Las vagas explicaciones brindadas por la Ministra Stanley son insuficientes, y no atienden a la grave problemática que el propio Ministerio ha generado. Entre sus falencias se observa que no precisan qué pensiones se restablecerán y cuáles no, omiten detallar en qué casos consideran que ha habido errores, cuál será el procedimiento que se aplicará, ni qué criterios se aplicarán para resolver sobre el otorgamiento y continuidad de las pensiones.

La suspensión masiva de pensiones se produjo sin respetar garantías mínimas del debido proceso, y aplicó criterios restrictivos e inconstitucionales.   

La baja y suspensión de las pensiones, no solo implica la suspensión de la prestación económica, sino que restringe el acceso a servicios médicos. La interrupción de tratamientos médicos, es una de las graves consecuencias que esta medida ha ocasionado.

De los reclamos recibidos observamos que en ciertos casos el Ministerio continúa sosteniendo criterios irrazonables, lo que se ve en el sostenimiento de la suspensión por ser titular de un vehículo automotor. Asimismo, a algunas personas el Ministerio les ha dicho que no se tiene certeza de cuándo se restablecerá su prestación, afirmando que podría ser recién el mes siguiente o más adelante.  La no aplicación del procedimiento reglado, las imprecisiones de las comunicaciones oficiales y las respuestas concretas que a varios días del anuncio oficial están recibiendo las personas afectadas, generan que muchas de ellas continúen en la incertidumbre respecto de si recuperarán su pensión, o cómo hacer para controvertir una suspensión que consideran arbitraria. Su estado de indefensión agrava aún más su situación de vulnerabilidad.

Los criterios utilizados, mediante una interpretación aislada del decreto 423/97, que incluyen el análisis de bienes y/o ingresos en el grupo familiar, refuerzan los vínculos de dependencia de las personas con discapacidad, desconociendo su derecho vivir de manera independiente y a ser incluidas en la comunidad, reconocido en el art. 19 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Ministerio debe restablecer de manera inmediata las pensiones suspendidas o dadas de baja en violación al debido proceso, tanto durante el mes de junio, como en meses anteriores, e implementar un mecanismo de información y discusión que asegure de manera efectiva y real el derecho a ser oído y a ejercer la defensa, ofrecer y producir prueba, con la suficiente antelación, por parte de todas aquellas personas titulares de una pensión por discapacidad.

El debilitamiento de medidas de protección a personas con discapacidad realizado en forma arbitraria y sin una adecuada explicitación de las razones implica una violación al principio de progresividad. De acuerdo a este principio, deben existir razones excepcionales para justificar cualquier debilitamiento en estándares de protección de derechos económicos, sociales y culturales, lo que se denomina prohibición de regresividad. Al suspender y dar de baja pensiones, el Estado de redujo el nivel de protección a derecho como la salud, a la vivienda o a la educación. De esta forma, estaría violando el principio de progresividad y no regresividad.

Por último, se ha solicitado que genere espacios de participación de la sociedad civil en el proceso de adecuación del decreto 432/97 a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a los tratados internacionales de derechos humanos y asegure que hasta tanto ello suceda su interpretación se haga de acuerdo con dichos instrumentos.

Más información

Nota presentada al Ministerio de Desarrollo Social

Contacto

Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org

Poco antes de morir, Vicente (87) y Argentino (81) tal vez pensaron en su familia, en lo que comerían al día siguiente, en el frío de afuera o en lo que vieron en la televisión esa noche. Tal vez se sintieron solos o abandonados, lejos de todo lo que amaron en la vida. Pero con seguridad no pensaron en que un cortocircuito en el caloventor que entibiaba la habitación del geriátrico donde vivían condenaría a los dos a padecer una muerte horrible y dolorosa. Ambos fallecieron por las graves quemaduras que sufrieron, solo para sumarse a una triste lista que se engrosa todos los inviernos.

El lugar no contaba con medidas de seguridad básicas, como sensores, alarmas de fuego ni humo. Los matafuegos estaban descargados y el establecimiento no tenía habilitación municipal. Tanto la dueña del lugar como la enfermera que los cuidaba quedaron imputadas de homicidio culposo agravado por el número de víctimas, un delito que prevé, en caso de condena, una pena de 2 a 5 años.

No es la primera vez en Córdoba que un geriátrico es noticia por la tragedia. El caso más grave se registró en Le Petit Residence, una casona del Cerro de las Rosas donde en 2010 fallecieron seis personas producto de las quemaduras y de la inhalación de monóxido de carbono en una situación similar.

El 15 de junio, es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Se espera que en los próximos años en todos los países del mundo aumente sustancialmente el número de personas mayores. Según el INDEC, Argentina es uno de los países más envejecidos de Latinoamérica.

Con frecuencia las tareas de asistencia y cuidados de las personas mayores son delegadas a instituciones como las residencias geriátricas. Esto constituye un gran desafío para la sociedad argentina ante los episodios frecuentes de violación de derechos humanos básicos de las personas que allí viven. Una de las dificultades es que no existen normas nacionales que unifiquen exigencias puntuales de calidad y atención en estos lugares. Las normas provinciales, en general, solo aluden a cuestiones edilicias.

Llegó la hora de que nos sentemos a debatir sobre el lugar que ocupan y deberían ocupar los adultos mayores en las agendas públicas. ¿Seguirá rigiendo el paradigma que considera a los viejos como sujeto fuera de la población económicamente activa, por lo tanto prescindibles y desechables?

María (82), residente de un geriátrico de la ciudad de Córdoba, cuenta su historia con lágrimas en los ojos. “A mi me dijeron que me traían por unos días porque iban a arreglar mi casa”. Mira triste y enojada. Pero continúa: “Ya pasaron dos años y medio. Si hubiera sabido, no me sacan: me agarraba a las paredes con uñas y dientes. La casa que compramos con mi marido hace cincuenta años. Donde tuve y crié a todos mis hijos. ¿Por qué tenían que mentirme?”. Rompe definitivamente en llanto y entre sollozos, sus palabras se clavan como flechas en el corazón: “Si al menos me vinieran a ver…”.

El nuevo marco legal

El 9 de mayo de 2017 se aprobó, en Argentina, la Convención Interamericana Sobre Protección de los derechos humanos de las personas mayores, cuyo objeto es “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.

Para el cumplimiento de estos derechos, la Convención también señala “la obligación de eliminar todas las formas de discriminación, en particular, la discriminación por motivos de edad; reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades”. Esto implicaría reducir el número de víctimas por incendios en geriátricos a cero.

Isolina Dabove, explicó que:

“la aprobación parlamentaria de esta Convención consagra un nuevo paradigma positivo en torno a la vejez y permite que este Tratado entre en vigencia en nuestro país y que tenga jerarquía superior a las leyes. Obliga a los jueces a aplicar su contenido en toda decisión vinculada a personas mayores y el Estado argentino se compromete a poner en marcha políticas públicas que concreten los derechos contemplados en ella. También permite que cualquier argentino pueda interponer una petición individual para denunciar la violación de sus derechos ante la Comisión Interamericana.” (Fuente)

Además, agregó que:

“la adhesión a este acuerdo impacta de manera directa en el contenido y desarrollo de las políticas públicas gerontológicas, tanto nacionales como provinciales. Dado que se trata de un tratado internacional de derechos humanos, se impone también a las Constituciones Provinciales y a la legislación provincial respectiva. No hace falta que las Provincias adhieran a ella. Quedan obligadas a su cumplimiento, igual que el Estado nacional.” (Fuente)

La ratificación de la Convención resalta la importancia de que el Estado, en sus diferentes niveles, asuma un rol activo, asegurando la asignación de recursos públicos que permitan respetar los derechos humanos de las personas de edad avanzada.

Desde FUNDEPS monitoreamos el desarrollo y la implementación de políticas públicas locales en materia de derechos a la ancianidad y hemos presentado pedidos de informaciòn ante las dependencias correspondientes: RUGEPRESA de la provincia (Registro de Unidades de Gestiòn de Prestaciones de Salud), y la Secretaría de Salud, de la municipalidad. Sin embargo, ya vencieron los plazos de la legislación que regula el acceso al conocimiento de los actos del Estado y aun no recibimos respuesta.

Si bien la aprobación de políticas públicas que resguardan los derechos de los adultos mayores es un avance importante, la realidad indica que todavía queda un largo camino que recorrer para asegurar el cumplimiento efectivo de esos derechos. Por un lado, un Estado que en sus diversos niveles no dedica suficiente recursos para asegurar el respeto de los derechos humanos de una parte importante de su población y que en ocasiones tolera irregularidades porque reconoce sus límites para proveer una solución sostenible. Por el otro lado, una sociedad que es capaz de abandonar a sus adultos mayores cuando ya no les sirven, para que sufran todo tipo de ofensas, humillaciones, violaciones a sus derechos e incluso la muerte, debe replantearse seriamente el orden de sus prioridades… si no queremos ser nosotros los abandonados en un futuro, cuando ya no le sirvamos a la generación venidera. Como dice María: “Si al menos me vinieran a ver…”.

 

Autores/as

Federico Piccioni

Maga Ailén Merlo Vijarra

Laura Alesso

Contacto

Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org

Un estudio en la capital de esta provincia demuestra que en Córdoba, las compañías de tabaco continúan publicitando sus productos en los puntos de venta a través de estanterías y exhibidores.

CÓRDOBA. El tabaquismo es una epidemia que representa un problema global con devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, económicas y ambientales. Hoy es responsable de más de 6 millones de muertes anuales a nivel mundial y de costos sanitarios y ambientales que exceden las recaudaciones fiscales por impuestos al tabaco. Esta epidemia se cobra más vidas que la tuberculosis, el SIDA y el paludismo juntos, y representa la primer causa de muerte prematura evitable a nivel mundial. Cada año mueren 600.000 personas que no fuman como consecuencia de la exposición al humo ajeno, de las cuales 1 de cada 4 son niños y niñas.

Desde que uno nace está expuesto a estímulos que posicionan al acto de fumar como sinónimo de éxito, sensualidad y seguridad. Desde películas hasta dibujos animados, nuestro inconsciente se ve sugestionado por la idea de que fumar es normal, sexy y placentero. ¿Quién no recuerda a Clint Eastwood en “El bueno, el malo y el feo” como estereotipo de hombre duro y justiciero, fumando un puro después de acabar con los malos? Humphrey Bogart, el Agente 007, James Dean, Sherlock Holmes o John Travolta son ejemplos de que ser fumador es parte del éxito. Un estudio del British Medical Journal asegura que las industrias tabaqueras pagaron millones de dólares a las estrellas de Hollywood a cambio de promocionar sus marcas en los largometrajes.

Las mujeres tampoco escaparon a la asociación del consumo de tabaco con la liberación femenina, la emancipación, la rebelión y la idea de que fumar complementa a la perfección a una femme fatale. La situación es indignante si consideramos que también hubo intereses para que dibujos animados fumen: vimos fumando en la pantalla chica a Los Picapiedras, Tom y Jerry, el profesor Jirafales, Popeye, Bugs Bunny, Speedy González, el pato Lucas, el cerdo Porky, Pinocho, Peter Pan, Tribilín, el pato Donald y hasta el argentino Pucho fumaba perpetuamente su cigarro con aparente placer.

En este contexto, no es de extrañar que la edad de inicio de las personas en el consumo del tabaco sea a los 12  o 13 años, después de toda una infancia a la que estuvieron expuesta a estímulos de este tipo.

La ley de regulación del tabaco Argentina, sancionada en 2011, busca proteger a los ciudadanos del impacto del tabaquismo y reducir los daños, sobre todo en niños y adolescentes, más vulnerables a anuncios y promociones.

Esta ley significó el fin de las campañas, comerciales, eventos deportivos y desfiles de moda patrocinados por marcas de cigarrillos; al restringir las publicidades, promociones y patrocinios: solo se permiten anuncios en puntos de venta, en publicaciones de empresas del sector o a través de comunicación directa, previo consentimiento y verificación de la mayoría de edad de los posibles receptores.

Si bien esta legislación significó un avance, en nuestro país aún mueren 44 mil personas por año debido a enfermedades derivadas por el tabaquismo. Uno de cada cuatro adultos fuma. El costo sanitario atribuible a esta causa es de 33 mil millones de pesos por año, mucho más de lo recaudado en concepto de impuestos a las tabacaleras y el 12% del presupuesto total destinado a salud pública en nuestro país.

Un relevamiento que realizamos en Córdoba arrojó como principal resultado que la exhibición de paquetes de cigarrillos es la principal estrategia de las compañías para promocionar sus productos. El decreto reglamentario establece condiciones respecto los avisos publicitarios, pero nada dice sobre la exhibición. Así, una publicidad no debe medir más de 30 x 30 cm, ser estática, tener dos dimensiones, no tener luz ni verse desde el exterior del punto de venta y ser acompañada del mensaje sanitario correspondiente. Pero nada dice expresamente sobre la exhibición de productos a través de estanterías.

El instrumento de recolección de datos usó como referencia un protocolo desarrollado por la California Tobacco Advertising Study. La industria promueve el consumo con estrategias que alcanzan a todos. Aprovechando el vacío legal, cumplen con las condiciones sobre publicidad, pero dedican recursos a la exhibición. En términos de visibilización y promoción de marca, el efecto que se consigue es tan potente como el de los avisos publicitarios.

En las zonas donde se observa una mayor inversión en elementos de promoción son las que concentran mayor cantidad de estudiantes. Las imágenes y mensajes naturalizan el consumo, favorecen la identificación y recuerdo de las marcas, y aumentan la necesidad de fumar incluso en personas que intentan abandonarlo.

En este marco, es fundamental establecer una prohibición de publicidad y promoción de productos de tabaco, sin excepciones. Según estudios realizados por la OMS, la eliminación de cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio es una de las medidas más eficaces para prevenir el consumo. Así, se seguiría la línea de provincias como Santa Fe o Neuquén, o la de países como Colombia, Uruguay o Panamá.

Por ello, presentamos un proyecto de ley ante la Comisión de Salud de la Legislatura de Córdoba, que prohíbe la publicidad y la promoción de productos de tabaco sin excepciones, incluyendo todas las estrategias de exhibición de productos en los puntos de venta.

Se trata de una situación compleja, que debe ser abordada con políticas integrales, desde diversas aristas y con el compromiso de muchos actores de la sociedad, pero sin desconocer el papel fundamental que puede cumplir el Estado en la prevención de estas enfermedades.

Algunos datos a destacar como resultado del relevamiento

  • 7 de cada 10 kioscos en Córdoba utiliza estrategias promocionales de productos de tabaco.
  • De los kioscos con estrategias promocionales, 9 de cada 10 lo hacen de forma tal que sea visible desde el exterior del punto de venta.
  • En todos los kioscos relevados hay estanterías para organizar los atados de cigarrillos. El 85% de las mismas son visibles desde el exterior del punto de venta.
  • El 76% de los kioscos tiene estanterías industrializadas. En barrios con mayor presencia de estudiantes, se observa una mayor inversión en objetos de promoción y publicidad.
  • En la mayoría de los kioscos los productos con estrategias promocionales más prominentes y atractivas eran los productos de tabaco.
  • Las publicidades de tabaco se encuentran principalmente cerca de la caja, que es la zona de mayor visibilidad de los puntos de venta.
  • Ningún kiosco contenía aviso sobre la prohibición de venta de cigarrillo a menores de 18 años.

Más información

Autores/as

Federico Piccioni

Agustina Mozzoni

Contacto

Juan Carballo, <juanmcarballo@fundeps.org>

El informe, está enfocado en la protección de la salud frente a la epidemia del tabaquismo y en él se le solicita al Comité EPU (Exámen Periódico Universal) que recomiende al Estado Argentino la adopción de medidas que permitan alcanzar estándares más altos de protección.

ARGENTINA. Este año tendrá lugar en nuestro país la segunda evaluación quinquenal realizada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La misma, ofrece a los Estados la oportunidad de declarar qué medidas adoptaron para mejorar la situación de derechos humanos y establecer obligaciones en la materia.

Uno de los informes, presentado por FUNDEPS, junto a FIC Argentina, O’ Neill Institute for National and Global Health Law y FEIM, analiza al tabaquismo en el mundo, al marketing de la industria y a la situación legal en el país.

Las publicidades de tabaco poseen gran influencia sobre fumadores y no fumadores: un tercio de la experimentación inicial en jóvenes ocurre como resultado de los anuncios. El 78% de los jóvenes de 13 a 15 años reportan exposición regular a comerciales de cigarrillos en todo el mundo.

La realidad oscila entre la falta de controles, el incumplimiento de las leyes y la negación a ratificar el Convenio Marco de Referencia en el Control del Tabaco  (FCTC, por sus siglas en inglés), instrumento que coloca obligaciones sobre los Estados para adoptar políticas de control y que establece una serie de medidas efectivas frente a las consecuencias del consumo directo e indirecto. El tratado fue ratificado por más de 180 participantes y Argentina es el único país sudamericano que aún no es miembro de esta convención.

El Estado gasta 33 mil millones de pesos cada año para tratar problemas de salud a causa del tabaquismo. La recaudación impositiva por la venta de cigarrillos apenas llega a cubrir las dos terceras partes de los gastos directos que el cigarrillo provoca en el sistema de salud.

Las restricciones parciales de los anuncios alientan a la manipulación de los mismos y genera un vacío legal. Solamente a través de regulaciones que aseguren una completa prohibición de todas las formas directas e indirectas de publicidad pueden llevar a nuestro país a alcanzar sus objetivos en cuanto a consumo de cigarrillos. Las leyes actuales carecen de muchos de los componentes más significativos del FCTC y obstaculizan los esfuerzos de las instituciones de salud para disminuir el consumo de tabaco en el territorio.

Desde Fundeps exhortamos a que el Estado argentino aproveche esta oportunidad para tomar las medidas necesarias que aseguren el cumplimiento de derechos fundamentales.

Fuente

Instituto de Efectiviad Clínica y Sanitaria

FIC Argentina

Autor

Federico Piccioni
Contacto
Agustina Mozzoni <agustinamozzoni@fundeps.org>

En el Senado de la Nación tuvo lugar hoy, una jornada de diálogo intersectorial que incluyó la presentación de un proyecto de ley para la ratificación del Convenio Marco para el Control de Tabaco.

BUENOS AIRES. Durante el jueves 18 de mayo tuvo lugar una jornada de para promover la ratificación argentina del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS (CMCT), un tratado internacional de salud pública con miembros de 180 países y que Argentina aún no ratificó.

El Convenio preve una serie de medidas destinadas a mejorar la salud de la población al buscar la eliminación o la reducción del consumo de estos productos y de la exposición al humo de tabaco ajeno. Entre estas medidas, se encuentran: la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio, el aumento del precio de los cigarrillos y de impuestos al tabaco, el dictado de leyes que monitoreen y evalúen las políticas destinadas a prevenir el consumo, la implementación de ambientes 100% libres de humo, el ofrecimiento de  ayuda para dejar de fumar y la  inclusión de advertencias sanitarias con imágenes en las etiquetas de cigarrillos, entre otras medidas.

En Argentina, unas 44 mil personas mueren por año por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. La edad promedio en la que se empieza a fumar es a los 12 y hasta entonces las personas son bombardeadas por agresivas estrategias de marketing desarrolladas por la industria tabacalera. Una de las medidas más adelantadas del CMCT apunta entonces, a eliminar todo tipo de difusión con el objetivo de “proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo”.

En el evento disertaron Juan Manuel Abal Medina, Senador de la Nación; Marta Santore, Presidenta Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC) el Dr. César Di Giano, Presidente de la Unión Antitabáquica Argentina (UATA); Armando Peruga, Ex Gerente de la Iniciativa Libre de Tabaco de la OMS; Patricia Sosa, Directora de Programas de América Latina de Campaign for Tobacco Free Kids, entre otras personalidades destacadas en la materia.

Estuvimos presentes con la certeza de que nuestro país debe ratificar el Convenio para garantizar la efectiva protección del Derecho a la Salud; y con la certeza también de que dicha ratificación se constituiría como una herramienta clave para hacer frente a los intereses de la industria tabacalera.

Autor
Federico Piccioni
Contacto
Agustina Mozzoni <agustinamozzoni@fundeps.org>

El pasado 2016 fue un año de gran crecimiento para nuestra fundación, no solo por el desarrollo de nuestras múltiples agendas de trabajo, sino también, por la consolidación de nuestro equipo de voluntarios.

Diversificamos aún más nuestras agendas de trabajo, logramos potenciar nuestra incidencia social, pudimos posicionarnos en redes e incrementamos la colaboración con nuevos socios.

Como lo hicimos año tras año, continuamos realizando investigaciones, talleres y eventos; participamos de encuentros nacionales e internacionales con múltiples organizaciones; llevamos adelante actividades de monitoreo, incidencia y casos judiciales para avanzar en materia de políticas públicas.

Agradecemos a todos los que formaron parte y confiaron en FUNDEPS. Esperamos que el 2017 nos siga encontrando y trabajando en conjunto en pos de nuestro principal objetivo: continuar creciendo e incidiendo en políticas públicas.

Los invitamos a leer el resultado de un gran año de trabajo, haciendo click en nuestro informe 2016 en el siguiente link bit.ly/FUNDEPS2016; o bien en nuestra página web en la sección «Sobre Fundeps».

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer es un órgano de expertos independientes de Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Todos los Estados partes deben presentar al Comité informes periódicos para dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas con la firma de la CEDAW. Las organizaciones de cada país, según su experiencia y trabajo que realicen, pueden presentar un “informe sombra”, para dar cuenta de la realidad de las mujeres en el Estado, a fin de que el Comité tengas las herramientas necesarias para la elaboración de las recomendaciones finales que deba realizar.

Tras finalizar el proceso de revisión de Argentina, en su 65ª sesión el Comité de la CEDAW dictó sus “Observaciones Finales”, en las que se refleja el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil manifestado a través de los informes sombra presentados ante el Comité. FUNDEPS participó en tres informes, cuyos aportes fueron considerados a fin de lograr un avance en la efectiva garantía para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres argentinas.

Violencia mediática y simbólica

En conjunto con la Asociación Civil Comunicar Igualdad, desarrollamos un documento especial para el Comité con base en nuestro informe “Violencia de género y políticas públicas de comunicación”. En consideración de nuestras observaciones, el Comité de la CEDAW recomendó a nuestro país, en sus apartados 18 y 19, sobre “Estereotipos y prácticas nocivas”:

A) Intensificar sus esfuerzos encaminados a disipar las actitudes sexistas y estereotipos de las autoridades públicas estatales en los tres poderes;

B) Adoptar una estrategia global dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar la cultura del machismo y los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad. Asegurar que esta estrategia también se ocupe de las formas intersectoriales de discriminación contra la mujer, definidas en la Recomendación general Nº 28 (2010) del Comité sobre «Obligaciones fundamentales de los Estados Partes en virtud del artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer «, Apartado 18;

C) Fortalecer la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra los estereotipos discriminatorios a través de campañas de sensibilización como la campaña «#Ni Una Menos»; y

D) Enmendar la Ley Nº 26.522 (2009) relativa a los servicios de comunicación audiovisual, a fin de proporcionar al Defensor del Público la facultad de sancionar las violaciones de las disposiciones para regular los estereotipos de género y el sexismo en los medios de comunicación

Salud de las mujeres: consumo de tabaco

Asimismo, nuestros equipos de trabajo participaron y apoyaron la elaboración del informe presentado por la Fundación Interamericana del Corazón, FEIM y otras organizaciones, sobre las políticas públicas sobre control de tabaco que actualmente permiten el desarrollo de estrategias de la industria dirigidas especialmente a mujeres. Con relación a lo solicitado en dicho “informe sombra”, el Comité manifestó su preocupación por el “alto consumo de tabaco entre las niñas en comparación con los niño”. En virtud de ello, recomendó a Argentina en su apartado 35:

“G) Ratificar el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, reducir el alto consumo de tabaco entre los adolescentes, en particular las niñas, y abordar las consecuencias para la salud”.

Mujeres rurales e indígenas

En relación al informe realizado por la Fundación Plurales, en coalición con Fundapaz, Redes Chaco y otras, sobre el acceso a los recursos naturales por las mujeres rurales y campesinas del Gran Chaco Americano, que fue avalado por FUNDEPS, el Comité tomó varios puntos de lo solicitado, y realizó varias recomendaciones a Argentina en sus apartados 38 a 41 sobre mujeres rurales e indígenas, de las que pueden destacarse:

“A) Diseñar programas específicos dirigidos a asegurar el desarrollo sostenible y luchar contra las situaciones de pobreza a que se enfrentan las mujeres rurales, mediante la asignación de recursos específicos, oportunidades de empleo, medidas de protección social y programas específicos de educación para las mujeres rurales (…)

C) Adopte políticas para prevenir el desalojo forzoso y prevenir la violencia, la estigmatización y los ataques contra la mujer rural en el contexto de proyectos de desarrollo económico a gran escala; y

D) Asegurar que las mujeres de las zonas rurales estén representadas en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles del sector agrícola, incluidas las relativas a la reducción de los riesgos de desastre, la gestión después de los desastres y el cambio climático (…)

A) Adoptar medidas para reconocer formalmente la tenencia y la propiedad de las tierras de las mujeres indígenas y promover el diálogo a nivel comunitario para eliminar las normas y costumbres discriminatorias que limitan los derechos de propiedad de las mujeres indígenas sobre la tierra;

C) Asegurar que las mujeres indígenas tengan acceso adecuado a agua potable y asequible para usos personales y domésticos, así como para el riego;

D) Examinar el actual manejo negligente de las denuncias sobre plaguicidas nocivos, fertilizantes y uso de productos agroquímicos presentados por las mujeres indígenas ante el Ministerio de Salud, y velar por que esos casos se resuelvan de manera oportuna y apropiada de conformidad con las recomendaciones generales del Comité. Recomendación Nº 34 (2015) sobre los derechos de la mujer rural; y

E) Establecer un mecanismo obligatorio y eficaz de consulta y distribución de beneficios para obtener el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres indígenas en relación con el uso de sus recursos naturales y tierras” (La traducción es nuestra). De las recomendaciones dictadas por el Comité, sólo queda esperar que el Estado argentino tome las medidas correspondientes para garantizar los derechos humanos de las mujeres y su efectivo cumplimiento, algo en lo que estaremos trabajando en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil.»

Aclaración: La traducción de los fragmentos de las «Observaciones Finales» es de autoría propia. 

Más información

Contacto

Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

Durante los días 15, 16, 27, 18 y 19 de noviembre se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires, la reunión global de la red por los derechos económicos, sociales y culturales (Red-DESC). Este evento que reúne a más 280 ONG, movimientos sociales y activistas de más de 75 países, se propone consolidar un movimiento global que haga de los derechos humanos y la justicia social una realidad para todos y todas.

Los derechos humanos proveen una fuente vital de legitimidad política, moral y legal para la persecución de justicia, autodeterminación y bienestar compartido. Este marco une a los miembros de la Red-DESC en más de 75 países, donde trabajan conjuntamente para asegurar la rendición de cuentas de gobiernos y actores privados, articular modelo alternativos para el desarrollo, impulsar la igualdad sustantiva de las mujeres, defender los derechos relativos a la tierra y los recursos naturales, fortalecer el litigio y la implementación guiada por las comunidades afectadas, así como facilitar el acceso y el uso estratégico de la información para promover los DESC.

A lo largo de esta semana, los diferentes grupos de trabajo de la red debatirán acerca de los desafíos que el contexto global presenta para la garantía de los DESC. El creciente empobrecimiento de la ciudadanía, la captura corporativa del estado, la desigualdad creciente, la degradación de los ecosistemas y la represión a activistas de derechos humanos; son las caras de un sistema que aún tiene una deuda con los derechos humanos. El programa da cuenta de la variedad de acciones que lleva adelante la red en los muchos países en que trabaja.

El martes 15 de noviembre, la Red-DESC inauguró su Reunión Global de Estrategia junto a más de 150 participantes de más de 40 países. La jornada remarcó la gran responsabilidad de quienes integran la Red-DESC, a la luz de las condiciones globales comunes que ponen en seria amenaza la dignidad humana y el potencial de la acción colectiva en todo el mundo. Antes de definir los objetivos generales de la Red para los próximos cinco años, los participantes evaluaron el trabajo colectivo de los tres anteriores por medio de unos breves informes de los Grupos de Trabajo de Rendición de Cuentas Corporativa, Política Económica, Monitoreo, Litigio Estratégico y Mujeres y DESC, así como del Sistema de Solidaridad.

Desde FUNDEPS participamos de esta reunión buscando coordinar nuestras acciones y estrategias con las de la red global, conscientes de que sólo un esfuerzo coordinado y colectivo podrá hacer frente a los grandes desafíos de los derechos humanos, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales.

Más información

Video de la sesión final de la Reunión:

Thanks to all GSM 2016 participants! from ESCR-Net on Vimeo.

Contacto

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

Agustina Mozzoni – agustinamozzoni@fundeps.org

El 11 de junio de 2015, el Directorio del Banco Mundial aprobó un proyecto para Argentina por un total de 350 millones de dólares en el área de salud. Este proyecto, centrado en la Protección de la Población Vulnerables contra las Enfermedades Crónicas no Transmisibles, apoyó la estrategia del Ministerio de Salud para dichas enfermedades, en busca de una mejora en el acceso a los servicios de control y prevención para 3,2 millones de adultos entre 40 y 60 años quienes enfrentan mayores riesgos. Ante la falta de información oficial del proyecto y la ausencia de respuesta del Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia de Córdoba presentamos un pedido de información al Banco Mundial.

Las enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas son responsables del 81% de las muertes en Argentina. Sin embargo, una considerable parte de estas enfermedades, se puede prevenir o controlar, reduciendo los factores de riesgo, entre los que podemos encontrar: una dieta con exceso de azúcares, harinas refinadas, grasas y sal, y bajo consumo de fibra; el sobrepeso y obesidad; el consumo de tabaco; la hipertensión; y un elevado nivel de glucosa en sangre.

El proyecto pretende trabajar para mejorar las capacidades de centros de atención primaria para brindar servicios de calidad en la detección temprana y el control continuo de la obesidad, la hipertensión, la diabetes y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sumado a ello, a nivel provincial y municipal se esperan realizar intervenciones orientadas a la promoción de dietas saludables, el fomento de la actividad física y el control del consumo de tabaco.

No obstante la importancia del proyecto, desde el Ministerio de Salud de la Nación, sólo se ha producido un temprano informe, pero el mismo no ha sido actualizado, ni se han incorporado referencias a la manera en que se viene ejecutando el mismo.

En este contexto, desde FUNDEPS –en conjunto con FIC Argentina- presentamos solicitudes de información pública ante las dependencias del Ministerio de Salud de la Nación, para poder conocer sobre el progreso del proyecto. Así mismo, consultamos sobre la existencia de instancias de participación ciudadana y si se prevén mecanismos de monitoreo del proyecto por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Además, se solicitó información particularmente referida al aporte de fondos por parte de YPF, tal como se expresó en el portal del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.

Finalmente, ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud de la Nación, pedimos la información correspondiente por los medios previstos para solicitarla de manera directa ante el Banco Mundial, financiador de este proyecto.

La falta de información debilita los objetivos del mismo y dificulta la adecuada coordinación con autoridades provinciales. De fuentes periodísticas se sabe que algunos gobiernos tienen fondos depositados más no están habilitados para ejecutarlos.

Desde FUNDEPS como integrantes de la Coalición Argentina para la Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles junto a otras organizaciones que comparten la misión de trabajar en la prevención de estas enfermedades desde distintas perspectivas (médicas, de consumidores, de derechos humanos, de incidencia política, académicas) estamos haciendo un seguimiento a este proyecto.

Más información:

El Ministro de Salud de la Nación recibió a la Gobernadora de Tierra del Fuego (Prensa Tierra del Fuego – 19/05)

Ricardo Cardozo gestiona ante la Nación recursos para la Provincia (Diario La Republica 13/09)

Invertirán U$S 437 millones en protección contra enfermedades crónicas no transmisibles (Telam 08/10)

Contacto:

Franco De Grandis, francodegrandis@fundeps.org

María Victoria Gerbaldo, victoriagerbaldo@fundeps.org

El pasado 8 de agosto, el Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto ante el Congreso de la Nación para la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Esta convención tiene como objetivo promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores. La misma fue aprobada el 15 de junio de 2015 por la OEA. Si bien Argentina cumplió un rol fundamental en el proceso de negociación en la OEA, aún no ha sido ratificada por nuestro país.

La adopción de esta convención constituiría una herramienta fundamental para el avance por los derechos de las personas mayores y, en definitiva, la protección de los derechos humanos consagrados en los distintos tratados aceptados por nuestro país.

Al ratificar la convención, Argentina se obliga internacionalmente a adoptar las medidas legislativas, institucionales y de cualquier otra índole, necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades que en dicha convención consagran; además, la misma se incorpora como parte del derecho vigente del Estado. De allí el valor y la importancia que tiene ésta iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional.

Apoyamos el proyecto de ley e instamos a su efectiva sanción recordando que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable, y esto implica para el Estado una obligación reforzada: el deber de impulsar medidas de protección especiales que les permitan el ejercicio de sus derechos y libertades.

Más información:

– “La OEA aprobó la Convención que protege los derechos de las personas mayores” (Página web FUNDEPS)

– “Avances en el proyecto de ley de protección integral de las personas mayores” (Página web FUNDEPS)

Proyecto del Poder Ejecutivo presentado ante el Congreso de la Nación

Contacto:

 Agustina Mozzoni – agustinamozzoni@fundeps.org

FUNDEPS, en colaboración con el O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, anuncia renovación del programa de pasantías. 

Pasantía rentada en los meses de enero, febrero y marzo de 2017 en el O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University en Washington DC

Instituciones convocantes:

– O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University Law Center

– FUNDEPS – Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables

– Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba

Requisitos para la presentación:

– Estar inscripto como estudiante regular de la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.

– Haber aprobado o estar cursando Derecho Internacional Público.

– Tener un promedio general, con aplazos, de 7 o más puntos.

– Tener un excelente manejo del idioma inglés escrito y oral.

Mecanismo de selección:

– Plazo límite para la presentación de las candidaturas: 28 de septiembre de 2016.

– Un Comité de Selección de la UNC elegirá una lista de entre cinco y siete personas pre-seleccionadas, quienes serán convocadas a una entrevista a desarrollarse en inglés el día 30 de septiembre de 2016 en la Facultad de Derecho de la UNC, en lugar a confirmar.

– El 30 de septiembre de 2016 el Comité de Selección de la UNC enviará un listado de entre tres y cinco personas al O’Neill Institute for Nacional and Global Health Law, cuyo equipo decidirá la persona seleccionada para realizar la pasantía.

– La persona seleccionada deberá participar, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, en actividades de capacitación sobre el derecho humano a la salud, en el área de derechos humanos de FUNDEPS.

Documentación a presentar:

– Carta de motivación en inglés justificando la aplicación al programa de pasantías del Instituto O’Neill, dirigida directamente al Instituto O’Neill.

– Curriculum vitae detallado en inglés, en no más de 3 páginas.

– Historia académica en versión electrónica.

* Los materiales se deberán enviar en formato digital en un único archivo en formato Acrobat Reader (.pdf) a la dirección: info@fundeps.org, indicando en el asunto: Convocatoria O’Neill – “Nombre del candidato”.

Criterios de selección:

– Promedio.

– Interés en área de derecho a la salud o derechos humanos.

– Experiencia de investigación académica.

– Experiencia de trabajo en organizaciones de la sociedad civil.

– Nivel de inglés.

Consultas: info@fundeps.org

Charla informativa: Viernes 9 de septiembre de 2016, 17:00, Sala 3 de la Facultad de Derecho de la UNC

Más información sobre el Instituto O’Neill: http://www.law.georgetown.edu/oneillinstitute

FUNDEPS, como miembro del proyecto de investigación “Rotulado facultativo y técnicas de marketing dirigidas a niños en envases de alimentos procesados de Argentina”, participó del acto de entrega de diplomas de las becas Salud Investiga 2016 “Dr. Abraam Sonis”; que se realizó en el aula magna de la Academia Nacional de Medicina, el pasado viernes 24 de junio.

Desde FUNDEPS, junto a FIC Argentina y la Universidad Católica de Santa Fe, estamos desarrollando un proyecto de investigación en el marco del programa de becas “Dr. Abraam Sonis”, financiado por el Ministerio de Salud de la Nación. La investigación se enfoca en el etiquetado y técnicas de marketing dirigidas a niños en envases de alimentos procesados en Argentina.

El sobrepeso y la obesidad infantil constituyen un problema de salud pública de gran magnitud y, cada vez más, se incrementa su prevalencia tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. La Organización Mundial de la Salus (OMS) ha determinado que la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. Este desequilibrio se produce con frecuencia ya que en el mundo actual ha aumentado la ingesta de alimentos ricos en grasa, sal y azúcares, a la vez que ha disminuido considerablemente el nivel de actividad física. Los niños y niñas prefieren los alimentos hipercalóricos y esta preferencia se vincula fuertemente con las estrategias de marketing y publicidad desarrolladas por la industria alimenticia.

En este sentido, la investigación analizará el uso de rotulado y técnicas de marketing dirigidas a niños/ñas en los envases de alimentos procesados seleccionados, a fin de promover una política que regule los envases de los alimentos y proteja la salud de los más chicos. A nuestra fundación le corresponde uno de los componentes de este proyecto: la descripción y el análisis del marco normativo que regula el envase de los alimentos, destacando posibles caminos de regulación desde una perspectiva de salud pública.

Desde nuestra fundación agradecemos este espacio del Ministerio de Salud de la Nación. Además, estamos contentos de ser parte de esta iniciativa en colaboración con un grupo multidisciplinario. Obtener datos a nivel local que permitan evidenciar las estrategias de marketing y publicidad a las que están expuestos los niños y niñas en Argentina es un paso fundamental para poder impulsar mejores políticas públicas y proyectar un marco regulatorio más protectorio del derecho a la salud.

Más información

Contacto

 Agustina Mozzoni – agustinamozzoni@fundeps.org