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En visita a Jujuy y Salta, el equipo legal de FUNDEPS participó de encuentros con autoridades, organizaciones y comunidades indígenas de las provincias de Salta y Jujuy y de Bolivia.

Como parte del proyecto de fortalecimiento de la implementación del marco legal de protección de bosque nativo, el equipo de FUNDEPS visitó Salta y Jujuy, reuniéndose con autoridades, organizaciones y comunidades vinculadas a la temática.

Tanto la provincia de Salta como la de Jujuy cuentan con importantes zonas de bosque nativo. Estas zonas han sido deforestadas en los últimos años a pesar de la aprobación de la ley de presupuestos mínimos de protección de bosque nativo.

De acuerdo a la plataforma Global Forest Watch, estos son los datos diferenciados para cada provincia:
– Salta: 1.185.326 hectáreas deforestadas en el período 2001-2014 incluyendo 50.606 en 2014.
– Jujuy: 67.043 hectáreas deforestadas en el período 2001-2014 incluyendo 4.030 en 2014.

Los miembros del equipo de FUNDEPS nos reunimos con autoridades del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de Salta, con el Presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Cámara de Diputados de Jujuy, con la Organización No Gubernamental Bosque Modelo Jujuy y con la Sala de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Jujuy.

Asimismo, participamos de un encuentro de mujeres de comunidades indígenas de Argentina y Bolivia en el que, además de problemáticas vinculadas a bosques, se discutió sobre herramientas legales para la protección del ambiente y los derechos humanos en general. Este encuentro, organizado por Fundación Plurales, tuvo lugar en Hipólito Yrigoyen, Salta. Del mismo modo, visitamos una comunidad indígena guaraní en la localidad de Santa Clara, Jujuy.

Desde FUNDEPS, seguiremos con el trabajo de monitoreo e incidencia para el fortalecimiento del marco legal de protección de bosques nativos tanto en Córdoba como en otros provincias. Además, creemos importante conectar la problemática de bosques con otros temas de derechos humanos como salud, vivienda o derecho a un ambiente sano, en particular en grupos vulnerables como mujeres de comunidades indígenas.

 

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En defensa del derecho a acceder libremente a cursos de agua y del ambiente como bien colectivo, el pasado viernes 20 de noviembre, FUNDEPS junto a un grupo de vecinos organizados presentó un Amicus Curiae ante la Justicia de Alta Gracia.

El viernes 20 de noviembre FUNDEPS presentó formalmente un Amicus Curiae en la causa “El Potrerillo de Larreta Country Club S.A. c/ Provincia de Córdoba – Ordinario” que se tramita ante el Juzgado de 1ª Nominación de Alta Gracia a cargo de la jueza Graciela Vigilanti.

El juicio se enmarca en una problemática de larga data en Córdoba que involucra intereses particulares en desmedro de derechos fundamentales de todos los habitantes. El cercamiento de ríos, arroyos y lagos de dominio provincial por parte de los propietarios de los fundos colindantes con los mismos, constituye un claro acto ilegítimo que viola entre otros el derecho al libre tránsito, el uso, goce y aprovechamiento de aguas dominio público y el constitucionalmente reconocido derecho humano de acceso al agua.

En la ciudad de Alta Gracia los vecinos vienen defendiendo sus derechos en diferentes instancias y desde el año 2011 el colectivo Todos x nuestros Arroyos tomó la posta en esta lucha en la que propietarios y emprendimientos inmobiliarios comenzaron a alambrar las márgenes de diferente tramos de arroyos y ríos del ejido municipal. Tal es el caso del Country Potrerillo de Larreta, el cual actualmente tiene cercado 4 km del arroyo Los Paredones impidiendo el paso de los vecinos alegando principalmente razones de seguridad.

La participación de FUNDEPS se canalizó a través de la figura de amicus curiae, que permite que terceras personas acerquen recomendaciones en un proceso judicial. Creemos necesario defender aquellos derechos vulnerados más aun cuando de nuestra Constitución Nacional, de los tratados internacionales, del Código Civil y Comercial de la Nación y del Código de las Aguas para la Provincia de Córdoba podemos extraer las siguientes conclusiones:

1. El uso de las aguas públicas es un derecho inalienable e irrenunciable.

2. Los ríos, arroyos y lagos, bien entendidos como sus aguas superficiales, sus cauces, sus materiales y el terreno hacia el interior de la línea de ribera, es un bien público.

3. Consecuentemente, está prohibido instalar alambrados que cierren el acceso público a esas bienes. Quien lo hace se estaría atribuyendo como propio terrenos que son públicos.

4. Por lo tanto también es ilegítimo impedir que las personas circulen por el interior de la línea de ribera.

5. El ambiente, como bien colectivo, incluye elementos como el paisaje como la recreación en espacios naturales.

Desde FUNDEPS realizamos esta presentación esperando contribuir a una adecuada protección del ambiente como bien colectivo y de la priorización de derechos colectivos por encima de derechos individuales.

 

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Yamile Najle – Área de Derechos Humanos

yamilenajle@fundeps.org

El Plenario del Consejo Asesor de Cambio Climático de la Provincia de Córdoba se congregó por segunda vez con vistas a invitar a las diferentes comisiones que lo conforman a trabajar interdisciplinariamente. Además, se trazaron los lineamientos para abarcar nuevos ejes temáticos.

El 1 de septiembre de septiembre del corriente, a través de la Resolución Ministerial Nº 45, se dio origen al Consejo Asesor de Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba. Dicho Consejo tiene como objetivo asesorar  sobre todos los aspectos relativos al cambio climático que atentan contra el desarrollo sostenible. FUNDEPS junto a más de  40 instituciones es parte de este nuevo consejo, que fue calificado como  “un gran desafío” por parte de las autoridades. Entre las instituciones participantes se encuentran diversos sectores del gobierno provincial y nacional, universidades, colegios profesionales y ONGs, entre otros.

El jueves 29 de Octubre se reunió por segunda vez el Plenario del Consejo Asesor de Cambio Climático de la Provincia de Córdoba. En la reunión se marcó la importancia del trabajo transversal e interdisciplinario de las comisiones que conforman el consejo. Las comisiones que hoy se encuentran trabajando son: Agricultura y Ganadería, Comunicación y Educación, Inventario de Gases de Efecto Invernadero, Normativa e Institucionalidad, Promoción I+D, Salud, Eficiencia Energética y Medidas Estructurales.

FUNDEPS, como parte del Consejo, propuso trabajar con un enfoque de Derechos Humanos en la “comisión de normativa e institucionalidad”, de la cual participa activamente. La comisión realizará una primera sistematización y diagnóstico de la legislación explícita e implícita en Cambio Climático a nivel nacional y provincial, para poder así tener noción del estado de situación sobre el marco jurídico existente y poder comenzar a trabajar.

La necesidad de trabajar sobre la gestión de riesgo en el territorio, la seguridad climática como uno de los nuevos conceptos de amenaza a la seguridad internacional y su vínculo con la economía y el  desarrollo, fue otro de los temas que se discutieron en el plenario.

 

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Yamile Najle / Coordinadora del Área de Derechos Humanos

yamilenajle@fundeps.org.

Delegados de los 20 países firmantes de la declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, sobre el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, se reunirán en Panamá del 27 al 29 de octubre de 2015 para continuar con la negociación de un acuerdo regional sobre estas materias.

La Segunda Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, bajo la organización de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Panamá, tendrá lugar en la Ciudad de Panamá del 27 al 29 de octubre de 2015. Se negociarán aspectos sustantivos del instrumento regional, en especial el preámbulo y los artículos 1 a 10 del documento preliminar elaborado por la CEPAL. Además se trabajarán las propuestas realizadas por los diferentes países, como también las de los insumos recibidos por el público.

Desde Ginebra, a través de una declaración pública (22 de octubre de 2015) un grupo de expertos[1] en derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su firme apoyo a los esfuerzos de los gobiernos de América Latina y el Caribe para lograr un instrumento regional que garantice los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Consideraron que “esta negociación es uno de los pasos más importantes en la protección y promoción de la democracia ambiental a nivel internacional y proporcionará un modelo para que se tomen pasos similares en otras regiones y países”. Reconocieron la transparencia del proceso y la amplia participación pública en todo momento de las deliberaciones, resaltando esta modalidad como una buena práctica internacional relativa a la participación de diferentes actores en procesos intergubernamentales.

Los expertos afirmaron que un instrumento regional robusto sobre los derechos de acceso fortalecerá las legislaciones nacionales que implementan acuerdos multilaterales ambientales y las políticas nacionales en otras áreas, como el cambio climático, la gestión de productos químicos y residuos y la diversidad biológica.

Sin embargo, advirtieron que si bien la mayoría de los países han expresado su intención de concluir un instrumento jurídicamente vinculante, aún no han adoptado una decisión formal sobre el tema. Respecto a este último tema, el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox, en representación de los expertos dijo, “Instamos a los negociadores a que adopten un tratado u otro instrumento vinculante, ya que ésta sería la mejor forma de promover la implementación efectiva de los derechos de acceso y el desarrollo sostenible, y de asegurar que este instrumento fortalezca las capacidades de las instituciones públicas y la sociedad civil”.

Desde Fundeps continuamos participando como observadores de este proceso regional a fin de lograr el más alto nivel de fortalecimiento e implementación de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Así también, consideramos valioso y oportuno el aporte realizado por los expertos en derechos humanos de la ONU, ya que un instrumento jurídicamente vinculante proporcionará herramientas legales que aseguren el disfrute efectivo de los derechos de acceso.


[1]Los expertos forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Para mayor información, visite: http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx 

 

 

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María Elena Martinez – Área de Derechos Humanos

malemartinez@fundeps.org

Se espera que el fallo sea conocido mañana sobre la ley provincial 9526 que prohíbe la explotación minera a cielo abierto.

Se aguarda que mañana sea conocido el fallo del Tribunal Superior de Justica (TSJ) de Córdoba sobre la constitucionalidad o no de la Ley provincial 9.526 que es el instrumento legal que impide la explotación minera a cielo abierto de metales y de sustancias radiactivas, aspecto que genera una importante atención ya que hubo un recurso aceptado que planteó la deficiencia de la norma. Fue sancionada en 2008 por unanimidad en la Legislatura provincial y, posteriormente, en 2009, la Cámara Minera efectuó una presentación para que se dejara sin efecto a ese instrumento.

En el proceso, se hizo la presentación de Amicus Curiae, por parte de la docente especializada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Alicia Morales Lamberti, quien brindó argumentos técnico-jurídicos de peso para echar luz en relación a esta norma. Según explicó Agustín Fillipi, de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, «lo que está en juego acá son las sierras de Córdoba, las montañas, la Reserva Hídrica Pampa de Achala y el Parque Nacional Condorito donde hay mucha cantidad de uranio y podría efectuarse una explotación altamente destructiva y contaminante. Otro lugar es la zona de Ongamira y Copacabana por la presencia de oro».

Fuente: Cba24n

Link: http://www.cba24n.com.ar/content/tsj-definiria-constitucionalidad-de-norma-sobre-megamineria

El día sábado 26 de septiembre Fundeps formará parte de un encuentro en el que participarán mas de 150 mujeres que representarán organizaciones de Paraguay, Bolivia y Argentina. El encuentro se propone generar espacios de diálogo y participación que permitan afrontar los problemas socio-ambientales a los que se ven enfrenta la región.

Los días 25, 26 y 27 de septiembre 2015 se desarrollará en la Universidad Provincial de Córdoba, el Encuentro Trinacional del Colectivo de Mujeres del Chaco Americano.
Este evento, en el que participarán más de  150 mujeres de organizaciones de Bolivia, Paraguay y Argentina, se realiza en el marco del Proyecto Fortaleciendo a las  Defensoras de Derechos Ambientales en el Chaco Americano coordinado por el Fondo de Mujeres del Sur (Argentina y Paraguay), Plurales (Argentina) y el Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija (CCCIMCAt, Bolivia), con el apoyo financiero de la Unión Europea.
Esta iniciativa -que cuenta con la participación de numerosas organizaciones e instituciones de mujeres, ambientales y sociales- se propone como un espacio que promoverá el diálogo e impulsará el intercambio en torno a las principales oportunidades  que tienen los grupos o que necesitan consolidar para afrontar los problemas socio-ambientales a los que se ven enfrentadas en la región.
Su finalidad es la de generar un tiempo y un espacio de participación ciudadana activa de las mujeres representantes de sus organizaciones, en la que podrán conocerse, compartir experiencias y aprendizajes, construir nuevos caminos  y puentes entre ellas y sus organizaciones y espacios locales.

 

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Virgina Pedraza / Co – Coordinadora del área de Derechos Humanos

vir.pedraza@gmail.com

El 16 y 18 de septiembre Fundeps participó del evento «Perimeter defense: innovative technologies for detecting and preventing illegal logging» organizado por World Resources Institute, que tenía por objetivo la interrelación e intercambio entre activistas y ONG’s dedicados a la problemática de los bosques.

Llevado a cabo en la Academia de Ciencias de California, en San Francisco, las jornadas estaban orientadas a conectar las experiencias de activistas y ONGs dedicados a la protección de bosques. El evento contó con la presencia de expertos en tecnologías y empresas dedicadas al desarrollo de las mismas.
Fuimos invitados como participantes en el marco de nuestro trabajo en el proyecto de “Advocacy for the decrease of deforestation in the «Gran Chaco Argentino» forest, with a special focus on Córdoba” apoyado por Global Forest Watch. Nuestro proyecto tiene como fin último incidir en la reducción de la deforestación en el bosque del Gran Chaco, con especial foco en Córdoba.
El primer día consistió en un conferencia de cuatro sesiones. La apertura fue llevada a cabo por un panel que trató el tema referido a las dificultades para prevenir, detectar y sancionar el desmonte ilegal. La charla incluyó temas como las barreras políticas, sociales, culturales y tecnológicas. Luego se avanzó sobre distintos tipos de tecnologías, y también sobre la detección de actividades que afectan al medio ambiente, incluyendo a la fauna, vía satelital, visual y sonora, entre otras.
Hacia el final del día, se analizó el caso de la Biosfera Maya de Guatemala, para discutir potenciales usos de las tecnologías explicadas previamente. Además, el último panel compartió experiencias positivas sobre uso de algunas tecnologías en la protección de bosques y especies en peligro.
La segunda jornada del encuentro consistió en un taller para construir propuestas para la acción en distintos temas. Entre los diferentes tópicos estaban la prevención del desmonte, cómo trabajar en la construcción de capacidades con comunidades indígenas, o en contextos con escasos recursos tecnológicos, la utilización de drones para el monitoreo de bosques y el procesamiento de los datos recopilados con medios tecnológicos.

 

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Carolina Tamagnini / carotamagnini@fundeps.org

Frente al problema de la carencia de destrezas para participar en decisiones que afectan el medio ambiente, en la actualidad se ha creado una herramienta de fuente creíble e independiente, para medir y mapear las brechas que existen en los derechos de acceso en materia ambiental. 

El Índice de Democracia Ambiental (EDI por sus siglas en inglés) fue desarrollado por The Access Initiative (TAI) y el World Resources Institute (WRI), con el propósito de identificar el cumplimiento de los países en cuanto a los derechos de acceso a la información, participación y justicia en las decisiones ambientales; estos principios que son la base de la democracia ambiental, estan reconocidos en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992. EDI ha sido diseñado para abordar varias problemáticas ambientales, entre ellas: la contaminación del aire y el agua, la desforestación, los impactos de la industria extractiva y el manejo de áreas protegidas.  Además, se caracteriza por ser una plataforma única ya que evalúa y categoriza las leyes y las prácticas relacionadas con el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia. Contrasta los derechos frente estándares internacionales establecidos por Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y sus resultados aseguran datos relevantes, útiles y comparables, ya que serán actualizados cada dos años.

EDI está compuesto por 75 indicadores legales (letra de la ley, constitución, interpretaciones, leyes sobre participación pública y de acceso a la justicia, legislación ambiental y políticas ambientales), que miden la eficacia de las leyes y permiten comparar con los estándares de referencia el progreso legislativo en el nivel nacional. Adicionalmente, 24 indicadores de práctica (realidad, investigación “de escritorio”, implementación de leyes) que miden el desempeño y permiten observar la materialización de estas leyes. En una escala de cero a tres se calificó el desempeño de los gobiernos al dar seguimiento y registrar problemas que involucran los derechos referidos. En las evaluaciones se incluyen resúmenes de las áreas que presentan fortalezas y aquellas en las que es necesario realizar mejoras; así como información de contexto que ayudará a los usuarios a entender de mejor manera la situación económica y demográfica del país; comparaciones y clasificación de los países de acuerdo a sus avances en materia de democracia ambiental. Además permitirá la retroalimentación de los gobiernos promocionando un diálogo colaborativo, en donde el gobierno podrá responder y reaccionar a sus resultados.

Como resultado del análisis, se ubicaron en los primeros sitios: Lituania con un puntaje global de 2.42 y Latvia de 2.31, mientras que Namibia con 0.59, Malasia con 0.58 y Haití con 0.51, se colocaron en las últimas posiciones. Las opciones del ranking permiten modificar los criterios de comparación y facilitan encontrar países con normativas fuertes que pueden servir de modelos.

Argentina  ocupó la posición 25 dentro de los 70 países en los cuales se realizó el EDI, con un puntaje de 1,63 puntos de 3, los cuales se dividen: 1,25 en participación pública, 1,44 en acceso a la información y 2,19 a la justicia, lo que nos ubica por debajo de países latinoamericanos como Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, El Salvador, República Dominicana, México y Chile. No obstante, nos encontramos por encima de Nicaragua, Trinidad y Tobago, Venezuela, Bolivia y Paraguay. (Ver documento con resultados de Argentina)

Las conclusiones principales del índice son las siguientes: 

  • El nivel de desarrollo económico es importante pero no es el único factor. Varios países de bajos ingresos tienen buen puntaje. Algunos ejemplos de países de bajos ingresos que se encuentran en la primera mitad de la clasificación son: Indonesia (17), El Salvador (18), Camerún (22), India (24), Nicaragua (28), Ucrania (29), Mongolia (30) y Zimbabwe (33). 
  • Su función es medir el nivel de implementación de derechos procesales de acceso a la información en materia ambiental, de la participación pública y el acceso a la justicia en sus leyes nacionales. Un país puede tener un buen nivel de implementación de esos derechos, y sin embargo no cumplir con los derechos humanos. 
  • Es importante formar parte de un convenio vinculante sobre democracia ambiental, ya que cinco de los primeros 10 países firmaron el convenio Aarhus. 
  • La mayoría de los países (93%) han establecido el derecho de acceso a la información ambiental. Sin embargo, casi la mitad de estos países (45%) no cuentan con las medidas necesarias para garantizar el acceso a la información oportuno y accesible. 
  • Las leyes de participación pública están rezagadas: la mayoría de los países evaluados (79%) tienen clasificación regular o deficiente. 
  • – Sin embargo, en varios países siguen faltando garantías de acceso a información ambiental básica. Casi la mitad (46%) de los países evaluados no proporcionan información vía internet sobre la calidad del aire en las ciudades capitales. 
  • En la mayoría de los países evaluados (73%), las cortes reciben demandas sobre temas ambientales. Sin embargo muy pocos de los países evaluados brindan asistencia a grupos marginalizados. Por ejemplo, algunos de los países evaluados (14%) tienen mecanismos legales para agilizar el acceso a las justicia a las mujeres para obtener compensación cuando sus derechos ambientales han sido violados. 

Con el fin de impulsar un desarrollo sustentable inclusivo, participativo y guiado por los derechos humanos, desde FUNDEPS, como parte de la red de trabajo de TAI, buscamos promover y fomentar aún más la aplicación de la democracia ambiental a través de la erradicación de las brechas de los derechos de acceso y el fortalecimiento de la implementación de los mismos.

Consideramos que el EDI será una herramienta útil tanto para los gobiernos como para las personas interesadas. A los gobiernos les permitirá  tener la posibilidad de comparar sus avances frente a estándares internacionales, mientras aprenden acerca de las leyes modelo y la práctica en todo el mundo; mientras que las personas interesadas podrán descargar información, realizar comparaciones y categorizar el desempeño de los países.

 

Más información

Argentina: resumen de resultados de EDI

Presentación institucional de EDI

 

Contacto

María Elena Martinez – Área de Derechos Humanos

malemartinez@fundeps.org

Justine Scemama – Área de Derechos Humanos

justine.scemama@fundeps.org

Fundeps, como organización miembro de la Iniciativa de Acceso (TAI), envió comentarios y sugerencias a un documento elaborado por la CEPAL, que es la base para mejorar la implementación del Principio 10 de la Declaración de Rio.

La Iniciativa de Acceso (TAI) es la red mundial más grande de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para que los ciudadanos tengan el derecho y capacidad de influir en las decisiones sobre los recursos naturales que sostienen a sus comunidades.

Como parte de la coalición global de organizaciones de la sociedad civil TAI, Fundeps envió comentarios y observaciones al Documento preliminar del Instrumento Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, elaborado por CEPAL. Este es el documento base de las negociaciones internacionales que se están llevando adelante para mejorar la cabal implementación del Principio 10 de la Declaración de Rio, a través de la cual se consagran los derechos de acceso.

El equipo de trabajo de FUNDEPS, coordinó parte del trabajó sobre el documento y marcó la importancia de reformular el objetivo del acuerdo, proponiendo la siguiente redacción: “El objetivo último del presente acuerdo es garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y sostenible mediante la efectiva aplicación en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso, consagrados en el principio 10 de la Declaración de Rio”. Entre otros aportes enviados a modo de sugerencia, cabe destacar que al texto propuesto se incorporaron conceptos como el de Justicia Ambiental,  principio de educación y congruencia, entre otras sugerencias que esperamos sean atendidas por los gobiernos partes.

Para mayor información: http://www.cepal.org/es/principio-10 

Para ver el documento preliminar del Acuerdo regional sobre el Acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe con las sugerencias realizadas por Fundeps, hacé click acá.

 

Contacto:

Juan Carballo – Directo Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org.

Yamile Najle – Coordinadora del área de Derechos Humanos

yamilenajle@fundeps.org.

El pasado 11 de agosto, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba se expresó por la constitucionalidad de la Ley Nº 9526, que prohíbe la minería metalífera y de sustancias radiactivas en su modalidad a cielo abierto en todo el territorio de la provincia de Córdoba, y asimismo el uso de cianuro, mercurio y toda otra sustancia química contaminante y/o peligrosa en la actividad minera.

De este modo se rechazó la acción declarativa de inconstitucionalidad planteada por representantes de la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba (Cemincor) y de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN), en contra de la Provincia de Córdoba en el año 2009.

Es necesario recordar que esta ley fue sancionada de forma unánime por la Legislatura provincial el 24 de septiembre de 2008, como resultado de la conquista de la lucha de organizaciones sociales y ambientales de la provincia en resguardo de los derechos de incidencia colectiva, en defensa del ambiente y de nuestros bienes comunes. En aquel momento, se lograron juntar más de 80.000 firmas para que la ley tuviera fuerte apoyo de la ciudadanía.

El fallo del máximo tribunal sostuvo la amplia constitucionalidad de la ley cuestionada, en tanto Argentina constituye un Estado Federal plurilegislativo, en el cual los distintos niveles gubernamentales tienen su respectiva competencia para dictar sus leyes. Así, distinguió especialmente entre las facultades delegadas a la Nación en el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional (Códigos de fondo, de Minería), y aquellas que mediante el art. 41 también fueron delegadas (Leyes de Presupuestos Mínimos Ambientales) por las provincias, pero siempre conservando inalterable el dominio, la jurisdicción y el poder de policía sobre sus recursos naturales (art. 124 CN).

El TSJ ratificó que la Ley 9526 fue dictada con plena competencia por la Provincia de Córdoba, atribución que fue reforzada por la reforma constitucional de 1994 y el nuevo paradigma jurídico ambiental, afirmando que “la misma Constitución reconoce a las provincias el carácter de titulares incuestionables de tal facultad en materia ambiental, la que es posible definir como conservada, progresiva, concertada y autonómica”. Asimismo sostuvo que en el caso en discusión no se planteaba una dicotomía desarrollo económico vs. ambiente, sino que se estaba restringiendo sólo un tipo de actividad minera, que resultaba a todas luces incompatible con los objetivos y bienes resguardados por la ley.

Los magistrados se manifestaron por la razonabilidad, la adecuación y la proporcionalidad de las medidas adoptadas por el legislador como representante de la “voluntad popular”, en tanto la prohibición de la gran minería a cielo abierto resultó absolutamente necesaria y razonable a los efectos de evitar los graves riesgos y daños de una actividad altamente destructiva, contaminante y agresiva en términos ambientales, sociales y culturales.

La prevalencia de los principios de prevención, precaución y de equidad intergeneracional fueron la plataforma jurídica sobre la que se fundamentaron la ley y más tarde la resolución judicial, asociados a los derechos a un ambiente sano, al agua, a la salud, al trabajo, al turismo, a un desarrollo regional sostenible. El tribunal fue categórico como pocas veces: “De allí, la relación directa entre la protección del ambiente y el derecho a la vida”.

Por último, queremos destacar que el TSJ respaldó sus fundamentos para la decisión judicial no sólo en el derecho ambiental constitucional e infralegal, sino también en numerosos tratados de derechos humanos, convenciones internacionales, y en informes y experiencias de minería a cielo abierto a nivel local, nacional y global.

El sector minero ha interpuesto recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que deberemos seguir luchando para que se respeten adecuadamente los derechos colectivos y las garantías fundamentales de todos los habitantes de la provincia de Córdoba.

Más información:

 

Contacto:

Agustin Filippi – Área de Derechos Humanos

agustinfilippi@fundeps.org

 

Fundeps elabora un documento de trabajo que trata sobre la problemática de los RSU (Residuos Sólidos Urbanos) en nuestra ciudad. El objetivo es contribuir e incidir en las políticas públicas a nivel local que garanticen el derecho a la salud y a un medio ambiente sano y equilibrado adoptado por estándares internacionales.

La problemática de los residuos sólidos urbanos (RSU) comienza con el desarrollo de la sociedad moderna en la que vivimos, y tiene origen en causas de diferente naturaleza: desde el rápido crecimiento demográfico, la utilización de bienes materiales de rápido deterioro o no degradables, hasta causas más complejas que obedecen a una ineficiente gestión integral de residuos acompañada de fuertes intereses políticos y económicos.

Según datos estadísticos proporcionados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cada habitante genera casi un kilo de basura por día, que es depositada en uno de los 130 predios de disposición final o, en el peor de los casos, en los cientos de basurales a cielo abierto que se formaron en el país. La ciudad de Córdoba genera aproximadamente 1200 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos y asimilables que, hasta el año 2010, eran depositados en el sur de la ciudad, en el predio de Bouwer, ubicado sobre la Ruta 36 y que actualmente, en forma provisoria, son dispuestos en el Relleno Sanitario de Piedras Blancas. Esta dinámica genera múltiples situaciones de degradación ambiental y vulneración del derecho a un ambiente sano y del derecho a la salud entre otros.

Esta problemática global y local ha sido tratada y regulada en diferentes instrumentos internacionales y nacionales con el fin de minimizar los efectos nocivos y adecuar las legislaciones con políticas públicas sustentables y acorde a las realidades concretas de cada país/provincia.

Desde FUNDEPS estamos trabajando en esta importante cuestión y hemos elaborado como primer documento de trabajo el siguiente informe “Primeras aproximaciones: Marco legal vigente y problemática actual de los residuos sólidos urbanos en Córdoba”, que esperamos sea una primer acercamiento a la problemática.

Queremos avanzar partiendo desde el estudio de la institucionalidad ambiental en materia de RSU (Residuos Sólidos Urbanos), los fondos que se destinan para la GIRSU (partida presupuestaria), la situación actual de la licitación del servicio, los pasivos ambientales pendientes de remediación (predio Potrero del Estado, Bouwer), la situación actual y legal de los basurales a cielo abierto y la adecuación de las prácticas y manejo de RSU en Córdoba con los estándares internacionales y nacionales adoptados.

La finalidad de esta propuesta de trabajo consiste en contribuir e incidir en las políticas públicas a nivel local que garanticen el derecho a la salud y a un medio ambiente sano y equilibrado adoptado por estándares internacionales.

 

Contacto:

Malena Martinez – Área de Derechos Humanos

malemartinez@fundeps.org

Fundeps junto a más de  40 instituciones es parte de este nuevo consejo, cuyo objetivo es el asesoramiento respecto de los aspectos relativos al cambio climático que atentan contra el desarrollo sostenible.

El pasado martes 01 de Septiembre se constituyó el Consejo Asesor de Políticas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba. FUNDEPS junto a más de  40 instituciones es parte de este nuevo consejo, que fue calificado como  “un gran desafío” por parte de las autoridades. Entre las instituciones participantes se encuentran diversos sectores del gobierno provincial y nacional, universidades, colegios profesionales y ONGs, entre otros.

El Consejo tiene como objetivo  asesorar  sobre todos los aspectos relativos al cambio climático que atentan contra el desarrollo sostenible. Trabajando sobre las políticas de mitigación y adaptación al mismo en la provincia de Córdoba.  A los fines de comenzar a trabajar, se han propuesto como Comisiones Ténicas las de Agricultura, Eficiencia Energética, Salud, Normativa e Institucionalidad, Comunicación y Educación, Adaptación, Medidas Estructurales y Compromisos de Mitigación de la Provincia. Estas serán integradas por los miembros y, a propuesta de los mismos, podrán sumarse nuevas áreas de trabajo.

La Resolución Ministerial Nº 045 es la que dio origen al Consejo. El listado de participantes a la primera reunión plenaria, se puede ver acá.

Para mayor información: http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-agua-ambiente-y-servicios/secretaria-de-politicas-de-mitigacion-y-adaptacion-al-cambio-climatico/

 

Contacto:

Yamile Najle / Coordinadora del Area de Derechos Humanos

yamilenajle@fundeps.org.

Manuel Faner

manuelfaner@fundeps.org.