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Durante los días 6 y 7 de Septiembre se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC la XII Jornada de Economía Crítica y la I Jornada de Economía Feminista

Durante la I Jornada de Economía Feminista, en la que se expusieron distintas temáticas vinculadas a perspectivas feministas de la economía y las principales problemáticas de mujeres en el sistema actual, presentamos el trabajo “El cuidado y la (des)igualdad de oportunidades para mujeres en empresas de medios y agencias de publicidad”. 

En la ponencia se analizó el impacto de las tareas de cuidado en las trabajadoras de dichos sectores en Buenos Aires y Córdoba.

El trabajo se basó en las investigaciones “Organizaciones de medios y género: Igualdad de oportunidades para mujeres y personas LGBTQ+ en empresas, sindicatos y universidades” y “Sector publicitario y género: Agencias de publicidad, asociaciones, sindicatos e instituciones educativas analizados con perspectiva feminista” que realizamos junto a la Asociación Civil Comunicación Para la Igualdad con el apoyo de la Fundación Heinrich Boll. Uno de los puntos relevantes de la investigación se centra en el análisis sobre la distribución de tareas de cuidado. 

Según datos oficiales, el 88,9% de las mujeres participan en tareas domésticas no remuneradas, a las cuales les dedican 6,4 horas diarias, mientras que un 57,9% de varones declaran haberlas realizado por un total de 3,4 horas. Estas cifras muestran la rígida división sexual del trabajo existente que afecta el desarrollo profesional de las mujeres frente al de sus pares varones. Esta realidad se reproduce en todos los ámbitos laborales y las agencias de publicidad y organizaciones de medios, objetos de nuestra investigación, no son la excepción. 

Esta desigualdad imperante es, a su vez, producto de la ausencia de políticas públicas y/o empresariales para mitigar el impacto. Según los datos investigados, en las empresas de medios de Córdoba, el número de mujeres contratadas bajo plazo fijo, tiempo parcial o que son monotributistas, en relación al total de mujeres es un 10% mayor que los varones, y el porcentaje de mujeres que ingresan a los medios mediante pasantías es un 57,14% más que los varones. Con este dato se comprende el panorama general que afecta a las mujeres (y a las identidades diversas y disidentes) en cuanto a su precarización e inestabilidad laboral.

Sorprendentemente, la industria publicitaria muestra un alto porcentaje de contratación en relación de dependencia  (90%) y de tiempo completo. Los contratos con modalidad freelance o bajo el régimen del monotributo, así como los de tiempo parcial, se registran en una proporción baja. Sin embargo, el formato de trabajo domiciliario se identifica en baja escala y nunca es formalizado. En este sentido, resulta importante destacar cómo la implementación de este tipo de trabajo se vincula con las tareas de cuidado. Pues, si bien se proponen como formas positivas de flexibilización laboral, redundan en modos de precarización que afectan principalmente a las mujeres, pues les permite “conciliar” éste trabajo con el doméstico. 

Atendiendo a este panorama desfavorable, las políticas de cuidados vigentes en ambas industrias reproducen los desequilibrios que existen a nivel general en su asignación y distribución, afectando especialmente a la autonomía de las mujeres, disminuyendo sus oportunidades de desarrollo profesional, convirtiéndose en un factor fundamental en la perpetuación de las brechas de géneros. Esto es porque reproducen la la división sexual del trabajo y cubren sólo a las trabajadoras en relación de dependencia. Esto se torna problemático si recordamos que son las mujeres quienes presentan una mayor tasa de informalidad laboral. 

Tanto en empresas de medios como en agencias de publicidad, las medidas tomadas en relación a los cuidados se limitan a seguir lo estipulado por ley, como es el otorgamiento de  licencias, en especial a las mujeres madres durante la primera infancia de sus hijas/os. Sin embargo, notamos un escaso cumplimiento aquellas políticas como lactarios y guarderías. 

Hay políticas desarrolladas por las empresas que compensan su incumplimiento de la normativa con prácticas puntuales e informales de conciliación con diferentes niveles de flexibilidad. Algunas de ellas, las podríamos considerar como superadoras de la ley, como son licencias específicas, posibilidad de trabajar desde la casa o flexibilidad en el horario de entrada y/o salida, extensión de la licencia sin goce de sueldo o la reincorporación progresiva con goce de sueldo. En este contexto vale mencionar que, si bien existen estas iniciativas, algunas de ellas, como home office, son escasas y responden a pedidos específicos de cada trabajador/a, siendo en su mayoría las mujeres quienes las solicitan.  

Tras haber participado de la histórica primera Jornada de Economía Feminista en Córdoba, celebramos la realización de estos encuentros donde es posible repensar, discutir y deconstruir, desde las corrientes feministas, la inequidad económica, la desigualdad de oportunidades, la discriminación y la división sexual del trabajo. 

Autoras

Ivana Sánchez y Luz Baretta

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Se cumplen 27 años de la creación del Consejo Nacional de la Mujer, que desde 2017 funciona bajo el nombre de Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Nació el 7 de agosto de 1992 con el objetivo de concretar el compromiso asumido en la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En el año electoral en que nos encontramos y a pocos días de las PASO, es una buena oportunidad para preguntarnos qué tan efectivo ha sido este organismo los últimos años y qué desafíos tendrá la próxima administración en materia de políticas públicas de género.   

La propuesta del Consejo Nacional de la Mujer, primer organismo jerarquizado en el país y segundo en la región (el de Brasil fue pionero y tomado como modelo), fue diseñada por un conjunto de mujeres militantes e intelectuales feministas, entre ellas la socióloga Virginia Fraganillo quien fue su primera presidenta. Con una titular elegida por el propio movimiento de mujeres, el panorama para el naciente organismo parecía ser prometedor dado el compromiso de sus autoridades con la causa feminista. 

Bajo la gestión de Fraganillo, el Consejo tuvo sus primeros cuatro años de vida marcados por avances muy positivos como la inclusión de la cuestión de género en la currícula escolar y políticas de salud sexual y reproductiva. Podemos resaltar entre sus acciones, la primera encuesta sobre aborto, la cual, en el marco de la convención constituyente del 94, abrió socialmente el debate. Sin embargo y a pesar de su destacable mandato,  Fraganillo renunció al cargo.  

Desde entonces, los siguientes gobiernos fueron debilitando la institucionalidad del Consejo, que al principio dependía directamente del poder ejecutivo, y sus presidentas evidenciaron serias limitaciones en cuanto al efectivo accionar por los derechos de las mujeres. Pasaron por este puesto personalidades poco conocidas en el movimiento feminista tales como Lucila “Pimpi” Colombo, Lidia Mondelo o Mariana Gras Buscetto, entre otras. 

Al asumir el gobierno actual, se designó a Fabiana Tuñez como la cabeza del flamante Consejo. En un primer momento, para una importante parte del feminismo, parecía una buena noticia dada la trayectoria militante de Tuñez en la causa de las mujeres como fundadora de la ONG “La Casa del Encuentro” y su definición pública como feminista. No obstante, después de estos cuatros años, el balance no es del todo positivo.

En medio de su gestión, en el año 2017, el Consejo atravesó una transformación: Por decreto presidencial se convirtió en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y adquirió el rango de secretaría bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. 

Estas mutaciones no pudieron encubrir un problema que ha permanecido desde aquel entonces, y es el de carácter presupuestario. Los reducidos fondos que actualmente reciben el INAM y los programas de género son ajenos a la expectativa inflacionaria por lo que, día tras día, el presupuesto real designado para combatir las violencias de género y promover el empoderamiento de las mujeres y la igualdad, se ve reducido significativamente.

Específicamente, el presupuesto asignado al INAM para 2019 fue de $234.394.881 (¡$11,36 por mujer!). Pero además, y según un estudio del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) “si bien esto representa un 11% de aumento en términos nominales, teniendo en cuenta el promedio de inflación empleado por el propio Poder Ejecutivo en la elaboración del presupuesto (34,8%), esto implica una caída del 18% en términos reales en relación al año anterior. Además, se produjo un retroceso respecto del peso del INAM sobre el total del presupuesto. Mientras que en 2018 representaba el 0,006% del presupuesto nacional total, para 2019 representa un 0,00005%.” 

Un segundo problema refiere al alcance de las políticas del organismo. Por un lado, hay que reconocerle al INAM medidas sumamente relevantes como el Plan de Igualdad de Oportunidades, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, la formación del Consejo Consultivo Ad Honorem en el que articula con organizaciones de la sociedad civil para monitorear en todo el país la aplicación de la ley 26485 contra la violencia hacia las mujeres, relevamientos e informes que brindan datos a la desigualdad y sirven de sustento a las vigentes y futuras políticas públicas, entre otras más. Una de las medidas más destacable es el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, aunque, si bien todavía le restan algunos meses, gran parte del Plan no se ha ejecutado (nuevamente, poco puede hacerse sin un presupuesto que lo acompañe). 

Por otro lado, considerando que los problemas de género son estructurales, es menester enfrentarlos con políticas troncales y es en este sentido que tanto Tuñez como sus predecesoras han fallado.

Por mencionar un ejemplo, para superar la división sexual del trabajo necesitamos seguir modelos como el del Sistema Integral de Cuidados que posee Uruguay, o por lo menos ampliar el tiempo de licencias por paternidad que en Argentina es sólo de dos días.

Nos preguntamos entonces, ¿qué le espera al INAM en diciembre?, pase lo que pase ¿será distinto esta vez?

Sin importar los resultados electorales, consideramos necesario fortalecer al INAM, no sólo en su institucionalidad sino a nivel presupuestario para que, con todo el esfuerzo que implica combatir las múltiples violencias que afectan a las mujeres, podamos construir una sociedad más justa e igualitaria.

Autora

Mariana Barrios

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

El evento se realizará los días 12 y 13 de septiembre de 2019 en el aula 300 de la Facultad de Ciencias Sociales (Sede Constitución) de la Universidad de Buenos Aires.

Transformar estructuras laborales para transformar contenidos

Tras años de investigación sobre las industrias de la publicidad y del periodismo, desde Fundeps, la Asociación Civil Comunicación Para la Igualdad y con el apoyo de la Fundación Heinrich Boll, consideramos relevante compartir los resultados obtenidos entre los actores implicados.

Nuestras investigaciones evidencian que la desigualdad de género dentro de las empresas de medios de comunicación, agencias de publicidad y sindicatos afines se traduce, entre otras cuestiones, en la cooptación de puestos y posiciones simbólica y económicamente más relevantes en manos de varones. A su vez, las instituciones de formación profesional tienen una oferta académica limitada en temas de género.

Esto adquiere particular relevancia debido al rol clave de estas industrias en la formación de opinión y de mandatos culturales.

En este punto, se torna necesario observar y debatir sobre las prácticas laborales y conductas dentro de estos espacios, entendiéndolos como estructuras organizativas. El fin es propiciar la construcción de espacios de trabajo inclusivos, democráticos, donde participen diversas identidades de género en la producción de contenidos libres de sexismo y en los puestos de toma de decisión.

El objetivo del evento es generar una instancia sensibilización y construcción de capacidades, de encuentro y articulación, pero también de discusión sobre políticas de género en ambas industrias, convocando a empresas de medios de comunicación, agencias de publicidad, instituciones educativas, sindicatos y asociaciones empresariales, a trabajadores/as del sector, organizaciones de la sociedad civil y al Estado.

El Foro está dirigido a estos sectores mencionados y a quienes busquen transformar la comunicación y los espacios laborales vinculados desde una perspectiva de géneros.

Agendas y panales

Participarán integrantes del sector de Córdoba y Buenos Aires y más de 20 comunicadores/as, publicistas y periodistas del país, con el propósito de incorporar una mirada federal sobre políticas de género en periodismo y publicidad y para poder generar líneas de acción e incidencia en todo el país.

El día 12 de septiembre se realizará la apertura del Foro a cargo de las instituciones que lo organizan y en la que Luciana Peker realizará una charla magistral: “La marea feminista en la publicidad y el periodismo”.

El viernes 13, entre las 9 y las 18 horas, se realizarán paneles-talleres en los que se abordarán algunos de los ejes críticos identificados en ambas industrias: Políticas de cuidado; Derechos Laborales y Sindicalización; Periodismo y Género; Publicidad y Género.

VER PROGRAMA COMPLETO

La participación en el Foro es gratuita pero la admisión debe completarse este formulario de inscripción.

Más información a info@fundeps.org

Circular I Foro Nacional de Políticas de Género en Periodismo y Publicidad

 

En todo el mundo, del 1 al 7 de agosto se realizan actividades de difusión, promoción y apoyo a la lactancia materna. ¿Cuál es el rol y compromiso de los actores implicados?

En el mes de agosto del año 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, varios Estados y organizaciones de la sociedad civil firmaron la Declaración de Innocenti con el objetivo de proteger, promover y apoyar la lactancia materna.  

El lema de este año es: “Empoderémonos ¡Hagamos posible la lactancia materna!” y fue lanzado por la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna (WABA). Con esta consigna se intenta interpelar a los Estados, sindicatos, empleadores y organizaciones de la sociedad civil para desarrollar soluciones que conduzcan a la igualdad de género y a mejorar las tasas de lactancia materna.

La Organización Mundial de la Salud destaca la necesidad de la existencia de licencias por maternidad remuneradas de un mínimo de dieciocho semanas y de licencias por paternidad pagas en pos de lograr igualdad en el cuidado de hijas e hijos. Asimismo expresa que deben fomentarse políticas de lactancia en los entornos laborales (descansos para amamantar, espacios seguros, privados e higiénicos y servicios de guardería).

En la misma línea sostenemos que el fomento y el apoyo a la lactancia materna no pueden ser realizables sin pensar en políticas públicas frente a la crisis del cuidado. La división sexual del trabajo sigue siendo rígida y afecta principalmente a las mujeres. Frente a ello son necesarias acciones que entiendan al cuidado como responsabilidades públicas.

Así, la educación pública, los servicios de cuidados infantiles, adultos mayores y de cualquier persona que requiera cuidados especiales de otra y las licencias por maternidad y paternidad igualitarias, deben ser parte de las agendas públicas. Asimismo, el sector privado no queda fuera de estas acciones. Las empresas privadas son responsables de cumplir con las normativas laborales y convenios colectivos de trabajo que fomenten y aseguren  políticas de cuidado y lactancia igualitarias, inclusivas y sin estereotipos de género (asegurar la presencia de lactarios en los lugares de trabajo o respetar las licencias).

El cuerpo de las mujeres, históricamente, ha sido un campo de regulaciones. Aquí juegan discursos disputando el saber hegemónico. Entendemos que es responsabilidad de los Estados promover políticas públicas que permitan escenarios sociales donde las mujeres y personas que cuidan de niñas y niños, decidan libremente sobre la lactancia, con información útil y clara, sin estereotipos y mandatos culturales patriarcales.

Autora

Ivana Sanchez

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

La OIT es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reúne a gobiernos, empleadores/as y trabajadores/as de 187 Estados miembros, para establecer normas internacionales del trabajo. En el marco de su 108° reunión en la ciudad de Ginebra en el mes de junio de este año, se aprobó un convenio (con 439 votos a favor, 7 en contra, 30 abstenciones) y su respectiva recomendación (con 397 votos a favor, 12 en contra y 44 abstenciones), sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que materializan proposiciones relativas al tema.

La temática toma especial relevancia en nuestro país ya que, según informa esta entidad: “Francia, Argentina, Rumania, Canadá e Inglaterra han señalado las tasas más elevadas de agresiones y acoso sexual en el lugar de trabajo,(…), basado en el estudio mundial más vasto que se haya realizado hasta ahora sobre la violencia en el trabajo”.

La particularidad de este Convenio es que, en su contenido, presenta un enfoque inclusivo, integrado y con perspectiva de género que se plasma en normas que implican un avance socio-cultural trascendental en pos de la protección de las mujeres y otros grupos vulnerables (art.6), desproporcionadamente afectados al impedir su acceso al mercado, la permanencia o el progreso profesional.

Este Convenio tendría proyección en el ámbito laboral formal e informal, público y privado, con independencia de su situación contractual. A través de sus normas define y distingue “violencia y acoso” (art. 1 a) de “violencia y acoso por razón de género” (art. 1 b), dejando abierta la posibilidad a los países ratificantes de contemplarlos en sus legislaciones nacionales como conceptos únicos o separados; y entiende que pueden constituir «una violación o abuso de los derechos humanos, una amenaza a la igualdad de oportunidades y contrarios al trabajo decente”. 

El texto prevé que los países miembros deben establecer mecanismos de registro, control y seguimiento de violencia y acoso en el mundo del trabajo, y que organismos nacionales responsables de la inspección del trabajo, la seguridad y salud en dicho ámbito deben considerarlos como riesgos psicosociales en su gestión. También establece las obligaciones de adopción y aplicación de políticas del lugar de trabajo relativas a la violencia y el acoso, información y capacitación sobre el tema, e incluso contempla sanciones a victimarios e indemnizaciones para las víctimas por los daños y/o enfermedades psicosociales, físicos o de cualquier otro tipo que sean consecuencias de tales actos. De manera novedosa y positiva, a través de está propuesta normativa se contempla la violencia doméstica dentro del ámbito laboral y determina una obligación de mitigar su impacto e incluso de evaluarlo como un riesgo en el lugar de trabajo.

Sin embargo, pese al progreso que representa, el texto estandariza las formas de violencia y acoso, y los grupos afectados. Principalmente al establecer y dejar sin definir el concepto de “grupos vulnerables”; sin contemplar la diversidad de las víctimas, de violencia y acoso, dificultando una verdadera solución al conflicto.

El Convenio está abierto y a la espera de ratificaciones por parte de los países miembros y será un instrumento internacional jurídicamente vinculante una vez ratificado por nuestro país, con jerarquía supralegal o constitucional, luego de la aprobación del Poder Legislativo Nacional. 

Es una oportunidad para asumir un compromiso genuino con la igualdad de derechos, a partir de acciones positivas que permitan una regulación y reforma de las situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo, una vez que sea efectivamente traducido en políticas públicas concretas y no meros compromisos vacíos (purplewashing).

Un futuro del trabajo mejor para las mujeres y los grupos vulnerables sólo puede alcanzarse poniendo fin a la discriminación y superando los estereotipos arraigados en relación con las mujeres en la sociedad, el valor de su trabajo y su posición en el mercado laboral. Este futuro será posible no sólo con la protección de las mujeres y los grupos vulnerables frente a la violencia, sino con acciones que simultáneamente se dirijan a lograr la igualdad en el trabajo, el acceso a prestaciones sociales y servicios de cuidado igualitarios, y la participación y representación de las mujeres en las estructuras internas como sindicatos y organizaciones gremiales. 

Autora

Luz Baretta

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

El pasado jueves 27 de junio, presentamos nuestro informe sobre género y publicidad en la Universidad Abierta Interamericana de Rosario, invitadas por integrantes del cuerpo directivo y docente de la carrera de publicidad.

Tras años de investigación en temas de comunicación y género junto a Comunicación para la Igualdad, hemos arribado a resultados que ponen en evidencia el terreno desigual al que se enfrentan las mujeres y las disidencias en el ámbito publicitario. Por este motivo, entendemos la importancia de difundir esta información a fin de generar un impacto positivo en términos de igualdad de género dentro de la industria publicitaria.

Fue así como el pasado jueves 27 de junio, la Universidad Abierta Interamericana de Rosario (UAI) nos abrió sus puertas para la presentación del informe “Sector publicitario y género”. La invitación vino de la mano de la Directora de la Carrera de Publicidad, María Virginia Beduino y una de sus más comprometidas docentes en la temática, Mariángeles Camusso quién, además, coordina el Observatorio Publicitario sobre Sexismo de la Universidad.

A lo largo de las más de dos horas que duró la presentación, se expusieron conclusiones que habilitaron el debate e intervención de las y los participantes. Junto a la institución, la propuesta fue generar un espacio de encuentro y reflexión sobre el futuro ámbito de inserción laboral del estudiantado, debatir en torno a las trayectorias actuales de los espacios educativos, así como también conocer las experiencias de quienes ya se encuentran trabajando.

Durante el diálogo se compartieron diferentes puntos de vista y vivencias de quienes conforman la industria publicitaria y sus sectores vinculados: estudiantes, trabajadoras y trabajadores, docentes, representantes de agencias de publicidad y del ámbito académico.

En la presentación, se hizo énfasis en la necesidad de conocer y de abordar el machismo y la desigualdad de géneros dentro de la industria publicitaria, puesto que escasean investigaciones sobre esta temática, en especial, con la mirada puesta hacia el interior del país.

En estos espacios, donde prima la invisibilización y, por ende, la reproducción de violencias y estereotipos de géneros, se conoció el sexismo y las brechas de género en el acceso de mujeres a cargos jerárquicos y  áreas masculinizadas.

Identificamos que las mujeres son mayoría (58%) entre quienes se egresan de las carreras de publicidad. Luego, al ingresar a las agencias de publicidad, notamos que entre las personas que allí trabajan existe una relativa paridad: 49,5% de presencia femenina y un 50,5% de varones.

Sin embargo, la desigualdad se percibe en la segregación vertical y horizontal, puesto que los varones ocupan la mayoría de los puestos de jerarquía y las áreas mejor remuneradas y simbólicamente más relevantes. Los hombres constituyen el 83,5% de los cargos de propiedad y gerenciales en las agencias de publicidad, el 68% de las cámaras empresariales y el 92% de quienes dirigen las áreas creativas. Incluso en áreas como la de Cuentas donde la presencia femenina es del 67%, en la mayoría de los casos es dirigida por varones (72,5%).

El área con mayor presencia femenina tanto entre sus trabajadoras como en sus direcciones es la de Administración o Finanzas, más ordenada en cuanto a horarios aunque menos valorada en cuanto a salarios y a posibilidades de promoción.

En el ámbito educativo, no hay materias obligatorias sobre género y en las agencias sólo el 15% ha realizado capacitaciones en la temática.

Frente a estas conclusiones, remarcamos la importancia de generar espacios de debate en instituciones educativas vinculadas a la formación de profesionales de la publicidad, ya que permiten plantear inquietudes, desnaturalizar la desigualdad y pensar acciones para la transformación de estos espacios. La apertura institucional de la UAI y el compromiso de sus docentes en el abordaje de las desigualdades y violencias de género existentes en la industria publicitaria es un notable avance hacia su prevención y erradicación desde el punto cero. Invitamos a que todos los actores implicados en la industria publicitaria avancen camino a la erradicación de las violencias de género hacia su interior.

Autoras

Mila Francovich

Cecilia Bustos Moreschi

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

 

Desde Fundeps y Comunicación para la Igualdad abrimos convocatoria para otorgar becas a publicistas de provincias del interior del país, a fin de promover su asistencia al Foro Nacional: Políticas de Género en Periodismo y Publicidad. El mismo se realizará el 12 y 13 de septiembre del corriente año en la Ciudad de Buenos Aires.

La beca tiene un cupo limitado y consistirá en alojamiento y transporte al Seminario. 

Las personas que podrán aplicar son aquellas que se dediquen a la publicidad y/o a la comunicación institucional con perspectiva feminista, o con interés en temas de género, de diferentes provincias y ciudades del país que no sean Córdoba, Rosario, CABA y Mendoza. En la selección se priorizará a mujeres y trans publicistas o profesionales del área.

Fecha límite y requisitos:

Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org hasta el 22 de julio inclusive con:

  • Curriculum vitae
  • Un breve relato explicando por qué creen que les sería útil participar del encuentro, y cómo podrían replicar los insumos y experiencias allí generados en sus ámbitos de trabajo. 

Los resultados se comunicarán la primera semana de agosto. 

Consultas:

cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

En miras al 25° aniversario de la Plataforma de Beijing, ONU Mujeres impulsa a nivel internacional que los Estados revisen los avances y desafíos en torno a los derechos humanos de las mujeres. Para esto, se convocó a una reunión con organizaciones de la sociedad civil, conjuntamente con el Instituto Nacional de Mujeres (INAM).

La Declaración y Plataforma de Beijing es un programa elaborado en 1995 con gran participación de la sociedad civil, para dar herramientas a los Estados, el sector privado y al tercer sector, para promover la igualdad de género. Cada cinco años, se realiza un proceso de revisión, a nivel general y a nivel de los Estados, para finalmente hacer recomendaciones que permitan continuar avanzando en el cumplimiento de las medidas establecidas en dicha plataforma.

Los exámenes nacionales contribuyen al examen y la evaluación mundiales que ONU Mujeres preparará y presentará durante el 64º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CWS 64), y que tendrá lugar en marzo de 2020 en Nueva York. Los reportes están compuestos no sólo por la información provista por el Estado, sino también por los aportes de sociedad civil. En este contexto, el INAM, organismo encargado de coordinar las políticas de género en Argentina, convocó de manera abierta a organizaciones sociales, al movimiento de mujeres y a sindicatos.

Teniendo en cuenta que la Plataforma de Beijing ha sido un documento clave para la política internacional, se ha revisado a la luz de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para 2030. En este sentido, se identificaron cuatro ejes en los que confluyen Beijing + 25 y la Agenda 2030:

  • Desarrollo inclusivo, prosperidad compartida y trabajo decente
  • Erradicación de la pobreza, protección social y servicios sociales
  • Erradicación de la violencia, los estigmas y los estereotipos
  • Participación, responsabilidad e instituciones con perspectiva de género

Respecto al desarrollo inclusivo, el desafío que encontramos tiene que ver con las dificultades que enfrentan mujeres y diversidades en su acceso al trabajo y, dentro de él, están los límites a sus posibilidades de ascenso. Esto se vincula con la falta de políticas de igualdad de oportunidades a nivel de políticas públicas y al interior de estas empresas, según las investigaciones realizadas en empresas de medios y agencias de publicidad. En concreto, el eje crítico es el de maternidad y cuidados, debido a la falta de políticas de conciliación en lo referido a licencias parentales, extensión del tiempo de licencia, licencias para cuidados (por enfermedad, discapacidad de familiares, por cuidado de mayores), formas flexibles de trabajo (home office) o de los problemas en torno a las guarderías. En el caso de que se implementen este tipo de acciones, las mismas responden a demandas particulares, por lo que no están institucionalizadas ni sistematizadas.

En cuanto a erradicación de la violencia, los estigmas y los estereotipos, nos preocupa en particular que los organismos públicos destinados a velar por las situaciones de violencia mediática y simbólica – aplicando la Ley 26.485 y 26.522- , presentan irregularidades, aún cuando hay compromisos asumidos por el gobierno y recursos provenientes de la cooperación internacional para fortalecer la lucha contra las violencias de género. Esto se percibe en especial en las vías abiertas a la sociedad, por ejemplo, las bocas de denuncia.

En nuestra experiencia, el Observatorio de Medios del INAM y el ENACOM tienen un escaso o nulo nivel de respuesta frente a las denuncias, mientras que la Defensoría del Público, con mayor actividad en este sentido, continúa acéfala desde 2015.

Como entendemos que la erradicación de las violencias de género implica su visibilización y la transformación de los patrones socioculturales naturalizados y reproducidos en las prácticas cotidianas, realizamos recomendaciones para la inclusión de sensibilización, capacitación y formación en perspectiva de género dentro los medios y agencias de publicidad, partiendo desde los ámbitos de formación profesional universitaria o terciaria.

Finalmente, sobre el punto de instituciones con perspectiva de género consideramos que la sanción de la Ley Micaela es una buena manera de incorporarla en órganos del Estado. Sin embargo, hay que insistir en la adhesión por parte de las provincias y de las instituciones estatales.

Asimismo, reconocemos a las escuelas públicas y privadas como instituciones avaladas por el Estado para impartir educación formal. Como tales, deben acatar la legislación sobre implementación de la ESI y ser responsables -y por lo tanto, susceptibles a ser sancionadas- en los casos donde se lleven adelante acciones que obstaculicen el derecho a recibir o dar educación sexual.

Dentro de la consulta también se mencionaron en todos los ejes temas referidos a la importancia de incluir los derechos de la diversidad sexual, en particular de las personas trans, a la inclusión laboral, a la formación profesional y a la representación y participación política. En miras a celebrar los 25 años desde lo ocurrido en Beijing, el aniversario nos encuentra al movimiento feminista en plena lucha por continuar ampliando los derechos de las mujeres, personas trans y disidencias.

Más información

Procesos de revisión por país para Beijing + 25:

Antecedentes de Beijing + 25

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

Autora

Carolina Tamagnini

Contacto

María Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Participamos de la reunión anual del Consejo Consultivo Ad Honorem del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).

El 10 de junio el INAM convocó en Buenos Aires a las organizaciones de sociedad civil que formamos parte del Consejo Consultivo. En dicha reunión se informó sobre la ejecución presupuestaria del organismo, así como también sobre los avances en la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres 2017-2019.

Asimismo, se comentaron avances en la medición de la implementación del Plan, así como de la construcción del presupuesto nacional desde la perspectiva de las políticas de género, incluyendo no sólo el presupuesto del Instituto sino de todas las demás carteras de gobierno. Finalmente, se discutieron formas de interacción entre las organizaciones representantes de cada provincia y los organismos de la mujer y consejeras federales correspondientes a cada jurisdicción.

Valoramos que se mantengan estas instancias de participación para la sociedad civil y esperamos que el INAM siga fortaleciendo la institucionalidad del Consejo Consultivo, como un espacio comprometido con los derechos de las mujeres. Los aportes de las organizaciones que están en el campo son fundamentales en la elaboración, implementación y evaluación de políticas de género y que sirvan para mantener viva la razón de ser del INAM: asegurarle a las mujeres una vida plena, libre de violencias y digna de ser vivida.

Más info:

Somos parte del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres

Presentamos reporte anual ante el INAM y manifestamos preocupación por su inactividad

Autora

Carolina Tamagnini

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Aunque las mujeres seamos la mitad de la población adulta mundial, los hombres continúan ocupando las posiciones de liderazgo, los puestos jerárquicos y los trabajos mejor remunerados. La diferencia salarial a su favor es una de las injusticias más difíciles de hacer visible y de cambiar.

En Argentina, de acuerdo a los índices que nos brinda el INDEC y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la brecha salarial de género en el 2018 fue del 27,5 %. Por lo tanto, las mujeres tuvimos que trabajar un año y tres meses para obtener lo mismo que ellos en solo un año. Y esa brecha es todavía mayor si hablamos de trabajadoras no registradas, ya que en esos casos la diferencia llega a un 36% menos en comparación a los salarios de los trabajadores informales.

Ningún ámbito laboral queda excluido de las estadísticas antes mencionadas. Así lo demuestran los informes sobre Medios de Comunicación y Agencias de Publicidad realizados desde el equipo de Género de Fundeps, en los que se pudo establecer cuáles eran algunas de las causales generadoras de esta brecha.

De acuerdo a los datos recabados en nuestra investigación sobre género y medios de comunicación, sólo el Grupo Clarín reconoció una brecha salarial del 20% entre varones y mujeres, mientras que las demás empresas, tanto públicas como privadas, afirmaron que por igual tarea se abona igual remuneración. Aunque esto no fue lo manifestado por  casi la mitad de la/os trabajadoras/es, que sí observaron situaciones discrecionales en la asignación de salarios. Los casos más comunes que pudimos ver fueron: “conductores de radio que cobran más que sus colegas femeninas en radios privadas; varones que ocupan los mejores escalafones en medios públicos, o ascensos que no respetan trayectorias profesionales sino que son en función de las identidades de género” (ver informe completo).

En lo que respecta a las agencias de publicidad, pudimos observar que las mujeres percibían salarios un 21% menor en los puestos jerárquicos y que en relación a los puestos de empleados varones la brecha total ascendía a un 46% (ver informe completo). Esta brecha se profundiza y agrava más si tenemos en cuenta que la industria de la publicidad cuenta con una participación femenina paritaria.

Cuando nos preguntamos por qué existe la brecha salarial de género, entendemos que son un cúmulo de factores que hacen que la misma se reproduzca y nos afecte. Dentro del ámbito de los medios de comunicación y de las agencias de publicidad se identificaron varios de estos factores: las formas de contratación que implican una precarización laboral especialmente para las mujeres; el techo de cristal que impide que las mismas puedan acceder a cargos de mayor jerarquía y salario; esa misma falta de mujeres en los cargos de liderazgo que desmotiva a las demás a tratar de aspirar a ellos y la asignación de temas que no son remunerados por las empresas de medios.

La división sexual del trabajo que asigna a las mujeres las tareas de cuidado y del hogar, es una de las mayores fuentes de brecha salarial entre varones y mujeres. Al ser ellas quienes más tiempo dedican al trabajo reproductivo (invisibilizado y no remunerado), disponen de menos tiempo para estudiar, formarse y trabajar fuera del hogar. Esta pobreza de tiempo les dificulta el acceso a contrataciones de tiempo completo, a jornadas extendidas de trabajo (horas extras) que son las que a menudo marcan la diferencia salarial, en muchos casos deben aceptar trabajos más flexibles (por lo general precarizados y peor pagos) y, usualmente, terminan enfrentando una doble jornada laboral: trabajan dentro y fuera de la casa.

Estas causales son transversales y pueden observarse en los demás ámbitos laborales. Es por todo esto que, en alusión al día del pago igualitario, exigimos políticas económicas con perspectiva de género, que ayuden a cerrar la brecha salarial y que combatan de esta forma la injusticia histórica que sufrimos las mujeres trabajadoras.

Autora

Valentina Montero

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Junto a Comunicar Igualdad presentamos los resultados de una investigación realizada en 2018 sobre sector publicitario, desde las instituciones educativas, sindicatos, asociaciones profesionales y agencias de publicidad en Córdoba y Buenos Aires.

La presente publicación se enmarca en un proceso de investigación de más de tres años, llevado a cabo por la Asociación civil Comunicación para la Igualdad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables – FUNDEPS – que aborda la problemática de la desigualdad en el ámbito de la comunicación, desde el acceso a la participación, información y justicia de la ciudadanía en las políticas públicas (2012/2016 y 2018), hasta el acceso a la igualdad en el acceso a las oportunidades en las estructuras organizativas del mundo de los medios, y en este caso, del sector de la industria de la publicidad.

Los medios de comunicación y la industria de la publicidad, como actores esenciales en la elaboración de contenidos, son espacios que ostentan un gran poder, no sólo comercial o como instituciones culturales, sino que se establecen como formadores de opinión, productores, reproductores y transmisores de valores, estereotipos, significados y del sentido común, al tiempo que definen aquello que es considerado como relevante, normal, discutible y aceptado o rechazado socialmente. Es fundamental entender en este sentido a la preocupación a nivel global sobre la problemática de la desigualdad en el acceso a las oportunidades de mujeres y personas de la comunidad LGTTTBIQ+.

Ya en 1995, en la Plataforma de Acción (PAB) de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing, se estableció como objetivo estratégico, dentro de su apartado J, la necesidad de “Aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión y por conducto de ellos, así como en las nuevas tecnologías de comunicación”. Entre otros, este es un compromiso que los Estados y la sociedad civil asumieron a fin de avanzar en el proceso hacia una real igualdad entre los géneros.

Más cerca en el tiempo, en el 62° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que en marzo de 2018, se trató como tema de examen: La participación de la mujer en los medios de difusión y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y el acceso de la mujer a ellos, así como sus repercusiones en el adelanto y la potenciación del papel de la mujer y su utilización con esos fines.

De la misma manera, y como se analizará a lo largo del presente, los Principios de Yogyakarta, que aborda desde 2007 la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, en su apartado 19, recomienda a los Estados asegurar que tanto la producción como la organización de los medios de comunicación regulados por el Estado sea pluralista y no discriminatoria en lo que respecta a asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, como también que en la contratación de personal y las políticas de promoción, dichas organizaciones no discriminen por motivos de orientación sexual o identidad de género.

En este marco, quienes presentamos este informe, realizamos una investigación a lo largo de 2018, con el objetivo principal de conocer la estructura laboral y las políticas de género de las agencias de publicidad, asociaciones profesionales, sindicatos e instituciones educativas vinculadas al sector publicitario de Argentina. Los resultados dan cuenta de la representación de género en sus ámbitos de funcionamiento, en la elaboración de contenidos y en puestos de toma de decisión. El abordaje es un complemento necesario a fin de entender la realidad completa que abarca a la problemática de la comunicación, desde una perspectiva de géneros

Para la realización del informe, fueron realizadas entrevistas, en la ciudad de Buenos Aires y de Córdoba, a: responsables de las áreas de recursos humanos o similares de agencias de publicidad; directivas/os de universidades que incluyen carreras de relacionadas al sector publicitario; y sindicatos y a trabajadoras/es de ese entorno. Asimismo, se recabaron datos se recolectaron datos de fuentes oficiales de información.

Recomendaciones

A partir de las conclusiones obtenidas en la investigación, y de las sugerencias de democratización de las organizaciones realizadas por las/os trabajadoras/es de publicidad e integrantes de sindicatos entrevistadas/os, se han elaborado las siguientes recomendaciones.

GENERALES

  • Todos los actores involucrados, y en estrategias colectivas, deben implementar medidas para transversalizar la perspectiva de género. Esto permitirá:
    • Desnaturalizar los mensajes estereotipados que promueven la discriminación y la violencia.
    • Respetar el principio de autodeterminación de identidades y orientaciones sexuales promover imágenes, caracterizaciones y discursos que visibilicen y sean respetuosas de la diversidad de identidades de género, orientaciones sexuales, así como la diversidad de cuerpos, necesidades y estilos de vida.
  • Es importante repensar en todos los ámbitos de la industria publicitaria la promoción del trabajo con las audiencias.

PARA LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD

  • Promover una participación diversa e igualitaria en cuanto a géneros al interior de las agencias de publicidad, especialmente en espacios de toma de decisión.
  • Diseñar de estrategias para la reducción de la segregación horizontal[1] y vertical[2], que eliminen los prejuicios y discriminaciones de género y logren un real acceso a las oportunidades para todas las personas por igual en todas las instancias del desarrollo profesional.
  • Implementar acciones positivas, reales y concretas, para la inclusión de personas del colectivo LGTTBIQ+ en la industria.
  • Cumplir acabadamente con las leyes laborales en relación al pago de horas extras y servicio de cuidado infantil, ambos derechos otorgados por ley que afectan sustancialmente la distribución por género en las diferentes áreas de la industria.
  • Realizar capacitaciones en temas de género, respecto de la elaboración de los contenidos de las piezas publicitarias, como de la necesaria democratización de las agencias desde esta perspectiva.
  • Crear oficinas para el monitoreo y diagnóstico de los temas de los temas de género y el diseño de políticas internas, como también para el abordaje de los problemas vinculados al acoso laboral y la violencia de género.
  • Adoptar una agenda temática proactiva en derechos humanos y género en los contenidos de las piezas publicitarias.

PARA LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES Y SINDICATOS

  • Reforzar la real representación del sector de trabajadores/as de la industria publicitaria, que responda a sus necesidades de modo democrático y con alcance real y en todo el país.
  • Incluir la perspectiva de género como elemento central de la construcción de las medidas a adoptar, tanto en el reclamo por el real cumplimiento de los derechos de los/as trabajadores/as, como en la conquista y avance de aquellos no reconocidos.
  • Fomentar, por parte de las asociaciones profesionales, la perspectiva de género entre quienes trabajan en la industria y, sobre todo, entre las y los anunciantes.
  • Desarrollar políticas de género dentro de las asociaciones profesionales, para promover este enfoque con vistas a la democratización de la industria.
  • Promover la perspectiva de género en instancias de premios y concursos publicitarios.

PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

  • Diseñar estrategias para democratizar las estructuras directivas como los planteles docentes de las escuelas y universidades vinculadas a la publicidad, con foco en la necesidad de mayor inserción de docentes mujeres y de personas trans.
  • Incluir la dimensión de género como temática obligatoria de la construcción curricular de las carreras correspondientes al sector publicitario.
  • Crear espacios donde denunciar y abordar situaciones de violencia de género y acoso y áreas específicas para el diseño de políticas educativas de género.
  • Establecer acuerdos con agencias de publicidad para la promoción de estudiantes mujeres y trans en las mismas.

PARA EL ESTADO

  • Generar campañas de concientización para toda la sociedad y consultar fuentes especializadas. Para ello será necesario trabajar de forma conjunta con diferentes actores: instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, áreas gubernamentales, especialistas, medios de comunicación y empresas de publicidad.
  • Ampliar el espectro protectorio de las políticas públicas de comunicación y género, con atención específica a la dimensión de la publicidad.
  • Implementar acciones afirmativas para promover la integración laboral de mujeres y personas del colectivo LGTTBIQ+ en las agencias de publicidad y comunicación institucional del sistema público: cupos, programas de pasantías, formación para la inclusión, entre otras.
  • Diseñar medidas que importen acciones afirmativas para promover la integración laboral de mujeres y personas del colectivo LGTTBIQ+ en agencias privadas de publicidad: incentivos fiscales y otorgamiento de apoyos económicos a aquellas que dispongan de políticas concretas para la promoción de la igualdad de género.
  • Generar estrategias de fomento de pequeños emprendimientos publicitarios orientados a colectivos de mujeres y trans.
  • Ampliar la normativa vinculada a las licencias por paternidad y de las licencias para cuidado de personas, independientemente de su identidad de género.
  • Promover una cultura de democratización de las organizaciones, a través de campañas, sensibilizaciones, capacitaciones y programas específicos destinados a la industria publicitaria, como al sector de la comunicación en general.

PARA LA SOCIEDAD CIVIL

  • Generar más espacios que representen al sector publicitario dentro de las organizaciones de la sociedad civil, que puedan abordar los desafíos de la problemática y puedan lograr mayor capacidad de incidencia a los fines de la democratización de la industria.
  • Monitorear de modo constante el accionar de las agencias, sindicatos, Estado y universidades, a fin de dar cuenta de la realidad del sector publicitario y promover medidas concretas para su abordaje.

El acceso a la igualdad de oportunidades es una de las grandes deudas de nuestra sociedad, y por ello es necesario seguir rompiendo con las estructuras de poder que invisibilizan y excluyen. Es de fundamental importancia seguir caminando hacia una democracia igualitaria, que reconozca de modo inclusivo los derechos de toda la ciudadanía. El sector publicitario es un importante actor social. Si los contenidos que se generan, y sus mecanismos de funcionamiento se  democratizan hacia una real inclusión, se habrá roto una barrera enorme para alcanzar una real igualdad para toda la sociedad.

[1] Preeminencia de varones en las áreas de Creatividad, Tecnología y Producción entre otras; y de mujeres en Administración, Cuentas y Planning.

[2] Preeminencia de varones en cargos directivos de la mayoría de las áreas y, sobre todo, en las Direcciones Generales, Coordinación y entre CEOs.

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Más información

Contacto

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

Cecilia Bustos Moreschi – cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Junto a Comunicar Igualdad presentamos los resultados de una investigación realizada en 2018 sobre sector publicitario, desde las instituciones educativas, sindicatos, asociaciones profesionales y agencias de publicidad en Córdoba y Buenos Aires.