En el marco de la audiencia pública sobre el ordenamiento de la Ley de Bosques, realizada este martes en la legislatura provincial, el Partido Solidario de Córdoba emitió un comunicado rechazando el ante proyecto de Unión Por Córdoba (UPC) y exigiendo “la posibilidad de discutir un proyecto de Ley de Bosques participativo, en foros abiertos que garanticen que todas las voces sean escuchadas”.

Comunicado: Desde el Partido Solidario Córdoba venimos recogiendo la preocupación de los vecinos y vecinas de toda la provincia ante este intento del Gobierno de la Provincia de aprobar una Nueva Ley de Bosques, entre gallos y medianoche, a espaldas de la sociedad. Nuestro partido no avala la voraz mercantilización de los bosques y sus ecosistemas que el ante proyecto oficialista intenta habilitar.

Vivimos en una provincia que ya se devoró el 96% de sus bosques. No podemos permitirnos comprometer aún más el futuro de generaciones venideras de cordobeses a cambio del lucro de unos muy pocos, que curiosamente son los mentores y facilitadores de este proyecto. No se puede compensar una suba del impuesto inmobiliario rural con leyes que permitan la explotación de zonas antes restringidas. Le pedimos a nuestro gobierno que no pague acuerdos políticos con nuestros bosques y la biodiversidad que en ellos habita.

Nos oponemos a la supresión de las penas de arresto por desmote. Reducir las multas a los saqueadores del bosque un 33% tampoco nos parece una opción, cuando las penas actuales ya son en muchos casos asumidas por los especuladores que eligen delinquir y cargar la multa como un costo más a su proyecto de negocio.

Le advertimos a los legisladores que nuestra provincia ya ha evidenciado síntomas del desastre ambiental hacia el que avanzamos a caballo de políticas públicas que sólo contemplan las utilidades de los grandes productores agropecuarios y la especulación inmobiliaria: la desertificación y sus tormentas de tierra (deberíamos decir de suelo), la crisis hídrica en algunas regiones o las terribles inundaciones que se han cobrado vidas en otras. Todos estos fenómenos que además del impacto ambiental, han tenido un profundo efecto social que golpea, sobre todo, a los más desprotegidos.

Exigimos por tanto, se abra la posibilidad de discutir un proyecto de Ley de Bosques participativo, en foros abiertos que garanticen que todas las voces sean escuchadas. Acompañamos las demandas del Movimiento Campesino de Córdoba al respecto. Suscribimos a las críticas realizadas al proyecto de CARTEZ por el Foro Ambiental Córdoba, Núcleo DiverSus de Investigaciones en Diversidad y Sustentabilidad, el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-UNC), la Asociación Civil IDEA, el Instituto de Diversidad y Ecología Animal (CONICET-UNC) y el Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (FCEFyN, UNC) y la Fundación para el desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS).

20Fuente: Diario Tortuga

La Provincia convocó a una mesa para actualizar el mapa de la ley 9.814. Las diferentes posturas de los sectores rurales y de las ONG ambientalistas y ecólogos no llegan a un acuerdo que permita elevar un proyecto. Según estudios realizados por expertos, la provincia tiene 3,6 millones de hectáreas con bosque nativo.

Como en 2009 cuando se sancionó la ley que lo creó, el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) de Córdoba sigue planteando diferencias irreconciliables entre el sector rural y el ambientalismo.

Este año, la Provincia convocó a una mesa para actualizar el mapa de la ley 9.814, que pinta a estos ecosistemas en tres colores, según su estado de conservación y las actividades permitidas. Pero en este espacio, las diferentes posturas de los sectores rurales y de las ONG ambientalistas y ecólogos no llegan a un acuerdo que permita elevar un proyecto consensuado para que la Legislatura lo apruebe.

Hace unos días, la Federación Agraria Argentina (FAA) dejó clara su postura de que el OTBN de Córdoba está “sobredimensionado” y que requiere un sinceramiento.

“Creemos que la cobertura vegetal ‘bosque nativo’ en la provincia no debería superar en total los dos millones de hectáreas, correspondiendo a la categoría roja entre 500 mil y 600 mil, y a la categoría amarilla alrededor de 1.5 millones hectáreas”, detalla un documento presentado en esta mesa de diálogo. Pero según estudios realizados por expertos, la provincia tiene 3,6 millones de hectáreas con bosque nativo, es decir, 1,6 millones de hectáreas más que la postura de la FAA.

El trabajo fue realizado en 2009 por los ecólogos Marcel Zak y Marcelo Cabido, y es el estudio científico del bosque nativo cordobés más detallado hasta la fecha. En el recuento se incluyen el bosque abierto, matorrales en diferentes estados y ecosistemas halófitos (ambientes salinos).

El mapa provincial actual suma cuatro millones de hectáreas, es decir 1,9 millones más de hectáreas que la idea de la FAA. “Las gravísimas distorsiones originadas en el mapa inicial y en toda la etapa reglamentaria de la ley más una gestión arbitraria y discrecional por parte de la autoridad de aplicación concluyeron en una errónea clasificación de las categorías de conservación”, señalan desde la FAA.

Uno de los argumentos de la FAA para reducir la superficie protegida es el mismo que el esbozado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) hace unas semanas: el ser humano debe manejar los predios con ambientes autóctonos degradados, como matorrales, para que el bosque vuelva.

Desde el ambientalismo sostienen que estos matorrales brindan la mayoría de los servicios ecosistémicos por los cuales la ley decidió proteger los bosque como mantener la fertilidad del suelo, regular el agua y el clima y secuestrar dióxido de carbono responsable de cambio climático.

“Querer excluir del OTBN estructuras de vegetación simplemente por no haber llegado a su estado de máximo desarrollo arbóreo no es correcto, según los criterios propuestos por las diferentes resoluciones”, señala un documento firmado por integrantes del Foro Ambiental Córdoba, el Movimiento Campesino de Córdoba, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), varios institutos de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet. También sostienen que la ley no permite recategorizar hacia clasificaciones de menor valor, como proponen desde el sector rural.

Los ruralistas quieren la producción silvopastoril. Desde el ambientalismo sostienen que la actividad silvopastoril en zona amarilla debería estar sometida a un proceso de evaluación de impacto ambiental y que la ley no permite el desmonte selectivo ni la implantación de pasturas exóticas.

Fuentes: La Voz del Interior

La empresa Massalin Particulares informó que la suba responde a hacer frente a una escalada en sus costos.

Este martes la empresa Massalin Particulares informó que, con el objeto de hacer frente a la suba de sus costos, decidió aumentar un 5% en promedio los precios de sus productos. «La compañía sigue buscando la forma de dar sustentabilidad a sus operaciones en el país, fuertemente golpeadas por el drástico aumento de impuestos que entró en vigencia en mayo pasado y el consecuente recorte de sus ventas», indicó la dueña de Marlboro en un comunicado.

Hoy la carga fiscal alcanza el 80% del precio de venta de los cigarrillos (la más alta de la región), agregó la firma. Entre las principales marcas que la empresa comercializa se encuentran Marlboro, que costará $46 en su versión KS y $47 en su versión box; Philip Morris, que costará $43 en su versión KS y $44 en su versión box, y la marca Chesterfield que quedará a $33 en su versión ks y $35 en su versión box.

Otras marcas como Benson & Hedges, Parliament y Virginia Slims se venderán a $52 en su versión box de 20 cigarrillos.

Organizaciones sociales presentaron ante el Comité CEDAW un reporte que refleja las falencias del Estado Argentino en la protección de las mujeres de las consecuencias del tabaquismo

En el marco del 65° período de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que se desarrolla en Ginebra, la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina), O’ Neill Institute for National and Global Health Law, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y la Alianza Libre de Humo Argentina (ALIAR) presentaron un reporte sombra donde le solicitan al Comité que recomiende al Estado argentino avanzar con medidas que prevengan y reduzcan el consumo de tabaco entre las mujeres.

El reporte sombra “Control del tabaco en Argentina: tareas pendientes para proteger la salud de las mujeres”, concluye que la legislación de control del tabaco vigente en Argentina no cumple con las obligaciones suscriptas en la Convención CEDAW en lo que refiere a la protección de la salud de las mujeres y niñas. Entre las recomendaciones se enfatiza sobre la necesidad de que Argentina ratifique el Convenio Marco para el Control del Tabaco para tener a disposición más herramientas que busquen proteger la salud de las mujeres. A su vez, las organizaciones recomiendan que se prohíba toda forma de publicidad de tabaco y que se aumenten los impuestos al tabaco por medio de una política efectiva y sostenible en el mediano y largo plazo. También sugieren que el gobierno prohíba el uso de aditivos y saborizantes en los cigarrillos y que promueva la adopción de políticas de control de tabaco a nivel sub nacional con el objetivo de que las provincias tengan un estándar mínimo de protección de la salud de las mujeres.

En esta línea, Belén Rios, abogada de FIC Argentina e integrante de la delegación argentina junto a referentes de Amnistía Internacional, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), entre otros, señaló: “Desde 2010, la cantidad de mujeres que mueren por año a causa del tabaquismo está en aumento.

Esto refleja la falta de políticas de control de tabaco que protejan la salud y la vida de las mujeres. Esperamos que el Comité recoja nuestras recomendaciones e inste al Estado Nacional a adoptar medidas que protejan a las mujeres y niñas de las consecuencias del tabaquismo. A su vez, esperamos que avance con la prohibición de manera completa de la publicidad de tabaco para poner un límite a las empresas tabacaleras que apuntan muchas de sus campañas de marketing a las niñas y mujeres”.

Y agregó: “Además, durante el día de ayer tuvo lugar una presentación formal oral de ONGs ante el Comité donde se repasaron algunos de los temas prioritarios incluidos en los reportes elaborados por la sociedad civil. Por primera vez en la historia el control del tabaco fue uno de los temas destacados, lo que refleja la necesidad de avanzar con medidas que protejan la salud de las mujeres de las consecuencias de esta epidemia”.

FIC Argentina también participó en la elaboración y presentación de otro reporte realizado junto a 18 organizaciones que da cuenta de los avances, retrocesos, falencias y omisiones del Estado argentino en cuanto a su obligación de respetar, garantizar y hacer efectivos los derechos contenidos en la Convención CEDAW. FIC Argentina colaboró en el desarrollo del apartado de salud para reflejar la situación actual en nuestro país respecto a los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles y sus consecuencias en las mujeres. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es el órgano de expertos que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Los Estados Parte, como Argentina, están obligados a presentar informes periódicos que reflejen cómo se han ido aplicando medidas que protejan los derechos de la Convención.

Luego de la presentación del informe, el Comité realiza recomendaciones a las Partes sobre los puntos que considere que necesitan más atención. En paralelo, el Comité recibe informes paralelos (reportes sombras) de organizaciones que ayudan a evaluar los informes periódicos presentados por los Estados Parte.

La situación de las mujeres en relación al consumo del tabaco En nuestro país, 11.731 mujeres mueren por año a causa del consumo de tabaco. Argentina tiene uno de los índices de consumo más altos de América Latina y, entre los adolescentes, las chicas fuman un 20% más que los varones. Esto refleja que la epidemia del tabaquismo se está desplazando de varones a mujeres y además, a igual consumo, el tabaco provoca mayor daño en la salud de las mujeres que presentan más susceptibilidad que los varones a padecer eventos coronarios así como también mayor gravedad y precocidad de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). A su vez, la mortalidad femenina por cáncer de pulmón está en constante crecimiento.

Por otra parte, las mujeres presentan más barreras psicosociales para dejar de fumar y tienen menores porcentajes de éxito en la cesación que los varones. Además tienen mayores dificultades para acceder al diagnóstico y los tratamientos adecuados para las complicaciones que padecen como consecuencia del consumo de tabaco. De no avanzar con políticas públicas de control de tabaco con perspectiva de género que se propongan frenar esta tendencia y reducir la brecha de inequidad, el costo se verá en la mortalidad prematura creciente que se espera en las mujeres adultas de las próximas décadas.

Fuente: cba24n.com.ar

Por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió una audiencia temática sobre tabaquismo ante el pedido de Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina), Action On Smoking & Health (ASH) y O’Neill Institute for National and Global Health Law. Será el martes 05/04.

La Fundación Interamericana del Corazón Argentina, Action On Smoking & Health y O’ Neill Institute for National and Global Health Law expondrán  sobre la necesidad  que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) reconozca al control de tabaco como una herramienta para proteger el derecho a la salud e inste a los Estados a implementar de manera urgente políticas efectivas de control de tabaco para cumplir con las obligaciones contenidas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, las organizaciones pondrán el acento en la necesidad de regular a la industria tabacalera para terminar con sus prácticas engañosas que violan el derecho humano a la salud. Esta industria produce y comercializa un producto adictivo y mortal que mata cada año a casi 6 millones de personas (1 millón de las cuales vive en el continente americano) y empeora la calidad de vida de tantas otras debido a las enfermedades y discapacidades que genera.

La presentación será el 05/04 en Washington D.C. (USA) a las 10:15 am (11:15 am de Argentina). Los expositores serán

> Verónica Schoj y Belén Rios, de FIC Argentina;

> Chris Bostic y Kelsey Romeo-Stuppy, de ASH; y

> Oscar A. Cabrera, de O’Neill Institute for National and Global Health Law.

La CIDH estará representada por los comisionados James L. Cavallaro, Enrique Gil Botero, Paulo Vannuchi y la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, todas personalidades con amplia trayectoria y capacidad en materia de derechos humanos.

Las tres organizaciones pidieron la audiencia temática en conjunto y presentarán a los comisionados y la comisionada

> cuáles son los daños del tabaco para la salud pública,

> el impacto de la epidemia en los sectores más pobres y en la obstaculización para  el desarrollo sustentable;

> el efecto del  marketing de los productos de tabaco -que apunta especialmente a mujeres y a los niños, niñas y adolescentes-; y

> las estrategias  de lobby que despliegan las empresas  tabacaleras para interferir con la adopción e implementación de políticas efectivas de salud.

“Vamos con mucha expectativa a la audiencia temática. Es la primera vez en la historia que la CIDH pone al control del tabaco en su agenda, hecho que representa un hito para la salud pública.  Una postura sólida de la Comisión sobre el tema de la epidemia de tabaco fortalecerá a los gobiernos para poner límite a las prácticas perversas de la  industria tabacalera y proteger el derecho a la salud y a la vida”, comenta Verónica Schoj, directora de FIC Argentina.

Por su parte, Belén Rios, abogada de la organización, agrega: “Esperamos que la Comisión se expida sobre esta problemática y exhorte a los Estados a implementar medidas de control de tabaco que cumplan efectivamente  con las obligaciones contenidas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.

La presentación y pedido de las organizaciones frente a la CIDH cuenta con el aval de más de 70 organizaciones del continente americano y más de 30 del resto de mundo, quienes firmaron una carta de apoyo a la presentación de las 3 entidades.

Carta de organizaciones de la sociedad civil a la CIDH para que reconozca a las políticas de control de tabaco como herramientas para la protección del derecho humano a la salud:

La epidemia de tabaquismo se ha convertido en uno de los mayores problemas de salud pública en el mundo. Cada año, seis millones de personas mueren por causas relacionadas al tabaco, un millón de las cuales vive en el continente americano, una región con aproximadamente 145 millones de fumadores. La amenaza sigue creciendo y se estima que, de continuar con la tendencia actual, para el 2025 se producirán 10 millones de muertes anuales atribuibles al tabaco a nivel global, con un impacto desproporcionado sobre las poblaciones más vulnerables.

Las políticas integrales de control de tabaco han demostrado reducir de manera efectiva el tabaquismo y sus daños a la salud, así como también los costos sanitarios y sociales asociados. El fracaso en la implementación de medidas de control de tabaco representa un impedimento para el ejercicio del derecho a la salud y el derecho a la vida y obstaculiza el desarrollo sustentable de las naciones.

La comunidad internacional ha planteado el evidente vínculo entre la protección de los derechos humanos y control del tabaco. De hecho así lo señaló la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al reconocer la relación existente entre las políticas de control de tabaco, la prevención de las enfermedades no transmisibles y la defensa de los derechos humanos. Los comités de tratados de la ONU han vinculado también la protección de los derechos humanos con el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), primer tratado internacional de salud pública, ratificado por 180 países, incluyendo la mayoría de las naciones americanas. Las medidas del CMCT están basadas en vasta evidencia científica que demuestra de manera inequívoca que estas políticas reducen el consumo de tabaco y su morbi-mortalidad asociada. Además, el Convenio reconoce al control de tabaco como «un componente integral para la protección del derecho a la salud», al tiempo que obliga a los Estados a regular los productos de tabaco. Las cortes nacionales de justicia, por su parte, han defendido a las políticas de control de tabaco a la luz de las obligaciones internacionales.

Para que el derecho a la salud sea efectivamente ejercido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe aunar esfuerzos con la ONU, la OMS y la comunidad internacional para avanzar en la protección del derecho a la vida y a la salud a través de la adopción e implementación de medidas integrales de control de tabaco.

En concordancia con sus obligaciones en materia de derechos humanos y del CMCT, los países americanos han dado importantes pasos para regular el consumo de tabaco. No obstante, las acciones futuras –e incluso algunas ya implementadas por los Estados– están en riesgo. A raíz del éxito de la implementación de diversas políticas, la industria tabacalera (IT) ha respondido demandando a los Gobiernos ante las cortes nacionales y alegando que la regulación del tabaco viola sus derechos a la libertad de expresión, de empresa y de propiedad, y que vulnera la supuesta libertad individual a fumar. Asimismo, la IT ha apuntado a los jóvenes, a las mujeres y a los grupos minoritarios con sus estrategias multimillonarias de marketing, usando mensajes seductores para presentar al consumo de tabaco como una práctica glamorosa, «de moda» y «sexy». Estas corporaciones gastan millones de dólares en lobby para obstaculizar e influir en los procesos políticos. Como resultado de todas estas estrategias, los Gobiernos han enfrentado numerosos desafíos e impedimentos al momento de implementar legislación que cumpla con sus obligaciones para la protección de los derechos humanos.

Los Estados necesitan de todas las herramientas disponibles para defender y reforzar las medidas ya existentes de control de tabaco. La legislación de derechos humanos es una fuente de obligaciones que exige a los gobiernos adoptar medidas estrictas de control de tabaco, necesarias para proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida. Sin embargo, no todos los Estados están tomando medidas en este sentido y por lo tanto están incumpliendo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual constituye un eje central de interés para la CIDH.

La lucha contra el tabaquismo no puede ser ganada únicamente con acciones en los niveles locales. El control del tabaco requiere un enfoque multisectorial que incluya mecanismos de coordinación en los niveles nacional, internacional y regional. En este contexto, la sociedad civil y los expertos en control de tabaco han sostenido que la acción estatal debe ser reforzada por el apoyo internacional de organismos de derechos humanos, como la CIDH. El acompañamiento y la autoridad de este tipo de organismos pueden facilitar y promover respuestas integrales de los Estados para cumplir con sus obligaciones en materia de derecho a la salud.

Dada su responsabilidad en la promoción de la observancia y protección de los derechos humanos en el Continente Americano, la CIDH tiene el mandato de ayudar a los Estados a cumplir con sus obligaciones en materia de control del tabaco. Una postura sólida de la CIDH sobre este punto puede empoderar a los Gobiernos para enfrentar a la industria tabacalera y evitar que obstaculice las medidas que protegen los derechos a la salud y a la vida. Un posicionamiento de estas características puede, asimismo, guiar a los Estados hacia la implementación de medidas de control de tabaco con perspectiva de derechos humanos, que incluyan la protección prioritaria de las poblaciones vulnerables.

Las organizaciones abajo firmantes celebramos que la CIDH haya otorgado una audiencia temática sobre el derecho a la salud y el tabaquismo en el Continente Americano y le solicitamos respetuosamente que recomiende a los Estados tomar medidas para combatir la epidemia de tabaquismo y evitar que la industria tabacalera viole el derecho a la salud a través de su sus prácticas engañosas.

Organizaciones que apoyan esta iniciativa:

> América

Alianza Antitabaco Ecuador – Ecuador
Alianza contra el Tabaco Asociación Civil – México
Aliança de Controle do Tabagismo + Saúde – Brasil
Alianza Hondureña Antitabaco – Honduras
Alianza Juvenil Antitabaco (AJA) – Ecuador
Alianza Libre de Humo de Tabaco Argentina (ALIAR) – Argentina
Alianza Nacional para el control del Tabaco (ALIENTO) – México
American Heart Association/ American Stroke Association – Estados Unidos
Asociación Antitabáquica Sin Pucho – Argentina
Asociación Argentina de Medicina Respiratoria – Argentina
Asociación Argentina de Tabacología –Argentina
Asociación Civil Empodérate –Bolivia
Asociación Para la Promoción Integral – Argentina
Asociación por los Derechos Civiles – ADC
Campaign for Tobacco-Free Kids – Estados Unidos
Carrera de Licenciatura en Nutrición de la Universidad Maimónides – Argentina
Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) – Argentina
Centro de Rehabilitación Cardíaca CARDIOVIDA – Argentina
Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET) – Uruguay
Centro de Medicina Respiratoria de Paraná – Argentina
Chile Libre de Tabaco – Chile
Coalición México Salud-Hable – México
Coalición Panameña contra el Tabaquismo (COPACET) – Panamá
CODICE, Comunicación, Diálogo y Conciencia S.C. – México
Comisión Nacional para control del Tabaco (CONACTA) – Honduras
Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica (COLAT) – Perú
Corporate Accountability International Colombia (CAI Colombia) – Colombia
Desplegar Salud – Argentina
Educar Consumidores – Colombia
Education Against Tobacco Brazil – Brasil
Embajada de Uruguay en Estados Unidos – Uruguay
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de la Plata – Argentina
Federación Vecinalista de Catamarca – Argentina
Foro Aire Libre para Neuquén (Foro AILIHN) – Argentina
Fundación Anáas – Colombia
Fundación Ecuatoriana de Salud Respiratoria (FESAR) – Ecuador
Fundación Educación Popular en Salud (EPES) – Chile
Fundación Interamericana del Corazón Bolivia (FIC Bolivia) – Bolivia
Fundación Interamericana del Corazón México (FIC México) – México
Fundación Mídete – México
Fundación Movicáncer – Nicaragua
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) – Argentina
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) – Argentina
Fundación Redes de Intervención Antitabaco (RIATA) – Nicaragua
Fundación Salud, Ambiente y Desarrollo (FUNSAD) – Ecuador
Grupo Antitabaquismo del Hospital Italiano (GRANTAHI) – Argentina
Interamerican Heart Foundation
Interamerican Heart Foundation: Caribbean Office
International Tobacco Control Policy Evaluation Porject (The ITC) – Canada
Jamaica Coalition for Tobacco Control – Jamaica
Liga Colombiana contra el Cáncer – Colombia
Movimiento Ayuda Cáncer de Mama – Argentina
Nightingale Nurses – Estados Unidos
Pacientes Oniline – Argentina
Pro Salud Sexual y Reproductiva A.C. – México
Programa INFOSALUD – Argentina
Proyecto Médico Especialista en Dejar de Fumar (MEDEF) – Argentina
Public Health Law Center, Mitchell Hamline School of Law – Estados Unidos
Red Ecuatoriana de Universidades Promotoras de la Salud y el Bienestar (REUPSB) – Ecuador
Red Nacional Anti-Tabaco (RENATA) – Costa Rica
Salud y Género Querétaro A.C. – México
Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) – Argentina
Sociedad Argentina de Periodismo Médico – Argentina
Sociedad de Tisiología y Neumonología de la Provincia de Buenos Aires – Argentina
Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica – Argentina
The Heart Foundation of Jamaica – Jamaica
Unión Antitabáquica Argentina (UATA) – Argentina
Universidad Católica «Redemptoris Mater» – Nicaragua
Universidad Peruana Unión – Perú
University of Campinas (UNICAMP) – Brasil
Vital Strategies – Estados Unidos

> Resto del Mundo

Action on Smoking & Health UK (ASH UK) – Great Britain
Action on Smoking and Health Scotland (ASH Scotland) – Great Britain
Action on Smoking and Health Finland (ASH Finland) – Finlandia
Action on Smoking and Health Foundation Thailand (ASH Thailand) – Tailandia
Berlin Working Group on Environment and Development (BLUE 21 – Unfairtobacco.org) – Alemania
Cancer Aid Society – India
Coalition for Tobacco Control – Pakistán
Dhaka Ahsania Mission – -Bangladesh
Forum Rauchfrei – Alemania
Health Related Information Dissemination Among Youth (HRIDAY) – India
HealthBridge Canada, Vietnam Office – Vietnam
Indian Cancer Society – India
Les Droits des non-fumeurs (DNF) – Francia
Nigeria Tobacco Control Alliance – Nigeria
The Norwegian Cancer Society – Noruega
Organization for Tobacco Alcohol and Drug Abuse Control (OTADAC) – Ruanda
Pratyasha Anti-Drugs Club – Bangladesh
Swarna Hansa Foundation – Sri Lanka
Tamilnadu People’s Forum for Tobacco Control (TNPFTC) – India
Tanzania Tobacco Control Forum (TTCF) – Tanzania
The Bangladesh Anti-Tobacco Alliance (BATA) – Bangladesh
The Cameroun Coalition to Counter Tobacco – Cameroun
The Smokefree Coalition – New Zealand
Tobacco, Alcohol and Gambling Advisory, Advocacy and Action Group (TAG) – Sudáfrica
Tobacco Control Support Center (IAPHA) – Indonesia
Tobacco-Free Research Institute – Ireland
Tuvalu Association of Non-Governmental Organisations (TANGO) – Tuvalu
Zambia Consumer Association (ZACA) – Zambia
Africa Tobacco-Free Initiative
African Tobacco Control Alliance (ATCA)
Asia-Pacific Heart Network (APHN)
Asian Consultancy on Tobacco Control
Global Bridges: Healthcare Alliance for Tobacco Dependence Treatment
Human Rights and Tobacco Control Network
NCD Alliance
Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)

Fuente: Urgente 24

Se espera que el fallo sea conocido mañana sobre la ley provincial 9526 que prohíbe la explotación minera a cielo abierto.

Se aguarda que mañana sea conocido el fallo del Tribunal Superior de Justica (TSJ) de Córdoba sobre la constitucionalidad o no de la Ley provincial 9.526 que es el instrumento legal que impide la explotación minera a cielo abierto de metales y de sustancias radiactivas, aspecto que genera una importante atención ya que hubo un recurso aceptado que planteó la deficiencia de la norma. Fue sancionada en 2008 por unanimidad en la Legislatura provincial y, posteriormente, en 2009, la Cámara Minera efectuó una presentación para que se dejara sin efecto a ese instrumento.

En el proceso, se hizo la presentación de Amicus Curiae, por parte de la docente especializada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Alicia Morales Lamberti, quien brindó argumentos técnico-jurídicos de peso para echar luz en relación a esta norma. Según explicó Agustín Fillipi, de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, «lo que está en juego acá son las sierras de Córdoba, las montañas, la Reserva Hídrica Pampa de Achala y el Parque Nacional Condorito donde hay mucha cantidad de uranio y podría efectuarse una explotación altamente destructiva y contaminante. Otro lugar es la zona de Ongamira y Copacabana por la presencia de oro».

Fuente: Cba24n

Link: http://www.cba24n.com.ar/content/tsj-definiria-constitucionalidad-de-norma-sobre-megamineria

Organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de todo el mundo están difundiendo un manifiesto en el que proponen un nuevo modelo de desarrollo para el anunciado Banco de BRICS, una institución de financiamiento y desarrollo que está siendo fomentado por los gobiernos de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La declaración se produce después de la reciente cumbre de los presidentes de los BRICS celebrado en Ufa, Rusia. Las organizaciones establecen que es necesario repensar el desarrollo.

«El modelo actual de desarrollo en muchos países emergentes y en desarrollo se basa en las estrategias y políticas específicas para la exportación de materias primas. Este modelo conlleva daños sociales, es ambientalmente insostenible y genera desigualdades dentro y entre países. Si el Nuevo Banco de Desarrollo quiere cambiar esta realidad, debe comprometerse con los cuatro principios siguientes», dice el manifiesto. El primer principio es que el nuevo banco debe promover el desarrollo para todos, ya que cuando no se satisfacen las necesidades de las personas, las inversiones no generan desarrollo. Para las organizaciones, el NBD debe apoyar un desarrollo incluyente, accesible y participativo con las opciones de las comunidades; debe apuntar a la pobreza y las desigualdades, eliminar barreras de acceso a las oportunidades, respetar los derechos humanos, las culturas locales y el medio ambiente. Además, el NBD debe priorizar las inversiones transformadoras que no se limiten a gran megaproyectos a gran escala y centralizados. En su lugar, debe centrarse en la infraestructura social para las poblaciones más pobres y excluidas, proporcionando acceso a los servicios públicos, vivienda, educación y el florecimiento de las economías locales. El segundo principio es que debe ser transparente y democrático, es decir, accesible al público en general. Por lo tanto, el NBD debe garantizar que la información bajo su custodia, la elaboración de las políticas internas y el manejo de sus operaciones sea transparente, accesible y participativo, para que las comunidades que sean afectadas por las actividades de NBD tengan acceso a la información y la posibilidad de influir y moldear las decisiones de las inversiones. El NBD también debe construir estructuras de gobierno democráticas, transparentes y representativasque aseguren un tratamiento equitativo y no discriminatorio entre los proveedores y los beneficiarios. «El desarrollo no es exclusivo de los Estados, aunque éstos corresponde larendición de cuentas y la definición de responsabilidades. El NBD debe proporcionar espacios a otras partes interesadas – incluyendo, de manera pero no exhaustiva, a sindicatos, movimientos sociales, comunidades y organizaciones no gubernamentales – para que participen en la elección, diseño, implementación y seguimiento de los proyectos NDB «, expresa el texto de la nota. Fijar reglas «fuertes” y garantizar que sean respetadas, este es el tercer principio propuesto. El nuevo Banco de Desarrollo debe garantizar que las comunidades y Establecer reglas «robustas» y asegurarse que sean respetadas es el tercer principio propuesto. El nuevo Banco de Desarrollo debe garantizar que las comunidades y el medio ambiente comparten los beneficios de sus actividades, y no sean afectados negativamente por ellos. Las políticas y procedimientos internos del NBD se deben desarrollar con los más altos estándares de protección de los derechos humanos y el medio ambiente y, por lo menos, debe ser compatible con el derecho internacional. Si la legislación interna de un país en el que se realizan las inversiones es diferente de las políticas NBD, se sugiere que la norma aplicable debe ser la que ofrece el más alto nivel de protección del medio ambiente y para las comunidades. Las políticas y procedimientos internos del NBD deben ser elaborados conforme los más altos estándares de protección de los derechos humanos y del medio ambiente y, por lo menos, deben ser consistentes con el derecho internacional. Si la ley doméstica de un país donde las inversiones se realizan con diferencias de las políticas del NBD, se sugiere que la norma aplicable debe ser aquella que ofrezca el más alto nivel de protección ambiental y para las comunidades. El NBD también debe instituir mecanismos para una mayor rendición de cuentas y responsabilidad, incluyendo mecanismos independientes para asegurar que sus estructuras cumplan con sus propias políticas, que recursos estén disponibles para las comunidades puedan reparar daños generados por los proyectos y que la institución pueda extraer lecciones de su propia experiencia y mejorar a partir de ella. Para las organizaciones y movimientos sociales que firman el manifiesto, un buen punto de partida en este sentido son los Criterios de Efectividad de Mecanismos de Reclamo no Judiciales, de los Principios Orientadores de la Organización de las Naciones Unidas [ONU] para Empresas y Derechos Humanos. El cuarto y último principio es que debe promover el desarrollo sostenible, que es la espina dorsal del mandato del NBD. «Teniendo en cuenta los cambios climáticos y sus actuales efectos dañinos sobre el desarrollo y la tendencia a su agravamiento para el futuro, las inversiones del NBD deben promover soluciones a largo plazo que sean sostenibles y con capacidad de recuperar los daños (resiliencia). Esto significa respetar los derechos de las comunidades sobre sus territorios y un medio ambiente limpio, rompiendo el actual modelo de extracción contaminante, depredadora e intensiva en recursos naturales que se están realizando en los países en desarrollo hace demasiado tiempo». Firman el manifiesto: Rede Brasileira Pela Integração dos Povos (Rebrip) – Brasil; Conectas Derechos Humanos – Brasil; Friends of the Siberian Forests – Rusia; Centre for Applied Legal Studies– África do Sul; Ecoa – Ecologia e Ação – Brasil; Consumer Unity and Trust Society [(CUTS International) – Índia; OT Watch – Mongólia; Foundation for Environmental Rights, Advocacy & Development (Fenrad) – Nigéria; Jamaa Resource Initiatives – Quênia; ActionAid International; Rivers without Boundaries – Mongolia; Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights – EUA e Suíça; Global Network for Good Governance (GNGG) – Camarones; Plataforma de Derechos Humanos – Dhesca – Brasil; Friends of the Earth US – EUA; Foundation for the Conservation Of The Earth (Focone)- Nigéria; Asociación Ambiente y Sociedad – Colombia; Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos – Argentina; Instituto de Pesquisa y Formación Indígena (Iepé) – Brasil; Social Justice Connection – Canadá; Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH) – Guatemala; Fundar, Centro de Análisis e Investigación – México; Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie (Adev) – República do Congo; e Civicus: World Alliance for Citizen Particpation – África do Sul. También: Fórum da Amazonia Oriental (Faor) – Brasil; Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Mocicc) – Perú; International Rivers – International Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) – Argentina; Otros Mundos – México; Sexual Minorities Uganda (Smug) – Uganda; Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida) – Regional; Rede de Cooperação Amazônica (RCA) – Brasil; Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) – México; Lumière Synergie pour le Développement – Senegal; Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) – Perú; Centro Terra Viva – Estudos e Advocacia Ambiental – Moçambique; Inclusive Development International – EUA; Fundación Ambiente y Recursos Naturales – Argentina; FIAN International – Brasil; Accountability Counsel – EUA; Justicia Asbl – Congo; L’Association des Jeunes Filles pour la Promotion de L’Espace Francophone – Guiné Equatorial – Conakry; Forest Peoples Programme – Reino Unido; Arab NGO Network for Development (ANND) – Líbano; International Accountability Project Southern African Faith Communities’ Environment Institute – África do Sul; ONG Hadassa – Gabão; Institute for Economic Research on Innovation – África do Sul; y la Anistia Internacional.

Fuente: Adital, Noticias de América Latina y Caribe

El 31 de mayo se recuerda el Día Mundial contra el Tabaco, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para combatir un factor de riesgo que todavía hoy es responsable de la muerte de más de 40.000 personas por año en la Argentina.

El 31 de mayo se recuerda el Día Mundial contra el Tabaco, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para combatir un factor de riesgo que todavía hoy es responsable de la muerte de más de 40.000 personas por año en la Argentina.

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) recuerda que el consumo de tabaco es la principal causa prevenible de defunción y que, actualmente, mata a uno de cada diez adultos en el mundo. Produce, entre otras, enfermedades cardiovasculares, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc) y cáncer de pulmón, patologías que además causan una carga sanitaria enorme para los sistemas de salud de los países.

El domingo, en conmemoración de ese día, Fundeps, junto con la Alianza Libre de Humo Argentina (Aliar), y la Municipalidad de Villa Carlos Paz, “comenzarán el desarrollo 
de un plan integral que asegure el cumplimiento de la normativa nacional de control del tabaco”, según informaron las entidades.

Entre otras acciones, se realizarán intervenciones para concientizar a la población sobre las consecuencias de consumir tabaco. Las actividades comenzarán mañana con el tratamiento en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz de un proyecto de declaración de adhesión y beneplácito por el Día Mundial sin Tabaco. En tanto, el domingo se introducirá un proyecto de ordenanza para la adhesión a la ley provincial, que a su vez adhiere a la ley nacional de control del tabaco.

Esas primeras intervenciones –informaron desde las entidades– concluirán el miércoles 3, a las 17, en la calle 9 de Julio 70 (frente a la Galería Estrada), donde se intercambiarán cigarrillos por frutas.

Denuncia

En tanto, también en el marco del Día Mundial sin Tabaco, la Fundación Interamericana del Corazón Argentina denunció a las tabacaleras Massalin Particulares y Nobleza Piccardo.

La Fundación demostró que hay incumplimiento de la Ley Nacional de Control del Tabaco 26.687, sancionada en 2011, que prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco en forma directa o indirecta y a través de cualquier medio de difusión o comunicación.

La violación denunciada tiene que ver, entre otras cosas, con la restricción de poner en los quioscos avisos visibles desde el exterior.

Diversos relevamientos demostraron que se registra un despliegue de anuncios publicitarios de marcas de cigarrillos también en bares y discotecas de distintas ciudades del país, incluyendo Córdoba.

Además, se probó la realización de “acciones de promoción en bares, discotecas y puntos de venta, que consisten en la entrega gratuita de paquetes de cigarrillos y otro tipo de obsequios”. Asimismo, se demostró la realización de concursos que se promocionan en puntos de venta, Internet, dentro de los paquetes de cigarrillos y por correo electrónico.

Finalmente, también se observaron acciones de patrocinio en eventos culturales, tales como recitales de música.

“A pesar de la vigencia de la ley nacional de control de tabaco 26.687 y su decreto reglamentario 602/13, constatamos la existencia de abundantes campañas publicitarias de cigarrillos que violan la normativa”, denunció la Fundación.

La asociación dio a conocer que denunciarán la situación ante el Ministerio de Salud de la Nación.

“Confiamos en que el Ministerio aplicará las sanciones pertinentes y continúe con las fiscalizaciones ya iniciadas en el mes de enero de 2015”, sostuvo Belén Ríos, directora del área legal de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina.

“Estas campañas tienen en común que apuntan a jóvenes, ya que utilizan eslóganes y mensajes relacionados con la diversión, la independencia, el desafío, la aventura y se despliegan principalmente en internet y espacios concurridos por jóvenes, como bares y discotecas”, dijo por su parte Verónica Schoj, directora ejecutiva de FIC Argentina.

Fuente: La Voz del Interior.
Link: http://www.lavoz.com.ar/salud/acciones-contra-el-tabaquismo

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), que asesora a los vecinos de barrio Parque San Juan en el juicio contra las fumigaciones, fue pre seleccionada para el premio “Namati Justice Prize”.

El premio está enfocado en propuestas de avance en materia legal, y cuenta con el Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo como uno de sus organizadores.

El trabajo de Fundeps en Alta Gracia tiene que ver con el asesoramiento a los vecinos y vecinas de barrio Parque San Juan y de otros barrios de la ciudad que se constituyeron como terceros interesados en la causa judicial “Verdol S.A. contra Municipalidad de Alta Gracia”, donde Verdol pide que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza por la que se restringe el uso de agroquímicos en la ciudad.

GRANDES CAMBIOS

Yamile Najle, Coordinadora de FUNDEPS, se mostró muy contenta de la preselección, y aseguró que los resultados de la ordenanza hicieron grandes cambios en la salud del barrio Parque San Juan. “El informe de una médica del Hospital Clínicas (de Córdoba Capital) ha dado cuenta de reducciones importantes en la incidencia de varias enfermedades”, agregó la abogada en diálogo con Radio Tortuga 102.7 y recordó que antes de la medida, la gente sufría enfermedades de la piel y respiratorias.

Si bien la ordenanza ha dado un respiro a los vecinos, el cuestionamiento sobre si la Municipalidad de Alta Gracia es competente para dictar una ordenanza de este tipo ha generado una serie de embestidas legales por parte de Verdol S.A. Al respecto, Najle aseguró lo contrario: “La ordenanza es positiva y competente. Es más, El fiscal Emilio Drazile se expidió diciendo que el Municipio tiene autonomía para aplicar esta protección sobre los vecinos”.

A fines de abril se van a tener noticias del ganador del premio “Namati Justice Prize”, que entregará diez mil dólares al primer puesto, además de numerosos reconocimientos. Por lo pronto, en FUNDEPS ya están contentos con la pre selección.

Link a la nota:

http://diariotortuga.com/2015/03/20/fundeps-es-nominada-a-un-premio-por-su-trabajo-en-alta-gracia/

Infobae revela por primera vez los casos de violación y maltrato físico y psicológico que sufrieron las mujeres que participaron del conflicto bélico, cuyas historias fueron silenciadas y olvidadas. La mayoría de las víctimas eran menores de edad. Sus testimonios.

Ya no son invisibles. La última dictadura militar y los sucesivos gobiernos democráticos sepultaron la historia de las mujeres que participaron de la Guerra de Malvinas, pero un libro las sacó del letargo. Su publicación animó a muchas a contar parte de lo que desencadenó pesadillas, estrés postraumáticos y adicciones: los abusos a los que fueron sometidas. Las violaciones, las golpizas y el maltrato psicológico que sufrieron. Infobae revela por primera vez algunos testimonios del horror durante el horror.
«Lo que más me costó entender es que ellas creían que estaba bien, que se lo tenían que bancar», confiesa en una entrevista con Infobae Alicia Panero, cuyo libro Mujeres Invisibles recuperó la silenciada historia de las mujeres que participaron de la Guerra de Malvinas.
El libro, publicado el año pasado, no trata el tema de los abusos, porque sencillamente no se sabía que habían ocurrido. «Me decían que habían vivido cosas feas, pero yo me imaginaba cuestiones propias de la guerra y de la época», explica Panero. Pero en marzo de este año una de las víctimas por primera vez contó que la acosaron sexualmente. No buscaba un reconocimiento, sino liberar un recuerdo hasta entonces reprimido. Y con el tiempo aparecieron más.
Hasta ahora se conocen seis casos de abuso sexual, físico y psicológico, y se presume de un séptimo. Todas eran aspirantes de entre 17 y 21 años que habían ingresado a la Marina como estudiantes de enfermería, que se desempeñaban en la Escuela de Sanidad del Hospital Naval de Puerto Belgrano y que atendieron a los heridos durante la Guerra de Malvinas. Y todas apuntan contra dos superiores: el teniente José Italia y el suboficial José Vivanco.
Claudia Patricia Lorenzini fue la primera en contar su dolor, luego de recuperarse de una adicción de dos décadas al alcohol. Con sólo 15 años, había ingresado en 1981 a la Armada en el marco de un curso no tradicional para mujeres de quinto año del secundario con experiencia en enfermería en el ámbito civil. Viajó al sur desde La Plata junto a otras tres adolescentes.
«‘Aspirante Lorenzini, venga, vamos a ir a que se pruebe su uniforme de gala’, me decía (el teniente Italia). Y yo me subía a su cupé Fiat celeste. ‘Vos me gustas. Yo te voy ayudar, pero no tenés que decir nada a nadie porque te puede costar la baja. Además no te creerían’, me advertía. Y sus manos comenzaban a meterse debajo de mi chaqueta de fajina. Luego me besaba, y llevaba mi mano a su miembro, mientras acariciaba mis entrepiernas. Sucedió muchas veces«, recuerda.
«Para mí era parte de la instrucción. ¿Mis sentimientos? No sé, parecía un juego, pero puedo aseverar que me causaba temor. Cada vez que él aparecía me producía un gran malestar, me irritaba su presencia. Mis manos se abrían y cerraban con mucha transpiración, me mordía los labios. Cuando comenzó la guerra solía verme con él, pero con menos frecuencia. Me ha llevado al (buque hospital) Bahía Paraíso a mí sola para trasladar algo, y de paso aprovechaba», añade.
El tiempo pasó. Pero como Patricia «no aguantaba más», decidió detallarle su martirio a otra aspirante que era un poco mayor, quien a su vez le contó a otra compañera. La historia, al parecer, escaló. Y un día la mandaron a llamar sus superiores.
«Había unos cuantos hombres con jinetas importantes. Me parece que estaba el director de la Escuela de Sanidad Naval, (Ricardo) Arieu. Me preguntaron si era cierto lo del teniente Italia y les dije que sí. Estaba re asustada. Me preguntaron quién más lo sabía y les dije que (la aspirante tucumana) Marcela Baldiviezo. Me preguntaron cómo se dieron los hechos y les conté. También les dije que tenía todo escrito en mi diario íntimo. Me lo confiscaron y mandaron a buscar a Baldiviezo. Me hicieron salir y al rato me llamaron. Me dijeron: ‘Usted va a ser dada de baja de esta institución. El motivo que va a decir es que extraña mucho a su mamá’«, señala Patricia. Y por supuesto, la amenazaron. «Ojo con contarle esto a alguien, ni a su madre, o con contar lo que vio con respecto a los heridos o a los simulacros. Recuerde que sabemos dónde están sus familiares, qué hacen y dónde trabajan. También recuerde que el servicio de contrainteligencia va a estar permanentemente detrás suyo. Bueno, ahora firme estos papeles», le sugirieron.
Otros tres casos de abuso sexual que se conocen hasta ahora, aunque sus víctimas no quieren que trasciendan sus nombres porque ni sus parejas saben lo que padecieron. Una de ellas tenía 19 años. Al igual que el resto, culpa a Italia y a Vivanco. Pero aclara: «Es una pesadilla que me llevaré a la tumba. Prefiero olvidar y tratar de pasar lo mejor posible lo poco o mucho que me queda de vida».
Su testimonio también es desgarrador. «A mí me cagaron la vida», sentencia. «Me vejaron y violaron en la habitación donde se guardaban las valijas y los bolsos que teníamos cuando ingresamos, pagado al baño«, recuerda. La pesadilla duró unos meses, hasta que pidió la baja.
Hay otro caso que se sospecha, pero que difícilmente pueda ser probado, ya que la víctima falleció. Sin embargo, sus compañeras creen que fue abusada. «Italia la volvió loca, hasta que terminó pidiendo la baja», comentan. A su vez, Alicia Panero cree que deben haber más, pero que todavía no se animaron a contarlo. «La mayoría, hasta ahora, me buscaron a mí, porque hice el libro. Pero cada una tiene sus tiempos», precisa.
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables está trabajando en una presentación integral ante el Gobierno. «Se podría hacer una denuncia penal, pero al margen de que habría que buscar testigos y obligar a las víctimas a revivir todo, sería muy difícil de comprobar un delito, si es que no está prescripto. Pero por lo menos esperamos que haya un reconocimiento, porque el Estado tenía la tutela de estas chicas que fueron abusadas«, reflexiona Panero.
«Queremos que se investigue el tema –insiste–, porque la mayoría de las chicas eran menores de edad y el Estado estaba a cargo de ellas. Aun así, primero las sometió al trabajo con heridos de guerra sin las herramientas necesarias y después padecieron el maltrato, la violencia psicológica y sexual, la violencia de la institución. Y encima nunca las reconocieron por lo que hicieron. Es raro que ningún organismo de derechos humanos haya pedido algún informe sobre esto».
El sometimiento no fue sólo sexual. También hubo maltratos físicos y psicológicos. Uno de los testimonios que incluirá la presentación de Fundeps es el de Nancy Susana Stancato, que junto a Patricia se sumó al grupo desde La Plata, también con escasos 17 años. Una publicidad televisiva la motivó a estudiar enfermería. «Soñaba con ingresar a la Armada para escapar del control de mis padres. Nunca imaginé lo que estaba por vivir», repasa.
Una frase la acompañó durante todo el «periodo selectivo preliminar» o PSP: «Queremos mujeres militares, no muñecas vestidas de uniforme«. Fue lo primero que escuchó cuando llegó a Puerto Belgrano en medio de una lluvia feroz que recuerdan todas las aspirantes.
La historia de Nancy podría ser la de cualquiera de los conscriptos a los que les pagaron su esfuerzo con humillaciones y olvido. Hace poco le preguntaron si alguna vez la habían maltratado y lo negó. «En esa época no había derechos del menor, violencia de género y demás. Hoy, 33 años después, me doy cuenta de que sí», revierte. Y apunta tres casos puntuales. «Si bien ni me quejo de la instrucción militar, puedo recordar muy bien que por saludar con la muñeca doblada mi instructor me pegó con una tabla, lo que me causó una fisura. Estuve un tiempo con una férula y vendaje. En otra oportunidad, estando de imaginaria en la puerta del alojamiento, en vez de saludar como nos habían enseñado (‘Buenas tardes, suboficial, Nancy Stancato, aspirante naval de primer año, rol 117’), sólo dije ‘Buenas tardes, suboficial’, y ante mi saludo, el suboficial me dio una trompada en el pecho que dejó marcada por varios días un rosario que me habían regalado. También recuerdo que me quejaba porque me dolía la cabeza y yo decía que era porque extrañaba el mate, hasta que un día, la misma persona me llenó la boca de yerba con una cuchara y me dejó en posición de firme por mucho tiempo. Y fui testigo de patadas por hacer mal las lagartijas o por rendirse por no poder más».
Luego llegó la guerra. Todas señalan lo mismo. Primero, antes de que empiecen las batallas, llegaron los primeros soldados del frente con pie de trinchera. Después, arribaron los sobrevivientes del crucero General Belgrano. Y sobre el final, los chicos desgarbados, desnutridos, arruinados. «Son tantas las cosas que no recuerdo y las que recuerdo y no quiero, como los gritos, los llantos de los amputados, los ‘me quiero morir’, ‘no quiero volver así a mi casa’, ‘no quiero ser una carga para mi familia’, los llantos silenciosos, las miradas sin vida», repasa Nancy en su crudo relato.
Su baja fue tan denigrante como la de Patricia y también por motivos que nada tuvieron que ver con su desempeño. Fue a principios de 1983, supuestamente por robar yerba y azúcar del cuartel. La realidad era otra. Había cometido un pecado capital en el mundo castrense: cuestionar. La acusaron de traición a la patria y la amenazaron con matarla y hacer desaparecer a sus padres.
Hace mucho tiempo lo narró en una entrevista. Indicó: «Había unos containers de los que se bajaba un montón de ropa, golosinas y cigarrillos que habían sido donados. Yo pregunté por qué no estaban en las islas y me dijeron que allá no eran necesarios. Pero cuando empecé a recibir a los chicos, vi el grado de desnutrición que tenían. Eran piel y hueso. Hasta se peleaban por una galletita. Todo eso hizo un crack en mi cabeza y lo comenté. Protesté, insulté, pero en mi alojamiento, entre aspirantes y cabos. Nunca a un superior. Igual me llevaron al director Arieu, junto con otras personas que ni me acuerdo, y me dijeron que cometí traición a la patria y que iban a pensar si me hacían una corte marcial y que me podían fusilar. Me dio mucho miedo. En esa época, además, desaparecía gente. ¡Y yo tenía 18 años recién cumplidos! Así que después de 3 días me prohibieron hablar de esto. Y se dejó correr la voz de que robé yerba y azúcar, algo que era muy común. Después me volvieron a llamar, me dijeron que no me iban a fusilar, me hicieron firmar un montón de papeles y me dijeron que si hablaba de Malvinas, mis viejos iban a desaparecer. Nunca más hablé de la guerra«.

Aclaración: las negritas fueron puestas originalmente por Infobae.

Link a la nota: http://www.infobae.com/2015/05/28/1731513-la-historia-jamas-contada-las-enfermeras-abusadas-la-guerra-malvinas

El proyecto carece de normas operativas, deja todo sujeto a la reglamentación y a la autoridad de aplicación. Los objetivos se perciben para el logro de una buena convivencia, no a partir del logro

Ordenamiento territorial, no solo hay actividades humanas con el entorno si no entre sí y las actividades humanas con impacto sobre asentamientos o comunidades. Participación ciudadana, no es solamente el carácter de ciudadano el que nos permite participar si no el de persona, toda persona tiene derecho a ser consultada (distinto al derecho de opinar).

Link: http://www.ivoox.com/ley-ambiente-agustin-filippi-fundeps-audios-mp3_rf_3034751_…

El mandatario de Córdoba dijo que la planta “fue un error” y cuestionó al Gobierno Nacional sobre la falta de consulta sobre la extensión de su vida útil.

BUENOS AIRES, Argentina – El gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, declaró el 19 de julio en una entrevista radial con LT8 de Rosario, que la Central Nuclear de Embalse “fue un error”, lo que está generando una gran expectativa para la población civil y organizaciones ambientalistas que reclaman un proyecto de desnuclearización de la provincia y que se detenga el funcionamiento de esa planta.

«Nadie quiere tener una central nuclear frente a su casa, aunque nos digan que todo es seguro, que todo es fantástico», expresó el mandatario.

La Central Nuclear Embalse, se encuentra situada en la costa sur del Embalse del Río Tercero, provincia de Córdoba, aproximadamente a 100 Kilómetros de la capital de provincia.

Comenzó a operar en 1984, y llegó al fin de su vida útil en marzo de 2012. Sin embargo continúa en funcionamiento y el Gobierno Nacional tiene la intención de extender su operatividad por 25 años más.

De la Sota cuestionó la falta de consultas del Gobierno Nacional al Provincial. “Tengo entendido que la empresa respectiva que depende del Gobierno habría decidido la re potenciación de la central, alegando que cuesta lo mismo sellarla que re potenciarla por otros 25 años… Habrá que discutir este tema como otros, no creo que se tomen medidas en este final de gobierno», expresó.

Del mismo modo el gobernador también se refirió a cuestiones de seguridad, afirmando que después de Chernóbil y Fukushima, todo lo relacionado con energía nuclear está, por lo menos, bajo cuestionamiento.

Respecto a esta cuestión, el Ministro de Planificación Julio de Vido expresó el año pasado en una conferencia de prensa que el accidente de la planta en Japón, que devino en un tsunami, tuvo las características propias de la sismología de ese país.

“Hubo un accidente que no tiene comparación ni ninguna posibilidad de asimilarse a la situación de Córdoba”, expresó el funcionario público.

Resistencia

Una coalición de organizaciones locales y nacionales conformaron ‘Córdoba no nuclear’ y presentaron, el año pasado, un proyecto de ley provincial para que la central de Embalse cierre definitivamente, ya que la consideran “obsoleta y peligrosa”.

La campaña organizada por la coalición logró reunir 30.000 firmas de cordobeses que apoyan la causa y el texto está esperando ser tratado por los legisladores provinciales.

La coalición Córdoba No Nuclear está integrada por: CEDHA, Eco-Sitio, FUNDEPS, Greenpeace, Fundación Hölderlin, Los Verdes y Tierra Vida.

“Ahora más de 30.000 cordobeses estamos pidiendo el cierre definitivo de la central de Embalse e instamos al Gobernador De La Sota que apoye el debate en la Legislatura para que esto así suceda”, dijo el ecologista Luis Tuninetti, de Eco-Sitio.

Crece la cantidad de ONG en el país. Hay más de 16 mil registradas y otras 80 mil en informalidad. En Córdoba son casi nueve mil las que están en regla. El medio ambiente, los derechos humanos, los animales y la salud son algunos de los temas que más preocupan. ¿Qué impulsa a ser solidarios? Testimonios de los que decidieron no cruzar los brazos.

Luciana tiene 10 años. Camina 
a orillas del río Ceballos, que recorre la ciudad del mismo nombre, mientras sostiene 
una bolsa con botellas de plástico en su mano. Son desechos que el río va dejando a su paso. “Mucha gente viene acá y tira basura. Estamos haciendo una campaña para que no lo hagan más. Creo que pueden cambiar educándose, tomando conciencia”, dice esta pequeña scout que se sumó hace un año a ese grupo, que realiza tareas comunitarias todos los sábados.”A mí me gusta ayudar a los demás, por eso lo hago”, responde feliz.

Así como Luciana, otros niños, jóvenes y adultos aportan su tiempo por una causa que vale la pena. Están los que deciden armar grupos o foros en las redes sociales, los que se juntan en plazas, en su casa u otro lugar, y los que se organizan en una ONG, una organización no gubernamental. Parece que la frase tan repetida “los argentinos somos solidarios” no es sólo eso.

Según Adrián Manzi, psicólogo ­social y estudioso del tema, “el ar­gentino tiene una mirada social para crear situaciones y sortear problemas. La cultura solidaria está arraigada porque es una forma de sobrevivir, 
de estar vinculados. Desde que llegaron los inmigrantes árabes, españoles, italianos, judíos siempre tendieron 
a asociarse.”

Pero, ¿a qué llamamos solidaridad? Para Marco Leone, psicólogo y director de Aprendizaje Para el Cambio (APC) “es el amor por lo que uno no conoce. Uno tiene inquietud de pensamiento y cuidado por lo que conoce, pero también por lo que no conoce. En realidad, la solidaridad es la emoción que hace que el otro me importe aunque no lo conozca ni tenga una relación directa con él”.

La ayuda social aumenta con las ONG. Según el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (Cenoc), dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, existen más de 16 mil ONG registradas, pero hay un sinnúmero de otras que aún no lo están. Según la Afip, se estima que son más de 80 mil.

Sin embargo, paralelamente al crecimiento de estas, y según un estudio de TNS Argentina, la colaboración de los argentinos con las organizaciones y entidades sin fines de lucro disminuyó respecto del año pasado: del 15 por ciento bajó al 13 por ciento, contra el 87 por ciento que no colabora.

Este descenso, dice el informe, puede estar relacionado a una percepción positiva sobre el bienestar social, que se traslada en una falta de involucramiento por parte de la sociedad.

De todas formas, las ganas de ayudar están, porque según TNS Argentina tres de cada 10 argentinos se muestran interesados en participar en tareas voluntarias en los próximos 12 meses (31 por ciento), cifra que más que duplica a la proporción de argentinos que actualmente realizan tareas voluntarias. Y son las mujeres, las que llevan la delantera con el 34 por ciento, contra 27 por ciento de los hombres.

Según la Organización de las Naciones Unidas, una Organización No Gubernamental es cualquier grupo no lucrativo de ciudadanos voluntarios, que esté organizado a nivel local, nacional o internacional, con tareas orientadas y dirigidas por personas con un interés común. Realizan una variedad de servicios y funciones humanitarias, llevan los problemas de los ciudadanos a los gobiernos, supervisan las políticas públicas y alientan la participación de la comunidad.

Están organizadas en torno a determinados objetivos, grupos de personas, o temas tales como los derechos humanos, el medio ambiente o la salud. Funcionan como asociaciones civiles, fundaciones, clubes, bibliotecas populares, centros de jubilados, cámaras, federaciones, cooperadoras, entre otras. El campo de acción de una ONG puede ser local, nacional o internacional. Una de las más antiguas es La Cruz Roja, fundada en 1863.

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Link:
http://www.lavoz.com.ar/temas/solidarios-en-accion