcas repiten estos estereotipos? ¿Las publicidades que representan a las mujeres de esta manera son efectivas?

-​Las repiten porque creen que funcionan y porque muchas veces no se animan a innovar. Cuando arman los focus group para testear las campañas los arman con sesgos para confirmar que el enfoque que están usando es el correcto. Pero si vas a esperar a que sea el focus group el que te diga que la campaña es sexista, llegas tarde. Las marcas tienen que mirar más allá, detectar las tendencias antes de que se hagan masivas.

Solamente en el 6% de estas piezas que participaron de la investigación las mujeres son representadas como profesionales o vinculadas a tareas laborales. En el 38% de los casos en situaciones relacionadas con la belleza/estética, 25% en situaciones familiares (mayormente relacionadas con la cocina), 23% vinculadas a su rol materno, 2% en situaciones de pareja heterosexual, 2% tomando alcohol y 5% indefinido “Es interesante pensar que pasaría si las marcas que operan en el mundo de la belleza, la alimentación y el cuidado personal se plantearan como eje estratégico contribuir a romper la relación ‘naturalizada’ entre las mujeres y este tipo de tareas. Es decir, si asumieran el desafío de incluir varones en su target, pero hacerlo con la misma intensidad con la que históricamente se han dirigido a las mujeres, y no ya como parte de una campaña táctica, one shot o marginal.”.

Melanie Tobal es licenciada en publicidad y fotógrafa de moda. Hace más de dos años creó junto a otras colegas Publicitarias.org, una comunidad que busca potenciar el liderazgo femenino y la perspectiva de género. Hoy tienen embajadoras en Chile, Perú, México y Miami.

«Hubo un avance enorme en los últimos años. Sin embargo, todavía quedan los estereotipos de género más peligrosos: los sutiles, que se repiten día a día y van formando a la cultura y a las personas», cuenta Tobal. «Son esos pequeños frames o mensajes que aún nos siguen mostrando el mismo tipo de belleza hegemónica y aspiracional (mujeres flacas, altas, blancas, etc.), que invisibilizan cualquier tipo de familia o identidad de género que no sea binaria y heterosexual, que siguen asignando roles de cuidado e higiene a las mujeres, roles de proveedores a los varones, y que fomentan expresiones de masculinidad tóxica o relaciones tóxicas, entre otros».

Una investigación de la organización Comunicación para la Igualdad y Fundeps determinó que en las agencias el área de creatividad está «masculinizada» tanto en su composición total (32% mujeres y 68% varones) como en sus direcciones (de las 13 direcciones, sólo 1 es ocupada por una mujer) .

-¿Por qué hay pocas mujeres en el área creativa de las agencias?

-A muchas estudiantes, los mismos profesores las desalientan a dedicarse a la creatividad. Repiten prejuicios del estilo «las mujeres no se bancan la presión», «las mujeres no tienen humor», «tenés que pensar como hombre», etc. También sucede que las mujeres tienen menos exposición en los medios de la industria, se las convoca menos a participar de paneles o como jurados de festivales. Finalmente, un gran obstáculo es lo mal preparadas que están las agencias para la maternidad: la mayoría no cuenta con cuestiones básicas como espacios guarderías.

Fuente: Clarín

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Hace dos años Melanie Tobal creó, junto a unas colegas, Publicitarias.org, una iniciativa que busca potenciar el liderazgo femenino y la perspectiva de género. Ya sumaron embajadoras en Chile, Perú, México y Miami.

«Trabajamos sobre dos objetivos: más diversidad en los equipos -que implica más mujeres en puestos de liderazgo, paneles, jurados, etc. pero también que la industria publicitaria deje de ser un lugar para personas con privilegios de clase, de educación privada, de color de piel, delgadas, binarias, etc.- y más perspectiva de género, porque más mujeres en puestos de liderazgo no te asegura más perspectiva de género«.

La que habla es Melanie Tobal, licenciada en publicidad y fotógrafa de moda que hace más de dos años creó junto a unas colegas Publicitarias.org, una comunidad que busca potenciar el liderazgo femenino y la perspectiva de género. Hoy tienen embajadoras en Chile, Perú, México y Miami y ya concretaron su quinto evento gratuito #EntreTodes (ahora en lenguaje inclusivo).

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«En 2015 me invitaron a participar como jurado del premio Diente -del Círculo de Creativos Argentinos-; era mi primera experiencia como jurado de un festival de creatividad. Cuando llegué a la jornada me encontré en una mesa donde había 17 varones y yo era la única mujer. Ese momento para mí fue la caída del velo. Abrí los ojos y me di cuenta de que a lo largo de mi carrera casi no había mujeres en creatividad, que siempre era la única en los departamentos creativos e, incluso, en una agencia fui la única mujer en toda la compañía. También recordé un montón de situaciones en las que viví casos muy feos de sexismo, acoso y hasta violencia. Llegué a mi casa pensando ‘esto no me puede estar pasando solamente a mí’. Así que comencé a investigar la problemática y resultó que sí, que era algo real. Ese día nació la idea de crear Publicitarias.org», dice a Entremujeres.

Publicitarias.org es una comunidad que se expandió de Argentina a Chile, Perú, México y Miami. Foto: Lara Blugerman

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Entre los datos que reunieron, detectaron que «el techo de cristal dentro del ámbito publicitario, se hace más visible en ciertas áreas a las cuales las mujeres prácticamente no acceden«. El área de creatividad (la más «valorada» en estas empresas), por ejemplo, se encuentra «masculinizada» tanto en su composición total (32% mujeres y 68% varones) como en sus direcciones (de las 13 direcciones, sólo 1 es ocupada por una mujer); en el área de cuentas(aquella que se encarga del vínculo con el cliente) se visibiliza más la desigualdad: a pesar de estar compuesta mayoritariamente por mujeres (67%) son lideradas por ellas sólo en el 37,5% de los casos.

Publicitarias.org es una comunidad que se expandió de Argentina a Chile, Perú, México y Miami. Foto: Lara Blugerman

Publicitarias.org es una comunidad que se expandió de Argentina a Chile, Perú, México y Miami. Foto: Lara Blugerman

Entre las conclusiones de dicho estudio, se destaca: «La publicidad pareciera ser una industria con marcada paridad laboral si se la evalúa desde el punto de vista de la inclusión de las mujeres como fuerza laboral, ya que éstas representan el 49,5% de las personas empleadasSin embargo, el análisis al interior del rubro da cuenta de notables desequilibrios reflejados en fenómenos de segregación vertical y horizontal de las mujeres. Por otra parte, no existen personas transgénero trabajando actualmente en las empresas consultadas».

Y agregan que «la yuxtaposición de estas brechas verticales y horizontales de género deja en claro que el equilibrio numérico de mujeres y varones en la industria evidencia una paridad de género ilusoria: en términos del trabajo real, el techo y las paredes de cristal concentran a las mujeres en las bases y en áreas y cargos infravalorados».

Sobre cómo evoluciona el mercado laboral desde que empezaron a trabajar en este tema, Melanie dice a Entremujeres: «Al visibilizar la problemática y no callarnos cuando vemos desigualdades, muchas agencias, clientes y festivales empezaron a prestar más atención a cómo están compuestos los equipos, los jurados y los paneles. De a poco se empiezan a ver más mujeres en puestos de dirección creativa o en charlas. Todavía falta mucho por recorrer. Los números siguen siendo bastante flojos y las mujeres, invisibles en los medios de la industria«.

¿Por qué hay pocas jefas en el sector público (más allá de salud y educación)?

El último encuentro porteño de #EntreTodes -además de uno en Chile y otro especial en la Legislatura de la Ciudad- fue la semana pasada en el Club Cultural Matienzo, con entrada gratuita. Alrededor de 200 personas fueron a hacer contactos y escuchar a Florencia Tundis, licenciada en economía y en guión cinematográfico, quien habló sobre la campaña #MenstruAcción -que lleva adelante la organización Economía Femini(s)ta y que tiene como objetivo visibilizar la menstruación como factor de desigualdad- y Camila Levato, creadora de Cami Camila, historieta con la que alcanzó el millón de lectores en Facebook, entre otras oradoras.

Además de las dos reuniones anuales, desde Publicitarias.org buscan otras herramientas para fortalecer a las mujeres trabajadoras en este sector, para lo que crearon un programa de mentorías donde una vez por mes una mujer líder comparte un desayuno junto a una docena de chicas («son encuentros más íntimos cuyo foco es resolver problemáticas puntuales que trae cada persona»), mantienen un blog en donde diversas mujeres cuentan sus experiencias personales en agencias, hacen envíos periódicos de un newsletter con búsquedas laborales y trabajan con otras organizaciones para sumar mujeres a los jurados de los premios del rubro.

Fuente: Clarín

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El analista internacional en derecho y en salud pública asegura que los países de la región están más ocupados en abrir hospitales que en frenar el avance del tabaquismo y de la obesidad.

Oscar Cabrera es contundente en afirmar que las enfermedades crónicas no transmisibles son una bomba de tiempo. El tabaquismo, la obesidad y el consumo de alcohol se traducirán en un aumento de muertes tempranas y, a la larga, en un incremento en los costos de salud.

Sin embargo, para este investigador del Instituto O’Neill de la Universidad de Derecho de Georgetown, Estados Unidos, “nuestros políticos están más preocupados en abrir hospitales y sacarse una foto” que en atender problemáticas cuyo impacto se verá a mediano y largo plazo.

Invitado por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Cabrera trabajó con organizaciones cordobesas en la articulación del derecho y de la salud pública.

El diálogo con La Voz, subrayó que la Justicia debe intervenir cuando ciertos derechos, como la interrupción voluntaria del embarazo, se ven vulnerados por determinados grupos de poder.

–¿Cuál es el riesgo de judicializar la salud?

–Por lo general, se piensa que los litigios en salud se limitan a casos puntuales en los que algunas personas no pueden acceder a determinados medicamentos. Acá se discute sobre la independencia de poderes. Hasta qué punto el poder judicial entiende los costos de las decisiones que toma y el impacto que pueda tener en una obra social. Pero existe otra dimensión más amplia en la que la Justicia interviene para garantizar políticas públicas. Ya sea porque no se garantizan derechos o porque determinados grupos de poder intentan poner barreras.

–¿Cuáles deben ser las prioridades en salud?

–Hoy existe un movimiento, motivado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para tratar de establecer una cobertura universal. No se trata de decir a los países lo que tienen que hacer, sino de establecer reglas claras sobre qué debe cubrir el Estado y las obras sociales y cuáles serán las excepciones. Tampoco se puede cubrir todo al infinito. A veces, nuestros políticos se enfocan en reducir enfermedades para bajar los costos en salud, pero se olvidan de detener el impacto de las crónicas no transmisibles.

–¿Cuál es el riesgo?

–Si no hacemos nada con el consumo de alcohol, el tabaco y la alimentación no saludable, la incidencia de enfermedades crónicas seguirá aumentando. Habrá más cáncer, infartos y muertes tempranas por conductas que pueden ser modificables. Algunos las llaman “factores comerciales de riesgo”, porque son empujados por empresas que tienen intereses particulares.

–¿Por qué cree que cuesta que la prevención sea prioridad?

–Porque estas medidas tienen resultados a mediano y largo plazo. Un político no quiere hacer un trabajo para que el próximo que venga se lleve los beneficios. Ellos están más ocupados en lograr ventajas de alto impacto, como abrir hospitales, que cambiar normas sociales con resultados que se verán en el tiempo.

–Argentina avanzó en el control del tabaco. ¿Qué falta?

–Las leyes nacionales y provinciales no siempre representaron costos para el Estado. Sí se avanzó en fiscalizar lugares libres de humo o en dotar de ciertas infraestructuras, pero estas políticas no representaron un costo significativo. Más bien tuvieron ganancias a través de los impuestos. Los países que implementaron normas completas de control de tabaco vieron los resultados muchos años después. Tomó tiempo reducir el cáncer o el infarto. Pero en los países de la región, el juego político pasa por la inmediatez.

–Córdoba tuvo problemas con Tucumán cuando intentó regular el consumo de azúcar.

–Lo que ocurre con las enfermedades crónicas es que hay intereses económicos muy fuertes que terminan limitando el accionar el Estado. Cuando Estados Unidos intentó regular la publicidad de comida chatarra dirigida hacia los niños, hubo intereses tan grandes que ni siquiera se aprobaron normativas de carácter voluntario. Lo mismo pasa con la industria del tabaco y del alcohol, que pueden llegar a afectar el desarrollo de una política pública.

–Las provincias deben decidir si adhieren a las normas nacionales ¿Cree que esto termina limitando?

–El federalismo no debiera ser una limitación, pero se termina articulando de esa manera. Muchos grupos conservadores o sectores económicos usaron ese argumento para tratar de generar confusión. Para retrasar la implementación de normas y crear inseguridad. Pero el federalismo debiera ser lo contrario. La Nación fija un piso mínimo, un estándar de derecho y cada provincia, si verdaderamente lo quiere, puede avanzar a partir de allí.

–¿Qué diagnóstico hace sobre el aborto en Córdoba?

–Ese es un ejemplo de cómo se usan subestructuras legales para afectar derechos de personas en situación de vulnerabilidad. En Argentina, con el fallo F.A.L., la Corte Suprema de Justicia estableció un piso mínimo e incorporó estándares de derecho internacional. Pero hay grupos que, con discusiones muy técnicas sobre lo legal, terminan afectando el goce efectivo de derechos, como pasó en Tucumán con una niña de 11 años.

–¿Cree que faltó voluntad política?

–No conozco en detalle la realidad de Córdoba, pero creo que, si verdaderamente hubiera voluntad política de garantizar derechos fundamentales, ya lo habría hecho.

Convenio para estudiantes de abogacía

Estudiantes avanzados de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba pueden acceder a una pasantía rentada durante enero, febrero y marzo para trabajar en Washington DC. El convenio se realiza todos los años entre Fundeps, en colaboración con el O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University y la Facultad de Derecho de la UNC.

Para más información, escribir a info@fundeps.org.

Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 20/05/2019 en nuestra edición impresa.

Fuente: La Voz

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Alta Gracia, Dique Chico, Anisacate, Santa Ana y San Clemente son las localidades de Paravachasca que sancionaron normas restrictivas a las fumigaciones con agrotóxicos.

Solicitaron que se les aporte información sobre si se cumplen los procedimientos que sostienen la habilitación de la empresa; adelantaron que esta presentación es el paso previo a una denuncia.

Los vecinos del barrio Las Acacias que reclaman por la radicación de La Marchesina en ese lugar, enviaron un pedido de informes al secretario de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, Javier Britch, solicitándole detalles sobre la habilitación y funcionamiento de la empresa en ese sector de la ciudad.

La presentación ante la Provincia se hizo conjuntamente con la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), una ONG ambientalista de Córdoba.

“Conseguimos respaldo y asesoramiento de Fundeps, que a partir de toda la información que nosotros les proveímos sobre los reclamos a la Municipalidad por la localización de La Marchesina, han redactado tres notas de pedidos de información: una al intendente Martín Gill, otra al director de Ambiente de la Municipalidad, Germán Tisera; y una al secretario de Ambiente de la Provincia”, explicaron los vecinos.

“Le dirigimos un pedido al secretario de Ambiente provincial, cansados de no obtener ninguna respuesta por parte de las autoridades municipales. Los vecinos venimos desde hace unos años reclamando a las autoridades locales su intervención en esta problemática que vulnera nuestros derechos, habiendo solicitado reuniones con la Intendencia y concejales, sin haber tenido respuesta alguna o respondiendo siempre con evasivas”, indicaron.

“En la nota enviada a Britch le contamos que en 2001 se instaló el emprendimiento industrial La Marchesina SRL, dedicado a la elaboración y comercialización de hormigón elaborado y al tratamiento de áridos, en el barrio Las Acacias, donde algunos habitamos desde hace 10 años, y desde entonces sufrimos el impacto ambiental y el deterioro en nuestra calidad de vida por la actividad de dicha empresa, ubicada a escasos metros de nuestros hogares”, señalaron los vecinos.

“Nos preocupa que la instalación de una industria de semejante envergadura -el predio ocupa aproximadamente 25.000m2- haya sido autorizada en una zona residencial en continuo crecimiento, en manifiesta violación a la normativa de uso de suelo de Villa María”, afirmaron.

“La actividad de tratamiento de áridos desarrollada por la empresa, de lunes a lunes de 7 a 18, perjudica gravemente a los vecinos, ya que el ruido continuo y la dispersión de material volátil que produce perturba la normalidad de la vida cotidiana en el barrio”, aseguraron.

“Se observan hechos que preocupan a la comunidad por los impactos que pudieran ocasionar en el ambiente, la salud y calidad de vida de las personas que residen allí, como contaminación sonora y visual; lavado de camiones y máquinas con residuos de construcción que llega a las viviendas en forma de una fina llovizna, con probabilidad de contaminación al ambiente y a los recursos hídricos; casas resquebrajadas por el uso de maquinaria de gran envergadura y el movimiento de suelo que provocan, entre otras cosas”, detallaron.

“Motivados por esta problemática ambiental, sabiendo que es un conflicto que afecta a las más de 50 personas que residen allí, y que existe una falta de transparencia y de rendición de cuentas en todo lo que se refiere a La Marchesina por parte de las autoridades locales y provinciales, nos vemos obligados a presentar este formal pedido de información”, remarcaron los vecinos.

Puntos solicitados

Entre lo solicitado a la Secretaría de Ambiente provincial se encuentra la información sobre si la actividad de la empresa fue debidamente autorizada, indicando número de expediente administrativo, fecha de habilitación y actividad autorizada.

Además, que provea información acerca de si La Marchesina ha cumplido en forma adecuada con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), esto es estudio de impacto ambiental, auditoría ambiental y audiencia pública, de conformidad a la Ley 7.343 y Decreto 2.131/00.

También le piden que explique si la empresa ubicada en prolongación Sabattini y Los Cipreses ha cumplido en los últimos cinco años con su obligación de presentar el Plan de Gestión Ambiental con la propuesta de auditoría ambiental, conforme a lo exigido por ley, indicando en su caso años de presentaciones, etapas cumplidas, cumplimiento de la normativa sobre estándares de aire y fecha de control por parte de la Provincia, observaciones efectuadas y no conformidades planteadas.

Por otra parte le pidieron que detalle si La Marchesina se encuentra habilitada para la actividad de tratamiento de áridos, indicando en su caso número de expediente, fecha de autorización y si cumplió con la Evaluación de Impacto Ambiental obligatoria establecida por las leyes 7.343 y 10.208.

Otro punto que reclamaron conocer es si la Provincia realizó auditorías ambientales a la empresa en los últimos cinco años y, de ser así, que indique los resultados y conclusiones, es decir, si la empresa cumple con los criterios ambientales y normativas vigentes.

Finalmente, pidieron que se les informe si La Marchesina cumple y se adecua a los estándares y normas sobre vertidos para la preservación del recurso hídrico, de conformidad al Decreto 847/16.

Paso previo

“Le solicitamos esta información a Ambiente de Córdoba porque la radicación de este tipo de industrias debe cumplir con un protocolo de la Provincia. La Municipalidad tiene injerencia en el uso del suelo, pero todo está regulado por leyes provinciales, y la Secretaría de Ambiente de Córdoba es la que interviene cuando el municipio va en contra de esas leyes provinciales de ambiente”, aclararon.

Los vecinos agregaron que las tres notas enviadas son parecidas, y que piden información sobre los procedimientos que sostienen la habilitación de la empresa en Las Acacias.

“Esta presentación sería el paso previo de una denuncia ante la Secretaría de Ambiente. Si la empresa está irregularmente habilitada, como sospechamos, pediremos la nulidad de la habilitación”, concluyeron.

Fuente: El Diario

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Organizaciones de todo el país sumaron aportes a texto del proyecto, que plantea la necesidad de que se garantice el acceso a la información pública y la transparencia.

Luego de más de un año de demora en el cumplimiento de un compromiso que asumió la provincia de Salta en materia de transparencia, finalmente las organizaciones lograron destrabar la discusión y acceder al anteproyecto de ley de Estado Abierto. Se trata de un compromiso que Urtubey asumió en el marco del Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, un plan de trabajo firmado en 2017 junto a áreas del Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso, el Consejo de la Magistratura y otras 10 provincias que sumaron compromisos subnacionales.

“Salta no cuenta aún con una ley que garantice el acceso a la información pública y la transparencia. Si el Gobierno cumple con su compromiso, y se sanciona la ley de Estado Abierto, habremos dado un paso significativo en materia de calidad institucional y democrática”, afirma Gonzalo Guzmán Coraita, director de Salta Transparente.

El proyecto de ley persigue el objetivo de regular el acceso a la información y la transparencia en la provincia, una de las pocas que no cuenta con esta normativa. Desde la sociedad civil se plantea la necesidad de que el proyecto sea ley, y para ello “debe llegar finalmente a la Legislatura y que el debate sea abierto y de cara a la ciudadanía para continuar participando del proceso de formación de la ley, para garantizar que la normativa sea completa e integral, como se propone”. En este sentido, sostienen que “es fundamental que la normativa alcance como sujetos obligados a todos los poderes del Estado provincial, que ponga a disposición no sólo información administrativa sino también la relativa al trabajo particular de cada área y que queden claras las funciones y autonomía del órgano garante, cómo se constituirá y se elegirán sus miembros”.

Salta Transparente, organización local que encabeza el trabajo de la sociedad civil en temas de transparencia, acceso a la información y ética pública viene trabajando junto a la Fundación Directorio Legislativo y organizaciones provinciales, en el monitoreo de compromisos asumidos por los gobiernos en materia de transparencia y rendición de cuentas. Trabajaron en recomendaciones y aportes junto a organizaciones de distintos puntos del país como Directorio Legislativo, Poder Ciudadano, Fundación Nuestra Mendoza, Fundación Conocimiento Abierto, Fundeps, CLADH , Escuela de Fiscales, FEIM, Fundación Transparencia Ciudadana, entre otras.

Fuente: Parlamentario

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Diversas organizaciones no gubernamentales cuestionaron el proyecto de financiamiento político que comenzará a tratar la Cámara de Diputados y advirtieron que habilitar a las empresas a aportar fondos a las campañas electorales «debilita la representatividad y legitimidad de los órganos democráticos».

n grupo de entidades no gubernamentales, académicos y expertos emitió una declaración en la que advierte sobre los riesgos de permitir que las empresas realicen aportes de campaña, algo que actualmente está prohibido y que podría habilitarse dsi la Cámara de Diputados aprueba el proyecto para reforma la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que ya tiene media sanción del Senado.

«El financiamiento empresario de las campañas electorales profundiza la desigualdad y favorece a las elites económicas, ya que debilita la representatividad y legitimidad de los órganos democráticos y genera incentivos para que los representantes políticos busquen beneficiar a las empresas que financian sus campañas, por encima del bienestar general», señalaron a través de un comunicado distintas entidades entre las que se contaron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).

Tras advertir que «legalizar el financiamiento empresario de las campañas electorales sería un retroceso para nuestra democracia», las entidades subrayaron que «el fin de las empresas es el lucro y la razón por la cual deciden aportar a las campañas electorales es la posibilidad de recuperar esa ‘inversión’ a través de la obtención de contratos públicos o de regulaciones que redunden en beneficios económicos para sí o para su sector».

Las agrupaciones señalaron que «a pesar de la prohibición actual, las empresas financian de manera ilegal a los partidos políticos a través de maniobras como el ocultamiento de aportes, el apoyo a actividades permanentes de los partidos que en realidad son utilizadas con fines electorales o la utilización de aportantes fachada».
Al respecto, indicaron: «Es claro que nuestro sistema electoral demanda mayor transparencia, pero el cumplimiento de este objetivo es independiente de legalizar una práctica que desiguala la competencia electoral, favorece la captura del Estado por parte de grupos económicos y estimula la corrupción».

«Por el contrario, necesitamos una ley que mejore sustancialmente el control de los aportes de campaña, con un sistema moderno que asegure su publicidad y que, sancione de manera rápida y eficaz a las empresas, partidos y candidatos/as que violan la norma», evaluaron las organizaciones, al tiempo que advirtieron que, además,  «la decisión de modificar este régimen a tan poco tiempo del comienzo de un nuevo período de elecciones pone en riesgo la previsibilidad de las reglas de juego y la igualdad en la competencia electoral».

Para los firmantes, «la Cámara de Diputadas/os tiene la oportunidad de revisar la media sanción del Senado y abrir un proceso de debate profundo, sin condicionamientos de tiempos e intereses de corto plazo, que derive en una decisión fundada en el mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas y actores sociales».

Además del CEM y ACIJ, participaron en la elaboración del documento Acción Colectiva, la Asociación Pensamiento Penal, el Centro de Investigaciones y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y el Laboratorio de Políticas Públicas (LPP), entre otras organizaciones.

La declaración recibió también las firmas de académicos y expertos como Ana Castellani, Marcelo Leiras, María Esperanza Casullo, Rafael Gentili, Nicolás Freibrun, Martín Astarita, Pablo Vommaro, Sandra Torlucci, Tomás Aguerre y Martín Astarita, entre otros.

El proyecto de reforma de la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos fue aprobado por el Senado el 16 de abril pasado, luego de casi un año de negociaciones entre Cambiemos y el Bloque Justicialista en torno al contenido de la iniciativa. En la Cámara de Diputados, el oficialismo espera poder darle sanción definitiva antes de que finalice mayo.


Fuente: Política Argentina

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Desde Fundeps aseguran que la firma Rothmans ofrecía descuentos y contaba con promotores para sus productos.

La tabacalera British American Tobacco Argentina (BAT) fue denunciada ante la Secretaría de Salud de la Nación por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps).

La presentación asegura que durante la edición 2019 del Cosquín Rock la tabacalera violó, con distintas acciones, la ley nacional 26.687, que prohíbe “la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco en forma directa o indirecta y a través de cualquier medio de difusión o comunicación».

Según Fundeps, la marca comercial Rothmans fue promocionada a través acciones directas e indirectas durante los dos días del festival.

“En el Cosquín Rock, desarrollado el pasado 9 y 10 de febrero, se pudieron identificar diferentes tácticas. Por un lado, una gran cantidad de promotores y promotoras, jóvenes con vestimenta homogénea que portaban una bandeja colgada con un aviso publicitario fijo y luminoso, y exhibían los cigarrillos. Esto les daba una visibilidad masiva en todo el predio», expresó la fundación, con sede en Córdoba, a través de su sitio.

“Por otro lado, su consumo era incentivado mediante una promoción especial: comprar paquetes box de cigarrillos permitía acceder a cerveza a un costo inferior al de venta en los locales autorizados. Además, comprando cerveza a quienes vendían cigarrillos, se evitaba la larga espera para pagar por la misma en otros puntos de venta», añadió.

“La edad de las personas que asistían no era controlada, por lo que niños y niñas también estaban expuestos/as a estas estrategias», advierte la presentación.

“Este tipo de prácticas se encuentran prohibidas de acuerdo a la ley n° 26.687 y de forma específica según lo dispuesto por el decreto reglamentario n° 602/13 que contempla expresamente la prohibición de publicidad en espacios de uso público y de descuentos promocionales», evoca Fundeps.

“La promoción de cigarrillo en el Cosquín Rock responde a una serie de estrategias que apuntan al público joven. Permitir este tipo de publicidad en eventos musicales y fiestas nocturnas implica seguir fortaleciendo la idea del cigarrillo como producto ligado a la diversión, la independencia, la rebeldía, la libertad… desconociendo su naturaleza adictiva y mortal. Aún hoy, el tabaco sigue siendo la principal causa de muerte prevenible en Argentina», concluye el texto difundido.

Fuente: Cba24N

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Afirma que no respetó la regulación vigente en materia de publicidad de cigarrillos. Desde la marca aseguran que fue una acción de marketing y que cumplió con la norma nacional.

La última edición del convocante festival de rock que se realiza desde hace años en Santa María de Punilla, el Cosquín Rock (CR), sumó una nueva polémica. Aunque esta vez tiene como principal protagonista a una firma tabacalera que comercializó sus productos en el predio del festival.

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) realizó una denuncia ante la Secretaría de Salud de la Nación por considerar que la tabacalera British American Tobacco Argentina (BAT) violó la ley nacional 26.687, que prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco en forma directa o indirecta.

“Constatamos la existencia de descuentos promocionales y de promotores con un exhibidor del producto y la marca de cigarrillos Rothmans, perteneciente al grupo British American Tobacco Argentina”, explicó a La Voz Agustina Mozzoni, coordinadora del área Salud de Fundeps.

“La ley de tabaco nacional, a la cual Córdoba está adherida, prohíbe como regla general todo tipo de publicidad, con tres casos de excepción que no aplican en el caso denunciado. Peleamos por la prohibición total, sin excepciones”, agregó Mozzoni.

Según la denuncia, la marca ofreció como promoción un precio rebajado en la cerveza con la compra de los cigarrillos. “La industria tabacalera está apuntando a adolescentes, niños y jóvenes. Lo constatamos con campañas como estas, que alientan el consumo de cigarrillos saborizados. Los gustos son uva y manzana para atraer a un paladar virgen, ofreciendo sensaciones gustativas conocidas por los niños”, dijo Mozzoni.

La organización –que busca impulsar el debate de leyes más duras para este mercado– aseguró que la misma estrategia publicitaria se advirtió en otras oportunidades. “Esta violación que se produjo en el CR también se pudo observar en la costa argentina y nos permite pensar que la industria tabacalera está desarrollando una nueva estrategia de marketing”, apuntó la referente.

La preocupación detrás de la iniciativa es el impacto negativo en materia de salud que podría generar un aumento del consumo. “Estamos permitiendo el patrocinio de tabaco en fiestas nocturnas y festivales, con ideas ligadas al glamur, la diversión, la libertad. Esto debilita la conciencia sobre la naturaleza del tabaco, que es una sustancia adictiva y mortal. Hoy es una de las principales causas de cáncer evitables”, dijo Mozzoni.

Consultados por La Voz, voceros del festival señalaron que las respuestas sobre este tema iban a estar a cargo de la tabacalera. En ese sentido, desde British American Tobacco Argentina sostuvieron que no se violó la ley nacional. “Las acciones de marketing, inclusive la realizada en CR, cumplen con la disposición vigente en términos de publicidad”, expuso ante este medio Gaspar Travaglini, representante de la firma.

A partir de la consulta de este diario, el intendente de Santa María de Punilla, Dardo Zanotti, inició averiguaciones con las áreas de Salud y Comercio de su municipio.

Denuncia. Dicen que se ofrecía cerveza más barata comprando cigarrillos.

La ley regula la promoción del tabaco

De alcance nacional, Córdoba es una provincia adherente.

La ley nacional 26.687 fue sancionada en junio de 2011. Regula la “publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco a los fines de prevenir y asistir a la población ante los daños que produce el tabaquismo, reduciendo el consumo y la exposición, previniendo la iniciación en el vicio y concientizando a las generaciones presentes y futuras sobre sus daños”.

En su artículo 5, prohíbe expresamente la publicidad de los productos con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación. El artículo 8, en tanto, impide realizar cualquier auspicio y patrocinio de marca de tabaco en todo tipo de actividad o evento público, y a través de cualquier medio de difusión.

Esta nueva polémica llega después de que se conociera que unas 50 personas que habían asistido al festival resultaron intoxicadas presuntamente tras haber tomado agua dentro del predio.

La ley regula la promoción del tabaco

Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 19/02/2019 en nuestra edición impresa.

Fuente: La Voz

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Organizaciones civiles enviaron una nota al Poder Ejecutivo para que deje sin efecto el DNU por la extinción de dominio. Las críticas sobre su constitucionalidad y la posibilidad de su tratamiento en el Congreso.

Un grupo de organizaciones civiles enviaron una nota al Poder Ejecutivo expresando su preocupación por el DNU 62/2019 para la creación del Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio. La medida, que busca avanzar sobre los bienes de la corrupción y el crimen organizado, generó críticas sobre su procedencia y constitucionalidad.

Se trata de la aprobación vía Decreto de Necesidad y Urgencia del proyecto de ley presentado a principios de 2016 que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero que al llegar al Senado tuvo “modificaciones sustanciales” a “poco más de tres meses de caducidad del proyecto”. El texto volvió a la Cámara Baja, la cual no logró tratar la iniciativa al finalizar el periodo ordinario de sesiones.

Frente a esta situación, un grupo de entidades enviaron una nota al presidente Mauricio Macri solicitando que se deje sin efecto la medida, la cual establece una “acción civil de carácter patrimonial a través de la cual, a raíz de la sospecha fundada sobre la comisión de un delito grave, el Estado cuestiona la titularidad de un bien cuando no se corresponde razonablemente con los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representa un incremento patrimonial injustificado”.

Aunque compartieron la incorporación de la herramienta, las organizaciones rechazaron que sea adoptada por decreto y no del modo previsto por la Constitución. Al respecto recordaron lo previsto en la Constitución, donde se prohíbe al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo a menos que “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”.

“El mecanismo por usted elegido para la adopción de la normativa en cuestión, en ausencia de la situación de excepción prevista por la CN para su procedencia, representa un avasallamiento de las facultades propias del Congreso una clara vulneración de uno de los principios más elementales de nuestro sistema republicano de gobierno, como lo es el de la división de poderes”, indicaron en la nota.

 

“Aún si ello sucediera, la eventual falta de acuerdos en el Congreso tampoco habilitaría su aprobación por vía de este tipo de decretos. De ser así, el Poder Ejecutivo podría valerse de esta herramienta cada vez que no se consigue que el Congreso apruebe una ley de su interés”. sostuvieron y rechazaron el argumento relativo al período de receso legislativo, pues el Ejecutivo “tiene las facultades para convocar a sesiones extraordinarias”.

 

El decreto se funda en la presunta “urgencia” frente a la falta de avances del Congreso, esgrimiendo que “el proyecto lleva así más de dos años de trámite legislativo sin resolución, por lo que urge otorgar a la Justicia herramientas eficaces para desfinanciar a las organizaciones criminales y resguardar el patrimonio estatal”.

Sin embargo, las organizaciones resaltaron que la iniciativa fue debatida en ambas Cámaras y cuenta con estado parlamentario hasta el 2020, por lo que concluyeron que “no existen elementos para considerar que la vía está agotada”.

 

En las últimas horas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, deslizó la posibilidad de que el texto sea tratado por el Congreso. «Ojalá el Congreso pueda mejorarlo y no ratificarlo como está”, dijo el funcionario en diálogo con radio La Red.

 

“Aún si ello sucediera, la eventual falta de acuerdos en el Congreso tampoco habilitaría su aprobación por vía de este tipo de decretos. De ser así, el Poder Ejecutivo podría valerse de esta herramienta cada vez que no se consigue que el Congreso apruebe una ley de su interés”. sostuvieron y rechazaron también el argumento relativo al período de receso legislativo, pues el Ejecutivo “tiene las facultades para convocar a sesiones extraordinarias”.

El documento lleva la firma de la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia, Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, Conocimiento Abierto, Fundación Directorio Legislativo, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Fundación Poder Ciudadano, Laboratorio de Políticas Públicas y Salta Transparente.

El DNU al Congreso

En las últimas horas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, deslizó la posibilidad de que el texto sea tratado por el Congreso. «Ojalá el Congreso pueda mejorarlo y no ratificarlo como está”, dijo el funcionario en diálogo con radio La Red.

Y añadió: “La semana pasada firmé el envío del DNU al Congreso y se abre un proceso de discusión en la Bicameral. Luego, si hay consenso se puede tratar en el Parlamento”.

Fuente: Diario Judicial

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  • La Municipalidad extendió la medida una vez más y espera que sea la última gracias a la obras que están haciendo en la planta.
  • Vecinos piden información y aseguran que hay más personas afectadas por la contaminación.

La Municipalidad de Córdoba volvió a prorrogar por 180 días la emergencia ambiental y sanitaria en el Establecimiento Depurador de Agua Residuales (Edar) de Bajo Grande y en la zona ubicada aguas abajo de esta planta.

De esta forma, esta medida excepcional cumplirá cinco años, ya que fue tomada por primera vez en agosto de 2014 y, con la nueva prórroga (la quinta), se extenderá hasta igual mes de 2019.

“Esta prórroga responde a dos motivos. Primero, reconocemos que la planta de Bajo Grande no está trabajando como corresponde. Pero además habilita un mecanismo administrativo para ser más eficientes en cuanto a las compras y otros procesos necesarios para realizar mejoras”, comentó Sebastián Roca, subsecretario de Ambiente de la Municipalidad.

El funcionario arriesgó que quizá sea la última prórroga, pues se espera que para esa fecha no sólo esté funcionando la nueva planta de tratamiento que construye la Provincia, sino que también ya estén listas las obras de refuncionalización del Edar en las que trabaja la Municipalidad.

Obras en marcha

Según el portal de datos abiertos de la Municipalidad, este año se comenzaron a ejecutar cuatro obras en el Edar. La perforación para el abastecimiento de agua de la planta (obra licitada por cuatro millones de pesos) ya debería estar concluida.

La optimización de los brazos distribuidores de los percoladores (70 millones de pesos) debería finalizarse en agosto de 2019. En tanto, la instalación de un sistema para separación de grasas de los efluentes (18 millones) tendría que terminarse en febrero próximo, mientras que la reparación integral del digestor secundario (13 millones) recién concluiría en abril de 2020.

Para 2019, la Municipalidad tiene presupuestados más de 333 millones de pesos para el Edar.

Reclamos

Desde la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), advirtieron que este nueva prórroga es un reconocimiento de la compleja situación por la contaminación del río Suquía, que continúa recibiendo efluentes cloacales con mínimo tratamiento o directamente sin tratar.

La ONG envió varios pedidos de información al municipio sobre la situación de Bajo Grande, pero no obtuvieron respuestas.

“La situación es muy preocupante. Un contexto de graves y continuados impactos ambientales exigiría que las autoridades rindieran cuentas de la situación en forma permanente”, comentó Juan Carballo, director ejecutivo de Fundeps.

Otra de las tareas dentro de la emergencia sanitaria es el monitoreo que debe realizar la Municipalidad en la zona de enfermedades que podrían estar asociadas a esta contaminación, como gastroenteritis, dermatitis, conjuntivitis, irritación de piel y ojos y afecciones respiratorias.

Mientras las autoridades aseguran que los casos han disminuido, Alida Weht, de la organización Las Omas, que trabaja en Chacras de la Merced (aguas abajo de Bajo Grande), indicó que no es así.

“Lo que pasa es que, debido a la gran cantidad de casos que hay, la gente comienza a naturalizarlos y dejan de consultar a los centros de salud por la falta de respuesta y de medicamentos para el tratamiento de dichas enfermedades”, explicó.

Para Roca, la refuncionalización del Edar y la nueva planta que construye la Provincia serán la solución definitiva a este problema ambiental, uno de los más graves de Córdoba. Con ambas plantas funcionando, se podrá tratar el ciento por ciento de los efluentes cloacales de la Capital.

Intervenciones judiciales

La primera emergencia sanitaria se tomó luego de que un fallo judicial ordenó a la Municipalidad y a la Provincia que instrumentaran una serie de medidas para mitigar los efectos de la contaminación que produce la planta sobre la población aledaña a Bajo Grande.

Por su parte, en septiembre de este año, la Justicia federal imputó a siete funcionarios municipales por contaminación y por el no cumplimiento de la ley 24.051 de residuos peligrosos, debido al mal funcionamiento de Bajo Grande.

Una de las denuncias fue realizada por vecinos de Capilla de los Remedios, localidad que está ubicada 35 kilómetros aguas abajo del Edar. Hace unos meses, un análisis detectó niveles de contaminación similares a los que tendría una cloaca.

La contaminación es tanta que casi no hay peces en esa parte del Suquía, según estudios de la Universidad Nacional de Córdoba.

La nueva planta estaría lista en 2019

Se está construyendo al lado de Bajo Grande.
Fechas. La planta es construida por la empresa Supercemento y tiene fecha de finalización para diciembre de 2019. No se descarta que algunos módulos comiencen a funcionar antes de esa fecha.
Otra tecnología. A diferencia del Edar, esta planta utiliza tanques de aireación para promover la acción microbiológica que desintegra y neutraliza la materia orgánica. Además, realiza una neutralización y secado de los barros.
Montos. La Provincia y la Nación aportaron los fondos para la construcción de esta planta y de la red troncal de cloacas de la Capital. El costo: 3.200 millones de pesos.

Fuente: La Voz