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Entre los días 17 y 21 de marzo se realizó, virtualmente,  la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Distintos líderes económicos y financieros de los países miembros y del sector privado, debatieron sobre la pandemia y la recuperación económica de América Latina y el Caribe.

Cada año, el BID celebra su Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores en uno de los países miembros. Este año, la Asamblea se realizó en la ciudad de Barranquilla, Colombia, y su agenda estuvo atravesada por dos temas centrales: la recuperación económica de América Latina y el Caribe frente a la crisis ocasionada por la pandemia, y la capitalización del Banco.

En primer lugar, el presidente del Banco, Mauricio Claver-Carone, afirmó el compromiso del BID en ayudar a los países a recuperarse de la actual crisis económica, reafirmando el apoyo a las necesidades de financiamiento de los gobiernos y a la asistencia para el acceso y negociación en la compra de vacunas. En base a esto, Claver-Carone apuesta por impulsar la agenda que el Banco bautizó como “Visión 2025”: reinvertir en las Américas, una década de oportunidades”.

Dicha agenda establece cinco áreas en las que el BID se enfocará en nuestra región. Estas áreas son: la integración regional, el fortalecimiento de las cadenas de valor, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la promoción de la economía digital y la priorización de las respuestas a cuestiones de género y cambio climático.

Por otro lado, Claver-Carone hizo hincapié en el trabajo del Grupo BID durante  el 2020, que en respuesta a la emergencia del COVID-19, aprobó préstamos por casi US$24.000 millones, tanto a empresas como a gobiernos, alcanzando niveles récord en el otorgamiento de préstamos. Frente a esto, el presidente se refirió a la capitalización del Banco: “Les pido que reinviertan en nosotros para que podamos reinvertir decididamente en la región (…) La región tendrá un socio comprometido para ayudar a los países a enfrentar estos desafíos históricos y estar bien equipados con los recursos financieros necesarios para marcar una gran diferencia”.

La Asamblea aprobó entonces una resolución que autoriza el trabajo necesario para considerar un potencial aumento de capital de alrededor de US$80.000 millones. Este monto fue autorizado por el Senado de Estados Unidos y  fue descrito por el presidente del Banco como “la capitalización más grande de su historia”. La capitalización es un proceso que aumentará el grado de solvencia y de capacidad de otorgamiento de préstamos del BID. Mediante ésta el capital del Banco se revalorizará y le permitirá hacer frente a su necesidad de atender los problemas de financiamiento de la región.

Por último, Claver-Carone se refirió a la necesidad de la participación de las mujeres en el mercado laboral para impulsar el crecimiento económico de América Latina y el Caribe y dio a conocer nuevos aportes para la región amazónica entre Colombia y Brasil para promover el desarrollo sostenible a través de un enfoque ambientalista.

Sin dudas, la Asamblea de este año nos deja un claro pronóstico de lo que será el accionar del Grupo BID en nuestra región, atravesado por las necesidades generadas por la pandemia, por una nueva presidencia del Banco y por nuevas agendas a implementar, respaldadas por la nueva capitalización. En ese sentido, vale destacar que este proceso de capitalización debería venir acompañado de una serie de necesarias reformas internas a nivel institucional, que aseguren de manera efectiva una mayor transparencia y protección de derechos sociales y ambientales en los proyectos financiados por el Banco o sus clientes. 

A su vez, se debería fortalecer el proceso de participación ciudadana y de relacionamiento con la sociedad civil. La forma en que están estructurados y planteados espacios como la propia Asamblea de Gobernadores, por ejemplo, reflejan la poca predisposición del Banco a plantear espacios efectivos de intercambio y diálogo con la sociedad civil y las comunidades afectadas. Esperamos que estos sean algunos de los puntos a revisar por parte del Banco en vistas a una eventual capitalización.

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  • Sofía Armando 

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A través de una sesión virtual, el pasado 25 de febrero el BID Invest presentó la última versión revisada del Manual de Implementación para su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social. El documento resulta clave para alcanzar una correcta y efectiva implementación de la política aprobada en abril de 2020 y que entró en vigencia el pasado mes de diciembre.

Tras ser aprobada por el Directorio Ejecutivo el 10 de abril de 2020, el pasado 15 de diciembre entró en vigencia la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest. La última versión revisada del Manual de Implementación para dicha política  fue presentada el 25 de febrero a través de una sesión virtual en la que participaron más de 20 representantes de organizaciones de la sociedad civil. 

El nuevo Manual de Implementación se sustenta en el Marco de Sostenibilidad del Banco compuesta por las Política de Sostenibilidad y las políticas y normas que la acompañan como la Política de Acceso a la Información, las Normas Desempeño de la CFI, la Política del MICI, entre otros. El propósito de este Manual es orientar a clientes en su accionar de acuerdo a los diferentes factores y entornos que pueden presentarse, teniendo en cuenta los principios y requisitos del Marco de Sostenibilidad del BID Invest. También, el Manual aborda de manera general, las actividades que contempla el ciclo de un proyecto y los mecanismos de rendición de cuentas a los que las personas y comunidades pueden acceder en caso de que el proyecto las afecte. 

Por otra parte, contempla los factores de riesgo que se pueden presentar o que ya se presentan en el entorno donde se realiza el proyecto. Entre los temas y  factores de riesgo que el Manual menciona se encuentran los grupos vulnerables, derechos humanos, la inclusión y participación de las partes interesadas en el proyecto, condiciones laborales, entre otros. 

Un avance importante es la incorporación de la Lista de Exclusión que enumera las actividades que el BID Invest no financiará por los efectos adversos ambientales y sociales. 

Sin embargo, la aplicación del Manual no es obligatoria para el Banco o para sus clientes ya que  se constituye más bien en una hoja de ruta que contempla los requisitos del Marco de Sostenibilidad Ambiental y Social, y las buenas prácticas internacionales y lecciones aprendidas que sus clientes pueden o no aplicar. Además, si bien aborda las opciones con las que cuenta el Banco en caso de incumplimiento de la Política de Sostenibilidad por parte de sus clientes, hay poca precisión respecto a la forma y los requisitos en los que se aplicarían dichas opciones.

De esta forma, resta por verse si este manual termina resultando realmente efectivo para llenar los vacíos que ha dejado la Política de Sostenibilidad en vigencia. Para ello resultará clave no solo un fuerte compromiso por parte del Banco y sus clientes, sino también un trabajo de monitoreo y seguimiento a la efectiva implementación de la política por parte de la sociedad civil.

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

El presente documento propone un análisis descriptivo y valorativo sobre la implementación de la Política de Género en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tiene como principal objetivo indagar sobre dicha implementación a partir de las debilidades y fortalezas identificadas en la política de género del Banco, a fin de que continúe avanzando en la incorporación de elementos y herramientas garantes de los derechos de las mujeres y de la diversidad.

 El 15 de diciembre comenzará a regir la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest. Organizaciones de la Sociedad Civil de la región emitimos una Declaración Pública alertando sobre las debilidades que presenta la nueva Política.  

El 10 de abril el BID Invest aprobó  la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social que entra en vigencia mañana, 15 de diciembre. Luego del proceso de consultas públicas presenciales y virtuales que el Banco realizó el año pasado donde participaron organizaciones de la sociedad civil, comunidades campesinas, pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes, a fines de mayo se presentó  la nueva política del brazo privado del Grupo BID. 

A pesar de la participación, a través del envío de comentarios,  de las partes interesadas en el período de consultas públicas presenciales y virtuales, en la nueva Política se observa la escasa y hasta nula incorporación de cuestiones consideradas relevantes.  Por tal motivo, y frente a las debilidades y limitaciones que presenta la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social, las OSC de la región emitimos una Declaración Pública alertando sobre la precariedad de la política, las consecuencias que traería a los países de la región y el retroceso que significa en comparación con la Política anterior. 

Entre los puntos principales que destacamos en la Declaración sobre las limitaciones de la nueva Política se encuentran, en primer lugar, la adopción directa de las Normas de Desempeño Ambientales y Sociales de la Corporación Financiera Internacional -CFI- que datan del año 2012, sin incluir cambios o adaptaciones a las nuevas realidades, por lo que resultan  obsoletas para el contexto actual de desafíos ambientales y sociales a los que se enfrenta América Latina y el Caribe. 

Otra limitación importante es la ausencia de responsabilidad subsidiaria y solidaria por parte del BID Invest respecto del accionar de los actores sobre los que tiene influencia, es decir se desliga de responsabilidad institucional ante los posibles impactos negativos que puedan ocasionar las actividades que financia donde la responsabilidad recaerá únicamente sobre el cliente. Esto, significa el debilitamiento de las protecciones en el ambiente y en lo social creadas con el fin de evitar los impactos adversos que ocasionan los proyectos. En esta línea, el BID Invest omite su deber de “hacer cumplir” lo que significa que se reserva el derecho a decidir en qué casos va a aplicar medidas correctivas y en cuáles no. 

Además, en la Declaración Pública se resalta la vaguedad y ambigüedad del lenguaje utilizado en la nueva Política ya que favorece a que el Banco actúe de acuerdo a lo que considere pertinente así como incrementa el riesgo de incumplimiento por parte de los  clientes. 

Por último, uno de los puntos más alarmantes son los vacíos que hay en los compromisos respecto al ambiente y a lo social. Respecto al medio ambiente, el compromiso con la mitigación es frágil ya que no se establecen restricciones expresas a las emisiones de gases de efecto invernadero -GEI-, solo por mencionar un caso. En lo relativo a lo social, si bien la política deja en claro su compromiso de promover buenas prácticas internacionales, en cuestiones como Derechos Humanos, Represalias, Gestión de Riesgo de Género e Igualdad así como en Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de la Información, se evidencia un compromiso superficial y débil al abordarlas. Por ejemplo, en relación a los derechos humanos, no se mencionan derechos esenciales como los económicos, sociales y culturales o el derecho a un ambiente libre de contaminación. 

Luego, en lo relativo a la participación de las partes interesadas, no se establece compromiso alguno para asegurar la participación oportuna, significativa y culturalmente apropiada. La Política se compromete a establecer un sistema de recepción y seguimiento de denuncias de represalia, no se detalla un procedimiento para resolverlas como tampoco sigue las recomendaciones de la guía especializada elaborada por el MICI para la gestión de represalias y protección de defensores ambientales y activistas. 

Por último, en gestión de riesgo del género e igualdad, la Política sí incorpora la promoción de buenas prácticas pero excluye a la Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo del Grupo BID, un retroceso significativo que aumentará la desigualdad y los riesgos para las mujeres y personas LGBTQ+.

Entre muchas otras cuestiones que se abordan en la Declaración Pública, es sumamente necesario que el BID Invest sea implacable al momento de exigir el cumplimiento de los estándares ambientales, sociales y de transparencia  a sus clientes si realmente pretende  promover un crecimiento sostenible, reducir la pobreza y la desigualdad de la región. Con el actual contexto de pandemia y mirando a la situación pospandémica, BID Invest  no puede ser flexible en los procedimientos de evaluación social y ambiental y debida diligencia en las aprobaciones de operaciones de financiamiento ya que ésta es la única manera de lograr el desarrollo sostenible y reducir la crisis ambiental y social en la que se encuentra América Latina y el Caribe.  

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Autora 

Sofía Brocanelli

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El presente documento analiza el funcionamiento del mecanismo del Banco Interamericano de Desarrollo: Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación -MICI-. Para ello, se tiene en cuenta no solo la política del MICI, sino también la cantidad de casos sometidos al mecanismo, cuántos han sido registrados y considerados elegibles y cuántos no, porqué no se los ha considerado, los países que más quejas poseen, los motivos por los que las quejas han sido rechazadas, entre otros parámetros. Todo ello con el objetivo de observar qué tan clara y precisa es la Política del MICI para las comunidades afectadas por los proyectos financiados por el BID y el BID Invest.

El presente documento propone un análisis descriptivo y valorativo de la recientemente publicada (2020) “Herramienta de Evaluación de Riesgos de Género” (HERG) del BID Invest, la cual es un plan de género para que las empresas evalúen el impacto de sus proyectos en materia de género y estructuren procesos de prevención de estos.

En el presente documento se analizan aquellas cuestiones que han sido incorporadas y los aspectos que no se han incorporado y/o modificado a partir del proceso de consulta pública que llevó adelante el BID. Especialmente, se hace énfasis en la necesidad de garantizar los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBTTTQ+ para que efectivamente se respeten y se garanticen los derechos humanos de todas las personas.

Por medio de una reunión virtual, la Asamblea de Gobernadores del BID eligió como presidente del Banco al candidato norteamericano, Mauricio Claver-Carone. 

El 12 de septiembre se reunieron virtualmente los integrantes de la Asamblea de Gobernadores del BID para elegir a Mauricio Claver-Carone como nuevo presidente del Banco por los próximos 5 años. A pesar de que al inicio del proceso de elecciones se presentaron varios candidatos, la presión ejercida por EE.UU llevó a que la candidata Laura Chinchilla de Costa Rica se bajará y posteriormente, un día antes de las elecciones, lo hiciera el candidato argentino, Gustavo Béliz. También fracasó la estrategia de no dar quórum en la elección planeada por algunos de los países de la región opositores al candidato norteamericano y a la ruptura de la tradición histórica en la presidencia del BID. 

Claver-Carone reemplazará a Luis Alberto Moreno el 1 de octubre de este año y será el quinto presidente del Banco. Además,  será responsable de las operaciones del Grupo BID, es decir del BID, BID Invest y BID Lab. El presidente electo se desempeña como Asistente Adjunto del Presidente de EE.UU y Director Senior de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad de los EE.UU. También fue Representante de EE.UU. ante el FMI y Asesor Senior del Subsecretario de Asuntos Internacionales en el Departamento del Tesoro de los EE.UU. 

Para que un candidato sea elegido presidente del BID tiene que recibir la mayoría de la totalidad de los votos de los países que son miembros del BID (48 países miembros en total)  y el apoyo de por lo menos 15 de los países miembros regionales (con Canadá y EE.UU el total de países miembros regionales es de 28). En este caso, Claver-Carone ganó con 67 % de los accionistas en total y con el apoyo de 23 de los 28 miembros de la región El presidente es elegido por la Asamblea de Gobernadores, máxima autoridad del BID. Cada país miembro del Banco posee un Gobernador cuyo poder de votación es proporcional al capital que tiene su país en el BID. Por lo general, los gobernadores son los Ministros de Hacienda, presidentes de bancos centrales u otros funcionarios públicos de los países miembros.  

Desde organizaciones de la sociedad civil, el mes pasado emitimos un pronunciamiento a los Gobernadores del Banco donde expresamos nuestra preocupación por las elecciones presidenciales de la Institución, el rechazo a la postulación del candidato norteamericano y la falta de apertura del proceso de elección ya que no se contempló la participación de las organizaciones sociales y las comunidades. En el pronunciamiento, también resaltamos las condiciones que debería tener el nuevo presidente como:

  • Fuerte compromiso por el multilateralismo.
  • Amplia experiencia y conocimiento del contexto de los países latinoamericanos y caribeños.
  • Claro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de todas las comunidades y la sociedad civil en el accionar del Banco.  
  • Conocimiento y experiencia en las agendas de desarrollo que manifiesten un compromiso por el interés público, la protección y promoción de los derechos humanos, la igualdad de género, la necesidad de hacer frente rápidamente a los efectos del cambio climático e implementar un modelo de desarrollo sostenible centrado en las comunidades y los pueblos indígenas. 

Lo que resta por saber es si el presidente electo, Mauricio Claver-Carone, cumple con todas las condiciones mencionadas y si será capaz de distinguirse de la presidencia de Luis Alberto Moreno, marcada por la falta de diálogo con la sociedad civil y comunidades afectadas. ¿Será Claver-Carone capaz de abrir espacios de diálogo con la sociedad civil y la comunidades así como responder de manera adecuada a las demandas de los países latinoamericanos y caribeños en el contexto de crisis económica, social y climática que están atravesando?

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Autora 

Sofía Brocanelli

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

Por medio de un pronunciamiento dirigido a los Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, organizaciones de la sociedad civil, comunidades campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes y personas con discapacidad de América Latina y el Caribe expresamos nuestra preocupación frente a las elecciones presidenciales de la Institución. En particular, planteamos nuestro rechazo frente a la decisión del gobierno de Estados Unidos de presentar un candidato norteamericano para para presidir el Banco, y frente al mismo proceso de elección, que no da lugar a la participación de las organizaciones sociales y las comunidades.    

El 12 y 13 de septiembre el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- elegirá un nuevo presidente que reemplazará a Luis Alberto Moreno, tras 15 años ininterrumpidos de gestión. Las elecciones tendrán lugar a través de una reunión extraordinaria de la Asamblea de Gobernadores que se realizará de manera virtual. Distintos países de la región han postulado candidatos, como Argentina que nominó a Gustavo Béliz y Costa Rica a Laura Chinchilla. Sin embargo, lo que genera preocupación en el actual proceso de selección presidencial del BID, es la postulación por parte de EEUU del candidato Mauricio Claver Carone. Esto, además de ir en contra de la regla no escrita del BID de que la Institución debe ser dirigida por un representante latinoamericano, amenaza la capacidad de toma de decisiones de los países prestatarios del Banco, habida cuenta de que Estados Unidos posee el mayor porcentaje de capital y votos dentro de la Institución.

En un contexto signado por la crisis del multilateralismo que atraviesa el mundo; la crisis socio ecológica y climática que tiene un impacto particularmente grave en Latinoamérica; los históricos problemas de inequidad, desigualdad y pobreza de la región; y los impactos y repercusiones económicas, sociales y en materia de salud que está generando la pandemia del Covid-19, la transición en la presidencia del BID resulta clave para el futuro de la región.

Por ello, hoy más que nunca el BID requiere de un líder calificado que sea capaz de posicionarse críticamente respecto al rol que le toca jugar a la Institución frente al complejo panorama que vivencia la región, y que esté predispuesto y sea capaz de promover un modelo diferente de desarrollo. En ese sentido, la persona designada para la presidencia del BID debería cumplir necesariamente una serie de requisitos que incluyen, entre otros, los siguientes: 

  1. Un claro y expreso compromiso por el multilateralismo, en un momento en donde la legitimidad de las instituciones internacionales está siendo cuestionada y atacada; 
  2. Una amplia experiencia y conocimiento de la realidad de los países de la región y los retos a los que se enfrentan en el contexto actual; 
  3. Un claro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de las comunidades, los pueblos indígenas y la sociedad civil en el accionar de la Institución; 
  4. Conocimiento y experiencia en agendas de desarrollo que reflejen un compromiso por el interés público, la protección y promoción de los derechos humanos, la igualdad de género, la necesidad de hacer frente de manera inmediata a los efectos del cambio climático y de apostar por un modelo de desarrollo realmente sostenible y centrado en las comunidades y los pueblos indígenas.

A su vez, el pronunciamiento, al que adhirieron más de 50 organizaciones, enfatiza que la elección debe ir más allá de la votación y abrir espacios de diálogo de los candidatos y candidatas con la sociedad civil y las comunidades. Tras 15 años ininterrumpidos bajo el liderazgo de una presidencia que le impregnó características particulares, y en muchos casos cuestionables, a la gestión y accionar del Banco, se presenta una oportunidad única para conocer más a fondo las posiciones y propuestas de los diferentes candidatos y candidatas frente a las preocupaciones y demandas de las comunidades y la sociedad civil;  y en relación al contexto imperante en la región.

Esperamos que el BID esté a la altura de las circunstancias actuales y aproveche esta oportunidad para asegurar que quien acceda a la presidencia del Banco, sea realmente la persona más calificada y adecuada para dirigirlo ante el complejo momento que atraviesa la región.

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Por medio de un pronunciamiento dirigido a los Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, organizaciones de la sociedad civil, comunidades campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes y personas con discapacidad de América Latina y el Caribe expresamos nuestra preocupación frente a las elecciones presidenciales de la Institución. En particular, planteamos nuestro rechazo frente a la decisión del gobierno de Estados Unidos de presentar un candidato norteamericano para para presidir el Banco, y frente al mismo proceso de elección, que no da lugar a la participación de las organizaciones sociales y las comunidades.    

El martes 5 de agosto enviamos al BID un nuevo documento con observaciones y comentarios sobre el segundo borrador del Marco de Política Ambiental y Social desde una perspectiva de género.

En diciembre de 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- publicó el borrador del Marco de Política Ambiental y Social -MPAS- para modernizar sus políticas ambientales y sociales. En enero de este año, iniciaron las consultas públicas presenciales y virtuales, donde Fundeps estuvo presente. En abril, enviamos un documento con comentarios y observaciones al borrador del MPAS desde una perspectiva de género,que contó con el aporte de otras organizaciones de la sociedad civil. En este documento señalamos, sobre todo, la falta de transversalización de la perspectiva de género en todas las normas de desempeño del borrador MPAS. 

A principios de julio, el Banco publicó el segundo borrador del MPAS  en el cual incorporó algunas de las recomendaciones enviadas por las partes interesadas (sociedad civil, comunidades indígenas, comunidad afrodescendientes) y dio inicio a la segunda fase del proceso de envío de comentarios que finalizó el martes 5 de agosto. Desde Fundeps, analizamos este segundo borrador del MPAS y enviamos un nuevo documento con observaciones y comentarios desde una perspectiva de género, con el objetivo de que se incorporen cuestiones que consideramos fundamentales al contemplar los derechos humanos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas LGTTTBIQ+ en el nuevo marco social y ambiental del BID.  

Entre los principales puntos identificados, encontramos aspectos positivos que han sido incorporados como la referencia a la Norma de Desempeño -ND- 9 sobre igualdad de género en las ND 1 (Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales), ND 2 (Trabajo y Condiciones Laborales), ND 5 (Adquisición de Tierra y Reasentamiento Involuntario)  y ND 10 (Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de la Información). Otro aspecto a destacar es la incorporación de la Convención 190 de la OIT en contra de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo  y el Convenio 100  sobre Igualdad de Remuneración. 

Sin embargo, aún restan muchos aspectos por incorporar que creemos son fundamentales para garantizar la igualdad de género y la transversalización de la perspectiva de género en los proyectos que financia el Banco. Entre las cuestiones necesarias que se deben añadir al nuevo MPAS se encuentra el deber del Banco de incorporar explícita y transversalmente los Tratados, Acuerdos y Convenciones internacionales vigentes y futuros que contemplen los derechos de niñas, adolescentes, mujeres y personas LGTTTBIQ+. Además, el Banco como principal responsable debe transversalizar la perspectiva de género en todo el Marco para evitar la ceguera de género. 

Una cuestión preocupante es el reemplazo de la Política sobre la Igualdad de Género en el Desarrollo por la ND 9. Aquí el Banco debería mantener la vigencia de la Política como complemento de la ND 9 sobre Igualdad de Género. Por último, recalcamos la necesidad de que el BID incorpore la gran diversidad de identidades sexo-genéricas ya que en el MPAS no se mencionan a las personas LGTTTBIQ+ sino que se las identifica como minorías sexuales y de género. Por ello, insistimos en que se enuncia de manera  específica a las personas LGTTTBIQ+  para garantizar la visibilización y reconocimiento de su existencia y derechos. 

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Sofía Brocanelli 

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org 

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

A principios de julio, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-  publicó el segundo borrador del Marco de Política Ambiental y Social -MPAS- y dio inicio a la segunda fase del proceso de consultas que duró 30 días. El presente documento fue realizado en este marco y contiene observaciones y comentarios sobre el segundo borrador del MPAS desde una perspectiva de género.