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El Gobierno envió un documento a Beijing con 17 proyectos de infraestructura que propuso para ser financiados con capital chino. Se esperan avances en proyectos de cooperación nuclear entre Argentina y China.

En el documento titulado «Nuevo Plan Quinquenal Integrado a proponer» figuran los 17 proyectos que la Secretaría de Asuntos Estratégicos, liderada por Gustavo Béliz,  y el canciller Santiago Cafiero enviaron para evaluar los potenciales de sustento económico por parte de China. El documento se presentó ante la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (CNDR), que es el órgano planificador del gobierno de Xi Jinping.

El Nuevo Plan Quinquenal Integrado contempla las siguientes obras:

1-Central nuclear IV

2-Represas del Sur Kirchner y Cepernic

3-Obras sistema de gasoductos

4-Rehabilitación sistema de Ferrocarriles línea San Martín

5-Rehabilitación sistema de Ferrocarriles línea Roca

6-Rehabilitación línea de ferrocarriles Belgrano Cargas

7-Plan modernización redes ferroviarias

8-Buenos Aires Pasajeros material rodante

9-Plantas de tratamiento de agua potable y acueductos

10-Parque fotovoltáico Cauchari 4 y 5 Ampliación

11-Puentes: Chaco/Corrientes- Santa Fe/Paraná

12-Corredores viales y mejoramientos

13-Programas de conectividad y fibra óptica

14-Obras de transmisión y distribución eléctrica

15-Argentina Polo Energético Zarate-Centrales eléctricas

16-Programas de vivienda y hábitat

17-Parque eólico Cerro Arauco 

Además, en el documento girado desde Buenos Aires aparece el ítem 18 bajo el rubro “otros a definir/propuesta china”. 

El primer punto de los proyectos de inversión es la construcción de la central nuclear IV y merece una mención especial ya que  lleva más de 10 años en carpeta. Este proyecto de instalación de reactores nucleares con tecnología estrictamente china empezó a moldearse en el último año del gobierno de Cristina Fernandez. Probablemente, uno de los motivos que ralentice las negociaciones se vincule con que, al utilizarse el uranio enriquecido como combustible, se dejaría afuera la tecnología canadiense que históricamente utilizó la Argentina para sus centrales nucleares y esto implicaría la importación de una tecnología que ataría su funcionamiento al país asiático. De igual modo, la central sería «llave en mano». Al respecto, desde el Gobierno Nacional se resaltó el importante rol que la energía nuclear juega en la materialización de las metas de reducción de emisiones que la Argentina sostiene en los foros internacionales y se enfatizó en la importancia de maximizar la participación de la industria local y de una adecuada transferencia tecnológica.

También se cuestiona el costo de financiamiento: solo la central nuclear tendría un costo estimado entre 8.000 y 9.000 millones de dólares. Para avanzar en las negociaciones se encuentran la NASA (Nucleoeléctrica Argentina S.A) y la CENEA (Comisión Nacional de Energía Atómica). 

Por el contrario, sobre las líneas ferroviarias norpatagónicas existen más consensos y diálogos concretos. 

En relación a los proyectos de aprovechamiento de la energía eólica se contempla la inversión en el Parque Eólico «Cerro Arauco» de La Rioja. De igual modo, se mencionan acuerdos para la construcción del Polo Energético en Zarate (gas). 

Por último, en la minuta de proyectos se nombra  la realización de un acueducto y plantas potabilizadoras y la remodelación de los puentes Chaco-Corrientes y Santa Fe – Paraná. Igualmente, en el listado aparecen rubros ambiguos como los «Programas de conectividad y fibra óptica» que según fuentes del gobierno nacional aludirian al desarrollo de la tecnología 5G (o de quinta generación) en telefonía celular. También se mencionan «obras de transmisión y distribución eléctrica» que no tienen detalle alguno.

Como observación final, cabe señalar  que al menos 9 de estos proyectos  (construcción de central nuclear IV, Parque Voltaico Cauchari, Buenos Aires Pasajeros Material Rodante, Parque eólico Cerro Arauco, Rehabilitación sistema de Ferrocarriles líneas San Martín, Roca y Belgrano Cargas, Represas Kirchner y Cepernic,Argentina Polo Energético Zarate-Centrales eléctricas) ya fueron incluidos previamente en el “Plan Quinquenal Integrado China-Argentina para la Cooperación en Infraestructura (2017-2021)», aunque en muchos casos no han habido avances concretos durante los últimos 5 años

Avances en proyectos de cooperación nuclear entre Argentina y China

Argentina cuenta con una larga tradición en energía nuclear, con más de 70 años de experiencia en el rubro. En la actualidad, la energía nuclear representa el 7,5% de la matriz energética argentina y el gobierno de Alberto Fernández manifiesta intenciones de aumentar este porcentaje sobre la base de cooperación con China.

Con el objetivo de profundizar las relaciones en materia de tecnología nuclear, el embajador de Argentina en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, dio un discurso en la celebración del “Día de CNNC” (Corporación Nuclear Nacional de China) y mantuvo una reunión con el gerente general de la State Power Investment Corporation (SPIC), uno de los cinco grupos energéticos de China y la generadora de energía solar más grande del mundo, con quien acordó la firma de un memorándum de entendimiento (MoU) que prevé la cooperación estratégica entre SPIC y la empresa rionegrina INVAP.

Al respecto, la representación diplomática en China, explicó que el objetivo al que se apunta con estas asociaciones en materia nuclear es que el país “pueda seguir diversificando sus oportunidades con el gigante asiático, más allá de la exportación de productos primarios”, con el horizonte de tener “una agenda de cooperación que tenga como eje central la transferencia de tecnología  y capacidades hacia las empresas del país. El memorándum se firmaría durante la visita presidencial anunciada para el mes de febrero.

Los proyectos que estarían en el memorándum. En relación al memorándum de entendimiento con SPIC, Vaca Narvaja detalló que ese acuerdo formalizará una serie de iniciativas conjuntas con la empresa argentina INVAP, entre ellos un proyecto de soluciones tecnológicas en el rubro de la medicina nuclear, sector en el que Argentina tiene desarrollos valorados a nivel mundial. La cooperación con INVAP se sumará a otros trabajos en conjunto con empresas argentinas del sector energético, como NUCLEARIS, radicada en Villa Martelli, dedicada a la fabricación de componentes mecánicos para la industria nuclear, que se encuentra encarando proyectos en China y  CONUAR (Combustibles Nucleares Argentinos) y la mendocina IMPSA que están en conversaciones para el mantenimiento de centrales de tipo CANDU (Canadian Uranium Deuterium) en suelo chino, una tecnología en la que la Argentina se ha especializado. 

Consideraciones finales

Puede concluirse, entonces, que la relación entre la Argentina y la República Popular China se intensifica en paralelo al rol cada vez más relevante del país asiático en la economía internacional.

En este sentido, la propuesta del Nuevo Plan Quinquenal se trata de una de las mayores apuestas del Gobierno en materia de acuerdos económicos y comerciales internacionales previstos para la post pandemia. Para Argentina, estos acuerdos representan una oportunidad de desarrollo, sin embargo se debe tener especial cautela en cuanto a los riesgos y los potenciales aspectos negativos de los mismos, que pueden derivar en incrementos desmedidos de la deuda, impactos negativos a nivel socio-ambiental de los proyectos de infraestructura, problemas de competitividad en el ámbito comercial y la tendencia hacia la reprimarización de la economía argentina. Inexorablemente, el monitoreo sobre los proyectos resulta una pieza fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental.

Tampoco se debe perder de vista la opacidad y la poca transparencia: resulta necesario hacer expresa referencia a las cuestiones de transparencia y acceso a la información de la gran mayoría de estos acuerdos, cuyos aspectos generales tal vez salgan a la luz pero no así sus detalles ni las especificaciones en cuanto a su implementación.

 

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Autora

Camila Victoria Bocco

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

En el marco del proceso de revisión del segundo Plan de Acción del Grupo BID-Sociedad Civil (2022-2024), más de 20 organizaciones de la sociedad civil enviamos una carta al Presidente del BID,Claver-Carone, con observaciones y recomendaciones para fortalecer la relación del BID con sociedad civil y comunidades afectadas.

Si bien celebramos el hecho de que el BID revise el Plan de Acción para fortalecer la relación con la sociedad civil y las comunidades afectadas, creemos que la forma en que se está estructurando la revisión inhibe la participación de la sociedad civil en el proceso. Por este motivo las recomendaciones enviadas al Presidente y su Secretaría Ejecutiva, se orientan en 2 sentidos:

  • Por un lado, se solicita al Banco que proporcione espacios específicos e información completa y accesible para que la sociedad civil, incluidos los pueblos indígenas,comunidades locales, personas afectadas por los proyectos del Grupo BID (comprendidos los solicitantes del MICI) y organizaciones críticas al BID puedan participar e involucrarse efectivamente. En este sentido, resulta fundamental que las agendas comiencen a ser construidas de forma participativa, que las invitaciones a las consultas sean al menos con 30 días de anticipación y que incluyan una amplia gama de partes interesadas. También se torna necesario la optimización y ajuste de los procesos de consultas públicas ya que actualmente son excesivamente rígidos y no propician una discusión significativa ni directa entre las partes, generando finalmente insumos poco productivos que continúan debilitando la transparencia y rendición de cuentas en el Banco. 
  • Por otro lado, se enfatiza que luego de la consulta o diálogo,el BID debe garantizar la comunicación continua que mantenga informadas a las partes interesadas y proporcionar información sobre cómo sus aportes influyeron en las decisiones tomadas.

Creemos que el compromiso del Grupo BID con la sociedad civil y las comunidades

afectadas ha sido y sigue siendo preocupantemente débil en comparación con otras instituciones pares.El presidente del BID tiene la oportunidad de liderar el cambio hacia un banco más responsable y debe fomentar una cultura institucional en la que se  acepte que el Banco comete errores y sea más receptivo no sólo a las interacciones y críticas constructivas de los actores externos, incluida la sociedad civil y las comunidades afectadas, sino también a sus mecanismos internos de rendición de cuentas.

Para acceder a la carta completa enviada al BID acceda aquí

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Autora

Camila Victoria Bocco

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

El pasado abril de 2021, la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) publicó la Evaluación del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). Posterior a la evaluación, el MICI ha modificado su política excluyendo la claúsula que evita el registro de quejas que forman parte de procesos judiciales nacionales abiertos. 

La evaluación llevada a cabo intentó determinar si el MICI es efectivo y eficiente en tres áreas: (1) la resolución de quejas, (2) la promoción de aprendizaje institucional, (3) accesibilidad, independencia objetiva, imparcialidad y transparencia. Finalmente, OVE hizo 5 recomendaciones generales sobre cómo el Directorio, el Banco y el MICI pueden mejorar la aplicación de las salvaguardas sociales y ambientales del BID.  

En general, el documento identificó elementos que impiden el funcionamiento efectivo del MICI, incluyendo barreras de accesibilidad, limitaciones innecesarias a su independencia y una falta sistémica de remediación por parte del Grupo BID cuando los proyectos no cumplen con las salvaguardas. Fundeps junto con otras organizaciones de la sociedad civil, decidimos publicar una respuesta y enviar recomendaciones/comentarios al MICI. 

A continuación, resumimos nuestros puntos de discusión y preocupación para cada una de las recomendaciones realizadas por OVE:

Recomendación #1 – Implementar y mejorar el sistema de gestión del Banco para los reclamos ambientales y sociales: Estamos de acuerdo con los hallazgos de OVE que demuestran que el requerimiento para que las comunidades hagan esfuerzos de contacto previo con la Administración, es una barrera problemática para el acceso al MICI. Las personas afectadas que presentan quejas al MICI han experimentado de primera mano la inefectividad de presentar ciertos reclamos a la Administración. No obstante, la propuesta de OVE para establecer un mecanismo propio de la Administración del Banco es una medida que consideramos incompleta. Para asegurar la efectividad del mecanismo y del Banco, lo mejor sería remover el requerimiento para que las comunidades primero se contacten con la Administración. 

Recomendación # 2 – Derogar la exclusión legal: Los hallazgos del reporte sobre la impropiedad de la exclusión legal, y su severa restricción a la accesibilidad, son claros. Aplaudimos al reporte por mencionar que la exclusión legal debe ser eliminada. El rol de un mecanismo de rendición de cuentas dentro de una institución es único y diferente a los procedimientos judiciales. Un mecanismo debiera examinar el cumplimiento de los propios estándares de la institución, un mandato que no se superpone con las cortes o tribunales judiciales. Con la aprobación de la Evaluación de OVE por parte del Directorio, la decisión de eliminar la exclusión legal se hace efectiva a partir del 1 de julio de 2021. Sin embargo, la resolución que aprueba la eliminación de la exclusión legal debería ser publicitada o publicada para asegurar que sea ampliamente conocida la decisión de remover este requisito. 

Recomendación #3 – Reforzar la independencia del MICI: La importancia de la independencia del MICI, así como con otros mecanismos de rendición de cuentas, no puede ser lo suficientemente resaltada. La independencia es una condición esencial para otros atributos como la objetividad, imparcialidad, y transparencia. El reporte encuentra a la necesidad del MICI de asegurar la aprobación del Directorio del Banco antes de comenzar las investigaciones, como un gran problema que ha generado “situaciones que comprometen la independencia del mecanismo”. Desde la sociedad civil consideramos que para asegurar su independencia, el MICI debería tener la autoridad para determinar cuándo iniciar una investigación sin aprobación del Directorio. Ésta es una buena práctica que, como es notado por el reporte, es adherida por muchos otros mecanismos. Como una alternativa a la política actual, para mitigar el efecto perjudicial en la independencia del MICI, la política debería ser actualizada delineando específica y estrechamente los motivos técnicos para que el Directorio revise la decisión del MICI de iniciar una investigación

Recomendación #4 – Asegurar la acción correctiva cuando hay hallazgos de incumplimiento y daño asociados:  La Evaluación claramente declaró la falta de remedio para casos de verificación de la observancia siendo que “no han tenido resultados concretos para los solicitantes, a pesar de los hallazgos de incumplimiento y daños relacionados  establecidos por el MICI”. Esto lo hemos visto en nuestro trabajo de casos. La recomendación de la Evaluación para que todos los actores -el Directorio, la Administración y el MICI- adhieran a la práctica de consistentemente proveer acciones correctivas, es un paso en la dirección adecuada. No obstante, este resultado se conseguiría de mejor manera con un cambio claro en la política que incluya puntos como: (a) Consultas durante el desarrollo de planes de acción correctivos, (b) aprobación de los planes de acción con base en su suficiencia, (c) monitoreo de cumplimiento de los planes de acción, y (d) alertar al Directorio en casos de incumplimiento de los planes.  Finalmente, mientras que la evaluación de OVE documenta múltiples instancias en las que las comunidades han quedado sin remedio, a pesar que los reportes de verificación de la observancia han encontrado una causa del daño en el incumplimiento del Banco, lamentablemente no se provee ninguna recomendación para estas comunidades.

Recomendación #5 – Fortalecer la capacidad interna del MICI: Uno de los focos de la Evaluación del MICI sobre su funcionamiento interno es la dependencia del modelo de consultores para el personal. La importancia del personal del MICI con relación a su efectividad para resolver reclamos es evidente. El Banco debería comprometerse a proveer los recursos humanos y financieros necesarios para implementar este cambio y evitar que la falta de recursos humanos se traduzca en demoras durante los procesos de queja. El Banco debería asegurar además, el incremento de su capacidad en términos de recursos como sea necesario. 

Ahora bien, desde la sociedad civil consideramos que las consultas públicas e inclusivas son requeridas para la implementación de todas las recomendaciones. De igual manera, creemos que la implementación de estas recomendaciones requerirá cambios a la política del MICI. Los pasos que se tomen para garantizar el cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales y la rendición de cuentas en casos de incumplimiento, deben ser informados por aquellas personas afectadas por los proyectos (quienes viven y trabajan en los sitios de implementación). Para escuchar a quienes han sido afectados y sus representantes, el BID y el MICI deberían consultar públicamente acerca de sus planes para implementar las recomendaciones de OVE. 

El MICI juega un rol fundamental dentro del BID, proveyendo un canal para que las personas afectadas por los proyectos, beneficiarias del trabajo del Banco, eleven sus reclamos en búsqueda de remediación. Sin embargo, como la Evaluación de OVE deja en claro, existen brechas en las prácticas actuales del MICI -y las prácticas relacionadas del Directorio y la Administración- que previenen la efectividad del mecanismo. Para asegurar la legitimidad del MICI, el Banco tiene que actuar para abordar estos problemas completamente. 

 

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Evaluación interna del BID plantea la necesidad de reformas en el funcionamiento del MICI

Autora: 

Agustina Palencia

Contacto:

Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

El pasado 1 de abril, la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) presentó un informe de evaluación del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) correspondiente al período 2015-2020. La evaluación examinó la política del Mecanismo y la aplicación de la misma, con el objetivo de informar a los Directorios del BID y de BID Invest sobre la medida en la que el MICI ha sido un mecanismo efectivo y eficiente en la resolución de reclamos asociados a impactos ambientales y sociales de los proyectos financiados por el Banco.

En su informe la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) determinó que la actual política del MICI corrigió importantes temas identificados en su evaluación pasada de 2012. Entre los principales avances, destacó la solución a los problemas de rendición de cuentas y conflictos de interés asociados a la estructura organizacional previa, así como los problemas de duplicación de la instancia de elegibilidad; el establecimiento de plazos para la gestión de las solicitudes; y la creación de instancias para la participación de la administración. Asimismo, destacó una mayor consistencia entre la política, las directrices desarrolladas, y los procesos asociados. 

La evaluación también resaltó los avances que se dieron en el funcionamiento interno del MICI, producto de la reestructuración del mecanismo, así como del proceso de consolidación y aprendizaje institucional. El mecanismo ha logrado definir su plan de trabajo y gestionar sus recursos humanos y presupuestarios con independencia de la administración del Grupo BID.

Sin embargo, la exclusión judicial, un tema clave, quedó pendiente. La misma es una de las excepciones de la política interna a la elegibilidad de solicitudes y establece que no son elegibles aquellos asuntos planteados en una solicitud que estén siendo objeto de procesos arbitrales o judiciales en un país miembro del Grupo BID. 

 Si bien la exclusión judicial fue identificada por OVE en 2012 como un factor limitante para el funcionamiento efectivo e independiente del MICI, se mantuvo en la política reformulada en 2014. Asimismo, existen otras limitaciones que han surgido en la aplicación de la política en los últimos 5 años pero que, en gran medida, han sido solventadas por el MICI. Esto evidencia que existe suficiente margen para que el mecanismo gestione las limitaciones de la actual política.

Acceso al MICI

En cuanto al acceso al mecanismo, OVE identificó que el MICI no es aún muy conocido entre solicitantes. Dando cuenta de que entre los diferentes niveles institucionales hay una falta de consenso  sobre la importancia de dar a conocer el mecanismo  y la forma de lograrlo. Cuestión que no debe ser pasada por alto, ya que el acceso al MICI depende del conocimiento que tengan las personas sobre la existencia del mecanismo.

Por su parte, quienes lograban acceder al MICI se encontraban con que sus solicitudes no quedaban registradas debido a la dificultad para cumplir con algunos requisitos. Al respecto, el Grupo BID no cuenta con un sistema de gestión de reclamos  lo que imposibilita conocer la cantidad de inquietudes que recibe la administración. 

Gestión de casos

Respecto a la gestión de casos, si bien el MICI se encuentra operando en conformidad con los principios establecidos en su política: independencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y eficiencia; ve afectada su capacidad para actuar de manera independiente a raíz de la sujeción a las decisiones del Directorio Ejecutivo.  

De acuerdo con su política, el Directorio controla la posibilidad de iniciar una investigación en la Fase de Verificación de la Observancia (FVO) y decide si se aprueban o no las recomendaciones de una investigación del MICI. Originalmente, la aprobación del Directorio para continuar con una investigación se pensó como un procedimiento corto pero ha llegado a conformarse como un procedimiento contencioso afectando la independencia del MICI.

Por último, muchas investigaciones en curso han presentado demoras vinculadas con la complejidad de los proyectos y temáticas. También se presentaron quejas por parte de los solicitantes sobre la extensión y lentitud de los procesos en la Fase de Verificación de la Observancia (FVO), lo que disminuye las posibilidades de reparación efectiva. 

Recomendaciones

Luego de identificar las principales dificultades en el actual funcionamiento del mecanismo, OVE propuso una serie de recomendaciones a adoptar por parte del MICI. Entre las principales se destacan, en primer lugar, dejar sin efecto la exclusión judicial, y fortalecer sus capacidades internas.  A su vez, OVE destacó la necesidad de reforzar la independencia del mecanismo y asegurar la adopción de medidas correctivas cuando existan hallazgos de incumplimiento con las políticas y daños relacionados. 

Recordando que uno de los objetivos principales del Grupo BID es la mejora en la calidad de vida en la región, el monitoreo de su política se conforma como una herramienta clave para garantizar el cumplimiento de las salvaguardas socioambientales y de transparencia en el desarrollo de los proyectos financiados. De aplicarse las recomendaciones elaboradas por OVE implicaría una declaración de compromiso por parte de MICI para con las personas usuarias, quienes entre otros reclamos, han insistido sistemáticamente por una mejora en las condiciones para acceder al mecanismo. 

A partir de esta evaluación, cabría preguntarse si las limitaciones de la actual política pueden rectificarse incorporando las recomendaciones de la OVE o si estas limitaciones, por el contrario, hacen necesaria una nueva revisión integral de la política, medida que se encuentra descartada por OVE hasta el momento.

Desde Fundeps, consideramos que aún quedan muchos obstáculos por superar para garantizar una actuación efectiva e independiente del mecanismo, especialmente lo referido a la necesidad de dejar sin efecto la exclusión judicial. No obstante, resaltamos la importancia de este tipo de instancias beneficiosas tanto para el sector público como privado, y especialmente, para las comunidades afectadas por las inversiones del Grupo BID. 

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Autoras:

Clara Labat 

Julieta Boretti

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Argentina y China avanzan en las negociaciones para la construcción de Atucha III, la cuarta central nuclear en nuestro país, con tecnología y financiamiento chino. Funcionarios de Estados Unidos expresaron su preocupación al Presidente de la Nación en reciente visita.

El Embajador de Argentina en China, Sabino Vaca Narvaja, el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martinez, y el director de Nucleoeléctrica Argentina, Isidro Baschar, mantuvieron, el pasado 6 de abril, una reunión con los directivos de la Agencia Nacional de Energía de China (NEA) y la Corporación Nuclear de China (CNNC), en la que concordaron dinamizar las negociaciones para la construcción de la cuarta central nuclear en Argentina. 

Los representantes de Argentina y China repasaron el estado de las negociaciones para la construcción de la central nuclear en nuestro país con tecnología china. Además, exploraron la posibilidad de expandir el vínculo bilateral en otras áreas de cooperación, tales como la exportación argentina de servicios y componentes para proyectos nucleares chinos y la extensión de vida de centrales nucleares en China.

El Secretario de Energía, Darío Martinez, afirmó que “el proyecto de la IV Central Nuclear cuenta con todo el apoyo del Presidente de la Nación y se encuentra dentro de la lista de proyectos prioritarios entre ambos países”. Asimismo, Sabino Vaca Narvaja explicó que “Argentina cuenta con una plataforma muy desarrollada en el sector  nuclear con desarrollos propios y una base científica única en la región. Lograr nuestra cuarta central nuclear, además de ampliar nuestra soberanía energética, nos va a colocar en la vanguardia de un sector con desarrollo histórico en nuestro país”. 

Por su parte, el Director Adjunto del Departamento de Energía Nuclear de NEA, Qin Zhijun, remarcó la importancia de la energía nuclear en la estrategia de desarrollo chino, en particular, considerando la necesidad de tener una matriz energética diversificada, así como la importancia de la energía nuclear frente a la lucha contra el cambio climático. 

Preocupación en Washington

El pasado 14 de abril, arribaron a la Argentina dos altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. El Director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan Gonzalez, y la Subsecretaria interina del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, compartieron un almuerzo junto con el Presidente de la Nación, Alberto Fernandez en la Quinta de Olivos. Asimismo, por la noche, compartieron una cena con el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.

Los funcionarios del gobierno de Joe Biden le pidieron al gobierno argentino “prudencia” en la relación con China. De igual modo, expresaron su preocupación por el proyecto para la construcción de la central nuclear Atucha III, con financiamiento y tecnología proveniente de China. 

La preocupación por parte de Estados Unidos en la construcción de la central nuclear con tecnología y financiamiento de China refleja que la Argentina no está exenta de la dinámica política actual caracterizada por la competencia entre ambos gigantes.

Atucha III, la cuarta central nuclear del país

La construcción de este proyecto está prevista a ser emplazada en el Complejo Nuclear Atucha, ubicado en Lima, partido de Zárate, a unos 100 km de la Ciudad de Buenos Aires. En este mismo complejo se encuentran las centrales nucleares Atucha I y II.

Según Nucleoeléctrica Argentina S.A, en las negociaciones se contempla que el reactor a construir en la nueva central sea un Reactor de Agua Presurizada (PWR por sus siglas en inglés) Hualong HPR1000 de origen chino. ¿Cómo funcionan estos reactores? Básicamente utilizan uranio enriquecido como fuente de calor (energía térmica), que es transportada por el agua a alta presión hacia un generador de vapor, que a su vez convierte esa agua en vapor que acciona una turbina generadora de electricidad. Este es el tipo de reactor más utilizado en el mundo para generación eléctrica.

Con respecto a los riesgos, NASA asegura que “los niveles de seguridad del reactor Hualong son significativamente elevados y los riesgos de retraso durante la construcción se reducen”.

Esta nueva central sería capaz de generar 1200 MWe de energía bruta. Para poner esto en perspectiva, los reactores de Atucha I, Atucha II y Embalse generan 362 MWe, 745 MWe y 656 MWe respectivamente.

Dadas las características del proyecto en cuestión, el tipo de energía a utilizar, la controversia respecto la tecnología a usar y su impacto en el posicionamiento externo de la República Argentina en un contexto de disputa entre Estados Unidos y China, desde Fundeps planteamos la necesidad de que el Estado nacional encare el proceso de negociación de forma transparente y brinde un marco amplio de debate hacia dentro de la sociedad argentina respecto al proyecto y al uso de la energía atómica. 

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Autores
  • Mariano Camoletto
  • Andres Paratz
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En vísperas del próximo viaje a China, el gobierno de Argentina negocia acuerdos de inversión en infraestructura por un valor cercano a los 30 mil millones de dólares.

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, visitará al Presidente de China, Xi Jinping, el próximo 5 de mayo. Uno de los ejes troncales del encuentro serán las negociaciones por el ingreso de la nación sudamericana al proyecto de la Ruta de la Seda y el desembarco de la tecnología 5G de la mano de Huawei. Además, se espera que se discutan otros acuerdos importantes para la relación bilateral como la ampliación del parque Caucharí de energía solar en Jujuy, proyectos de infraestructura, ganadería, inversiones y financiamiento.

Tras un 2020 caracterizado por la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del covid-19, el gobierno argentino avanza en acuerdos de inversión con China por un valor cercano a los 30 mil millones de dólares. Argentina tiene en lista 15 proyectos de infraestructura para presentarle a China. Estos acuerdos revisten gran importancia para el gobierno nacional, principalmente, en vistas a la necesaria reactivación de la economía argentina. 

Los proyectos que Argentina da prioridad para la inversión proveniente de China son el plan de rehabilitación del sistema Ferroviario San Martín, mejoras en la línea del Ferrocarril Roca, obras de infraestructura en el ferrocarril Mitre y Urquiza, la redefinición de la red ferroviaria Belgrano Cargas y la incorporación de material rodante para pasajeros. En paralelo se discute la instalación de granjas porcinas inteligentes. Se calcula que el valor de la inversión rondaría los 3800 millones de dólares por un plazo de cuatro años, además del objetivo de producir 882 mil toneladas de carne por un valor de 2500 millones de dólares. 

Asimismo, se discute el desembarco de inversiones chinas en la minería, especialmente en la producción de cobre y litio en el norte argentino. Respecto al litio, Argentina firmó un acuerdo con Jiangsu Jiankang Automobile (JJA) para la producción de vehículos y baterías en el país. En el listado de proyectos se agregan la remodelación del puente Chaco-Corrientes, la realización de un acueducto y plantas potabilizadoras, corredores viales y el desarrollo de un polo logístico en Tierra del Fuego. 

Respecto a las inversiones en energía, el presidente tiene en carpeta cinco obras troncales que requieren de grandes inversiones que pedirá al gigante asiático. Este plan elaborado por el Secretario de Energía, Darío Martinez, y el Ministro de Economía, Martín Guzmán, se destaca por la no inclusión de una de las obras más reclamadas por China: la construcción de la cuarta central nuclear en el país con tecnología china. Este plan de obras incluye la construcción del gasoducto del sur, la red eléctrica en AMBA, red eléctrica en la Patagonia, el gasoducto de la mesopotamia y la construcción de una central térmica. 

La construcción de la cuarta central nuclear empezó a moldearse durante el gobierno de Cristina Fernández por un valor de 12 mil millones de dólares. Con Mauricio Macri en el poder se logró bajar el costo a los 9 mil millones. No obstante, con la crisis económica y la derrota electoral de Macri el proyecto se paralizó. El arribo de Alberto Fernandez significó para China la posibilidad de discutir la concreción del proyecto. Otra obra que no aparece en este plan es la construcción de la represa hidroeléctrica de Chihuido en Neuquén. Esta obra reclamada por Rusia y China quedaría en manos de Alemania.

A un año del inicio de la pandemia en Argentina y las medidas que se han adoptado para actuar en consecuencia, el vínculo con China se ha profundizado. El mercado chino se ha convertido en el principal destino de las exportaciones de carne bovina provenientes de Argentina. El comercio bilateral entre ambos países, que en el 2000 rondaba los 2 mil millones de dólares, cerró en el año 2019 en un valor cercano a los 16300 millones de dólares, con exportaciones argentinas por 7 mil millones de dólares e importaciones por 9 mil millones de dólares. Además, el gobierno argentino cerró un acuerdo con la empresa farmacéutica Sinopharm a principios de febrero para el envío de un 1 millón de dosis y se espera el arribo de otras 3 millones de dosis a finales de marzo.  

  Se espera que este nuevo impulso a la relación con China, sea estratégico, comercialmente equilibrado y que esté acompañado de la necesaria responsabilidad en materia ambiental y social.

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Autor

Mariano Camoletto 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

A través de una sesión virtual, el pasado 25 de febrero el BID Invest presentó la última versión revisada del Manual de Implementación para su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social. El documento resulta clave para alcanzar una correcta y efectiva implementación de la política aprobada en abril de 2020 y que entró en vigencia el pasado mes de diciembre.

Tras ser aprobada por el Directorio Ejecutivo el 10 de abril de 2020, el pasado 15 de diciembre entró en vigencia la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest. La última versión revisada del Manual de Implementación para dicha política  fue presentada el 25 de febrero a través de una sesión virtual en la que participaron más de 20 representantes de organizaciones de la sociedad civil. 

El nuevo Manual de Implementación se sustenta en el Marco de Sostenibilidad del Banco compuesta por las Política de Sostenibilidad y las políticas y normas que la acompañan como la Política de Acceso a la Información, las Normas Desempeño de la CFI, la Política del MICI, entre otros. El propósito de este Manual es orientar a clientes en su accionar de acuerdo a los diferentes factores y entornos que pueden presentarse, teniendo en cuenta los principios y requisitos del Marco de Sostenibilidad del BID Invest. También, el Manual aborda de manera general, las actividades que contempla el ciclo de un proyecto y los mecanismos de rendición de cuentas a los que las personas y comunidades pueden acceder en caso de que el proyecto las afecte. 

Por otra parte, contempla los factores de riesgo que se pueden presentar o que ya se presentan en el entorno donde se realiza el proyecto. Entre los temas y  factores de riesgo que el Manual menciona se encuentran los grupos vulnerables, derechos humanos, la inclusión y participación de las partes interesadas en el proyecto, condiciones laborales, entre otros. 

Un avance importante es la incorporación de la Lista de Exclusión que enumera las actividades que el BID Invest no financiará por los efectos adversos ambientales y sociales. 

Sin embargo, la aplicación del Manual no es obligatoria para el Banco o para sus clientes ya que  se constituye más bien en una hoja de ruta que contempla los requisitos del Marco de Sostenibilidad Ambiental y Social, y las buenas prácticas internacionales y lecciones aprendidas que sus clientes pueden o no aplicar. Además, si bien aborda las opciones con las que cuenta el Banco en caso de incumplimiento de la Política de Sostenibilidad por parte de sus clientes, hay poca precisión respecto a la forma y los requisitos en los que se aplicarían dichas opciones.

De esta forma, resta por verse si este manual termina resultando realmente efectivo para llenar los vacíos que ha dejado la Política de Sostenibilidad en vigencia. Para ello resultará clave no solo un fuerte compromiso por parte del Banco y sus clientes, sino también un trabajo de monitoreo y seguimiento a la efectiva implementación de la política por parte de la sociedad civil.

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

El presente documento propone un análisis descriptivo y valorativo sobre la implementación de la Política de Género en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tiene como principal objetivo indagar sobre dicha implementación a partir de las debilidades y fortalezas identificadas en la política de género del Banco, a fin de que continúe avanzando en la incorporación de elementos y herramientas garantes de los derechos de las mujeres y de la diversidad.

 El 15 de diciembre comenzará a regir la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest. Organizaciones de la Sociedad Civil de la región emitimos una Declaración Pública alertando sobre las debilidades que presenta la nueva Política.  

El 10 de abril el BID Invest aprobó  la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social que entra en vigencia mañana, 15 de diciembre. Luego del proceso de consultas públicas presenciales y virtuales que el Banco realizó el año pasado donde participaron organizaciones de la sociedad civil, comunidades campesinas, pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes, a fines de mayo se presentó  la nueva política del brazo privado del Grupo BID. 

A pesar de la participación, a través del envío de comentarios,  de las partes interesadas en el período de consultas públicas presenciales y virtuales, en la nueva Política se observa la escasa y hasta nula incorporación de cuestiones consideradas relevantes.  Por tal motivo, y frente a las debilidades y limitaciones que presenta la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social, las OSC de la región emitimos una Declaración Pública alertando sobre la precariedad de la política, las consecuencias que traería a los países de la región y el retroceso que significa en comparación con la Política anterior. 

Entre los puntos principales que destacamos en la Declaración sobre las limitaciones de la nueva Política se encuentran, en primer lugar, la adopción directa de las Normas de Desempeño Ambientales y Sociales de la Corporación Financiera Internacional -CFI- que datan del año 2012, sin incluir cambios o adaptaciones a las nuevas realidades, por lo que resultan  obsoletas para el contexto actual de desafíos ambientales y sociales a los que se enfrenta América Latina y el Caribe. 

Otra limitación importante es la ausencia de responsabilidad subsidiaria y solidaria por parte del BID Invest respecto del accionar de los actores sobre los que tiene influencia, es decir se desliga de responsabilidad institucional ante los posibles impactos negativos que puedan ocasionar las actividades que financia donde la responsabilidad recaerá únicamente sobre el cliente. Esto, significa el debilitamiento de las protecciones en el ambiente y en lo social creadas con el fin de evitar los impactos adversos que ocasionan los proyectos. En esta línea, el BID Invest omite su deber de “hacer cumplir” lo que significa que se reserva el derecho a decidir en qué casos va a aplicar medidas correctivas y en cuáles no. 

Además, en la Declaración Pública se resalta la vaguedad y ambigüedad del lenguaje utilizado en la nueva Política ya que favorece a que el Banco actúe de acuerdo a lo que considere pertinente así como incrementa el riesgo de incumplimiento por parte de los  clientes. 

Por último, uno de los puntos más alarmantes son los vacíos que hay en los compromisos respecto al ambiente y a lo social. Respecto al medio ambiente, el compromiso con la mitigación es frágil ya que no se establecen restricciones expresas a las emisiones de gases de efecto invernadero -GEI-, solo por mencionar un caso. En lo relativo a lo social, si bien la política deja en claro su compromiso de promover buenas prácticas internacionales, en cuestiones como Derechos Humanos, Represalias, Gestión de Riesgo de Género e Igualdad así como en Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de la Información, se evidencia un compromiso superficial y débil al abordarlas. Por ejemplo, en relación a los derechos humanos, no se mencionan derechos esenciales como los económicos, sociales y culturales o el derecho a un ambiente libre de contaminación. 

Luego, en lo relativo a la participación de las partes interesadas, no se establece compromiso alguno para asegurar la participación oportuna, significativa y culturalmente apropiada. La Política se compromete a establecer un sistema de recepción y seguimiento de denuncias de represalia, no se detalla un procedimiento para resolverlas como tampoco sigue las recomendaciones de la guía especializada elaborada por el MICI para la gestión de represalias y protección de defensores ambientales y activistas. 

Por último, en gestión de riesgo del género e igualdad, la Política sí incorpora la promoción de buenas prácticas pero excluye a la Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo del Grupo BID, un retroceso significativo que aumentará la desigualdad y los riesgos para las mujeres y personas LGBTQ+.

Entre muchas otras cuestiones que se abordan en la Declaración Pública, es sumamente necesario que el BID Invest sea implacable al momento de exigir el cumplimiento de los estándares ambientales, sociales y de transparencia  a sus clientes si realmente pretende  promover un crecimiento sostenible, reducir la pobreza y la desigualdad de la región. Con el actual contexto de pandemia y mirando a la situación pospandémica, BID Invest  no puede ser flexible en los procedimientos de evaluación social y ambiental y debida diligencia en las aprobaciones de operaciones de financiamiento ya que ésta es la única manera de lograr el desarrollo sostenible y reducir la crisis ambiental y social en la que se encuentra América Latina y el Caribe.  

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Autora 

Sofía Brocanelli

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El presente documento propone un análisis descriptivo y valorativo de la recientemente publicada (2020) “Herramienta de Evaluación de Riesgos de Género” (HERG) del BID Invest, la cual es un plan de género para que las empresas evalúen el impacto de sus proyectos en materia de género y estructuren procesos de prevención de estos.

En el presente documento se analizan aquellas cuestiones que han sido incorporadas y los aspectos que no se han incorporado y/o modificado a partir del proceso de consulta pública que llevó adelante el BID. Especialmente, se hace énfasis en la necesidad de garantizar los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBTTTQ+ para que efectivamente se respeten y se garanticen los derechos humanos de todas las personas.

La Cumbre Finance in Common (“Finanzas en Común”), llevada a cabo desde el 9 al 12 de noviembre, es la primera cumbre global que contó con la presencia de todos los bancos de desarrollo e instituciones multilaterales del mundo. Organizaciones de la sociedad civil de diferentes regiones nos hemos manifestado ante la ausencia de los derechos humanos y las voces de las comunidades en la agenda del evento.

Entre el 9 y el 12 de noviembre de 2020 se realizó la Cumbre Finance in Common, que contó con la presencia de 450 Bancos Públicos de Desarrollo del mundo, instituciones multilaterales, jefes de Estado, representantes del sector privado, sociedad civil, academia, entre otros. El evento fue una iniciativa de la Federación Mundial de Instituciones Financieras para el Desarrollo -FEMIDE- y del International Development Finance Club -IDFC-. Fue patrocinado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron y por la Agencia Francesa de Desarrollo -AFD; y contó con la participación del Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres.

La cumbre se centró en el rol crucial que poseen los Bancos Públicos de Desarrollo como actores capaces y necesarios para brindar una respuesta colectiva a los desafíos globales, acordando medidas de recuperación sostenible a corto plazo sobre la crisis del COVID-19 y con un impacto a largo plazo en el medio ambiente y en las sociedades.  Sin embargo, en la agenda de la Cumbre no se abordaron los derechos humanos, derechos constantemente vulnerados y violados por las inversiones de los bancos de desarrollo. Así, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades locales, defensores y defensoras de derechos humanos no tuvieron un espacio para exponer sus inquietudes y preocupaciones.

Esto, a pesar que en el mes de septiembre, más de 200 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo enviaron una carta a la Agencia Francesa de Desarrollo solicitando que se incluyan y se prioricen los principios de un desarrollo que esté centrado en los derechos humanos. Debido a la falta de respuesta, las OSC emitimos una Declaración Conjunta haciendo un llamado a los Bancos Públicos de Desarrollo -BPD- para que inviertan sus recursos financieros en la construcción de un futuro justo, equitativo, inclusivo y sostenible para todas las sociedades del mundo. 

Esta cumbre debería ser una oportunidad para que los bancos de desarrollo modifiquen su forma de operar y coloquen como eje de sus acciones a la democracia, la inclusión, la igualdad, la solidaridad y el bien común. Es urgente que los BPD se comprometan a financiar en pos de un desarrollo justo, equitativo y sostenible, promoviendo y garantizando los derechos humanos para todos y todas, sin dejar de lado las comunidades vulnerables y marginadas. 

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Contacto 

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org