FUNDEPS participa en Cartagena + 30 sobre refugiados

Con motivo del 30º aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, se inició este año en Latinoamérica, el proceso de “Cartagena +30”. FUNDEPS está contribuyendo en la redacción de la Declaración Académica de Cartagena +30, que plasmará la postura del sector académico sobre la situación del refugio en la región.

En este proceso, se busca fortalecer el marco legal internacional de protección a refugiados. Entre los lineamientos propuestos desde el área de Derechos Humanos de FUNDEPS, se encuentra la necesidad de contemplar nuevas causales de refugio, como los problemas ambientales; la incorporación de la perspectiva de género en los documentos regionales; y la importancia de crear redes de trabajo entre el sector académico y la sociedad civil, para darle utilidad práctica a los conocimientos generados.

El “refugio” es una institución creada luego de la Segunda Guerra Mundial, a los fines de otorgar protección internacional para las personas, que por temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera de su país o no quieran acogerse en la protección del mismo. La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967, adoptadas en el marco de Naciones Unidas, legislan a nivel internacional la cuestión del refugio.

La Declaración de Cartagena, fue firmada por algunos países de América Latina en 1984, en el contexto de conflictos centroamericanos que generaron grandes flujos de migrantes forzados. Esta declaración, además de su importancia para la región latinoamericana, marca un cambio a nivel internacional por la ampliación de los motivos por los cuales una persona puede ser considerada refugiada, incluyendo así a los conflictos internos, la intervención extranjera, la violencia generalizada, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que alteren gravemente el orden público. De este modo, se agregan causales para que una persona pueda ser receptora de protección internacional y ayuda humanitaria.

A 30 años de ese hito, el objetivo del proceso es elaborar documentos de discusión que esbocen el progreso, los desafíos y oportunidades de la región; organizar discusiones subregionales, a nivel gubernamental, la sociedad civil y la academia; establecer el apoyo político de los gobiernos americanos e identificar posibles socios entre las instituciones regionales y la sociedad civil. Además, se busca establecer un comité de especialistas que actúen como consultores del proceso conmemorativo e identificar grupos de apoyo, incluyendo donadores y otras fuentes de financiamientos. Todo esto, orientado a aportar datos para la redacción de un documento consolidado, que se presentará en un evento conmemorativo final a nivel ministerial. Este evento, culminará con la adopción de una nueva declaración y un plan de acción.

Cartagena +30 tiene sus antecedentes, que derivaron en la adopción de dos documentos, uno en 1994 y otro en 2004: la  Declaración de San José sobre refugiados y personas desplazadas y la Declaración y Plan de Acción México para fortalecer la protección internacional de los refugiados en América Latina, respectivamente.

FUNDEPS participa activamente en la redacción de la Declaración Académica de Cartagena + 30, junto con universidades, profesores y académicos de la región. Esta declaración, será presentada a fines de Octubre en la Universidad Católica de Santos, en Brasil. La Declaración Académica se enmarca entre los documentos que tienen que plasmar los desafíos y oportunidades regionales, así como aportar datos, que se destinarán luego a la cumbre ministerial.

Más información:

– ACNUR Cartagena +30

Contacto:

– Carolina Tamagnini

carotamagnini@fundeps.org

Organizaciones de la sociedad civil reclaman al BID un proceso de consulta pública efectivo y participativo para la segunda fase de revisión del MICI

Más de 20 organizaciones de diferentes países del mundo reclaman al Banco que la segunda fase de revisión del MICI contemple un plazo de tiempo adecuado (no menor a 60 días) para suministrar comentarios y sugerencias a la versión preliminar de la Política modificada; reuniones presenciales y/o videoconferencias en países de la región que aseguren una participación informada; y una convocatoria amplia y descentralizada, que asegure la correcta participación de todas las comunidades e individuos que tienen interés en el Mecanismo.

El pasado lunes 07 de julio de 2014, un conjunto de más de 20 organizaciones de diferentes países del mundo, entre ellas FUNDEPS, enviaron una carta destinada al Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y a los Directores Ejecutivos de la Institución. El motivo fue expresar la preocupación existente por parte de la sociedad civil en torno al futuro del mecanismo de queja del Banco: el MICI (Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación), el cual se encuentra actualmente en un proceso de revisión.

El MICI, que reemplazó en el año 2010 al fallido e ineficiente Mecanismo Independiente de Investigación (MII), es el mecanismo de rendición de cuentas para las operaciones financiados por el BID. Por lo tanto, busca responder las inquietudes de individuos o comunidades afectadas por proyectos financiados por el Banco y que deciden anteponer una queja ante Mecanismo; y a su vez, busca mejorar los resultados sociales y ambientales de las operaciones del Banco. De allí la importancia de este mecanismo dentro del entramado institucional del BID.

Si bien la creación del MICI fue bien recibida por la sociedad civil y constituyó un claro avance en materia de transparencia y rendición de cuentas del Banco, aún existen materias pendientes para que logre constituirse en un instrumento realmente efectivo para las comunidades afectadas. En ese sentido, el proceso de revisión del MICI que decidió llevar adelante el Banco a mediados de 2013 y que, tras una serie de demoras, iniciará en las próximas semanas su segunda fase de consultas públicas, resulta una oportunidad clave para fortalecer el Mecanismo y procurar una mayor efectividad en su funcionamiento.

Sin embargo, ha circulado la información de que el Banco está contemplando, para esta segunda fase, una consulta de apenas 30 días de plazo, limitando la recepción de comentarios a la vía electrónica únicamente y sin considerar la organización de reuniones presenciales y/o videoconferencias en países de la región, que aseguren una participación informada y efectiva, lo cual resulta preocupante. Más aún si se tiene en cuenta la importancia de que participen del proceso de consulta quienes son los verdaderos destinatarios de este Mecanismo: afectados o potencialmente afectados por proyectos del Banco, muchos de las cuales carecen de acceso a Internet o a medios electrónicos.

En consecuencia, las organizaciones firmantes de la carta plantearon la necesidad de que la Administración y el Directorio Ejecutivo del Banco promuevan, para la segunda fase de la revisión, un proceso de consulta pública efectivo y participativo, que contemple:

  • Un plazo de tiempo suficiente, no menor a 60 días, para suministrar comentarios y sugerencias a la versión preliminar de la Política modificada;
  • Reuniones presenciales y/o videoconferencias en países de la región que aseguren una participación informada.
  • Una convocatoria amplia y descentralizada, que asegure la correcta participación de todas las comunidades e individuos que tienen interés en el Mecanismo, incluso comunidades e individuos que hayan recurrido al Mecanismo en el pasado.

FUNDEPS participará con sus aportes en esta segunda fase de consulta procurando el fortalecimiento del MICI y una mayor efectividad en su funcionamiento.

Más información:

– Carta de OSCs – Consideraciones en torno a la Segunda Fase de revisión del MICI

– Web oficial del proceso de revisión del MICI que está llevando a cabo el BID

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Avances positivos en la nueva Ley Ambiental de la Provincia aunque con un cierre poco transparente

En la noche del miércoles 11 de Junio se aprobó la ley de ambiente de la Provincia de Córdoba. Se hicieron mejorías respecto de la anterior versión pero el proyecto final sólo se conoció en la noche del martes.

La Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó en la noche del miércoles 11 de Junio la ley 13428, denominada Ley de Política Ambiental Provincial. La discusión incluyó un proceso participativo y abierto en el que numerosas personas e instituciones hicieron llegar sus aportes a la discusión, entre ellas FUNDEPS, a través de un documento de trabajo con observaciones críticas al proyecto. Sin embargo, este proceso se vio debilitado por un cierre en el que proyecto final no se hizo público hasta luego de ser aprobado.

En términos generales, la versión aprobada de la ley tiene muchos avances sustantivos respecto a su anterior versión. Principalmente, se acerca más a los estándares de protección de la Ley General del Ambiente de la Nación, que constituye un piso mínimo de protección ambiental. Así, se mejora las posibilidades de complementación entre los diferentes niveles.

Sin embargo, el proceso abierto y participativo concluyó con una aprobación acelerada de la ley, cuya versión final sólo se hizo conocer en la noche del martes y es por esto que desde FUNDEPS reclamamos que exista un adecuado proceso, transparente y participativo, que implique no sólo escuchar otras opiniones, sino proveer adecuada información en todas las instancias del proceso de toma de decisión. En ese marco, solicitamos que se respete el derecho a la protesta de las personas que hicieron llegar el reclamo de mayor transparencia para la aprobación de esta ley. Condenamos la violencia en todas sus formas.

Algunos de los aspectos positivos de la nueva ley incluyen los siguientes:

  • Ordenamiento Ambiental del Territorio, proceso participativo, que debe ser convocado dentro de un plazo cierto desde la sanción de la ley y debe ser elevado a la Legislatura para su aprobación parlamentaria.
  • Estudio de impacto ambiental debe ser de carácter interdisciplinario y presentado en una sola y única vez, y se establecen los requisitos . Aquel que resulte rechazado no puede reiterarse.
  • Obligatoriedad de las audiencias públicas en las Evaluaciones de Impacto Ambiental, institutos de participación ciudadana y control estatal respectivamente, que están detalladamente regulados sus procedimientos.
  • Creación y ampliación del Fondo de protección ambiental, sostenimiento del Plan ambiental territorial y los planes estratégicos ambientales.
  • Elaboración de Planes quinquenales de salud y ambiente, a cargo de los Ministerios de Ambiente y de Salud, con la participación de organizaciones académicas y científicas.
  • Recomendación para promover en el ámbito del Ministerio Público Fiscal la creación de Fiscalías ambientales a los efectos de practicar la investigación penal preparatoria en aquellos delitos en que se atente contra el medio ambiente.
  • Creación del Consejo de Desarrollo Sustentable, en el cual tendrán representación proporcional los municipios y comunas.
  • Facultad indelegable del Estado para el control y evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental.
  • Cambio de anexo (II a I) de los proyectos vinculados a la Industria química y desmontes de bosques protectores y permanentes, que deben tener obligatoriedad de EIA y audiencia pública.
  • Inclusión de grandes semilleras y feedlots entre las actividades que deben cumplir con evaluaciones de impacto ambiental.

Asimismo, los aspectos negativos son los siguientes:

  • No existe una guía de confección de Estudios de Impacto Ambiental en anexo.
  • No hay un régimen claro de sanciones y sistema de responsabilidad.
  • El régimen de convocatoria a la Consulta Popular Ambiental es discrecional de los órganos políticos, a pesar de que se establece la posibilidad de que la promueva la población del área potencialmente afectada.
  • No se estableció un deber de publicar un informe ambiental anual, equivalente a la obligación a nivel nacional.
  • Atribución facultativa de la Autoridad de Aplicación para la instrumentación de la evaluación de impacto en salud.
  • No hay lineamiento para asegurar una asignación presupuestaria adecuada para esta ley.

Desde FUNDEPS se continuará analizando esta nueva normativa y se trabajará para asegurar su implementación efectiva, que asegure el respeto de los derechos a un ambiente sano y a la salud.

Más información:

– Documento de – trabajo: «Contribuciones al debate del Proyecto de Ley de Política Ambiental Provincial de Córdoba».

Contacto: 

Agustín Filippi – Área de Derechos Humanos

info@fundeps.org

Continúa el tratamiento del proyecto de ley de política ambiental en la Legislatura Provincial

FUNDEPS participó de una nueva reunión de la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura de la Provincia, donde se discutió especialmente sobre mecanismos de participación en el Proyecto de Ley General del Ambiente de la Provincia.

En el marco del tratamiento parlamentario del proyecto de política ambiental impulsado por el Poder Ejecutivo, y en el que FUNDEPS ha venido participando, el día 20 de Mayo se convocó a una nueva reunión de la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura de la Provincia. En este caso, la audiencia se realizó para que los diferentes bloques partidarios expusiesen lo que vienen trabajando en relación al Proyecto, y presentasen sus propuestas acerca de los principales instrumentos de política ambiental que se regularían en el texto normativo en debate.

El eje central de la reunión fue la discusión sobre la institución de la participación ciudadana, su alcance en materia ambiental, y su progresiva importancia desde la reforma constitucional del año 1994. El debate se centró respecto a qué mecanismos de participación deberían establecerse en el nuevo texto legal, quién tiene la potestad y el deber de convocarlos, quiénes están legitimados para solicitarlos, quiénes son los destinatarios de tales medidas de participación, en qué casos, para qué clase de proyectos productivos y/o económicos, cómo sería el funcionamiento de los mismos, qué efectos jurídicos producirían, en qué marco se insertan, cómo dialogan y se complementan con otros instrumentos de política y gestión ambiental. En fin, cuestiones sumamente relevantes a la hora de trazar políticas públicas en el territorio, teniendo en cuenta la conflictividad social creciente a nivel provincial.

Los instrumentos de participación ciudadana que se mencionaron, y que muchos de ellos ya están contemplados tanto en leyes nacionales como provinciales, fueron el acceso irrestricto a la información, la obligación tanto de las autoridades públicas como de las empresas privadas de dar a conocer y difundir públicamente información completa y veraz sobre el proyecto u obra a desarrollarse, las encuestas a la población, la consulta previa mediante la organización de talleres en los barrios o localidades que podrían verse afectados por la ejecución de actividades de impacto ambiental relevante, la audiencia pública como instancia de dialogo entre las autoridades y los ciudadanos, y la consulta popular como un mecanismo innovador a nivel provincial.

El principal foco de disputa política fue la definición acerca de la consulta popular, en qué consiste, qué implica y qué efectos produce, a pesar de lo que ya norma la ley 7811 del año 1989. El representante del bloque del Frente Cívico, Santiago Clavijo, expresó que se debería legislar sobre la consulta popular vinculante para la autorización de proyectos de alto impacto ambiental, contemplados en el anexo I del decreto reglamentario 2131/00 de la ley 7343, en el contexto del procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental. La legisladora Cintia Frencia, del Frente de la Izuierda y los Trabajadores (FIT), aclaró que el llamado a consulta popular no equivale a prohibición de determinadas actividades, sino que se someten también a la decisión de la población, además de los requisitos legales que debe cumplir el emprendimiento. En el mismo sentido, Alfredo Leytes, también del FIT, sostuvo que la población, en la mayoría de los casos, recibe positivamente el arribo de actividades productivas, dado que ofrecen puestos de trabajo y desarrollo a la comunidad, mientras no traiga perjuicios mayores. Dante Heredia, presidente de la Comisión, y representante del bloque oficialista Unión por Córdoba, consideró excesivo e inflexible el criterio de legislar una consulta popular vinculante.

Los ejemplos que más se han mencionado desde el inicio de las conversaciones legislativas, y que han cobrado importancia práctica para el tratamiento del proyecto de ley, son la fábrica de Porta de Biocombustibles, su localización en el ejido urbano y los impactos negativos que viene generando sobre los barrios lindantes, y el conflicto por la radicación de la planta acondicionadora de semillas de la empresa Monsanto SAIC, que ha despertado múltiples controversias de orden científico, numerosas resoluciones judiciales e incertidumbre sobre su licencia social ambiental para localizarse.

Se espera que en el mes de junio pueda elevarse el proyecto de ley para ser sometido a votación en la unicameral, si es posible un único proyecto consensuado por todos los bloques políticos. En este marco, desde FUNDEPS abogamos por establecer los estándares más altos posibles para asegurar la efectiva vigencia del derecho a la participación ciudadana, especialmente de aquellos directamente afectados por decisiones públicas como las que se mencionaron en este debate. Por ello, recordamos nuestra preocupación por la restricción al principio de participación ciudadana a través de condicionamientos que dependen de la discrecionalidad de la Autoridad Ambiental, tal como dejamos claro en nuestro documento “Contribuciones al Debate del Proyecto de Ley de Política Ambiental Provincial de Córdoba”.

Más información:

– Documento de trabajo: «Contribuciones al debate del Proyecto de Ley de Política Ambiental Provincial de Córdoba».

Contacto: 

Agustín Filippi – Área de Derechos Humanos

agustinfilippi@fundeps.org

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Discusiones en Argentina respecto de un tratado de empresas y derechos humanos

El Director de Derechos Humanos de Cancillería recibió a representantes de la sociedad civil para dialogar sobre la posición de Argentina en la próxima sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El Director General de Derechos Humanos de Cancillería, el Ministro Federico Villegas Beltrán, recibió el pasado lunes a un grupo de representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil para dialogar sobre la actuación de Argentina en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Durante el mes de Junio el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibirá los informes realizados por el Comité Asesor de Derechos humanos y Empresas, y se debatirá la posibilidad de avanzar hacia un instrumento internacional que regle la responsabilidad de las empresas en materia de Derechos Humanos. Junto a una coalición de organizaciones de la sociedad civil, FUNDEPS envió al Canciller Héctor Timerman una carta solicitando que en las próximas sesiones del Comité se respalde la elaboración de un tratado internacional sobre la materia.

Actualmente numerosas empresas comerciales están directa o indirectamente vinculadas a una serie de abusos y violaciones a los derechos humanos en distintas partes del mundo. Existe además una profunda preocupación por la forma en que se ven afectados los derechos de los sectores de trabajo más vulnerables: mujeres, jóvenes, personas en situación de pobreza, campesinos y pueblos indígenas, niñas y niños, entre otros. Asimismo, se ha registrado un importante aumento de los ataques, persecuciones, intimidaciones y restricciones a las defensoras y defensores de los derechos humanos, tanto a miembros de organizaciones de la sociedad civil, como de sindicatos y representantes de los pueblos indígenas.

En el marco de las Naciones Unidas el vínculo entre empresas y Derechos Humanos se encuentra regulado por tres pilares fundamentales: el deber de protección de los estados frente a los abusos de Derechos Humanos cometidos por terceros, el deber de las empresas de respetarlos y su correlativa responsabilidad, y el acceso a de las víctimas a la justicia, para alcanzar una efectiva reparación. Sobre estos pilares se han desarrollado los Principios Rectores y otras normas como las directrices OCDE, y el marco de sostenibilidad y estándares de desempeño de la CFI.

Normas de este tipo aparecen no sólo en regulaciones autónomas sino también en leyes ambientales, de defensa del consumidor, de protección laboral y de lucha contra la corrupción. Sin embargo, los estudios muestran que aunque hay un gran número de normas que directa o indirectamente regulan el deber de debida diligencia empresarial, en la práctica no se ejecutan o se no se aplican plenamente.

La Treaty Alliance

Frente a este panorama existe un movimiento que reclama elevar el nivel de compromiso, evolucionando de los principios rectores del 2011 a un tratado vinculante sobre responsabilidad empresarial en Derechos Humanos. Un tratado que pueda garantizar la aplicación de las obligaciones sobre Derechos Humanos a las operaciones de las empresas, así como las obligaciones de monitoreo y regulación a las corporaciones, de proveer remedios efectivos a las personas afectadas por violaciones por parte de las empresas y de generar mecanismos internacionales de control e implementación.

La Treaty Alliance ha elaborado una declaración en este sentido, que ya ha sido firmada por más de 400 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas quienes acercaron la comunicación formal a la Cancillería de Argentina.

La visión de Cancillería

Durante la reunión, el Ministro Federico Villegas Beltrán se manifestó a favor de los beneficios que podría reportar un instrumento como el que se reclama. Argentina es pionera en esta materia y está produciendo jurisprudencia de avanzada al respecto con los últimos juicios sobre responsabilidad empresaria en crímenes de lesa humanidad, como es caso de la azucarera Ledesma o las automotrices Ford y Mercedes Benz. Sin embargo el ministro se mostró prudente y mencionó la importancia de establecer objetivos progresivos, que permitan alcanzar el consenso de los países donde se concentran los capitales de la mayoría de las grandes empresas. Con todo, la participación Argentina en el concejo trabajará para alcanzar el consenso necesario para avanzar elevar el nivel de compromiso de los estados con los Principios Rectores.

Desde FUNDEPS, se continuará trabajando para promover el establecimiento de marcos legales que hagan exigibles los derechos humanos no sólo a frente a los Estados sino también frente a instituciones como las empresas, cuyo poder e impacto ha ido creciendo en los últimos tiempos.

 

Más información:

Carta a Cancillería – Derechos Humanos y Empresas – 20 de mayo de 2014

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Declaración por el Día Mundial sin Tabaco

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco que se celebra cada 31 de mayo, FUNDEPS comparte una declaración firmada por diferentes organizaciones de salud para promover un mejoramiento de políticas de control de tabaco y protección de la salud, en particular respecto del uso de políticas impositivas.

El Día Mundial Sin Tabaco es promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para resaltar los daños a la salud que genera el consumo de tabaco. Tal como informa la OMS, la epidemia mundial del tabaquismo mata cada año a casi 6 millones de personas, de las cuales más de 600 000 son no fumadores que mueren por respirar humo ajeno. De no cambiar los marcos de regulación, la epidemia matará a más de 8 millones de personas al año de aquí a 2030. Más del 80% de esas muertes evitables se producirán entre las poblaciones de los países de ingresos bajos y medianos.

Según el Ministerio de Salud de Argentina, la epidemia del tabaquismo afecta en Argentina a casi 9.000.000 de personas. El consumo de tabaco es la primera causa evitable de muerte prematura: produce más de 40.000 muertes anuales. De acuerdo al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, nuestro país gasta cada año más de 20.000 millones de pesos en atender las enfermedades que provoca la adicción al tabaco y 6.000 personas que no fuman mueren como consecuencia de la exposición al humo de tabaco ajeno.

Ante esta situación, desde FUNDEPS resaltamos que la protección de la salud frente a la epidemia de tabaquismo es una obligación de derechos humanos, tal como lo demuestran las recomendaciones realizadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este sentido, en la última revisión al estado de cumplimiento de las obligaciones de Argentina, el Comité realizó recomendaciones específicas vinculadas al control de tabaco y protección de la salud.

En este año 2014 el objetivo del Día Mundial sin Tabaco es alentar a los gobiernos a que aumenten los impuestos. En nuestro país, los cigarrillos son unos de los más baratos y accesibles del continente y del mundo, lo cual es una de las principales causas del alto índice de tabaquismo del país. De acuerdo a investigaciones de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, “mientras que a mitad de 2005, adquirir 100 paquetes de cigarrillos insumía el 42% del sueldo promedio de los argentinos; a mediados de 2013, solo era necesario el 22% del salario promedio para adquirir la misma cantidad de paquetes”.

Por ello, numerosas organizaciones de la sociedad civil han realizado una declaración en la que se solicita “a las autoridades del Estado Argentino la pronta implementación de una política fiscal que aumente el precio real y reduzca de manera sostenida la asequibilidad de los productos de tabaco con el propósito de reducir su consumo y mejorar la salud pública.” Al mismo tiempo, se mantiene el reclamo de la ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco, ya que Argentina es uno de los pocos países de la región que aún no ha ratificado ese instrumento internacional.

Más información:

– Declaración Día Mundial sin Tabaco 2014 – Argentina

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FUNDEPS co-organiza taller regional sobre tendencias del financiamiento en infraestructura en América Latina

FUNDEPS estuvo presente en la reunión que discute el proyecto de política ambiental convocada por la Comisión Conjunta de la Legislatura de Córdoba. Documento de trabajo detallando observaciones y críticas centrales al proyecto de ley.

Los días 24 y 25 de abril pasados se llevó a cabo, en la ciudad de Lima (Perú), el taller regional “Tendencias de las inversiones de infraestructura en la región: Cambio Climático y Gobernanza”, cuyo objetivo consistió en conocer y debatir el impacto económico y socioambiental de las inversiones en infraestructura financiadas por la banca multilateral y los bancos nacionales de desarrollo en América Latina. El Evento fue organizado por AAyS (Asociación Ambiente y Sociedad) de Colombia; CDES (Centro de Derechos Económicos y Sociales) de Ecuador; CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario) de Bolivia; DAR (Derecho Ambiente y Recursos Naturales) de Perú; IBASE (Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos) de Brasil; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación de México y FUNDEPS (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables) de Argentina.

El primer día del evento estuvo dedicado a la presentación de trabajos y publicaciones de diferentes organizaciones de la región que se han venido realizando en el transcurso de los últimos meses y que abordan desde diversas temáticas, el panorama actual existente en la región en materia de gobernanza y financiamiento en infraestructura; salvaguardias socioambientales y derechos humanos; y cambio climático. De esta manera, las presentaciones giraron en torno a megaproyectos de infraestructura en la Amazonía, el financiamiento de infraestructura por parte de la banca multilateral y los bancos de desarrollo nacionales, las inversiones chinas en la región, el financiamiento en Cambio Climático y los procesos de participación ciudadana en espacios como la UNASUR o el BNDES, entre otros temas. A su vez, se dedicó un espacio para la discusión en torno a la estrategia a adoptar por parte de la sociedad civil latinoamericana en relación a la próxima COP-20 (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) a realizarse justamente en la ciudad de Lima en el mes de diciembre de este año.

De este modo quedó plasmado el complejo panorama que presenta el financiamiento en infraestructura en la región:

  • Multiplicidad de actores involucrados, ya sean bancos multilaterales internacionales como el Banco Mundial o regionales como el BID y la CAF; bancos de desarrollo nacionales como el BNDES de Brasil;
  • Foros o espacios más globales, como el G-20, los BRICS o la misma UNASUR, a través de su Consejo de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) encargado de implementar en la región la criticada Iniciativa IIRSA.
  • Creciente inversión china en la región
  • Mayor participación del sector privado de manera directa o a través de Asociaciones Público-Privadas.
  • Procesos de debilitamiento de salvaguardias ambientales por parte de las principales instituciones que brindan financiamiento
  • Falta de cumplimiento efectivo y garantía de los derechos humanos por parte de los Estados al impulsar proyectos de desarrollo.

En el segundo día del evento la agenda se centró en una actividad en calidad de taller donde los participantes, provenientes de diversas organizaciones y redes de la sociedad civil de la mayor parte de los países de la región, se dedicaron a identificar prioridades de trabajo y a avanzar en la construcción de una agenda de estrategias y acciones articuladas a nivel regional que permitan encarar de manera efectiva un panorama tan complejo y preocupante como el mencionado.
El taller de Lima comprende un importante paso en búsqueda de una mayor articulación y coordinación entre las diversas organizaciones de la región que permita incidir de manera efectiva sobre procesos que resultan imposibles de encarar de manera individual. En ese sentido, se invita a todas aquellas organizaciones interesadas, a sumarse en este proceso de articulación y trabajo colectivo tendiente a promover un modelo de desarrollo más sustentable, participativo y respetuoso de los derechos humanos para nuestra región.

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Comentarios al proyecto de ley de política ambiental de Córdoba

FUNDEPS estuvo presente en la reunión que discute el proyecto de política ambiental convocada por la Comisión Conjunta de la Legislatura de Córdoba. Documento de trabajo detallando observaciones y críticas centrales al proyecto de ley.

En el marco del tratamiento parlamentario del proyecto de política ambiental impulsado por el Poder Ejecutivo, la Comisión Conjunta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba convocó a las organizaciones sociales ambientales de Córdoba el día viernes 11 de abril del corriente año, para que participen en el debate y acerquen sus posiciones y consideraciones respecto al proyecto en cuestión. FUNDEPS estuvo presente en la reunión, expuso los argumentos y críticas centrales al proyecto de ley ambiental, y acompañó un documento elaborado por el Área Legal de Derechos Humanos.

La Comisión Conjunta encargada del tratamiento del proyecto de ley está integrada por las comisiones de Asuntos Ecológicos, de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, y de Industria y Minería. En la reunión participaron más de 15 organizaciones ambientales y sociales, muy representativas de todo el territorio de la provincia, entre ellas mencionamos a la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, la Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA), la Red Universitaria de Ambiente y Salud-Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Colectivo Paren de Fumigar, Casa Córdoba Asamblea Socioambiental, Organización Nación Mapuche, y asambleas y vecinos de Candonga (Chavascate), de Barrio San Antonio, de Villa Giardino, de Río Ceballos, de Juárez Celman, de San Marcos Sierras, Capilla del Monte, Río Cuarto, de Punilla.

El rechazo al proyecto de ley provincial ambiental fue absoluto y unánime. El proyecto bajo tratamiento adolece de severas imperfecciones desde el punto de vista de técnica jurídica y legislativa, a la vez que transgrede terminantemente los principios de progresividad, congruencia y de precaución en materia ambiental. Por ello y en base a un análisis técnico jurídico que desarrollamos en un documento de trabajo, desde Fundeps solicitamos la revisión íntegra del mismo, o bien la elaboración de un nuevo cuerpo normativo que contemple y respete la legislación ambiental nacional y que profundice la protección ambiental a nivel provincial.

En líneas generales, el proyecto no respeta los presupuestos mínimos establecidos en la Ley Nacional General el Ambiente Nº 25675, e incumple la función complementadora y maximizadora que se propone alcanzar como texto de actualización normativa ambiental. De este modo, entendemos que es contrario al orden público constitucional ambiental. Desde FUNDEPS, basándose en el documento de análisis correspondiente, se argumentó que “el proyecto carece totalmente de normas operativas, es decir, deja todo sujeto a la reglamentación y a lo que la autoridad de aplicación resuelva o determine en su momento. Justamente, desnaturaliza los principios que atañen a la materia ambiental que la Ley General del Ambiente y otras leyes de presupuestos mínimos ambientales disponen de forma operativa y con carácter de orden público en cuanto a las normativas ambientales. Acá habría como una especie de carencia de complementariedad o de maximización que debería tener como ley provincial que viene a complementar los presupuestos mínimos ambientales de la ley nacional”. (1)

Los institutos claves de la política ambiental como la evaluación de impacto ambiental, la participación ciudadana, el ordenamiento territorial, la información ambiental, el control y fiscalización, resultan en el proyecto deficientes, con una redacción ambigua que los tornan susceptibles de arbitrariedades por parte de las operadores y ejecutores públicos y privados, y son claramente insuficientes como estándares básicos que se proponen, violatorios del texto nacional de presupuestos mínimos ambientales. Para el análisis pormenorizado de su articulado, recomendamos la lectura del documento de análisis desarrollado por FUNDEPS.

(1)Versión taquigráfica de la reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Industria y Minería. Córdoba, 11 de abril de 2014.

Información:

– Documento de trabajo: «Contribuciones al debate del Proyecto de Ley de Política Ambiental Provincial de Córdoba».

Contacto: 

Agustín Filippi – Área de Derechos Humanos

agustinfilippi@fundeps.org

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Implementación de una Política de Acceso a la Información para el BNDES

Organizaciones de la Sociedad Civil de la región publican un documento que demanda la adopción de una Política de Acceso a la Información por parte del Banco.

En el marco del trabajo realizado en pos de transparentar las actividades del BNDES,  FUNDEPS junto a un grupo de organizaciones y redes de trabajo pertenecientes a diferentes países latinoamericanos publicaron recientemente el documento Lineamientos para la Discusión: Implementación de una Política de Acceso a la Información para el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES).

Esta publicación fue presentada en el mes de noviembre de 2013 en un taller internacional de la sociedad civil sobreTransparencia en el BNDES, realizado en la ciudad de Brasilia. La investigación se realizó con el objetivo de servir como insumo para las futuras acciones de incidencia y trabajo conjunto entre la sociedad civil latinoamericana y el Banco, en un momento en que la Institución ha comenzado a dar incipientes pero prometedores pasos en materia de transparencia y participación social.

El documento está estructurado en dos secciones: la primera exhibe los argumentos (y los posibles beneficios) por los cuáles se hace necesario que el Banco adopte una Política de Acceso a la Información específica; y presenta una serie de justificativos para explicar los motivos que suele utilizar el para restringir la información, como el Secreto Bancario o la Soberanía de los Estados, por ejemplo. La segunda sección contiene específicamente una Política Modelo de Acceso a la Información para el Banco, estableciendo principios, garantías y mecanismos para asegurar la transparencia en la institución.

Juan Carballo, Director Ejecutivo de FUNDEPS, resaltó la importancia de este tipo de documentos e indicó que “la adopción de una Política de Acceso a la Información con las características reflejadas en esta publicación constituye un requisito necesario y fundamental no sólo para garantizar que el BNDES brinde información completa en tiempo y forma acerca de los proyectos que financia en la región, sino también para que adopte un régimen de salvaguardias ambientales y sociales robusto y efectivo. Actualmente, existen reclamos en gran parte de los proyectos en los que el Banco se ve involucrado por sus fuertes impactos a nivel social y ambiental. De allí que es necesario asegurar que estos proyectos puedan efectivamente promover el desarrollo, y que lo hagan en un marco de transparencia».
La publicación es el resultado del trabajo colectivo realizado por las siguientes organizaciones: Asociación Ambiente y Sociedad – AAS (Colombia); Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES (Ecuador); Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA (Bolivia); Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia – CIDOB (Bolivia); Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA (Regional); Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR (Perú); Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos – FOCO (Argentina); Forum Solidaridad Perú (Perú); Fundación Ambiente y Recursos Naturales – FARN (Argentina); FUNDAR Centro de Análisis e Investigación (México); Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables – FUNDEPS (Argentina); Instituto Brasilero de Análisis Sociales y Económicas – IBASE (Brasil); Instituto de Estudios Socio Económicos – INESC (Brasil); y la Red Jurídica Amazónica – RAMA (Regional).
Contacto: 

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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FUNDEPS participó en una delegación de incidencia sobre representantes europeos del Banco Mundial

La delegación de la sociedad civil mantuvo reuniones en diferentes ciudades europeas con funcionarios gubernamentales y delegados del Banco Mundial en el marco del proceso de revisión de salvaguardias de la Institución.

Entre el 10 y el 18 de marzo, FUNDEPS formó parte de una delegación de la sociedad civil conformada por representantes de organizaciones de Sudamérica, Centroamérica y África, y respaldada por el Centro de Información Bancaria (BIC, por sus siglas en inglés). La misma viajó a diferentes ciudades europeas (Londres, Bruselas, La Haya y París) con el fin de participar en una serie de reuniones de trabajo e incidencia en el marco del proceso de revisión de las salvaguardias ambientales y sociales que está llevando a cabo actualmente el Banco Mundial. Estas últimas consisten en una serie de reglas y procedimientos que deben cumplir tanto el Banco como los países prestatarios a la hora de solicitar financiamiento de la Institución, y que buscan garantizar que las operaciones financiadas por la misma no traigan aparejados impactos sociales y/o ambientales en los lugares donde se desarrollan. (Ver Políticas de salvaguardia del Banco Mundial)

En el proceso de revisión de salvaguardias sociales y ambientales existen dos posiciones opuestas. Por un lado, organizaciones de la sociedad civil buscan elevar estos estándares para asegurar que las operaciones del Banco Mundial respeten derechos humanos y garanticen la protección del ambiente. Y por otro lado, el Banco busca mejorar su competitividad frente a otras instituciones financieras que apoyan cada vez más grandes proyectos.

Además de mantener reuniones particulares con funcionarios de gobierno, representantes y Directores Ejecutivos europeos del Banco Mundial; la delegación participó en reuniones y talleres internos de la sociedad civil, entre ellas la reunión internacional de EuroIFInet realizada los días 12 y 13 de marzo en la ciudad de Bruselas. En dichas reuniones se puso énfasis, entre otras cosas, en la necesidad de que las salvaguardas adopten las normas y estándares internacionales más altos y cubran todas las operaciones del Banco de manera integral.

“El objetivo principal de la participación de FUNDEPS en esta delegación, fue transmitir a los representantes del Banco y funcionarios europeos las preocupaciones y visiones que hay desde América Latina respecto al proceso de revisión de las salvaguardias de la Institución. Entre estas preocupaciones se destaca, sobre todo, la posibilidad de que el marco de salvaguardias del Banco Mundial se vea diluido o debilitado, para facilitar la aprobación del financiamiento a proyectos y, de esta manera, recuperar parte del terreno que el Banco Mundial viene perdiendo frente al aumento de inversiones de nuevos bancos de desarrollo  que cuentan con regímenes de salvaguardias menos estrictos (o que directamente carecen de los mismos), como el BNDES, la CAF o el Banco de Desarrollo de China (CDB), por ejemplo. Recordemos que gran parte de los proyectos financiados por este tipo de instituciones provocan fuertes impactos sociales y ambientales en los países donde se desarrollan. De allí la importancia que adquiere un marco de salvaguardias robusto y efectivo para poder garantizar los derechos humanos y la protección del medio ambiente”, señaló Gonzalo Roza, Coordinador del Programa de Gobernabilidad Global de FUNDEPS.

Cabe destacar que una potencial dilución de las salvaguardias del Banco Mundial tendría un efecto negativo para la sociedad civil latinoamericana, no sólo en relación a los proyectos financiados por el mismo Banco Mundial en la región, sino también respecto del financiamiento de otras instituciones como las mencionadas previamente, ya que por lo general, el Banco Mundial es visto como el “modelo a seguir” por otras instituciones financieras.

En ese sentido, resulta importante que la sociedad civil haga oír fuerte su voz en este proceso de revisión reclamando al Banco Mundial la adopción de salvaguardias aún más robustas y abarcativas que las existentes, incluyendo temas que hasta el momento no son contemplados por las salvaguardias actuales, como Derechos Humanos o Cambio Climático, por mencionar algunos.

Para mayor información:

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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En una reunión en la que se excluyó a la sociedad civil, el BID realiza cambios en su estructura

Sin la participación de la sociedad civil, la Asamblea de Gobernadores del BID decidió aprobar una histórica reestructuración de la institución con el objetivo de consolidar sus actividades con el sector privado.

En el marco de la Reunión Anual 2014 de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizada los días 27 y 30 de marzo en la ciudad de Bahía, Brasil, los gobernadores del Banco (ministros de Hacienda/Economía, presidentes de bancos centrales y altos funcionarios públicos de los países miembros) decidieron aprobar una profunda reestructuración interna que apunta a ampliar y mejorar la atención al sector privado.

A partir de la reestructuración aprobada en Bahía, “toda la relación del Banco con el sector privado será asumida por la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), que estamos llamando ‘New Corp’, o ‘Nueva Corporación’, que asumirá en la práctica las cuatro ventanillas de BID que actualmente atienden al sector privado”, explicó la ministra de Planificación de Brasil, Miriam Belchior, quien agregó que “si bien la vocación principal del BID ha sido y será trabajar con el sector público de sus países prestatarios, ha llegado el momento para dar un paso fundamental en relación del trabajo del grupo BID con el sector privado”. De esta manera, esta “Nueva Corporación” tendrá un rol y una relevancia similar al que actualmente tiene la Corporación Financiera Internacional (CFI), institución encargada de canalizar el financiamiento al sector privado dentro del Grupo Banco Mundial.

A su vez, los gobernadores decidieron capitalizar esta “Nueva Corporación” y dotarla de una estructura que permita aumentar su eficacia, además de considerar que su principal área de acción debería ser la inversión en infraestructura, en un contexto regional actual donde la inversión privada viene ganando fuerza en las últimas décadas. Con estas consideraciones, será una área a la que habrá que seguir de cerca para asegurar mecanismos transparentes de toma de decisiones y respeto por derechos humanos y normas de protección ambiental.

Decisiones importantes sin la participación de la sociedad civil

Un aspecto que resulta sumamente preocupante es que la aprobación de esta histórica reestructuración del Banco se dio en un contexto en donde se excluyó a la sociedad civil de la posibilidad de participar en la Asamblea por primera vez desde 2006, lo que generó un fuerte cuestionamiento por parte de un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil, entre ellas, FUNDEPS.

De acuerdo a Patricia Miranda (Latindadd) y María José Romero (Eurodad): “en una decisión polémica, el BID decidió organizar más bien un foro para organizaciones de sociedad civil dos semanas antes, en la misma ciudad, negando así el acceso de la sociedad civil a dialogar con los tomadores de decisión, los Ministros de Finanzas y la prensa. Esto se da a pesar de que las OSC han participado en reuniones anuales previas cuando se tomaron decisiones sumamente importantes, incluyendo el alivio de la deuda con el BID y la recapitalización del banco.” Miranda y Romero agregaron que “más allá de los temas que estén en la agenda de este año, el BID es un banco regional de desarrollo, y se espera que sus procesos sigan los más altos estándares en términos de participación democrática y rendición de cuentas. La falta de una adecuada implementación de tales estándares al excluir repentinamente a las organizaciones de sociedad civil socava la credibilidad del Banco y plantea serios riesgos a su reputación. Esto también pone sobre la mesa preocupaciones sobre cómo el banco implementará sus acciones futuras, teniendo en cuenta que su objetivo es la implementación de un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. Las organizaciones de la sociedad civil continuarán abogando por un proceso abierto y democrático.”

Para mayor información ver:

BID excluye a sociedad civil de su asamblea (28-03-2014) – por Patricia Miranda (Latindadd) y María José Romero (Eurodad).

Grupo BID avanza en consolidación de actividades del sector privado (30-03-2014) – Comunicado de prensa BID.

El BID crea la “Nueva Corporación” para atender al sector privado (30-03-2014) – Agencia EFE.

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Alta Gracia: seguimiento de la causa que discute la constitucionalidad de las «Zonas de Resguardo Ambiental»

El pasado viernes 21 de marzo el equipo del área de Derechos Humanos de FUNDEPS visitó los Tribunales y la Asesoría letrada de la ciudad de Alta Gracia, para continuar con el seguimiento del caso en el que se discute la constitucionalidad de la «Zona de resguardo ambiental» establecida por la ordenanza Municipal N° 9375.

Nuestro equipo fue recibido por el Asesor Letrado Municipal, Dr. Daniel Villar, a quien se informó sobre la presentación judicial realizada por FUNDEPS y los vecinos de la ciudad. El reclamo se relaciona con la causa judicial iniciada por la empresa VERDOL SA., quien ha atacado la constitucionalidad de la ordenanza que prohíbe las fumigaciones en las «Zonas de resguardo Ambiental» creadas. Dicha zona consiste en un área de 1500 metros de extensión que se crea con el fin de garantizar el derecho humano a la vida, la salud y un ambiente sano.

El asesor municipal, luego de tomar conocimiento de nuestro accionar junto a los vecinos de la localidad, afirmó que desde la Municipalidad «se celebra la participación de los vecinos en la causa, porque de esta manera se garantiza la autenticidad de su reclamo», sosteniendo así la constitucionalidad de la ordenanza municipal cuestionada.

Durante la visita a Alta Gracia, el equipo de FUNDEPS se reunión con vecinos y vecinas en nombre de quienes se hizo la presentación para hacerles una actualización de la causa y para discutir los próximos pasos a realizar, siempre con el objetivo de defender la contitucionalidad de la ordenanza 9375. Para continuar con el seguimiento de la causa, nuestro equipo realizará las notificaciones judiciales pertinentes a las partes involucradas, entre ellas a la empresa VERDOL SA, sobre la presentación realizada por los vecinos del lugar.