Listado de la etiqueta: Financiamiento de Infraestructura

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La sociedad civil se reunió en el C20

Estuvimos participando de la reunión del C20, grupo de afinidad de sociedad civil para el proceso de G20. En la misma, coordinamos las discusiones del grupo de trabajo de inversión e infraestructura, y participamos de reuniones con autoridades.

Con motivo de la presidencia Argentina del G20 -foro que nuclea a los gobiernos de las 20 economías más grandes del mundo-, se llevó adelante en Buenos Aires el 4 y 5 de Abril la reunión del grupo de sociedad civil, denominado C20. El mismo se organiza en 8 grupos de trabajo que abordan las siguientes agendas: anticorrupción; arquitectura del sistema financiero internacional; educación, empleo e inclusión; medioambiente, clima y energía; género; local global; salud global; e inversión e infraestructura.

Dentro del grupo de trabajo de inversión e infraestructura, la discusión se orientó a elaborar recomendaciones para los gobiernos del G20, especialmente para el gobierno argentino por estar liderando el foro durante 2018. Así, se debatieron temas concernientes a las inversiones responsables, con un foco en el impacto de la actividad empresarial en los derechos humanos, y diferentes aristas relativas a los proyectos de infraestructura -financiera, ambiental, rendición de cuentas, participación, entre otras-. Dichos debates comenzaron en marzo, mediante el foro online del grupo de trabajo, y continuarán por la misma vía para la elaboración de las conclusiones como grupo.

Asimismo, durante el segundo día, participamos de una reunión con Matías Mondino, Director de Infraestructura del Ministerio de Hacienda y representante frente al grupo de infraestructura del G20. Durante la reunión, además de conocer sobre la agenda del gobierno para su presidencia del G20 en materia de inversiones, se expresaron las preocupaciones de las organizaciones presentes al respecto las inversiones en infraestructura y las asociaciones público privadas.

El resultado de las discusiones desarrolladas durante los dos días, será plasmado en un documento de trabajo que se presentará en la cumbre del C20 a realizarse el 6 y 7 de agosto en Buenos Aires. Se espera que las recomendaciones hechas por la sociedad civil sean tomadas por los gobiernos y plasmadas dentro de los compromisos del G20. El proceso de C20 tiene como finalidad promover políticas económicas y financieras que estén atentas a los deberes de los Estados en materia de derechos humanos, incluyendo también en su agenda a la transparencia y la rendición de cuentas.

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

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Curso virtual defensa del territorio: Herramientas del marco de derecho internacional y de la normativa de las IFIS

El curso virtual se desarrollará durante todos los miércoles de mayo; es gratuito y se entregará constancia de participación a quien haya completado los cinco módulos del curso.

Durante los últimos años los actores que financian proyectos extractivos y de infraestructura en la región de América Latina y el Caribe (ALC) se han diversificado, resultando en un entramado financiero más complejo. En este sentido, buena parte de los proyectos presentes en la región son co-financiados por distintos actores. En muchos casos un porcentaje del financiamiento total de los proyectos puede provenir de instituciones financieras privadas, la banca de desarrollo, bancos regionales o estatales.

En ALC, además de la banca tradicional (Grupo del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) la presencia del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y del Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) han tenido una presencia importante. Sin embargo, durante la pasada década la banca china ha cobrado relevancia, durante 2016 los dos principales bancos de desarrollo de este país tuvieron montos récord hacia la región como tercer año consecutivo. Estas instituciones financieras internacionales (IFIs) tienen sus propios marcos ambientales, sociales y de acceso a la información, por lo que, al momento de delinear una estrategia de defensa del territorio, resulta útil incorporar estas herramientas. Lo anterior complementario a los marcos normativos de derecho internacional y nacional que deben prevalecer. El curso virtual pretende profundizar en estos temas.

 

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer los conocimientos de las y los participantes relativos a las herramientas para la defensa del territorio frente a proyectos extractivos y de infraestructura en la región.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Comprender los principales marcos normativos del derecho internacional relacionados con la defensa del territorio

Comprender los marcos normativos ambientales, sociales y de acceso a la información de las principales IFIs presentes en la región.

Propiciar un espacio que favorezca el intercambio de experiencias y estrategias para la defensa del territorio frente al avance de proyectos extractivos y de infraestructura en la región.

Miércoles de mayo: 2, 9, 16, 23 y 30

9 a 10.30: Guatemala

10 a 11.30:  Colombia / México / Perú

11 a 12.30:  Bolivia

12 a 13.30:  Argentina / Brasil

El curso es gratuito y se entregará constancia de participación a quien haya completado los cinco módulos del curso.

INSCRIPCIONES AQUÍ

Mayores informes: cursogrefi@fundar.org.mx

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Análisis del «Plan Quinquenal Integrado China – Argentina para la Cooperación en Infraestructura (2017-2021)

El presente documento propone un breve recorrido por el Acuerdo Plan Quinquenal entre la República Argentina y la República Popular China firmado por el presidente Mauricio Macri en 2017. Dicho plan pretende afianzar las relaciones entre ambas naciones y diseñar una estrategia de cooperación en el campo de la infraestrucutra.

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¿Qué nos deja el 2017 en relación a los gasoductos troncales?

El año 2017 comenzó con importantes y promisorias novedades para el  proyecto de Gasificación de Localidades del Interior de la Provincia de Córdoba, más conocido por los cordobeses como el “proyecto de gasoductos troncales”. Los primeros días de enero el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y el Presidente Mauricio Macri estuvieron presentes en la inauguración de una Planta Reductora de Presión en La Calera, obra a cargo de  la empresa brasilera Odebrecht en el marco de los sistemas que le fueron adjudicados tras la licitación pública lanzada en 2015. La planta reductora constituyó el primer tramo inaugurado del Sistema de Anillo Córdoba-Gran Córdoba, conformado por 52 kilómetros de gasoductos de refuerzo, y que beneficiará a 300 mil habitantes tanto de Córdoba y La Calera como de Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Malagueño y Malvinas Argentinas, de acuerdo a la información oficial.

La presencia de Macri en la inauguración de la obra representó un gesto de apoyo político para el gobierno de Schiaretti. Sobre todo teniendo en cuenta los fuertes cuestionamientos y críticas que recibió el gobierno de la provincia por el involucramiento en este proyecto de la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo de corrupción en Brasil y otros países de América Latina, incluso en Argentina. A pesar de estos cuestionamientos, el gobierno de Schiaretti siempre defendió la participación de la empresa recurriendo al debatible argumento de que los hechos de corrupción en los que está involucrada ocurrieron entre los años 2004 y 2013, mientras que la licitación en Córdoba se realizó recién en 2015.

Sin embargo, a los pocos días el proyecto sufre un importante revés: Schiaretti anuncia que, por demoras en la obtención de los créditos de bancos chinos, se volverían a licitar 4 tramos de gasoductos para evitar seguir posponiendo el inicio de las obras en dichos tramos, pero en este caso con financiamiento propio de la Provincia. Recordemos que de los 10 sistemas troncales que fueron definidos en el año 2015, 4 fueron adjudicados a Uniones Transitorias de Empresas (UTEs) conformadas por empresas argentinas y chinas y financiados por bancos chinos (ICBC y Bank of China); y los 6 restantes fueron adjudicados a Odebrecht (en un primer momento se dijo que la empresa brasilera presentaría financiamiento propio para el inicio de la obra, pero finalmente esto no fue así, haciendo que la provincia tenga que recurrir al endeudamiento para iniciar las obras).

Así, a las críticas por la vinculación con Odebrecht en la obra se les sumarán  cuestionamientos por las demoras en el financiamiento chino; la falta de explicaciones pertinentes en relación a los motivos del caída del financiamiento; la necesidad de re licitar la obra y la decisión del gobierno provincial de salir nuevamente al mercado a endeudarse  para financiar la obra e incluso por el incremento sustancial en el costo de la obra, que pasó de un presupuesto de 8.600 millones de pesos en 2015 a 12.480 millones de pesos a inicios de 2017 (un incremento de 45% en casi dos años).

Tras un nuevo llamado a licitación en febrero, en el mes de marzo las obras de los 4 sistemas antes mencionados fueron re adjudicadas a las mismas UTEs que habían ganado en la primera licitación. A su vez, el gobierno emitió una nueva partida de títulos públicos por 460 millones de dólares para financiar el inicio de obras en los 4 tramos re licitados del proyecto, teniendo como agente financiero al Banco de Córdoba (Bancor).

A pesar de que en ese mismo mes de marzo se anunciaron avances en las negociaciones con los bancos chinos para terminar de concretar los créditos comprometidos para la obra, sorpresivamente el 21 de abril el gobernador Schiaretti anunció la caída definitiva del financiamiento chino y la firma de un decreto que dejaba sin efecto la adjudicación de las obras de los 4 sistemas troncales correspondientes. Si bien el propio Schiaretti culpó a los bancos chinos por la caída del financiamiento aduciendo que los mismos  plantearon condiciones “leoninas, inaceptables para Córdoba y el gobierno nacional”, lo cierto es que el gobierno nunca dejó en claro los verdaderos motivos y razones que llevaron a la caída del financiamiento chino.

De esta forma, el gobierno de Córdoba decidió lanzar una nueva licitación por 437 millones de dólares para la construcción de los 4 sistemas de gasoductos, que ahora en la nueva convocatoria pasarían a ser 8 sistemas (además de los 6 sistemas restantes ya adjudicados a Odebrecht) y cuyo financiamiento provendría de la misma provincia. En este caso, la adjudicación de los nuevos sistemas recayó sobre empresas nacionales.

 

A inicios de mayo, y a pesar de las críticas de la oposición, la legislatura provincial aprueba un proyecto de ley que habilita los nuevos cambios en el proyecto de gasoductos: se dan por terminadas las negociaciones con la banca china para financiar 4 de los sistemas troncales, y se aprueba que ahora sea el propio Estado provincial quien deberá obtener la totalidad de los fondos para concluir la obra (ratificando de esta manera la autorización otorgada por la ley 10.339 que habilitó operaciones de toma de crédito público por para llevar adelante las obras). Justamente a los pocos días, el gobierno oficializa a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, una nueva toma de deuda por 450 millones de dólares para financiar la obra. Hacia fines de junio, el propio Schiaretti anunciaría a través de su cuenta en Twitter que la provincia había conseguido la totalidad del financiamiento para la obra a través de la colocación de bonos en el mercado internacional de capitales.

En definitiva, este proyecto estratégico para Córdoba que iba a contar en sus inicios con financiamiento provisto o gestionado por actores internacionales (en un primer momento mediante el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil -BNDES-; luego mediante  bancos chinos y financiamiento propio provisto por la empresa Odebrecht) paso a depender exclusivamente, para su concreción, de recursos propios de la provincia u obtenidos vía endeudamiento a través de la emisión de títulos públicos.

La segunda mitad del año estaría signada principalmente por los avances de la obra (de acuerdo al gobierno hacia fines de año se había concluido un 14% de la obra y se planificaba que la obra concluya a mediados de 2019), pero también por los constantes y recurrentes cuestionamientos de sectores de la oposición y de la sociedad civil en relación al proyecto. En especial luego de que Córdoba haya sido mencionada en el marco de la causa Lava Jato como uno de los destinos donde la constructura Odebrecht pagó coimas en la Argentina.

A pesar de que desde el gobierno nacional de Mauricio Macri se inició una campaña para revisar e investigar el posible involucramiento de Odebrecht en el pago de coimas en numerosos proyectos de obra pública en la Argentina (lo que incluso llevó al gobierno nacional a suspender a la empresa para realizar obras a nivel nacional), el proyecto de gasoductos en Córdoba quedó extrañamente excluido de dicha revisión y nunca se brindaron las explicaciones pertinentes para justificar dicha exclusión. Incluso la empresa sigue operando en la provincia a pesar de su suspensión a nivel nacional (su principal obra es justamente la de gasoductos en Córdoba) y de los requerimientos desde la oposición de que se haga lo mismo a nivel provincial. Ante la falta de respuestas a nivel nacional, algunos legisladores opositores viajaron a Brasil en Octubre de este año para solicitar a los fiscales de la causa Lava Jato que investiguen la vinculación de la empresa brasileña en el pago de sobornos en el marco de la licitación realizada en 2008 para la obra de gasoductos troncales.

De esta forma, entre marchas y contramarchas, el balance del 2017 en relación al proyecto de gasoductos troncales arroja pocas luces y muchas sombras  y suspicacias en relación a la transparencia y ejecución del proyecto. No solo por la nunca del todo esclarecida caída del financiamiento chino a inicios del año sino también, y sobre todo, por la forma en que se ha manejado desde el gobierno provincial el involucramiento de la constructora Odebrecht en la obra y las numerosas causas de corrupción que la salpican en toda Latinoamérica e incluso en la propia Argentina. Si bien el gobierno de Schiaretti ha desligado a la empresa de cualquier tipo de vinculación con la posible entrega de coimas y hechos de corrupción en las licitaciones de la obra (incluso contando con el apoyo del propio gobierno nacional de Macri que ha iniciado una especie de “cruzada” en contra de la empresa brasileña por su accionar en el país durante el gobierno kirchnerista), lo cierto es que el año que acaba deja muchos interrogantes y aspectos no esclarecidos en torno al proyecto.

Sin dudas, el 2017 ha dejado una enorme deuda pendiente en cuanto a transparencia y rendición de cuentas en relación a este estratégico y emblemático proyecto para Córdoba. Desde FUNDEPS, esperamos que esta deuda sea saldada en 2018.

Más información

– Documento de Trabajo: Transparencia en el proyecto de gasificación de localidades del interior de la provincia de Córdoba por Melanie Mackenzie – Diciembre 2017. FUNDEPS.

– Notas y publicaciones de FUNDEPS en relación a los gasoductos troncales.

– Gasoductos troncales en Córdoba: una obra que avanza a la sombra de la corrupción por Agustina Palencia – 26 de diciembre de 2017. El Entramado. FUNDEPS.

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La Voz del Interior

Autores

Macarena Lourdes Mustafa / Voluntaria del Área de Gobernabilidad Global

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

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Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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Las relaciones China-Argentina bajo la administración Macri: ¿Cambiamos?

El presente documento de trabajo plantea un breve análisis de las relaciones actuales entre la República Popular China y la Argentina en un contexto tanto nacional como internacional; y teniendo en cuenta aspectos como la relación del gigante asiático con los gobiernos kirchneristas, el cambio de gobierno ocurrido en Argentina a finales de 2015, la realidad económica argentina y la elección del republicano Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos.

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Reglamentación de APP en Argentina: riesgos y oportunidades

Las APP o PPP (por su denominación en inglés: Private Public Partnerships), nacidas en el Reino Unido a principios de los ‘70 y luego expandidas por el resto del Europa, América del Norte y Latinoamérica, con Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y México, representan una nueva forma de vinculación entre el sector privado y el sector público. Bajo este modelo, parte de los servicios u obras tradicionalmente de responsabilidad del sector público son ejecutados por el sector privado mediante un contrato en el que están claramente delineados los objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio u obra en cuestión, y las obligaciones y riesgos asumidos por cada parte. Si bien el nivel de participación del sector privado ha aumentado a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, las APP se presentan como acuerdos innovadores. Se supone que permiten una mejor movilización de recursos para solventar los problemas del sector público para ejecutar este tipo de proyectos.

En Argentina, y luego de algunos intentos de darle forma legal a las APP en los años 2000 y 2005, se aprueba en el Congreso una nueva legislación a fines de 2016, a través de la ley 27.328. El texto de esta ley define los contratos de asociación público privada en su art. 1 como: “aquellos celebrados entre los órganos y entes que integran el sector público nacional con el alcance previsto en el artículo 8° de la ley 24.156  y sus modificatorias (en carácter de contratante), y sujetos privados o públicos en los términos que se establece en la presente ley (en carácter de contratistas) con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica”.

En nuestro país tenemos un grave déficit de obra pública y, hasta el momento, el Estado no ha sido capaz de llenar ese vacío. Es por ello que se buscan, como con la nueva ley de APP, nuevas formas de financiamiento en infraestructura y obra pública. Sin embargo, hay que ser cuidadosos a la hora de implementarla, ya que las APP acarrean algunos riesgos y oportunidades. ¿Qué tan favorables son este tipo de acuerdos para el desarrollo de infraestructura? ¿Realmente funcionan? ¿Cuáles son sus verdaderos alcances y limitaciones? Son algunos de los interrogantes que surgen al evaluar los proyectos ejecutados bajo esta modalidad.

Hasta el momento no existen casos de aplicación de este tipo de contrato para la realización de obras de infraestructura. Creemos que es importante bregar por transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno en la utilización de esta y otras formas de contratación. Aprendiendo de las experiencias de países latinoamericanos en estos temas, durante todo el proceso en el que el proyecto de APP se desarrolle, se deben evaluar correctamente los riesgos que éste implicará. Asimismo, controlar, supervisar y planificar en forma correcta y responsable, teniendo en cuenta el interés social del proyecto, el acceso a la información, la participación ciudadana. También, procurando evitar la corrupción y los potenciales impactos ambientales, sociales y sobre los derechos humanos.

Más información

– Riesgos y oportunidades de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas en Argentina | FUNDEPS

– ¿Por qué las Asociaciones Público-Privadas ahora? | Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

– Asociaciones Público-Privadas desde la banca multilateral. Implementación en América Latina. Parte I | Asociación Ambiente y Sociedad

– Estudio comparativo en la implementación de las Asociaciones Público Privadas (APP) | FARN

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Banco Interamericano de Desarrollo

Autora

María Victoria Gerbaldo – victoriagerbaldo@fundeps.org

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

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Reclamo por mayores estándares de protección de DD.HH. en megaproyectos de infraestructura

Actualmente, la región de América Latina ha asistido a un cambio rotundo en materia de grandes inversiones para el desarrollo. Tradicionalmente, las instituciones financieras internacionales (IFIs) ocuparon un rol fundamental a la hora de apoyar los proyectos de desarrollo en la región. El Grupo Banco Mundial y el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo estuvieron detrás de las grandes inversiones en el área de infraestructura.

Esta situación, se ha visto modificada ante el aumento de la presencia de la República Popular China como el principal inversor en esta materia. A este respecto, es necesario resaltar que esta situación ha traído aparejado una fuerte discusión en lo que refiere a estándares socio-ambientales. Las IFIs tradicionales cuentan con normativas que, si bien están lejos de funcionar de manera adecuada en la práctica, mínimamente buscan garantizar el cumplimiento de determinados estándares ambientales, sociales y en materia de derechos humanos  en sus proyectos. En el caso delas instituciones chinas, por el contrario,  la situación es más compleja, ya que en la mayoría de los casos dichas instituciones carecen de transparencia o de normativas claras y robustas en materia socio-ambiental.

La consecuencia de la convivencia de estos dos grupos de instituciones –las IFIs tradicionales y las chinas– ha dado un balance negativo y esto se ha evidenciado en el retroceso de las salvaguardas en organismos como el Banco Mundial. En este sentido, la estructura de financiamiento actual en América Latina ha visto descender sus estándares, generando situaciones graves de vulneración de derechos a la hora de poner en marcha grandes proyectos de infraestructura. Durante el año 2016, 200 defensores y defensoras ambientales perdieron su vida reivindicando sus derechos ante el avance de grandes proyectos petroleros y mineros. El 60% de esas muertes se dio en América Latina y el 40% pertenecía a pueblos originarios.

A partir de este marco, la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, reunió a un grupo de organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de incidir en la mejora de los estándares socio-ambientales en megaproyectos de infraestructura. En la Cuarta Reunión Regional de Derechos Humanos, Transparencia e Inversiones, celebrada en Lima el 30 y 31 de agosto, las organizaciones reunidas se pronunciaron por la urgente necesidad de asegurar los derechos de defensores y defensoras ambientales. Asimismo, se destacaron los crecientes casos de corrupción en torno a los megaproyectos y la falta de acceso a la información pública.

La declaración luego de la reunión señaló que: “varios gobiernos vienen abordando el derecho de acceso a la información pública como un mero trámite administrativo, sin tomar en cuenta que es un derecho humano instrumental a otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, a la libertad de expresión, que coadyuva a la adecuada y oportuna participación ciudadana y consulta previa libre e informada. En esa línea, preocupa que varias iniciativas internacionales sobre transparencia y acceso a la información no puedan seguir avanzando adecuadamente pues existe el riesgo de que se busque disminuir los estándares, como es el caso del Acuerdo Regional del Principio 10”. Los grandes proyectos de infraestructura entonces, hoy por hoy siguen siendo el escenario para la problematización de cuestiones como la transparencia y la rendición de cuentas.

Varios gobiernos de América Latina han adherido a la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP por su nombre en inglés) y por lo tanto se han comprometido a implementar políticas que fomenten la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Esto implica necesariamente, que estos esfuerzos por ‘abrir el Estado’ deban expandirse a la rama medioambiental y de infraestructura. Actualmente esto es una deuda pendiente y de los 3000 compromisos asumidos ante OGP, sólo 54 pertenecen al ámbito de la infraestructura. Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Uruguay son las naciones América Latina y el Caribe que han elaborado metas en relación a esta materia. Empero, los problemas persisten y la situación de los derechos humanos en torno a los megaproyectos ha ido empeorando. En adición, luego de la Cuarta Reunión de la Coalición Regional, se destacó que “es importante que los procesos para la elaboración de los Planes de Trabajo de la Alianza para el Gobierno Abierto de los países sean realmente participativos y con compromisos ambiciosos, medibles y relevantes”. Esto es especialmente importante a la hora de lograr el involucramiento y monitoreo de la sociedad en los procesos de obra pública (en todo el ciclo de los proyectos).

En Argentina esta realidad se replica. Actualmente se están desarrollando grandes proyectos de infraestructura que se han visto envueltos en casos de corrupción y cuya información no fue compartida con la ciudadanía. Se puede mencionar entre ellos a: las represas hidroeléctricas en la Provincia de Santa Cruz y los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba.

La situación generalizada de los derechos humanos en torno a los megaproyectos de infraestructura es alarmante. Siguen siendo numerosos los casos en los que las comunidades cercanas se ven perjudicadas por este tipo de obras. Sumado a ello, la matanza de defensores y defensoras ambientales se ha agravado en los últimos dos años. En este contexto, desde FUNDEPS adherimos a la Declaración de Lima e instamos a los gobiernos latinoamericanos a avanzar hacia políticas más transparentes en esta temática.

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– Declaración de Lima

Autora

Agustina Palencia, agustinapalencia@fundeps.org

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Gonzalo Roza gon.roza@fundeps.org

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Transparencia en el proyecto de gasificación de localidades del interior de la provincia de Córdoba – Diciembre 2017

Este documento presenta un análisis de la evolución del proyecto de infraestructura más importante de la provincia de Córdoba y la relación con la constructora brasileña Odebrecht, con un foco en la transparencia del proyecto.

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Figurita repetida: basura, conflictos y lago San Roque

El proyecto «Centro Ambiental Carlos Paz» presenta graves irregularidades y viola normativas ambientales y de participación. Afectaría al Lago San Roque y no sería una solución regional definitiva a la problemática histórica referida a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.

En la provincia de Córdoba nuestros funcionarios continúan sin dar una respuesta adecuada y comprometida al problema de la gestión de los residuos sólidos urbanos. Como en la elaboración de muchas otras políticas públicas se hace oídos sordos a las recomendaciones de la ciencia, de la técnica y a las necesidades de la ciudadanía.

La gestión de los residuos sólidos urbanos se considera uno de los principales problemas ambientales de nuestra sociedad. Y como consecuencia de esto Argentina cuenta con un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)-AR-L1151 financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Programa financia obras para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (RSU) y la recuperación de áreas degradadas debido a la mala disposición de dichos residuos. El costo total del programa es de 150 millones de dólares dentro del mismo se encuentra el Centro Ambiental Villa Carlos Paz, cuyo nombre ya es tendencioso ya que más preciso sería hablar de un relleno sanitario. Un relleno sanitario es un lugar destinado a la disposición final de basura, en el que se toman múltiples medidas para reducir los impactos al ambiente. En resumen, busca reducir y aislar los residuos y desarrolla mecanismos para tratar los líquidos y gases producidos por efecto de la descomposición de la materia orgánica.

El cuestionado Centro Ambiental Villa Carlos Paz pretende ser un relleno sanitario en donde ahora se encuentra un basural a cielo abierto. El grupo vecinal autoconvocado, se opone a la construcción del relleno sanitario en el lugar seleccionado y aprobado por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba. Desde principios de este año estamos trabajando conjuntamente con vecinos y vecinas de la zona. Los motivos por los cuales exigimos la relocalización de este proyecto de más de 200 millones de pesos son variados. No se han seguido los lineamientos de la ciencia y de la técnica para la elaboración y construcción de este tipo de obras y se están violando normativas ambientales y de participación ciudadana.

En primer lugar, el estudio de impacto ambiental (EIA) presenta inconsistencias.

* Probable desactualización de la línea de base de los estudios: Existe una alta probabilidad de un desfasaje de la descripción de las líneas de base de la calidad de agua, suelo, aire en función del comportamiento de variables naturales y ambientales y de los impactos evaluados. No se conoce la fecha exacta de su elaboración, pero el EIA fue presentado por TecnoMak S.A. el 30 de marzo de 2015, tuvo un dictamen de la Comisión Técnica Interdisciplinaria el 29 de febrero de 2016 y fue sometida a audiencia pública el 6 de abril del mismo año. En este contexto, tanto para la instancia de participación ciudadana como para la ejecución de la obra, el estudio se hizo en un contexto que no es el actual.

* Falta de claridad sobre los fundamentos para la selección de la locación de la obra: es objetable la justificación de la elección del predio para realizar las obras. Para llevar adelante el proyecto la firma TecnoMak S.A. consideró tres posibles predios, sin embargo se desconocen los fundamentos mediante los cuales se optó por su localización en el inmueble del actual basural a cielo abierto. Tampoco son públicos los motivos por los que se descartaron las otras dos alternativas.

* Posibles impactos al lago y a una reserva: Agrava la situación el hecho de que se pretende construir a metros del lago San Roque en terrenos que pueden presentar mayor propensión de filtración o percolado hacia las napas de agua y colindante a un área natural protegida (la Reserva Natural Militar La Calera).

* Utilización de datos censales desactualizados: el EIA utiliza los datos del censo nacional de población del 2008, siendo que existe uno realizado en el año 2010, que demuestra cambios considerables en la cantidad de habitantes de la zona.

En segundo lugar no son claras las resoluciones de la administración que establecen la vida útil del proyecto. El primer dictamen de la Comisión Técnica Interdisciplinaria de la Secretaría de Ambiente -CTI- (del 29 de febrero de 2016) sugiere que “el proyecto de módulo para la disposición final de RSU será como máximo para un uso de seis años”. Además recomienda que la utilización del módulo para la disposición final de RSU recepte sólo los residuos de la localidad de Villa Carlos Paz. Luego de la audiencia pública realizada (6 de abril de 2016), y sin estudios de prefactibilidad públicos, a través de un segundo dictamen de la CTI se decidió ampliar la vida útil del proyecto a veinte años, como así también el número de comunas alcanzadas a las localidades de Villa Río Icho Cruz, Mayu Sumaj, Cuesta Blanca, Tala Huasi, Cabalango y Malagueño.En resumen, se desconocen los motivos por los cuáles se tomó esta decisión, el plano con las coordenadas exactas en dónde se va a construir el relleno sanitario y la cantidad total de módulos proyectados.

En tercer lugar se afectó el derecho a la participación de los ciudadanos y ciudadanas que viven dentro del área de influencia del proyecto. El art. 67 de la ley 10.208 establece que el proceso de audiencia pública se deberá realizar en la zona de influencia del proyecto y de participación abierta. En este caso, la audiencia pública se convocó únicamente en Villa Carlos Paz (Departamento de Punilla), siendo que una de las zonas más afectadas por la proximidad del predio es el municipio de Malagueño, perteneciente al Departamento de Santa María. Además no se previó la posibilidad de convocar a consulta popular atento la posible categorización del proyecto como de alta complejidad ambiental (art. 68 ley 10.208).

Este alarmante proyecto cuenta con licencia ambiental aprobada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia, siendo que el EIA no ha sido elaborado en estricto cumplimiento del marco normativo vigente. El conflicto socio-ambiental es inminente y las obras pueden comenzar en cualquier momento.

El desmesurado crecimiento en el volumen de los residuos en la sociedad actual está poniendo en peligro la capacidad de la naturaleza para mantener nuestras necesidades y las de futuras generaciones. La población y el consumo crece, y como consecuencia, también la cantidad de basura que generamos. El problema es que el espacio no crece y que no le estamos dando el tratamiento adecuado.

Hemos presentado pedidos de información a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de Malagueño y a la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Además, el 8 de mayo acercamos una nota a los funcionarios del BID en Argentina encargados de hacer un seguimiento al programa haciendo saber estas preocupaciones.

Exigimos transparencia, responsabilidad y coherencia en los actos de gobierno. Necesitamos soluciones integrales y a largo plazo para la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Nuestros funcionarios están obligados a cumplir las normas vigentes y a asegurar que se respeten los derechos humanos y el ambiente. No es posible tomar decisiones democráticamente a cualquier costo y sin que importen las condiciones.

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Male Martinez, malemartinez@fundeps.org

María Victoria Gerbaldo, victoriagerbaldo@fundeps.org

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Participamos del taller sobre acciones de incidencia frente a inversiones chinas en la región

Representantes de sociedad civil y de comunidades nativas participaron del taller en la ciudad de Bogotá (Colombia). El resultado fue la elaboración de una agenda que complementa las demandas territoriales de las comunidades afectadas con las propuestas planteadas desde sociedad civil y la academia.

El pasado 17 y 18 de mayo, el taller fue organizado por el por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura y la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación. El taller buscó fortalecer el accionar conjunto de la sociedad civil (comunidades, movimientos y organizaciones sociales, nacionales y locales) que están siendo afectados por proyectos financiados por banca china y qué realizan seguimiento de los impactos sociales y ambientales de estas inversiones en América Latina.

Se abordaron temas relacionados con las políticas sociales y ambientales actualmente implementadas por instituciones chinas, el análisis del financiamiento chino presente en la región, proyectos a los que se destina y la identificación de los impactos de estos proyectos sobre el medio ambiente y los derechos humanos. Asistimos junto a representantes de sociedad civil de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, México, Colombia, Venezuela, Ecuador y representantes de comunidades nativas y campesinas.

Recalcamos la alarmante situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores y las defensoras ambientales en contextos de inversión china en países de la región, quiénes no sólo son criminalizados por la defensa de sus derechos colectivos sino que no cuentan con la debida protección del Estado. Logramos afianzar la Alianza Continental de seguimiento a las inversiones chinas para hacer frente a la estrategia geopolítica que busca mantener el modelo de exportación constante de materias primas en América Latina y el Caribe.

Quienes participamos del Taller coincidimos en que el debilitamiento de los marcos ambientales y sociales de la región no garantiza el respeto de los derechos de las comunidades involucradas en el espacio de influencia de los proyectos que son financiados por la banca china. A esto se le suma el carácter no vinculante de los lineamientos de la banca china. La no existencia de protección a nivel nacional y a nivel de la banca multilateral coloca en una situación de riesgo a las comunidades que están siendo afectadas por la inversión.

Como resultado del Taller se elaboró una agenda de incidencia que reúne y complementa las demandas territoriales de las comunidades afectadas con las propuestas de reforma planteadas desde sociedad civil y la academia. En ese sentido, a nivel internacional se plantea nuevos estándares para las empresas y la banca china que garantice el cumplimiento, una mayor participación y procesos de consulta efectivos; a nivel nacional, una estrategia conjunta que revierta el debilitamiento de la legislación socio-ambiental y brinde garantías de acceso equitativo a la justicia para los defensores y las defensoras ambientales.

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María Victoria Gerbaldo, victoriagerbaldo@fundeps.org

Conflictos en torno a la construcción del Centro Ambiental Villa Carlos Paz

Vecinos autoconvocados manifestaron que pedirán el cierre del actual basural al tiempo en que anticiparon que no están de acuerdo con la construcción del Centro Ambiental Villa Carlos Paz, que utiliza fondos del BID para su desarrollo.

El domingo 29 de enero tuvo lugar en la plaza de Villa San Nicolás (Malagueño), una autoconvocatoria vecinal con el objetivo de informarse y organizarse respecto a la problemática que genera en toda la zona la presencia del basural a cielo abierto que administra el municipio de Villa Carlos Paz en el predio ubicado a la vera de la autopista a Córdoba. Los vecinos conformaron una comisión interbarrial que tendrá como labor elaborar el “plan de acción” que definirá los pasos siguientes.

A través de un comunicado, los vecinos manifestaron que pedirán el cierre del actual basural al tiempo en que anticiparon que no están de acuerdo con la construcción del Centro Ambiental Villa Carlos Paz en el sector. Esta obra es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos-AR-L1151.

La reunión surgió luego de una semana en que el viento trasladó hasta sus casas el humo del incendio en el basural que la ciudad posee a la vera de la autopista Justiniano Allende Posse, a menos de 1 km del ingreso al barrio de Villa San Nicolás.  “Recién ahora se toma conciencia. El humo nos despertó a todos y disparó la protesta”, dijo Lucas Bettiol, vecino de San Nicolás, en alusión al incendio que se desató en el basural y advirtió que, “no sabíamos hasta la semana pasada que querían hacer un Centro Ambiental en el mismo lugar”. Asimismo, manifestaron: “Lejos de remediar el daño generado por el basural a cielo abierto, se incrementarán los niveles de contaminación debido a la instalación de un nuevo basural que representa cinco veces el tamaño del actual vertedero”.

Los vecinos expresaron un explícito y enfático rechazo tanto al actual basural como a la radicación del Centro Ambiental Villa Carlos Paz. En este sentido aseguran que de materializarse dicha propuesta “el ambiente se verá aún más dañado, la calidad del aire disminuirá y el agua subterránea y superficial se verá contaminadas, siendo que en la zona todos los barrios consumen agua de pozo”. Advertido sobre lo avanzado que está el proyecto del Centro Ambiental, Bettiol sostuvo que:

“…será una lucha parecida a lo que pasó con Monsanto (Malvinas Argentinas), o los basurales de Bouwer y barrio Santa Ana (…) Sabemos que está aprobado pero tenemos el antecedente de Monsanto que se logró frenar y nosotros esperamos poder frenar esto. Las autoridades no están dimensionando ni el impacto ambiental ni el social (…) La población de San Nicolás no estuvo incluida en el Estudio de Impacto Ambiental y estamos a menos de 1 km. TierrAlta está más cerca. Las autoridades de Carlos Paz y Malagueño minimizan lo que está pasando en el basural”

En abril del año pasado se realizó la audiencia pública ambiental, agosto el Ministerio de Turismo realizó la licitación pública nacional y en noviembre se abrieron las ofertas de la licitación pública internacional. Se prevé que las obras comiencen a mediados de este año.

Frente a los posibles impactos ambientales y sociales debe exigirse el cumplimiento de la normativa provincial, nacional y de las políticas operativas correspondientes del BID.

En el comunicado afirman que no han sido considerados en el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto financiado por el BID y que lejos de remediar el daño generado actualmente por el basural a cielo abierto, se incrementaran los niveles

de contaminación. Exigen que el municipio de Malagueño se haga presente y que Carlos Paz reconozca la vulneración a sus derechos. Asimismo solicitan a la provincia de Córdoba que actúe en la prevención del daño y exigen la inmediata reparación del daño hecho en la zona.

Los vecinos autoconvocados de San Nicolás, TierrAlta, Mariano Moreno, La Arbolada, Lote Joven, Valle del Golf, Causana y los barrios carlospacenses Costa Azul Norte y Sur solicitaron un estudio público de la calidad del aire, del suelo y de las napas subterráneas.

Desde FUNDEPS estamos siguiendo este proceso para asegurar que se respeten los derechos humanos y el ambiente. La localización del Centro Ambiental Villa Carlos Paz al lado de la Reserva Natural de la Defensa La Calera, y a metros del lago San Roque en terrenos que pueden presentar mayor propensión de filtración o percolado hacia las napas de agua, resulta cuestionable.

Más información

Contacto

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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Avances y cuestionamientos en el Proyecto Centro Ambiental Villa Carlos Paz

Avanzan los procesos administrativos y se espera que en mayo de 2017 comiencen las obras para la construcción del Centro Ambiental Villa Carlos Paz con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos-AR-L1151 (GIRSU) del BID financia obras para la gestión integral de residuos sólidos urbanos y la recuperación de áreas degradadas debido a la mala disposición de dichos residuos. El costo total del programa es de US$150 millones y contiene dos subprogramas: por un lado, GIRSU en parques nacionales y municipios colindantes y, por otro lado GIRSU en otros municipios turísticos.

Dentro del segundo grupo se encuentra el Centro Ambiental Villa Carlos Paz. El centro fue diseñado para recibir los residuos sólidos urbanos de cinco municipios vecinos que acordaron con la administración municipal de Carlos Paz su tratamiento conjunto. El proyecto fue elaborado por la firma TecnoMak S.A. contratada por la Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales dependiente del Ministerio de Turismo de la Nación.

TecnoMak S.A. estudió tres alternativas de posibles localizaciones del nuevo centro de tratamiento de RSU. Finalmente se optó por su localización en el inmueble del actual basurero a cielo abierto lindero a la Reserva Natural Militar La Calera.

El proyecto tiene tres grupos de obras:

Obras Grupo 1: Relleno Sanitario para la disposición de los RSU generados en las localidades del Municipio de Villa Carlos Paz y comunas del área de influencia del proyecto; con una vida útil de 20 años y un ingreso diario promedio 163 Tn/día.

Obras Grupo 2: Planta de Separación y Tratamiento y Obras conexas de apoyo logístico y administrativo.

Obras Grupo 3: Cierre y Clausura del Basural a Cielo Abierto existente en la actualidad.

El 7 de abril del 2016 se realizó la audiencia pública ambiental en la que participaron las autoridades y once personas inscriptas a la misma.

El intendente Esteban Avilés explicó:

«Estamos trabajando en un proyecto regional que nos va a dar una solución definitiva al basural a cielo abierto (…), con esta audiencia pública estaría cerrada la situación administrativa para luego pasar a la instancia de decretos que tienen que ver con la Secretaría de Ambiente de la provincia, y el Ministerio de Turismo de la Nación a cargo de Gustavo Santos»

Sobre los plazos expuso que «creemos que vamos a ser bastante rápidos comparados con otros proyectos aprobados a nivel nacional«, aunque no descartó que sea antes de fin de año.

Varias objeciones fueron expuestas por María Luz Cammisa (secretaria de la Norma Morandini, Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación), relacionadas a la relevancia de la audiencia en tanto «llega con una obra que está licitada y que ha sido hasta pre-adjudicada»; con lo cual «estamos aquí de algún modo para convalidar lo que ya se decidió por nosotros». También se insistió en la limitación jurisdiccional, puesto que los terrenos afectados están fuera del ejido de Carlos Paz:

«Es para nosotros un tema prioritario que planteé al gobernador Juan Schiaretti porque no podemos avanzar en una planificación con las instituciones intermedias de la ciudad al estar siempre condicionados a que la provincia resuelva esta situación administrativa. Yo veo que es un gobernador que tiene este tipo de prioridad; De la Sota realmente no tuvo interés para nada», declaró el Intendente para luego ser refrendado por sus colaboradores: Es un tema de fondo para los carlospacenses; pero eso no determina la continuidad del proyecto.»

Más controvertida fue la mención de Cammisa respecto al plazo estipulado por la Comisión Técnica para el uso del módulo:

«…deberá tener como máximo seis años, y que después del mismo periodo, se deberá utilizar un sitio fuera de la cuenca del San Roque (…) para concretar la integración a un Programa de Gestión Integral de Residuos en el área metropolitana de Córdoba (CORMECOR)» (…) Ignoramos si el propio municipio tendrá una solución para sus residuos más allá de los seis años. Es decir que el centro ambiental proyectado anteriormente durará menos años que el tiempo insumido en planificarlo.»

Quienes respondieron a esto fueron la arquitecta Liliana Bina y el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone. Mencionaron al respecto que la Comisión Técnica Interdisciplinaria sugirió dicho plazo en vistas al proyecto CORMECOR, del que participaría la ciudad si se concreta. Sin embargo,»esta planta seguiría funcionando exactamente igual, pero en vez de tirar en el enterramiento sanitario el sobrante, lo haríamos en una planchada de transferencia a Córdoba». Mientras, Villa Carlos Paz como las comunas integrantes habrán enterrado para esa fecha unas 475 mil toneladas de basura.

Por otra parte, Pedrone indicó «decir que los municipios y comunas que tienen firmados convenios intermunicipales con nosotros y que no van a poder tirar más la basura es absolutamente falso (…) El proyecto se ha pensado desde el primer minuto con la participación de las ocho comunas y municipios que colindan con Villa Carlos Paz y que siempre han tratado el tema de la basura en forma conjunta.», señaló en un marco de participación en el que estuvieron presentes los jefes comunales Andrea Jordán (Cuesta Blanca), Adolfo Parizzia (Estancia Vieja) y representantes de Icho Cruz y Cabalango.

Otros planteos estuvieron relacionados con el ordenamiento territorial del bosque nativo:

«…no se menciona en el estudio del impacto ambiental, los impactos negativos de la reserva. Es un predio lindero a un área protegida, y un proyecto que pretende ser autorizado por vía de excepciones previstas en la Ley de Bosques (…) El propio dictamen de la Comisión Técnica advierte respecto de la localización del proyecto que sería desaconsejable concentrar en esta área más instalaciones de tipo potencialmente impactantes contra el ambiente, ya que se encuentra en las proximidades del área natural (…) y en áreas con drenaje al lago San Roque.»

Este punto también fue planteado por el ambientalista Juan Carlos Paesani, que por cuestiones de salud no estuvo presente pero hizo leer su exposición: «¿Se entenderá que ese embalse da de beber a casi dos millones de personas de la ciudad de Córdoba? Deploramos que sigan inobservando elementales principios».

Más confrontativo fue el discurso del presidente del Concejo de Representantes, Walter Gispert, quien retrucó las observaciones al señalar que:

«…aparte de decir hay que hacer; nuestro gobierno ha hablado con todo el mundo (…) Más allá de las cuestiones técnicas, con la deuda material y ambiental que tiene la ciudad y por el esfuerzo que han hecho todas las instituciones públicas y privadas para resolver el problema; por nuestro futuro, les pido que aprueben el proyecto.»

Sugiriendo además, que «la chicana» proviene de un integrante que comparte su mismo espacio político, Norma Morandini, «a quien hablé personalmente para plantearle la situación; pero nunca vino a Carlos Paz, y ella era legisladora por Córdoba.»

En agosto se realizó la licitación pública nacional y en noviembre se abrieron las ofertas de la licitación pública internacional. Las obras iniciarían en el mes de mayo de 2017. El actual vertedero va a ser reemplazado por un relleno sanitario que albergará una planta de separación de residuos y otra de reciclaje. 222 millones serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y se estima que los trabajos demandarán alrededor de ocho meses y que, para mediados del 2018, se pondría en funcionamiento esta nueva planta.

Desde FUNDEPS seguimos estos procesos para asegurar que respeten los derechos humanos y el ambiente. La localización del Centro Ambiental Villa Carlos Paz al lado de la Reserva Natural de la Defensa La Calera, y a metros del lago San Roque en terrenos que pueden presentar mayor propensión de filtración o percolado hacia las napas de agua, resulta cuestionable. En este contexto de posibles impactos ambientales y sociales, el gobierno municipal y el provincial deben asegurar los mayores niveles de transparencia y acceso a la información. Monitorearemos el cumplimiento con la normativa provincial y nacional sobre estos temas así como el cumplimiento de las políticas operativas correspondientes del BID.

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Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org