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En septiembre del presente año, luego de un año del llamado a convocatoria, se anunciaron las organizaciones que formarían parte del CCAH de la sociedad civil que tiene como principal función la de asesorar y recomendar cursos de acción para abordar la problemática de la violencia de género. Este Consejo, creado en virtud del artículo 9 de la ley de protección integral 26.485, está compuesto por dos organizaciones por provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo un total de 48.

El 27 de octubre se llevó a cabo la primera reunión de dicho Consejo, en la que además de presentarse las organizaciones, se informó sobre el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019) y sobre los planes del INAM en materia de diseño e implementación de políticas. Asimismo, se discutió sobre las funciones y el reglamento que debe dictarse el CCAH. Entre las funciones de las organizaciones, están las de participar de las reuniones anuales y monitorear la aplicación de la ley 26.485 en sus respectivas provincias, para luego presentar informes que sirvan de insumo al INAM para promover la aplicación de la ley a nivel federal.

Uno de los principales puntos de la agenda fue el cambio que sufrió este organismo, que pasó de ser el Consejo Nacional de la Mujer, a ser el INAM. Las autoridades que expusieron, mencionaron que la decisión respecto de esta modificación atiende a la necesidad de darle mayor jerarquía a las políticas públicas de prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres al tener rango de Secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social, a la vez que se le otorga mayor autonomía al organismo.

Por otro lado, se señaló que a futuro se planea establecer delegaciones provinciales, para territorializar las políticas del INAM y facilitar el acceso a los trámites en las distintas provincias argentinas. No obstante, no se hicieron referencias a cómo se va a transversalizar las políticas públicas en esta materia hacia las otras áreas del Estado, más allá del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social.

Celebramos la iniciativa del INAM para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley y por consolidar un espacio institucionalizado para que la sociedad civil participe de manera federal en materia de violencia de género. La construcción y monitoreo de las políticas públicas para una problemática tan extendida como la desigualdad de género requiere de la participación de la sociedad civil de toda Argentina, por lo que esperamos que se continúe avanzando en pos de la promoción de los derechos de las mujeres, también asegurando presupuesto y la infraestructura necesaria para que funcionen en todo el territorio nacional.

No podemos dejar de mencionar que debería reforzarse la participación de las organizaciones, además de la existencia del CCAH. Es necesaria la implementación de mecanismos para que puedan acceder a la participación otras organizaciones referentes de los derechos de las mujeres en todas las provincias, que no cumplen con los requisitos formales para pertenecer al CCAH, pero que por su experiencia y trayectoria deben considerarse a los fines del diseño e implementación de políticas públicas de género en nuestro país.

Más información

– Resolución creación del INAM y del CCAH

– Anexo de organizaciones integrantes del CCAH

Contacto

Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

Desde FUNDEPS expresamos nuestra preocupación por el la falta de transparencia y claridad en el manejo del presupuesto para el Consejo Nacional de las Mujeres anunciado en el último Boletín Oficial.

El día 11 de enero del corriente año, la modificación presupuestaria para el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género (PNA) quedó plasmada en el Boletín Oficial, con la firma del Jefe de Gabinete, Marcos Peña. Hasta diciembre de 2016, existió un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, que incluía una partida para el CNM y el PNA por 47 millones de pesos, a lo que se sumó un aumento de 20 millones de pesos al presupuesto original previsto para el CNM. La Ley de Presupuesto 2017 fue promulgada entonces con ese incremento de 96 a 116 millones para 2017. En la actual decisión administrativa 12/2017 del Jefe de Gabinete, solo se designó el monto de 96 millones para el CNM lo cual implica una reducción de 67 millones de pesos del presupuesto asignado.

 

A partir de esta confusa situación, fue presentada una acción de amparo por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (Caref), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21. Las organizaciones realizaron una presentación ante la Justicia para que declare inconstitucional la reducción de los fondos asignados al Consejo Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, demandando al Estado por la violación de la división de poderes y el uso discrecional de “superpoderes”.

Las autoridades del Consejo Nacional de la Mujer, intentaron desmentir esta información mediante un comunicado de prensa oficial  y diversas declaraciones en los medios de comunicación, asegurando que se trató de un “error”  y que la partida presupuestaria, si bien no estaba debidamente publicada en el Boletín Oficial, estaba garantizada por el Ministerio de Hacienda.

Resaltamos la importancia de realizar la asignación presupuestaria conforme los procedimientos establecidos, a los fines de no debilitar la calidad institucional y respetar los procesos democráticos. Por otro lado, si la eliminación de estos fondos en la Decisión Administrativa fue producto de un error, para tener validez el mismo debe ser rectificado y publicado en el Boletín Oficial, conforme se rige el proceso formal. Al día de hoy, habiendo transcurrido más de un mes desde la publicación de dicha Decisión Administrativa, aún no se ha hecho oficial. Esto pone de manifiesto la gravedad de la situación y del manejo poco claro y transparente de presupuesto por parte de la Jefatura de Gabinete.

Siendo la partida presupuestaria anunciada en el PNA uno de los puntos en que se avanzó en la protección hacia las mujeres, expresamos nuestra preocupación ante esta evidencia de fragilidad institucional, falta de claridad y de transparencia que logra debilitar los logros alcanzados en contra de la violencia de género. Esta situación vulnera los derechos de las mujeres y niñas, en un país donde cada 18 horas una mujer muere víctima de violencia.

Sumamos también nuestro reclamo por una mayor transparencia en los mecanismos de monitoreo de los fondos públicos para la ejecución presupuestaria y mayor claridad en las decisiones que se toman desde organismos del Estado que afectan la vida de millones de mujeres.

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Contacto

Emiilia Pioletti – emiliapioletti@fundeps.org