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Representantes de la sociedad civil se reúnen con presidente del BID para abordar desafíos para un desarrollo sustentable e inclusivo en América Latina. En el encuentro, se presentaron recomendaciones al banco para fortalecer la promoción de un desarrollo sustentable en la región.

25 organizaciones de la sociedad civil de América Latina que hacen parte del Grupo de Trabajo sobre el BID, entre ellas Fundeps, se reunieron el viernes 10 de noviembre con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ilan Goldfajn, con el propósito de fortalecer el diálogo e identificar oportunidades de mayor acercamiento de la institución a las poblaciones de la región a las que intenta servir.

Los representantes de la sociedad civil plantearon al presidente Goldfajn recomendaciones para fortalecer el vínculo con sociedad civil y comunidades impactadas por proyectos BID y recomendaciones para considerar en la Estrategia Institucional 2023-2030 del BID, que está en proceso de elaboración. Luego, el presidente Goldfajn abrió el espacio para escuchar temas específicos de interés de distintas organizaciones miembro del grupo.

El Grupo de Trabajo sobre el BID calificó la reunión como una señal positiva de la nueva administración del banco, en el sentido de advertirse una apertura y disposición para fortalecer el diálogo con la sociedad civil. La reunión con el presidente Goldfajn sigue un encuentro previo que tuvo lugar durante la Reunión  Anual del BID 2023 sostenida en marzo en Panamá, y una reunión con la Vicepresidenta de Países del BID, Anabel González, durante la Cumbre Finanzas en Común que tuvo lugar en septiembre pasado en Cartagena de Indias, Colombia.

“Estos espacios de diálogo representan una señal de acercamiento del banco con la sociedad civil”, señaló Carolina Juaneda, de Bank Information Center, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre el BID. Según Ivahanna Larrosa, coordinadora regional de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, “la percepción general es que fue una buena reunión para presentar nuestros mensajes y avanzar en mejorar la interlocución del banco con la sociedad civil”.

Los representantes de la sociedad civil señalaron que la Estrategia Institucional 2023-2030 del Grupo BID debe promover una transición energética justa, y comunitaria, que ponga en el centro a las personas y el ambiente. Otras recomendaciones del Grupo de Trabajo fueron que el banco: cumpla con los más altos estándares ambientales y sociales y de respeto de los derechos humanos en sus actividades y los proyectos que financiapriorizando y fortaleciendo la implementación del Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS), y mejorando la planificación upstream (aguas arriba) para identificar los proyectos adecuados; de prioridad a inversiones de calidad, redoblando los principios de buen gobierno, en especial de transparencia, acceso a la información, participación y rendición de cuentas; fortalezca su compromiso con las comunidades impactadas, garantizando la reparación integral a las personas; asegurar una salida responsable de proyectos insustentables y operacionalice el compromiso de no tolerar represalias.

Las organizaciones de la sociedad civil buscan una participación sustantiva en las Reuniones Anuales del Grupo BID que se realizarán en marzo de 2024 en República Dominicana. Se celebra la apertura del presidente Goldfajn y su equipo en trabajar hacia una mayor interacción de organizaciones y comunidades de la región, con la administración y equipos del Banco.

Acerca del Grupo de Trabajo sobre el BID

El Grupo de Trabajo sobre el BID es una articulación de más de 60 organizaciones de la sociedad civil, tanto de la región como internacionales, que hacen incidencia en el Grupo BID, promoviendo los más altos estándares ambientales, sociales y en materia de derechos humanos y apoyando a comunidades impactadas adversamente por los proyectos financiados por el banco. Algunas de sus integrantes han estado trabajando desde hace tres décadas para fortalecer los procesos de participación, transparencia, acceso a la información y respeto de los derechos humanos por parte del BID.

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El pasado 27 de junio el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, y BID Lab) anunció la apertura del proceso de consulta pública para la preparación de su nueva Estrategia Institucional. El proceso se llevará a cabo a través de colaboraciones y consultas presenciales y virtuales con partes interesadas, entre ellas, la sociedad civil. 

De acuerdo con el mandato de revisión y elaboración de la Estrategia Institucional cada cuatro años, el Grupo BID anunció una nueva apertura de proceso de consulta pública. El  Grupo BID es una de las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe y está compuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); BID Invest, que trabaja con el sector privado; y BID Lab, que se enfoca al desarrollo de formas innovadoras para impulsar un crecimiento inclusivo. 

La consulta tiene como principal objetivo recibir opiniones e insumos de las partes interesadas, entre las cuales se encuentran representantes de gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para la elaboración de una nueva Estrategia Institucional. El proceso inicia luego del acuerdo de los lineamientos principales que establecen los Directorios Ejecutivos tanto del BID como del BID Invest. Una vez establecidos, el procedimiento se divide en dos fases: la primera fase se compone de consultas con representantes del gobierno, sector privado y sociedad civil, ya sea de forma virtual o presencial, en los 26 países miembros prestatarios. A su vez, se incluye también la posibilidad de que toda parte interesada pueda aportar insumos mediante un formulario en línea que se encuentra disponible hasta el próximo 15 de agosto de 2023. La segunda fase inicia luego de la aprobación de la nueva Estrategia por parte de la Asamblea de Gobernadores, en marzo de 2024, en la que se reportará a quienes participaron en la consulta pública acerca de los insumos recibidos y se les compartirá la nueva Estrategia Institucional del Grupo BID que tendrá vigencia hasta 2030.

En Argentina son tres las fechas establecidas para las consultas públicas: con sociedad civil (04/08/23), con el sector privado (10/08/23) y con el gobierno (16/08/23). Para acceder a las fechas de consultas públicas de los demás países consultar aquí. Por comentarios o más información puede contactarse al siguiente correo electrónico: consultaspublicas@iadb.org

Desde Fundeps consideramos la apertura de dicho proceso como una oportunidad de fortalecer el diálogo del Banco con la sociedad civil. Es por esto que participaremos en el mes de agosto enviando contribuciones para fortalecer la próxima estrategia institucional. 

 

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Candela Jauregui

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

En el marco de la Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada en Panamá, un grupo de organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el presidente de la Institución, Ilan Goldfajn, en un intento de fortalecer el vínculo entre las partes.

Entre el 16 y 19 de marzo pasados se llevó a cabo, en la Ciudad de Panamá, la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del BID Invest. Se trata de un foro de debate en el cual les integrantes de la institución, junto a quienes presiden los bancos centrales y otras autoridades de alto nivel, discuten y abordan temáticas sobre los asuntos considerados prioritarios. 

En el discurso inaugural, el actual presidente del BID, Ilan Goldfajn, expuso algunas de las prioridades de la institución, que giran en torno a problemáticas sociales como la seguridad alimentaria, la pobreza, la desigualdad, la salud y la educación. A su vez, hizo hincapié en la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, recalcando la necesidad de hacer frente a los desastres naturales cada vez más frecuentes en la región de América Latina y el Caribe.También se destacó la importancia de preservar la biodiversidad a través de la elaboración de un Programa Regional Amazónico. 

La Asamblea de Gobernadores encomendó la elaboración de una propuesta de ampliación de capital para BID Invest con el fin de implementar un nuevo modelo de negocio que aumente su impacto en el desarrollo a través del sector privado. Además, reiteró la importancia de elaborar una nueva propuesta de Estrategia Institucional para el Grupo BID, cuya aprobación está prevista para la próxima reunión anual en 2024.

La participación limitada de la sociedad civil

Tras reiteradas solicitudes realizadas por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, el Banco habilitó la participación de las mismas en el evento, aunque de manera limitada y cerrada a aquellas que recibieron una invitación. Además, se logró conciliar una reunión con el presidente del BID el día 17 de marzo. En dicho encuentro se planteó la necesidad de generar espacios de diálogo y hacer expresas las demandas de la sociedad civil en relación al banco. Tanto la posibilidad de participar en el evento, como la posibilidad de reunirse con el presidente representan avances positivos, aunque resta por ver si estos son cambios reales en la institución. Por lo pronto, el banco ha invitado a continuar el diálogo en los próximos meses para lograr una participación más efectiva en las reuniones anuales de 2024.

Desde Fundeps hemos venido siguiendo y participando en este proceso junto con organizaciones de la región que conformamos el Grupo de Trabajo sobre BID, y seguiremos activamente en los procesos de diálogo planteados por el banco.

 

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Autoras

Candela Jauregui

Valentina Rasso

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

Más de veinte organizaciones de América Latina y Estados Unidos dirigieron una carta al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ilan Goldfajn. Piden que el Banco fortalezca su trabajo comprometiéndose con el respeto a los Derechos Humanos y la protección del medio ambiente y que se generen espacios para una mayor articulación con la sociedad civil.

Las organizaciones, miembros y aliadas de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, aludieron en la carta al compromiso asumido por Goldfajn en su discurso inaugural como presidente del Banco con «aprovechar todas las oportunidades de diálogo» y de colaboración con gobiernos, sector privado, la academia y la sociedad civil para resolver los problemas regionales.

Para robustecer la articulación con la sociedad civil, las organizaciones exhortaron al Banco a que abra un espacio de diálogo con la sociedad civil en sus Reuniones Anuales, no solo por tratarse de una buena práctica que implementan otros organismos multilaterales, sino porque es una oportunidad única para incluir a las comunidades afectadas por los proyectos.

Desde 2017, el grupo de organizaciones signatarias de la carta hace un trabajo de seguimiento y enriquecimiento de las políticas y proyectos del Banco que espera seguir realizando.  Las organizaciones han contribuido al Marco de Políticas Ambientales y Sociales del BID, a las actualizaciones de la política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación y al proceso de revisión de la Política de Acceso a la Información del Banco.

Las organizaciones buscan que el BID asegure en sus prácticas y operaciones la promoción y el respeto de los Derechos Humanos, particularmente de los pueblos indígenas,  y la protección de ecosistemas clave en la lucha contra el cambio climático.

La próxima Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest se celebrará en Panamá del 16 al 19 de marzo. 

Organizaciones firmantes:

  1. Accountability Counsel
  2. AMATE El Salvador
  3. Articulación Salvadoreña de Sociedad Civil para la Incidencia en las Instituciones Financieras Internacionales (ASIFI)
  4. Asociación Ambiente y Sociedad
  5. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
  6. Bank Information Center
  7. Center for International Environmental Law (CIEL)
  8. Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo
  9. Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. (México)
  10. Conectas Direitos Humanos
  11. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú)
  12. Ecoa – Ecologia e Ação
  13. Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)
  14. Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista. (Argentina)
  15. Gender Action
  16. International Rivers
  17. International Accountability Project
  18. Mesa de Discapacidad y Derechos (Perú)
  19. Plataforma Internacional contra la Impunidad
  20. Protection International Mesoamérica
  21. Sociedad y Discapacidad – SODIS (Perú)
  22. Sustentarse (Chile)
  23. Wetlands International / Fundacion Humedales (Argentina)

Leé aquí la carta completa: Carta a Presidente BID

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

*Nota publicada originalmente en la página de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.

El 20 de noviembre pasado, la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nombró como nuevo presidente del organismo al candidato brasileño Ilan Goldfajn, ex presidente del Banco Central de Brasil y actual director para el Hemisferio Occidental del FMI. Tras retirar la candidatura de Cecilia Todesca, el gobierno de Alberto Fernández apoyó al candidato impulsado por Brasil.

El pasado 26 de septiembre, siguiendo las recomendaciones del Directorio Ejecutivo, la Asamblea de Gobernadores del BID anunció el cese en las funciones ejecutivas de Mauricio Claver-Carone. Tras el anuncio, y a través de un comunicado oficial, se dió inicio al proceso de selección de la persona a cargo de la próxima presidencia de la institución.

La Asamblea de Gobernadores, máxima autoridad del BID, se encuentra compuesta por representantes de los 48 países miembros, cuyo poder de voto varía de acuerdo al capital que el país suscribe en la institución. De acuerdo con el comunicado de prensa del organismo, “para ser elegido, el candidato debe obtener una mayoría del poder de voto de los países miembros del BID, así como el apoyo de al menos 15 de los 28 países miembros regionales”.

De esta manera, la persona candidata debe consagrarse con la mayoría del poder de voto de los países miembros para resultar electa. El poder de voto fluctúa de acuerdo con la cantidad de acciones que posee cada Estado. El mayor inversionista es Estados Unidos, que con el 30% del total de los fondos tiene un papel clave en la elección. Le siguen Argentina y Brasil, con el 11,3% cada uno. México aglutina casi el 7,3%, Japón el 5%, Canadá el 4%, Venezuela el 3,4% y Chile y Colombia el 3,1%. El resto se divide en pequeños porcentajes de diferentes países.

El nuevo presidente del Banco asumirá sus funciones por un período de cinco años con posibilidad de ser reelegido solo en una ocasión, y será el responsable de gestionar los asuntos diarios del Banco, así como también de administrar sus operaciones junto a la Oficina Presidencial. El presidente, además, formula propuestas sobre la política general del Banco y preside las reuniones del Directorio, pudiendo votar solo en caso de empate.

Las alianzas detrás de la elección

El nuevo presidente electo se consagró con el 80,8% de los votos, y fue propuesto por el gobierno de Jair Bolsonaro en vistas de un candidato que trajera consenso a la región luego de períodos turbulentos para el Banco, tras la destitución del ex presidente Mauricio Claver-Carone por violaciones al código de ética. De esta manera y gracias al apoyo de Estados Unidos, Canadá, y a último momento de Argentina, Ilan Goldfajn logró posicionarse como el nuevo presidente del BID.

Cabe destacar el apoyo tardío de Alberto Fernandez para respaldar la candidatura del brasileño; a pesar de su intención de posicionar a Cecilia Todesca Bocco como la primera mujer y la primera argentina en presidir el BID. No obstante, como resultado del cambio en su postura y al apoyo a Goldfajn, Argentina logró quedarse con tres cargos: la Vicepresidencia de Sectores, la Gerencia de Infraestructura, y un nuevo Instituto de Género e Igualdad, que será parte de la nueva gestión del BID. 

Con préstamos anuales que rondan los 14.000 millones de dólares, el BID es la mayor fuente de financiamiento de la región y el cambio de mando es fundamental para que la institución vuelva a posicionar su atención en América Latina tras dos años de una presidencia estadounidense. 

Previo a la designación de Goldfajn, desde Fundeps y junto a un grupo de organizaciones de la sociedad civil de la región, presentamos una carta abierta donde instamos a quienes integran la Asamblea de Gobernadores del BID a que velen por un proceso de selección transparente y exhortamos al Banco a que la persona que resultara designada cuente con: 

  • Conocimiento de la región y experiencia de trabajo con sus instituciones y comunidades.
  • Compromiso con los derechos humanos, el desarrollo sostenible y con la labor de las personas defensoras.
  • Experiencia y visión comprehensiva sobre la sustentabilidad y la protección del ambiente.
  • Compromiso y apertura para incluir a la sociedad civil y comunidades afectadas por los proyectos.
  • Que priorice la discusión para el desarrollo de un marco para la reparación a las comunidades afectadas.
  • Que predique con el ejemplo y actúe de acuerdo a los más altos estándares éticos.
  • Compromiso con acuerdos y tratados regionales e internacionales que abordan el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Resta por ver si Goldfajn, en el transcurso de su mandato, logra estar a la altura y cumplir al menos con parte de dichos requisitos. De todas formas, consideramos que se ha desaprovechado una oportunidad histórica para posicionar finalmente a una mujer en la presidencia del Banco, una cuenta pendiente de este tipo de instituciones multilaterales. Más allá de los avances por parte del BID en generar oportunidades laborales para las mujeres y su cantidad en puestos directivos, se estima que en los directorios ejecutivos 3 de 14 sillas están ocupadas por mujeres; en las direcciones ejecutivas suplentes, de 12 sillas, solo una se encuentra ocupada por una mujer. Lo que da pie al reclamo a este tipo de organismos para promover espacios concretos de participación para las mujeres y disidencias en los puestos más jerárquicos, que permitan romper con el techo de cristal. 

 

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Autoras:

Candela Jauregui

Clara Labat

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Ante la apertura de un nuevo proceso de elección para la presidencia del grupo BID, organizaciones de la sociedad civil de la región y comunidades afectadas por proyectos,  enviamos una carta abierta con recomendaciones sobre el perfil de quien presidirá el Banco.

En la carta instamos a quienes integran la Asamblea de Gobernadores del BID a que se aproveche esta oportunidad para que la persona que resulte seleccionada sea alguien con probidad, capaz de liderar las transformaciones que hoy requiere la institución y de hacer frente de manera efectiva  a las urgencias y desafíos ambientales y sociales en América Latina y el Caribe.

Asimismo, consideramos que la descripción del puesto debe ser clara, el proceso de selección transparente y exhortamos al Banco a que la persona que resulta elegida cuente con: 

  • Conocimiento de la región y experiencia de trabajo con sus instituciones y comunidades.
  • Compromiso con los derechos humanos, el desarrollo sostenible y con la labor de las personas defensoras.
  • Experiencia y visión comprehensiva sobre la sustentabilidad y la protección del ambiente.
  • Compromiso y apertura para incluir a la sociedad civil y comunidades afectadas por los proyectos.
  • Que priorice la discusión para el desarrollo de un marco para la reparación a las comunidades afectadas.
  • Que predique con el ejemplo y actúe de acuerdo a los más altos estándares éticos.
  • Compromiso con acuerdos y tratados regionales e internacionales que abordan el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

La elección está prevista para el 20 de noviembre, con un poder de voto que varía según el número de acciones que posee cada país miembro. La persona que finalmente resulte designada a la presidencia del Grupo BID tiene la oportunidad de liderar un Banco más fuerte, responsable, efectivo y, sobre todo, más cercano a los pueblos de la región, marcando el camino hacia un verdadero desarrollo sostenible e inclusivo. 

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

El lunes 26 de septiembre, tras las recomendaciones del Directorio Ejecutivo del BID, la Asamblea de Gobernadores decretó el cese de las funciones de Claver-Carone como presidente del Banco tras la violación de varias normas éticas de la institución, lo que marcó la apertura de un período de 45 días para que los países propongan sus candidaturas. Durante este período, la vicepresidenta ejecutiva, Reina Irene Mejía Chacón, ejercerá como presidenta bajo la dirección del Directorio Ejecutivo.

Dos años atrás, en octubre de 2020, Donald Trump impulsó al cargo de presidencia del BID al estadounidense Mauricio Claver-Carone. El contexto era ventajoso para Washington en tanto se trataba de la primera presidencia americana desde la creación del organismo.

Cabe recordar, que si bien el Convenio Constitutivo del BID no establece ningún condicionante en relación a la nacionalidad de quien deba ocupar la presidencia,  existe una norma no escrita desde su misma creación por la cual el organismo debe ser dirigido por una persona de la región. Incluso fue una de las condiciones por las cuáles se terminó aceptando que la sede del Banco se encuentre en Washington DC.

En términos de geopolítica, esta estrategia constituía al BID como un vehículo a través del cual Estados Unidos podría incrementar su influencia en la región latinoamericana y lograr un balance de poder institucional: podría discernir respecto la concesión y el destino de créditos por parte de la institución y disipar así la presencia de otras potencias sobre la región, tal como es el caso del gigante chino.

Los orígenes de la destitución de Claver-Carone

La decisión de la Asamblea de Gobernadores se remonta a una denuncia anónima por mala conducta que se presentó contra Claver-Carone. A partir de ésta, el directorio  contrató a la firma legal Davis Polk para que investigara los hechos. A raíz de los resultados que arrojó la investigación se tomó la decisión de destituir al líder de la institución. Se acusa a Claver-Carone de haber mantenido una relación amorosa con una empleada y de haberla beneficiado económicamente, lo que supone la violación de varias normas éticas internas al organismo, en tanto el BID prohíbe las relaciones íntimas de personal superior con dependientes directos. La denuncia se agravó por la negativa de Claver-Carone a cooperar plenamente con la investigación y por la creación de un clima de miedo a las represalias entre el personal del Banco.  

De esta forma, el déficit de legitimidad que acompañó los orígenes de la presidencia de Claver-Carone, se fue combinando con un déficit de legitimación, y hoy llevan a una crisis de liderazgo. 

En este contexto, ante la espera de las propuestas de candidatura para la presidencia del BID cabe preguntarse ¿Cuáles son las alternativas a nivel regional e institucional? 

En términos de regionalismo, se trata de una excelente oportunidad para renovar el (deteriorado) diálogo intrarregional en América Latina y el Caribe y profundizar las prácticas de concertación. Para que la región pueda obtener una ventaja en las elecciones presidenciales del organismo internacional esta debería lograr consenso y convergencia a la hora de elegir candidates. De esta forma evitaría que se repita el escenario del 2020 donde el haber ofrecido varias candidaturas erosionó las posibilidades de ganar las elecciones.   

En particular, Brasil podría aprovechar este escenario para renovar su rol de liderazgo regional, en tanto  es uno de mayores accionistas del Banco junto con Argentina y Estados Unidos, contando en conjunto con casi el 53% del poder de voto. De todas formas, el país se encuentra actualmente inmerso en la campaña para las elecciones presidenciales, cuyo resultado puede llegar a influir en la postura que adopte respecto a la transición en el BID.

En términos institucionales, es una oportunidad para renovar las estratégias mediante las cuales la institución promueve su principal objetivo: alcanzar el desarrollo de América Latina y el Caribe mejorando la calidad de vida, reduciendo la pobreza y la desigualdad. En este sentido, la participación en el BID debería incentivar la integración regional en América Latina y el Caribe y permitir el desenvolvimiento del Banco como un puente entre la región y el mundo. Aumentar el regionalismo y la participación de los países que integran la región fortalecería las vías de desarrollo y la inserción de América Latina y el Caribe en el contexto internacional. Además, permitiría que el BID sobresalga como un Banco, no pro estadounidense o pro chino, sino pro latinoamericano, permitiendo una convergencia entre la globalización y la regionalización a la hora de perseguir el desarrollo.

Finalmente, en términos de las cualidades que debería tener la persona designada para la presidencia del BID, esta es una gran oportunidad para que una mujer latinoamericana se encargue del liderazgo de la institución. 

De hecho, el nombre de tres mujeres latinoamericanas comienza a resonar como potenciales candidatas. Entre ellas: Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica; y  Alicia Bárcena, jefa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En este sentido, algunos aspectos son clave: 1) que la persona cuente con una formación y experiencia destacadas y una propuesta de modernización efectiva del Banco con un énfasis en las cuestiones sociales y ambientales; 2) que adopte  un claro y expreso compromiso por el multilateralismo y la reivindicación de la legitimidad del cargo presidencial; y 3) que cumpla con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la sociedad civil en el accionar de la Institución. 

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Autora

Victoria Márquez

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

 

El día 16 de junio participamos del WEBINAR en el que se presentó el documento: “Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo para la respuesta y recuperación al COVID-19 en Latinoamérica ¿Riesgos y beneficios para quien?”, creado en colaboración con más de 10 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se incluye Fundeps.   

Es de amplio conocimiento que los Bancos Multilaterales de desarrollo tienen  un rol fundamental en la respuesta y recuperación al COVID – 19, esto es debido a su capacidad de rápida movilización de financiamiento para apoyar y ayudar a los países a responder a los impactos que ha generado esta situación imprevista. Dentro de Latinoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cumple un rol clave en este sentido, ya que, en 2020, aprobó 7.9 mil millones y, a junio de 2021, llevaba aprobados 597.6 mil millones de dólares.

Existe una tendencia por parte de los Bancos Multilaterales de Desarrollo a considerar a los proyectos relacionados con temáticas de salud, como de menor riesgo de daño ambiental y social, por lo que la aplicación de salvaguardas a estos proyectos tiende a ser menos rigurosa. A esto se le suma el hecho de que muchos de los proyectos fueron aprobados con una modalidad de desembolso rápido o fast track, es decir, con tiempos más cortos de preparación y de debida diligencia ambiental y social.

Sin embargo, los hallazgos del informe presentado demuestran que la implementación de este tipo de proyectos de salud y otros en el contexto de la pandemia, tienen un riesgo significativo de daño, especialmente, cuando los grupos más susceptibles de contraer COVID-19, quedan excluidos del acceso a los beneficios del proyecto. El contexto de crisis preocupa por la tendencia de los Bancos Multilaterales de Desarrollo a flexibilizar los parámetros ambientales y sociales en pos de respuestas rápidas.

El documento presenta seis recomendaciones resultantes del análisis de la situación latinoamericana post-pandemia. Estas enfatizan la importancia de tener en consideración a los grupos marginados, como aquellos más susceptibles de ser afectados y relegados en una situación de crisis, y destacan la necesidad de transparencia y evaluación de riesgos para evitar que se perpetúen las medidas extraordinarias que restringen el espacio público.

Dentro de este marco, el webinar tuvo como objetivo generar un espacio de discusión sobre los principales hallazgos en relación a los procesos de debidas diligencias sociales y ambientales de las inversiones del BID,  aprobadas durante la pandemia por COVID-19.

Desde Fundeps impulsamos la aplicación de los marcos normativos socioambientales, los mecanismos de rendición de cuentas y el acceso a la información en los proyectos vinculados al financiamiento para el desarrollo, incluso (y más aún), cuando los mismos se dan en un contexto extraordinario de pandemia.

 

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Autoras

  • Lourdes Alvarez Romagnoli
  • Valentina Rasso

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

En el marco del proceso de revisión del segundo Plan de Acción del Grupo BID-Sociedad Civil (2022-2024), más de 20 organizaciones de la sociedad civil enviamos una carta al Presidente del BID,Claver-Carone, con observaciones y recomendaciones para fortalecer la relación del BID con sociedad civil y comunidades afectadas.

Si bien celebramos el hecho de que el BID revise el Plan de Acción para fortalecer la relación con la sociedad civil y las comunidades afectadas, creemos que la forma en que se está estructurando la revisión inhibe la participación de la sociedad civil en el proceso. Por este motivo las recomendaciones enviadas al Presidente y su Secretaría Ejecutiva, se orientan en 2 sentidos:

  • Por un lado, se solicita al Banco que proporcione espacios específicos e información completa y accesible para que la sociedad civil, incluidos los pueblos indígenas,comunidades locales, personas afectadas por los proyectos del Grupo BID (comprendidos los solicitantes del MICI) y organizaciones críticas al BID puedan participar e involucrarse efectivamente. En este sentido, resulta fundamental que las agendas comiencen a ser construidas de forma participativa, que las invitaciones a las consultas sean al menos con 30 días de anticipación y que incluyan una amplia gama de partes interesadas. También se torna necesario la optimización y ajuste de los procesos de consultas públicas ya que actualmente son excesivamente rígidos y no propician una discusión significativa ni directa entre las partes, generando finalmente insumos poco productivos que continúan debilitando la transparencia y rendición de cuentas en el Banco. 
  • Por otro lado, se enfatiza que luego de la consulta o diálogo,el BID debe garantizar la comunicación continua que mantenga informadas a las partes interesadas y proporcionar información sobre cómo sus aportes influyeron en las decisiones tomadas.

Creemos que el compromiso del Grupo BID con la sociedad civil y las comunidades

afectadas ha sido y sigue siendo preocupantemente débil en comparación con otras instituciones pares.El presidente del BID tiene la oportunidad de liderar el cambio hacia un banco más responsable y debe fomentar una cultura institucional en la que se  acepte que el Banco comete errores y sea más receptivo no sólo a las interacciones y críticas constructivas de los actores externos, incluida la sociedad civil y las comunidades afectadas, sino también a sus mecanismos internos de rendición de cuentas.

Para acceder a la carta completa enviada al BID acceda aquí

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Autora

Camila Victoria Bocco

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

El pasado abril de 2021, la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) publicó la Evaluación del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). Posterior a la evaluación, el MICI ha modificado su política excluyendo la claúsula que evita el registro de quejas que forman parte de procesos judiciales nacionales abiertos. 

La evaluación llevada a cabo intentó determinar si el MICI es efectivo y eficiente en tres áreas: (1) la resolución de quejas, (2) la promoción de aprendizaje institucional, (3) accesibilidad, independencia objetiva, imparcialidad y transparencia. Finalmente, OVE hizo 5 recomendaciones generales sobre cómo el Directorio, el Banco y el MICI pueden mejorar la aplicación de las salvaguardas sociales y ambientales del BID.  

En general, el documento identificó elementos que impiden el funcionamiento efectivo del MICI, incluyendo barreras de accesibilidad, limitaciones innecesarias a su independencia y una falta sistémica de remediación por parte del Grupo BID cuando los proyectos no cumplen con las salvaguardas. Fundeps junto con otras organizaciones de la sociedad civil, decidimos publicar una respuesta y enviar recomendaciones/comentarios al MICI. 

A continuación, resumimos nuestros puntos de discusión y preocupación para cada una de las recomendaciones realizadas por OVE:

Recomendación #1 – Implementar y mejorar el sistema de gestión del Banco para los reclamos ambientales y sociales: Estamos de acuerdo con los hallazgos de OVE que demuestran que el requerimiento para que las comunidades hagan esfuerzos de contacto previo con la Administración, es una barrera problemática para el acceso al MICI. Las personas afectadas que presentan quejas al MICI han experimentado de primera mano la inefectividad de presentar ciertos reclamos a la Administración. No obstante, la propuesta de OVE para establecer un mecanismo propio de la Administración del Banco es una medida que consideramos incompleta. Para asegurar la efectividad del mecanismo y del Banco, lo mejor sería remover el requerimiento para que las comunidades primero se contacten con la Administración. 

Recomendación # 2 – Derogar la exclusión legal: Los hallazgos del reporte sobre la impropiedad de la exclusión legal, y su severa restricción a la accesibilidad, son claros. Aplaudimos al reporte por mencionar que la exclusión legal debe ser eliminada. El rol de un mecanismo de rendición de cuentas dentro de una institución es único y diferente a los procedimientos judiciales. Un mecanismo debiera examinar el cumplimiento de los propios estándares de la institución, un mandato que no se superpone con las cortes o tribunales judiciales. Con la aprobación de la Evaluación de OVE por parte del Directorio, la decisión de eliminar la exclusión legal se hace efectiva a partir del 1 de julio de 2021. Sin embargo, la resolución que aprueba la eliminación de la exclusión legal debería ser publicitada o publicada para asegurar que sea ampliamente conocida la decisión de remover este requisito. 

Recomendación #3 – Reforzar la independencia del MICI: La importancia de la independencia del MICI, así como con otros mecanismos de rendición de cuentas, no puede ser lo suficientemente resaltada. La independencia es una condición esencial para otros atributos como la objetividad, imparcialidad, y transparencia. El reporte encuentra a la necesidad del MICI de asegurar la aprobación del Directorio del Banco antes de comenzar las investigaciones, como un gran problema que ha generado “situaciones que comprometen la independencia del mecanismo”. Desde la sociedad civil consideramos que para asegurar su independencia, el MICI debería tener la autoridad para determinar cuándo iniciar una investigación sin aprobación del Directorio. Ésta es una buena práctica que, como es notado por el reporte, es adherida por muchos otros mecanismos. Como una alternativa a la política actual, para mitigar el efecto perjudicial en la independencia del MICI, la política debería ser actualizada delineando específica y estrechamente los motivos técnicos para que el Directorio revise la decisión del MICI de iniciar una investigación

Recomendación #4 – Asegurar la acción correctiva cuando hay hallazgos de incumplimiento y daño asociados:  La Evaluación claramente declaró la falta de remedio para casos de verificación de la observancia siendo que “no han tenido resultados concretos para los solicitantes, a pesar de los hallazgos de incumplimiento y daños relacionados  establecidos por el MICI”. Esto lo hemos visto en nuestro trabajo de casos. La recomendación de la Evaluación para que todos los actores -el Directorio, la Administración y el MICI- adhieran a la práctica de consistentemente proveer acciones correctivas, es un paso en la dirección adecuada. No obstante, este resultado se conseguiría de mejor manera con un cambio claro en la política que incluya puntos como: (a) Consultas durante el desarrollo de planes de acción correctivos, (b) aprobación de los planes de acción con base en su suficiencia, (c) monitoreo de cumplimiento de los planes de acción, y (d) alertar al Directorio en casos de incumplimiento de los planes.  Finalmente, mientras que la evaluación de OVE documenta múltiples instancias en las que las comunidades han quedado sin remedio, a pesar que los reportes de verificación de la observancia han encontrado una causa del daño en el incumplimiento del Banco, lamentablemente no se provee ninguna recomendación para estas comunidades.

Recomendación #5 – Fortalecer la capacidad interna del MICI: Uno de los focos de la Evaluación del MICI sobre su funcionamiento interno es la dependencia del modelo de consultores para el personal. La importancia del personal del MICI con relación a su efectividad para resolver reclamos es evidente. El Banco debería comprometerse a proveer los recursos humanos y financieros necesarios para implementar este cambio y evitar que la falta de recursos humanos se traduzca en demoras durante los procesos de queja. El Banco debería asegurar además, el incremento de su capacidad en términos de recursos como sea necesario. 

Ahora bien, desde la sociedad civil consideramos que las consultas públicas e inclusivas son requeridas para la implementación de todas las recomendaciones. De igual manera, creemos que la implementación de estas recomendaciones requerirá cambios a la política del MICI. Los pasos que se tomen para garantizar el cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales y la rendición de cuentas en casos de incumplimiento, deben ser informados por aquellas personas afectadas por los proyectos (quienes viven y trabajan en los sitios de implementación). Para escuchar a quienes han sido afectados y sus representantes, el BID y el MICI deberían consultar públicamente acerca de sus planes para implementar las recomendaciones de OVE. 

El MICI juega un rol fundamental dentro del BID, proveyendo un canal para que las personas afectadas por los proyectos, beneficiarias del trabajo del Banco, eleven sus reclamos en búsqueda de remediación. Sin embargo, como la Evaluación de OVE deja en claro, existen brechas en las prácticas actuales del MICI -y las prácticas relacionadas del Directorio y la Administración- que previenen la efectividad del mecanismo. Para asegurar la legitimidad del MICI, el Banco tiene que actuar para abordar estos problemas completamente. 

 

Más información:

Evaluación interna del BID plantea la necesidad de reformas en el funcionamiento del MICI

Autora: 

Agustina Palencia

Contacto:

Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

El pasado 1 de abril, la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) presentó un informe de evaluación del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) correspondiente al período 2015-2020. La evaluación examinó la política del Mecanismo y la aplicación de la misma, con el objetivo de informar a los Directorios del BID y de BID Invest sobre la medida en la que el MICI ha sido un mecanismo efectivo y eficiente en la resolución de reclamos asociados a impactos ambientales y sociales de los proyectos financiados por el Banco.

En su informe la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) determinó que la actual política del MICI corrigió importantes temas identificados en su evaluación pasada de 2012. Entre los principales avances, destacó la solución a los problemas de rendición de cuentas y conflictos de interés asociados a la estructura organizacional previa, así como los problemas de duplicación de la instancia de elegibilidad; el establecimiento de plazos para la gestión de las solicitudes; y la creación de instancias para la participación de la administración. Asimismo, destacó una mayor consistencia entre la política, las directrices desarrolladas, y los procesos asociados. 

La evaluación también resaltó los avances que se dieron en el funcionamiento interno del MICI, producto de la reestructuración del mecanismo, así como del proceso de consolidación y aprendizaje institucional. El mecanismo ha logrado definir su plan de trabajo y gestionar sus recursos humanos y presupuestarios con independencia de la administración del Grupo BID.

Sin embargo, la exclusión judicial, un tema clave, quedó pendiente. La misma es una de las excepciones de la política interna a la elegibilidad de solicitudes y establece que no son elegibles aquellos asuntos planteados en una solicitud que estén siendo objeto de procesos arbitrales o judiciales en un país miembro del Grupo BID. 

 Si bien la exclusión judicial fue identificada por OVE en 2012 como un factor limitante para el funcionamiento efectivo e independiente del MICI, se mantuvo en la política reformulada en 2014. Asimismo, existen otras limitaciones que han surgido en la aplicación de la política en los últimos 5 años pero que, en gran medida, han sido solventadas por el MICI. Esto evidencia que existe suficiente margen para que el mecanismo gestione las limitaciones de la actual política.

Acceso al MICI

En cuanto al acceso al mecanismo, OVE identificó que el MICI no es aún muy conocido entre solicitantes. Dando cuenta de que entre los diferentes niveles institucionales hay una falta de consenso  sobre la importancia de dar a conocer el mecanismo  y la forma de lograrlo. Cuestión que no debe ser pasada por alto, ya que el acceso al MICI depende del conocimiento que tengan las personas sobre la existencia del mecanismo.

Por su parte, quienes lograban acceder al MICI se encontraban con que sus solicitudes no quedaban registradas debido a la dificultad para cumplir con algunos requisitos. Al respecto, el Grupo BID no cuenta con un sistema de gestión de reclamos  lo que imposibilita conocer la cantidad de inquietudes que recibe la administración. 

Gestión de casos

Respecto a la gestión de casos, si bien el MICI se encuentra operando en conformidad con los principios establecidos en su política: independencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y eficiencia; ve afectada su capacidad para actuar de manera independiente a raíz de la sujeción a las decisiones del Directorio Ejecutivo.  

De acuerdo con su política, el Directorio controla la posibilidad de iniciar una investigación en la Fase de Verificación de la Observancia (FVO) y decide si se aprueban o no las recomendaciones de una investigación del MICI. Originalmente, la aprobación del Directorio para continuar con una investigación se pensó como un procedimiento corto pero ha llegado a conformarse como un procedimiento contencioso afectando la independencia del MICI.

Por último, muchas investigaciones en curso han presentado demoras vinculadas con la complejidad de los proyectos y temáticas. También se presentaron quejas por parte de los solicitantes sobre la extensión y lentitud de los procesos en la Fase de Verificación de la Observancia (FVO), lo que disminuye las posibilidades de reparación efectiva. 

Recomendaciones

Luego de identificar las principales dificultades en el actual funcionamiento del mecanismo, OVE propuso una serie de recomendaciones a adoptar por parte del MICI. Entre las principales se destacan, en primer lugar, dejar sin efecto la exclusión judicial, y fortalecer sus capacidades internas.  A su vez, OVE destacó la necesidad de reforzar la independencia del mecanismo y asegurar la adopción de medidas correctivas cuando existan hallazgos de incumplimiento con las políticas y daños relacionados. 

Recordando que uno de los objetivos principales del Grupo BID es la mejora en la calidad de vida en la región, el monitoreo de su política se conforma como una herramienta clave para garantizar el cumplimiento de las salvaguardas socioambientales y de transparencia en el desarrollo de los proyectos financiados. De aplicarse las recomendaciones elaboradas por OVE implicaría una declaración de compromiso por parte de MICI para con las personas usuarias, quienes entre otros reclamos, han insistido sistemáticamente por una mejora en las condiciones para acceder al mecanismo. 

A partir de esta evaluación, cabría preguntarse si las limitaciones de la actual política pueden rectificarse incorporando las recomendaciones de la OVE o si estas limitaciones, por el contrario, hacen necesaria una nueva revisión integral de la política, medida que se encuentra descartada por OVE hasta el momento.

Desde Fundeps, consideramos que aún quedan muchos obstáculos por superar para garantizar una actuación efectiva e independiente del mecanismo, especialmente lo referido a la necesidad de dejar sin efecto la exclusión judicial. No obstante, resaltamos la importancia de este tipo de instancias beneficiosas tanto para el sector público como privado, y especialmente, para las comunidades afectadas por las inversiones del Grupo BID. 

Más información: 

Autoras:

Clara Labat 

Julieta Boretti

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El pasado 27 de abril participamos de un conversatorio con sociedad civil organizado por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID, con motivo de la reciente asunción de su nueva directora, Andrea Repetto. Participaron organizaciones de la sociedad civil, individuos y personas del sector público y académico de diferentes países. Uno de los principales puntos de discusión giró en torno a la evaluación del funcionamiento del Mecanismo recientemente realizada por la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del Grupo BID.

El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) fue establecido en 2010 como una instancia de último recurso para que personas que se consideren afectadas por proyectos financiadas por el Grupo BID puedan acudir al mecanismo en busca de una solución. En este sentido, cabe destacar que las quejas remitidas deben versar sobre el incumplimiento de las políticas operativas del banco y no sobre otras normas nacionales y/o internacionales.

Al inicio del conversatorio, la nueva directora se introdujo personalmente, realizó  una revisión de los hechos más destacados del 2020  e indicó cuáles serán las prioridades del mecanismo durante 2021.

Manejo de casos en épocas de COVID-19 y prioridades en la gestión durante 2021

En 2020, el MICI adoptó acciones para mitigar los impactos de la pandemia en la gestión de reclamos. Gestionó un total de 21 reclamos de comunidades potencialmente afectadas por proyectos financiados por el Grupo BID en 9 países: 17 reclamos se refieren a proyectos del BID con el sector público y cuatro a operaciones de BID Invest, con el sector privado. Además, el MICI empezó, por primera vez, un proceso de resolución de disputas de forma totalmente remota en Colombia (Ruta del Cacao).

Análogamente, con la reciente asunción de Repetto como directora, se identificaron 2 áreas prioritarias durante 2021: por un lado, la apertura del mecanismo, buscando que este sea más accesible para las comunidades que lo necesitan y, por otro, el aprendizaje institucional, con el objetivo de aportar más valor al Grupo BID y reforzar su rendición de cuentas y la sustentabilidad.

Evaluación del MICI por parte de la OVE 

La OVE realizó en 2012 una primera evaluación del MICI e identificó problemas significativos en términos de su política, estructura y funcionamiento, recomendando poner fin a la fase piloto del MICI y reformular su política y estructura. Así, en diciembre de 2014 el Directorio del Banco aprobó una nueva política y estructura para el mecanismo y desde inicios de 2016 el MICI también es responsable de gestionar las solicitudes relacionadas con operaciones del BID Invest, es decir, del sector privado. 

En la  siguiente evaluación (2015-2020) se analizaron 19 casos (entre diciembre 2014 – junio 2020) y se llegó a la conclusión que el MICI, en general, está operando de conformidad con los principios establecidos en su política: independencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y eficiencia y que  la actual política corrigió importantes temas identificados por OVE en su evaluación de 2012 como limitantes del buen funcionamiento del MICI. De igual forma, se registró una mayor consistencia entre la política, las directrices desarrolladas, y los procesos asociados. OVE también destacó la consolidación de capacidades en materia de resolución de conflictos al interior del MICI. 

Sin embargo, aún hay espacio para que el MICI profundice sus esfuerzos con miras a maximizar su contribución al sistema de salvaguardias y estándares ambientales y sociales del Grupo BID.

Un tema clave que quedó pendiente es la exclusión judicial, que sigue siendo un importante factor que limita el funcionamiento efectivo y eficiente del MICI.  

OVE también encontró que algunos requisitos para poder acceder al mecanismo son difíciles de cumplir para los solicitantes, tal como la necesidad de presentar sus inquietudes a la administración antes  de  recurrir  al  MICI.  A este respecto, cabe mencionar que la dificultad  de  cumplir  con  el  requisito  de  contacto previo con la administración tuvo que ver, en gran medida, con  la  falta  de  un  sistema  de  gestión  de  reclamos  al  interior  del Grupo  BID  durante  el  periodo  bajo  evaluación (2015-2020) y hacia ese objetivo apunta una de las recomendaciones de la evaluación de OVE. 

Promoción de acceso y riesgo de represalias

OVE indicó  que el mecanismo no es aún muy conocido a pesar de los importantes esfuerzos del MICI por darlo a conocer, incluyendo un importante trabajo en el ámbito de atención al riesgo de represalias que tiene implicaciones importantes para el acceso seguro al mecanismo. Tampoco queda claro que a nivel institucional exista consenso sobre la importancia de dar a conocer el mecanismo y la forma de lograrlo. Cuestión no menor, ya que el acceso al MICI depende del conocimiento que tengan las personas sobre la existencia del mecanismo.

Por último, otro punto que la evaluación señala que se debe fortalecer es la independencia del mecanismo, cuestión fundamental ya que la credibilidad del mecanismo depende de su capacidad de trabajar de manera independiente. Si bien el MICI es un brazo del Directorio, su valor agregado depende de la medida en que pueda presentarle informes francos y honestos sobre los reclamos asociados a los proyectos del Grupo BID.

A partir de estas y otras observaciones, OVE realizó 5 recomendaciones, dirigidas tanto al MICI como a la administración y a los Directorios del Grupo BID. Estas incluyen: 1) implementar el sistema de gestión de reclamos ambientales y sociales de la administración del Grupo BID de manera que se articule con el MICI, 2) dejar sin efecto la exclusión judicial, 3) reforzar la independencia del MICI, 4) asegurar la adopción de medidas correctivas cuando existan hallazgos de incumplimiento con las políticas y daños relacionados y, por último, 5) fortalecer las capacidades internas del MICI.

Cabría preguntarse, no obstante, si las limitaciones de la actual política pueden remediarse incorporando las recomendaciones de la OVE o si estas limitaciones, por el contrario, hacen necesaria una nueva revisión integral de la política, una medida que OVE ha descartado en su evaluación.

Desde Fundeps, creemos que este tipo de instancias es fundamental para intercambiar opiniones y posturas en relación a cómo el Mecanismo pudiera ser aún más eficiente y efectivo en sus intervenciones a las problemáticas que se presentan en nuestra región. Asimismo, consideramos que un robustecimiento del mecanismo, se traduce en una mejora del  sistema de rendición de cuentas del Grupo BID en su conjunto.

 Esperamos que se sigan repitiendo estas instancias con el transcurrir del tiempo y celebramos que el MICI esté dispuesto a recibir el feedback de aquellos que se posicionan como usuarios del mecanismo, siendo capaz de vislumbrar las falencias que los procesos pueden llegar a tener. 

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Autora
  • Camila Victoria Bocco
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