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Discusiones en avances en el marco legal que conecta empresa y derechos humanos

El Grupo de Bancos de Thun publicó un documento sobre las implicaciones de los Principios Rectores de las Naciones Unidas para la banca corporativa y de inversión. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil criticamos públicamente esos pleanteos. 

Ante los riesgos que implicaba el documento del Grupo Thun, un grupo de organizaciones de la sociedad civil publicaron una carta abierta criticando muchos de los planteos de ese documento. Firmamos la carta 34 organizaciones académicas y de la sociedad civil de 17 países, entre ellas BankTrack, SOMO, Oxfam, Greenpeace, Global Witness y OECD Watch.

El documento del Grupo Thun desarrolla un marco conceptual para la aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas Transnacionales y los Derechos Humanos para los bancos en un contexto de banca corporativa y de inversión. En este documento se realiza una interpretación errónea del principio 13.

La carta solicita que el Grupo de Thun demuestre que está preparado para participar en el Proyecto de la Agenda Proactiva de la OCDE de buena fe, modificando el documento que publicaron y dejando claro que reconoce y respeta el consejo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los principios rectores son un conjunto de directrices acordadas por la comunidad internacional como una guía que orienta tanto a los Estados en su labor de protección de los derechos humanos, como a las empresas en su deber de respetarlos. Este trabajo fue liderado por el el Profesor Ruggie. Estos principios fueron aprobados el año 2011 por unanimidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En este contexto el 21 de febrero el Profesor Ruggie de Harvard respondió fuertemente al documento del Grupo Thun. Está «profundamente preocupado» por el documento y plantea puntos similares a los de la carta abierta. «Pueden socavar los intentos de los bancos y otros para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos». Además, agrega que:

«Es ejemplar que un grupo de grandes bancos está llevando a cabo un importante trabajo sobre la aplicación de las UNGP a su sector. Pero me temo que la mala interpretación de los elementos básicos de las UNGPs y sus implicaciones en este documento puede dañar seriamente y arriesgar el establecimiento de parte del trabajo innovador que estamos viendo de los bancos individuales. Por lo tanto, insto al Grupo a que reflexione sobre estas cuestiones y considere la posibilidad de publicar un futuro documento más acorde con los elementos básicos de las UNGPs».

El 23 de febrero el coordinador del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas que promueve la aplicación de los Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos, también respondió invitando a los bancos del Grupo Thun a revisar el documento «para alinearlo con las UNGPs”. El Grupo de Trabajo considera que el documento de debate ofrece consideraciones prácticas útiles, para las situaciones en la que los bancos puedan afectar derechos humanos a través de productos o servicios financieros que presten a terceros.

«Los esfuerzos del Grupo Thun para explorar las implicaciones prácticas de las UNGPs son bienvenidos (…) Sin embargo, estos instrumentos de práctica que buscan interpretar el significado de las UNGPs en un contexto específico del sector deben estar sujetos a un proceso de consulta y revisión por parte de otras partes interesadas con el fin de garantizar la exactitud, solidez y legitimidad.»

El Grupo de Trabajo cree que si no se aborda, esto puede causar confusión innecesaria sobre las UNGPs, lo que puede socavar los intentos de los bancos y otros para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos.

Cabe resaltar que el documento de discusión del Grupo Thun fue aprobado por Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit Suisse AG, Deutsche Bank, ING, JPMorgan, RBS, Standard Chartered, UBS Group AG y UniCredit.

El 28 de febrero Christian Leitz en nombre del Grupo Thun respondió al grupo de OSC, al profesor John Ruggie y al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. Manifiesta estar tratando de generar una discusión constructiva entre los bancos y otras partes interesadas pero no ha indicado ninguna voluntad de revisar el documento. Y espera continuar con las partes interesadas en los próximos foros de múltiples interesados discutiendo el documento.

Se ha programado una reunión abierta a todos los signatarios de la carta para el 19 de junio en donde tendrá lugar un diálogo más amplio con el Grupo Thun. El profesor Ruggie ha dicho que considerará participar en esta reunión si se retractan de la premisa de que los bancos no pueden contribuir a dañar a través de sus relaciones con los clientes.

En la contrarrespuesta, desde las organizaciones de la sociedad civil se expresan dos preocupaciones respecto a la reunión de junio. Por un lado, definir una estrategia de participación de los interesados como se comprometió a hacerlo el Grupo Thun en su última reunión pública. Y en segundo lugar, que retire y reconsidere su reciente documento.

Desde FUNDEPS seguimos este proceso y esperamos un cambio en la respuesta que ha brindado el Grupo Thun. Los Principios Rectores sobre las Empresas Transnacionales y los Derechos Humanos se crearon para «proteger, respetar y remediar» derechos humanos y esperamos cooperación de los estados, los sectores privados y la sociedad civil para cumplir los compromisos asumidos.

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Thun Group of Banks releases new Discussion Paper on implications of UN Guiding Principles for corporate & investment banking; commentaries provided

Leading banks under fire for misrepresenting human rights responsibilities

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Victoria Gerbaldo / Encargada de Proyectos del Área de Gobernabilidad Global

victoriagerbaldo@fundeps.org

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Se conformó el Grupo Consultivo Externo del MICI

En febrero de este año el MICI concluyó el proceso de selección de integrantes de su Grupo Consultivo Externo. Juan Carballo, Director Ejecutivo de FUNDEPS ha sido seleccionado para integrarlo.

Luego de un proceso de selección, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo seleccionó a ocho integrantes que conformarán su Consejo Consultivo Externo (GCE).

La finalidad del GCE consiste en apoyar el compromiso del MICI en torno al cumplimiento de su mandato de rendición de cuentas de manera creíble, eficaz y transparente.

Juan Carballo, nuestro Director Ejecutivo, ha sido seleccionado para integrar el GCE junto a Ana-Mita Betancourt (Estados Unidos), Maximiliano Brandt (Costa Rica), Leonardo Crippa (Estados Unidos), Manuel Morales (Ecuador), Paulina Ibarra (Chile), Andrea Repetto (Estados Unidos) y Melanie Salagnat (México). Los miembros van a participar en forma voluntaria, sin remuneración y el mandato inicial será por un período de dos años.

El GCE tiene planeada su primera reunión para la primera mitad de este año. Esperamos que se tengan presentes en el accionar del grupo las recomendaciones y sugerencias en relación a la membresía, la composición y los objetivos y funciones del GCE que presentamos en su momento.

Desde FUNDEPS, compartiremos con sociedad civil en general las oportunidades de monitoreo e incidencia que brinde el GCE.

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Juan Carballo / Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org

Instancias de participación en la planificación estratégica de la CIDH

El pasado 10 de febrero, hemos participado del proceso de consulta abierto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las organizaciones de la sociedad civil, en Washington, DC. Esto se lleva a cabo en el marco de la realización de su planificación estratégica para el período 2017-2020.

Durante la primera parte de la jornada, se destinó el espacio a las organizaciones presentes para que dieran su postura al respecto de los desafíos en temas de derechos humanos a tener en cuenta para los próximos años. Entre los temas mencionados están los derechos de los migrantes, de las mujeres, de las personas LGTBIQ, de las personas con discapacidad, los pueblos indígenas. En la segunda parte de la consulta, se revisaron por grupos de trabajo los objetivos que la Comisión redactó a modo de borrador.

Los desafíos que identificamos a futuro para los derechos humanos en la región están relacionados a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), que han sido ampliamente reconocidos como derechos humanos pero no abordados lo suficiente desde los organismos hemisféricos. Otro punto relevante en la agenda es el acceso a la información, fundamental para los sistemas democráticos, y declarado como un derecho humano relacionado a la libertad de expresión por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El acceso a la información es de suma importancia ya que impacta directamente en el ejercicio de los demás derechos humanos, incluyendo también los DESCA.

Por otro lado, destacamos la vinculación entre derechos humanos y empresas, por la creciente tendencia a la captura corporativa de los Estados alrededor del mundo. En este sentido, los Estados deben tomar mayor papel, evitando ceder ante los compromisos de autorregulación del sector privado y la injerencia de las empresas en sectores de políticas públicas sensibles. Para esto, se deben promover iniciativas para aumentar los niveles de rendición de cuentas del sector privado, sin olvidar la responsabilidad de los Estados. Por último, expresamos nuestra preocupación por la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, siendo América Latina una de las regiones más peligrosas para este grupo y propusimos instancias de participación fuera de las capitales nacionales.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Los procesos de revisión de las actividades de este organismo, como el de planificación estratégica, son de gran relevancia para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la agenda de la sociedad civil en el continente.

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Intervención de FUNDEPS en el proceso de Plan Estratégico

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Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

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8 DE MARZO: FUNDEPS acompaña el Paro Internacional de Mujeres||

El Paro Internacional de Mujeres (PIM) es un movimiento de base formado y organizado por mujeres de 35 países como respuesta a la violencia social, jurídica, política, moral, mediática y verbal que experimentan a diario las mujeres en todo el mundo.

El 3 de octubre de 2016  -siguiendo el ejemplo de las islandesas, las primeras mujeres que convocaron a un paro nacional en 1975-, las mujeres polacas convocaron a un paro en lo que se conoció como “Lunes Negro”.

En nuestro país, el 19 de octubre de 2016, en respuesta a una semana en la que sucedieron 7 femicidios y luego de un fin de semana en el que las mujeres fueron reprimidas en la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres; se lanzó una convocatoria en las redes sociales para adherir a un paro de una hora y a movilizaciones masivas. Así, de manera autoconvocada, las organizaciones de mujeres y feministas, entre ellas el colectivo Ni Una Menos, se sumaron a la medida que se replicó en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

En Polonia, el 24 de octubre se dio el segundo “paro polaco” contra la violencia por parte del Estado en las problemáticas de las mujeres. Las mujeres polacas establecieron contacto con otras mujeres en Corea del Sur, Rusia, Irlanda, Israel, Italia y Argentina. Al final de octubre de 2016, este grupo – ya bajo el nombre del Paro Internacional de Mujeres – decidió el lema “Solidaridad es nuestra arma” y un llamamiento al paro traducido a varios idiomas. Allí se decidió que el 25 de noviembre de este año, Día Internacional contra la Violencia de Género, será la primera acción solidaria mundial y se eligió este 8 de marzo para el Paro Internacional de Mujeres.

De esta manera, se propusieron abordar un nuevo activismo global e interpretar los hechos de violencia desde una coyuntura común. Formaron así una unión para luchar contra la opresión institucionalizada que supone el sistema patriarcal y que sufren los hombres, las mujeres y la sociedad en general, desde el Estado, la Justicia y los medios de comunicación.

En Argentina, el paro fue promovido desde el Colectivo Ni Una Menos y las principales centrales sindicales de trabajadores (CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma) llegaron a un acuerdo político de unidad en articulación con agrupaciones, organizaciones y activistas autoconvocadas. La medida de fuerza, busca denunciar la desigualdad histórica de las mujeres en la sociedad y sus múltiples consecuencias: desde violencias machistas –y su expresión más extrema, los femicidios– hasta la feminización de la pobreza, la violencia económica, trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, brecha salarial en relación a los sueldos masculinos, precarización laboral, vacantes universales en jardines maternales, ampliación de licencias por maternidad y paternidad, salarios para víctimas de violencia de género, igual salario por igual trabajo, reapertura de la moratoria para las amas de casa, entre otros reclamos. Cada sindicato está definiendo su modalidad de adhesión: desde cese de actividades a partir del mediodía hasta asambleas en los lugares de trabajo.

Desde FUNDEPS extendemos nuestra preocupación a todas las formas de violencia que sufren las mujeres a diario en todo el mundo cuyo máximo exponente son los femicidios. Acompañamos la lucha, invitamos y adherimos al Paro Internacional de Mujeres el próximo 8 de marzo de 2017.

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Emiilia Pioletti – emiliapioletti@fundeps.org

Grave falta de transparencia en el presupuesto del Consejo Nacional de Mujeres

Desde FUNDEPS expresamos nuestra preocupación por el la falta de transparencia y claridad en el manejo del presupuesto para el Consejo Nacional de las Mujeres anunciado en el último Boletín Oficial.

El día 11 de enero del corriente año, la modificación presupuestaria para el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género (PNA) quedó plasmada en el Boletín Oficial, con la firma del Jefe de Gabinete, Marcos Peña. Hasta diciembre de 2016, existió un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, que incluía una partida para el CNM y el PNA por 47 millones de pesos, a lo que se sumó un aumento de 20 millones de pesos al presupuesto original previsto para el CNM. La Ley de Presupuesto 2017 fue promulgada entonces con ese incremento de 96 a 116 millones para 2017. En la actual decisión administrativa 12/2017 del Jefe de Gabinete, solo se designó el monto de 96 millones para el CNM lo cual implica una reducción de 67 millones de pesos del presupuesto asignado.

 

A partir de esta confusa situación, fue presentada una acción de amparo por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (Caref), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21. Las organizaciones realizaron una presentación ante la Justicia para que declare inconstitucional la reducción de los fondos asignados al Consejo Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, demandando al Estado por la violación de la división de poderes y el uso discrecional de “superpoderes”.

Las autoridades del Consejo Nacional de la Mujer, intentaron desmentir esta información mediante un comunicado de prensa oficial  y diversas declaraciones en los medios de comunicación, asegurando que se trató de un “error”  y que la partida presupuestaria, si bien no estaba debidamente publicada en el Boletín Oficial, estaba garantizada por el Ministerio de Hacienda.

Resaltamos la importancia de realizar la asignación presupuestaria conforme los procedimientos establecidos, a los fines de no debilitar la calidad institucional y respetar los procesos democráticos. Por otro lado, si la eliminación de estos fondos en la Decisión Administrativa fue producto de un error, para tener validez el mismo debe ser rectificado y publicado en el Boletín Oficial, conforme se rige el proceso formal. Al día de hoy, habiendo transcurrido más de un mes desde la publicación de dicha Decisión Administrativa, aún no se ha hecho oficial. Esto pone de manifiesto la gravedad de la situación y del manejo poco claro y transparente de presupuesto por parte de la Jefatura de Gabinete.

Siendo la partida presupuestaria anunciada en el PNA uno de los puntos en que se avanzó en la protección hacia las mujeres, expresamos nuestra preocupación ante esta evidencia de fragilidad institucional, falta de claridad y de transparencia que logra debilitar los logros alcanzados en contra de la violencia de género. Esta situación vulnera los derechos de las mujeres y niñas, en un país donde cada 18 horas una mujer muere víctima de violencia.

Sumamos también nuestro reclamo por una mayor transparencia en los mecanismos de monitoreo de los fondos públicos para la ejecución presupuestaria y mayor claridad en las decisiones que se toman desde organismos del Estado que afectan la vida de millones de mujeres.

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Emiilia Pioletti – emiliapioletti@fundeps.org

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La Corte Suprema debilita fuerza normativa de los tratados de derechos humanos

La reciente decisión de máximo tribunal argentino afirma que no se ve obligada a cambiar sus decisiones, aun cuando las mismas sean reconocidas como violatorias de derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El pasado 14 de febrero de 2017 la Corte Suprema argentina desestimó la presentación de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por la cual se solicitaba que, como consecuencia del fallo de la Corte Interamericana dictado en la causa “Fontevecchia y otros c/ República Argentina”, se dejara sin efecto una sentencia firme de la Corte Suprema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había establecido que la Corte Suprema de Argentina debía dejar sin efecto una condena civil contra dos periodistas que se entendió como una violación de la libertad de expresión.

El nuevo criterio jurisprudencial de la Corte Suprema representa una preocupante modificación en la sostenida jurisprudencia que había permitido posicionar al derecho argentino en un lugar de vanguardia a nivel regional con respecto al alcance y valor normativo de los tratados internacionales de derechos humanos. Según el nuevo criterio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia para ordenar revisar los fallos de la Corte Suprema que sean violatorios de derechos humanos.

Se trata de un gravísimo retroceso en materia de derechos humanos, que debilita el valor del sistema de protección interamericano y coloca a la Corte Suprema prácticamente por fuera de la estructura estatal, sin posibilidad de que sus decisiones sean revisadas en esa instancia supranacional. De esta forma, la Corte Suprema plantea que sus decisiones serían los únicos actos estatales ajenos al control de tribunales de derechos humanos, limitando aún más su rendición de cuentas.

Este cambio jurisprudencial de la Corte Suprema confirma los temores expresados por muchas organizaciones, académicos y expertos en derechos humanos, entre ellas FUNDEPS, cuando hace poco más de un año presentamos objeciones a las candidaturas de los Dres. Rosenkrantz y Rossatti. Parte de las críticas que hicimos en ese momento apuntaban a sus posiciones doctrinarias contrarias a la plena vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos.

En definitiva, rechazamos el criterio de nuestro máximo tribunal y esperamos que se modifique para evitar el debilitamiento del sistema de protección de derechos humanos en nuestro país.

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Juan Carballo, Director Ejecutivo

Conflictos en torno a la construcción del Centro Ambiental Villa Carlos Paz

Vecinos autoconvocados manifestaron que pedirán el cierre del actual basural al tiempo en que anticiparon que no están de acuerdo con la construcción del Centro Ambiental Villa Carlos Paz, que utiliza fondos del BID para su desarrollo.

El domingo 29 de enero tuvo lugar en la plaza de Villa San Nicolás (Malagueño), una autoconvocatoria vecinal con el objetivo de informarse y organizarse respecto a la problemática que genera en toda la zona la presencia del basural a cielo abierto que administra el municipio de Villa Carlos Paz en el predio ubicado a la vera de la autopista a Córdoba. Los vecinos conformaron una comisión interbarrial que tendrá como labor elaborar el “plan de acción” que definirá los pasos siguientes.

A través de un comunicado, los vecinos manifestaron que pedirán el cierre del actual basural al tiempo en que anticiparon que no están de acuerdo con la construcción del Centro Ambiental Villa Carlos Paz en el sector. Esta obra es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos-AR-L1151.

La reunión surgió luego de una semana en que el viento trasladó hasta sus casas el humo del incendio en el basural que la ciudad posee a la vera de la autopista Justiniano Allende Posse, a menos de 1 km del ingreso al barrio de Villa San Nicolás.  “Recién ahora se toma conciencia. El humo nos despertó a todos y disparó la protesta”, dijo Lucas Bettiol, vecino de San Nicolás, en alusión al incendio que se desató en el basural y advirtió que, “no sabíamos hasta la semana pasada que querían hacer un Centro Ambiental en el mismo lugar”. Asimismo, manifestaron: “Lejos de remediar el daño generado por el basural a cielo abierto, se incrementarán los niveles de contaminación debido a la instalación de un nuevo basural que representa cinco veces el tamaño del actual vertedero”.

Los vecinos expresaron un explícito y enfático rechazo tanto al actual basural como a la radicación del Centro Ambiental Villa Carlos Paz. En este sentido aseguran que de materializarse dicha propuesta “el ambiente se verá aún más dañado, la calidad del aire disminuirá y el agua subterránea y superficial se verá contaminadas, siendo que en la zona todos los barrios consumen agua de pozo”. Advertido sobre lo avanzado que está el proyecto del Centro Ambiental, Bettiol sostuvo que:

“…será una lucha parecida a lo que pasó con Monsanto (Malvinas Argentinas), o los basurales de Bouwer y barrio Santa Ana (…) Sabemos que está aprobado pero tenemos el antecedente de Monsanto que se logró frenar y nosotros esperamos poder frenar esto. Las autoridades no están dimensionando ni el impacto ambiental ni el social (…) La población de San Nicolás no estuvo incluida en el Estudio de Impacto Ambiental y estamos a menos de 1 km. TierrAlta está más cerca. Las autoridades de Carlos Paz y Malagueño minimizan lo que está pasando en el basural”

En abril del año pasado se realizó la audiencia pública ambiental, agosto el Ministerio de Turismo realizó la licitación pública nacional y en noviembre se abrieron las ofertas de la licitación pública internacional. Se prevé que las obras comiencen a mediados de este año.

Frente a los posibles impactos ambientales y sociales debe exigirse el cumplimiento de la normativa provincial, nacional y de las políticas operativas correspondientes del BID.

En el comunicado afirman que no han sido considerados en el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto financiado por el BID y que lejos de remediar el daño generado actualmente por el basural a cielo abierto, se incrementaran los niveles

de contaminación. Exigen que el municipio de Malagueño se haga presente y que Carlos Paz reconozca la vulneración a sus derechos. Asimismo solicitan a la provincia de Córdoba que actúe en la prevención del daño y exigen la inmediata reparación del daño hecho en la zona.

Los vecinos autoconvocados de San Nicolás, TierrAlta, Mariano Moreno, La Arbolada, Lote Joven, Valle del Golf, Causana y los barrios carlospacenses Costa Azul Norte y Sur solicitaron un estudio público de la calidad del aire, del suelo y de las napas subterráneas.

Desde FUNDEPS estamos siguiendo este proceso para asegurar que se respeten los derechos humanos y el ambiente. La localización del Centro Ambiental Villa Carlos Paz al lado de la Reserva Natural de la Defensa La Calera, y a metros del lago San Roque en terrenos que pueden presentar mayor propensión de filtración o percolado hacia las napas de agua, resulta cuestionable.

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Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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La Nación cuestiona la actualización de la normativa de bosques en Córdoba

Ante la conflictiva situación que atraviesa la provincia de Córdoba respecto a la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos, la Dirección Nacional de Bosques, considera imprescindible, previa la aprobación legal, disponer del mapa, informes técnicos, y asegurar una adecuada participación, a los fines de garantizar la observancia de las disposiciones de la ley 26.331.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través de la Dirección de Bosques, dio a conocer sus consideraciones en relación al proceso de actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos que afronta la provincia de Córdoba, en respuesta a una petición realizada por el Foro Ambiental Córdoba, por medio de nota con fecha 27/01/2017.

– Expresó su preocupación por el incumplimiento por parte de la provincia de Córdoba de los plazos establecidos para la actualización. En ese sentido, recordó que ya había solicitado la entrega de avances referentes al proceso de actualización. En esas comunicaciones con la el Gobierno provincial comunicó los lineamientos y la visión a tener en cuenta para los procedimientos de ajuste y acreditación de la actualización de los OTBN (conforme notas remitidas con fecha 23/02/16 y 06/04/2016).

– Informó que, en agosto de 2016, la autoridad local de aplicación compartió de manera informal un primer proyecto de actualización. La Dirección Nacional detectó cambios significativos respecto el primer mapa de OTBN provincial, y destacó dos puntos: “un incremento en la superficie de bosque nativo declarado y un importante pasaje de bosques nativos de Categoría I (rojo) a Categoría II (amarillo)”.

– Verificó el intercambio de avances sobre la actualización y existencia de posturas antagónicas de diversos actores, conforme su participación en reuniones de la mesa interinstitucional de diálogo convocada por la Secretaría General de la Gob. de Córdoba, la Sec. De Ambiente y la Sec. de Agricultura. En esta instancia no hace referencia a ningún proceso para tratar de acercar las posiciones antagónicas.

– Observó, entre otras, que el proyecto de ley de OTBN no permite conocer las superficies de bosques nativos por categoría de conservación, lo que es imprescindible para su acreditación.

En síntesis, destacó, que a los fines de llevar a cabo el análisis para la acreditación del OTBN de la provincia de Córdoba, es necesario:

1. Disponer del proyecto de ley completo (el mismo no contiene el mapa con la localización de los bosques y sus categorías de conservación de la actualización del OTBN)

2. Disponer del documento técnico con la metodología utilizada para la valoración de los criterios de sustentabilidad ambiental y la superficie resultante.

3. Conocer el proceso participativo que acompañaría esta propuesta.

Hasta el momento, la discusión por la actualización del marco de protección de los bosques nativos en Córdoba no ha cumplido con la normativa nacional, no ha permitido una participación abierta, ha ocultado información y la ha compartido sólo con algunos sectores puntuales.

Desde FUNDEPS, exigimos que el proceso sea transparente, participativo, que cumplimente con los requisitos exigidos desde la Nación y que sea respetuoso de los presupuestos mínimos ambientales, a los fines de evitar la repetición de situaciones conflictivas en relación al ordenamiento territorial de bosques nativos de Córdoba.

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Male Martínez – Coordinadora del equido de Ambiente

malemartinez@fundeps.org

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Preocupante situación de defensoras y defensores de derechos humanos en todo el mundo

Durante el año 2016 más de 280 personas defensoras de derechos humanos y del ambiente fueron asesinadas en 25 países, marcando una creciente radicalización de la violencia hacia éstas. Los numerosos asesinatos que se produjeron durante las primeras semanas del año 2017 han ratificado esta preocupante tendencia. Desde FUNDEPS nos sumamos al reclamo generalizado que aboga por un cambio en la situación de aquellos que han visto vulnerados sus derechos como consecuencia de la protección del medioambiente, el territorio, los derechos de los pueblos indígenas, entre otros.

“El 2 de marzo de 2016, hombres armados irrumpieron en plena noche en casa de la activista ambiental Berta Cáceres y la mataron a tiros. Cáceres había dedicado varios años al intento de detener la construcción de una presa hidroeléctrica en la tierra de su comunidad en Intibucá, en el oeste de Honduras, la cual ponía en peligro una fuente de agua vital y sagrada para el pueblo indígena lenca. Menos de un año antes de su muerte, había pronunciado un discurso conmovedor ante un auditorio abarrotado cuando le entregaron el Premio Goldman de Medio Ambiente de 2015 por su excepcional valentía en el ámbito del activismo ambiental”

Así comienza el último informe de Global Witness, organización que se encarga de exponer los lazos ocultos entre la demanda de los recursos naturales, la corrupción, los conflictos armados y la destrucción del medioambiente. El motivo de este informe es exponer la situación de peligro que vivencian los/as defensores/as de derechos humanos (DDHH) en Honduras, identificado por el reporte como “el país más mortífero del mundo para el activismo ambiental”. Se documentan los estremecedores niveles de violencia e intimidación que sufren las comunidades rurales por oponerse a la imposición de presas, minas, tala o agricultura en sus tierras, proyectos controlados por élites ricas y poderosas, entre las que se encuentran miembros de la clase política. Las causas fundamentales de estos abusos son la corrupción generalizada y el incumplimiento de una consulta adecuada a los afectados por estos proyectos.

Según la investigación de Global Witness, desde el golpe de Estado de 2009, 123 activistas de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados en Honduras; muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados. A lo largo de 2016, defensores y defensoras de derechos humanos de todas las regiones del mundo se han enfrentado a ataques debido a su labor para mejorar y defender los derechos humanos de sus comunidades. Han sido perseguidos tanto por actores estatales como no estatales que buscaban desalentar, desacreditar e interrumpir sus actividades no violentas.

De acuerdo con FrontLine Defenders en su último informe de finales de 2016 el número de asesinatos de ese año supuso un incremento respecto a la cifra del año anterior. Alrededor de 281 personas fueron asesinadas en 25 países. El 49% de estos/as defensores/as trabajaban en la defensa del medio ambiente, del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas. Algunos de los casos se produjeron cuando estos/as defensores/as locales iniciaron campañas contra empresas multinacionales y se resistieron a la ocupación de sus tierras, así como a las reubicaciones forzosas, que a menudo se realizaban sin una consulta o compensación adecuadas.

Sumado a los anteriores, ProtectDefenders.eu, el mecanismo de defensores/as de la Unión Europea reconoció que, en todo el mundo, los/as defensores/as de DDHH son sometidos con asiduidad a momentos de acoso y acusaciones penales falsas destinadas a paralizar, intimidar y deslegitimizar sus actividades por los derechos humanos. Tienen dificultades al desarrollar su trabajo en entornos cada vez más restrictivos en los que el derecho a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica; no existen. Permanentemente se revocan licencias de ONG de derechos humanos, se embargan cuentas bancarias y se viola su derecho a acceder a fondos extranjeros. Una cantidad creciente de Estados también ha desarrollado un patrón sistemático de obstáculos contra la libertad de movimiento (mediante el uso de prohibiciones de viaje) de los/as defensores/as de los derechos humanos, con la clara intención de aislarlos.

El asesinato de los/as defensores/as impacta de una forma que vas más lejos aún que su propia muerte. Afectan a toda la comunidad de derechos humanos. Las organizaciones que se han encargado de investigar acerca de esta situación en el mundo, a menudo se han topado con que sus asesinatos han estado enmarcados usualmente en previas protestas frente a compañías multinacionales. Asimismo, se destaca el papel de complicidad de los gobiernos para con estas actitudes que han devenido con la muerte de centenares de personas a lo largo del mundo.

Las tierras ricas en recursos naturales de América Central y del Sur, África y Asia continúan siendo motivo de conflicto entre la industria extractiva y los pueblos indígenas en el marco de proyectos frecuentemente financiados por instituciones financieras internacionales (IFIs) o por empresas occidentales y chinas. La falta de controles y balances sobre las cuestiones de derechos humanos en el seno de esas instituciones, a menudo acompañada de la ya mencionada complicidad del Gobierno de turno, ha resultado en la intimidación de la población local y en otras cosas más graves, lo que ha llevado a estos a considerar que sus preocupaciones no han sido debidamente atendidas.

En lo que va de este 2017, ya se han visualizado nuevos asesinatos a defensores/as. Isidro Baldenegro, indígena ecologista, defensor de los bosques en la sierra Tarahumara, México, fue asesinado durante el mes de enero. Dos semanas después Juan Ontiveros Ramos, defensor mexicano fue golpeado brutalmente junto con otros miembros de su familia y se lo llevaron a la fuerza. El 1 de febrero, el cuerpo del activista fue hallado. De la misma forma, el martes 17 de enero, manifestantes lideraron una manifestación pacífica contra una planta hidroeléctrica en Guatemala. Pero el evento terminó con muerte después de que los paramilitares mataron y al activista de 72 años, Sebastián Alonso.

Desde FUNDEPS nos sumamos al reclamo generalizado para evitar que este tipo de conductas contra los/as defensores/as ambientales y de derechos humanos se sigan perpetuando en este 2017. Nuestro trabajo ha estado íntimamente relacionado con el monitoreo de proyectos financiados por instituciones financieras internacionales, así como también buena parte de aquellos proyectos que han contado con financiamiento chino. Destacamos la necesidad que la sociedad civil continúe con sus tareas de control sobre este tipo de proyectos, al mismo tiempo que se garantice el respeto por los derechos de quienes ejercemos este tipo de tareas.

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

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Preocupante situación de la Defensoría del Público

Hace tres meses que la Defensoría del Público se encuentra acéfala, circunstancia que deja al organismo imposibilitado para realizar plenamente las funciones asignadas en la vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta situación contraría las recomendaciones del Comité de la CEDAW y agrava la situación de vulnerabilidad de los derechos de las audiencias.

La Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual, que nació junto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es un organismo que promueve, difunde y defiende el derecho a la comunicación democrática en los medios.

Como comunicamos anteriormente, esta dependencia del Estado se encuentra acéfala desde el 14 de noviembre del pasado año cuando, ante el término del mandato de la Lic. Cynthia Ottaviano, la Comisión Bicameral del Congreso decidió no designar a un/a nuevo/a defensor/a ni renovar el mandato de la defensora saliente.Al día de la fecha, el organismo elevó una petición para que la abogada María José Guembe, Directora de Protección de Derechos de la Defensoría, sea la máxima autoridad en esta etapa transitoria. De igual manera y dado que el rol de Guembe no goza de todas las facultades, el organismo permanece acéfalo, y por lo tanto, carente de operatividad.

La institución de la Defensoría del Público es fundamental pues oficia de intermediaria entre los actores de comunicación y el público, en representación de los intereses y derechos de las audiencias. De esta manera, la acefalía vulnera a la ciudadanía ya que sus derechos no pueden hacerse valer completamente sin el accionar pleno de este organismo. Esta situación que ya se ha prolongado por casi 3 meses, no obstante continúa trabajando, recibiendo y canalizando reclamos.

Denuncias realizadas desde FUNDEPS

Durante el 2016, desde FUNDEPS, hemos realizado varias denuncias al organismo, destacando las realizadas al canal televisivo TYC Sports y al programa “Majul 910” por Radio AM 910.

En diciembre del año pasado, recibimos una notificación telefónica sobre el estado del reclamo realizado por una publicidad institucional del canal televisivo TyC Sports, en el mes de septiembre. En dicha publicidad, se muestra una conversación entre una pareja heterosexual, en la que se reproducen estereotipos de la división sexual del trabajo, así como también de relaciones de poder dentro de las parejas. Ante este reclamo, la Defensoría reconoció y mencionó los estereotipos que reproducen los medios y resaltó lo positivo de las audiencias manifestando conformidad respecto a los mensajes construidos. Por esta denuncia, se realizó una comunicación al canal de televisión, que no fue respondida. Nosotrxs recibimos una respuesta formal escrita en la que se menciona que:

“En su informe sobre la pieza la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo de esta Defensoría señaló que «recibe los comentarios expresados en la consulta como un indicio de la legítima disconformidad de las audiencias con la reiteración acrítica de representaciones estereotipantes que, además, no se corresponden con la diversidad social actual en materia de composiciones familiares y de asignación de roles al interior de las familias”

Por la grave situación que atraviesa el organismo, no fue posible tomar otras medidas. Además, en noviembre del pasado año hemos realizado una denuncia por el programa radial “Majul 910” en Radio La Red AM 910 en el que, bajo el lenguaje pretendidamente “humorístico”, se reproducen estereotipos y apologías a la violencia de género.

En este caso, la Defensoría también reconoció la legitimidad del reclamo e informó que la empresa RED CELESTE Y BLANCA SA, titular de LR5 Radio La Red AM 910 respondió a la denuncia:

«…los comentarios esgrimidos por el humorista Claudio Rico han sido realizados exclusivamente con animus iocandi y que el mismo nunca tuvo el objetivo de ofender a las mujeres ni llevar adelante un estereotipo de belleza que resulte ofensivo y opresivo para las mujeres. Mucho menos ha sido el objetivo de ‘ LA RED’ difundir un mensaje de violencia mediática como se señala en la presentación».

Por último, la Radio expresa: «En tal sentido (…) es que tomamos debida nota de la misma y procederemos a comunicar los términos de la misma a los conductores, participantes y productores del Programa “Majul 910”.

Al no poder tomar mayores medidas ni expedirse sobre la calidad de los contenidos emitidos, las denuncias realizadas a la Defensoría del Público han perdido fuerza y legitimidad, y quedan en manos de la voluntad de los medios denunciados.

En este contexto de gran incertidumbre, es importante recordar que el CEDAW, en sus observaciones finales a Argentina, recomendó “Enmendar la Ley Nº 26.522 (2009) relativa a los servicios de comunicación audiovisual, a fin de proporcionar al Defensor del Público la facultad de sancionar las violaciones de las disposiciones para regular los estereotipos de género y el sexismo en los medios de comunicación”. Frente a esto, la situación institucional de la Defensoría del Público, es aún más grave. Las recomendaciones internacionales se orientan a darle más competencias al organismo, que actualmente ve limitado su funcionamiento, limitación que se constituye como una situación regresiva que disminuye el nivel de protección de las mujeres contra la violencia simbólica y mediática, como de las audiencias en general.

La reproducción de estereotipos de géneros en los medios de comunicación son una forma de violencia mediática y simbólica, de acuerdo con las definiciones la Ley 26.485 de Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y que también están contemplados en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Individual. Los organismos como la Defensoría del Público son fundamentales para velar por la producción de contenidos y  programación en los medios que no fomenten la cultura de la discriminación y la violencia. Dada la gravedad del caso, expresamos nuevamente nuestra preocupación por la vulneración de los derechos de las audiencias y exigimos que la situación sea subsanada la brevedad.

Más información

– Observaciones de CEDAW para el Estado Argentino

– Riesgo de Continuidad Defensoria

– Nota de Opinión en Pagina 12: «Retroceso en políticas de género»

Contacto

Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

Emiilia Pioletti – emiliapioletti@fundeps.org

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Participamos de la segunda consulta regional de la CEPAL sobre derechos humanos y empresas

Durante la semana del 17 al 19 de enero, en la ciudad de Santiago de Chile, se llevó a cabo la Segunda Consulta Regional para América Latina y el Caribe sobre la Implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. El encuentro contó con la participación de gobiernos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.

Durante el año 2016 se realizó la primera consulta y se concluyó que era necesario avanzar en un relato regional sobre derechos humanos y empresas. En el 2017, el segundo encuentro se convocó con el fin de dar continuidad al esfuerzo de implementación de los Principios Rectores, sirviendo de plataforma de diálogo entre actores variados, que permita ilustrar el contenido de una agenda que oriente las políticas ligadas a la materia (tanto en el ámbito público como en el privado) hacia el disfrute progresivo de los derechos humanos en el contexto de las operaciones de las empresas.

Los Principios Rectores se basan en el reconocimiento de: a) Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales; b) El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos; c) La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento. Estos principios se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura.

Los resultados esperados de esta consulta se relacionaron con:

  1. – Reconocer los avances internacionales en materia de empresas y derechos humanos;
  2. – Reconocer desafíos pendientes y la realidad regional en el desarrollo e implementación de planes de acción nacional y políticas públicas sobre empresas y derechos humanos;
  3. – Compartir experiencias de distintas partes interesadas sobre su relación con los Principios Rectores y los planes de acción nacional;
  4. – Identificar oportunidades para mejorar la colaboración entre países y regiones, y continuar con el mecanismo de aprendizaje entre pares;
  5. – Evaluar el avance en la agenda regional sobre las empresas y derechos humanos.

Cabe resaltar, que previo al encuentro, FUNDEPS junto con otras organizaciones de la sociedad civil firmaron una carta a los fines de impulsar una mayor participación de la sociedad civil en esta consulta. A raíz de dicha petición, se incorporó un panel específico para las organizaciones al mismo tiempo que se priorizaron las intervenciones de este sector a lo largo de los tres días.

La consulta entonces, contó con la participación de gobiernos americanos (Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia y Estados Unidos), representantes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de empresas que están trabajando en la aplicación de los principios rectores. Cada uno de los gobiernos participantes, mostró los avances en el diseño e implementación de un plan nacional que aborde la aplicación de los principios. Por su parte, los representantes de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones y percepciones acerca del trabajo que los gobiernos y empresas han venido realizando respecto de esta temática.

De la misma forma que en el caso de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), desde FUNDEPS consideramos de gran relevancia impulsar este tipo de iniciativas que buscan brindar mayor transparencia y rendición de cuentas en el sector privado, pero sin dejar de lado la responsabilidad que le atañe a  los gobiernos nacionales. Particularmente en Argentina, y teniendo en cuenta el actual panorama de inversiones extranjeras, caracterizado por un creciente rol de las inversiones del sector privado (el caso de las inversiones de empresas chinas o la creciente cartera de proyectos de la Corporación Interamericana de Inversiones, por ejemplo) o por intermedio de Asociaciones Público-Privadas, creemos que es vital que tanto el gobierno nacional como aquellos de carácter local no pierdan de vista estos principios rectores en pos de garantizar el respeto de los DD.HH en el marco de las actividades empresariales. Asimismo, esperamos que el proceso de diseño de un plan nacional de derechos humanos y empresas, cuente con un espacio de aporte de la sociedad civil.

Más Información

Contacto

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

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Rechazamos presiones a artistas y reclamamos una discusión abierta y técnica sobre nuestros bosques

En las últimas semanas se han repetido presiones para avanzar contra los pocos bosques nativos que quedan en la provincia de Córdoba. Defendemos la libertad de expresión política y artística y exigimos  una discusión participativa y técnica que asegure una adecuada protección de nuestros bosques.

A finales del 2016 y gracias a la movilización de comunidades y organizaciones de la sociedad civil, se logró extender el tratamiento de un proyecto de ley de bosques que pretendía aprobarse sin una adecuada discusión. Ese proyecto habría significado un claro debilitamiento de la protección a bosques nativos en nuestra provincia.

Desde FUNDEPS, desarrollamos un documento con numerosas críticas legales y ambientales al proyecto de ley. Las críticas marcaban los claros debilitamientos de la protección ambiental de los bosques así como la existencia de un proceso poco transparente y no participativo. Ambos puntos violan la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos.

Algunas de esas críticas ya habían sido planteadas en un documento conjunto entre el Foro Ambiental, FUNDEPS y otras instituciones que se elevó al gobierno como respuesta a la postura de CARTEZ titulada “Producir conservando y conservar produciendo”. Ni CARTEZ ni legisladores que presentaron el proyecto respondieron a los cuestionamientos técnicos que se hicieron a esa postura.

En lugar de aprovechar la extensión del plazo de discusión para generar un espacio participativo o para responder a los cuestionamientos legales y técnicos que se hicieron al proyecto, desde el sector agropecuario se presiona para conseguir una rápida aprobación del proyecto de ley. Se acusa de fijar posiciones sin basamento científico cuando desde ese sector nunca pudieron responder los cuestionamientos que se hicieron llegar. Asimismo, se presiona especialmente a artistas como José Luis Serrano y Raly Barrionuevo quienes han visibilizado la movilización en contra del avance sobre los pocos bosques nativos que quedan en nuestra provincia. En un comunicado, CARTEZ criticó duramente a Doña Jovita y Raly Barrionuevo al acusarlos de “generar confusión” y de defender “ideologías extremas”. Como réplica, José Luis Serrano desafió a la entidad ruralista a contestar con “argumentos científicos” las dudas que le elevó el Foro Ambiental.

En esa línea y en un giro sorprendente, el periodista Andrés Carpio de Cadena 3 intima legalmente a José Luis Serrano por sus comentarios respecto de la descripción que hiciera el periodista de la marcha del 28 de diciembre. El periodista hizo una descripción fuertemente negativa de la marcha describiéndola en un número muy inferior al de las estimaciones de los organizadores. Asimismo, sugirió que quienes marchaban no sabían bien porqué lo hacían en la medida que ya había una decisión de posponer el tratamiento del proyecto de ley. Pareciera que en la postura del periodista, la defensa de los bosques nativos y la visibilización de un reclamo popular no son razones suficientes para manifestarse públicamente en forma pacífica.

En ese contexto, el artista José Luis Serrano personificando a su personaje “Doña Jovita” marca su sorpresa por la inexacta descripción de la manifestación en contra del proyecto de ley de bosques. Lo hace a través de su personaje, en una expresión artística y crítica de una descripción inadecuada de una movilización popular.

Defendemos el derecho a la libre expresión y a la manifestación artística con conexiones con derechos y reclamos sociales. Nos oponemos a las presiones en contra de manifestaciones públicas. Asimismo, rechazamos enfáticamente el uso de mecanismos legales para limitar los posicionamientos críticos de personajes públicos.

Contacto

Juan Carballo, Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org