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Minería en Andalgalá: nos presentamos como Amicus Curiae ante la Corte Suprema

Junto con la Fundación ANDHES nos presentamos como amigos del tribunal en el marco de la causa en la cual se debate la constitucionalidad de una ordenanza de Andalgalá (Catamarca), que prohíbe la minería a cielo abierto.

Desde 2016, la Municipalidad de Andalgalá prohibió, mediante la ordenanza N° 029/16, la explotación minera a cielo abierto y mediante la utilización de ciertas sustancias peligrosas. Con amplio consenso social, esta ordenanza buscaba la protección del ambiente y los cursos hídricos de la zona. 

Desde aquél entonces la empresa canadiense «Yamana Gold» mediante su proyecto minero «Agua Rica» , hoy proyecto Mara, que planea la extracción de minerales en la Cuenca del Río Andalgalá, a solo 17 km del centro de la Ciudad, cuestionó judicialmente la constitucionalidad de la ordenanza. Tras varios pronunciamientos de los tribunales , la Corte Suprema de la Provincia de Catamarca finalmente la declaró inválida. 

Hoy la causa se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la espera de una resolución.  Esta resolución determinará el modo de vida de la comunidad de Andalgalá, en tanto habilitará o no la extracción metalífera a cielo abierto del tan cuestionado proyecto Mara que al día de hoy se encuentra en etapa de exploración avanzada. Mientras tanto, las comunidades resisten a diario el accionar de autoridades y empresas en defensa del territorio y el ambiente, poniendo en riesgo sus vidas e integridad física.

En este contexto, con la Fundación ANDHES solicitamos la participación en la causa como «amigos del tribunal». Está modalidad permite aportar al proceso argumentos para resolver el caso judicial. Creemos que la Corte debe declarar la constitucionalidad de la norma y se debe respetar la autonomía del pueblo de Andalgalá en la defensa de su ambiente y territorio. 

Contacto

María Laura Carrizo, @lauracarrizo@fundeps.org 

 

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¿Argentina cada vez más cerca del BRICS?

Tras recibir el respaldo por parte de los cancilleres chino e indio, Argentina se encuentra cada vez más cerca de concretar la membresía al grupo de los BRICS – integrado por Brasil, Rusia, India, China, y Sudáfrica. Para Argentina podría representar una oportunidad teniendo en cuenta la situación actual en la que se encuentra nuestro país en términos de restricción externa y déficit de financiamiento. Sin embargo, cabe también cuestionarse qué otras implicancias podría traer aparejada dicha unión.

El pasado 8 de julio Argentina dió un paso más hacia su acercamiento como miembro pleno del grupo BRICS; el hecho tuvo lugar luego de que el canciller chino Wang Yi confirmara el respaldo de China a Argentina para unirse al bloque.  El encuentro entre los representantes de ambos países tuvo lugar en Bali, Indonesia, en donde se desarrolló la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20. En la misma, el canciller Santiago Cafiero mostró su interés en acercarse a los BRICS, destacando la necesidad de profundizar el multilateralismo para acelerar la concreción de acuerdos que resulten beneficiosos tanto para la región, como para nuestro país. Actualmente la presidencia rotativa del grupo se encuentra a cargo de China, por lo que su apoyo y compromiso a aquellos países que pretenden integrarse al bloque resulta fundamental. Más recientemente, en su visita a la Argentina, el ministro de relaciones exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, ratificó su apoyo en el avance de Argentina hacia el bloque. Para Argentina la incorporación a un grupo de tales magnitudes representa una oportunidad muy tentadora en vistas a la búsqueda de nuevos socios comerciales. Pero, ¿qué son los BRICS, y que implicaría para Argentina la incorporación al mismo?

El término hace referencia al bloque conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Con sede en Brasilia, desde hace dieciocho años éstos países abogan por el desarrollo común, consolidándose como un relevante espacio multilateral y estratégico que representa a aproximadamente la mitad de la población del planeta y casi una cuarta parte de la economía global. Con un rol destacado en el escenario mundial, buscan promover una nueva arquitectura financiera, económica y comercial a través de diferentes instrumentos como, por ejemplo, los bancos de inversión internacional, dentro de los cuales podemos destacar  el Nuevo Banco de Desarrollo (BDN) y el Acuerdo de Reservas de Contingencias (ARC). 

Como una alternativa a las condicionalidades que imponen las instituciones de Bretton Woods, el Nuevo Banco de Desarrollo ofrece mejores condiciones de financiamiento para proyectos de infraestructura clave basados en los principios de no injerencia. En este sentido, los países del BRICS reflejan la creciente influencia de las economías emergentes a nivel mundial, proponiéndose como un espacio cada vez más influyente y alternativo a las fuerzas de occidente. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que cada alternativa y forma de financiamiento tiene sus propias ventajas y complicaciones. Mientras que las tradicionales propuestas de occidente tienen mayores restricciones, también se las caracterizan por ser relativamente más transparentes y por contar con marcos normativos y de rendición de cuentas relativamente más robustos. Por el contrario, nuevas alternativas pueden representar buenas fuentes de financiamiento con menos restricciones pero con una gran falta de transparencia y rendición de cuentas. Como consecuencia, no se deberían concebir las opciones como excluyentes, sino más bien como complementarias. 

Argentina ve la posibilidad de integrarse a los BRICS como una oportunidad para fomentar el desarrollo y el bienestar, además de funcionar como un canal para el creciente multilateralismo y la reconfiguración del orden mundial. Al tratarse de una plataforma de cooperación sur-sur compuesta de economías emergentes, podría suponer para nuestro país un espacio más equitativo para la cooperación con mayores márgenes de autonomía. 

También resulta importante destacar el rol que ocupan los principales socios comerciales de Argentina: China y Brasil. Durante los últimos veinte años China ha ganado presencia económica en la región, mostrándose cada vez más interesado en la concreción de nuevas asociaciones estratégicas con países tales como Brasil, Perú o Venezuela. Si bien no es la primera vez que nuestro país inclina su mirada hacia nuevas alternativas, es indispensable considerar las consecuencias que podrían desencadenarse de dicha asociación. Las mismas podrían ser de tipo económico, ya que se incentivaría una reprimarización de la economía argentina, o bien, de índole geopolítica, al generar mayores tensiones con socios occidentales como los Estados Unidos. Por su parte, el bloque se encuentra dispuesto a trabajar para abrir un camino hacia una comunidad internacional caracterizada por el diálogo, por lo que se mantendría lejano al rupturismo sistémico. 

En términos de comercio exterior, los BRICS nuclean un 30% de las exportaciones argentinas, y proveen un 45% de nuestras importaciones, por lo que de concretarse la incorporación supondría la posibilidad de conseguir financiamiento y asistencia para proyectos clave. Por otro lado, también se podría incentivar la transferencia de conocimientos en tecnología e innovación lo que garantizaría una cooperación compartida que garantice  inclusión y visiones similares.

De esta forma, se puede plantear que  formar parte de los BRICS podría representar una gran oportunidad para la Argentina de estrechar lazos con uno de los bloques que viene ganando relevancia a nivel internacional y que, además, reúne a dos de las potencias más grandes del mundo y con quienes se mantiene un vínculo de carácter estratégico. Sin embargo, no se deben pasar por alto las posibles implicaciones de dicha asociación, así como la consideración de que el proceso de adhesión de Argentina al BRICS debe contar con la aprobación de todos sus Estados miembros, por lo que puede dar lugar a un procedimiento lento y extenso. En definitiva, ¿Podrá Argentina consolidar su ingreso a uno de los grupos de mayor peso económico y geopolítico? Y en ese caso, ¿qué le deparará al país formar parte de dicho bloque?

 

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Autoras

Camila Busso

Candela Jauregui

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Capacitaciones sobre la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo en múltiples sectores

Desde las áreas de Asuntos Legales y de Géneros y Diversidad Sexual, durante los últimos meses estuvimos participando en distintas instancias de capacitación y formación sobre el marco jurídico que regula el acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE).

Las diferentes instancias de formación se dieron en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y el Hospital Municipal Príncipe de Asturias. Se brindó formación sobre el marco jurídico legal vigente que regula la interrupción legal y la interrupción voluntaria del embarazo, en particular sobre la ley 27610, y la ley 26529 de derechos de les pacientes en su relación con profesionales e instituciones de la salud. 

A raíz de ello, el 7 de julio presentamos una ponencia en la capacitación “El derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo” en el Hospital Municipal Príncipe de Asturias, dirigido a su equipo de salud y a los Centros de Salud zonales, Residentes de Medicina General y Familiar, organizada por la Comisión de Salud Sexual Integral de la Dirección de Atención Primaria de Salud de la Municipalidad de Córdoba. 

También estuvimos brindando una capacitación en este tema a estudiantes en formación de la Facultad de Ciencias Médicas, en la segunda clase del Módulo Optativo “Derecho al aborto legal en Argentina: abordaje integral” el pasado 27 de agosto; y recientemente en la Facultad de Ciencias Sociales en virtud del Seminario de Extensión “El acceso al aborto desde una perspectiva de derechos”, el lunes 5 de septiembre. 

A través de estas instancias de formación y capacitación pretendemos colaborar con el perfeccionamiento y mejoramiento de esta práctica desde una perspectiva jurídica e integral, respetuosa de los derechos humanos y en consonancia con la regulación más actual. De este modo, abonamos a la formación de más profesionales que faciliten el ejercicio de derechos de las mujeres y personas gestantes, a quienes consideramos garantes de derechos y defensores de derechos humanos.

 

Autora

Luz Baretta

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org 

 

*Foto extraída de La Voz Del Interior

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Rechazamos las modificaciones a la ley de política ambiental de Córdoba

Más de 200 personas y organizaciones de la sociedad civil manifestamos a la Legislatura de la Provincia de Córdoba el rechazo a las recientes modificaciones a la Ley Provincial 10.208. 

En conjunto con numerosas personas y organizaciones de la sociedad civil expresamos a la Legislatura provincial, a través de una nota, la profunda preocupación generada a partir de la modificación de los anexos I y II de la ley 10208 de política ambiental provincial. 

Creemos que el proceso de tratamiento y posterior aprobación vulneró y vulnera gravemente derechos humanos y fundamentales, tanto desde lo procedimental como desde lo sustancial. Además, la modificación implica un lamentable retroceso en la protección del ambiente, incumpliendo con reglas, principios y derechos garantizados por la normativa ambiental vigente y compromete al Estado porque constituye una violación a los compromisos internacionales asumidos, por ejemplo, a través del Acuerdo de Escazú.

Las modificaciones realizadas  en la Ley 10.208 no constituyen simples cambios de redacción, sino que implican una seria disminución en las exigencias que establecía la ley y que repercuten de modo preocupante en las actividades sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental en detrimento del ambiente y los ecosistemas. En ese sentido, violan expresamente el principio de progresividad y no regresión receptados en nuestro ordenamiento legal (Ley General del Ambiente, Ley 10.208, Acuerdo de Escazú).

El proceso que derivó en la sanción del proyecto no se difundió a la ciudadanía.  El diseño del proyecto, su tratamiento en comisión y su discusión parlamentaria, no solo se dieron en un brevísimo tiempo, sino que además inhabilitaron cualquier tipo de dispositivo que garantice la participación ciudadana, en contraposición y desmedro de la amplia legitimación y participación social que tuvo la Ley 10.208.

Por todas estas razones, el proyecto aprobado constituye una clara violación a los derechos de acceso a la información pública ambiental y a la participación pública en asuntos ambientales. A la vez que vulnera el principio de progresividad y no regresión ambiental, de sostenibilidad, preventivo y precautorio.

En ese marco, instamos a la derogación del proyecto sancionado a los fines de restablecer los estándares de protección vigentes antes de su aprobación. 

 

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  • Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org
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La CONAL aprobó una regulación sobre Grasas Trans que protege la salud

Luego de un largo recorrido, en la 146° reunión de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) desarrollada el 24 y 25 de agosto del 2022, se aprobó la propuesta de actualización del Art. 155 tris del Código Alimentario Argentino (CAA) para reducir los límites en el contenido de grasas trans en los productos alimenticios y la prohibición de aceites parcialmente hidrogenados.

En septiembre de 2021, desde la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN), la Fundación InterAmericana del Corazón Argentina (FIC Argentina), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Consumidores Argentinos y la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (SANAR), presentamos  una propuesta a la CONAL para mejorar los estándares de grasas trans de producción industrial. Argentina se encuentra, actualmente, con una de las políticas menos estrictas en comparación con otros países de la región. A la vez, el Ministerio de Salud de la Nación presentó su propuesta en línea con las organizaciones.

Luego de un arduo seguimiento y trabajo conjunto, se logró que la CONAL incluya en su agenda el tratamiento de la propuesta, llegando a la instancia de Consulta Pública, con un gran apoyo de la comunidad y de las Sociedades Científicas. El proceso fue postergado en algunas etapas, llegando finalmente a su aprobación, con adecuación de los plazos, aunque sin otras modificaciones de la propuesta original. La propuesta aprobada otorga un plazo de
dos años para adecuación de los alimentos al límite establecido de 2% de ácidos grasos trans, tres años para la adecuación de los ingredientes y materias primas al límite establecido de 2% de ácidos grasos trans y cuatro años para la eliminación del uso de aceites y grasas parcialmente hidrogenadas en la industria alimentaria.

La nueva regulación se adecuará a los lineamientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estos están diseñados para promover la reducción y eliminación mundial de Grasas Trans de producción industrial en el suministro de alimentos, dada la evidencia contundente sobre sus efectos negativos en la salud cardiovascular de la población, aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares (ECV) y el de morir por estas. Cabe destacar que, además, la implementación de políticas superadoras contribuyen a proteger el derecho humano a la salud y a la alimentación adecuada.

A partir de este gran paso en defensa del derecho a la salud, desde la Sociedad Civil le solicitamos al Poder Ejecutivo la pronta publicación de la resolución en el Boletín Oficial para efectivizar la política.

Las organizaciones comprometidas con la salud de toda la población celebramos que finalmente vamos a poder decir #ChauGrasasTrans 

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Maga Merlo, magamerlov@fundeps.org

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Repudiamos la criminalización de Personas Defensoras Ambientales y territoriales de Punilla

En el marco de las protestas que se vienen llevando adelante en contra del proyecto de la Autovía de Punilla, algunas de las personas defensoras ambientales que resisten en contra del proyecto fueron citadas para su imputación y en algunos casos, hubo detenciones por parte de las autoridades judiciales.

Las personas defensoras del territorio y del ambiente de Punilla llevan un largo tiempo resistiendo el avance del proyecto de Autovía de Punilla. En el devenir de esta resistencia son víctimas de distintos actos de violencia institucional. Celebramos el fallo dictado por el Juzgado de Control y Faltas N° 9 que resuelve hacer lugar al habeas corpus colectivo de carácter preventivo  presentado a favor de las personas defensoras de derechos humanos de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas.

En estas semanas algunas personas defensoras territoriales y ambientales vienen sufriendo persecución policial, sometimiento a procesos penales, imputaciones por parte de fiscales, e  incluso se produjeron detenciones. Se les atribuyen delitos tales como el de amenazas y resistencia a la autoridad, en el marco de las diversas protestas sociales que vienen llevándose adelante en torno al avance de la Autovía de Punilla.

Hay que destacar que en un contexto de lucha y de resistencia por la defensa del ambiente, las manifestaciones o acciones dadas en el ejercicio del derecho de protesta no pueden ser tergiversadas y manipuladas para la aplicación ilegítima del sistema penal (cosa que suele suceder). La criminalización como estrategia para lograr el amedrentamiento, descalificar el reclamo ambiental y justificar la utilización de la fuerza pública y de mecanismos represivos -privación de la libertad-, constituyen una grave y seria vulneración de los derechos fundamentales y comprometen la responsabilidad internacional del Estado (Acuerdo de Escazú entre ellos). 

Las persecuciones,  imputaciones, investigaciones y detenciones dispuestas en contra de les defensores de Punilla encienden las alertas y exigen atención. Pues existen matices que colocan al accionar del Estado bajo sospecha de criminalización como método para acallar la protesta social. Las supuestas amenazas o actos de resistencia a la autoridad, sobre las cuales se asentaron las imputaciones -según manifestaron les defensores- fueron en el marco de un legítimo reclamo colectivo -protesta social sostenida en el tiempo- en un acto en defensa del ambiente en contra de un proyecto emprendido por el Estado. Esto debe alertar a las autoridades a fin de que se adopten medidas que garanticen la protección de sus derechos humanos, y extremar los recaudos ante cualquier privación de la libertad o afectación de otro derecho. 

La criminalización de defensores ambientales estigmatiza a la vez que constituye una intimidación tendiente a atemorizar y como consecuencia debilitar las actividades de defensa del territorio y del ambiente hasta su desaparición. Es un deber del Estado proteger el derecho a defender el ambiente e implementar medidas de acción que fomenten un entorno seguro y libre de violencias, y que se investigue cualquier violación de derechos humanos en su contra.  

En este marco el 24 de agosto la Jueza de Control y Faltas N° 9, en los autos “Rocío Loza, habeas corpus” (Expte. n° 11120830), en un fallo novedoso y ejemplar hizo lugar a un habeas corpus colectivo preventivo dirigido a proteger los derechos fundamentales de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, pobladores de los valles de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas. Señala que la violencia institucional que viene ejerciendo la policía de la provincia en contra de las personas defensoras ambientales es grave y no puede ser desconocida por el Estado quien tiene la obligación y responsabilidad de dar adecuada custodia al colectivo ambientalista en cumplimiento de Escazú. 

Expresa además que las y los integrantes de las fuerzas policiales son los encargados de cuidar a la sociedad, “ (…)  los que deben, con el poder que les confiere la ley, garantizar que todos los habitantes de esta provincia vivamos una vida en el marco del pleno goce de los derechos individuales, con el límite del respeto de los derechos del prójimo, pero sin que esto sea utilizado como “excusa” o argumento para cercenar otros derechos, en el caso, los reclamados por el colectivo ambientalista”, 

En ese mismo sentido, en una sentencia innovadora,  la Jueza resuelve: exhortar a la policía de la Provincia de Córdoba a que se abstenga de realizar medidas que impliquen limitaciones o amenazas a la libertad ambulatoria de las personas defensoras ambientales de las localidades señaladas; exhortar a la Sra. Jefa de Policía de Córdoba para que haga conocer al personal de la policía que según los protocolos y la legislación vigente “la privación de la libertad solo procede con carácter excepcional y cuando resulte absolutamente necesaria”; recomendar al Gobierno de Córdoba la elaboración de un protocolo destinado a regular específicamente a regular las prácticas y criterios de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones sociales que reclamen la protecciones de derechos constitucionales; encomendar a la Jefa de Policía que ponga en conocimiento de la policía provincial la presente sentencia. 

Desde Fundeps repudiamos la criminalización de personas defensoras ambientales, instamos  a las autoridades a resguardar y proteger los derechos fundamentales de quienes resisten y luchan por defender el ambiente cordobés, y celebramos el reciente fallo el cual constituye un importante avance en el reconocimiento y defensa de derechos del colectivo ambientalista. 

 

Autora

María Laura Carrizo

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María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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Ley de Etiquetado: ¿Cuándo y cómo empieza a aplicarse?

De acuerdo a la reglamentación de La ley de Promoción de la Alimentación Saludable, este 20 de agosto, las grandes empresas deben comenzar a implementar el Etiquetado Frontal de Advertencia en sus productos. Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) tienen plazo para hacerlo hasta febrero de 2023. La aparición de los sellos será de forma gradual y progresiva. 

¿Cuándo empezamos a ver los sellos?

A partir de este 20 de agosto, los productos de grandes empresas que tengan exceso de nutrientes críticos -como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías-, deberán exhibir en la cara principal del envase uno o varios sellos de advertencia con la insignia “EXCESO EN”. También, aquellos comestibles que contengan edulcorantes y/o cafeína, deberán presentar las leyendas precautorias: “CONTIENE EDULCORANTES, NO RECOMENDABLE EN NIÑOS/AS” y/o “CONTIENE CAFEÍNA, EVITAR EN NIÑOS/AS”.

De esta manera, comienza a implementarse el eje central de la normativa que busca proteger y garantizar el derecho a la información en las relaciones de consumo. Se trata de la primera etapa de un proceso gradual, en la que se flexibilizan los puntos de corte, hasta alcanzar (en una segunda etapa) los valores máximos fijados por el Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Herramienta adoptada por la ley para clasificar y determinar los productos que contengan una cantidad excesiva de nutrientes críticos. 

De acuerdo al perfil de la OPS, los productos que deben ser clasificados usando sus criterios son los procesados (como frutas en almíbar, quesos o alimentos conservados en salmuera) y ultraprocesados (como snacks dulces o salados, galletitas, helados, golosinas), ya que son los que normalmente contienen cantidades elevadas de azúcares, sodio y grasas. Por su parte, aquellos productos mínimamente procesados o sin procesar no llevarán sellos. Ejemplo de esto son frutas y verduras frescas, fideos secos, arroz, legumbres o las propias excepciones que prevé la normativa: azúcar común, aceites vegetales, frutos secos y sal común de mesa. 

Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con los productos que sabemos que tienen exceso de nutrientes críticos y que el 20 de agosto van a continuar en las góndolas sin sus correspondientes sellos?

Estos casos, que lamentablemente no serán pocos, deben poder explicarse de una de las siguientes maneras: 

1- Puede ser un producto elaborado por una PYME , para las que la primera etapa comienza a regir en febrero de 2023.

2- Puede tratarse de un producto de una gran empresa que tiene fecha de elaboración anterior al 20 de Agosto, los cuales según la ley podrán mantenerse en el mercado hasta agotar stock.

3- O bien, puede tratarse de un producto de una gran empresa, con fecha de elaboración posterior al 20 de agosto, que haya obtenido prórroga.

Este último caso, es el que mayor preocupación e incertidumbre genera en la sociedad civil. Según lo indicado por la Disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la posibilidad de solicitar prórroga sólo existe para la primera etapa y por única vez. Este plazo venció el pasado 20 de julio para las grandes empresas. 

A los efectos de dicha solicitud, las empresas deben declarar y especificar los productos por los que hacen el pedido, así como los motivos específicos por los que encontraron limitaciones en el cumplimiento de los plazos establecidos. En ese marco, la ANMAT puede resolver aprobando o rechazando. Si la solicitud de prórroga es aprobada, las grandes empresas tienen como plazo máximo para poner los sellos en sus productos, hasta febrero de 2023. 

Algo importante a destacar es que la normativa no prevé la apertura de esta información, por lo que frente al hermetismo decidimos presentar un pedido de acceso a la información pública. Pese a los esfuerzos, la ANMAT contestó que no podía proveernos esos datos en tanto que poseen carácter de confidencial. Esta decisión, desafortunadamente, limita la posibilidad de que la sociedad civil pueda ser un agente activo en la fiscalización de la implementación de la ley.

Sin embargo, luego de nuestro pedido, la ANMAT publicó un comunicado informando que a la fecha del 27 de julio, ya habían ingresado 2.658 solicitudes (que engloban a un total de 236 empresas), de las cuales habían sido aprobadas alrededor del 35%. Sin embargo, el comunicado no dice nada sobre: qué empresas pidieron prórroga y por qué, sobre qué productos se concedió la prórroga y los criterios de para aceptarlas o rechazarlas. 

Esto quiere decir que no sabremos si aquellos productos que no cuentan con sellos, es porque obtuvieron la prórroga o porque efectivamente están incumpliendo con la norma. Necesitamos que se garanticen mejores estándares de transparencia a lo largo de todo el proceso de implementación. 

¿Qué pasa con el resto de los componentes de la ley? 

Mientras tanto, es importante no perder de vista que la ley no sólo introduce el sistema de “sellos de advertencia” que nos permitirán saber qué comemos. El sello es una parte de esta norma que busca abordar el problema de la alimentación saludable de manera integral y transversal. Así es que la Ley también contiene disposiciones sobre: “Promoción, Publicidad y Patrocinio”, “Educación y Entornos Saludables” y “Compras Públicas”. 

Repasemos cada uno y veremos por qué decimos que la correcta implementación de los sellos es fundamental para el cumplimiento integral de la norma:

  • Entornos escolares

De acuerdo al decreto reglamentario, el Ministerio de Salud debe articular con el Ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación para incluir en la currícula escolar contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional y garantizar que las escuelas sean espacios saludables o libres de sellos. Es decir, que ningún producto con al menos un sello de advertencia o leyenda precautoria pueda ser ofrecido, comercializado, promocionado, publicitado o patrocinado en los establecimientos educativos del país.

Sobre este aspecto no se han dictado las normativas correspondientes. Hasta el momento, el Ministerio sólo ha avanzado en la incorporación de cursos sobre Alimentación Saludable en los trayectos de formación docente.

  • Publicidad, promoción y patrocinio

La ley de etiquetado prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de todos aquellos productos que contengan al menos un (1) sello de advertencia y que esté dirigida especialmente a niñes  y adolescentes. 

Asimismo, establece que aquellos productos que contengan algún sello de advertencia no pueden incluir en sus envases información nutricional complementaria, sellos de aval de sociedad científicas o asociaciones civiles, personajes infantiles, animaciones, celebridades, deportistas, elementos interactivos, obsequios, juegos, descargas digitales, etc. 

Según el decreto reglamentario, la ANMAT tiene el deber de establecer y dictar las normas complementarias que faciliten la implementación y control de estas disposiciones. Sin embargo, este organismo tampoco ha dado a conocer los mecanismos de implementación y fiscalización que serán utilizados para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones.  

  • Compras públicas

Sobre este aspecto, el Ministerio de Salud deberá articular con la Oficina Nacional de Contrataciones para garantizar que el Estado Nacional, ante igual conveniencia, priorice contrataciones de aquellos productos que no cuenten con sellos de advertencia. Esta disposición tiene una relevancia significativa. Pero aún no sabemos la manera en que se dará dicha articulación ni que se entenderá por “igual conveniencia” ni “priorizar”. 

Es importante resaltar que para garantizar la plena aplicación de todas las aristas de la ley en todo el país, es necesario el trabajo y la voluntad política de las provincias. Ya sea para el dictado de normas complementarias que hagan falta, como para el control y vigilancia en sus territorios.

 

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Autoras

María Laura Fons

Maga Merlo Vijarra

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Maga Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org

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Encuentro provincial de Economía Feminista: fortaleciendo las redes que nos sostienen

Invitamos a espacios y organizaciones autogestivas de las Otras economías a participar del Encuentro Provincial de Economía Feminista. Se realizará el 16 y 17 de septiembre en la Ciudad de las Artes (Universidad Provincial de Córdoba).

Desde nuestra agenda de Economía Feminista apostamos al fortalecimiento de economías alternativas que pongan en el centro la vida, partiendo de un enfoque feminista y valorando formas de construcción colectiva y democráticas.

Por esta razón invitamos a organizaciones, espacios autogestivos, emprendimientos y cooperativas de Córdoba al Encuentro Provincial de Economía Feminista. 

Esperamos generar un espacio que habilite diálogos que nos permitan recuperar, compartir y construir saberes y prácticas relacionadas con la Economía Feminista, en intercambio con la Economía Ecológica, Popular y Social y Solidaria desde el paradigma de la sostenibilidad de la vida. 

Cronograma tentativo

El Encuentro se realizará los días 16 y 17 de septiembre en Ciudad de las Artes.

  • Viernes 16/09 – inicia a las 17h: compartiremos una instancia de dialogo e intercambio con referentes de la Economía Feminista.
  • Sábado 17/09 – inicia a las 9h:
    *Mañana y siesta: talleres y espacios de intercambio (sujetos a cambios)
    Temáticas: Manejo de redes sociales | Políticas públicas (obstáculos y oportunidades) | Herramientas administrativas para la autogestión | Transfeminismos | Brecha digital*Cerramos con una feria abierta para todo público. Quienes asistan al encuentro podrán participar feriando.

 

Organizan: Fundeps, Espacio de Economía Feminista y Fundación Heinrich Böll.

Apoya: Universidad Provincial de Córdoba

Adhieren: El Resaltador, La Tinta, Ciscsa, Enfant Terrible, Mundo Sur, Unidad Central de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Córdoba (UNICEPG), Incubadora Feminista Latinoamericana. 

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Córdoba implementará la Educación Ambiental Integral

La Legislatura de la Provincia aprobó el proyecto de ley mediante el cual se adhirió a la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral.

Durante la sesión de la legislatura del 29 de junio de este año, se aprobó la ley n° 10.823. Esta incorpora la Educación Ambiental integral con perspectiva al desarrollo sostenible como una política pública.

A su vez, establece como autoridades de aplicación al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Ambiente. Su rol será el de diseñar e implementar las acciones tendientes a incorporar esta perspectiva en el ámbito de la educación formal, no formal e informal. 

Durante las sesiones en la Comisión de Asuntos Ambientales, varias organizaciones de la sociedad civil efectuamos aportes y destacamos lo valioso de la adhesión. Desde Fundeps recomendamos la incorporación en la arquitectura institucional del Comité para la Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Jurisdiccional. Recordemos que esta autoridad se encarga de diseñar el contenido de la estrategia para implementar la Educación Ambiental Integral.

Asimismo, consideramos oportuno incorporar en el proyecto el Consejo Consultivo local como dispositivo para la participación ciudadana de agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil (entre otras), en el desarrollo y la gestión de las políticas públicas educativas. Este órgano se encuentra incorporado en la Ley Nacional.  

Este proceso resultó valioso pues de allí surgió el texto finalmente aprobado. La primera de las recomendaciones fue incorporada en los artículos 4 y 5 de la ley. En cuanto al Consejo, este no fue incorporado como tal. Sin embargo, se facultó al Comité para que pueda solicitar colaboración de organizaciones gremiales, docentes, representantes del sector estudiantil, científico, académico y de la sociedad civil (entre otras) que manifiesten interés en la educación ambiental integral. Si bien habría sido oportuna su incorporación como órgano estable y de participación efectiva, dado que tal y como se plasmó esta posibilidad queda sujeta a la decisión del Comité, lo cierto es que esta facultad consultiva puede tornarse un deber en los términos exigidos por el Acuerdo de Escazú.

 

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*Fotografía extraída de la prensa del Gobierno de Córdoba

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Se elegirán representantes del público en el marco del Acuerdo de Escazú

La Secretaría del Acuerdo de Escazú llamó a las personas interesadas a presentar sus candidaturas hasta el 31 de agosto de 2022.

 Las Reglas de Procedimiento de la Conferencia de las Partes (COP) aprobadas en la primera COP de Escazú durante abril de este año, establecen la necesidad de integrar los dispositivos institucionales de Escazú con personas representantes del público.

En ese marco, la Secretaría del Acuerdo convocó a las personas interesadas a presentar sus candidaturas hasta el día 31 de agosto de este año. Para tal fin, elaboró un reglamento que establece el procedimiento de la elección en su totalidad. Seis serán las personas representantes del público que dividirán sus roles en la Mesa Directiva del Acuerdo (1 representante), en la Conferencia de las Partes (dos asientos) y en el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento compuesto por (CAAC).

De acuerdo a este reglamento, quienes tengan interés en presentar una candidatura deberán:

  •  Ser nacionales o residentes de alguno de los países que conforman el Anexo I del Acuerdo de Escazú (países firmantes).
  •  Estar registrados en el llamado Mecanismo Público Regional.
  • No haber tenido una relación laboral con el Estado (nacional, provincial o municipal) 12 meses previos a la elección.
  •  Presentar los formularios anexos al reglamento.

Por otra parte, las elecciones se celebrarán los días 2 y 3 de noviembre de 2022. Para formar parte de la votación, las personas interesadas deberán inscribirse en el Mecanismo Público Regional. El cierre del padrón se realizará 15 días hábiles con posterioridad al día 01 de agosto de 2022 (fecha del llamado). No queda claro si estos días hábiles lo serán de acuerdo al calendario del país en que CEPAL tiene su sede, aunque suponiendo que no haya feriados en el período referido, el cierre del padrón sería el día 19 de agosto de 2022.

La elección de les representantes constituye un valioso y novedoso proceso para la región. Alentamos la participación activa en el proceso de votación y elección de candidates, confiando en que constituye una fundamental oportunidad para la visibilización y exigencia en el goce de los derechos de acceso, y en un marco plagado de conflictos y problemáticas ambientales.

 

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Nos renovamos: cambios de autoridades en Fundeps

Desde comienzos de este año, nos encontramos en un proceso de renovación del Consejo de Administración de Fundeps, la autoridad legal que supervisa el trabajo del equipo de la Fundación. 

Juan Carballo, Paula Morales y Alejandra Galván integraron el Consejo durante los últimos dos años. Ahora, ese espacio estará conformado por Alejandra Galván en su nuevo rol como Presidenta, acompañada por Emilia Pioletti, Juan Camusso y Mariana Paterlini.

Agradecemos especialmente a Juan Carballo por sus años de colaboración. Él fue una de las personas que impulsó a Fundeps desde sus inicios, fue Director Ejecutivo de 2012 hasta 2019 y luego se desempeñó como Presidente. Siendo un gran compañero y un excelente profesional, sentó las bases para que aquello que nació como una iniciativa  hoy se convirtiera en una organización consolidada e integrada por un equipo de aproximadamente 100 personas. 

Con mucha alegría, le damos la bienvenida a les nueves consejeres, les agradecemos por su compromiso y por aceptar el desafío de promover políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos.

 

¡Conocé a les nueves integrantes del Consejo!

Alejandra Galvan es presidenta de Fundeps, e integrante del Consejo de Administración de la Fundación desde el año 2020. Alejandra es activista feminista, se ha desarrollado en organizaciones de la sociedad civil dedicadas especialmente a parto, nacimiento, lactancia, con perspectiva de derechos. Actualmente está finalizando su Maestría en Consultoría y Gestión de las Organizaciones en la UMSA (Universidad del Museo Social Argentino). Integra el Consejo de Área de Liga de La Leche Argentina y la Comisión Directiva de Awaike Salud y Medio Ambiente. Desde Liga de La Leche Argentina además de ejercer el voluntariado desde el año 2001, actualmente además coordina el Comité de Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna; y es Facilitadora de Habilidades de Comunicación. Fue dos veces Presidenta y Coordinadora de Área. Es Coach Profesional Certificada, ACSTH, Doula, en el 2017 finalizó el cursado en Introducción a la Partería en la Tradición.  Se formó como Técnica en Administración de Empresas en el Instituto Brigadier López en Rosario. En su práctica privada es titular de la franquicia 384 Group Litoral. 

Juan Martín Camusso  es uno de los fundadores de Fundeps en 2009 y ahora se ha reintegrado a la Fundación en su rol de Consejero. Juan es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y especialista en Cooperación Internacional para el Desarrollo (Universidad de San Buenaventura, Colombia) y ha enfocado siempre su trabajo en la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Trabaja en la Defensoría General de la Nación.

Emilia Pioletti forma parte de Fundeps desde 2017, desempeñándose en temáticas referidas a la violencia mediática en el Área de Género y Diversidades, y ahora se integra al Consejo de Administración. Ella es Comunicadora Social por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)  y ha enfocado su hacer en el cruce entre la militancia feminista y la comunicación. Ha realizado su posgrado en Comunicación Política y Opinión Pública en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Diplomatura de Diseño de Experiencia Centrado en las Personas en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y actualmente se encuentra cursando la Diplomatura de Gobernabilidad e Innovación Pública dictado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) junto con la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Trabaja en comunicación parlamentaria en el Honorable Senado de la Nación (HSN) y ha sido asesora de varios Senadores. Además se desempeña como periodista escribiendo en medios comunitarios y autogestivos y es columnista radial.

Mariana Paterlini es activista feminista y su trabajo se ha focalizado en derechos humanos, cooperación internacional y desarrollo, enmarcados en la economía feminista. Actualmente está finalizando la Maestría en Desarrollo Internacional en la Universidad de Warwick en el marco del programa Chevening Scholarship 2021/22l. Cursó la Maestría en Cooperación Internacional (UNSAM), es Licenciada en Letras (UNT) y Diplomada en Organizaciones de la Sociedad Civil y Políticas Públicas (UNGS). Se formó en Ciencia Política y en Sociología de la Cultura en la Universidad Nacional de Tucumán, y en Antropología y Etnografía en la Universidad de Gotemburgo. Es investigadora y coordinadora institucional en LatFem – Periodismo Feminista. Fue directora institucional en Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos humanos y estudios sociales (2018-2021), donde además previamente fue coordinadora institucional y coordinadora del área de Género y derechos humanos (2011-2018). Integró Cruzadas, organización de activismo lésbico (2009-2012 y 2017).

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Gasoductos troncales: ¿Qué sucederá con la población más vulnerable?

El programa Integral de Infraestructura Gasífera – o el programa de Gasoductos Troncales – impulsado por el gobierno de la Provincia de Córdoba, llegó a su fin en el año 2019 con la culminación de las obras. Hacia 2022 las obras continúan a nivel municipal, y el programa ya ha comenzado su etapa de conexión a la red de gas natural. Sin embargo, aún quedan las dudas respecto a cómo podrá tener acceso al servicio la ciudadanía, en especial quienes se ubican en los sectores en situación de vulnerabilidad.

El acceso a la información pública y la transparencia se constituyen como un derecho humano fundamental. Las personas tienen derecho a conocer lo que será planeado para sus comunidades y con base en ello, tomar las decisiones informadas y pertinentes acerca de los procesos de desarrollo que afectarán sus vidas. 

En el campo de las políticas públicas, proveer y garantizar el acceso a la información pública es la piedra angular de la buena gobernanza. La transparencia es vital para permitir que las personas y las comunidades exijan rendición de cuentas a sus instituciones, y se fomente la confianza en los gobiernos y la reducción de la corrupción. Asegurar este derecho tiene como resultado la generación de oportunidades para que la ciudadanía aprenda, crezca y tome mejores decisiones para sí y quienes les rodean. 

La referencia a esto es relevante cuando se analizan políticas y programas públicos que tienen por objeto la contribución al desarrollo a gran escala. Tal es el caso del programa Integral de Infraestructura Gasífera impulsado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Esta serie de obras de infraestructura comenzó a ejecutarse en el año 2015 y concluyó en 2019, con el propósito de “potenciar el abastecimiento con gas natural a viviendas, comercios e industrias”. De acuerdo con el Gobierno, se invirtieron 890 millones de dólares para desplegar 2.801 kilómetros de cañerías que darán la posibilidad de conectarse a la red de gas natural a 972.430 habitantes de la provincia sin servicio. Sin embargo, la planificación comenzó con mucha anterioridad al año de implementación y bajo un escepticismo sostenido en la falta de información y transparencia alrededor de su financiamiento, sus potenciales impactos ambientales y sociales, la cantidad de beneficiarios totales, entre otros. 

Posterior a la finalización del proyecto en 2019, aún existían dudas respecto a cómo sería el proceso de conexión para las localidades y de qué manera la ciudadanía tendría acceso efectivo al servicio. De igual manera, también quedaban obras de infraestructura por concluir a nivel municipal.  Hacia julio de 2021, el Gobierno declaró que 75 localidades ya contaban con acceso a gas natural luego del programa de gasoductos troncales. Se hizo mención a la cantidad de habitantes que se beneficiarán , sin reparar en información respecto de su ubicación y otros datos que demuestren si las brechas de desigualdad en el acceso se han comenzado a cerrar o podrán cerrarse como producto de esta obra. Esto es de vital importancia siendo que el gobierno también expuso acerca de la red de créditos Bancor para viviendas y negocios, que facilitarían la conexión y la obtención del servicio. Quedaba por saber de qué manera se apoyará a aquellos grupos marginalizados y en situación de vulnerabilidad a quienes se les dificultará acceder a este beneficio, y que por lo tanto no llegarán -o podrán hacerlo en un futuro lejano- a contar con gas natural. 

Hacia 2022 las dudas respecto del alcance de este proyecto para la población cordobesa aún no se disipan. De acuerdo con los portales de noticias cordobeses, la conexión de empresas y negocios a la red de gas natural avanza a un paso mucho más rápido que la conexión de viviendas. Esta discrepancia se suscita más que nada porque la conexión a la red es costosa e implica la toma de decisiones a nivel familiar. Aún cuando se han proporcionado las condiciones para facilitar el acceso -mediante créditos, y el ahora sí confirmado apoyo del gobierno provincial para familias vulnerables-, no todas las personas están en igualdad de condiciones para rápidamente decidir sumarse a la red. En muchos casos la conexión también requiere la adaptación estructural de las casas y la compra de electrodomésticos. 

Sobre esto último es que el acceso a la información y la transparencia juegan un rol fundamental. En primer lugar, porque de haberse publicado y socializado el proyecto de manera correcta con las poblaciones de las localidades afectadas, las familias podrían haber decidido planificar con antelación la conexión a la red. En segundo lugar, se evidencia el rol que cumplen los funcionarios gubernamentales a la hora de informar y publicar la documentación referente a un proyecto de este calibre. Esto quedaba en manos del nivel municipal y de sus intendentes, y en muchos casos su accionar para informar a la población fue deficiente -sobre todo considerando que también se han necesitado obras a nivel municipal para garantizar la conexión-. 

La práctica de la publicación de información como la publicación de documentos no significa ni redunda en una ciudadanía informada. A las iniciativas de datos abiertos y transparencia activa se suman las acciones destinadas a informar a la población, como por ejemplo las consultas públicas. Estos espacios funcionan -o deberían funcionar- como oportunidades para socializar información sobre proyectos y políticas públicas, obtener una devolución de la ciudadanía y trabajar en un proceso de co-creación. Durante los comienzos de la obra de gasoductos troncales, una buena parte de los desafíos identificados tuvo que ver con la falta de consultas públicas -exigidas por ley- y la desinformación general de las personas acerca de los posibles impactos y beneficios del proyecto. 

Hacia 2022 no se cuenta con información certera sobre las obras llevadas adelante en las localidades y las consultas públicas que se hayan realizado con vecines. La existencia de estas instancias juegan un rol crucial para la toma de decisiones de la ciudadanía . Especialmente en estos casos cuando es un deber informar sobre el proyecto, advertir de los impactos, aclarar los beneficios y clarificar las alternativas con que las familias contarían para acceder al servicio de gas de red. 

En este sentido, aún cuando la obra de Gasoductos Troncales supone un gran avance para la Provincia de Córdoba, y la posibilidad para cerrar las brechas de desigualdad en el acceso al gas natural, todavía relucen los graves problemas respecto del acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas. Un proyecto de esta envergadura debiera haber contado desde un principio con información clara y concisa para la población, canales de comunicación con la ciudadanía, procesos de adjudicación de obra mucho más transparentes, etc. El proceso aún no ha finalizado, y existe la oportunidad para que el gobierno provincial haga un esfuerzo para transparentar lo que queda por hacer.  

 

Más información

Autora

Agustina Palencia

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

*Foto extraída de losprimeros.tv