Listado de la etiqueta: Estándares Sociales y Ambientales

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Argentina sigue apostando por las centrales nucleares con financiamiento chino

El Primer Plan Quinquenal Integrado firmado entre Argentina y China para la Cooperación en Infraestructura (2017-2021), contiene 16 proyectos a desarrollarse en el país. Dentro de éstos se encuentran la construcción de dos centrales nucleares. La elección de construir plantas nucleares en vez de invertir en energía eólica y solar, produce ciertas inquietudes por los riesgos que implica la energía nuclear.

El fortalecimiento de la relación sino-argentina se observó con la firma del Primer Plan Quinquenal (2017-2021) entre ambos actores, el cual incluye 16 proyectos a llevarse a cabo en el país con financiamiento chino. Uno de los proyectos que genera cuestionamientos económicos, pero sobre todo ambientales, es el de la construcción de dos centrales nucleares, Atucha III y IV.

En torno a las centrales nucleares hay opiniones a favor y en contra. Hay defensores de este tipo de energía por las bajas emisiones. Sin embargo, cada vez hay una mayor cantidad de opositores a la energía nuclear por sus impactos al medio ambiente, el riesgo que significa y lo costosa que es en relación a la energía eólica y solar.

Nuestro país cuenta con tres reactores nucleares, el primero, Atucha I, fue construida en 1974; la segunda central es la de Embalse que comenzó a operar en 1984 y la tercera central fue Atucha II, la cual comenzó a funcionar en el sistema nacional a partir del año 2014. La energía de tipo nuclear representa en el país el 6% de la matriz energética.

El acuerdo de la construcción de dos centrales nucleares data desde el gobierno de Cristina Kirchner, quien acordó su construcción con China en el año 2015. Cuando asumió Macri como presidente, se puso en duda la efectividad de este tipo de energía; sin embargo se ratificó el acuerdo con China sobre la construcción de las centrales nucleares (Atucha III y IV). A pesar de ello, por la crisis económica que atraviesa el país, el gobierno tuvo que optar por construir una sola central para que el tamaño del préstamo no sea tan grande y el país pueda afrontarlo.

Así, se construirá la central nuclear Atucha III que sumará a la red 745 megavatios y estará localizada en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires. El contrato para la construcción de esta central incluye un préstamo de China por $10.000 millones de dólares, lo cual cubre el 85% de los costos de construcción; el restante será invertido por Argentina.

En un primer momento, cuando se firmó el acuerdo, los gobiernos de ambos países manifestaron la importancia de firmar los contratos antes de septiembre de 2017, y, en consecuencia, comenzar la construcción de una de las centrales ese mismo años y de la segunda en el 2019. Sin embargo, ninguno de estos hechos sucedió. 
Este Plan Quinquenal tiene por propósito aumentar la complementariedad, la cooperación y beneficios en el sector de las infraestructuras, contribuyendo al desarrollo de las relaciones económicas bilaterales y de las naciones de ambos países.

El financiamiento chino ha crecido notablemente en América Latina y el Caribe, y Argentina no ha sido la excepción a este crecimiento. Las relaciones entre ambos países ha evolucionado de tal manera que China tiene importancia como prestamista bilateral, donde la mayor cantidad de préstamos se ha destinado a infraestructura y proyectos energéticos.

Desde Fundeps se realizó a principios de año un pedido de información al gobierno Nacional por el Primer Plan Quinquenal entre China y Argentina, haciendo hincapié en la construcción de las centrales nucleares. Las principales cuestiones que se consultaron fueron acerca de las modalidades y características del financiamiento que acordó el gobierno argentino para financiar las obras que contempla el Primer Plan Quinquenal; las dependencias, funcionarios y demás actores involucrados.

En cuanto a la construcción de las centrales nucleares, tema de relevancia en la solicitud de información, se solicitó el estado de construcción de las centrales nucleares, cuáles han sido los lineamientos sociales y ambientales de las instituciones que se encuentran involucradas en el proyecto, cuáles eran los lugares preseleccionados  y seleccionados para realizar la construcción, los estudios que se efectuaron para seleccionar el lugar de construcción de las centrales y, si ha habido evaluación de impacto ambiental (EIA) como si hubieron instancias de participación ciudadana. 

Si bien la solicitud fue respondida fuera de término (julio), no se respondieron de manera efectiva las preguntas realizadas al Ministerio de Energía y al de Hacienda. Solo por mencionar algunas cuestiones de la respuesta a la solicitud, no se brindaron los documentos de la EIA, muchos menos los estudios realizados para seleccionar a Lima, (provincia de Buenos Aires)  como el lugar para la construcción de la central nuclear. En líneas generales, las respuestas a las preguntas realizadas fueron escuetas, y la mayoría, por no decir todas, no brindaron los datos solicitados por Fundeps. 

En materia de acceso a la información a nivel nacional se ha avanzado, ya que como ciudadanos se pueden realizar solicitudes de información a través de la web. Sin embargo, todavía queda por hacer mucho trabajo en materia de gobierno abierto, ya que las respuestas a las solicitudes de información eluden la raíz de la pregunta que se realiza. No se encuentra mucha información disponible y, tampoco, al solicitar a las entidades responsables, se obtiene la información que se requiere. 

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Autores

Sofía Brocanelli

Gonzalo Roza

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Expusimos en el Congreso Nacional ALADAA sobre el rol del AIIB en la Nueva Ruta de la Seda

El 23 de agosto pasado, Fundeps participó del Congreso Nacional ALADAA en el marco de la agenda del área de Gobernabilidad Global sobre inversiones chinas en América Latina

El pasado 22 y 23 de agosto del 2019 se llevó a cabo en la ciudad de Río Cuarto el IX Congreso Nacional de ALADAA (Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África) Argentina “Culturas en Movimiento: Potencialidades y Desafíos en la Globalización. Asia y África desde América Latina”. Fundeps participó presentando un trabajo titulado “El rol del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) en la Nueva Ruta de la Seda Verde”, el cual fue expuesto por el voluntario del área de Gobernabilidad Global, Mariano Camoletto.

El artículo aborda el financiamiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, analizando el rol del AIIB como motor financiero de la misma. Además, explora si el financiamiento a través del AIIB representa una posibilidad de dotar de mayor sustentabilidad ambiental y social a los proyectos implementados en el marco de la Nueva Ruta de la Seda (también conocido como la Iniciativa de La Franja y la Ruta), el mega proyecto a escala global impulsado por China.

El AIIB, cuya sede se encuentra en Pekín, se creó en 2015 por iniciativa de China y cuenta actualmente con más de 100 miembros, entre los que se encuentra Argentina. El banco tiene como propósito contribuir al desarrollo económico y social de Asia con el enfoque puesto en la infraestructura sostenible, la movilización de capital privado y la conectividad. Para su cumplimento, el AIIB cuenta con una cartera de 100 mil millones de dólares y la estrategia se basa en el concepto Lean, Clean and Green a través del cual el banco busca ser eficiente, ágil, ético y respetuoso con el medio ambiente.

En cuanto a las políticas operacionales del banco, las más importantes son el Marco Ambiental y Social y el Mecanismo de Rendición de Cuentas. En cuanto al primero, fue aprobado en el 2016 y tiene como propósito ayudar al banco y sus clientes a alcanzar resultados positivos de desarrollo ambiental y socialmente sostenible en sus proyectos, además de exponer los objetivos institucionales para abordar los riesgos e impactos ambientales y sociales en los proyectos financiados por el banco. Asimismo, el cumplimiento de éstas políticas son de carácter obligatorio para poder acceder al financiamiento del banco.

En lo que respecta al Mecanismo de Rendición de Cuentas del Banco, éste fue lanzado en  2018 y tiene como propósito recibir las quejas y solicitudes de aquellas comunidades o poblaciones afectadas negativamente por proyectos financiados por el Banco. El mecanismo tiene dos funciones esenciales: la primera de ellas es la resolución de disputas mediante el diálogo y el entendimiento de las partes afectadas; y en segundo lugar, el de revisión de cumplimiento, que consiste en que éste mecanismo investigue si el Banco ha cumplido con sus obligaciones respecto a la buena aplicación de las políticas operacionales del mismo.

El objetivo principal de nuestra participación como expositores en este Congreso fue la de promover el acercamiento de la Fundación a la comunidad académica tanto nacional como provincial, para el estudio de las inversiones e iniciativas chinas (tales como el AIIB) y su impacto en la sociedad, que por lo general se ve reflejado en proyectos de infraestructura con potenciales (o reales) impactos a nivel ambiental y social. El trabajo conjunto tiene el propósito de analizar y comprender el modelo de inserción sociopolítico y económico de China en América Latina y, en especial, en Argentina; así como las estrategias que los países latinoamericanos implementan frente a este fenómeno en el marco de la Ruta de la Seda.

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Autor

Mariano Camoletto

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Participamos en la revisión de la política de sostenibilidad socioambiental del BID Invest

Participamos de la consulta pública presencial del BID Invest en el marco de la revisión de su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social.

En el marco de las consultas públicas que se encuentra realizando el BID Invest sobre el borrador de su nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social, participamos de la consulta pública presencial realizada el pasado martes 4 de septiembre en la sede del BID Argentina en la ciudad de Buenos Aires.

El BID Invest es miembro de Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, más conocido como Grupo BID. Es un banco multilateral de desarrollo con el propósito de promover el desarrollo económico de los países miembros de la región por medio de la inversión en el sector privado. Es decir, mientras que el BID se encarga de la inversión al sector público, el BID Invest invierte en proyectos del sector privado.

Así, en junio de este año el BID Invest dio inicio a la consulta pública para revisar el borrador de su nueva política de salvaguardas ambientales y sociales; revisión que se prolongaría por 120 días. El objetivo de realizar una consulta pública se debe a la relevancia de establecer un diálogo con las partes interesadas para realizar sugerencias a la nueva política. Así se han realizado o se llevarán a cabo consultas virtuales y presenciales no sólo en Argentina sino también en otros países como Colombia, Jamaica, Panamá o Estados Unidos.

De acuerdo al plan de consulta que dio a conocer el Banco, una vez finalizada las consultas públicas y elaborado un nuevo borrador, el mismo se someterá a la aprobación del Directorio Ejecutivo, dando lugar a la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social, reemplazando a la política del año 2013. Sin embargo, uno de los principales reclamos escuchados en las consultas públicas por parte de un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil y de comunidades indígenas, fue la necesidad de que el Banco abra a consulta pública un segundo borrador de la política, para poder identificar de qué manera se incorporaron las recomendaciones y sugerencias aportadas durante las consultas públicas.

Adicionalmente, Fundeps junto a un grupo de organizaciones de la región planteó en las consultas la necesidad, entre otras cosas, de: Incluir dos áreas de expansión más allá de las 8 Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI), en particular, una Norma de Desempeño relativa a género y, segundo, otra para participación de partes interesadas y comunidades. A su vez, también se planteó la necesidad de no diluir responsabilidades en la supervisión de la implementación de las salvaguardas; y de que la nueva política debería guiarse por el principio de “generar beneficios” más allá de la idea de “no causar perjuicios” tal como lo plantea actualmente la política.

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El BID y el BID Invest revisan sus políticas ambientales y sociales – Fundeps

Página web sobre la Consulta sobre la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

 

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El BID y el BID Invest revisan sus políticas ambientales y sociales

Tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como su brazo privado, el BID Invest han abierto recientemente el proceso para la revisión de sus políticas de salvaguardias ambientales y sociales. Resulta importante que la sociedad civil latinoamericana y, sobre todo, las comunidades afectadas por proyectos financiados por estas instituciones participen activamente del proceso de consulta pública, ya sea enviando comentarios virtuales como participando de las consultas presenciales que se realizarán en diferentes ciudades de la región. Aquí, 5 puntos claves a tener en cuenta acerca de los procesos de revisión.

¿Por qué se da la revisión?

Tras la recomendación realizada por la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del BID en su Evaluación de Salvaguardias Ambientales y Sociales, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó, el pasado 2 de Julio de 2019, el lanzamiento del proceso para “modernizar” sus políticas ambientales y sociales, las cuáles buscan garantizar que los impactos ambientales y sociales potencialmente negativos se evalúen, gestionen y mitiguen adecuadamente en las operaciones del BID. De acuerdo al propio BID: “existe la necesidad de actualizar e integrar un marco de políticas para la gestión del riesgo ambiental y social, por lo que busca desarrollar un Marco de Política Ambiental Social integrado, alineado con estándares internacionales y mejores prácticas”. De esta forma, el BID sigue los pasos dados recientemente por otros Bancos Multilaterales de Desarrollo, tales como el Banco Mundial.

Por otro lado, el BID Invest (anteriormente Corporación Interamericana de Inversiones -CII-), brazo privado del BID, inició el pasado mes de junio la actualización de su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social. De acuerdo al Banco, la finalidad de la revisión es establecer “un único marco de estándares que los clientes deben cumplir en  vez de usar múltiples estándares de terceros. El proceso de actualización incluye una revisión de  las tendencias y mejores prácticas actuales relacionadas con la sostenibilidad ambiental y social, incluidas las diseñadas por otras instituciones financieras internacionales (IFI) que operan en el sector privado”. En la práctica, siguiendo las recomendaciones de OVE, el BID Invest busca que los prestatarios se adhieran a las Normas de Desempeño de la CFI, que son ampliamente reconocidas y que ya aplican los prestatarios de BID Invest, y se eliminen las referencias a otras normas de terceros.

¿Qué incluye la revisión?

Para el caso del BID, la revisión incluye las cinco políticas independientes que conforman las salvaguardas ambientales y sociales:

Hasta el momento, el BID ha preparado un Perfil de Política sobre la Modernización  de las Políticas Ambientales y Sociales.

En el caso del BID Invest, la revisión es sólo de su:

Y se ha publicado un Borrador de la nueva Política, el cual se encuentra bajo consulta pública.

¿Cuándo se realizan las consultas?

Para el caso del BID, el pasado 2 de julio del 2019 el Directorio Ejecutivo aprobó el lanzamiento del proceso de modernización y posteriormente se publicó el Perfil de Política. El borrador del marco de políticas se espera presentar al Directorio Ejecutivo a fines de octubre de 2019 para que sea consultada públicamente. La etapa de preparación del proceso de modernización culminaría en el desarrollo del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) en septiembre de 2020. El MPAS se implementaría a partir de 2021.

En cuanto al BID Invest, se ha publicado un Plan de Consulta con la información básica acerca del proceso, que básicamente consiste en: 

1. Puesta a disposición del público del Borrador de Política.  

2. Consultas públicas digitales y presenciales abiertas por 120 días (a partir del 17 de junio de 2019).

3. Consultas en persona en:

  • Colombia (4 de septiembre), 
  • Argentina (4 de septiembre), 
  • Jamaica (6 de septiembre), 
  • Panamá (6 de septiembre) y 
  • Washington, D.C. (10 de septiembre) 

4. Sesión de consulta virtual en:

  • Español (12 de septiembre), 
  • Inglés (12 de septiembre), 
  • Portugués (13 de septiembre).

5. Puesta a disposición del público de los comentarios recibidos y atendidos.

Después de realizar la consulta pública, el BID Invest presentará al Directorio Ejecutivo el  borrador final de la Política para su aprobación final, tras lo cual se establecerá y ejecutará un plan para su implementación.   

¿Por qué resulta importante participar?

Por varios motivos, se hace necesario que la sociedad civil, los/as ciudadanos/as y, sobre todo, las comunidades indígenas y comunidades afectadas o potencialmente afectadas por las operaciones del BID o del BID Invest participen activamente en este proceso, aportando su experiencia y sus recomendaciones y sugerencias en relación a las salvaguardias ambientales y sociales de las instituciones. 

Primero, porque tanto el BID como el BID Invest resultan, en la actualidad y a pesar de la diversificación de actores financieros que operan en la región,  actores clave en materia de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe. De acuerdo al propio Banco: en 2018, con un monto histórico de US$17.000 millones de aprobaciones, el BID y el BID Invest se consolidaron como la principal fuente de financiamiento multilateral para América Latina y el Caribe. El BID aprobó un total de 96 proyectos de préstamos con garantía soberana por un financiamiento total de más de US$13.400 millones, y desembolsó más de US$9.900 millones. A su vez, el 2018 fue un año récord para BID Invest, con aprobaciones por US$4.000 millones, un 26% más en volumen y un 21% más en cantidad de transacciones que el año anterior. El BID Invest amplió su apoyo a los sectores como infraestructura y Fintech, sumándose a educación, turismo, agua y saneamiento, transporte y energía. En el caso de Argentina, El BID ha sido históricamente el principal socio multilateral para el desarrollo del país, con un promedio de aprobaciones anuales recientes de US$1.360 millones. La cartera activa actual con el sector público es de 54 operaciones por un monto aprobado de US$9.206,4 millones y un saldo por desembolsar de US$3.874,7 millones, de acuerdo a la información provista por el propio Banco.

Segundo, porque un sistema de salvaguardias ambientales y sociales robusto y efectivo resulta clave para evitar los impactos a nivel socio ambiental que, en muchos casos, traen aparejados los proyectos de infraestructura financiados por instituciones como el BID o el BID Invest. Cuando el diseño, la aplicación o la implementación de las salvaguardas ambientales y sociales falla en este tipo de proyectos, los impactos y consecuencias sobre todo en las comunidades involucradas suelen ser complejos, y desgraciadamente en muchos casos, irreversibles. Casos como el de Camisea en Perú o el de Hidroituango en Colombia reflejan las amargas consecuencias de la mala, o incluso la falta de aplicación de las salvaguardias socio ambientales en proyectos financiados por el Grupo BID

Tercero, porque una participación activa, informada, responsable y coordinada por parte de los acores clave de la sociedad civil y las comunidades indígenas y afectadas de la región contribuiría al objetivo de evitar una posible (y latente) dilución del sistema de salvaguardas ambientales y sociales tanto del BID como del BID Invest. Las experiencias recientes de dilución de los marcos normativos ambientales y sociales tras procesos de revisión y “modernización” no solo en Instituciones afines como el Banco Mundial o  la Corporación Financiera Internacional (CFI), sino también en los propios sistemas normativos nacionales de los países de la región reflejan claramente una tendencia a la que el Grupo BID parece no querer escapar.

¿Cómo participar?

Los actores interesados en participar del proceso de revisión de las salvaguardas del BID o del BID Invest pueden hacerlo de diferentes formas y a través de múltiples canales:

  • Para la revisión del BID:

El Banco ofrece dos formas de participar en el proceso de consulta.

  • Consultas en la Web: las personas interesadas pueden enviar sus comentarios a través de la página web (https://www.iadb.org/es/mpas)  o enviando un correo electrónico a: bid-mpas@iadb.org .
  • Consultas presenciales en dos etapas:

Etapa de consulta inicial: antes de desarrollar el nuevo Marco de Políticas Ambientales y Sociales, el BID realizó dos talleres presenciales en Washington, DC (los días 8 y 12 de agosto) para analizar las lecciones aprendidas de la implementación de las políticas ambientales y sociales existentes.

Consultas en persona sobre el nuevo marco de política ambiental y social propuesto (no han sido divulgadas las fechas ni los lugares aún): el BID realizará reuniones consultivas en los países de América Latina y el Caribe, en la sede del BID en Washington, DC, y en otros países miembros.

Quienes quieran mantenerse actualizados acerca del proceso de revisión pueden registrarse en este enlace provisto por el Banco.

  • Para la revisión del BID Invest:

El BID Invest también ofrece instancias virtuales y presenciales para participar en el proceso de revisión de su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social.

Se pueden enviar comentarios virtuales o escritos al correo electrónico SustainabilityPolicy@idbinvest.org o a través del correo postal destinado a: BID Invest: Política de sostenibilidad ambiental y social. 1350 New York Avenue, NW. Washington, D.C., 20577. USA.

Para participar en las consultas presenciales en algunos de los países indicados, es posible registrarse en el siguiente enlace provisto por el Banco.

En Argentina: La consulta presencial en Argentina sobre la propuesta de Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest se realizará el próximo Miércoles 4 de Septiembre de 09:00 am a 11:00 am en la sede del BID en Argentina, situada en Calle Esmeralda 130, piso 11, Buenos Aires.

Además: quienes estén interesados en conocer más acerca de cómo participar de manera efectiva de las consultas, pueden registrarse para participar en el webinario “Revisión de salvaguardias BID Invest, ¿Cómo participar de forma efectiva?” organizado por DAR, Ambiente y Sociedad y el Bank Information Center (BIC) ingresando a este enlace.

Fundeps, junto a un grupo de organizaciones de la región, está coordinando acciones para promover una participación amplia, inclusiva y efectiva de la sociedad civil y los pueblos indígenas y comunidades afectadas tanto en el proceso de revisión del BID como del BID Invest; y para procurar robustecer y evitar un debilitamiento de las salvaguardas ambientales y sociales. Si le interesa involucrarse en este proceso, puede contactarse con gon.roza@fundeps.org. 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Más de 100 organizaciones reclaman a EITI la publicación de información ambiental

Por iniciativa de la organización peruana ‘Derecho, Ambiente y Recursos Naturales’, el pasado 25 de febrero, se presentó una carta ante el Directorio de la Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas (EITI), exigiendo la publicación de información ambiental. Más de 100 organizaciones de América Latina (incluyendo a FUNDEPS), firmaron una carta que solicitaba a los miembros de esta iniciativa, hacer obligatoria la transparencia en materia de información ambiental.

El estándar EITI para la transparencia en las actividades extractivas, procura divulgar información sobre la industria petrolera, gasífera y minera. Exige la publicación de información a lo largo de la cadena de valor de la industria extractiva, desde el punto de extracción, pasando por el modo en que los ingresos siguen su camino hacia el gobierno; hasta cómo benefician al público en general. Esto incluye cómo se adjudican y registran las licencias, quiénes son los beneficiarios reales de dichas operaciones, cuáles son las disposiciones legales y fiscales, cuánto se produce, cuánto se paga, cómo se distribuyen esos ingresos, y cuál es la contribución a la economía, incluyendo el empleo.

Se trata de una iniciativa multilateral a la que los gobiernos se adhieren de manera voluntaria, y garantizando la participación de la sociedad civil y empresas del sector extractivo.

No obstante, y a pesar de la impronta de esta iniciativa, el estándar actualmente carece de requerimientos sobre la obligatoriedad de publicar información relacionada a los costos e impactos ambientales de la actividad extractiva. Es necesario contar con información, por ejemplo, sobre la cantidad de agua que un proyecto minero consume, multas que pagan las corporaciones por violaciones medioambientales, información sobre las evaluaciones de impacto medioambiental, planes de mitigación, entre otros. Estos datos son cruciales para evitar el daño irreversible al medio ambiente y la vulneración de los derechos de aquellas personas afectadas por la actividad extractiva.

Durante la semana del 25 de febrero, el Directorio de EITI se reunirá en Kiev, Ucrania; para revisar las provisiones del estándar actual. Las organizaciones de la sociedad civil en América Latina enviaron una carta exigiendo que luego del proceso de revisión se incorporasen nuevas directrices que garanticen que:

  • Se divulgue información a nivel proyecto, con relación a todas las evaluaciones sociales y ambientales, mostrando el verdadero impacto de la actividad extractiva en ecosistemas y comunidades.
  • Se divulgue información ambiental y social sobre pagos y gastos, incluyendo estudios de impacto, derechos adquiridos, licencias, multas, compensaciones y remediación.
  • Se divulgue información sobre todas las licencias y autorizaciones ambientales, desagregadas por compañía y proyecto. Incluyendo de qué manera las autoridades monitorean los compromisos e información medioambientales.

Argentina se ha unido oficialmente a EITI el 27 de febrero de 2019. De robustecerse el estándar con las demandas hechas por la sociedad civil, redundaría en una mejora sobre la generación y publicación de información medioambiental en nuestro país.

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Sitio WEB de EITI

Carta enviada al Directorio de EITI

Environmental Reporting: Key to Transparency

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Agustina Palencia, agustinapalencia@fundeps.org

 

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Informe Regional de Transparencia y Acceso a la Información

La presente publicación busca difundir los argumentos y las recomendaciones de sociedad civil, personas y comunidades impactadas, sobre la afectación al derecho de acceso a información y la transparencia en contextos extractivos en ocho países de América Latina y el Caribe: Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Honduras, Argentina, Brasil, Colombia, y Perú.

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Renuncia el presidente del Banco Mundial: posible conflicto de interés y transparencia en las designaciones

El pasado 7 de enero, el mundo se sorprendió ante la intempestiva renuncia del presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. Con tres años por delante para finalizar su segundo mandato, Kim dio un paso al costado para tomar una posición dentro del sector privado. Un posible conflicto de interés y transparencia en la definición del liderazgo del Banco, temas claves.

De manera abrupta e inesperadamente, el presidente del Banco Mundial (BM) Jim Yong Kim, renunció a su mandato para emprender un nuevo trabajo en el sector privado. De acuerdo con el comunicado oficial del BM, durante el mandato de Kim se puso especial atención a las inversiones en infraestructura. Él aseguraba que la clave para el avance de las naciones en desarrollo era el apoyo y la inversión en éste sector.  Por esta razón, Jim Yong decidió dar un paso al costado argumentando que su trabajo por el desarrollo mundial sería más fructífero desde la firma ‘Global Infrastructure’, una multinacional especializada en las inversiones en infraestructura para los sectores de agua, energía, transporte y residuos.

La salida de Kim no ha pasado desapercibida, y numerosas organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo han enfatizado el posible conflicto de interés existente en la sorpresiva decisión de Kim y se preguntan ¿qué pasará a partir de esto? En particular, han planteado una serie de preocupaciones:

  • El financiamiento para el desarrollo a través del sector privado

De acuerdo con el ahora ex-presidente del BM, a nivel mundial existe un déficit en infraestructura que rondaría el trillón de dólares. Este monto, de ninguna manera puede ser cubierto, ni siquiera con el portafolio de todas las instituciones de financiamiento para el desarrollo (IFIs) juntas. A este respecto, Kim, durante su mandato, ha tratado de lograr que el financiamiento para el desarrollo, dejase de estar orientado hacia el sector público, para virar hacia el sector privado. De esta forma, el BM y otras IFIs, han aumentado su cartera de inversiones hacia los intermediarios financieros y otras empresas/corporaciones privadas. La decisión de Kim de continuar su carrera profesional en el sector privado genera dudas respecto del interés de fondo en la decisión de orientar el Banco Mundial hacia el sector privado. En otros ámbitos de interacción entre el sector público y el privado existen períodos ventana durante los cuales quienes tienen roles de toma de decisión tienen vedado cambiar de sector (“cooling off periods” en inglés). La inexistencia de un mecanismos similar en el Banco Mundial inevitablemente pone en tela de juicio algunas de las decisiones de Kim que en la práctica ampliaron el financiamiento al sector privado.

El cambio hacia el financiamiento privado, si bien podría ser beneficioso en términos económicos y financieros para los Estados, mantiene preocupaciones por la sostenibilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos (DDHH). En el último tiempo parece observarse una correlación positiva entre el aumento de los proyectos financiados por empresas y el crecimiento de los impactos negativos sobre la vida de las personas y el medioambiente. Además, es importante recordar que durante el mandato de Kim, la revisión de las salvaguardas sociales y ambientales del BM – la normativa que establece criterios para los proyectos que el Banco Mundial puede apoyar – , lejos de representar un robustecimiento de la política, significó la transformación de estos estándares, un marco normativo mucho más laxo. La renuncia de Kim entonces, deja abierta la puerta para preguntarse si el próximo presidente del BM tendrá como prioridad el financiamiento privado, y si fuese así, de qué manera la institución podrá adaptarse a las normas internacionales y nacionales en lo que refiere al respeto de los DDHH.

  • La transparencia y la rendición de cuentas a nivel institucional en IFIs

Otros interrogantes que han surgido luego de este suceso, tienen que ver con el próximo presidente del BM y su proceso de selección: ¿Quién lo sucederá? ¿Cómo será el proceso para elegir al próximo presidente? ¿Será el gobierno de los Estados Unidos el encargado de apuntar a la persona que asuma la presidencia , tal y como ha sucedido en anteriores oportunidades? ¿De qué manera se puede asegurar una gobernanza del BM más transparente a la hora de elegir a sus autoridades?

A nivel mundial existe un acuerdo tácito que, desde el inicio del sistema Bretton Woods, ha dispuesto que la cabeza del Banco Mundial sería definida  por Estados Unidos y la del Fondo Monetario Internacional (FMI) por Europa. A lo largo de los años, esto se ha respetado a rajatabla, siendo la Casa Blanca, la que ha apuntado al presidente del BM. Kim no fue la excepción a esta práctica y fue nominado por el gobierno de Barack Obama. Este proceso que ha venido teniendo lugar poco tiene de transparente y siempre ha terminado por transformar al BM en un brazo ejecutor de las políticas del  gobierno estadounidense. En los tiempos que corren, un presidente del BM nombrado por la administración de Donald Trump sería riesgoso a la hora de pensar en la performance de esta institución respecto a temas como el cambio climático y los DDHH en general.

Más allá de los efectos de un presidente del BM apuntado desde el gobierno de Trump, la salida de Kim abre una serie de cuestionamientos sobre la gobernanza del banco y la transparencia en la designación de sus autoridades. Es menester que se instaure un proceso de selección transparente en el que todos los candidatos y las candidatas tengan igualdad de oportunidades de ocupar el cargo. La silla de la presidencia del BM deberá ser ocupada por una persona auténticamente idónea y que tenga por prioridad la ejecución de  inversiones bajo el paragua del desarrollo sustentable y los DDHH. La historia de secretismo detrás de cada presidente del BM ha impactado en la credibilidad de la institución. Esta vacante, ahora, significa una oportunidad para que el BM se re-posicione dentro del sistema internacional como un actor independiente.

De aquí en adelante

La partida de Kim hacia ‘Global Infrastructure Partners’ (GIP) ha suscitado dudas respecto a la aparición en puerta de un posible conflicto de interés. La multinacional GIP se encarga de invertir en infraestructura para economías en desarrollo, siendo este el principal sector de interés del BM. Es relevante hacer un seguimiento de acuerdos plausibles de ser concretados entre ambas instituciones.

En lo que refiere a la vacante para presidente, el BM ha anunciado un proceso de nominación de candidatos que estará abierto hasta mediados de marzo de 2019. La sociedad civil estará atenta y haciendo un seguimiento detallado de todo lo que ocurra para buscar la transparencia del proceso. Quedará por ver, una vez seleccionado el/la próximo/a presidente, cuáles serán sus lineamientos principales de gestión y si estos responden a las verdaderas necesidades de desarrollo de las comunidades y poblaciones alrededor del mundo.

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

 

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Comentarios de GREFI – Revisión Política de Acceso del BID Invest

Comentarios enviados por las organizaciones que conforman GREFI al BID Invest en el marco de la revisión de su Política de Acceso a la Información Pública.

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Análisis de la Política de Acceso a la Información del BID Invest

Comentarios enviados por un grupo de organizaciones de la sociedad civil al BID Invest en el marco de la revisión de su Política de Acceso a la Información Pública (documento en inglés)

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Participamos en la Consulta Pública sobre la revisión de la Política de Acceso a la Información del BID Invest en Buenos Aires

El pasado 10 de agosto el BID Invest llevó adelante en Buenos Aires una consulta pública presencial sobre el borrador para su nueva política de Acceso a la Información Pública. Este evento es parte de la consulta virtual actualmente abierta que BID Invest comenzó en mayo de este año. La jornada fue llevada adelante con la finalidad de recepcionar comentarios de parte de las organizaciones de la sociedad civil.

En mayo de este año, el BID Invest, brazo de inversiones privadas del Grupo BID, abrió una instancia de consulta pública para evaluar el documento borrador de lo que va a ser su nueva Política de Acceso a la Información. En este marco, la institución pautó llevar a cabo algunos encuentros presenciales para recibir comentarios y conocer la opinión de las organizaciones de la sociedad civil.

El 10 de agosto BID Invest convocó a una consulta presencial en Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y FUNDEPS participó. La jornada duró un par de horas y los ejes centrales de discusión se posaron sobre: la información a publicarse antes de la aprobación de un proyecto, la información a publicarse durante la ejecución de un proyecto y el listado de excepciones de la política. Desde la institución se receptaron los comentarios realizados y se explicitó que luego de finalizado el proceso de consulta, se armaría un nuevo documento teniendo en consideración tanto la instancia virtual de consulta como la presencial. Asimismo, se destacó que de no incorporarse alguno de los comentarios, se justificará el porqué de dicha decisión.

Respecto de la convocatoria a esta reunión, quedan ciertas dudas sobre el proceso de selección de las organizaciones que fueron invitadas. Participaron 12 organizaciones y FUNDEPS era la única proveniente del interior del país. En esta línea, la baja convocatoria nos hace pensar que la información no fue circulada con la anterioridad necesaria y tampoco se previó que varias organizaciones y comunidades no pudieran asistir siendo que se encuentran muy lejos de Buenos Aires.

Desde FUNDEPS reconocemos de manera positiva la implementación de instancias presenciales para la consulta. Esto permite esclarecer en tiempo real dudas y comentarios sobre el borrador, a la vez que permitió conocer la intención de la institución a la hora de re-pensar su política. En este sentido, desde BID Invest se explicó que considerando la relevancia que ha tomado la cartera de inversiones privadas del Grupo BID, se hacía necesario modernizar la política de Acceso a la Información.

En términos generales el borrador en cuestión ha avanzado positivamente sobre la política anterior. Ha mejorado en instancias claves pero aún quedan elementos que pulir. Sobre ellos se hizo especial hincapié de parte de la sociedad civil y se espera que los comentarios sean incorporados. Además de las sugerencias y comentarios que hicimos en el marco de la consulta presencial, desde FUNDEPS, y junto con otras organizaciones del país y la región, estaremos enviando un documento con comentarios por escrito para contribuir al proceso de revisión de la Política.

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Nuevo análisis sobre normatividad en instituciones de desarrollo presentes en América Latina

Junto con el resto de las organizaciones que conforman GREFI, publicamos un análisis comparativo de los marcos normativos de las principales instituciones que financian el desarrollo en América Latina, con un foco en las semejanzas y diferencias existentes entre las instituciones tradicionales, las emergentes y la banca china.

El Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), conformado por FUNDEPS, DAR, Ambiente y Sociedad y Fundar, hizo público recientemente su último trabajo de investigación sobre las normativas de las instituciones financieras internacionales (IFIs): Análisis Comparativo de la normativa de IFIs presentes en América Latina Se trata de un análisis comparativo que toma como objeto de estudio las políticas operativas de diferentes instituciones: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco de Desarrollo de China (BDC) y el Banco Chino de Exportaciones e Importaciones (ExIm Bank). El objetivo esencial era poder lograr una comparación entre aquellas instituciones tradiciones, las nuevas instituciones de desarrollo y las instituciones chinas. El anclaje de este estudio está dado por la cantidad de nuevos actores que hoy en día forman parte del escenario financiero y de inversiones en América Latina.

El análisis se efectuó sobre cuatro ejes: acceso a la información, participación ciudadana, pueblos indígenas y salvaguardas sociales y ambientales. Los indicadores de dichas categorías fueron obtenidos a partir de las mejores prácticas internacionales en cada una de esas materias (la ley modelo de la OEA sobre acceso a la información, el convenio 169 de la OIT, entre otros). Cada categoría se dividió en diferentes elementos que recibieron una puntuación. El producto de este trabajo es presentado en forma estadística, expresando en qué nivel (porcentaje) las políticas de las instituciones logran alcanzar los más altos estándares.  

Los  principales  resultados obtenidos  en el estudio reportan  que dos bancos categorizados  como tradicionales BIRF-BM (86%)  y CFI (64%), además de un banco  emergente CAF (62%), obtienen las calificaciones más altas. Entre las instituciones con calificación menor al 50% se ubican dos bancos tradicionales BID (45%) y CII (26%), un banco emergente BNDES (17%) y dos bancos chinos BEIC (8%) y BDC (0%).  Un hallazgo interesante es que sólo en las categorías de banca tradicional y banca emergente se observan instituciones con calificación relativamente alta. En contraste, la banca china destaca con las evaluaciones más bajas conforme a la  proporción de adecuación estimada. Esto se explica en parte con el banco BDC, que no obtiene calificación en ningún eje temático, ya que, por falta de acceso a sus normativas, éstas se desconocen. (Véase el capítulo específico sobre el BDC).

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Análisis comparativo de la normativa de IFIs presentes en América Latina

Como resultado de diversas investigaciones realizadas por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), se ha detectado la necesidad de tener un mejor entendimiento de los marcos normativos de las principales Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) presentes en América Latina, desde un enfoque de derechos humanos.

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